Alexandra García Tabernero (Barcelona, 1991) es fiscal de la Audiencia de Barcelona, profesora de Derecho Penal y una experta y apasionada de la Justicia Internacional. Trabajó en la Corte Penal Internacional y en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Su currículum es aún más extenso, pero esta entrevista no es a la Alexandra fiscal. O no solo a ella. Es a la Alexandra que un día, en una comida familiar, descubrió que un familiar suyo, de la parte que emigró a Argentina, podía haber tenido “problemas” con la Justicia. Intentó saber más, pero no lo logró hasta que, 12 años más tarde y gracias a una de sus tías, apareció ya el nombre del coronel Reinaldo Tabernero. Su tío.

A partir de ahí empezó una investigación que concluye con un libro, Carta al coronel (Debate), en el que la autora reconstruye la historia real de su viaje a Argentina para conocer quién fue su tío, mano derecha del general Ramón Camps que se desempeñó en la subjefatura de la Policía bonaerense entre el 29 de noviembre de 1976 y el 14 de diciembre de 1977.

Murió preso en 2007 a los 85 años sin llegar a ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad por los que se lo acusaba. Alexandra García Tabernero tampoco lo juzga aunque, como buena fiscal, señala los indicios en una carta que aspira a ser también una reparación para las víctimas de la atroz dictadura.

—¿Quién es Reinaldo Tabernero?

—Reinaldo Tabernero es mi tío y fue coronel del ejército argentino. En 1977, en plena dictadura de Videla, era subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Años después acabó preso, investigado por crímenes de lesa humanidad.

—Y usted sabe de su existencia casi por casualidad. 

—Sí. Yo volvía de Londres, de una estancia por un máster en la que justo había escrito sobre la orden de detención a Pinochet. Me puse a contarlo en una comida familiar en Barcelona. Alguien mencionó que tenía familia en Argentina y que uno de mis tíos de allí terminó, dijo, con problemas de esos con la Justicia.

—Qué frase. “Problemas de esos con la Justicia”.

—Exacto, como si no hubiera pagado una multa, como si hubiera tenido, no sé, un embargo por alguna cuestión de Hacienda. Pregunto en esa mesa y a partir de ese día también a otros familiares y nadie me confirma absolutamente nada. Ese comentario espontáneo termina arrinconado y de algún modo paso página. Acababa de volver de una estancia de máster y me pongo a pedir una beca para irme a Estados Unidos justo para profundizar en temas de derecho penal internacional, que es lo que a mí me había despertado vocación desde hace años.

Después estoy en La Haya, en casos de crímenes de lesa humanidad, de militares, precisamente. Terminado ese año vuelvo a España y me pongo a opositar, saco plaza de fiscal y empiezo a trabajar. Transcurren doce años desde esa comida. Pero en enero del 2025 estoy hablando con una de mis tías y le cuento que me voy a Argentina. No me da tiempo de mencionarle que es para visitar a unas amigas. Mi tía se confunde, se descuelga y de repente me dice, 'madre mía, si investigas lo del coronel no te va a gustar'. Y ahí ya toca hueso.

—Y empieza a tirar del hilo.

—Ahí ya sí que me pongo a investigar a fondo, a solicitar documentación. Confirmo que se trata de un pariente mío llamando a una prima de mi tía que resulta que había elaborado un árbol genealógico. Esa prima de Barcelona me confirma que tenemos a una parte importante de nuestra familia en Argentina, porque de un pueblecito, de una aldea de La Rioja, una familia con seis hijos, cinco se fueron para Argentina a principios del siglo XX. Solamente uno de los hijos se quedó. Yo desciendo de ese, del mayor, el resto, todos los hermanos se fueron para Argentina y este militar, este coronel, es el hijo de uno de ellos.

—Su tía le dijo que no le gustaría lo que encontraría, pero en su familia tampoco sabían mucho de Reinaldo Tabernero.

—No sé todavía, a día de hoy, hasta qué punto mi familia española conocía detalles de todo esto. No termina de quedar nunca claro. Forma parte de esos secretos familiares vinculados a la idea de estigma, el peso social de la familia. Es un personaje que acabó preso. Allí era un cargo público conocido. Lo que yo descubro es que la gente en la provincia de Buenos Aires conoce mi apellido y que lo asocian a la dictadura, evidentemente.

—¿Por qué decide averiguar más sobre él?

—Lo único que tengo por seguro cuando emprendo el viaje es que tengo vínculo de parentesco con un coronel del ejército que fue jefe de la Policía con Videla. Que era subjefe de la Policía Provincial de Buenos Aires, y que terminó preso por crímenes de lesa humanidad. Esto es todo lo que yo sé, lo que hay en una primera búsqueda en internet.

