El Gobierno sacará la Subecretaría de Derechos Humanos del predio de la ex ESMA y trasladará la repartición al edificio que ocupó hasta su eliminación el ex Ministerio de la Mujer, en Cochabamba 54 de la Ciudad de Buenos Aires. La mudanza tiene un alto contenido simbólico: se llevaría a cabo en marzo, en medio del 50 aniversario del Golpe de 1976, y es otro eslabón más en la campaña negacionista de la gestión de Javier Milei y su “batalla cultural”.

El martes 24 de marzo se conmemorará el 50º aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar y se prevén actos y marchas en todo el país impulsadas por los organismos de derechos humanos. En ese marco hay expectativa por la ofensiva del Gobierno, que en los últimos dos años lanzó videos cuestionando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos cambió a su titular en diciembre último, cuando el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alberto Baños luego de un fuerte ajuste en el área y de cuestionar en una audiencia en la ONU el número simbólico de los 30.000 desaparacidos. Al frente de esa dependencia quedó Joaquín Mogaburu, un funcionario que aboga por el “perdón” y la “concordia política”.

Según trascendió, en el predio de la ex ESMA, de unas 17 hectáreas, continuarían funcionando el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y entre otros.

El cambio de sede de DDHH coincide con otras acciones negacionistas del Gobierno. La subsecretaría dejó de intervenir como querellante en los últimos juicios que se iniciaron por los crímenes de lesa humanidad, como reveló el diario Página/12. Ya en febrero el Estado dejó de participar en las querellas en el juicio por los crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la entonces -y ahora recreada- SIDE: Automotores Orletti y la Base Pomar.

El traslado de la Secretaría de DDHH profundizará entonces el negacionismo mileísta. El espacio elegido como nueva sede es donde funcionó el Ministerio de la Mujer, creado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, y cerrado por Milei. En febrero esa área también fue degradada a una subsecretaría y se ordenó el desalojo del edificio que se encontraba en obras y con dificultades edilicias.

En 2025 ese mismo edificio -al igual que la Subsecretaría- pasó a la órbita del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona. En 2024 el Poder Ejecutivo había dejado trascender que ese inmueble sería vendido a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), iniciativa que nunca se llevo adelante y quedaría si efecto ahora de confirmarse la mudanza a ese edificio de la subsecretaría.

Con información de agencia NA

MC

El asedio a las políticas de memoria, verdad y justicia fue una constante en dos años de Gobierno de Javier Milei, denuncian los organismos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, los tribunales de toda Argentina mantienen las causas por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1976-1983).

Desde 2006, cuando se reiniciaron los juicios de lesa humanidad hasta este 1 de diciembre, 1.208 personas fueron condenadas, 316 procesadas y 247 resultaron absueltas. Esas cifras son el resultado de las 357 sentencias dictadas desde entonces, de las cuales 19 correspondieron a 2025. Este año fueron condenadas nueve personas y 51 fueron absueltas, según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Aumentan las absoluciones

Las sentencias más llamativas se dictaron en los últimos meses del año. En octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a ocho represores y absolvió a 27 acusados por delitos contra casi 200 personas en el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires. Al mes siguiente, el Tribunal Federal 1 de Rosario (provincia de Santa Fe) absolvió a los 17 acusados en la causa por ocho homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados de la empresa Acindar.

María Ángeles Ramos, fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dice a elDiario.es que el balance es positivo sobre el proceso judicial en un contexto difícil. “Si bien hubo políticas de Estado reduccionistas montadas en cuestiones presupuestarias e ideológicas, la realidad es que no notamos en el análisis estadístico de seguimiento de casos que haya repercutido directamente. Si bien hubo picos de más logros y obtención de sentencias, en líneas generales no se detuvo. El volumen de sentencias se mantuvo estable”.

El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo cerró equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia

Sol Hourcade — Abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Una cuestión a tener en cuenta es que 2025 fue el año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Siempre ha habido más condenados que absueltos. El año pasado, por ejemplo, hubo 20 condenados y 12 absueltos. Al respecto, Ramos afirma: “Todavía no tenemos un diagnóstico de la causa de esas absoluciones porque fueron bastante recientes y los tribunales todavía no nos dieron los fundamentos de esas decisiones, que estarán en febrero o marzo. Esto es algo que vamos a evaluar y a considerar para ver si tiene alguna reminiscencia, digamos, que una pueda sospechar que hay un cambio de interpretación de los estándares jurídicos con los que se venían juzgando los casos. Puede ocurrir que haya un cambio de paradigma”.

Retroceso: recortes y cierre de equipos

En mayo pasado, el Gobierno de Milei decidió degradar la política de derechos humanos: la secretaría especializada en la materia se convirtió en subsecretaría. Se redujo el personal de trabajadores en un 40% y se recortó el presupuesto. Además, se retiraron capacidades estatales en el impulso de los juicios de lesa humanidad y se despidió a los abogados que intervenían como querellantes, lo que dejó a las víctimas prácticamente sin representación en todas las provincias de Argentina.

Asimismo, el Gobierno ultraderechista desmanteló el programa Verdad y Justicia y eliminó los equipos de “relevamiento y análisis” que funcionaban en el Ministerio de Defensa desde 2010 para aportar documentación a las causas. Es el mismo Ejecutivo que presenta una “memoria completa”, concepto que salió del sector militar para contestar a las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos y busca incluir las acciones de las organizaciones armadas, además de las del terrorismo de Estado.

“El programa político que subyace no apunta a 'completar' la memoria existente, sino a cancelarla para imponer una memoria antagónica” advierten en un informe las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta.

Sol Hourcade, abogada del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, indica a elDiario.es que el Ejecutivo ha dejado de buscar pruebas. “El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo que antes se encargaba de buscar pruebas en archivos administrativos estatales, de las fuerzas armadas, de la Secretaría de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad, cerró esos equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia”.

La experta agrega: “Dependemos exclusivamente de las pocas personas que sobrevivieron al genocidio y que en las condiciones en las que fueron secuestradas tuvieron conocimiento limitado de otras víctimas y victimarios. Y aun así han logrado identificar a los responsables. Los aportes de los archivos estatales eran importantes para reconstruir la estructura represiva”.

La mitad de las condenas no son firmes: están pendientes de ser revisadas por instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. De media, la demora es de cuatro años, según la estadística oficial. “No es algo nuevo, se viene reclamando a la Corte Suprema y a Casación, les hemos pedido que tomen medidas para priorizar estas causas y se convoque a la comisión interpoderes para que busquen la forma de agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad”, señala Hourcade.

El 83% de los condenados y 90 % de los procesados permanece en arresto domiciliario. Desde 2016, y sobre todo el último tiempo, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Solo 19 represores purgan sus condenas en cárceles comunes y 62 en la unidad 34 de Campo de Mayo, dentro de la jurisdicción militar, que cuenta con medidas más flexibles.

De acuerdo con las voces expertas consultadas, los juicios avanzan, aunque a un ritmo lento y pese a la falta de apoyo desde el Poder Ejecutivo. Hay 276 causas en instrucción, 12 juicios en desarrollo y 61 casos con elaboración a juicio, en una etapa intermedia. Eso significa que se anticipa un 2026 con una actividad judicial importante.

En tres meses se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en Argentina, un aniversario de fuerte peso simbólico en un país con un Gobierno negacionista que ha buscado socavar el trabajo de décadas de políticas de Estado que buscan arrojar luz sobre los delitos cometidos durante la dictadura militar.

El Ministerio de Salud y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron este sábado un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

Según el texto oficial las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y demostraron su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento, también difundido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

La publicación fue difundida también en la red social X (antes Twitter) por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza pública en el Calendario Nacional y sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.

La convocatoria de grupos negacionistas ligados al Gobierno para el próximo 29 de noviembre a las 16 en Plaza de Mayo para exigir la liberación de represores condenados por lesa humanidad se metió en el final de la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Aunque el Gobierno dio claras señales de avalar la protesta, en las últimas horas desde la cartera de la futura senadora habrían “sugerido” a los organizadores trasladar la manifestación a la Plaza San Martín. El motivo del pedido sería para intentar evitar cruces con una marcha de la izquierda que unirá el Congreso con la Casa Rosada en apoyo a Palestina.

El pedido del Gobierno escaló entre los organizadores de la convocatoria pro-dictadura, al punto que generó una discusión interna en un grupo de WhatsApp, según pudo reconstruir elDiarioAR. Uno de los contrapuntos lo marcó Orlando “Hormiga” González, represor con prisión domiciliaria y hasta hace 48 horas “coordinador” de la actividad. 

A su vez, desde la izquierda confirmaron su convocatoria para las 15 en el Congreso, que tendrá como punto final la Plaza de Mayo con un “pañuelazo” contra los negacionistas. En el marco de una jornada internacional que repudia la avanzada de Israel sobre Palestina, en Buenos Aires la manifestación la organizan el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Catarsis en el chat negacionista

Este lunes feriado el represor “Hormiga” González –condenado en 2017 por haber sido parte del Grupo de Tareas en la ESMA durante la dictadura– rompió con el grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”, a través de un mensaje publicado en la web de ultraderecha “Prisionero en Argentina”. En su texto se quejó porque no se hizo caso a una “recomendación” del Ministerio de Seguridad para cambiar de lugar la manifestación y evitar así encontrarse con la marcha por Palestina. 

“Desde el Ministerio de Seguridad sugirieron el cambio de lugar para el encuentro, el debería (sic) realizarse en la Plaza San Martín. Entonces ‘la quinta columna’ y fanáticos del chat se opusieron, sosteniendo que el evento sí o sí se haría en la Plaza de Mayo, ignorando el peligro potencial que ello representa, y pese a las advertencias los que restan de UPLSD decidieron hacerlo en el sitio original, sin razonar el daño que puede ocasionar esta decisión. Ello produjo un cisma y las ONG que nos apoyaban en forma indirecta retiraron su participación”, escribió el represor.

elDiarioAR accedió a algunos de los cruces del chat, en el que varios de sus miembros ratifican el lugar y hora de la manifestación. “Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios.

Además del “Hormiga” González también forman parte del grupo organizador Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano. Según promocionan, habrá participantes de distintos puntos del país, así como delegaciones extranjeras. 

Desde el grupo negaron la posibilidad de cambiar la sede, pero confiaron que el Ministerio de Seguridad sí fue notificado del acto, así como la Policía de la Ciudad, aunque aclararon que “solo fue un aviso, no se pidió permiso”. Otra versión indica que el pedido para manifestarse en otro lugar se hizo a través de la agrupación Justicia y Concordia, que manejan abogados de represores. Allí destacan Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, y María Laura Olea. Al cierre de esta nota, en Seguridad evitaron responder una consulta al respecto.

“Durante 42 años vivimos arrodillados, callándonos la boca y dejando que nos bastardearan. Ahora cuatro o cinco zurdos de mierda no nos van a venir a imponer si tenemos que ir o no a la plaza. Tenemos que mantener la plaza ahí, sin violencia pero firmes. Si dejamos la plaza y salimos huyendo como ratas nos tenemos que olvidar de todo lo demás, perdimos la guerra”, dice otro de los miembros no identificados del grupo en un audio. 

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro pasaje del audio, evidenciando la relación con la gestión de Javier Milei. Este medio ya reveló que hay aval a la manifestación tanto desde el bloque de LLA como por algunos funcionarios del Ejecutivo. 

El reclamo directo de los negacionistas al Gobierno es que se revean todas las causas de los detenidos por lesa humanidad. En su campaña presidencial, Milei dijo que las Fuerzas Armadas cometieron “un exceso” durante la dictadura y la semana pasada su subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó en el ámbito de la Comisión Interamericana de DDHH la histórica cifra de los 30.000 desaparecidos. 

“Tiene que haber una revisión de todos los juicios”, exige Alfredo Manzur en otro de los audios del chat a los que accedió elDiarioAR. Y agrega: “La Plaza de Mayo es el lugar donde los ciudadanos se expresan, y la plaza no es propiedad de nadie. Aunque sea el único que esté con un megáfono, voy a gritar tanto como me den mis fuerzas: que hay un Dios, un cielo, una esperanza y que debe haber justicia”.

La izquierda, por Palestina

En la izquierda, a su vez, ratificaron la movilizacióon por Palestina. “La del sábado va a ser una convocatoria importante, en el marco de una marcha de carácter internacional”, aseguró Luca Bonfante, del PTS, a elDiarioAR. La fecha conmemora la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1947 que propuso la partición del Mandato Británico en dos estados, uno árabe y uno judío; además, el 29 de noviembre de 2012 la ONU otorgó a Palestina el estatus de Estado observador no miembro.

El dirigente de la Juventud del PTS y secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA aseguró que “la Plaza de Mayo es de las Madres” y señaló: “Dudo que prosperen expresiones negacionistas. Hay que ver si la policía los protege o no. Si van, los quiero ver”. 

La consigna de la protesta es “Contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y Palestina” y expone en sus redes sociales las figuras de Milei, los dictadores Jorge Videl y Roberto Viola, el represor Alfredo Astiz, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La idea de un “pañuelazo” se preparó cuando se supo de la manifestación por los represores. “Es una primera marcada de territorio”, dijo Bonfante. 

MC/MG

El nieto del creador de 'El Eternauta', Martín Oesterheld, afirma que en la Argentina la novela gráfica de su abuelo (Héctor Oesterheld) “se atesora” de padres a hijos, y sobre su secuestro y desaparición en 1977, durante la dictadura militar, envía un mensaje al Gobierno de Javier Milei: “Es muy fácil ser negacionista cuando no perdiste a nadie”.

En una entrevista con EFE para presentar la última reedición de 'El Eternauta' (Planeta Cómic), que recupera la práctica totalidad de los originales respetando el diseño y el estilo del original (editado entre 1957 y 1959), Oesterheld también se refiere a la serie, de la que es consultor artístico, con producción de Netflix y que es un éxito a nivel global.

Y es que 'El Eternauta', dice Oesterheld, es “el relato del sobreviviente de una guerra, y eso siempre abre una referencia política y en Argentina la ha tenido durante muchos años, relacionado sobre todo con el mundo de los desaparecidos”.

En concreto, sobre las desapariciones en su familia (su abuelo y nueve miembros más), Oesterheld insiste en que “el problema” del actual discurso negacionista del Gobierno es la falta de contacto con lo real y con lo histórico: “Lo que buscan es no tener contacto con la historia y ahí pierde sentido la política y la cultura, y se ven amenazados por la cultura”.

Una historia de culto, también en las escuelas

La novela original arranca en un noche bonaerense de 1957, cuando cuatro amigos escuchan en la radio mientras juegan a las cartas que material radiactivo de una prueba nuclear en el Océano Pacífico sería arrastrado por el viento hacia Sudamérica.

Es una historia clásica de ciencia ficción creada por los argentinos Héctor Oesterheld y Francisco Solano. Ahora se reedita siguiendo las directrices de los herederos del creador con el fin de optimizar la calidad visual y la continuidad gráfica.

Oesterheld subraya el prestigio de la obra en el mundo de la narrativa y del cómic y cada vez es mayor el interés por esta historia que tiene dos hemisferios: libro y serie, “dos cosas complementarias, pero diferentes”.

De hecho y desde hace unos años se lee y se enseña en las escuelas secundarias.

Oesterheld explica que todas esas ideas de “resistencia colectiva” se fueron extendiendo por el país y “son hoy abrazadas por toda la cultura argentina, es un motivo de orgullo”.

Las familias se juntan para ver la serie

El productor y conductor creativo de la serie subraya como 'El Eternauta' ha pasado de generación en generación: “Para ver la serie se juntaban familias enteras, necesitaban compartir lo que significaba ese clásico argentino, una de las obras más importantes para el mundo hispanoamericano”.

“Esto abre comentarios intrageneraciones y eso es muy importante. 'El Eternauta' se atesora en las bibliotecas, pasa de abuelos a nietos, de padres a hijos. Esta obra te acompaña en el tiempo y tienes toda una vida para reinterpretar sus múltiples visiones, por eso es un clásico”, señala.

“Lo que sucedió con 'El Eternauta' en Argentina excede a lo cultural. Los dos momentos traumáticos de Argentina son la dictadura de los años 70 y la guerra de las Malvinas, y eso en la serie está representado en el personaje de Juan Salvo”, comenta.

La novela gráfica fue nominada a tres Premios Eisner en Estados Unidos y ganadora del Premio Eisner a Mejor colección o proyecto de archivo de tiras de prensa.

Iniciamente fue editada en Argentina como serie semanal de 106 entregas entre 1957 a 1959, dentro de la revista Hora Cero.

EFE.

IG

El lunes 14 de abril, en uno de los pasillos del Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Vicente D. Abramo” Nº 35 de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, apareció pegada una hoja escrita a mano. No estaba en una cartelera ni en el sector de avisos: alguien la había colocado con cinta, a la altura de los ojos, sobre una pared junto a las aulas donde se dictan clases de Historia y Formación Ética. El mensaje, redactado con letra clara y prolija, no dejaba lugar a dudas: era una amenaza explícita de muerte, con referencias directas al terrorismo de Estado.

“Ingresantes: no se dejen dejen llevar por los zurdos del Instituto, estos son amigos de [Axel] Kicillof, de Cristina [Fernández de Kirchner], y de todos los kukas del país. A los kukas no les importa La República, solo quieren beneficios y/o privilegios. La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno o traer algunos Ford Falcon Verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos Patria. Es una promesa”.

