La convocatoria de este sábado en Plaza de Mayo para pedirle al gobierno de Javier Milei la liberación de los represores se enmarca en una postura negacionista de los juicios por la verdad, que desde 2006 ya significaron la condena de 1.200 personas, entre militares y civiles, acusados de cometer delito de lesa humanidad durante la última dictadura. 

La manifestación organizada por la hermana de un diputado de La Libertad Avanza y de militares retirados –y con la asistencia de un represor condenado con domiciliaria–, reclama por los que consideran “presos políticos”. En su narrativa hablan de “patriotas cautivos” o “veteranos de las dos guerras”, en referencia al conflicto de Malvinas y la lucha “contra la subversión”.

“Nuestros viejos son enfermos que se mueren en las cárceles”, dijeron a elDiarioAR desde la agrupación Pañuelos Negros, que coordina Asunción Benedit, hermana del diputado nacional Beltrán Benedit. La frase no se condice con la realidad: según datos oficiales, actualmente hay 539 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario. De los últimos diez años, 2025 es el segundo con menos personas detenidas por delitos de lesa humanidad.

Es decir, alrededor del 84% de las personas detenidas cumplen la pena en sus casas. Uno de los casos es Orlando “Hormiga” González, represor del Grupo de Tareas de la ESMA, que hasta el lunes pasado formaba parte del grupo coordinador de la protesta de este sábado. En diálogo con elDiarioAR llegó a admitir que no iría a la manifestación “por estar con la domiciliaria”. “Tampoco tengo interés en ir. Yo colaboré ya que piden también por mí”, agregó. Luego publicó un documento en el que se corrió del grupo por diferencias en la organización.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa en su web que, desde 2006, 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias por la represión estatal durante la dictadura. “La estadística es el resultado de la actualización trimestral de las principales variables relacionadas al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, a partir de la sistematización y el procesamiento de datos que realiza la procuraduría especializada de la información remitida por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país”, explican en Fiscales.gob.ar.

Los datos actualizados al 18 de septiembre pasado indican también que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, otras 280 transitan la etapa de investigación preliminar y que actualmente se realizan 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones.

La procuraduría relevó que en este contexto hay 356 procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. En tanto, suman 502 los/as imputados/as por el Ministerio Público Fiscal que aún no fueron indagados.

En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad. De estas últimas, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo, y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federales y provinciales.

Los casos en Campo de Mayo son los más cuestionados, porque se trata de una cárcel considerada “VIP” para los represores. Allí fueron trasladados justamente el año pasado un grupo de represores encabezado por Alfredo Astiz que hasta entonces permanecían en un pabellón de mujeres en la cárcel de Ezeiza. El beneficio lo obtuvieron gracias a la gestión del gobierno de Javier Milei. 

Fueron visitados por diputados de La Libertad Avanza en una comitiva que lideró Beltrán Benedit –recordemos, el hermano de Asunción, de Pañuelos Negros–. Y tuvieron la venia del ministro de Defensa, Luis Petri –porque Campo de Mayo es unidad penitenciaria que está dentro de la guarnición militar–, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que conduce el Servicio Penitenciario Federal–. 

El grupo de diputados libertarios se fotografió con los represores, que fueron trasladados en mayo de 2024: además de Astiz, aparecen Mario “El Cura” Marcote, Miguel Britos, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, Julio César Arguello, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien luego falleció.

“Nosotros pedimos la libertad de todos. No son crímenes de lesa humanidad, sino de venganza total. Habría que reveer muchas causas”, afirmaron desde Pañuelos Negros. Desde la agrupación negacionista denunciaron en el Consejo de la Magistratura a jueces que firmaron sentencias por lesa humanidad y también le enviaron pedidos escritos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al Procurador General, Eduardo Casal. 

Los negacionistas se sienten protegidos por el aval mileísta a la última dictadura: “Ahora podemos hablar con el gobierno de Milei. Tenemos libertad. Después qué es lo que va a hacer el Presidente, no sabemos”, dijo a este medio la voz consultada, que pidió expreso anonimato. El libertario dijo en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 solo hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”, cuestionó la cifra de 30.000 y el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.

En las últimas semanas la Corte Suprema le hizo un guiño a los represores al fallar que los acusados no pueden estar más de tres años en prisión preventiva. El máximo tribunal se quejó de las demoras en las causas de lesa humanidad. Según estadísticas oficiales, el promedio de espera de veredicto es de 11 años, y el debate oral más largo ya lleva casi 4 años.

El 11 de noviembre pasado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata rechazó la aplicación del reciente precedente “Castillo” de la Corte Suprema frente a las presentaciones formuladas por cuatro detenidos por crímenes de lesa humanidad para que se les otorgue el cese de la prisión preventiva. Una semana antes, se rechazó el pedido de salidas transitorias al sacerdote católico Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua.

MC/CRM

Después de un año de dolores de cabeza, Martín Menem puede respirar tranquilo: la Justicia cerró la causa que investigaba la visita que un grupo de diputados libertarios hizo al penal de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros genocidas condenados. El juez federal Luis Armella consideró, tal como sostenía Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal no había incurrido en ninguna irregularidad para facilitar el encuentro. El juez se hizo eco, así, del dictamen del fiscal Sergio Mola, el mismo fiscal que viene apelando para que Cristina Fernández de Kirchner deba cumplir su condena en prisión.

El 11 de julio del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza se subieron a una combi oficial de la Cámara baja, viajaron al complejo penitenciario VII de Ezeiza y pasaron una tarde junto a un grupo de represores, entre los que se encontraba Astiz, pero también Alberto “Gato” González, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti. Todos detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Allí, los diputados libertarios -Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci- se reunieron y fotografiaron con los represores. Todos menos una: Bonacci, quien denunciaría, luego, que había sido “engañada” por Benedit, el organizador de la visita y uno de los coordinadores del chat en el que se barajaban propuestas que permitieran que los genocidas pudieran acceder a prisión domiciliaria.

En ese chat de WhatsApp participaba también el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, quien coordinaba encuentros para aquellos que quisieran ayudar a los condenados por lesa humanidad. En el grupo se llegó a presentar, incluso, un proyecto de ley que reformaba el Código Penal e incorporaba una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurridos 20 años desde el momento en que el Estado tomara conocimiento de un delito. El proyecto se llamaba “Derecho a ser juzgado en un plano razonable”.

Toda esta información fue aportada por Lourdes Arrieta, la otra arrepentida, en una denuncia penal que presentó contra sus propios compañeros de bloque. La ex diputada libertaria, incluso, apuntaría contra Menem, lo que le terminó valiendo que la expulsaran del bloque oficialista.

Causa cerrada

El juez Armella decidió archivar la causa en sintonía con el pedido que había hecho el fiscal Mola, quien dictaminó que el Servicio Penitenciario Federal no había cometido ningún delito. Cuando la causa cayó en sus manos el año pasado, Mola decidió circunscribir la investigación a si habían existido irregularidades por parte del Servicio Penitenciario, que responde a Patricia Bullrich, cuando los diputados realizaron la visita. Y dictaminó que no había motivos para continuar investigando.

El motivo del foco de la investigación era que, en los chats aportados por Arrieta, los diputados mencionaban que contaban con el visto bueno de Bullrich y al jefe del SPF. Cuando se realizó la visita, además, no los revisaron ni les pidieron sus teléfonos celulares (que luego serían utilizados para sacarse la foto de familia con Astiz).

Mola sostiene, sin embargo, que los diputados no habían realizado una “visita”, sino un “recorrida” para conocer las condiciones de los presos. La diferencia es crucial, ya que para las “visitas”, las personas están obligadas a pasar un procedimiento de seguridad -como escáner corporal y detector de metales- y deben realizar el encuentro con el preso en un área común.

Las “recorridas” o inspecciones institucionales para conocer las condiciones de la privación de libertad, en cambio, debe ser garantizada por la autoridad penitenciaria “debiendo prescindir de diligencias innecesarias que obstaculicen su realización”, tal como precisa Mola en su dictamen (al que eldiarioAR tuvo acceso).

“Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF la hayan considerado como una ”recorrida“ no parece ilógico. Al así considerarla, resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control”, sostiene Mola, y agrega: “¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?”.

Para Mola, que viene de apelar con Diego Luciani el beneficio de arresto domiciliario que se le concedió a Cristina Fernández de Kirchner, “no surgen elementos para considerar un actuar doloso por parte de los funcionarios penitenciarios”. Y el juez coincidió y archivó la causa.

Un año después del escándalo que sacudió el corazón del bloque libertario. De embestidas opositoras que intentaron crear una comisión investigadora y fracasaron. De chats filtrados y guerras internas. Después de varios dolores de cabeza, Menem puede estar tranquilo con que al menos ese drama quede en el pasado.

MC/JJD

La agrupacion HIJOS denunció que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ordenó el traslado de 19 represores –entre los que se encuentra el ex marino Alfredo Astiz– del penal de Ezeiza a una prisión en Campo de Mayo con un régimen más flexible.

Según informó la agrupación HIJOS, la decisión fue tomada por el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, quien depende de Bullrich. El traslado se produce luego de la visita que el año pasado hicieron varios legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para reunirse con los represores.

La medida beneficia a los 19 condenados por delitos de lesa humanidad: los genocidas Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa ABO; Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.

El penal de Campo de Mayo se habilitó en 2007, luego de unas reformas y el pase del ámbito del Ejército al Servicio Penitenciario Federal. Se dejó de utilizar en 2013 luego de la fuga de dos militares que estaban alojados allí y volvió a habilitarse durante el macrismo. Según HIJOS, se trata de una “cárcel VIP”.

“Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo. Seguimos reclamando que los genocidas rompan los pactos de silencio y digan dónde están los miles de cuerpos que siguen desaparecidos y nuestras hermanas y nuestros hermanos que siguen sin conocer su identidad”, señalaron desde HIJOS.

De acuerdo a la agrupación, la respuesta oficIal ante el traslado es que el penal de Ezeiza se encontraba superpoblado y se necesitaba espacio para alojar allí presos peligrosos.

De los 19 genocidas trasladados a Campo de Mayo, 10 habían participado en la reunión con los diputados del oficialismo.

Geneviève Jeanningros es monja y vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Vive en la pobreza mas absoluta junto a un grupo de feriantes y artistas de circo del Luna Park de Ostia Lido. Este miércoles, su figura diminuta, con las manos entrelazadas sobre la falda, observando a apenas unos metros la imagen de su amigo muerto circuló en el mundo entero. Geneviève Jeanningros tiene 81 años y hoy, en la Basílica de San Pedro, despidió a su amigo, el papa Francisco.

Geneviève Jeanningros es también la sobrina de Léonie Duquet, quien junto a Alice Domon fueron las dos monjas secuestradas y torturadas por el Grupo de Tareas que comandaba Alfredo Astiz. Ambas monjas continúan desaparecidas.