Cabe recordar que los Ford Falcon verdes están íntimamente asociados con el terrorismo de Estado en Argentina, son el símbolo del secuestro y la desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983). Estos autos, modelo Falcon de tipo sedán, pintados verde oliva u oscuro, eran comúnmente utilizados por grupos de tareas del aparato represivo. Se movían sin identificación oficial, para secuestrar personas en la vía pública o en sus propios domicilios. No se identificaban como fuerzas del Estado y actuaban de modo clandestino.

El mismo lunes 14, docentes y estudiantes del instituto denunciaron públicamente el hecho. Transcurrida una semana, la dirección del instituto aún no se ha pronunciado. “Los directivos están obligados a hacer una denuncia. Ni siquiera sacaron un comunicado de repudio, pretenden tapar todo”, señalaron a elDiarioAR desde el sector docente del establecimiento.

A su vez, destacan que la nota apareció a pocos días del último 24 de marzo, nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, y a diez días de una masiva jornada pública de debate sobre dicho tema, realizada el sábado 3 de abril.

El historiador Luis Brunetto, que es profesor en el Instituto desde 2007, en diálogo con elDiarioAR, sostuvo que “estos hechos no pueden separarse del discurso fascista contra los 'zurdos' que deliberadamente propaga el gobierno negacionista de Milei y [su vicepresidenta, Victoria] Villarruel, y del clima que crea [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich para legitimar que las fuerzas de seguridad disparen contra periodistas o apaleen jubilados miércoles tras miércoles”.

Y agregó: “No podemos quedarnos cruzados de brazos ni minimizar estos hechos, hay que pararlos antes que sea tarde. El año pasado hubo un hecho similar cuando un alumno irrumpió al grito de 'zurdos aborteros' en una Jornada de Educación Sexual Integral (ESI), y supuestamente se tomaron 'medidas pedagógicas', ahora pasa esto y la dirección del instituto ni siquiera se pronunció públicamente. Por eso estamos impulsando un pronunciamiento que ya lleva centenares de firmas de una comunidad educativa que es muy numerosa, porque el instituto es muy grande”.

Por otro lado Emanuel Denett, vicepresidente del Centro, también declara: “Ya nos reunimos con las autoridades del instituto, que se niegan a hacer la denuncia judicial de los hechos que están obligadas a hacer porque hay amenazas de muerte, un delito de acción pública. El miércoles hicimos una asamblea, el lunes a la mañana hay una sentada en la puerta del instituto que organizan les estudiantes de la carrera de Educación Especial y a las 13hs vamos a hacer una nueva asamblea para organizar un plan de acción. Llamamos a las comunidades educativas de todos los institutos y universidades, a los sindicatos docentes y a todo el movimiento obrero a pronunciarse. Al fascismo hay que pararlo antes de que sea tarde”.

Estudiantes y docentes del instituto publicarán en los próximos días una declaración de repudio que ya cuenta con cientos de firmas. El establecimiento educativo de Monte Grande tiene edificio propio, tres turnos y más de 2.000 alumnos.

Una cuadrilla de Vialidad Nacional, que en la provincia de Santa Cruz depende de Paulo Croppi y Raúl Bórquez desde mayo de 2024, demolió este martes un monumento creado por el escultor Miguel Jerónimo Villalba con la imagen del escritor Osvaldo Bayer y la frase “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, que estaba ubicado desde el 24 de marzo de 2023 en la entrada por la Ruta Nacional 3 a la ciudad de Río Gallegos.

La medida llevada a cabo por la administración libertaria el día después de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 que instaló la dictadura cívico-militar en la Argentina hasta 1983 y en medio de múltiples discursos negacionistas de funcionarios de la gestión de Javier Milei, generó múltiples reacciones en redes sociales. En tanto, Pablo Grasso, el intendente peronista de Río Gallegos, ya anunció que van a restituirlo: “Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se ve cómo los empleados de Vialidad, con una excavadora y martillos neumáticos, tiraron abajo la obra que representaba un homenaje al autor que registró en “La Patagonia rebelde”, que recrea el fusilamiento de los obreros del campo patagónico en 1921-22 a manos del Ejército Argentino después de que un grupo de trabajadores sindicalizados que lideraban una huelga fueran perseguidos, torturados y deportados por pedir mejoras en sus condiciones laborales.

Al respecto, Alicia Kirchner, senador ´por Santa Cruz y exgobernadora de la provincia patagónica, expresó en redes sociales, sobre la demolición de la obra: “Aunque quieran imponer el silencio, la memoria se multiplica. Vialidad arrasó con el monumento a Osvaldo Bayer, historiador de la Patagonia Rebelde. No podrán borrar la memoria de los 1500 peones fusilados ni de los 30.000”.

En tanto, la Secretaría Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz hizo público su rechazo a la destrucción de la obra del artista Miguel Jerónimo Villalba que personal de Vialidad Nacional realizó en el ingreso a la ciudad de Río Gallegos. “Nuestra tarea es que la memoria de Osvaldo Bayer y toda su obra persista a través del tiempo”, afirma en un comunicado.

Tras conocerse que Vialidad Nacional derribó el monumento en homenaje al historiador Osvaldo Bayer emplazado en el ingreso de la capital provincial, la Secretaría de Estado de Cultura emitió un comunicado en el que repudia la destrucción de este monumento y resaltó la figura del escritor. “Osvaldo Bayer, historiador riguroso, mantuvo viva la lucha de la Huelga Obrera y Patagónica en la memoria colectiva” comienza el comunicado publicado en redes sociales de Cultura Santa Cruz.

Y añade: “Destruir su monumento es mucho más que dañar una escultura, es intentar silenciar la historia intrínseca que corre en las venas santacruceñas, y nos trae al presente valores y dignidad; es desconocer la riqueza de la diversidad de opiniones; es retroceder en materia de derechos humanos”.

Finalmente, remarca: “La construcción simbólica se consolida de generación en generación; y es nuestra tarea que la memoria de Osvaldo Bayer y toda su obra persista a través del tiempo”.

Asimismo, la dependencia provincial destacó que Osvaldo Bayer “eligió a Santa Cruz como refugio, como raíz y como horizonte. Fue a estas tierras donde volvió luego del exilio, para reencontrarse con los paisajes y con las luchas que marcaron su vida y su obra. Fue en estos paisajes que sembró memoria, con la firmeza de su palabra y la ternura de su compromiso con la historia y los pueblos del sur”.

Y agregan: “Destruir su monumento es negar las huelgas obreras, los fusilamientos en la estepa, los relatos a los que Osvaldo le dedicó su vida para reconstruir, párrafo a párrafo, una de las historias más tristes de la Patagonia. Bayer no solo investigó Santa Cruz: la quiso con el alma. 'Que sigan allí –decía–, que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos sigan allí, sigan metidos en esa tierra preciosa que yo quiero tanto'. Esa conexión profunda es también parte de lo que hoy se intenta borrar”.

“Es por eso, que desde la Secretaría de Estado de Cultura y la Secretaría de Igualdad e Integración exigimos la restitución inmediata del monumento retirado arbitrariamente, y su reubicación con el respeto que merece quien iluminó una de las páginas más silenciadas de nuestra historia. La memoria histórica es un pilar de nuestra identidad como santacruceños y patagónicos”, concluye la comunicación oficial.

Qué dijo el autor de la escultura

El escultor y artista plástico Miguel Jerónimo Villalba, autor del monumento homenaje a Osvaldo Bayer, expresó su enérgico repudio hacia la remoción de la obra que realizó en 2023, la cual rendía homenaje al escritor y periodista que dedicó su vida a esclarecer los eventos de la Patagonia Rebelde, especialmente los sucedidos en la provincia de Santa Cruz, de acuerdo a lo que informa El Patagónico. 

Villalba emitió una carta pública en la que calificó de “violentas” las acciones del actual gobierno nacional, que retiró el monumento ubicado a la vera de la Ruta 3, en la altura de Güer Aike. 

En su misiva, Villalba lamentó profundamente lo sucedido y afirmó: “En virtud de los lamentables acontecimientos sucedidos en el día de hoy por parte de Vialidad Nacional, y como artista creador de la obra 'monumento a Osvaldo Bayer' realizada en el año 2023 para la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, hago un repudio total a las acciones violentas por parte del actual gobierno Nacional, quien destruyó el monumento a nuestro gran escritor y periodista Osvaldo Bayer, quien dedicó toda una vida a esclarecer una parte trascendental de la historia de la Patagonia y especialmente de la provincia de Santa Cruz”. 

El escultor no dudó en acusar al gobierno nacional de un intento deliberado de destruir la historia de la región y de los derechos relacionados con su conocimiento y memoria. “El gobierno Nacional quiere destruir nuestra historia y nuestros derechos por conocerla y recordarla. Este accionar absolutamente repudiable y violento realizado justo un día después del 24 de marzo, Día de la Memoria, solamente deslegitima y desprestigia moralmente a quienes actualmente tienen a cargo llevar adelante los destinos de nuestra Nación”, expresó Villalba, quien también destacó la contradicción de la acción con la fecha elegida, recordando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un día emblemático en la lucha contra la impunidad. 

El autor de la obra resaltó que el monumento formaba parte de un arduo proceso de reivindicación de las “Huelgas del 21”, llevado adelante por la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión de la Memoria de la provincia de Santa Cruz, y que su remoción representaba un ataque directo a la memoria histórica de la región. 

Por último, Villalba exigió la restitución y restauración inmediata de la obra, y, en caso de no ser así, solicitó a Vialidad Nacional, a través de su jefe en el distrito 23 de Santa Cruz, Ing. Paulo Croppi, la devolución del monumento. “En caso de no restituir y restaurar la obra exijo a Vialidad Nacional Ing. Paulo Croppi jefe del 23º distrito Santa Cruz, la devolución de la misma”, concluyó el artista en las declaraciones que recoge El Patagónico. 

El legado de Bayer

Osvaldo Bayer nació el 18 de febrero de 1927 en Santa Fe y murió a los 91 años el 24 de diciembre de 2018. Descendiente de alemanes, realizó sus estudios en Historia, entre 1952 y 1956, en la Universidad de Hamburgo y, de vuelta en la Argentina, se dedicó a la investigación, al periodismo y a la escritura de guiones cinematográficos, de acuerdo a la semblanza que está aún publicada en la página de la Secretaría de Cultura. 

Fue un intelectual anarquista comprometido con las luchas de los obreros y de los pueblos originarios. Su principal investigación fue sobre los hechos acontecidos en Santa Cruz entre 1920 y 1921, conocidos en su obra Los vengadores de la Patagonia trágica (base del guion de la película de 1974, La Patagonia Rebelde), cuando 1.500 obreros y líderes sindicales fueron reprimidos y fusilados por orden del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Los obreros estaban realizando una huelga contra los estancieros y terratenientes locales. Toda la investigación, que le llevó 10 años, resulta en un libro de cuatro tomos al que tituló Los vengadores de la Patagonia trágica. 

En octubre de 2020, a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos declaró como monumento histórico nacional la antigua comisaría de Puerto San Julián, Santa Cruz, donde estuvieron detenidos los huelguistas. Se evitó así la demolición total de este histórico edificio. En una entrevista que concedió a Radio Nacional Calafate, Esteban Bayer, periodista e hijo del gran escritor, señaló que la Comisión de Monumentos “acertó en la celeridad para parar la demolición”. 

La decisión presidencial habilita también la construcción de un museo que, en palabras de Esteban, permita “entender lo que pasó hace 100 años”. Sostiene que “hoy podemos aprender muchísimo de esa historia porque hay situaciones que siguen vigentes” y que, “como siempre, después de conocer la verdad y mantener la memoria, lo que esperamos es que se haga justicia”.

Fiel a su ideología, el historiador apoyó y defendió luchas obreras como en el caso de la entonces Zanon, actual Fábrica Sin Patrones (FaSinPat), o Madygraf. Ambas empresas lograron transformarse en cooperativas gracias a la incesante lucha de los trabajadores y trabajadoras. 

Bayer, periodista crítico y referente de las organizaciones de derechos humanos, tuvo una estrecha relación con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, impulsando la lucha contra la impunidad de los genocidas. Además, y en la misma línea, formó parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras.

La asociación más conocida entre el periodista y el cine es el filme La Patagonia rebelde (1974). El guion, escrito por Bayer junto a Héctor Olivera y Fernando Ayala, está basado en el libro Los vengadores de la Patagonia trágica. Se narra la masacre y represión ejercidas sobre los obreros patagónicos que habían decidido sindicalizarse ante las injustas condiciones de trabajo a las que estaban sometidos.

La película ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1974 y fue prohibida el 12 de octubre de 1974 durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón y al poco tiempo la mayoría de los actores y realizadores debieron exiliar. Bayer se fue a Alemania. En Argentina, la película pudo volver a exhibirse con la vuelta de la democracia en 1984.

Otra película para destacar es Awka Liwen, un documental con guion y libro cinematográfico de Bayer, Mariano Aiello y Kristina Hille, con dirección de Aiello y Hille estrenado en 2010. Es un documental sobre las matanzas contra los pueblos originarios en Argentina, con la consiguiente expulsión de sus tierras y la actual discriminación contra ellos y sus descendientes.

También Simón, hijo del pueblo: otro documental inspirado en los estudios que Bayer realizó sobre Simón Radowitzky, escrito y dirigido por Rolando Goldman y Julián Troksberg. En este caso, el periodista no sólo colaboró en la escritura del guión sino que también aparece frente a cámara. Allí se cuenta la historia de Radowitzky, que en noviembre de 1909 había puesto una bomba en el carruaje que llevaba al coronel Ramón Falcón, jefe de la Policía Federal. Meses antes, el 1 de mayo, Falcón había dirigido la represión a caballo contra manifestantes que pedían una jornada laboral de ocho horas y que terminó con cuatro muertos y cuarenta y cinco heridos.

En Ángel, la diva y yo (1999), Bayer participó como actor en un papel de escritor; en el cortometraje Importar la Revolución (2007) hizo la voz en off.

Como guionista, se pueden mencionar las películas Fútbol argentino (1990) y Sin querer (1996); y La amiga (1989), como colaborador en el guion.

Además, escribió textos para los films Cuarentena (1983); Juan, como si nada hubiera sucedido (1987); Jaime de Nevares, último viaje (1995), Botín de guerra (2000) y Abuelas (2020). Y también el argumento de La maffia (1972).

Su participación en el cine lo tuvo también como entrevistado en numerosas películas, entre ellas, Soriano (1998), P4R+ Operación Walsh (1999), Harto The Borges (2000), Los cuentos del timonel (2001), Cortázar: apuntes para un documental (2002), Mate Cosido, el bandolero fantasma (2003), La palabra empeñada (2010), Incayal, la negación de nuestra identidad (2012), Osvaldo Bayer, “La livertá” (2014), S.C. Recortes de prensa (2014), A vuelo de pajarito (2014), El sombrero de Greca (en producción).

Bayer y su relación con la prensa

Su primer trabajo fue como reportero de sucesos de Noticias gráficas. Luego, pasó a la sección de noticias laborales del mismo periódico. Dos años más tarde, aceptó un trabajo como editor de Esquel, en la provincia de Chubut. Allí, en 1958, fundó junto a Juan Carlos Chayep La chispa, un periódico del que circularon sólo ocho números. Él decía que era el “primer periódico independiente de la Patagonia”. El lema era: “Contra el latifundio, contra la injusticia y contra el hambre”.

En la primera edición de La chispa se publicaron notas de investigación que explicaban el despojo de las tierras del Cushamen mediante tretas comerciales en las que estaban implicadas comerciantes y políticos locales. Tierras que hoy sigue reclamando la comunidad mapuche a su nuevo dueño, Benetton, y que en febrero de 2017 terminó con una salvaje represión de la gendarmería contra los integrantes de esa comunidad.

En 1959, presionado por las patrullas de la policía urbana de Esquel y con cuatro hijos, necesitaba un trabajo estable por lo que volvió a Buenos Aires. Un excolega de Noticias gráficas le ofreció un trabajo en Clarín. Bayer trabajaría en ese diario durante los siguientes quince años: fue secretario de redacción y realizó la primera huelga en la historia de la redacción del diario. En aquellos años, trabajando entre doce y catorce horas al día, compuso la mayor parte de las páginas del periódico anarquista La protesta.

De 1959 a 1962 fue secretario general del Sindicato de Prensa.

Años después, por el libro Los vengadores de la patagonia trágica y su filme, fue perseguido y en 1975 se vio obligado a abandonar el país. Vivió en el exilio, en Berlín, hasta su regreso a Buenos Aires, en 1983.

Sin empleo durante un tiempo, Bayer encontró finalmente un nuevo espacio en Página/12, fundado en 1987 por su amigo Osvaldo Soriano, escritor y periodista que también había huido a Alemania durante la última dictadura cívico-militar argentina. Con un lugar estable durante los siguientes 25 años en Página/12, recuperó su lugar entre los más importantes intelectuales públicos argentinos del siglo XX. Allí escribió las muy recordadas contratapas, siempre con la misma impronta de lucha a favor de las causas populares, de los trabajadores y las trabajadoras. 

Con información de agencias.

IG

A horas de recordarse en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y de una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo encabezada por Abuelas y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz propuso cerrar el Museo de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y difundió en sus redes sociales el video con el Gobierno reivindicó “la memoria completa” y criticó “la teoría del demonio único”.

Según expresó el legislador santafesino, el Museo Sitio de la Memoria que se encuentra en el predio donde funcionó un centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar “divide a los Argentinos, nos impregna de odio y pasado”. 

En lugar del centro de Memoria y Derechos Humanos, Chumpitaz pidió montar “un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”.

“¿Sabías que el predio de la ex ESMA ocupa más de 17 hectáreas en una de las zonas más estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires? Proponemos que la Legislatura porteña ceda ese espacio a las FFAA y a los Bomberos, con el objetivo de que sea utilizado para la capacitación”, indicó el diputado, que sus redes sociales se describe como “empresario argentino y ex jugador de rugby profesional”.

Para justificar su propuesta, el rosarino señaló que “en lugares como Bahía Blanca, cuando se inundó, las Fuerzas Armadas y los Bomberos fueron fundamentales para rescatar y asistir a los vecinos”. 

“Transporte, logística, estrategias, tácticas operacionales, administración de recursos deberían ser algunas de las especialidades”, puntualizó el diputado del PRO.

En tanto, este martes, en una entrevista con Radio con Vos, el legislador insistió en “no olvidar el pasado pero empezar a mirar el futuro, cosa que no estamos haciendo”. Para Chumpitaz, “tenemos que empezar a ver la memoria completa para que haya una justicia veradera y empezar a cerrar esa grieta profunda, unir a los argentinos y para eso, hay que dejar atrás el pasado”. Y agregó: “La Argentina no niega las atrocidades que hizo el Gobierno militar, pero sí niega lo que sucedió con el terrorismo subversivo. No escucho hablar del ERP y de los Montoneros, es más, escucho que los reivindican y que eran jóvenes idealistas”.

Para Chumpitaz, “tenemos que saber la verdad completa y saber cuántos son los desaparecidos exactos, no son 30.000. Inventaron ese número. Por eso el Gobierno tomó la decisión de desclasificar los archivos. Hay que saber la verdad, sino es un relato”, cerró.

Durante el acto central en Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, las organizaciones sociales expresaron, a través de un documento, que el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, “pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel”, señaló el texto cerca de su final.

El Gobierno nacional difundió a las cero horas del 24 de marzo un video institucional por el Día de la Memoria con la voz y el texto del polítologo y referente mileísta Agustín Laje. En el mensaje, la administración de Javier Milei reitera sus argumentos que van en contra las políticas de derechos humanos que permitieron encarcelar a miles de genocidas y postula la fecha del feriado como “24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia Completa”. Así se titula el video, que aparenta condenar a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar pero los equipara con los actos de violencia de organizaciones armadas.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional difundió a las cero horas del 24 de marzo un video institucional por el Día de la Memoria con la voz y el texto del polítologo y referente mileísta Agustín Laje. En el mensaje, la administración de Javier Milei reitera sus argumentos que van en contra las políticas de derechos humanos que permitieron encarcelar a miles de genocidas y postula la fecha del feriado como “24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia Completa”. Así se titula el video, que aparenta condenar a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar pero los equipara con los actos de violencia de organizaciones armadas.

La pieza audiovisual fue producida por el equipo de comunicación de la Casa Rosada –a cargo del cineasta oficial Santiago Oria– y guionada por Laje, referente de la “nueva derecha”, y presidente de la Fundación Faro, el think tank que impulsa la llamada “batalla cultural” del oficialismo. Apenas fue publicado, el Presidente lo compartió en su cuenta de X.

En el contenido, se reitera una visión que ya había generado polémica en 2024: señalar que la violencia política previa y posterior al golpe del 24 de marzo de 1976 es equiparable a la cometida por los genocidas.

“Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica, con fines partidarios, ideológicos y económicos”, empieza de manera autorreferencial Laje.

En la misma línea, amplía: “Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI, conoció la teoría del demonio único”.

Según el asesor de Milei, la historia que les contaban en la escuela era que “el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos”. Y que él que por sí mismo tuvo que darse cuenta que esa no era toda la historia.

“Los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los años 70–sigue Laje–. Para ello han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas.”

También, sostuvo que “se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976″ y la actuación de la Triple AAA, la organización paramilitar, vinculada al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Y apeló a la sentencia del Juicio a las Juntas de 1985, para afirmar que las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos, entre 1969 y 1979.

En otro pasaje del video, aseguró que por conveniencia de las organizaciones que querían “instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza asimilable a la Cuba castrista”, la sociedad conoció una memoria a medias, que no daba cuenta del verdadero estado de guerra revolucionaria que atravesaba la Argentina en los años 70. “No está bien inventar cifras con propósitos efectistas”, planteó además.

En el tramo final, remarcó: “Las generaciones que no vivimos los años 70. Queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Además, queremos hacerlo en libertad. No aceptamos ninguna clase de censura, no le reconocemos validez a ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política”.

 “Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad. Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa”, concluyó.

También Nicolás Márquez, abogado y conferencista mileísta, que junto con Laje ha sido punta de lanza del oficialismo para dar la “batalla cultural” posteó en sus redes cuestionamientos a la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura y la foto de una mulltitud vitoreando a Rafael Videla durante la guerra de Malvinas.

En la misma línea, el diputado Bertie Benegas Lynch dijo a Radio Mitre que a 49 años del golpe militar de 1976 “es una buena oportunidad para recordar a otras víctimas: a las víctimas de terrorismo que fueron olvidadas”. Y responsabilizó al Kirchnerismo de “adoctrinar” a los menores: “En estos últimos años, el kirchnerismo se dedicó a tomar la educación pública y el adoctrinamiento de una verdad tuerta y falsa en donde no se puede negar el horror de los desaparecidos, pero se olvidaron de más de mil asesinatos de terrorismo”.

“Es un buen momento para recordar que hemos estado fondeado terroristas que tienen becas para tomar sol en Barcelona, toda esta cuestión reparatoria ha sido un fraude. Los mismos familiares de las víctimas escupieron en tumbas de desaparecidos y usaron esa noble causa para hacer guita y fondearse”, acusó.

MP

Milo J fue el primer músico censurado en la ex-ESMA desde que el centro clandestino de tortura y desaparición emblema de la última dictadura fue declarado Espacio de Memoria y Derechos Humanos hace exactamente veinte años. Aunque el gobierno de Mauricio Macri se había atrevido a bajar, por ejemplo, la obra “María Feminista” –que mostraba una virgen con pañuelo verde– de la exposición en el Centro Cultural Haroldo Conti en 2019, esta vez la gestión de Javier Milei fue más allá en su negacionismo. Con 18 años y oriundo del conurbano (más precisamente de Morón), Camilo Joaquín Villarruel quedó este miércoles en el foco de la miopía libertaria sobre lo que pasó en los setenta. 

El oficialismo parece que no soportó que un artista que integra su votante promedio –hombre, menor de 35– flamee la bandera del Nunca Más. De fuerte compromiso social, Milo J causó revuelo cuando en julio del año pasado visitó la ex-Mansión Seré. “Hoy está de moda estar en contra”, dijo en su momento, luego de reivindicar el legado de las Madres de Plaza de Mayo y mostrarse con un buzo de H.I.J.O.S.

Ayer Milo J se despachó directamente contra Milei porque la Justicia hizo lugar a un amparo presentado a contrarreloj por el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, y que tiene en su órbita la Secretaría de DDHH, que encabeza Alberto Baños: “Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta”. Fue tal vez su freestyle más punzante, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, cuando ya le habían bajado el show y un importante cordón policial retenía el paso de sus fans en la puerta del predio de Av. Libertador. Muchos de sus seguidores habían viajado desde otras provincias y algunos hasta hicieron fila en la puerta varias de las últimas noches de lluvia.

El show de Milo J era gratuito (con entradas asignadas previamente) y se iba a realizar en el corazón de la ex-ESMA: en la llamada Plaza de la Declaración Internacional de los DDHH, un gran espacio en el centro del predio, ubicado a las puertas de la sede de la secretaría de Baños. La denuncia judicial revela ahí una curiosidad: el Gobierno se refirió al espacio como “Patio de Armas”, tal cual el nombre que tenía el lugar bajo el mando de los militares, donde en su momento llegó a ser utilizado por helicópteros.

“Ojo, porque esto ya pasó”, advirtió la madre de Milo J, Aldana Ríos –que a su vez es su manager–, en una conferencia de prensa al caer la tarde junto a representantes de organismos de derechos humanos. Denunciaron censura abiertamente. La contraofensiva libertaria no tardó en aparecer, pero solo en el mundo virtual: tuiteros de Milei festejaron la suspensión del show y hasta hubo pedidos de que la ex-ESMA vuelva a ser de la Armada. “En las redes se puede decir cualquier cosa”, fue la defensa del oficialismo que recogió este medio.

La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a la cautelar que presentó el Gobierno porque el evento supuestamente no contaba con “la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Según la denuncia judicial, no había conocimiento del show ni de Nación ni de Ciudad –como partes del ente público que gestiona el espacio de memoria, junto con los organismos–, aunque las actividades en la ex-ESMA son públicas e históricamente se han hecho con un esquema con cierta libertad de acción, según supo elDiarioAR. 

“Básicamente es un lugar público y limitaron el carácter público de la ex-ESMA. Mientras dicen por escrito que los motivos son los papeles, en realidad salen a decir que es un hecho político”, se quejó una fuente que conoce al detalle el funcionamiento del predio. De hecho, en enero hubo un festival a metros de la plaza seca, frente a la sede del Haroldo Conti, en solidaridad con los trabajadores despedidos por la gestión Baños-Cúneo Libarona y no hubo inconvenientes. Pero por Milo J sí. 

“La verdad hasta ayer no lo conocía”, se despachó entre sus interlocutores el secretario Baños, a partir de la sorpresa que se habría encontrado el martes con los movimientos para la instalación del escenario en el predio. “El día 11 de febrero del presente, personal de la custodia, le informó acerca de la realización de algunas obras que se estaban realizando en el mencionado Patio de Armas, que ‘por sus envergaduras llamaron la atención (sic)’, hecho que fue constatado por el titular de la Secretaría referida, en oportunidad de constituirse en el lugar y observar ‘un despliegue de personal, ajeno a esta Secretaría, destinado al armado de andamios, torres y escenario de gran porte que, prácticamente cubren un 50% del mencionado Patio (...) acompañado con equipos de iluminación y sonido que sobrepasan la altura de los edificios circundantes, impidiendo la circulación peatonal y automotriz’”, se lee en el pedido del amparo.

“El cuestionamiento no es al artista sino a la ilegalidad del acto”, fue otro de los comentarios que salieron desde el despacho de Baños. Según la presentación judicial, en la ex-ESMA no se podría hacer el show porque el espacio tiene como finalidad específica “la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”. “Toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes”, indica el expediente. Contrariamente, las políticas de memoria vienen siendo sistemáticamente atacadas por el Gobierno, que ajustó en las últimas semanas áreas claves al respecto, como el Archivo de la Memoria, o el vaciamiento de otros ex-centros clandestinos, como Virrey Ceballos, también la Capital Federal.

En otro apartado de la cautelar se lee como argumento oficial para impedir el recital: “El lugar no cuenta con las dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos, vehículos de seguridad y no se conoce cuál podría ser el programa de evacuación ante acontecimiento eventuales que puedan poner en riesgo a las personas”. Y agrega: “Tampoco está garantizada la protección de los bienes del Estado ante una posible vandalización (...) no hay posibilidad de control policial por las características propias del lugar y por la cantidad de gente que puede asistir”.

El recital de Milo J se iba a dar en conjunto a una feria de la UTEP, el gremio de la economía popular vinculada al peronismo-kirchnerismo. El artista tenía pensado presentar su álbum “166 (DELUXE) retirada”, que ayer mismo se publicó en Spotify, donde su perfil verificado tiene más de 15 millones de oyentes mensuales. Anoche exactamente a las 21 Milo J estrenó en YouTube el video de su canción “BUEN DIA PORTACION DE ROSTRO” y en dos horas ya había alcanzado más de 120 mil visualizaciones.

Un alcance que podría amplificarse aún más tras la censura por parte del Gobierno. Y podría volverse un búmeran para Milei, un producto de las redes. El video de Milo J denunciando al Presidente se reprodujo solo en su cuenta de Instagram hasta anoche 168 mil “me gusta”.

MC

No hay que ir muy lejos a buscar ejemplos. Esta misma semana, el Center for Countering Digital Hate publicó un informe que denuncia que solo diez cuentas de X especializadas en difundir basura ultra generaron 19 millones de euros en publicidad. Además, en la memoria de todos está el periodista norteamericano Alex Jones, que ingresaba unos 80 millones de dólares anuales con Infowars, una web especializada en ‘versiones alternativas’ y suplementos vitamínicos para hacer más llevadera la masculinidad tóxica de sus lectores. El que siembra vientos, cosecha tempestades, pero en las redes —y más con el tick azul— se suele forrar.

La conspiración puede tener varias encarnaciones, desde una forma de relacionarse a una visión del mundo, pasando por un negocio. A veces es muchas cosas a la vez pero, sobre todo, un negocio. Hay múltiples formas de analizar cómo funciona la caja registradora conspiranoica, y una de ellas es recurrir a uno de sus productos estrella: el antisemitismo (no confundir con algo tan noble como el antisionismo), cuyos cientos de ramificaciones hacen que casi exista una teoría para cada paladar.

El antisemitismo no es solo un mercado, es la suma de miles de micromercados, lo que explica la ingente cantidad de variantes que se pueden encontrar. Un contexto así implica un marco general que todos comparten, pero también la existencia casi inagotable de variantes, en las que las referencias a la competencia se maceran con aportaciones originales. De ahí nace un nuevo caladero que monetizar y al que la competencia todavía no haya llegado. Un maestro en la materia fue el británico David Icke, que montó su emporio editorial convirtiendo de facto a los judíos en lagartos alienígenas para evitar acusaciones de antisemistismo.

Pero de todas las versiones del antisemitismo galáctico, una de las más fructíferas —por lo original— fue la del historiador alemán Christof Friedrich, quién llegó a una curiosa conclusión que le resultaría muy rentable: los ovnis eran naves alemanas desarrolladas durante la II Guerra Mundial. Si la contienda se hubiera extendido unos meses más, afirmaba, estas wunderwaffen hubieran dado la victoria al III Reich.

El origen del bulo

La idea de que los platillos volantes fueron desarrollados por el Tercer Reich, no era nueva pero se hizo popular en 1974, cuando Friedrich publicó UFOs: Nazi Secret Weapon?, al que dos años después se sumó Germany’s Antarctic Claim: Secret Nazi Polar Expeditions. El momento era propicio pues entonces los estudios más serios sobre el III Reich pasaban de puntillas sobre la relación del régimen con el ocultismo, así que la versión dominante seguía siendo la que expusieron Jacques Bergier con Louis Pauwels en El retorno de los brujos (1954). Una aproximación llena de exageraciones y errores, pero también pionera.

En realidad, a Friedrich le preocupaba poco la sociedad Thule y su esoterismo, o los delirios ocultistas de Himmler y la Ahnenerbe. Lo que le interesaba era la cuestión aparentemente técnica y ajena a cualquier postulado ideológico: ¿huyó Hitler en un platillo volante a Nueva Suabia (en la Antártida), donde contaba con una base secreta desde la que intentó poner en marcha el IV Reich? La respuesta —o su libro no hubiera sido un auténtico best seller— era que sí. 

Lo que hoy suena como un auténtico disparate —y lo es—en los años 70 tenía otra melodía. Los americanos habían estado repatriando en secreto a científicos alemanes hasta principios de los años 60 en la llamada Operación Paperclip (los rusos, con la Operación Osoaviakhim). La tecnología alemana tenía una excelente reputación, así que la posibilidad de que hubiera desarrollado aviones con forma de ovni tampoco era descabellada. Después de todo, habían fabricado el primer caza a reacción (el Messerschmitt Me 262) o las míticas alas Horten. De hecho, los canadienses habían intentado sin éxito seguir sus pasos con el Avrocar, un disco volador, basándose en tecnología germana. Que Hitler hubiera conseguido huir (como Eichmann, Mengele y otros miles) también entraba dentro de lo posible.

El gran logro de Friedrich fue convertir su obra en la más vendida de la pequeña editorial Samisdat, que se dedicaba a ofrecer todo tipo de libros y memorabilia nazi, y convertirla en el kilómetro cero de negacionismo. En cada pedido que enviaba por correo de UFOs: Nazi Secret Weapon?, la editorial incluía en el sobre un catálogo con toda suerte de productos relacionados con el III Reich. El señuelo perfecto para sumar tarados a la causa.

Nazis extraterrestres en Arizona

El dueño de Samisdat era un tal Ernst Zündel (1939-2017), quién, ¡oh sorpresa!, era el verdadero nombre de Christof Friedrich. La idea de ocultarse tras un alias no carecía de lógica: Zündel era bastante conocido en Canadá por sus diatribas anti-inmigración (siendo él inmigrante alemán). Más tarde, fundó la asociación Concerned Parents of German Descent, para protestar por la mala imagen que daba de los nazis la miniserie Holocausto. Un loco de manual, pero también un peligro público.

Lo que no es tradición es plagio, y en el caso de Zündel lo suyo era plagio. Para crear su pequeño micromercado, se inspiró en Rienhold O. Schmidt quien, a los pocos meses de salir de un sanatorio mental, topó, durante un viaje por Arizona, con una especie de dirigible cuya tripulación estaba compuesta por alemanes extraterrestres. En el segundo de sus encuentros, lo llevaron a una base nazi en el Círculo Ártico, conectada por un túnel con la gran pirámide, donde guardaban una sandalia de Jesús, quien, por cierto, también era extraterrestre. Lo último que se supo de él es que, en 1961, acabó en la cárcel por estafa, tras poner en marcha un negocio de venta de piedras que curaban el cáncer. Un joven Carl Sagan acudió como testigo de la acusación.