A fines de julio del año pasado, Geneviève fue noticia por una reunión que tuvo con su amigo. Fue poco después de que se conociera la visita que diputados del oficialismo hicieron a la cárcel donde se alojan los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, Astiz.

No fue una simple reunión de amigos. Con esa imagen, el Papa se metió de lleno en el escándalo que generó la visita de los legisladores al penal de Ezeiza. En esa manera decir sin decir que tienen los sacerdotes, el Papa hizo una pausa en sus vacaciones y visitó a la monja, que también trabaja desde hace décadas con la comunidad LGBTQ+, en el barrio romano de Ostia. Ambos se fotografiaron y la imagen fue difundida por el sitio oficial del Vaticano. Más que un gesto para un gobierno que cuestiona la responsalidad de los represores que, además, fue reforzado con otra reunión, a los pocos, con Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, otra de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977.

Geneviève es francoargentina y pertenece a la Congregación de las Hermanitas de Jesús. Según señala la agencia católica ACI,  dedicó gran parte de su vida religiosa a acompañar a mujeres transexuales que ejercen la prostitución para poder subsistir en esta zona de las afueras de Roma donde muchas de las viviendas ni siquiera cuentan con electricidad.

Este miércoles logro saltearse el protocolo y se acercó más allá de lo permitido al féretro con el cuerpo del papa. Permaneció en silencio durante 20 mintuos.

¿Romperán el pacto de silencio los diputados que organizaron la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza? La pregunta quedó en el aire este martes tras una nueva reunión de comisión en la Cámara baja donde se decidió “invitar” a exponer la semana que viene por escrito o de manera presencial a los legisladores de Javier Milei que se encontraron con represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Esa medida tomó la macrista Silvia Lospennato al frente del plenario de las comisiones de Reglamento, Peticiones y Poderes y de Asuntos Constitucionales. Buscó así descomprimir la tensión que existe entre las bancas ante la falta de un acuerdo político sobre si hay que investigar o no, y eventualmente sancionar, a los libertarios que se entrevistaron con Alfredo Astiz y otros genocidas de la última dictadura.

Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Arauja tienen ahora una posibilidad “amable” para explicar por qué fueron hasta Ezeiza el 11 de julio pasado. Son los únicos del grupo que no hablaron en el ámbito de la Cámara baja ni en ante los medios de comunicación, como sí hicieron Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que aseguraron haber sido “engañadas” para participar del viaje y acusaron al resto de sus pares sobre todo a Benedit como el principal organizador de la visita.

“Es una invitación para que personalmente o por escrito puedan hacer su descargo”, explicó Lospennato este martes al cierre de la reunión de comisiones que terminó sin una definición sobre qué hacer a futuro. La referente del PRO insistió varias veces en que no es el plenario el que debe investigar a los oficialistas, sino que tiene que haber un despacho de las comisiones que tiene que ser aprobado por una mayoría en el hemiciclo. 

El partido amarillo está abroquelado con La Libertad Avanza (LLA) para evitar que la polémica pase a mayores, mientras el kirchnerismo y la izquierda exigen que además de una puntillosa investigación también haya una sanción disciplinatoria. La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía.

La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía

La oposición más dura también reclama interpelar a la ministra Patricia Bullrich como responsable del Servicio Penitenciario Federal, ya que su director, Fernando Martínez, es mencionado en los chats filtrados como quien le permitió a los libertarios entrar a Ezeiza sin ningún tipo de control y hasta con teléfonos celulares. De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

El debate en el plenario de comisiones de este martes estuvo marcado por el cruce de acusaciones entre los legisladores. “Quieren un repudio light”, acusó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Lo único que han hecho durante la jornada fue provocar, nada que ver lo que se está discutiendo. Ustedes son el partido del menemismo que sancionó el indulto”, le espetó al santafesino Lospennato. “No hay delito ni deshonra”, señaló el macrista Alejandro Finnochiario.

El pacto de silencio

A casi dos meses después de que estallara el escándalo por la visita a genocidas en Ezeiza, las únicas voces que se conoce de los diputados que fueron a Ezeiza son las de Arrieta y Bonacci. En la propia Cámara baja y en los medios aseguraron haber sido engañadas. Arrieta de hecho generó un terremoto político porque llevó el caso a la Justicia, y luego renunció a la bancada oficialista ante una inminente expulsión. 

Pero el resto de los legisladores mantienen un pacto de silencio hasta ahora inquebrantable. Benedit sí habló en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea que luego se confirmó con el resto de los chats revelados por Arrieta de que habría un plan oficialista para eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El presidente combate en la política a esta ideología terrorismomarxista”.

Apenas días después de que se conociera la polémica, elDiarioAR abordó a Benedit en el marco de la feria agrícola de La Rural de Palermo, pero el legislador se negó rotundamente a hacer declaraciones. Solo dijo que guardará silencio por un tiempo y negó que su visita a Ezeiza haya sido, al menos, polémica.

Cuando el tema llegó a Diputados a fin de julio, los libertarios esperaban que hubiera una declaración votada por el recinto para salir a hablar públicamente. Al menos así coincidieron Montenegro y Ferreyra ante la consulta de este medio. Pero como la Cámara baja se enfrascó en una discusión por el tono del repudio y no hubo acuerdo para votarla y tampoco para conformar una comisión investigadora, los diputados siguieron en silencio. 

Hace dos semanas, cuando el bloque de LLA erupcionó en una reunión con ribetes novelescos con gritos y llantos que terminó con la salida de Arrieta, desde la cúpula libertaria en Diputados –Martín Menem y Gabriel Bornoroni– reforzaron la orden de ya ningún libertario hable de la polémica. El titular del bloque siempre se mantuvo en la línea discursiva de que en el Gobierno no se impulsa una amnistía para los represores y que la visita a Ezeiza no fue ni siquiera una acción moralmente repudiable. Pero nunca hubo explicaciones oficiales de cómo se armó el viaje a Ezeiza y de por qué y para qué se entrevistaron con genocidas. ¿Qué dirán la semana que viene los protagonistas?

MC

MC/JJD

La crisis en el bloque de Javier Milei en Diputados por la visita a Alfredo Astiz y otros represores escaló a un punto de no retorno: en el oficialismo decidieron expulsar de la bancada a Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que fue a la cárcel de Ezeiza y que protagonizó un fuerte cruce con sus pares en los últimos días. La definición de separar a la diputada por Mendoza se formalizaría el martes próximo, cuando se concrete una nueva reunión del espacio libertario, supo elDiarioAR de importantes fuentes en La Libertad Avanza.

Arrieta quedó en la mira de las espadas libertarias en Diputados luego de que el martes pasado acusara públicamente a Martín Menem de haber dado su aval político para el viaje al penal y tras un fuerte incidente en la reunión del bloque del miércoles, luego de que la oposición rechazara el polémico DNU de los fondos reservados de la SIDE. En ese marco, en el salón Blanco de la Cámara baja, Arrieta se cruzó a los gritos con varios de sus pares y llegó a radicar una denuncia contra Nicolás Mayoraz por supuesta violencia de género. 

“Arrieta está afuera. No hay vuelta atrás”, recogió este medio en la bancada libertaria. La medida contra Arrieta será el tema excluyente en el próximo cónclave de LLA: el proceso político sería una votación interna en el que la mayoría avalaría su apartamiento, que luego tiene que ser comunicado formalmente al titular de Diputados, el propio Menem. Con esa salida, la fuerza oficialista pasaría a tener 37 miembros, la misma cantidad que tiene actualmente el PRO –Unión por la Patria es la primera minoría, con 99 diputados de 257–. 

El movimiento de fichas en el oficialismo podría tener un efecto en cadena que aún se vislumbra lejano: junto con Arrieta quedó al borde de la salida Rocío Bonacci, otra de las diputadas que visitó a los genocidas en Ezeiza y que afirmó que viajó “engañada”, aunque se cuidó públicamente con sus declaraciones. En el despacho de la diputada por Santa Fe negaron enfáticamente su salida de LLA.

Ambas legisladoras apuntaron contra su compañero de bancada Beltrán Benedit por haber organizado el viaje desde el Congreso al penal, pero Arrieta fue mucho más contundente. Semanas atrás formuló una denuncia judicial para cubrirse penalmente por el escándalo de encontrarse con condenados por delitos de lesa humanidad y aportó chats donde se revelaban conversaciones sobre la organización de esa entrevista y la intención en el Gobierno de armar un proyecto para morigerar las penas de los presos. Luego, el martes, en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cargó contra Benedit pero sobre todo contra Menem y reclamó que Diputados investigue la polémica. Y el miércoles se trenzó con Mayoraz, quien la acusó de ser una operadora kirchnerista y, según pudo reconstruir este medio, la maltrató. En medio de esa agresión verbal, la diputada ultramileísta Lilia Lemoine se sumó a la tensión haciendo gestos que sugerían que Arrieta estaba “loca”. 

La crisis con tintes telenovelescos terminó con Arrieta a los gritos y Menem pidiendo por el ingreso de la seguridad. Al salir, acompañada de su abogado, la diputada radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz. “Afectó la honorabilidad de su compañero de bloque. Dejó los dedos pegados. Es más, debería irse solita de la cámara”, justificó una importante fuente parlamentaria. Otra voz con influencia en LLA también reconoció que la legisladora tiene las horas contadas en el bloque. “Si no la echan a Lulú, van a hacer que se vaya”, planteó una tercera espada oficialista al tanto de la crisis interna que dijo tenerle afecto a la mendocina.

elDiarioAR intentó tener la voz de Arrieta pero no hubo respuestas de ella ni de su defensor legal, Yamil Castro Bianchi. Este medio solo pudo recoger que la legisladora, este jueves, ya estaba “mejor de ánimo” tras la pelea del día anterior. Lo del miércoles fue la gota que colmó la paciencia del presidente de Diputados y del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, para decidir separar a la mendocina de la bancada.

Qué hará Arrieta tras su salida de LLA es aún un misterio, pero en el oficialismo son conscientes de que con tan pocos diputados propios, cualquier pérdida tiene un alto costo político. A la bancada de Mlei ya se le complicó el panorama cuando vio que el PRO, habitual aliado, no teme votarle en contra. Quedó demostrado en la sesión por el DNU sobre el financiamiento de la SIDE. 

Si tras la expulsión Arrieta decide seguir siendo diputada, podría tener un monobloque o plegarse a alguna otra de las fuerzas satélites que tienen los libertarios, que pueden negociar mejor su acompañamiento en las votaciones. Es la situación de Oscar Zago, que tras salirse de LLA, armó su espacio MID de tres miembros, que políticamente valen más que ser orgánicos de la bancada oficialista. 