Zündel, por su parte, tomó lo poco aprovechable del relato de Schmidt y otros libros de la época más sensatos como Hitler no murió en el bunker (1947), del argentino Ladislado Szabó, y los convirtió en UFOs: Nazi Secret Weapon?. A esos sumó los testimonios de Giuseppe Belluzo —exministro de Economía de Mussolini—, el supuesto oficial de la Luftwaffe Rudolf Schriever, o el exespía alemán Rudolf Lusar. Todos ellos afirmaban haber visto las instalaciones en las que se construyeron los ovnis nazis e incluso haber asistido a algún vuelo de prueba. También tomó algo de Viktor Schauberberg, un austriaco que había trabajado para las SS y aseguraba que los alemanes habían conseguido crear motores que funcionaban con antigravedad. La idea era siempre la misma: vender ideología neonazi disfrazada de divulgación sobre los avances de la ciencia y la tecnología alemana.

La conspiración es muchas cosas, ya se sabe, entre ellas un negocio. La originalidad de Zündel fue utilizar los platillos volantes como coartada para difundir sus pestilentes postulados. En sus dos libros, Hitler aparece como un benefactor de la Humanidad, alguien que quiere evitar que los sionistas se adueñen del mundo y que, en realidad, no era antisemita. Todo lo que hizo el fallido pintor, según el ufólogo, era haber actuado haciéndose la siguiente pregunta antes de tomar cualquier decisión: “¿Cómo reaccionaría si fuera un judío intentando conquistar el mundo?” y, acto seguido actuar para evitarlo. Puro altruismo. Y todo, Zündel lo aderezó con unos documentos que él mismo —experto en fotografía— se encargó de falsificar. No faltaba ni un mapa con todas las fábricas de ovnis que habían funcionado durante el III Reich.

Pero toda la palabrería pronazi de sus obras queda en segundo plano, y ese fue el acierto de Zündel: aparentar que hablaba de ovnis para, como reconoció, sus libros disfrutaran de “promoción gratuita en radio y televisión para exponer otros temas políticamente incorrectos a una audiencia más amplia (...). Los libros también tuvieron un importante papel político gracias a los mensajes escondidos e imposibles de comunicar de otra manera, como el programa del partido Nacional Socialista o el análisis de Hitler de la cuestión judía”. Ni siquiera se escondía.

La prensa acrítica le hizo la campaña y, con el dinero que ganó, financió algunas de las biblias neonazis de los años 70 (y que aún se publican en ediciones piratas) como El Hitler al que amamos y por qué, que firmó él mismo, La mentira de Auschwitz (Thies Christophersen, 1973), o ¿De verdad murieron seis millones? (Richard Verrall, 1974). Así, por extraño que parezca, el negacionismo del holocausto —cuyos efectos todavía siguen vivos— se financió en parte con un montón de marcianas. Literalmente. Y dado que el que cree en una conspiración es más susceptible de creer en otras, a saber cuántos lectores ganó para la causa.

La jugada, al final, le salió regular. En Canadá tuvo varios juicios de los que fue absuelto, pero fue extraditado a Alemania donde pasó cinco años en la cárcel. Poco para lo que se merecía, y más teniendo en cuenta que él mismo fanfarroneó hasta el final alardeando de que fueron las ventas de su libro lo que le permitió pagar a los abogados y contar con una pequeña fuente de ingresos hasta que cumplió 77 años, cuando tuvo el detalle de morir de un infarto en 2017. Pero lo peor fue la legión de imitadores que han asumido su narrativa para pasar el plato y rascar algunas monedas con el cuento de los ovnis nazis.

Zündel en España

Más allá del submundo de los rapaos, las teorías de Zündel apenas encontraron hueco en España hasta enero de 2018. RTVE quiso hacerle la competencia a Cuarto Milenio y encargó a Gestmusic un especial titulado Enigmas. Historias Inexplicables presentado por Javier Sierra. El conocido misteriodista empezó la emisión con una cita de Albert Einstein, prueba inequívoca de que ambos genios sintonizan la misma frecuencia. Los datos no fueron malos (14% de share y más de un millón de espectadores) pero, por increíble que parezca, por una vez la televisión pública dejó pasar la oportunidad de gastar dinero público en difundir pseudociencias. Aquel especial no tuvo continuidad.

El programa una sucesión de segmentos que disparaban a todo lo que se movía: la reencarnación, el espiritismo, un médium pintor, las profecías truchas Nostradamus, una señora a la que se le aparecía la virgen y le regalaba movidas, una tarotista que encuentra niños, poltergeists… En medio de tan elevados contenidos —que sin duda hubieran hecho las delicias del padre de la Teoría de la Relatividad Especial—, Sierra tuvo tiempo para referir —sin citarlo— los disparates de Zündel.

¿Se pude acusar a Sierra de ser cómplice del juego de Zündel / Friedrich? Que el presunto periodista no comulga con este tipo de ideas es evidente. No hay absolutamente nada en su trayectoria que haga pensar que siente la menor simpatía por ese tipo de ideas. Pero lo que es innegable es que, en 2008, cuando aireó tan pintorescas teorías, la historia de los ovnis-nazis ideada por el negacionista canadiense era de sobra conocida. Hay que ser muy ingenuo para conceder que él no lo supiera. Lo que ocurrió es que, probablemente, le dio igual. La conspiración vende, sabía que la historia iba a gustar y la contó con el mismo rigor que ha demostrado a lo largo de su luenga carrera: ninguno.

En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe recién publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

Bajo el título “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, el documento refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en decisiones cotidianas de gobierno. “Pero hay más que eso −señala el informe−. Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Uno de los temas más preocupantes es la postura oficial frente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Actualmente hay 642 presos por esos crímenes, de los cuales casi el 80% cumple arresto domiciliario. Un repaso por las declaraciones y gestos de distintos funcionarios en los últimos meses exhibe el alineamiento gubernamental con las agrupaciones promilitares que abogan por la liberación de los represores y cómplices. Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990 decretados por Carlos Menem, al igual que el procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra. La vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a buscar una “solución jurídica” para los condenados. A eso se sumaron las visitas de enviados del Ministerio de Defensa a la cárcel de Campo de Mayo; y de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.

En materia de investigación histórica y judicial, el gobierno desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y que durante años había sido un insumo clave para la búsqueda de pruebas jurídicas. En la misma línea, cerró la mesa de trabajo sobre documentos de inteligencia vinculada a la represión ilegal que funcionaba en la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia; y mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, el principal acervo del país con documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

En Argentina ya se identificaron 814 sitios que sirvieron como lugares de detención, tortura y/o desaparición durante la dictadura, muchos de los cuales funcionan hoy como espacios de memoria o museos. Desde que asumió Milei, estos sitios fueron desfinanciados en todo el país y el Gobierno despidió a la mitad de los trabajadores de los espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. No sólo se interrumpieron las obras de infraestructura sino también las excavaciones arqueológicas, algunas de ellas para buscar restos de desaparecidos, y las tareas de conservación de espacios que aún hoy son prueba judicial. Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los funcionarios más entusiastas de la línea oficial, avaló un acto reivindicatorio de marinos retirados en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en el que celebraron “haber hecho historia en la ESMA usurpada”.

Otro de los asuntos que tienen en vilo a los organismos de derechos humanos es la actitud oficial frente a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos que fueron apropiados. Se estima que unas 300 personas, hoy adultas, aún no conocen su verdadera identidad. El Gobierno habilitó por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada hace 20 años para indagar en instancias prejudiciales sobre los casos de chicos sustraídos a sus padres. Por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad comenzaron a negar la entrega de legajos de sus agentes a la Conadi en el marco de los expedientes por apropiaciones.

Uno de los blancos preferidos de la avanzada libertaria son las reparaciones patrimoniales a víctimas de la dictadura, que el oficialismo identifica −al igual que lo había hecho Mauricio Macri− como el “curro de los derechos humanos” pese a que conforman una obligación asumida por el Estado argentino frente a organismos internacionales y que tienen fuerza de ley. Además de haber echado a los trabajadores del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei ordenó una auditoría de todos los pedidos de reparaciones y suspendió discrecionalmente los pagos hasta nuevo aviso.

El informe del CELS y Memoria Abierta concluye que las decisiones tomadas en los últimos siete meses abrieron un camino que será complejo desandar en el futuro, incluso cuando acabe este ciclo político. “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”.

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En el corazón de la Casa x la Identidad, en el predio de la ex Esma, se custodia un tesoro invaluable: el Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Con más de 2.000 unidades documentales, este archivo contiene información crucial: aquella que permite reconstruir la historia del activismo desplegado por las abuelas para encontrar a los más de 500 niños y niñas desaparecidos durante la última dictadura militar. 

En sus más de 40 años de historia, Abuelas de Plaza de Mayo ha recopilado notas de prensa, publicaciones, cartas y documentación relacionadas con su militancia por los derechos humanos. Además, en 1998 creó el Archivo Biográfico Familiar, que ofrece a cada nieto o nieta, en el momento de la restitución de su identidad, la oportunidad de conocer la historia de sus padres desaparecidos mediante fotografías, cartas, objetos y testimonios de sus amigos y familiares. Se trata de información sensible e íntima que, ante el recambio generacional y las amenazas presentadas por la actual coyuntura política, despierta nuevos debates y preocupaciones. ¿Cómo se preserva este  archivo único en el mundo? ¿Cómo se gestiona el acceso a la  información que alberga? ¿Con qué fondos y recursos se digitaliza y se protege este material? 

Para poner en valor este archivo y garantizar su adecuada preservación, en 2020 se realizó un acuerdo entre Abuelas de Plaza de Mayo y Conicet, con la coordinación de la historiadora Isabella Cosse y la antropóloga Carla Villalta. El pasado 10 de julio, se presentaron los resultados de tres años de trabajo, en los que se contribuyó a jerarquizar sus documentos, contextualizarlos, organizarlos y abrir el debate respecto del acceso y usos en el presente y futuro de este acervo documental. 

Mario Pecheny, doctor en Ciencias Políticas y miembro del directorio del Conicet, explicó: “Los archivos no solo nos remiten al pasado, también tienen un carácter performativo en el presente: producen preguntas y preocupaciones por la generación que viene y las que todavía no están, ¿qué uso harán de este archivo? ¿Cómo aporta a la transmisión de nuestra memoria?”. 

Una de las cuestiones más delicadas que presenta el Archivo Biográfico Familiar es el cuidado de la información confidencial y privada que contiene. Se trata de un archivo de recuerdos, con testimonios orales de amigos y familiares de las personas desaparecidas, fotografías que transmiten emociones y contribuyen a los procesos de reconstrucción de identidad. Cada caja que espera su destinatario fue creada para ese nieto o nieta que las abuelas buscan incansablemente. Puede ser pensado como la contracara de otro gran hito de la colaboración entre la ciencia y Abuelas, el Banco de Datos Genéticos. Mientras uno resguarda la información genética que permite establecer los vínculos biológicos entre las personas que tienen dudas sobre su identidad y los familiares que las buscan, el otro aporta a conocer las historias y recomponer los lazos que el poder dictatorial intentó borrar.

Hasta el presente, el acceso al Archivo Biográfico Familiar es exclusivo para los nietos restituidos. Sin embargo, a partir de unas jornadas realizadas en 2023 en las que participaron más de 100 archivistas, investigadores y estudiantes, se comenzó a debatir la posibilidad de su apertura para otro tipo de consultas. “Se trata de un acervo de enorme riqueza y propusimos una reflexión en torno a otros usos que puede tener este archivo, o algunos de sus documentos. Por ejemplo, para el arte, como la obra de teatro La Memoria Futura, que hicieron Luciana Mastromauro y Eugenia Pérez Tomas a partir de las voces de las abuelas. Desde las ciencias sociales, aportamos a pensar el archivo no sólo como una fuente de la cual extraer datos, sino comprenderlo como algo vivo que se va modelando con las operaciones del presente”, explicó Carla Villalta, antropóloga, investigadora de Conicet y una de las coordinadoras del convenio.  

En el momento de su restitución, cada nieto o nieta recibe en una caja el archivo biográfico familiar de sus padres desaparecidos. Los testimonios coinciden en el enorme valor emocional que tiene recibir dicho material durante ese delicado proceso. “Recibí mi caja en el 2015, cuando todavía tenía muy fresca la noticia de mi identidad. Para mí, fue un elemento muy importante para reconstruir la historia de mis padres, diferentes momentos de su vida, su infancia y su militancia”, contó a elDiarioAR Jorge Castro Rubel, nacido en la ESMA en junio de 1977, hijo de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro. “Lo esperaba con ansiedad y llegó en un momento en que estaba en pleno descubrimiento, era como una esponja –siguió–. Me permitió recuperar las voces de quienes ya no estaban con vida para contarme sus recuerdos. Además, como papá, sé que el archivo queda en nuestra familia para el día de mañana responder también nuevas preguntas que puedan tener mis hijos”.

Ante el avance de discursos no solo negacionistas, sino reivindicativos de los crímenes de la última dictadura militar, el archivo de Abuelas cobra aún más importancia. Como explica la historiadora Cosse, “este un archivo que ha cumplido una función crucial en la búsqueda y restitución de los nietos, pero también tiene una gran importancia para el conocimiento histórico de la violación de los derechos humanos y las luchas de los organismos”. “A su vez, aporta a la transmisión intergeneracional de la memoria sobre el pasado, y creemos que tiene un papel aún más central hacia el futuro. En este momento es clave defender la importancia de los archivos y su papel en la cultura democrática. El hecho de que se puedan mostrar los documentos, los objetos, los vestigios materiales de ese pasado, tiene muchísimo valor”, agrega.

La preocupación por los archivos de la historia reciente ha cobrado actualidad en los últimos meses. Recientemente, los organismos de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas y fue despedida una gran parte del personal civil del Ministerio de Defensa que trabajaba en esas tareas. Además, ante rumores de un decreto que busca quitarle facultades de investigación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), el juez federal Ernesto Kreplak ordenó esta semana la preservación de toda la documentación de ese organismo. 

Al indagar por los desafíos en la preservación del archivo de Abuelas, Carla Villalta explicó: “El riesgo hoy es la falta de recursos financieros. Estamos en un contexto no solo de repliegue del apoyo estatal, sino también de los apoyos internacionales. Por eso, Abuelas ha abierto una campaña de donaciones. La principal amenaza hoy a este archivo es la falta de financiamiento para sostenerlo”. 

Archivos como el de Abuelas nos interpelan sobre el legado que buscamos dejar a las generaciones siguientes, como resguardos de la memoria más allá de las disputas del presente y como testigos de una cultura democrática en permanente construcción. 

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Por tercer año consecutivo, unas 200 personas que defienden la llamada “memoria completa” sobre los años 70 se movilizaron este sábado para pedir que se cambie el nombre de la estación Rodolfo Walsh del subte porteño. Los manifestantes se reunieron en la esquina de la estación, en las avenidas San Juan y Entre Ríos, a pocos metros de donde Walsh fue baleado y secuestrado por un grupo de tareas en 1977. Con permiso de la Policía de la Ciudad, taparon el nombre de Walsh con impresiones del mismo color y tipografía que decían “Víctimas del terrorismo”. Les sacaron fotos para las redes sociales y luego las descolgaron.

Con la presencia en bajo perfil de referentes negacionistas como Cecilia Pando y Juan José Gómez Centurión, después marcharon algunas cuadras hasta el edificio donde funcionaba la Coordinación Federal de la Policía Federal, rebautizada durante la dictadura como Superintendencia de Seguridad Federal. El martes pasado fue el aniversario del atentado de Montoneros contra ese edificio, el 2 de julio de 1976, que dejó 24 muertos, casi todos policías, y más de cien heridos. Dentro de Coordinación Federal operaba uno de los principales centros clandestinos de detención de la Policía Federal. El edificio sigue funcionando actualmente como dependencia policial. 

Desde 2022, la fecha convoca en la estación Rodolfo Walsh a grupos que se oponen a los juicios a represores, y que afirman que Walsh habría sido el “ideólogo” del atentado. La marcha de ayer, convocada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Familiares y Amigos De Víctimas del Terrorismo de Argentina (AfaVitA) y el Centro de Estudios Cruz del Sur, avanzó por un carril de la avenida Entre Ríos con carteles que denunciaban al escritor y periodista como “asesino”. También había pancartas contra el autor material del atentado, José María Salgado, un joven militante de Montoneros que revistaba infiltrado en la Policía. Salgado fue quien ingresó el explosivo que voló el comedor de Coordinación Federal. El martes pasado, día del aniversario, la Policía homenajeó por primera vez a los muertos y heridos en su edificio y colocó una placa recordatoria, con la presencia en el acto de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La teoría de que Walsh participó en el atentado a Coordinación Federal circula desde la posdictadura, pero nunca fue más que una acusación sin pruebas. No se conocen testimonios o documentos que lo involucren directamente en el ataque. Pese a la falta de evidencias, algunos actores repiten la cantinela desde hace décadas. El que la llevó más lejos fue el comisario retirado Hugo Biazzo, herido en el atentado, quien presentó en 2006 una denuncia penal contra varios ex montoneros, entre ellos Walsh, a los que acusó por el hecho. Asistido por Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado de represores, Biazzo sostuvo que el atentado calificaba como un “delito de lesa humanidad”.

La denuncia era tan poco seria que ni siquiera acertaba el nombre del autor material, José María Salgado, a quien llamaba Juan Carlos. Con respecto a Walsh, la única fuente citada por Biazzo es un libro de 1985, Confesiones de un montonero, del periodista tucumano Eugenio Méndez, basado en el testimonio de un miembro de Montoneros que el autor obtuvo de algún modo que no explica. El hecho de que Méndez no revelara la fuente, sumado a su cercanía con el general Antonio Bussi, causaron sospechas de que las “confesiones” del militante, posiblemente arrancadas bajo tortura, podrían haberle llegado a través de los servicios de inteligencia militares.

Méndez dedicó apenas un párrafo al atentado en Coordinación Federal. Lo menciona al pasar e introduce una nota al pie sin relación con el hilo del libro y tan descontextualizada que ni siquiera menciona a Salgado, la persona a la que alude: “Tuvo una reunión con su Responsable, el oficial Esteban (Rodolfo Walsh), que lo había infiltrado en la Policía Federal para dar información. Deciden colocar la bomba el 4/6/1976. Se posterga porque en la Policía lo dan de baja. Esteban le indica que no devuelva la chapa. Ingresa a la Superintendencia con paquetes tentativos. No lo controlan. Considera que el comedor es el lugar apropiado. La bomba se la entrega Esteban, y el Monra le indica cómo hacerla detonar, que va a tener 20 minutos para escapar. El 2/7/76 ingresa y la coloca, cubriéndola con su sobretodo. Se retira. Cambia de vehículo en Loria y Rivadavia, encontrándose con Esteban que le manifiesta: ‘El operativo salió perfecto’”.

En un paréntesis, Méndez agrega la supuesta fuente: “Ver causa ‘Desaparición y muerte del ex agente José María Salgado’, montonero, capturado por los G.T. y llevado a la ESMA y luego entregado a la Policía Federal, donde murió el 4/12/76. Juzgado Federal Nº 3”. Más allá de la dudosa nomenclatura para una causa judicial, Salgado no murió el 4 de diciembre de 1976 sino el 2 de junio de 1977, cuando la policía lo fusiló junto a otros dos militantes e hizo pasar el asesinato por un enfrentamiento, después de haberlo torturado y mutilado. Difícilmente un juzgado federal cometería un error de fechas tan básico. Tampoco se entiende por qué una investigación sobre la muerte de Salgado ahondaría en el ataque a Coordinación Federal, y menos aun en el estilo del párrafo de Méndez, donde se nombra a militantes por sus alias. No sólo resulta inverosímil la cita a la causa –elDiarioAR contactó al Juzgado Federal Nº 3 para pedirla, pero no figura en su archivo– sino que tampoco se dice a quién pertenece el supuesto testimonio citado por el periodista. Una vez más, no aparece nadie con nombre y apellido que involucre a Walsh.

Pero el párrafo de Méndez se sigue citando hasta hoy. El comisario Biazzo fue el primero en hacerlo. En 2006, su denuncia penal fue rechazada por la jueza federal María Servini de Cubría. La decisión de Servini fue luego avalada por la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, bajo la doctrina de que los ataques de las organizaciones armadas de los años setenta no configuran crímenes contra la humanidad y por lo tanto son prescriptibles. El ataque a Coordinación Federal no fue “un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional”, señaló la Cámara Federal, y agregó que no se debe “confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no–, con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada”.

Incluso un juez de Casación que no consideró prescripto el hecho advirtió que no existían “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha” contra los acusados. Y eso es así porque, en el momento de los hechos, las autoridades militares no iniciaron ninguna investigación oficial sobre el atentado. Ante la denuncia de Biazzo, la Justicia pidió desarchivar el expediente original, pero las tres fuerzas armadas, la Policía Federal y todos los juzgados federales de la Capital Federal respondieron que en la época no hubo ninguna actuación por el ataque. Las fuerzas represivas lo vengaron por mano propia. 

A fines de 2021, el caso volvió a activarse cuando varias asociaciones contrarias a los juicios de lesa humanidad a militares le presentaron un recurso a Servini para que reabriera la causa impulsada por Biazzo. Los demandantes fueron asistidos por Ricardo Saint Gean, hijo del gobernador bonaerense de la dictadura Ibérico Saint Gean, y María Laura Olea, ambos abogados de represores. Servini rechazó el pedido pero, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, anuló la respuesta de la jueza y le exigió que la argumentara mejor. En septiembre de 2023, Servini falló por tercera vez que no hay investigación jurídicamente viable. En el largo trámite de la causa, tres jueces de Cámara, dos jueces de Casación y cinco jueces de la Corte Suprema votaron en línea con Servini. Bruglia, Bertuzzi y Llorens fueron los únicos en otra sintonía.

Pero el fallo de los tres camaristas de la Sala I no fue un grito solitario. Un par de meses antes, la editorial Sudamericana publicó el libro Masacre en el comedor, del periodista Ceferino Reato. Su autor lo presentó en la Legislatura porteña junto a Villarruel. Desde su publicación, el libro de Reato se convirtió en una especie de biblia para los grupos que militan la causa de Coordinación Federal. En la marcha de este sábado, varios ejemplares circulaban entre sus asistentes. Aunque Reato no asistió a la manifestación –tampoco Villarruel–, los oradores del acto frente al edificio policial citaron su libro en los discursos. “Si quedaba alguna duda, el libro de Reato demostró todo y causó un verdadero impacto”, dijo a este medio Emilio Hardoy, miembro de Justicia y Concordia, quien se encargó del megáfono mientras avanzaban por Entre Ríos.

Masacre en el comedor plantea como hipótesis que Rodolfo Walsh fue el “ideólogo” del atentado a Coordinación Federal. Aunque la acusación existe desde hace cuatro décadas, Reato la jerarquiza y la convierte en el gancho de su trabajo. Sin embargo, el libro no aporta ningún testimonio o documento que involucre a Walsh en el ataque. No hay ninguna novedad periodística al respecto. De hecho, lo único que cita Reato como supuesta evidencia concreta de la participación de Walsh es el viejo libro de Eugenio Méndez. Por lo demás, Masacre en el comedor es una gran conjetura, basada en dos elementos conocidos desde hace años: que Walsh fue una pieza clave del Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros; y que tenía un vínculo cercano con José María Salgado, tanto a nivel militante como personal.

El libro de Reato omite que, para julio de 1976, la relación de Walsh con la Conducción Nacional de Montoneros estaba deteriorada. Sus críticas se centraban en la deriva militarista de la organización: Walsh pensaba que hacía falta más política y menos “fierros”. El atentado a Coordinación Federal era el tipo de acción cuya efectividad cuestionaba. En agosto de 1976, Walsh escribió su primer documento crítico a la Conducción, en el que, entre otras cosas, advertía que “la ejecución indiscriminada de policías veda toda forma de acción política interna” e iba en contra del interés de la organización en infiltrar agentes en las fuerzas de seguridad. Reato cita la opinión de Walsh, escrita un mes después del atentado a Coordinación Federal, pero la atribuye a un repentino sentimiento de “autocrítica”.

Reato escribe que, después del atentado, Walsh le habría dicho a su mujer Lilia Ferreyra: “Lilia, ocupate de él [Salgado]. Es muy joven y va a necesitar ayuda. Mató a mucha gente y eso le puede hacer mal; se puede creer Dios”. El autor cita como fuente al periodista Sergio Bufano, quien a su vez asegura que el tema “le fue comentado” por Ferreyra. Aun si la frase fuera cierta, estaría lejos de apuntar a Walsh como “ideólogo” del ataque; más bien lo muestra preocupado por sus consecuencias.

elDiarioAR consultó a Segundo Carafi, miembro de Cruz del Sur y uno de los organizadores de la manifestación, sobre la falta de evidencias acerca de la supuesta participación de Walsh.

–Es muy difícil probar si estuvo involucrado, porque eran un ejército, tenían su inteligencia. Tampoco es una cosa que vos decís: “Lo vi dando clases para poner una bomba”.

–¿Pero no hace falta evidencia concreta para marchar con una pancarta que dice “Walsh ideólogo de la masacre”?

–Eso tiene todo el sentido porque era el número dos de inteligencia de Montoneros. Incluso hasta por deducción sería muy raro que no haya participado.

–Es una conjetura.

–Hay algunas pruebas. Después te las voy a buscar.

En marzo de este año, la legisladora porteña Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, ingresó un proyecto de ley para retirar el nombre de Walsh de la estación de subte y que vuelva a ser Entre Ríos. Las agrupaciones promilitares van por más: quieren que se llame “Víctimas del terrorismo”.

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La era de los colapsos localizados ha comenzado, escribimos hace muy poco tiempo en este diario. No es ninguna buena noticia, aun si creo ineludible el punto de partida para poder pensar y abrir a otros horizontes de futuro. Por eso hoy quisiera volver sobre el colapso ecológico y sus rostros actuales; porque el colapso está entre nosotros, sin que eso signifique que el planeta se acabará de un día para el otro o en el corto plazo, en una suerte de black out o apagón energético generalizado. Sin dudas, la crisis energética afectará severamente a nuestros países y nuestras vidas, pero ésta es de mediano plazo, si bien algunos países -Cuba, Ecuador, Venezuela y numerosos estados de Africa, entre otros-, por diversas razones, ya están siendo afectados por cortes generales de energía, con las consecuencias que todo ello conlleva. 

Hecha esta primera aclaración, en el “mientras tanto”, somos cada vez más conscientes de lo que significa la aceleración de la crisis climática en los territorios. Ahora, hoy, en el corto plazo, como seres humanos que atravesamos estos nuevos tiempos del Antropoceno/Capitaloceno Postpandémico, vemos con claridad que sufriremos cada vez más los embates letales de los colapsos localizados, producidos por eventos extremos catastróficos (e incluso por cadenas de eventos extremos que se refuerzan entre sí) tales como las fuertes lluvias, inundaciones, sequias, incendios, tornados, fuertes vientos, olas de calor y/o de frío, entre otros.

Y lo que sucede ahora en Rio Grande do Sul es una ilustración tremenda y devastadora de un colapso localizado, sin duda; lo cual debe ayudarnos a pensar y preguntarnos a conciencia acerca de cuáles pueden ser nuestras respuestas como sociedad ante los desastres climáticos. En esta línea, me gustaría avanzar algunas ideas, que nos ayuden a comprender el desafío que afrontamos y nos sitúen en un plano no solo local, sino también multiescalar, porque después de todo, la crisis climática es global pero tiene decididos impactos locales.

La visualización trágica y letal que proporciona Rio Grande do Sul sobre los colapsos localizados nos muestra cómo estos pueden amplificarse y adoptar la gran escala. Para el caso de Brasil, no se trata solo de una gran ciudad colapsada (Porto Alegre), sino de unos 497 municipios afectados. Al día de hoy se contabilizan más de 163 fallecidos; más de 80 personas sin localizar; más de 640.000 personas que se han visto obligadas a dejar sus casas, incluidas 65.000 que están refugiadas en escuelas y gimnasios. La destrucción no solo continúa -porque la lluvia ha vuelto- sino que es inconmensurable, incontable y para millones de personas que lo han perdido todo o casi todo, ya nada volverá a ser como antes. Son, de ahora en más, vidas dañadas.

En términos alimentarios, las pérdidas son enormes y pueden afectar la soberanía alimentaria del gran país vecino. “Rio Grande do Sul aporta 12,6% del PIB agrícola de la nación, de acuerdo con Bradesco. Casi 70% del arroz y 13% de los productos lácteos de Brasil provienen de ese estado, según un informe de la corporación estadounidense S&P Global divulgado el 13 de mayo” dice un artículo reciente de AP. En términos económicos, grandes y pequeños productores rurales, numerosas empresas -desde automotrices, con sus maquinarias, hasta la industria cárnica- se han visto afectadas. La reconstrucción será lenta y requerirá toda la colaboración entre gobiernos regionales y el gobierno nacional, a cargo del presidente Lula da Silva.

En términos geopolíticos, no cabe duda de que lo sucedido en Rio Grande do Sul está ligado a la crisis climática, y debería colocar en el ojo de la tormenta la cuestión de la deuda climática o ecológica

Es aquí donde resulta oportuno y al mismo tiempo complejo, preguntarse sobre las responsabilidades políticas y geopolíticas de este desastre. Primero: en términos geopolíticos, no cabe duda de que lo sucedido en Rio Grande do Sul está ligado a la crisis climática, y debería colocar en el ojo de la tormenta la cuestión de la deuda climática o ecológica, que los países del Norte global tienen para con el Sur global. Verdad de perogrullo, no sólo los países del Norte y sus empresas petroleras –Estados Unidos, Europa-, potencias emergentes como China, hoy principal emisora de Co2 en el mundo y Rusia, potencia primario-exportadora (pónganla en la categoría geopolítica que mejor le corresponda), son los grandes contaminadores de nuestra atmósfera. No solo han generado las condiciones de la crisis climática actual, tal cual la conocemos hoy, sino que se han venido desresponsabilizando de modo sistemático en el plano internacional de la deuda ecológica que vienen arrastrando para con los países más pobres y periféricos, que además de no ser los responsables de la contaminación, son los que más padecen hoy los múltiples impactos del cambio climático, bajo la forma de los eventos extremos. Por caso, la región latinoamericana, es responsable solo del 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y Africa apenas roza el 3%.

Para completar las vueltas del modelo imperial de la deuda ecológica, resulta ser que son los países centrales los que luego deciden los “préstamos” y “ayudas” y sus modalidades de implementación, a través de organismos internacionales, a los países del sur, afectados por colapsos localizados, para intentar reconstruir sus sociedades y economías siempre “vulnerables”, engrosando así la odiosa deuda externa. Así, al calor de la crisis climática, el círculo perverso entre deuda ecológica y deuda externa entra en una suerte de reproducción ampliada.

Primera conclusión, entonces: en la era de los colapsos ambientales localizados, la deuda ecológica y la deuda externa requieren de modo urgente ser revisitadas con nuevas propuestas internacionalistas desde el Sur global. Es necesario cortar este nudo gordiano antes de que sea demasiado tarde. Ni siquiera estamos hablando todavía de la transición socioecológica, sino de la adaptación a la crisis climática. Y no hay posibilidad alguna de pensar en respuestas efectivas y a gran escala a la crisis climática desde la periferia global, si no es incorporando la deuda climática y externa en el centro de nuestras agendas públicas.

La deforestación de la Amazonia combinada con el cambio climático global tiene consecuencias muy devastadoras

Segundo. Cabe preguntarse también, ¿son acaso nuestros países completamente inocentes frente a la gravedad de los colapsos localizados, asociados a la desesperante crisis climática? Arrastramos una larga historia de extractivismo, producto de nuestra inserción en el sistema de división internacional del trabajo. Mucho hemos escrito sobre esto. Como sostienen F. Cantamutto y M. Schoor, esto ha dado origen a un “mandato exportador” que fuerza a nuestras economías a convertirse en exportadora de commodities o productos primarios. No obstante, como decían los buenos dependentistas en los años 70, la dependencia tiene un “afuera” (dominación externa) pero también un “adentro” (elites cómplices y un sistema de relaciones de poder -políticas y económicas- acorde a ello).

La deforestación de la Amazonia combinada con el cambio climático global tiene consecuencias muy devastadoras. Asimismo, a nivel regional, los cambios en el uso del suelo y la expansión de la frontera del agronegocios es uno de los grandes responsables del desastre. Entre 1985 y 2022, Rio Grande do Sul, uno de los centros de la actividad sojera del país, perdió 3,6 millones de hectáreas de vegetación nativa, un 22%, según una red liderada por Eduardo Vélez, de MapBiomas, un consorcio climático de oenegés y universidades brasileñas. Esto se ha extremado en el contexto del gobierno bolsonarista y sus continuidades. Por ejemplo, Rio Grande do Sul es una región gobernada por sectores extremos -no todos ellos bolsonaristas-, que niegan el cambio climático. Sabemos que desde 2019 hubo un desmantelamiento agresivo de políticas ambientales por parte del gobernador Eduardo Leite, del centro derechista PSDB, para favorecer a los señores del agronegocios, entre otros grandes empresarios terratenientes. Sabemos que esta no fue la primera inundación tampoco, sino la cuarta en menos de un año, tras las inundaciones de julio, septiembre y noviembre de 2023, que produjeron la muerte de 75 personas. Finalmente, el actual gobernador fue advertido: el diputado local Adão Pretto Filho, del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo que “En su opinión, las severas inundaciones que afectan a Rio Grande do Sul podrían haberse evitado o haber tenido un impacto menor, si el Gobierno local no hubiese ignorado un informe elaborado por la Comisión de Representación Externa de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul. Finalizado en agosto de 2023, este documento presentaba distintas propuestas para combatir los efectos del cambio climático en varios municipios del estado”.

Segunda conclusión, entonces: a la hora actual, quien mira hacia el costado y crea que la crisis climática está disociada del extractivismo, sobre todo, de la expansión de la frontera petrolera (y ahora del fracking), así como de los desmontes de millones de hectáreas y los cambios en los usos del suelo en favor del agronegocios, no solo obra de mala fe o ejerce un cinismo de patas cortas, sino que contribuye a impulsar el ecocidio en ciernes. Más simple: vistos los estragos múltiples y de largo aliento que producen los colapsos localizados, la asociación entre crisis climática y extractivismos cobra ahora rasgos criminales.