Sugestivamente, Zago fue muy concesivo con sus dichos ante Arrieta en la comisión del martes cuando comenzó a tratarse la posibilidad de investigar la visita de los diputados a Astiz. Sugestivamente, el diputado se sentó a su derecha. Incluso desde el kirchnerismo le tendieron la mano a la mendocina cuando ella pidió ante la Justicia –cuando hizo su denuncia penal por la visita a Ezeiza– que le otorguen una custodia policial a ella y su familia porque ya había tenido amenazas anónimas contra su persona. 

En sus ocho meses como legisladora, Arrieta no pasó de estar involucrada en escándalos. Para empezar, su candidatura en la boleta libertaria en Mendoza está envuelta en sospecha al haber presentado como avales la firma de personas fallecidas. No es una diputada del riñón de Omar de Marchi, un operador mileísta en la provincia cuyana, y apenas tiene una foto con Karina Milei. Ya en la bancada, ganó popularidad mediática por aparecerse en una reunión de comisión con los patitos amarillos kawaii en su peinado. 

Tras visitar a genocidas en Ezeiza, llegó a decir públicamente que desconocía a Astiz por haber nacido en 1993. Según reconstruyó la revista Crisis, en ese encuentro en la cárcel fue el represor que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas durante la dictadura quien la reconoció: “A vos te conozco. Sos Lourdes Arrieta. Yo te sigo”, le dijo a la libertaria mendocina. En la foto con los genocidas en el SUM del penal, Arrieta aparece con un gesto sonriente en el centro de la imagen, ataviada en un saco naranja. Provocadora, en la primera sesión que hubo en Diputados tras el estallido del escándalo, Arrieta apareció con el libro “Nunca Más”. 

MC/JJD

Respiran tranquilos los diputados libertarios que visitaron a un grupo de genocidas, entre ellos Alfredo Astiz. Este martes comenzó a discutirse en una comisión de la Cámara baja el polémico viaje del 11 de julio que hicieron los legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, pero no hubo definiciones sobre si se conformará un cuerpo especial para investigar el episodio, si habrá sanciones para los involucrados o si se votará una resolución en repudio. 

La reunión de este martes en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato (PRO), le sirvió al oficialismo para comenzar a gestionar, en un ambiente controlado, la crisis abierta por la escandalosa foto que se tomaron seis de sus miembros con una decena de represores. Hubo fuertes cruces y chicanas entre los bloques sobre las distintas iniciativas para avanzar sobre la actitud de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Lucía Bonacci. 

Sí sobrevoló en las intervenciones un aparente consenso de que Diputados no avalaría un proyecto de ley para morigerar las penas de los condenados por delitos de lesa humanidad, que habría sido el principal motivo del encuentro entre los diputados y el grupo de Astiz. Dicha iniciativa, igualmente, nunca fue oficializada en mesa de entradas por parte de LLA.

Una de las iniciativas presentadas en la comisión este martes fue la de la propia diputada Arrieta, quien ya había dicho públicamente que no conocía a Astiz –“nací en 1993”, argumentó– y que viajó “engañada” a Ezeiza, lo mismo que Bonacci. La legisladora por Mendoza insistió hoy con su estrategia de desmarcarse de la polémica, pese a que en la imagen que se tomaron en el salón de usos múltiples del pabellón carcelario aparece por demás sonriente. Nombró como responsable a su par libertario Benedit, pero fue más allá: acusó a Martín Menem de avalar la visita.

“Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberían dar explicaciones al respecto. No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político”, aseguró Arrieta, sentada junto a Bonacci. Ninguno de los demás legisladores involucrados en la polémica se presentaron en la comisión este martes. “Se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación para conocer las instalaciones del penal. Se me invitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía”, dijo la legisladora. Incluso señaló que tiene que haber autorizaciones especiales para vehículos de gran tamaño.

Arrieta luego prefirió callar cuando desde el kirchnerismo le plantearon algunas preguntas puntuales sobre la visita, sobre todo por haber denunciado ante la Justicia una serie de chats donde se organizó el viaje, se menciona cierto aval de la ministra Patricia Bullrich y el rol del polémico cura Javier Olivera Ravasi. “¿Quién la invita a formar parte de los grupos de WhatsApp donde se gestó el grupo que visitó Ezeiza? ¿Quién le presentó a Ravasi? ¿Cómo fue el itinerario del vehículo? ¿Confirma que gracias a Bullrich ingresaron sin inconvenientes? ¿De qué se habló con los militares? ¿Recibió presiones de su bloque o en redes sociales para que no siga con el tema?”, la presionó Rodolfo Tailhade. La mendocina se llamó al silencio.

Ante la caja de Pandora que podría abrir Arrieta, desde el oficialismo hubo un intento de despegar al resto del bloque y al Gobierno. “Ratificamos la democracia y los derechos constitucionales. Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos”, aseguró el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni. El cordobés rechazó el pedido para crear una comisión investigadora y cuestionó a la oposición de Unión por la Patria y la Izquierda que en varias intervenciones relataron los delitos de los que están acusados los genocidas a los que visitaron los legisladores: “Escuché una serie de hecho sobre personajes que le han hecho mal a la argentina que no tiene nada que ver sobre los diputados de LLA. No tenemos nada que ver con el pasado ni reivindicamos sus delitos”, planteó.

Los legisladores se encontraron cara a cara con los represores de la última dictadura Astiz (ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

Aliados de LLA en votaciones clave en el recinto, desde el PRO y la UCR también buscaron aclarar su posicionamiento sobre la visita a los genocidas. “Nosotros siempre, más que en los relatos, creemos en los hechos. En nuestros cuatro años no hubo un solo indulto ni se interrumpió un solo juicio. Que los condenados cumplan su condena”, dijo Lospennato. “Estos señores no tienen ningún derecho. Si hubiera un proyecto de reducir las condenas tenemos la posibilidad de decir que no lo vamos a aprobar y que en esta cámara no va a avanzar”, afirmó la bullrichista Silvana Giudici, pero rechazó que la salida sea desaforar a los seis diputados involucrados. 

“Repudio cualquier manifestación que explique o se entienda como apoyo o dispensa de responsabilidad de genocidas sobre los hechos cometidos que los tienen condenados de por vida”, aseveró la radical Karina Banfi, quien protagonizó un fuerte cruce con Mónica Schlotthauer, del FIT, porque cuestionó la ley de Punto Final de Raúl Alfonsín y también la intención que hubo durante el macrismo de computar 2x1 las penas. 

“No fue una visita a genocidas detenidos, es un plan para liberarlos. Hay que detener esta atrocidad”, insistió Vanesa Siley, de UP. “Quieren presentar a los genocidas como pobrecitos y octogenarios, pero están conspirando para sacarlos”, cuestionó el diputado del FIT Christian Castillo, y pidió citar a la ministra Bullrich para que dé explicaciones sobre cómo funcionó el Servicio Penitenciario Federal durante el episodio.

La agenda próxima de la comisión prevé una reunión a nivel de asesores el próximo viernes para organizar una serie de audiencias con organismos de derechos humanos, con los que Lospennato se entrevistó en las últimas horas. No hay miras para que se cite pronto a funcionarios o a los demás libertarios involucrados en el escándalo. En la comisión, el kirchnerismo cuenta con 13 de los 31 votos. Está lejos de lograr una mayoría para imponer un dictamen que luego se baje al recinto y que proponga armar una comisión especial para investigar el episodio y, eventualmente, sancionar a los diputados oficialistas.

MC/MG

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, que preside la diputada Silvia Lospennato, convocó para el próximo martes a la primera reunión informativa en la que se iniciará la discusión sobre los proyectos de ley para investigar la conducta de los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron el 11 de julio pasado a represores de la última dictadura militar presos en el penal de Ezeiza.

Este encuentro había sido pautado inicialmente para este jueves, pero la excesiva duración de la sesión especial que comenzó el miércoles impidió que dieran los tiempos para que se llevara a cabo, y hubo que reprogramar la cita para el martes próximo a las 12.

Unión por la Patria pretendía incorporar al temario de la fallida sesión del 7 de agosto pasado su proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora de la visita de diputados liberales a genocidas, pero un acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria entre los referentes de los distintos bloques desactivó esta iniciativa y se propuso abordar la cuestión en la comisión encabezada por Lospennato.

El titular del bloque de UP, Germán Martínez, se mostró satisfecho con esa solución, aún siendo consciente que muchos de sus colegas de bancada querían llevar el proyecto directamente al recinto sin dictamen, pero era una votación en la que no tenía chances de ganar. 

La actividad había sido gestada desde hace bastante tiempo atrás y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, quien reclutó a cinco diputados de su bloque que participaron en un grupo de Whatsapp junto con abogados defensores de la dictadura militar y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.

Los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de derecha, que propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas brindándoles el beneficio de la prisión domiciliaria. 

En la visita participaron además de Benedit, otros diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel como Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta.

Del traslado en combi hasta Ezeiza fue parte también Rocío Bonacci, aunque está desistió de ingresar al penal cuando se enteró en medio del viaje que el motivo era conversar con militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Su versión se corroboró cuando salió a la luz la foto familiar de los diputados implicados con los genocidas: ella no estaba en el cuadro. 

En la sesión del miércoles, diputados de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda y el radical Pablo Juliano utilizaron cuestiones de privilegio para repudiar lo sucedido.

En el caso de la intervención del bonaerense de la UCR hubo una referencia explícita a Arrieta, quien anteriormente había intentado excusarse sobre su participación en el penal de Ezeiza al señalar que había sido llevada hasta allí “engañada”, al mismo tiempo que adujo que por su edad no conocía a los personajes que había ido a visitar, entre ellos Alfredo Astiz.

“Existe Google para fijarse quién fue Astiz y no tomarle el pelo al pueblo argentino diciendo que naciste en 1993. Yo nací en 1988 y tengo bien en claro quiénes fueron los genocidas que están encerrados en Ezeiza”.

A propuesta de Unión por la Patria, se votó una moción de apartamiento de reglamento para que se incluyera en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta que apunta a expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. La moción fue rechazada.

MM con información de la agencia NA.

Casi al mismo momento en que el oficialismo –gracias al PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto– bloqueaba en la sesión de este miércoles en Diputados una avanzada del kirchnerismo y la izquierda para sancionar a los libertarios que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza, la ministra Patricia Bullrich entraba a la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py. Tenía en agenda una reunión con un nutrido grupo de magistrados, representantes de ONG y figuras vinculadas a la Justicia para debatir “acerca de la realidad carcelaria actual”, según rezaba el convite oficial. 