Ojalá lo sucedido en Rio Grande do Sul no se lo trague el ojo miope de la desmemoria y del tiempo acelerado

Y, sin embargo, vemos que el extractivismo encuentra un impulso cada vez mayor. En Argentina, de ser aprobado el RIGI (Regimen de Incentivo a Grandes Inversiones), incluido en la Ley Bases, que tiene entre sus manos el Senado de la Nación, promoverá un extractivismo recargado en todas sus formas, a través de la transnacionalización y el otorgamiento de privilegios a mineras y petroleras que, entre otras cosas, tendrán más derecho al agua que cualquier ciudadano común. Con la aprobación del RIGI, nuestra pregunta ya no será con qué herramientas públicas afrontar la crisis climática –porque no las habrá, no estarán disponibles- sino más bien cuál será el próximo colapso localizado en el país de “la libertad individual” y del sálvese-quien-.pueda.

Una reflexión final. Todo indica que los colapsos localizados irán multiplicándose, afectando ciudades y regiones enteras, tal como sucedió y continúa sucediendo ahora en Rio Grande do Sul, una de las áreas más ricas y poderosas de Brasil. No obstante, en tiempos de memoria corta, el olvido todo se lo traga de modo acelerado. En septiembre de 2023 hubo un colapso localizado en Libia.  Las fuertes lluvias de la tormenta mediterránea Daniel causaron inundaciones letales en el este de ese país y dos represas se desbordaron. Una pared de agua de varios metros de alto arrasó con la ciudad de Derna, en la costa, causando la muerte de más de 11.000 personas. La consternación internacional fue mayor. Durante días, el mar estuvo devolviendo lodo y cadáveres. Hoy nadie recuerda lo ocurrido en Libia, ya no aparece en los portales de noticias. Sin embargo, cuando los reflectores se apagan, y los medios de comunicación dejan de mirar, a oscuras el daño persiste, amplificado por la normalización de la catástrofe.

Ojalá lo sucedido en Rio Grande do Sul no se lo trague el ojo miope de la desmemoria y del tiempo acelerado. Y que esta dolorosa tragedia sea la plataforma latinoamericana para invocar y reclamar más que nunca la enorme deuda climática que los países del Norte tienen para con los del Sur, así como para cuestionar el criminal negacionismo climático que hoy se difunde en nuestros países, de la mano de sectores de derecha y ultraderecha. Urge tomar conciencia de que vivimos en un planeta dañado y que por ello nuestra meta debe ser proteger del daño mayor, con toda la energía individual y solidaridad colectiva, todo aquello que existe: vidas humanas y no humanas, territorios, ecosistemas y bienes. Nuestro imperativo de época es repensar los modelos de desarrollo e instrumentar políticas públicas con un Estado presente (un Estado ecosocial), para hacerlos sostenibles para la vida

MS/MF

Ahora es la agencia Télam. Después será un hospital público, una Universidad también pública vallada, una escuela desmantelada. Hoy un diputado libertario sentencia que la organización Greenpeace es terrorista, mañana lo dirán de todas las organizaciones ambientalistas, pasado buscarán cerrarlas.

Hoy vacían el Conicet, la institución de investigación pública académica más prestigiosa de América Latina, después irán por ARSAT, como ya han ido por el INADI, el INAI, y quieren hacerlo con instituciones culturales.

Tenemos que reaccionar, urgente, ya.

En el marco de medidas económicas totalmente deshumanizadas que están destruyendo a la clase media, empujándola a la pobreza, y a la pobreza a la indigencia, la vertiginosidad de los retrocesos es alarmante. Solo anunciadas con “likes” en cuentas random en la frenética actividad orgiástica del Presidente en X (ex Twitter). El vaciamiento del Conicet es ya una realidad concreta y la imposibilidad de pagar los gastos corrientes de las universidades e institutos de investigación públicos hará inviable cualquier presente consistente.

Esta semana el propio Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunció en un comunicado oficial que se detuvo a un joven por una discusión en Instagram por su “pensamiento apegado a la propaganda de la ex Unión Soviética” y que “contaba con vínculos con grupos comunistas” (el entrecomillado es textual). 40 años de Democracia y se detiene a una persona por su ideología. En otras palabras, la persecución política ya es una realidad en la Argentina distópica de Milei.

En la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Milei anunció el denominado “Pacto de Mayo”. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Un “Pacto para el Saqueo” denuncian las organizaciones socioambientales. Reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales por el DNU o en el intento en la Ley Ómnibus (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), solo profundizan las crisis ecológica y apuntalan la desigualdad producida por el modelo extractivista. En definitiva nos proponen más extractivismo y menos democracia. Más colonialismo y reprimarización de la economía. Ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio.

Con este contexto preocupan las declaraciones del Legislador bonaerense de la Libertad Avanza, Agustín Romo, que pide declarar “organización terrorista” a Greenpeace. Sabemos que es un disparate, pero estamos rodeados de disparates que luego se consuman. Desde un Decreto Nacional para prohibir el “lenguaje inclusivo y la perspectiva de género”, hasta un Presidente que habla con el perro muerto (ojo que hablar con los perros, todos hablamos, pero no todos le entendemos cuando ladran y, seguro, ninguno puede hablar con un perro muerto). Por eso en el contexto actual las declaraciones del referente del partido de gobierno preocupan. Señalar de “terrorista” a una reconocida organización ambientalista, que lleva la palabra “paz” en su nombre, es parte de la construcción del enemigo. Y eso es peligroso, máxime en América Latina que ostenta el triste récord de más defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.

Y este ataque al movimiento socioambiental también viene de sectores de la ¿oposición? El exsenador eterno Miguel Pichetto, ahora devenido en diputado nacional señaló que el ambientalismo es una construcción “de la izquierda boutique de la Capital que llevó a todo el país al rechazo a la minería”. Cuando es exactamente al revés, los que más resisten al extractivismo son las poblaciones de las provincias, no son ambientalistas de CABA: Famatina (La Rioja) Esquel (Chubut) Mendoza Jachal (San Juan) Pueblos Fumigados Mar del Plata (PBA) Jujuy, son solo algunos ejemplos. De ellas tenemos que aprender a cuidar derechos y conquistas sociales. Fueron los movimientos populares más grandes y efervescentes de los últimos tiempos. Desde el Famatinazo, hasta los más recientes Chubutazos y Mendozazos. Con gran protagonismo de las mujeres y maestras.

Es fundamental comprender que lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos. Fijense con todo lo entregado, retrocedido y saqueado de la fiesta menemista. Todavía no pudo ser recuperado, desde los trenes hasta retrocesos legales que continúan aún hoy intactos como toda la legislación minera de saqueo.

¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo meros espectadores pasivos de este brutal retroceso de derechos y conquistas sociales? Lo abrumador de la realidad no puede quitarnos la solidaridad ni la ternura (si, la ternura, no hay nada más político que reivindicarla en estas épocas de crueldad). Tampoco la indignación, que debemos transformarla en acción. Resistir en este contexto es una obligación histórica. Hay que dejar de lado las especulaciones, las mezquindades y los cálculos políticos. Las bases mismas de la democracia y donde se asienta, están más que en peligro, ya están siendo vertiginosamente erosionadas.

EV/DTC

Cinco días antes de la segunda vuelta de las elecciones generales celebradas en noviembre, un nutrido grupo de “personas dedicadas a la conservación de la biodiversidad”, entre los que se encontraban “técnicos/as, guardaparques, académicos/as y naturalistas” emitió un comunicado manifestando su predilección por Sergio Massa, candidato oficialista, debido a su “compromiso para enfrentar y buscar acciones concretas para mitigar el efecto del cambio climático y garantizar la protección de la biodiversidad”. A su vez, recordaban que Javier Milei, su contrincante, “niega abiertamente el cambio climático; manifiesta que no sería delito contaminar ríos; propone privatizar el mar; se muestra en contra de la creación de áreas naturales protegidas y declara que la investigación en conservación es un gasto que no corresponde a la situación del país”.

La mirada previa del mundo científico-ambientalista explicaba por sí misma el significado que podía tener en los próximos cuatro años un triunfo opositor en las elecciones. El acceso de Milei a la Presidencia ha confirmado rápidamente lo que se suponía y ha encendido todas las alarmas entre quienes sostienen la imperiosa necesidad de priorizar una agenda ambiental que hasta el momento, según precisan, siempre ocupó un segundo plano para la política, la economía y la sociedad en su conjunto.

Durante su campaña, entre otras afirmaciones, el nuevo mandatario expresó su determinación para eliminar el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desintegrar la Administración de Parques Nacionales o reducir de manera sensible la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal centro de estudio e investigación para la gente de ciencia dedicada a los temas de biodiversidad y medio ambiente. La primera de esas medidas ya se concretó. El ministerio ha sido eliminado como tal y pasó a ser una subsecretaría dependiente de la cartera de Interior.

Por otro lado, el Presidente firmó un megadecreto de más de 300 artículos que continuó con la presentación de un proyecto de “ley ómnibus” que en sus 660 artículos pretende modificar todas las áreas y estructuras de gobierno, y desde ya, afecta a varias normas y disposiciones medioambientales.

El primer decreto determina la derogación de la ley de Tierras. El propio Javier Milei explicó que su eliminación es necesaria porque “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. En la práctica, su puesta en funcionamiento habilitaría la adquisición de áreas rurales a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin restricciones de tamaño ni control sobre su uso. Y aunque en algún momento se mencionó la posibilidad de modificar la ley del Manejo del Fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados de manera intencional durante plazos de entre 30 y 60 años, finalmente este punto no fue incluido. Lo más grave, de todos modos, estaba por llegar.

La subsiguiente “Ley ómnibús”, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pone el acento en varias cuestiones ambientales. Por ejemplo, modifica la Ley de Bosques, reduciendo de manera significativa su financiación, lo cual desincentivará la conservación de bosques nativos a quienes los posean en tierras; y peor aún, habilita la deforestación de dichos bosques, incluso los que actualmente integran las categorías con el más alto nivel de protección. Una carta redactada por más de un centenar de organizaciones sociales y dirigida a los diputados del Congreso Nacional estima que la aprobación de la medida “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos” y dejaría desprotegidos al 80% de los todavía existentes en el país.

En otros artículos, el proyecto gubernamental modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad productiva en las áreas periglaciares, “un reclamo histórico del sector minero”, según la mencionada carta, que agrega que, de concretarse, constituirá “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú”. 

La propuesta incluye permitir la quema de campos de manera tácita, es decir, sin necesidad de aprobación previa de las autoridades (cabe recordar que en los últimos años, los incendios sin control han devastado cientos de miles de hectáreas en el país); y crea un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuyo monitoreo discrecional estaría a cargo del propio gobierno. En este sentido, la norma presentada al Congreso no indica de qué manera se llevará a cabo la transición energética ni cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París, según las organizaciones ambientalistas.

El proyecto también pretendía abrir la pesca en la Zona Exclusiva Económica del Mar Argentino a los barcos extranjeros, quitando —entre otras muchas cosas— la exigencia de desembarcar las capturas en un puerto del país. La protesta generalizada de los gobernadores de las provincias implicadas ha logrado, en principio, que el Gobierno contemple negociar y discutir estas reformas. 

Al megadecreto presidencial y la “Ley ómnibus” les quedan todavía varias etapas parlamentarias y judiciales que superar para poner en marcha todos los cambios previstos, pero sin duda anticipan que los desafíos ambientales de la Argentina deberán afrontar más dificultades que nunca.

El extractivismo como apuesta y reto

Durante todo 2023, los economistas de cualquier vertiente política se empeñaron en pronosticar un venturoso 2024 para las finanzas del país. “Campo, litio, gas y petróleo” fue la repetida fórmula para certificar que el siempre prometido y nunca cumplido desarrollo está a punto de llegar de la mano de lo que el mercado llama commodities.

“Sabíamos que la agenda productiva iba a profundizarse porque ambos candidatos eran favorables al avance de inversiones y sectores económicos estratégicos con prácticas y formas extractivas de proceder”, señala Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La realidad indica que Argentina necesita generar divisas, y lo que tiene más a mano para lograrlo son los recursos naturales”, ratifica Eduardo Crespo, economista argentino de la Universidad de Río de Janeiro especializado en Desarrollo Económico. Los métodos que se elijan para llevar adelante esta apuesta que intentará alcanzar el postergado desarrollo argentino tendrá sin duda un reflejo directo en sus variables ambientales.

“El consumo es el principal motor de la economía y, al mismo tiempo, el principal determinante de los impactos ambientales. Es una matriz que funciona mediante el deterioro de las condiciones materiales que la sustentan y logra éxito a corto plazo: puede generar trabajo y mejorar los ingresos de la gente, pero a costa de destruir el ambiente del cual depende en última instancia”, explica Juan Ignacio Arroyo, economista especializado en energía, ecología y cambio ambiental.

La misma premisa marca la opinión de Pablo Berrozpe, quien fue Director Nacional de Conservación durante los últimos cuatro años: “Pensando en el futuro es necesario dar la discusión cultural respecto a la restauración ecológica e intervenir para ponerle coto al cambio de uso de suelo, recuperar montes y bosques y promover una transformación productiva compatible con el desarrollo ecológico”.

A partir de estas certezas, el reto para las organizaciones ambientalistas es cómo hacer para que su discurso, contrapuesto al oficial, pueda ser atendido. “Hay que pasar de tener una agenda reactiva a otra propositiva para hacer que nuestro mensaje sea masivo”, dice Nicolás Gallardo, referente de Jóvenes por el Clima, quien acepta que “nos está costando enamorar a la gente, hacerle ver que lo ambiental no es una suma de catástrofes. Por eso, antes de las elecciones, lanzamos una plataforma electoral-ambiental con propuestas en diferentes ejes: energía, biodiversidad, adaptación, gestión de residuos y soberanía alimentaria”.

En el mismo sentido, Marchegiani entiende que será imprescindible “mostrar la relación que existe entre el ambiente y una cantidad de otros derechos que hacen al bienestar, como la salud, la vivienda, la cultura o el modo de vida”. Los efectos de los tres años casi sin lluvias que dejó el fenómeno de La Niña es una herramienta que esgrime Gallardo para trasladar un mensaje coincidente: “Hay que vincular muchísimo más la crisis climática a las problemáticas sociales y económicas. Que se vea, por ejemplo, cómo una sequía pone en jaque la producción y las exportaciones, o cómo las olas de calor y las inundaciones afectan la calidad de vida”.

La combinación de crisis económico-financiera (el país arrastra múltiples deudas, entre ellas una multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional) con la disponibilidad de materias primas que demanda el mercado internacional —litio, gas, cobre, minerales raros…— añade otra dificultad a la posición ambientalista. “El riesgo de que se erosionen los estándares de participación ciudadana y discusión democrática de los proyectos extractivos es alto. Los procesos se van a apurar y se harán menos transparentes. En ese punto puede preverse que habrá conflictos”, aventura Marchegiani.

El incremento de concesiones para la extracción de litio en los salares del Altiplano conforman, tal vez, la amenaza más evidente de puesta en marcha de proyectos industriales aprobados sin que se cumplan de manera estricta dichas pautas legales de participación de las comunidades locales.

El esfuerzo para que el Parlamento promueva leyes que se consideran imprescindibles, como la de humedales, que volvió a perder carácter parlamentario al no ser tratada durante 2023, completa el reto que tienen ante sí las organizaciones ambientales en la nueva etapa que inaugura el país.

Más áreas protegidas, pero sobre todo mejor conectadas

En los últimos años, y por primera vez en la historia, la creación de áreas protegidas recibió votos en contra en el Congreso Nacional. Quienes dijeron que no fueron los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel, hoy flamantes presidente y vicepresidenta de la Nación. Su posición ideológica respecto a este tema se basa en la nula intervención del Estado y la absoluta libertad de los propietarios de las tierras para convertirlas en un bien productivo y rentable.

Partiendo desde esa premisa, todo indica que el objetivo de continuar ampliando las superficies con alguna figura de protección hasta alcanzar el 30% del territorio continental, establecido en las Metas de Aichi -nuevo compromiso global de conservación de la biodiversidad- para 2030, se encontrará con más obstáculos que nunca.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas registra en la actualidad 44.974.504 hectáreas que incluyen parques y reservas nacionales, provinciales y municipales, y constituyen el 16,17% del total del territorio continental. “En 2024 podría ampliarse si se aprobara la creación de los parques nacionales de Uspallata, en la provincia de Mendoza; y el de las Sierras de Ambato, en Catamarca”, informa Pablo Berrozpe. El primero es un ecosistema de altas cumbres asociado a un sistema glaciario; en el segundo confluyen ecorregiones de Chaco seco, yungas (selva de montaña), puna y pastizal de altura y es hábitat de la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), Monumento Natural Nacional que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, ambos casos demuestran las dificultades que existen en Argentina para concretar este tipo de procesos, debido a la potestad constitucional que tienen las provincias sobre el manejo de sus territorios y recursos naturales. Como dice Berrozpe: “El temor a quedar mal con la oposición local hace que a veces las provincias sean reticentes a entregar sus tierras a la Nación”. La bióloga Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, lo traduce en cifras: “Los procesos de creación de áreas protegidas llevan entre 5 y 10 años y, lamentablemente, los de corredores biológicos son incluso más lentos y complejos. Las extinciones de especies a escala local y regional exigirían acelerar ese ritmo de protección de áreas valiosas”.