La reunión la había pedido la propia ministra de Seguridad por lo menos una semana atrás, cuando ya se conocía la foto de los seis legisladores oficialistas junto a un grupo de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz. Curiosamente, en el cónclave Bullrich no brindó algún tipo de explicación sobre el escandaloso ingreso al penal de máxima seguridad de los representantes de La Libertad Avanza. Tampoco nadie le preguntó al respecto, supo elDiarioAR de al menos cinco fuentes distintas al tanto de la reunión. 

Bullrich subió al primer piso de Comodoro Py 2002 ayer a las 14 y estuvo unas dos horas. La reunión fue a puertas cerradas. El anfitrión era el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, titular del llamado Sistema de Control de Cárceles. Además estuvieron, de manera presencial y por Zoom, titulares de todas las Cámaras Nacionales y Federales del país, jueces de ejecución y de tribunales orales, integrantes de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria, de organizaciones no gubernamentales especialistas en la temática –como el CELS– y comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. 

A la ministra la acompañaron el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julian Curi; el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y la directora de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Maria Desiree Barczuk. 

Martínez es un nombre clave en la trama por la visita de los diputados a los genocidas porque fue calificado por el libertario Beltrán Benedit en el chat libertario de “excelente colaborador” por ser su contacto para ingresar al penal el 11 de julio. A su vez, Curi es el funcionario responsable en el ministerio de responder el requerimiento que le hizo el juez federal Daniel Obligado sobre cómo se autorizó esa visita de los diputados. Esa respuesta oficial aún no se conoce.

Según un comunicado del Sistema de Control de Cárceles, el encuentro “tuvo como objetivo principal analizar y proponer medidas para mejorar las condiciones de las cárceles, enfocándose en aspectos como la sobrepoblación, la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, y la reinserción social de las personas privadas de libertad”. También se informó oficialmente que Bullrich acudió a la comisión “por recomendación” de la Corte Suprema. La ministra, según el texto al que accedió elDiarioAR, “destacó la importancia de implementar políticas públicas que aborden no solo la infraestructura de los establecimientos penitenciarios, sino también la necesidad de programas efectivos de rehabilitación y educación para los internos”. 

Sin hablar de los genocidas

Una de las explicaciones que recogió este medio sobre por qué no se hizo referencia a la visita de los seis libertarios a Ezeiza es que ese punto no estaba en la orden del día ni la reunión era el contexto adecuado, pese a que Bullrich se encontró frente a un auditorio por demás calificado en la materia. “Es un tema muy particular y no se habló nada”, aseguró uno de los principales organizadores del encuentro. “Ni una palabra”, reconoció otro de los participantes. 

La ministra evitó así tener que explicar cómo fue exactamente que seis legisladores nacionales se encontraron en un salón de usos múltiples de la Unidad Penal 31 de Ezeiza con una decena de genocidas y hasta fotografiarse con ellos. Incluso uno de los argumentos que había dado internamente Benedit era que la visita tenía fines “humanitarios”. Fue lo que le dijo a la diputada Rocío Bonacci, que asegura que fue “engañada” sin saber que iban a visitar a represores. 

El mismo argumento había obtenido este medio en su momento en el círculo íntimo de Martín Menem: supuestamente se quería conocer de primera mano las condiciones de alojamiento de los presos. Parte de la narrativa libertaria era que iban a ver también a “mujeres embarazadas”, lo que nunca ocurrió. En los últimos días trascendió otro trasfondo del viaje en una combi oficial del Congreso a Ezeiza: avanzar en un proyecto oficial para sacar de las cárceles a los condenados por delitos de lesa humanidad. 

En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de ese tipo ya goza de prisión domiciliaria. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el Servicio Penitenciario Federal –desde la gestión de Javier Milei, bajo la órbita de Bullrich– hay aún 78 represores, mientras en Campo de Mayo están alojados 56.

“Nunca en la vida hablé con Benedit. Nunca hablé con nadie y me enteré de la visita a la cárcel por los diarios”, había dicho ayer Bullrich antes de la reunión en Comodoro Py, consultada por C5N en el marco del Council of the Americas. Además de Benedit y Bonacci, los diputados libertarios que fueron a Ezeiza son Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

Los legisladores se encontraron cara a cara con los represores de la última dictadura Astiz (ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

¿Y la comisión investigadora?

Luego de la cumbre judicial, la ministra sí estuvo atenta a Diputados, pero por el derrotero parlamentario de la creación del Banco de Datos Genéticos, que obtuvo media sanción. Ya para esa hora de la tarde los libertarios que visitaron a los genocidas respiraban tranquilos: el oficialismo y sus aliados habían logrado bloquear sendos pedidos del kirchnerismo y de la izquierda para que se los investigue y sancione. 

Se propuso desde su expulsión hasta la creación de una comisión investigadora. Ninguna de las dos iniciativas logró la mayoría, aunque hubo dos curiosidades. Bonacci apoyó la iniciativa de conformar una comisión, pero hubo una decena de peronistas que se ausentaron al momento de la votación.

Otro alivio para los oficialistas llegó por la noche, cuando la diputada del PRO Silvia Lospennato suspendió la reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que había convocado para este jueves al mediodía para tratar la visita a los represores. La justificación era material: la sesión que había comenzado a las 12 del miércoles ya se veía maratónica y no se sabía cuándo iba a finalizar. Terminó a las 9 de la mañana, con los legisladores apenas descansados de a ratos en sus despachos. 

Lospennato pateó la reunión de su comisión para el próximo martes a las 12, en la sala 7 del anexo de Diputados. Le hizo el favor al oficialismo de encapsular el escándalo en un ambiente muy cuidado, lejos de la atención mediática puesta en el recinto. Sin embargo, el asunto oficial de la convocatoria promete: “Se abordará la creación de una comisión investigadora sobre la visita de un grupo de diputados/as nacionales al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”.

MC/JJD

El Obispado de la Diócesis Zárate-Campana emitió este miércoles un comunicado en el cual se desligan del sacerdote Javier Olivera Ravasi, señalado como organizador de la visita de diputados de La Libertad Avanza (Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo) a represores presos en la cárcel de Ezeiza, entre los cuales se encuentra Alfredo Astiz, y dieron a conocer que ya “no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.

“El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, dice el comunicado publicado en la web del obispado. 

Además, el escrito explica que, en reiteradas ocasiones, “se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, y se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, pero “al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.

Días atrás, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su vocero, el presbítero Máximo Jurcinovic, había expresado en un comunicado difundido en sus redes sociales que “lo actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.

De acuerdo a la palabra oficial de la Iglesia argentina, “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote. Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora”.

“La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ”La verdad los hará libres“ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, finaliza el comunicado.

Quién es el cura Ravasi

El padre Olivera Ravasi es abogado e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, está alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y es un fervoroso militante por la libertad de los genocidas, de acuerdo a lo que publica el sitio El Ciudadano.

En un mensaje que envió en un grupo de WhatsApp creado por él mismo con libertarios, abogados y jueces, Olivera Ravasi dijo ya tener el proyecto para liberar genocidas listo: “Buenas y santas, soy el padre Javier Olivera Ravasi. Algunos me conocen, otros no. Les mandó muy cortito este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor léanlo. Si Dios quiere en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último”.

De acuerdo a El Ciudadano, “alineado con la vicepresidenta Villarruel e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, este cura el último 24 de marzo acompañó la campaña del gobierno nacional, que volvió a agitar la Teoría de los dos demonios. En la conmemoración del 48º aniversario del golpe de Estado se burló de la cifra de los 30.000 desaparecidos y retuiteó a Villarruel, con quien coincidió en un acto de familiares de represores hace dos años y entrevistó para su canal de YouTube en 2021. Acaso la mayor provocación de su parte fue que el 21 de marzo pasado, en la víspera del Día de la Memoria y para justificar el terrorismo de Estado, el sacerdote hizo circular en su canal de YouTube una entrevista al dictador Jorge Rafael Videla de 2012 realizada desde la cárcel y que definió como un 'audio inédito'”.

Tal como lo reflejan sus redes sociales, Olivera Ravasi tiene relación con comunicadores de las ideas libertarias como Nicolás Márquez y Agustín Laje, y con un ex agente de la AFI macrista, el influencer Dannan. Con ellos, el sacerdote coincidirá en “Viva la Derecha Fest”, un evento de la ultraderecha que se realizará el 5 de octubre en el Auditorio Belgrano. El cura invita a ese encuentro en sus redes sociales.

Asimismo, Oliver Ravasi hace público en sus redes sociales su devoción por el carapintada que se alzó contra la democracia coronel Mohamed Seineldín y suele mostrar un rosario hecho con balas.

Es hijo del genocida Jorge Olivera, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, y de la psicóloga Marta Ravasi, quien se muestra como su hijo muy activa en el reclamo de libertad para los represores –fue una de las firmantes de la carta que familiares de represores dirigieron a Villarruel para que cumpla su promesa de liberación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad–.

En una entrevista, Olivera Ravasi definió a su padre como “un soldado siempre preocupado por servir del mejor modo a nuestro país”. Jorge Olivera está condenado por crímenes de lesa humanidad. Tiene tres perpetuas (2013, 2017 y 2023). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, por ejemplo, lo condenó en 2013 a prisión perpetua por considerarlo responsable de más de 40 secuestros, la aplicación de tormentos en más de 50 hechos y homicidios doblemente agravados. Entre esos casos se le adjudica la desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize, a quien Olivera se jactaba de haber violado mientras estaba en cautiverio, tal como relataron sobrevivientes. Este represor logró fugarse en dos ocasiones y fue recapturado.

La postura del Papa Francisco

La decisión está en sintonía con la postura mostrada los últimos días por el Papa Francisco, quien la semana pasada se reunió con una familiar de una víctima de Alfredo Astiz. En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas al ex marino y otros represores presos, Jorge Bergoglio recibió en su residencia de Santa Marta a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, una de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977. El miércoles pasado, el Papa había visitado a la sobrina de la monja francesa Léonie Duquet, otra de las personas secuestradas por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada gracias a la misión de Astiz como agente encubierto.

Durante el encuentro en El Vaticano, de acuerdo a la nota publicada por Facundo Fernández Barrio en elDiarioAR el pasado 8 de agosto, Bergoglio mandó un mensaje para el programa radial de la madre de Fernández, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada mientras estaba embarazada de su hija: “No aflojen. Conserven la memoria de lo que han recibido. No sólo de las ideas sino también de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día”.

La reunión fue difundida por el Instituto Espacio para la Memoria, del que Careaga es ex directora, en un comunicado que refiere el diálogo entre Fernández y Bergoglio, aunque sin atribuirle citas textuales: “El Papa manifestó que se había enterado que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”.