Justamente, esos corredores que ofrecen conectividad entre parques y reservas son, tal vez, la piedra angular para darle verdadera eficacia al crecimiento que las superficies protegidas tuvieron en el período reciente.

“Crear parques nacionales en lugares remotos y aislados entre sí no tiene mayor impacto en la conservación. Las especies que se quieren proteger necesitan una red bien conectada para sobrevivir, reproducirse, dispersarse y mantener poblaciones viables porque se mueven a través del paisaje. Sobre todo, las más carismáticas como el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) o el pecarí quimilero (Catagonus wagneri), que están en peligro de extinción”, opina Matías Mastrángelo, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La Ley de Bosques y el Consejo Federal de Medio Ambiente regulan la implementación de estas vías de conexión, pero los expertos consideran que esto no es suficiente. Soneira ofrece ejemplos al respecto: “Chaco categorizó en amarillo a los corredores en la Ordenación Territorial de Bosques Nativos aprobada en 2022 (que todavía está en discusión), pero avanzó con ‘polígonos especiales’ para uso agrícola que rompen la conectividad del paisaje. Misiones, que fue pionera en la creación de un corredor verde, presentó el ordenamiento territorial de municipios categorizando dichos bosques como sujetos a deforestación. Y Santiago del Estero incluyó un corredor boscoso cuyo diseño no garantiza su efectividad”.

Un objetivo para el año que comienza sería hallarle una solución a esa falta de amparo legal. “Deberíamos tener una ley de presupuestos mínimos que nos permita hacer planes de gestión y manejo de los corredores, con una autoridad de aplicación y un poder fiscalizador por parte del Estado nacional o provincial”, pide Berrozpe.

Otros aspectos a tener en cuenta en este tema serían, por un lado, “detener con urgencia la deforestación ilegal y ampliar la protección de los bosques nativos en el Gran Chaco Argentino”, tal como plantea Soneira. Y por otro, la creación de gradientes o zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas “para que un animal que necesita salir del parque o la reserva para encontrar un pozo de agua o buscar presas no se encuentre con que el bosque termina abruptamente y empieza un cultivo rociado con agroquímicos”, explica Mastrángelo.

La imprescindible y postergada transición energética

“Nos parece urgente un plan de transición energética. Pero un plan de verdad, trazado, anualizado, con metas cuantificable y medibles”, sentencia Nicolás Gordillo, el referente de Jóvenes por el Clima, y su exigencia deja flotando la sensación de que todo lo hecho hasta ahora por Argentina en ese tema ha sido básicamente discursivo. También expone la necesidad de tomarse en serio un interrogante que se repite en todos los idiomas del mundo: ¿Cómo acelerar la descarbonización para reducir el efecto invernadero y frenar el ascenso de temperatura global?

La realidad indica que en Argentina la generación y utilización de energía renovable está creciendo. En 2022 fue un 13,3% del total, y aunque la cifra todavía está muy lejos del 56,3% de la energía producida por los combustibles fósiles, aumentó un 10,9% respecto a 2021 y la tendencia se mantiene. En agosto de 2023 se registró la mayor marca mensual de generación de energía renovable, con 1.909,1 GWh.

Eduardo Crespo, sin embargo, mantiene cierto escepticismo: “Las sociedades con estados fuertes tendrán más posibilidades de hacer transiciones más rápidas hacia nuevas prácticas; los estados débiles no podrán hacerla. Padecerán las consecuencias o dependerán de los demás”, sostiene. A este aspecto estructural, Pablo Lumerman, consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y experto en conflictos sociales vinculados al ambiente, le añade otro flanco: “Para lograr una transición energética hay que generar condiciones sociales, políticas y económicas en el modo de habitar y producir. Cualquier proyecto exige juntar mucha gente, masa crítica para empujar hacia una meta; y recursos vinculados a intereses económicos que vean una rentabilidad en el proyecto”.

La situación argentina en estas cuestiones parece caminar siempre por la cornisa de la contradicción. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno lanzada en septiembre pasado por el Gobierno nacional recuerda la enorme potencialidad que los vientos patagónicos y el sol del noroeste del país brindan para convertirse en futuro líder de la producción y exportación de hidrógeno verde, una de las esperanzas que tiene el mundo para obtener energía limpia y barata hacia 2050.

Simultáneamente, sin embargo, todos los sectores de la economía local enfatizan la importancia de apostar por la extracción de gas y petróleo. Berrozpe lo explica de un modo muy simple: “No hay transición posible en la Argentina sin explotar antes sus reservas de hidrocarburos”. De hecho, las prospecciones sísmicas y la primera perforación en busca de petróleo que se vienen realizando sobre el talud continental del Mar Argentino, a 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires; el nombramiento de un experto de la petrolera privada Tecpetrol (dueña del pozo más productivo del yacimiento no convencional Vaca Muerta) como nuevo presidente de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el proyecto de construcción de un puerto petrolero sobre el golfo San Matías, en la Patagonia norte, son muestras evidentes de que el país no brindará su apoyo a la idea de limitar cada vez más la extracción de hidrocarburos.

En todo caso, Argentina tiene en la transición hacia una energía más saludable uno de sus grandes dilemas futuros. “Quizás haría falta una discusión político-económica profunda que nos diese madurez para encontrar cómo hacerla de la manera más delicada posible”, concluye Lumerman.

Agroecología, el cambio que el campo necesita

El dato que aporta la Bolsa de Comercio de Rosario es concluyente para entender el peso que la agricultura posee en la economía argentina: en 2022 y aun pese a la sequía, tres de cada cinco dólares exportados por el país fueron producidos por las cadenas agroalimentarias. Una trascendencia histórica que se multiplicó hasta la exageración con la llegada de las semillas transgénicas en los años noventa, la irrupción de China en el comercio internacional y el “boom” en los precios de productos como la soja o el maíz.

El cóctel transformó por completo la forma de trabajar el campo y la vida rural en general, aunque fue en materia ambiental donde provocó los mayores desequilibrios. Entre otras cuestiones, la expansión de la frontera productiva, una deforestación que aún no ha terminado, la “invasión” de los agroquímicos contaminantes del agua y el aire, y la degradación de los suelos como resumen de todo lo anterior.

Sólo la propiedad de la tierra mantiene la ancestral y abismal asimetría del pasado. Peor aún, los nuevos métodos ampliaron las diferencias entre grandes y pequeños productores. El Censo Nacional Agropecuario 2018 —último efectuado hasta la fecha— muestra que las explotaciones de menos de 500 hectáreas (un 80% de las existentes), ocupan el 11% de la tierra cultivada; mientras que las de más de 10.000 hectáreas (1% del total) abarcan un 40% del territorio.

La agroecología y su pariente cercana, la agricultura familiar, han sido en los últimos años la respuesta de los campesinos más humildes a la nueva realidad. “La dirigencia política debería ver el campo no solo en función de la exportación y la acumulación de divisas, sino también desde su función primaria, que es la producción de alimentos para la población”, afirma Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) e impulsor de cambios de fondo en el modelo agrario del país.

Los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) indican que la superficie cosechada de producción orgánica —es decir, sin agregados químicos— pasó de 12.162 hectáreas en 1995 a 109.987 en 2022. En tanto que la UTT y la Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama) reúnen por su parte otras 100.700 hectáreas. Quienes trabajan la tierra en predios medianos y pequeños se han dado su propio sistema de trazabilidad y certificación, reconocido por la FAO; pero además exportan casi el 90% de su producción rumbo a mercados que privilegian los alimentos sanos.

Sin embargo, la conducta dual que suele caracterizar la política argentina también afecta al sector. Al hacerse cargo del ministerio de Economía en agosto de 2022, el derrotado candidato presidencial Sergio Massa degradó la subsecretaría de Agricultura Familiar a Instituto y redujo de manera significativa el presupuesto de la Dirección Nacional de Agroecología. En dirección contraria, en octubre fue promulgada la Ley de Fomento a la Agroecología, que establece un régimen de beneficios fiscales para la actividad durante diez años. La formación de redes de consumidores que establezcan canales directos con los productores, la regulación de un etiquetado que facilite la correcta identificación de los frutos y, fundamentalmente, la aprobación de una Ley de Acceso a la tierra “para apoyar al 75% de campesinos que todavía arriendan sus tierras”, son las tareas pendientes que reclama la UTT.

Los expertos y técnicos sitúan a la agroecología como un factor vital en la recuperación ambiental del planeta. Una mayor expansión a corto plazo en Argentina dependerá en buena medida de la política que adopten al respecto las nuevas autoridades. Su concepción ideológica y sus declaraciones previas no invitan al optimismo, aunque habrá que esperar para sacar conclusiones definitivas. La calidad alimentaria y la salud del aire, el agua, los suelos y de todas las especies —incluida la humana— que habitan los campos del país están en juego.

ED

“Siete, aunque un poco incómodos, entran en este baúl”. En el video, difundido desde la cuenta del ex capitán Iván Volante, se veía un Falcon verde mientras sonaba una marcha militar. El militar fue sancionado pero la rueda ya había comenzado a girar. Y detrás de ese TikTok vino otro, en el que un hombre de vozarrón castrense llamaba “a todo el personal en actividad del Ejército argentino” a “poner las pelotas” y a salir en defensa del capitán sumariado. Era Carlos Alberto Pampillón, del Frente Nacionalista Patriótico (FoNaPa), un dirigente que se autopercibe como “católico, nacionalista y sanmartiniano” aún cuando sus expresiones homófobas, xenófobas y violentas ya le hayan valido dos causas en la justicia.

Pampillón es también muy dado a jugar con la cifra 88 en sus videos y comunicados. No es casual: H es la octava letra del alfabeto y 88 es el ¿ingenioso? modo que tienen los fascistas de saludar a Hitler sin terminar denunciados. Y entonces, cuando todo parecía haber quedado ahí, un tercer video (otro TikTok) en el que la diputada electa Lilia Lamoine calificaba a Pampillón de “patriota” terminó de encender las alarmas. Sobre todo en Mar del Plata, adonde a los jóvenes fascistas se los suele denominar así (pampillones) y donde desde hace años “estos grupos violentos se arman y desarman como si fueran burbujas”. “A veces son células muy pequeñas, de cinco o diez personas, y por eso se hace difícil seguir a todas”, explica una fuente local que pidió reserva de identidad.

Igual, desde  lejos no se ve. Desde lejos –desde donde suele mirarse a cualquier destino de vacaciones como éste- todo luce perfecto. Pero debajo de la postal están los datos, y según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en el segundo trimestre de 2023, la ciudad es la reina de la desocupación: 8,3%, dos puntos por encima de la media nacional y –junto con la del Gran Córdoba- la más alta de Argentina. Son casi 70.000 personas entre  desempleadas o subocupadas, muchas de ellas, jóvenes. 

“Acá la miseria la ves en la calle. Para los pibes y las pibas, sobre todo de barrios populares, no hay muchas opciones. Nunca hubo, la verdad”, cuenta Karen Alderete, una integrante local de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CoRRePi) y también parte de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, un grupo que se organizó en 2014 tras los primeros ataques de la derecha radical. En 2018, gracias a las pruebas acumuladas por la gente, el testimonio de las víctimas y en un juicio que muchos catalogan como “histórico”, se logró la condena de siete miembros de un grupo llamado Bandera Negra. Las condenas fueron de dos a más de nueve años. Esa vez todo fue cánticos y festejos (“Yo sabía, yo sabía, que a los nazis, los cuida la policía”) pero hoy el panorama ha vuelto a cambiar. Muchas caras están de vuelta y empoderadas. “Seguimos viendo cómo se organizan estas células fascistas nuevamente y cooptan a veces una ciudad, a veces un país o a veces un barrio. Un solo ejemplo: el traslado de la zona roja tiene a los vecinos por demás alterados, y la persona que aparece como vocera de esos vecinos es ex policía exonerada en 2012. La misma mujer que fue procesada, junto a Carlos Alberto Pampillón, por delitos de sedición y por haber incitado al acuartelamiento”, alerta Alderete. 

Mar de fondo 

Fernando Lozada, un histórico de la Asamblea, luce y habla como un monje shaolín. Pero ni su barba ni su pelada ni ese tono monocorde que rara vez pierde logran ocultar su intranquilidad. No por las amenazas –dice que a eso ya se acostumbró- sino por el cambio de aire político. Un viento oscuro ha empezado a soplar “y no sólo en Mar del Plata”. Últimamente hay unos movimientos neofascistas bastante complicados que han arribado a la Argentina y otros que han mutado. El panorama actual realmente no es muy alentador. Estos sectores violentos se están sintiendo legitimados y el tema es que están reclutando a pibes cada vez más chicos, de trece o catorce años. De ahí salen después los “lobos solitarios” como Sabbag Montiel, el que le gatilló a la vicepresidenta. Y lo peor es que estas cosas están invisibilizadas porque se hace la denuncia, eso muere administrativamente y no pasa nada más. El caso no queda tipificado como crimen de odio ni bajo la ley discriminatoria. Entonces, como nos pasó a nosotros, al final no se sabe que hay varios grupos coordinados para hacer estas cosas“. 

La playa, el viento y el brillo del FAL

¿Por qué ahí? ¿Por qué justamente en esa ciudad? Algunas de las fuentes consultadas hablan de una combinación fatal que va desde la marcada presencia militar (las tres fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea se dan cita allí) hasta un entramando histórico que vincula a los grupos violentos con las fuerzas de seguridad y -clave- el poder judicial, a menudo representado por personajes que pertenecieron a grupos como Tacuara o, más cerca en el tiempo, la tristemente célebre Concentración Nacionalista Universitaria (CNU). “La CNU nació en La Plata y era una organización muy sanguinaria, con presencia en La Plata y en Mar del Plata”, explica Lozada.“ Su ”debut“ acá fue con el asesinato de una estudiante llamada Silvia Filler y después secuestraron y asesinaron a la decana de Humanidades, María del Carmen ”Coca“ Maggi”, detalla. 

“Esto también dejó su impronta y muchos de la CNU cuando terminó la dictadura de metieron en la sociedad civil, ocupando lugares en la cultura, el Poder judicial y las universidades. Eso también da un contexto en una ciudad con una desocupación altísima, sin idea de futuro, muchas personas en situación de indigencia y mucha pero mucha violencia generada por todo esto”. Como resultado, explica, todo queda servido para que “grupos como de extrema derecha como Nueva Soberanía capten chicos muy chicos. También hay una organización estadounidense muy peligrosa que utiliza una novela disptópica llamada Los diarios de Turner como una forma de contar sus metodologías para la acción porque contiene la praxis del atentado terrorista del supremacista blanco”, precisa Lozada. “Esa organización ya tienen tres células en el país (una en Mar del Plata) y me consta que se han frenado en el país varios ataques de este tipo de grupos. Lo que pasa es que no se publicita porque lo que buscan es eso: ser nombrados y ganar visibilidad para poder reclutar, sobre todo  adolescentes”, detalla. 

Incubando dinosaurios

Junio de 2021. El medio marplatense 0223 da la voz de alerta: nuevo grupo parapolicial estaba surgiendo. Se hacía llamar Comando Espartano de Reparto, se comunicaba por cadenas de Whatsapp y decía querer proteger a los repartidores de aplicaciones como Rappi o Pedidos Ya, víctimas frecuentes de asaltos y robos de motos. De inmediato, el gremio de repartidores se despegó de la iniciativa. “Este escuadrón trabaja por la noche con machetes y otros elementos que usan como herramientas de persuasión”, dijo entonces Alan Veltri, el representante gremial. “No creemos que sea necesario un grupo paramilitar, nosotros estamos para hacer delivery, no para hacernos los guapos”. Para esa misma época, una serie de afiches alertaba: “La revolución blanca empieza con vos. ¡Unite!”. En la imagen se veía un dedo gigante apuntando a quien leía, y todo sobre un fondo negro en el que asomaba- apenas camuflada por un círculo- una esvástica. 

La cara cubierta de sangre y los ojos saltados de miedo: esa fue la primera imagen de Lucas Baima que llegó a los medios, después de que una patota neonazi le partiera la cabeza a fierrazos en la previa a una marcha. “Eran como veinte, todos con esos palos”, recuerda. Lo habían rodeado. Entonces, lo inesperado: una chica, una cuidadora de coches, una “trapito”, rompe la barrera y se tira sobre él. Lo cubre. Le salva la vida.

Lucas se define como “anarquista y anti carcelario” pero hace años, después de aquel ataque, ni lo dudó: hizo la denuncia, la denuncia terminó en un juicio y el juicio, con los acusados en prisión. Hoy sigue en la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo. Sin embargo, dice, “si bien entendí que la única forma de desarticular ese grupo de choque y sacarlo de la calle era llevarlo a un juicio, también sé que esa misma justicia que los encarceló a ellos en otras circunstancias nos pueden encarcelar a nosotros”. Por eso, en ese “cambio de viento” que algunos advierten para Lucas no hay nada demasiado sorprendente. “La problemática fascista es algo que está vinculado a nuestra historia. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que Argentina está fundada sobre tres pilares: futbol, falopa y fascismo. Entonces tenés desde los fachos más marginales que sí se reivindican con la simbología nazi, hasta los de traje y corbata como Biondini, que pasó de la esvástica a lo que es hoy: un político más, con un partido reconocido por el Estado. Entonces, lo que hace Milei es destapar la olla, mostrar lo que ya estaba ahí. Porque Argentina no giró a la derecha: Argentina es de derecha. El problema es que el ascenso de Milei empodera a estos grupos violentos y hace que pasen a la acción”. 