Lo cierto es que, en siete días, el Papa se reunió dos veces con familiares de víctimas de Astiz, el más famoso de los represores que recibieron la solidaridad oficialista. La semana pasada Bergoglio había interrumpido sus vacaciones para salir del Vaticano y visitar a Geneviève Jeanningros, quien vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Jeannigros es la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas –además de Alice Domon− que frecuentaban al grupo de la Santa Cruz, en el que Astiz se hizo pasar un por familiar de desaparecidos. 

Jeannigros ha sido crítica de la complicidad de la Iglesia con la dictadura argentina. “No podía aceptar su silencio”, escribió en el libro La verdad los hará libres, editado el año pasado por el Episcopado, que incluye su testimonio sobre la desaparición de Duquet y Domon. “Fue la cercanía y la ternura del Papa lo que me curó de tanto sufrimiento”, dijo tiempo después.

En el caso de Ana Fernández, Bergoglio también conoce a su familia desde hace décadas. Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fue su jefa en el laboratorio químico donde trabajó antes del sacerdocio, y la ha recordado como una de las personas que más lo influyeron. Para el Papa, las víctimas de la Santa Cruz son una cuestión casi personal.

La presencia de Astiz entre los militares visitados por los diputados oficialistas magnificó aun más el escándalo. Aunque todos los presos en Ezeiza fueron condenados por delitos aberrantes, Astiz se mantiene como emblema de la represión ilegal. Es el victimario más conocido a nivel internacional y el que más problemas diplomáticos trajo a la dictadura. Su papel en el caso de las monjas le confiere, además, una importancia especial para la comunidad católica.

Durante 1977, la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, sirvió como punto de encuentro para algunas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, otros familiares de desaparecidos, activistas sociales y militantes políticos que se encontraban en la clandestinidad. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, mientras preparaban la publicación de una solicitada para reclamar datos sobre los desaparecidos, doce integrantes del grupo fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA en una serie de operativos.

Durante los meses previos, los marinos habían logrado infiltrar en las reuniones de la Santa Cruz a Astiz, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido para ganar la confianza de los familiares. Entre sus víctimas se encontraban Duquet, Domon y Ballestrino, además de otras referentes de las Madres como Azucena Villaflor y María Eugenia Ponce, todas ellas desaparecidas.

En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar los restos de Ballestrino, Villaflor, Ponce, Duquet y Ángela Auad. Sus cuerpos habían sido devueltos por las aguas a la costa atlántica a fines de 1977, y habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle. Las pericias forenses demostraron que habían sido víctimas de los “vuelos de la muerte”. Hasta hoy, varios otros miembros del grupo de la Santa Cruz siguen desaparecidos.

Pocos días antes de que se conociera la visita libertaria a los represores, El Vaticano se había hecho eco de otra noticia sobre las investigaciones por crímenes de la dictadura. A través de Vatican News, informó sobre las conmemoraciones de la Iglesia argentina por el aniversario de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, fallecido el 11 de julio de 1977 en un episodio que se presentó como un accidente de tránsito, pero que ahora se investiga como un asesinato planeado por las fuerzas armadas. Ponce de León fue uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que enfrentaron a los militares por las violaciones a los derechos humanos.

La Cámara de Casación confirmó en marzo la reapertura de la investigación sobre la muerte del obispo. En julio, la fiscalía de San Nicolás pidió la indagatoria de tres ex militares y dos civiles acusados por el asesinato. En el aniversario de la muerte de Ponce, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina circuló un comunicado a los obispos de todo el país en el que destacó que “puede iniciarse una investigación para llegar a dilucidar la muerte” y adjuntó la resolución de Casación, con deseos de que “la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido”. La Iglesia también homenajeó a Ponce de León con una misa en la Catedral por primera vez. “Vamos a pedir para que la Justicia llegue a un veredicto final”, dijo el provicario Joaquín Sucunza, quien fue segundo de Bergoglio en Buenos Aires durante veinte años.

Este miércoles, el presidente Javier Milei se metió personalmente en la polémica por la visita libertaria a los represores al retuitear un mensaje de apoyo del periodista español Javier Negre a la diputada Lilia Lemoine, quien había defendido a sus compañeros de bancada que fueron a Ezeiza: “Visitaron a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a pena de muerte a cuentagotas”. Según Lemoine, los represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron “ilegalmente detenidos por Néstor Kirchner”.

Con información de agencias y El Ciudadano.

IG

La escandalosa visita de seis legisladores de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza se metió de lleno en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados. Temprano al mediodía el oficialismo logró bloquear sendos pedidos del kirchnerismo y de la izquierda para que se investigue y se sancione a los libertarios que se reunieron con Alfredo Astiz y otros genocidas hace más de un mes, pero al caer la noche la oposición más dura volvió a la carga con reclamos directos hacia Martín Menem para discutir la polémica. 

Como ese punto no estaba en el temario, el oficialismo planteó que las llamadas cuestiones de privilegio –momento en que cualquier diputado puede hacer una exposición libre y donde se sabía de antemano que los opositores iban a apuntar sus cañones hacia los libertarios– se corran al final de la sesión. Desde Unión por la Patria y el FIT criticaron la dinámica porque se espera una sesión maratónica de más de 24 horas, a raíz de que habrá votaciones de peso como el financiamiento de las universidades y la declaración de esencialidad de la educación. Fue tal la queja opositora que Menem tuvo que ceder y reorganizar la agenda parlamentaria: finalmente permitió que los opositores hagan uso de la palabra libremente entre medio de las votaciones.

El reclamo del kirchnerismo y el trotskismo no fue acompañado en su mayoría por el resto de las bancadas ya que se plegaron al acuerdo que sellaron el PRO con LLA: para este jueves a la mañana la amarilla Silvia Lospennato convocó a las 12.30 la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento como ámbito específico para tratar la visita de los libertarios a los represores. La incertidumbre parlamentaria es qué pasará con esa reunión si la sesión de este miércoles se extiende más allá de ese horario. De hecho, el bloque de Miguel Pichetto pidió postergar la sesión especial que tenía pedida para voltear el DNU que le otorgó $100.000 millones a la SIDE para la semana que viene, luego de dos intentos para que se discutieran en la sesión en cuerso.

El primer momento de tensión de la jornada se vivió al comienzo de la sesión cuando desde UP pidió un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de ley que apunta a la expulsión de los seis legisladores de LLA que se encontraron cara a cara con los represores: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo. Esa iniciativa fue rechazada: tuvo 102 votos positivos, 121 negativos y cinco abstenciones.

Luego fue desde la izquierda que reclamaron que el recinto se preste a debatir sobre el viaje de los libertarios y se conforme una comisión especial que los investigue, y eventualmente luego los sancione. La solicitud de Nicolás del Caño necesitaba 3/4 de la aprobación del recinto para ser tratado, pero también fue rechazada por 113 votos negativos, 112 afirmativos y 4 abstenciones. Hubo 24 ausencias, llamativamente 11 del peronismo.

También fue curioso que entre los que votaron a favor estuvo Bonacci, la primera “arrepentida” de la visita a Astiz, en su momento denunció que fue “engañada” por Benedit. El resto de los libertarios votó en contra, incluida Arrieta, la otra diputada que cuestionó a Benedit por organizar esa visita y quien dijo desconocer a Astiz aludiendo su propia edad: “Nací en 1993”, se llegó a justificar. Acompañaron la negativa gran parte del radicalismo y Encuentro Federal, con la salvedad de Emilio Monzó, que votó a favor.

El tercer momento de tensión en la jornada fue cuando el diputado kirchnerista Eduardo Toniolli, miembro de HIJOS y del Movimiento Evita, cruzó a Menem y lo acusó de “generar las condiciones operativas para que un grupo de diputados y diputadas visiten a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad”. Toniolli tomó la palabra cuando se estaba en medio de la votación del segundo tema en la orden del día –la autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales–. Su interrupción generó tal revuelo que el riojano llamó a un cuarto intermedio para reordenar la sesión. Toda la bancada de UP estaba ya levantada de sus sillas en contra de la decisión de Menem de que no haya cuestiones de privilegio hasta el final de la sesión. 

Tras el cuarto intermedio hubo una serie de discursos libres de los diputados, sobre todo de opositores cuestionando la visita de los libertarios a Astiz. Los aliados al Gobierno aprovecharon también el uso de la palabra para apuntar contra Alberto Fernández por su denuncia de violencia de género contra Fabiola Yáñez. Luego se esperaba retomar el debate con la votación sobre la declaración de “la educación obligatoria como servicio estratégico esencial” y, posteriormente, una ley de financiamiento de universidades nacionales, en medio del paro que hubo esta semana en las casas de altos estudios.

Con todo, el oficialismo salvó a sus diputados de ser sancionados luego de haberse encontrado con el grupo de genocidas. La semana pasada ya había sorteado la polémica cuando se cayó la sesión –tenía casi el mismo temario que la de este miércoles– por la falta de quórum ante la ausencia del bloque de Pichetto. Justo un día antes se había revelado la foto de la reunión de los libertarios con los represores.

Esa imagen mostró a los legisladores con Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura. Pero también junto Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

MC/JJD

“Ezeiza ya está”. Martín Menem está convencido que la polémica visita de seis de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para encontrarse con Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura ya está encapsulada en los pasillos de la Cámara baja. La frustrada sesión del miércoles, pero sobre todo la repercusión mediática que tuvo el caso de violencia de género que complica a Alberto Fernández, jugó a favor del oficialismo. Cerca del riojano aseguran que está dada vuelta la página, aunque la apretada agenda de los próximos días y la dureza opositora podría generarles una complicación.

Por lo pronto el titular de Diputados confirmó para este miércoles a las 11 una sesión pedida por el PRO y LLA para retomar el temario que quedó pendiente la semana pasada (leyes sobre seguridad y tratados internacionales, más la declaración de la educación como servicio esencial). Se descuenta una votación larga, de casi 20 horas, porque desde las bancadas opositoras repudiarán el viaje de los libertarios a Ezeiza a través de cuestiones de privilegio, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. La discusión sobre si habrá una sanción disciplinaria podría quedar en veremos, porque el macrismo le hizo otro favor a Menem y convocó para el jueves a una reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato. 

“Quieren contener ahí, pero vamos a joder por varios lados. El oficialismo no dio una solución aún y no todos queremos que la salida sea un mero comunicado. Hay que encontrar una salida política”, planteó una de las principales espadas de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto que provocó la caída de la sesión del miércoles pasado porque no bajó al recinto y dejó a Menem sin quórum. 

La falta de los 129 diputados para abrir el hemiciclo es otro fantasma que circunda al jefe del cuerpo. “Si arranca la sesión, la idea de LLA será la de fingir demencia y que pase lo que pase”, relató una legisladora oficialista, que planteó la necesidad de Menem de acuerdo mínimamente con los opositores más cercanos, sobre todo los federales y los radicales, o incluso con peronistas que puedan acercarse tácticamente al oficialismo. “Estamos justos con el quórum. Nos están contando y viendo las grietas que hay en los demás bloques para que juntar los votos”, relató la legisladora oficialista. Justo ayer Menem recibió en su despacho al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. De los cinco diputados catamarqueños, cuatro son de Unión por la Patria.

La intención del oficialismo en desactivar la polémica sobre la entrevista con Astiz y otros genocidas también quedó expuesta en el temario para este miércoles: no fue incluida la lavada resolución que iba a votarse en el recinto y en la que incluso llegó a estar de acuerdo el kirchnerismo a medias. El texto señalaba una “profunda preocupación por la visita realizada por un grupo de Diputados de LLA al complejo penitenciario de Ezeiza en donde se encuentran detenidos condenados por delito de lesa humanidad”, pero evitaba mencionar los nombres de los involucrados: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y –aunque no apareció en la foto difundida– Lucía Bonacci. El documento tampoco refería a un encuentro concreto con los genocidas ni hablaba de “represores”, no usaba la palabra “repudio” ni aplicaba medidas disciplinarias. Sí referenciaba a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia –el guiño que consintió UP–.

En cambio, en la orden del día de la sesión del próximo miércoles el PRO y LLA sí incluyeron, en el último punto, que se vote una “expresión de repudio y otras cuestiones conexas” sobre “fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro”. No hay referencia a la denuncia contra el expresidente Fernández, aunque seguramente en los discursos el oficialismo y sus aliados se harán eco del caso de violencia de género contra Fabiola Yáñez.

Además de cómo lidiar sobre el escándalo por sus diputados que se encontraron con los represores, Menem tiene pendiente encontrarle una salida a otros dos reclamos opositores: un pedido de la UCR para que haya una sesión el mismo miércoles, pero por la tarde, para votar la ley de financiamiento de las universidades; y la avanzada de Pichetto para que el jueves haya una sesión para voltear el DNU que le otorgó $100.000 millones en gastos reservados a la SIDE. 

“Habrá que negociar cómo transitar eso y tener quórum, para que no ocurra lo de la semana pasada”, apuntó un operador de la UCR que señaló que por ahora su pedido se mantiene en pie. Menem estaría obligado a aceptar la sesión de los radicales porque lleva la firma de diez legisladores. Para que no se pisen con el horario, el acuerdo que podría ofrecer el oficialismo es que esa iniciativa se incluya en el primer temario. 

A su vez, los federales están juntando los votos para que caiga el DNU sobre la SIDE y ya tendría el apoyo de parte de la UCR –el ala disidente de Facundo Manes–, más obviamente del kirchnerismo y la izquierda. El problema es que si la sesión del miércoles se extiende por unas 20 horas, como se estima, se pegaría a la citación pedida por EF para el jueves. Y en ese caso, se taparía la convocatoria de la comisión de Lospennato para abordar la polémica por la visita a genocidas en Ezeiza. Otra alternativa es que pase al viernes. El intríngulis lo metaforeó un ladero de Pichetto: “Hay una guerra de sesiones”.

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Por segunda vez en una semana, el Papa se reunió este martes con una familiar de una víctima de Alfredo Astiz. En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas al ex marino y otros represores presos, Jorge Bergoglio recibió en su residencia de Santa Marta a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, una de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977. El miércoles pasado, el Papa había visitado a la sobrina de la monja francesa Léonie Duquet, otra de las personas secuestradas por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada gracias a la misión de Astiz como agente encubierto.

Durante el encuentro en El Vaticano, Bergoglio mandó un mensaje para el programa radial de la madre de Fernández, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada mientras estaba embarazada de su hija: “No aflojen. Conserven la memoria de lo que han recibido. No sólo de las ideas sino también de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día”.

La reunión fue difundida por el Instituto Espacio para la Memoria, del que Careaga es ex directora, en un comunicado que refiere el diálogo entre Fernández y Bergoglio, aunque sin atribuirle citas textuales: “El Papa manifestó que se había enterado que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”.

Lo cierto es que, en siete días, el Papa se reunió dos veces con familiares de víctimas de Astiz, el más famoso de los represores que recibieron la solidaridad oficialista. La semana pasada Bergoglio había interrumpido sus vacaciones para salir del Vaticano y visitar a Geneviève Jeanningros, quien vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Jeannigros es la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas –además de Alice Domon− que frecuentaban al grupo de la Santa Cruz, en el que Astiz se hizo pasar un por familiar de desaparecidos. El Vaticano difundió el encuentro privado a través de su sitio Vatican News.

“No tuvo nada que ver con eso”, respondió Jeanningros cuando La Nación le preguntó si la visita de Bergoglio, a quien conoce desde hace años, era un gesto tras el escándalo por los diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza. Se sabe que la diplomacia papal no funciona de esa manera. Al igual que su tía, Jeannigros es monja y hace trabajo pastoral con personas necesitadas de la comunidad circense en la que vive. Suele ir a ver a Bergoglio a las audiencias de los miércoles en El Vaticano. Pero la última vez que el Papa la había visitado a ella había sido en 2015.

Jeannigros ha sido crítica de la complicidad de la Iglesia con la dictadura argentina. “No podía aceptar su silencio”, escribió en el libro La verdad los hará libres, editado el año pasado por el Episcopado, que incluye su testimonio sobre la desaparición de Duquet y Domon. “Fue la cercanía y la ternura del Papa lo que me curó de tanto sufrimiento”, dijo tiempo después.

En el caso de Ana Fernández, Bergoglio también conoce a su familia desde hace décadas. Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fue su jefa en el laboratorio químico donde trabajó antes del sacerdocio, y la ha recordado como una de las personas que más lo influyeron. Para el Papa, las víctimas de la Santa Cruz son una cuestión casi personal.

La presencia de Astiz entre los militares visitados por los diputados oficialistas magnificó aun más el escándalo. Aunque todos los presos en Ezeiza fueron condenados por delitos aberrantes, Astiz se mantiene como emblema de la represión ilegal. Es el victimario más conocido a nivel internacional y el que más problemas diplomáticos trajo a la dictadura. Su papel en el caso de las monjas le confiere, además, una importancia especial para la comunidad católica.

Durante 1977, la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, sirvió como punto de encuentro para algunas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, otros familiares de desaparecidos, activistas sociales y militantes políticos que se encontraban en la clandestinidad. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, mientras preparaban la publicación de una solicitada para reclamar datos sobre los desaparecidos, doce integrantes del grupo fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA en una serie de operativos.

Durante los meses previos, los marinos habían logrado infiltrar en las reuniones de la Santa Cruz a Astiz, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido para ganar la confianza de los familiares. Entre sus víctimas se encontraban Duquet, Domon y Ballestrino, además de otras referentes de las Madres como Azucena Villaflor y María Eugenia Ponce, todas ellas desaparecidas.

En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar los restos de Ballestrino, Villaflor, Ponce, Duquet y Ángela Auad. Sus cuerpos habían sido devueltos por las aguas a la costa atlántica a fines de 1977, y habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle. Las pericias forenses demostraron que habían sido víctimas de los “vuelos de la muerte”. Hasta hoy, varios otros miembros del grupo de la Santa Cruz siguen desaparecidos.

Pocos días antes de que se conociera la visita libertaria a los represores, El Vaticano se había hecho eco de otra noticia sobre las investigaciones por crímenes de la dictadura. A través de Vatican News, informó sobre las conmemoraciones de la Iglesia argentina por el aniversario de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, fallecido el 11 de julio de 1977 en un episodio que se presentó como un accidente de tránsito, pero que ahora se investiga como un asesinato planeado por las fuerzas armadas. Ponce de León fue uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que enfrentaron a los militares por las violaciones a los derechos humanos.

La Cámara de Casación confirmó en marzo la reapertura de la investigación sobre la muerte del obispo. En julio, la fiscalía de San Nicolás pidió la indagatoria de tres ex militares y dos civiles acusados por el asesinato. En el aniversario de la muerte de Ponce, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina circuló un comunicado a los obispos de todo el país en el que destacó que “puede iniciarse una investigación para llegar a dilucidar la muerte” y adjuntó la resolución de Casación, con deseos de que “la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido”. La Iglesia también homenajeó a Ponce de León con una misa en la Catedral por primera vez. “Vamos a pedir para que la Justicia llegue a un veredicto final”, dijo el provicario Joaquín Sucunza, quien fue segundo de Bergoglio en Buenos Aires durante veinte años.

Este miércoles, el presidente Javier Milei se metió personalmente en la polémica por la visita libertaria a los represores al retuitear un mensaje de apoyo del periodista español Javier Negre a la diputada Lilia Lemoine, quien había defendido a sus compañeros de bancada que fueron a Ezeiza: “Visitaron a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a pena de muerte a cuentagotas”. Según Lemoine, los represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron “ilegalmente detenidos por Néstor Kirchner”.

FFB/MG

La diputada Rocío Bonacci, integrante de la comitiva de seis legisladores libertarios que se reunieron con represores en el penal de Ezeiza, entre los que destacaba el exmilitar de la Armada, Alfredo Astiz, reveló que la visita contó con el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

“Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro), y parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un ok de Patricia Bullrich”, afirmó la diputada de La Libertad Avanza. 

Incluso, argumentó que algunas protocolos de estricta seguridad que se realizan en una visita a las cárceles fueron pasadas por alto. “Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos”, contó.

“Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó”, sostuvo a semanas de la visita. 

Sus dichos contradicen la versión oficial que sostiene que se trató de una acción personal de los diputados, desconocida por el Poder Ejecutivo de la Nación. 

A horas de que la foto de los legisladores junto a Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores, viera la luz, la legisladora -que decidió no participar del retrato- acusó a su compañero de banca Beltrán Benedit de ocultar el verdadero propósito de la visita al penal. “Nací en el 96, había muchos reclusos que a nadie le sonaban. Cuando me plantean que nos estaban esperando, fui la primera en saltar y comunicárselo a mis compañeros”, se escudó. 

“Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia”, enfatizó además Bonacci, y completó: “No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables. No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos”. 

Según contó la libertaria, decidió no participar activamente de la visita, a pesar de que permaneció en el penal de Ezeiza, y planteó que el objetivo de la delegación era “comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”. “Les comenté que no quería participar, que no iba a presentarme con los genocidas, que iba intercambiar información ni dialogar porque me repugnaba, estaba descompuesta del estómago”, sostuvo. 

Por su parte, consultada por la participación de la titular del Senado, Victoria Villarruel, la diputada descartó que estuviera al tanto del intercambio. “No me consta a ciencia cierta que ella haya organizado la visita. Una cosa es el Poder Ejecutivo, otra el Legislativo”, aclaró.