Alderete coincide: dice que el supuesto “vuelco a la derecha” de la Argentina nunca fue tal. Se veía venir, como un oleaje, a ocupar un espacio vacante desde hace años. “Hay muchos chicos que necesitan contención y no está bueno que para muchos de ellos esos espacio de contención sean estas organizaciones fascistas que les dicen ”vení, yo te acompaño, yo estoy“. Les dan un sentido de pertenencia. Además, fijate qué pasó con los neonazis aquellos: varios terminaron presos,  a otros no se los pudo localizar. Alguno está en la base naval, como Paniagua; otro están en la Bonaerense, como es el caso del menor de los Caputo; otro está prófugo y otro, el Rusito, fue deportado a su país de origen, Ucrania. Conclusión: hoy todos están libres”.

Así suelen subir las mareas: rápido. Y en silencio.   

FS/DTC

“Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Nací en Suecia, cuando en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí y fue a un campo de concentración”. Quien habla en un vagón de la línea A del subte de Buenos Aires es Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. No se trata de una acción coordinada de un grupo de militantes políticos, sino una presentación individual, a viva voz, de una mujer, cartera al hombro, que pasa por una pasajera más.

Ballestrino de Careaga fue secuestrada junto a otros 11 familiares de víctimas de la dictadura militar en diciembre de 1977, por la traición del marino Alfredo Astiz, el emblemático represor que se había infiltrado en el grupo de la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires bajo el nombre falso de “Gustavo Niño”. En el momento de su desaparición, esta bioquímica exiliada de Paraguay buscaba a dos yernos. Una de sus hijas, Ana María, había sido liberada tras ser torturada y se había instalado en Suecia, donde nació la joven que ahora alerta en el subte de la capital argentina sobre los peligros del ultraderechista Javier Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Ana Fernández cuenta a los pasajeros que su abuela fue arrojada con vida al mar en uno de los “vuelos de la muerte”, tras pasar por el campo de concentración ESMA, donde se calcula que alrededor de 5.000 personas estuvieron secuestradas. “En la ESMA estaba (Jorge) ‘El Tigre’ Acosta, lo pueden guglear, un genocida que hoy pide que voten a Milei”.

Es cierto. Acosta, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, es uno de los represores que recuperó el habla recientemente y expresó por escrito su ilusión por la victoria del economista ultraderechista. “No quiero violencia para mis hijos, amo este país, quiero vivir acá, sin miedo a que nos secuestren… Por favor, por la democracia, no voten a Milei”, concluye Ana Fernández.

La reacción de los pasajeros es ambivalente. Algunos aplauden, otros siguen mirando el celular, en una ciudad en la que el candidato ultra seguramente sacará ventaja al peronista Sergio Massa en la elecciones presidenciales del próximo domingo. Hace años que la ciudad de Buenos Aires dio el vuelco a la derecha y el camino de retorno no parece próximo, ni siquiera con una figura de las características de Milei.

Días cruciales

Con todo dicho para las elecciones presidenciales en Argentina y un debate crucial que, según la opinión unánime, ganó el peronista Sergio Massa, se han multiplicado los ejemplos de “micromilitancia” como el de la nieta de la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Son decenas en medios de transporte público de ciudades como Buenos Aires y Rosario que se han viralizado en redes sociales. Un médico neumonólogo de 79 años con 55 de experiencia, profesor de décadas en universidades públicas; un pediatra de su generación; un veterano de la guerra de Malvinas; una docente jubilada, superviviente de un campo de concentración; cantantes líricos; becarios del sistema científico estatal; estudiantes de arte; la madre de una niña con un severo problema de salud son otros ejemplos que se han volcado en las calles y los vagones del subte para ganar la batalla contra la ultraderecha.

Todos ellos tienen causas personales y colectivas que defender, porque el ultraderechista y su compañera de fórmula ya han anunciado que se proponen privatizar la educación y los hospitales, eliminar la atención pública de casos graves de salud porque el resto de la sociedad no tiene por qué cargar con el gasto, plegarse a la postura británica de que la población implantada en Malvinas debe decidir su soberanía y transformar las hectáreas del predio de la ESMA en un parque público para que sean “disfrutadas por todo el pueblo argentino”.

Esas proclamas y muchas otras de similar tenor fueron manifestadas por Milei, Villarruel y sus adláteres a lo largo de los últimos tres años, ante entrevistadores de los principales grupos mediáticos que, o bien permanecieron en silencio, o las celebraron como osadías. En algunos casos, cuando las propuestas comenzaron a tener algún costo en cuanto a intención de voto, los ultraderechistas las matizaron o esbozaron que se trata de reformas “de segunda o tercera generación”.

Elecciones abiertas

El peronismo y la izquierda tienen experiencia en la denominada “micromilitancia” de los días previos a votar, que en comicios pasados les permitió obtener victorias o acortar derrotas que se preveían mayores.

Esta vez, nada está dicho. Las encuestas coinciden en que será un recuento muy reñido, con una diferencia en el orden de 52% a 48% o incluso más ajustado.

En las últimas semanas también se hicieron públicas decenas de manifiestos colectivos con firmas de todo tipo, desde artistas a psicólogos, docentes universitarios, militantes de derechos humanos, periodistas, clubes de barrio o escritores, que llaman a no votar al candidato de La Libertad Avanza. Por debajo, se ha formado una red de alianzas de un arco ideológico amplio, de izquierda a centroderecha, del peronismo a liberales, al estilo del “cordón sanitario” que bloqueó las candidaturas de los Le Pen en Francia, pero no ha habido una traducción en pactos políticos con ese fin.

Por el contrario, el ala que responde al expresidente Mauricio Macri milita activamente por la presidencia de Milei, con asesoramiento logístico, técnico y financiero. La tradicional Unión Cívica Radical, integrante de Juntos por el Cambio, y el peronismo disidente de la provincia de Córdoba eligieron la neutralidad, y su dirigencia se dividió entre las dos opciones de la segunda vuelta o el voto en blanco.

La mayoría de los partidos que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que salió quinto en la primera vuelta, también se declararon neutrales, aunque los sondeos muestran que su electorado se volcará abrumadoramente a favor de Massa. En cambio, el candidato peronista logró la adhesión formal de algunos partidos provinciales y del minoritario Socialista.

La fortaleza de Milei

Milei está en camino y puede ganar. Por un lado, recibe el impulso de la derechización del voto que tiene lugar hace años y explica la deriva radicalizada de Macri y de la derrotada Patricia Bullrich, a quienes alguna vez sus estrategas describieron como “obamistas”. A ello se suma el voto “bronca” [protesta] que hizo eclosión durante la pandemia en combinación con el agobio de una crisis económica que dura más de una década, el terreno inicial sobre el que Milei tomó impulso.

Aunque el peronismo sigue prevaleciendo en barrios de trabajadores y pobres, La Libertad Avanza ha conseguido penetrar en el voto popular. Con especial énfasis en las redes sociales, desde allí surge otra “micromilitancia” a favor de Milei contra “la casta” que puede resultar decisiva para el resultado del domingo. Mientras tanto, La Libertad Avanza ha enturbiado el final de la campaña instalando un discurso de “fraude” similar al propagado por otras fuerzas de ultraderecha en Estados Unidos o Brasil.

Retorno de los 'Falcón verdes'

Milei y Villarruel también cuentan con pilares más polémicos, que hacía décadas no se hacían notar en la esfera pública argentina con semejante claridad. El capitán retirado del Ejército Iván Volante acusó en redes sociales a Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa y actual jefe de Gabinete de Ministros, de organizar reuniones sociales y familiares en dependencias militares cuando se desempeñaba como ministro de Defensa. En paralelo, publicó un video en Tik Tok en el que se observa un automóvil Ford Falcon verde, vehículo emblemático de los secuestros durante la dictadura, musicalizado con una marcha militar y la leyenda “siete... aunque un poco incómodos entran en ese baúl”.

El Ejército rechazó las expresiones e inició “actuaciones administrativas correspondientes” sobre Volante, con quien se solidarizó Villarruel, brazo militarista de Milei. Esta abogada, que dedicó toda su vida a conectarse con represores y publicar su versión de la historia, denomina “familiares de terroristas” a hijos, padres o hermanos de desaparecidos.

Las alusiones a los Falcón verdes se han multiplicado. Muchos de quienes se han expresado a favor de Massa han comenzado a recibir amenazas en sus celulares y vía redes sociales, aunque hay casos que han pasado a mayores, porque denotaban seguimientos. Agustín Rombolá, presidente de la Juventud de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los más enfáticos contra Milei dentro de su partido, recibió un mensaje con imágenes de él tomadas cerca de su domicilio con el texto: “Vos quédate tranki… el Falcon arranca por (el barrio de) Almagro la semana que viene”. 

SL/JJD

“Les pido disculpas. Estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada”, dice Ana Fernández mientras se sostiene de la baranda de un vagón en la Línea A de Subte que inicia su recorrido en la estación Perú, en Plaza de Mayo. Está preocupada por un posible triunfo de Javier Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y sale por primera vez en su vida a contar su historia, la de su mamá, Ana María Careaga, secuestrada y torturada mientras estaba embarazada y la de su abuela, Esther Ballestrino de Careaga, arrojada viva al mar durante los vuelos de la muerte en la última dictadura cívico militar.

Tomó la decisión después de hablar con su amiga María Fernanda Ruiz, que se subió a Línea B para contar su historia como víctima de violencia de género y el miedo a la liberación de armas, una de las propuestas de LLA. “Si se vendieran en un supermercado yo no estaría acá. Tenemos que contar nuestras preocupaciones. Vos tenés que contar esto que me decís a mi, contalo en el subte”, la animó. “Es raro, ¿vos decís que puede servir?”, respondió Ana. 

Siguieron conversando y Ana se decidió: “Mientras le llegue a alguien… Quizás le hace sentido, se queda reflexionando y se lo comenta a un conocido. Todo suma”, pensó y se fue al subte con un amigo.  

Allí contó que nació en Suecia, en 1977, cuando su mamá se fue exiliada después de estar secuestrada y torturada durante tres meses en Club Atlético. Ana María Careaga tenía 16 años cuando la secuestraron y estaba embarazada de Ana. “Fue a un campo de concentración, donde la despojaron de todo, incluso su nombre: pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada. Cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla y  se encontró con otras madres que hoy son las Madres de Plaza de Mayo. Ella también fue torturada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar”, cuenta Ana en el subte. Es martes, faltan menos de dos semanas para las elecciones presidenciales, y en unos días el video se viraliza en las redes.

Ana Fernández no pertenece a ninguna organización, define su actitud como una “micro militancia” ante el riesgo que implica una victoria de la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel. Tiene un programa de radio junto a su mamá en Radio Caput donde habla sobre Derechos Humanos  y ahora milita el “uno a uno”. elDiarioAR habló con la docente de 45 años para conocer más sobre su historia y los motivos que la movilizaron.

–¿ Por qué decidiste hablar en el subte?

–Venimos charlando con amigos y amigas y con la familia, pensando qué más podemos hacer. Ir a la panadería y hablar con el panadero, en los negocios, con los vecinos. Una amiga me dijo que teníamos que ir al subte. No pensé que iba a pasar esto. Era mi granito de arena y está bueno que otras personas se empezaron a animar. No es fácil, yo cuento en un minuto un pedacito de historia que son 30.000 historias . Está buenísimo que cada uno cuente la suya.

–¿Qué sentiste? En el video contás que estás nerviosa

–Una no sabe con quién se va a encontrar. Son personas que, como nosotros, se suben al subte para ir a un determinado lugar. No es lo mismo que dar una charla que alguien te pide. Es exponerse un montón porque estás hablando de algo personal, tal vez es más fácil contar la historia de otro. Lo hice porque realmente estoy preocupada. Fue dejar de lado los nervios, aunque uno los tiene igual, pero dar un paso y hacerlo porque lo que está en juego es la democracia y porque realmente me preocupa.

–¿Qué recepción tuviste por parte de las y los pasajeros?

–Fue muy agradable. Genera angustia la posibilidad del rechazo. Uno se está exponiendo, se está abriendo, son historias fuertes. No tenía miedo, pensé que podía haber indiferencia. Pero no, todos escucharon. Varios aplaudieron, algunos me agradecieron y nadie me dijo nada negativo. Eso fue un montón. Algunas chicas compartían foto o video y digo, capaz eso le llega a alguien y se quedan pensando. Pensar, buscar, que nadie puede decir que no sabía. 

–¿Seguiste haciendo eso en otros vagones?

–Algo así te conmueve, necesitás caer. Me iba a subir a otro vagón y no pude. Dije: “Espero un par de días y lo vuelvo a hacer”, pero no me dio el tiempo porque después explotó. No pensé que se iba a viralizar. Es una micro militancia, es la preocupación por la democracia. Son muchas y muchos que quieren hacer algo y lo hacen desde su vida cotidiana y piensan qué aporte hacer. A nosotras se nos dio por probar en el subte. Mi espacio es mi vida cotidiana.

–¿Qué pasó en tu familia?, ¿Cómo lo recibieron?

–Ellos no sabían. Se conmovieron porque es un minuto del resumen de nuestras vidas que son muchos años, muchas pérdidas y mucha construcción. También son años de alegría, la vida y las apuestas a pesar de las pérdidas. Apostar a vivir y a disfrutar que era lo que querían los 30.000 que nos faltan. Resumo en un minuto pero la historia es mucho más que eso. Producto de la tortura que sufrió mi mamá durante los primeros meses de embarazo cuando yo estaba en formación, hubo material genético que tenía que ir a algún lado y se fue a otro y por eso tuve intervenciones quirúrgicas de grande. En un momento me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Y yo pude tener dos hijos hermosos. Eso muestra que la vida siempre vence. A mi mamá le dijeron que yo no iba a nacer producto de las torturas y yo logré nacer. No iba poder dar vida y pude dar vida. A mi abuela la arrojaron con vida al mar, pero ella marcó un ejemplo porque recuperó a su hija y fue con las Madres a buscarla hasta que aparezcan todos porque todos son sus hijos. En una muestra de lo que era, de la solidaridad, de la lucha compartida, de que nadie se salva solo.

Ana Fernández habla de dar vida. Hoy tiene dos hijos: Ramiro, de 20 años y Enzo, de 9. Además tiene una hijastra, Oriana, de 17 años. Habla también de su abuela, Esther Ballestrino de Careaga, que dio la vida a pesar de haber encontrado a su hija. Fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y optó por no exiliarse en Suecia como sus hijas Ana María y Mabel. “Yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos'”, respondió ante la pregunta de porqué no se iba. Finalmente fue secuestrada junto a “los 12 de Santa Cruz”, como se los conoció al grupo de familiares, madres y religiosas que se reunían en la Iglesia de Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron secuestrados en diciembre de 1977, trasladados a la ESMA y arrojados al mar en los vuelos de la muerte. Allí estaba infiltrado Alfredo Astiz, integrante de la Armada, que simuló ser un familiar.

–Hace unos meses se repatrió el Skyvan, el avión desde el que tu abuela y el resto de “Los 12 de Santa Cruz” fueron arrojados al mar. ¿Qué te provocó eso?

–Son procesos de años en los que se van logrando avances. Me dio escalofrío ver el avión, tenemos que manejar eso con mucho cuidado y respeto. No banalizar el mal porque son aviones donde subieron personas y las arrojaron con vida al mar. Es muy fuerte encontrarse frente a eso y pensar cómo fueron capaces. Es realmente siniestro.

–¿Cuál es para vos el riesgo de que gane Mile?

–El riesgo es muy grande, es la democracia. Son derechos y valores muy caros a la sociedad argentina y eso está en riesgo. Los hechos más básicos, cotidianos, que ya conseguimos. Hay otros riesgos concretos, que los genocidas estén en libertad, que caminen al lado nuestro, la reivindicación a crímenes de lesa humanidad de parte del Estado. Nosotros tenemos un Estado que pidió perdón por esos crímenes y el riesgo es un Estado que reivindique eso. Y el odio feroz y la violencia que desde el propio Estado apoyan y generan y qué puede entonces hacer la sociedad con eso, tal vez nos haga una sociedad más violenta. Ni pensar si tenemos acceso a las armas. Eso sería siniestro.

–¿Qué opinás sobre la defensa de Villarruel a los genocidas?

–Lo de Villaruel no es nuevo, lo que me preocupó es que llegue tan lejos. Estaba en la agenda de Etchecoltaz, siempre tuvo relación. Incluso reivindica esas cosas. Algunas veces,  las niega por conveniencia en determinado pero si uno ve lo que hizo ella, las reivindica. Es lógico porque es su forma de vida. Tiene ese nivel de violencia en la vida cotidiana por su puesto que va a defender genocidas. Es muy triste para el país.

Mientras contesta las preguntas, Ana Fernández va repasando su historia. Recuerda su regreso a la Argentina en 1984 cuando tenía 6 años y sus maestras repetían la idea de “Por algo será”. También recuerda el miedo y las pesadillas. “Tenía miedo de que se roben a mi hermano Daniel, que nació en el 83 y era bebé. Yo lo sacaba de la cuna y lo ponía al lado mío y en la cuna ponía un muñeco para que si los militares entraban se equivocaran y se llevaran el muñeco”, dice.

Todo ese recorrido de 45 años es el que Ana Fernández quiso transmitir en un vagón de subte en un minuto: “Por favor, por la democracia no voten a Milei”.

CDB / DTC