“La gente que nos votó no nos puso para que estemos pendientes de este tema, más habiendo sido elegidos democráticamente”, concluyó en una entrevista a Radio Mitre. 

CRM con información de la agencia NA

Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada de ella, y nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los vuelos de la muerte tras haber sido desaparecida luego de la infiltración del marino Alfredo Astiz, en el marco del secuestro del grupo de la Sta. Cruz, estuvo reunida con el Papa Francisco.

La visita que recientemente hizo un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores fue uno de los ejes de conversación del encuentro. El Papa, quien recibió a Anita en su residencia de Santa Marta, en Roma, le manifestó que se había enterado del suceso, “que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”, informaron desde el Instituto Espacio Para La Memoria.

En ese sentido, Bergoglio envió un mensaje a Ana María Careaga a través de su hija Anita -para su programa Ahora y Siempre, en radio Caput-, llamando a conservar la memoria: “No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios, ése es el mensaje que les doy en este día”, dijo Francisco en una clara respuesta a la ofensiva contra la Memoria.

“En la entrevista, el Papa también recordó con admiración a su amiga y compañera Esther Balestrino de Careaga -quien fuera su jefa en un laboratorio de análisis clínicos-, y dijo que de ella había aprendido su amplitud política, entre otras palabras afectuosas”, agregaron desde el Instituto.

Convocados por Beltrán Benedict para visitar el penal de Ezeiza, cinco legisladores oficialistas aceptaron hacer el viaje el 11 de julio pasado: Guillermo Montenegro, diputado por Buenos Aires y hasta principio de año mano derecha de Villarruel; Rocío Bonacci, de Santa Fe y conocida por haber presentado un proyecto para derogar la ley del aborto; Alida Ferreyra, de Capital Federal y quien entró al bloque casi por la ventana este año como suplente de Sandra Pettovello en la lista; la mendocina Lourdes Arrieta, que se volvió viral por haber asistido a una reunión de comisión con un patito amarillo “kawaii” y acusada de tener como aval para su partido provincial a personas fallecidas; y María Fernanda Araujo, hermana de un soldado caído en Malvinas y quien entró por la banca que dejó Villarruel cuando se convirtió en vice. 

El encuentro de los diputados de Milei con los represores de la dictadura fue en excelentes términos. Hablaron entre todos. Los libertarios les llegaron a decir a los genocidas que “estaban interesados en escucharlos”, apuntó a elDiarioAR una voz que fue parte del viaje. La afinidad habría sido tal que hubo quienes vieron a algunos de los legisladores oficialistas con los ojos llorosos a la salida. Disfrutaron de toda una excursión al horror. Y además de la imagen con los represores, se fotografiaron con algunos guardiacárceles en la oficina donde fueron recibidos primero. 

MM

Provocadora, la libertaria Lourdes Arrieta entró al recinto con el emblemático “Nunca Más” en la mano. Detrás suyo, lo hicieron Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo. Faltaban apenas minutos para que comenzara la sesión en Diputados cuando los cinco de los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores –y que se sacaron fotos con ellos– se sentaron en sus bancas. Sus gestos no revelaban preocupación ni mucho menos. Dieron quórum a una sesión que estaba centrada en el escándalo por su viaje del Congreso a la cárcel de Ezeiza, pero que fracasó por el faltazo a último momento del espacio de Miguel Pichetto.

La división política entre las bancadas impidió que la Cámara baja avance al menos en un repudio público sobre el encuentro de los legisladores de Javier Milei con una decena de genocidas. El detonante fue la ausencia de Hacemos Coalición Federal, pero en el fondo nunca hubo un acuerdo entre los bloques sobre qué acción concreta tomar al respecto. El oficialismo había planteado que se vote una declaración con un repudio –considerado “vago” por los opositores–, el kirchnerismo y la Izquierda querían crear una comisión investigadora ad hoc, y el radicalismo y los federales buscaban una salida intermedia con un tratamiento en las comisiones permanentes vigentes. 

La caída de la sesión dejó perplejo a todo el arco parlamentario. Pese a la tensión que se respiraba en la previa, el oficialismo no logró mantener en pie una sesión con temas clave para su gestión: necesitaba aprobar la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación de delitos comunes y la autorización para la entrada y salida de tropas militares. A su modo, en Unión por la Patria también hubo cierto alivio, porque se esperaban fuertes declaraciones de LLA y sus aliados contra la denuncia de violencia de género de Alberto Fernández y sobre el fraude electoral en Venezuela. Se esperaba una sesión de unas veinte horas pero apenas duró unos veinte minutos.

El germen del fracaso de la sesión apareció en la reunión de Labor Parlamentaria, más temprano este mismo miércoles, donde se vieron las caras los presidentes de todos los bloques parlamentarios. Allí Martín Menem, titular de la Cámara baja, y Gabriel Bornoroni, jefe del espacio oficialista, propusieron que el recinto vote una declaración sobre la visita de los diputados a Astiz. El texto, señalaba una “profunda preocupación por la visita realizada por un grupo de Diputados de LLA al complejo penitenciario de Ezeiza en donde se encuentran detenidos condenados por delito de lesa humanidad”, pero evitaba mencionar los nombres de los involucrados, no refería a un encuentro concreto con los genocidas ni hablaba de “represores”, no usaba la palabra “repudio” ni aplicaba medida disciplinarias. Sí expresaba una “firme e inquebrantable compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia” y afirmaba una “defensa irrenunciable y sin condicionamientos del sistema democrático”.

“Tuvieron buena intención en hacer ellos esa declaración, pero le pedimos que el mea culpa sea un poco más culposo”, contó uno de los opositores. “El texto era muy vago”, acusó un radical. La UCR buscó una salida intermedia: tenía como estrategia que Pablo Juliano, luego de que se votara la resolución en el recinto, pidiera a viva voz que sea la comisión de Asuntos Constitucionales la que lleve adelante una investigación sobre el rol de los libertarios. A su vez, la macrista Silvia Lospennato propuso que sea la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento –que ella preside– el ámbito para tratar el tema. Tampoco el kirchnerismo y la izquierda tenían peso para obligar a crear una comisión especial, porque para ello necesitaban dos tercios de los votos de la Camara baja.

La moción de Lospennato tenía el apoyo de Pichetto, pero algo pasó a último momento que finalmente todo el bloque de HCF se ausentó al recinto. La justificación fue que nunca se llegó a abroquelar un acuerdo transversal. “No vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”, planteó el espacio de los federales en un comunicado. 

En el bando libertario acusaron al espacio de Pichetto de una jugada de carácter vengativa porque finalmente Emilio Monzó no quedó dentro de la comisión bicameral de Inteligencia, discusión que ya lleva varias semanas. En ese marco, los federales están trabajando para que Diputados rechace el DNU que le otorgó a la SIDE unos 100.000 millones de pesos en gastos reservados. Piensan que podrían avanzar al respecto la semana que viene, con el apoyo de los radicales y UxP. “Esto viene por el quilombo de inteligencia, porque lo de los represores ya lo teníamos bastante conversado”, dijo un importante legislador de LLA en off the record. “Pichetto está feliz”, se congratuló con sorna un compañero de bancada del histórico legislador.

El escándalo de la sesión tapó finalmente el escándalo por la visita a los represores. Ya caída la convocatoria apareció por el recinto Rocío Bonacci, la sexta diputada libertaria que fue a Ezeiza pero que no quiso estar en la foto con los condenados por delitos de lesa humanidad; siempre denunció que la habían “engañado” con que se trataba de una visita humanitaria. Su gesto de sorpresa dentro del recinto fue una síntesis del ánimo libertario. “Quería explicar mi postura”, había dicho ayer sobre la expectativa de la sesión.

Los oficialistas se habían reunido por la mañana para terminar de limar asperezas, sobre todo luego de que en las últimas horas se filtrara la foto en el penal de máxima seguridad. A la salida del cónclave en el Salón Blanco de Diputados se los vio conversando, por ejemplo, a Benedit, quien organizó el viaje a Ezeiza, con Marcela Pagano, diputada que ayer armó un homenaje interpartidario hacia las monjas francesas que fueron secuestradas y desaparecidas por Astiz. En las próximas horas al menos dos de los involucrados en la visita a los genocidas –Montenegro y Ferreyra– tienen pensado romper el silencio y emitir una declaración pública, supo este medio. Hoy, al menos, lograron esquivar la polémica y tener que dar explicaciones.

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Lilia Lemoine recibió fuertes críticas tras las declaraciones que brindó en LN+ en apoyo al encuentro que diputados de la Libertad Avanza tuvieron con Alfredo Astiz, condenado por delitos de lesa humanidad, en el Penal de Ezeiza. Ahora, el Presidente de la Nación, Javier Milei, apoyó indirectamente a la diputada con un retweet que repudiaba a los medios que criticaron. 

“Se asustan porque un par de diputados los fueron a ver con el pleno uso de su derecho en funciones, incluso como civiles”, dijo la diputada y agregó: “Fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuenta gota”.

Tanto las declaraciones de Lemoine, como el encuentro, generaron polémica y cuestionamientos por parte del sector opositor, incluso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una mención en un discurso que brindó en México. 

La libertaria publicó un descargo en su cuenta de X acusando a Argenzuela, programa conducido por Jorge Rial en C5N, de querer generar violencia en contra de ella: “Le mienten a la gente para generar violencia hacia mi persona. Mienten sobre mi nombre, como si yo usara un nombre falso”, escribió junto a un recorte del programa. 

“Mienten sobre la visita al penal… Yo no fui. Así como te mienten con esto, ¡te mienten con todo!”, cerró. 

Milei salió en apoyo a la diputada de su partido con un retweet al periodista español Javier Negre, quien cito a la cosplayer y repudió lo dicho en C5N: “Mi apoyo a @Lilialemoine, víctima de una campaña de fake news. Qué machismo más rancio despliegan en ese canal feminista”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno se enfrentaba hoy a una tormenta perfecta en Diputados por la visita de seis de sus legisladores a Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad, pero finalmente la sesión se cayó por falta de quórum. El viaje oficial desde el edificio del Congreso a Ezeiza que protagonizaron hace casi un mes los libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo iba a dominar este miércoles la primera sesión legislativa después del receso de invierno, que tenía en el temario el tratamiento de una serie de reformas en cuestiones de seguridad.

La oposición buscaba avanzar fuerte con la intención de que se constituya una comisión investigadora que eventualmente sancione a los diputados. La expectativa era en si conseguiría los votos, mientras en La Libertad Avanza se preparaba para resistir los embates. La revelación en las últimas horas de la foto del encuentro en la cárcel alimentó más el escándalo.

Finalmente la sesión no se concretó porque no se consiguió el quórum mínimo de 129 legisladores presentes. Se sentaron gran parte de los diputados oficialistas, del PRO y algunos radicales, pero ante la ausencia del grueso del espacio de Miguel Pichetto, la sesión se cayó. A las 13 ya el recinto comenzó a vaciarse, aunque algunos diputados, sobre todo de la Izquierda, hicieron expresiones en minoría en repudio a los libertarios que visitaron a los represores.

El escenario previo era de máxima tensión. La punta de lanza la haría Unión por la Patria y el Frente de Izquierda para pedir una comisión investigadora. Era probable que se sumen en gran parte los radicales y los miembros de Hacemos Coalición Federal, el espacio de Miguel Pichetto. Con el argumento de que “no hay delito”, el PRO apoyará el rechazo libertario, pese a que está de acuerdo en que haya una declaración en repudio.

La oposición necesitaba de tres cuartos de los votos (en total hay 257 legisladores) para que el recinto le habilite abrir esa discusión. Posteriormente, la comisión puede crearse con una mayoría simple. En caso de aprobarse, ese cuerpo especial tiene que ser integrado por cinco miembros que avanzará en investigar el polémico episodio. Lo curioso es que algunos de los libertarios involucrados quieren ser parte de la comisión.

“Será un escándalo, complicada y eterna”, señaló una fuente con fuertes vínculos con LLA en la previa a la sesión. Además de la votación puntual sobre la comisión, se esperaba una larga lista de oradores con cuestiones de privilegios para referirse a la visita de Astiz. 

Para abrir el paraguas, ayer Martín Menem invitó a los jefes de los bloques aliados (PRO, UCR, HCF) a una reunión previa. Allí fue tema central de conversación la foto que publicó DataClave con el encuentro del 11 de julio entre los libertarios y los represores. El escándalo, de hecho, derivó en que se pospusiera en Diputados la votación de los integrantes de la Auditoría General de la Nación por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. No quieren incluir el tema en una sesión que ya tendrá la cancha muy embarrada.

En el despacho del titular de Diputados esperaban que en la sesión haya una contraofensiva: que se hable además de lo que ocurre en Venezuela tras las fraudulentas elecciones y sobre la denuncia de violencia de género sobre Alberto Fernández. “Vamos a aguantar el cero a cero”, metaforearon cerca de Menem. Posterior a esa cumbre en la oficina del riojano, los bloques dialoguistas se encerraron en sus propias reuniones internas para delinear cómo actuarán hoy. No hay un acuerdo definido en si acompañarían al kirchnerismo o solo aceptarían votar una resolución en repudio a los libertarios que fueron a Ezeiza.

“Se que va a ser muy áspero y que se va a conformar la comisión. Voy a tener que hacer tripa y corazón para escuchar todo lo que nos digan”, admitió a elDiarioAR una de las diputadas libertarias involucradas en el escándalo por el encuentro con los genocidas. En los últimos días el grupo de los seis oficialistas se quebró por la estrategia de despegue que iniciaron Bonacci y Arrieta. Argumentaron que Benedit las engañó con la excusa de hacer una “visita humanitaria” a Ezeiza, pero que muy cerca del penal fue cuando contó que iban a ver a los represores. La diputada mendocina llegó a decir públicamente que desconocía quién era Astiz. 

Hasta ahora se mantiene en un sugestivo silencio Benedit, a quien todos señalan como el organizador de la visita. Días atrás el legislador entrerriano se mostró muy ajeno a la polémica por el predio de La Rural de Palermo. Cuando se encontró allí con este medio, se negó rotundamente a hacer declaraciones. Solo dijo que guardará silencio por un tiempo y negó que su visita a Ezeiza haya sido, al menos, polémica. Hay expectativa sobre si este miércoles aparecerá por la Cámara baja y cuáles serán sus gestos. Solo en el grupo de WhatsApp libertario justificó que fueron a ver a “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.

La base legal de la comisión que quiere crear UP es el artículo 188 del reglamento interno, que plantea: “En el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”. Pero son inciertos los alcances o las prerrogativas de investigación política que tendría la comisión. “En la comisión van a entrar a jugar el Poder Ejecutivo y el Judicial, y va a tener que dar explicaciones”, señaló Bonacci.

No está del todo descontado que la UCR y las figuras más progresistas del espacio de Pichetto acompañen el pedido de constituir una comisión investigadora. Es el planteo que ya lanzó Germán Martínez, jefe de UP, hace dos semanas. Menos avales cuenta el proyecto de la diputada peronista Gizela Marziotta, que directamente propuso la expulsión de los libertarios. 

Como dato de color sobre lo transversal que es el repudio a lo hicieron los libertarios está el homenaje que ayer hicieron un grupo de diputadas a las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, dos de las víctimas más emblemáticas de la dictadura secuestradas y torturadas luego de que Alfredo Astiz se infiltrara en las Madres de Plaza de Mayo. Curioso es que fue la libertaria Marcela Pagano la que organizó el envío de una ofrenda floral a 19 años de la identificación de los restos de las religiosas por parte del Equipo de Antropología Forense. Las legisladoras opositoras que se sumaron pertenecían a todo el arco político, desde las peronistas Victoria Tolosa Paz y Cecilia Moreau, a Natalia de la Sota y Margarita Stolbizer (HCF), Cecilia Ibañez (MID, ex LLA) y Karina Banfi (UCR), entre otras.

En el PRO levantaron la presión sobre sus aliados. “No corresponde investigarlos o echarlos porque no hubo delito. Sí puede haber ua declaración de repudio”, aventuraron cerca de Cristian Ritondo. El jefe del espacio amarillo había sido el primero en cuestionarle personalmente a Menem lo que había ocurrido. 

En una reunión con los aliados que el riojano armó en su despacho junto con funcionarios del Ejecutivo días después de que estallara el escándalo, fue Ritondo el que le reclamó al Gobierno que implemente una sanción disciplinaria sobre el grupo de diputados que visitaron a los genocidas. Si bien calificó la visita de “atroz”, el argumento para cuestionarla era que ponía en el centro de las críticas a todo el cuerpo, afectando la investidura de los parlamentarios. 

Desde el oficialismo nunca condenaron la visita per se. La narrativa tanto de la Casa Rosada como de las bancadas parlamentarias es que se trató de una mera “cuestión de índole personal” de los involucrados. Habrá que ver si los libertarios involucrados piden la palabra en medio del recinto o si algún compañero de bancada sale en su defensa. La foto que se conoció ayer alimentó más la tensión de la sesión. 

MC/MG

Alfredo Astiz detrás de todos, casi escondido. Raúl Guglielminetti también, al lado de Carlos Suárez Mason. Al frente Antonio Pernías, compartiendo la primera línea con los diputados libertarios. La foto de la polémica visita de los legisladores de La Libertad Avanza el pasado 11 de julio a condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Ezeiza se conoció hoy, a través de Data Clave.

La imagen da testimonio de ese encuentro de carácter institucional que protagonizaron diputados de Javier Milei, el primero de ese calibre desde el retorno de la democracia. La postal reaviva la polémica porque el Gobierno hasta ahora avaló a sus legisladores al justificar que la visita había sido de “carácter personal”.

El grupo de legisladores fue encabezado por Beltrán Benedit, quien organizó el encuentro y aparece con rostro serio en la imagen. Al diputado por Entre Ríos lo acompañaron sus pares de bancada Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci, la única que no aparece en la imagen porque, según denunció, no quería formar parte de la reunión a la que asistió “engañada” por su compañero de espacio. 

El propio Benedit había sido quien reveló que había postales del polémico encuentro con los genocidas, pero no se había filtrado hasta este martes, justo un día antes de que en la Cámara de Diputados haya una sesión especial donde la oposición pedirá la conformación de una comisión para investigar a los libertarios. Hay quienes en el kirchnerismo ya exigieron la expulsión de los involucrados porque el viaje a Ezeiza fue desde el Congreso y con un vehículo oficial.

La entrevista con los genocidas fue en un salón con ventanas, adornado por un crucifijo y custodiado por una cámara de vigilancia, según se puede ver en la imagen. Allí los legisladores se vieron con Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura. Pero también participaron otros represores, como Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (ex  cabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

De acuerdo a la imagen que difundieron DataClave y el canal C5N, en la imagen fueron identificados de izquierda a derecha, en la línea de atrás, los represores Marcote, Astiz, Britos, Martínez Ruíz, Guglielminetti, Cinto Courtaux, Argüello, Suárez Mason, Cordero, Arráez, Donda y Pernías. Adelante de todo se mostraron los diputados, de izquierda a derecha: Benedit, Arrieta, Araujo, Montenegro y Ferreyra. Es por demás llamativa la expresión de Arrieta, de tapado naranja, que luce con una sonrisa: fue una de las “arrepentidas” por la visita y llegó a declarar que también fue “engañada” y que no sabía quién era, por ejemplo, Astiz.

CRM/MC

La interna dentro del ya convulsionado bloque de diputados de La Libertad Avanza tuvo esta mañana un nuevo capítulo. Esta vez fue Marcela Pagano –en la mira desde que quedó al frente de la Comisión de Juicio Político– quien hizo su propio homenaje a las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, dos de las víctimas más emblemáticas de la dictadura secuestradas y torturadas luego de que Alfredo Astiz se infiltrara en las Madres de Plaza de Mayo.

El ex marino fue uno de los represores condenados por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Ezeiza, a los que visitaron un grupo de diputados de La Libertad Avanza.

A contramano de su bloque, Pagano decidió homenajear las víctimas de Astiz, al cumplirse 19 años de la identificación de los restos de las monja por parte del Equipo de Antropología Forense.

En rigor, el homenaje se iba a realizar esta mañana en el Parque de la Memoria, donde iba a participar el embajador francés Romain Louis Nadal, y estaba organizado por la Cámara de Diputados. Allí, Pagano se sumaría al acto junto con varias diputadas de la oposición como Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Natalia de la Sota y Margarita Stolbizer.

Pero la llovizna persistente arruinó los planes y el acto se suspendió. Sin embargo, Pagano no se privó de hacer su propio homenaje vía redes sociales.

“Hoy diputadas nacionales honramos la memoria de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, identificadas hace 19 años gracias al trabajo incansable del @eaafoficial Se entregaron ofrendas florales en su memoria y las abrazamos como símbolo de la unidad en la lucha por la democracia”, dijo Pagano en X.

Mas sugestivo fue la segunda parte de su publicación: “Tengo la convicción que esta muestra de unidad política en el homenaje a las monjas francesas es el puntapié inicial para que podamos unirnos como argentinos en la construcción y defensa de pilares fundamentales de nuestra Nación”.

Desde que recibió el apoyo para encabezar la comisión de Juicio Político –puesto todavía no reconocido por el titular de la Cámara, Martín Menem–, la ex conductora de televisión sufre el acoso de sus compañeros de bloque. Este posteo seguramente sumará más tensión.