Contacto con los archivos de memoria, con asociaciones de memoria, Abuelas de Plaza de Mayo… Ellos me facilitan toda la documentación que está pública y desclasificada. Han hecho un trabajo impresionante de documentación. Y empiezo a entrevistarme también con personas, sobre todo buscando a víctimas de 1977, de torturas, de apropiaciones de bebés, y me voy empapando de la época. No solamente de la figura en concreto de quién fue mi tío y qué había hecho, que eso era lo que a mí me obsesionaba más, sino que también necesitaba sumergirme al máximo en esa época para poder entender las implicaciones de lo que fue su figura y de lo que representó. 

—También reconoce que no era consciente de hasta qué punto le marcaría. 

—Sí, eso es así. Me voy con la intención y el objetivo de documentarme, de obtener información, casi como una labor periodística de investigación. Lo que me encuentro es con un montón de testimonios personales. Conozco a mi familia argentina y eso me traspasa todas las capas porque es muy distinto a leer lo que puede reflejar un documento. El testimonio vivo se convierte en un viaje emocional, en una montaña rusa porque atravieso un montón de emociones.

A la vuelta hay unos días en los que no puedo escribir, no puedo seguir. Había empezado a escribir la carta, y me bloqueo, porque tengo tal cóctel emocional, tanto conflicto interno, tanta emoción ambivalente, que me cuesta avanzar. Siento que me he acercado demasiado a él en este viaje. El hecho de saber que somos familia, que compartimos apellido, sangre e incluso apariencia física, según el fiscal del caso, y yo dedicándome a lo que me dedico hace que al principio se produzca un efecto inconsciente de querer exculpar. El buscar el resquicio, la versión exculpatoria posible, la duda razonable. ¿Y si estuvo en el cargo equivocado, en el momento equivocado? Es algo que pienso de forma inconsciente.

—¿En cierta manera este libro, esta carta que le escribe, es una especie de rendición de cuentas en su nombre?

—En este sentido me encuentro con un escollo y es que él, pese a entrar en prisión, muere antes de su juicio. Fallece preso preventivo y, por tanto, sin una sentencia, sin un proceso público en el que pueda demostrarse en sentencia firme lo que hizo o dejó de hacer.

Lo que yo puedo hacer frente a eso es publicar esta carta y evidenciar un compromiso desde el mismo apellido y desde la misma sangre con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la memoria, para lo que eso pueda servir. Ya no solo en mi persona, que ya te digo que ha tenido un efecto terapéutico, sino también para otras personas dentro de mi familia española y argentina. Mi esperanza es que también pueda llegar a tener un cierto efecto reparador y de justicia en personas que atravesaron esa época en Argentina. 

—¿En posibles víctimas?

—Sí, en posibles víctimas.

—¿Encontró todas las respuestas que buscaba?

—Encontré muchas de las respuestas, no todas. Me queda la duda y la arrastraré siempre, me queda el no haberlo conocido, haberme entrevistado con él y haberme podido llevar una impresión directa de quién era.

—Si eso hubiera sido posible, ¿qué le habría preguntado?

Muchas de las preguntas están en el libro. Fundamentalmente, ¿qué fue lo que ocurrió ese año?, ¿qué hay de cierto en lo que te atribuyó el fiscal?, ¿participaste?, ¿sabías lo que estaba pasando?, ¿ordenaste alguna detención ilegal?, ¿ordenaste algún asesinato?, ¿cometiste algún asesinato?, ¿torturaste a alguien?, ¿tuviste algo que ver en la apropiación sistemática de bebés que se produjo ese año?

Lo que yo puedo hacer frente a eso es publicar esta carta y evidenciar un compromiso desde el mismo apellido y desde la misma sangre con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la memoria, para lo que eso pueda servir

—Hay un momento en el que reflexiona sobre el mal, sobre su génesis. ¿Hasta qué punto piensa que nace de la propia persona y cómo puede verse propiciado también por el contexto?

—No entiendo de biología pero, por lo que he leído, se dice que podría haber un elemento congénito. Lo que sí he podido ver como fiscal es que hay personas que tienen una absoluta falta de empatía y una frialdad frente al dolor ajeno y la causación del dolor ajeno.

A mí me parece que el contexto, la socialización de los humanos, tiene un papel muy importante. Y el contexto no solo social y familiar sino también el cultural. En Argentina se instauró un relato oficial, el de que había una guerra contra el terrorismo y de que había que hacer frente a los elementos subversivos con todos los medios al alcance del aparato estatal. Ese paraguas fue utilizado por muchas personas para justificar atrocidades. 

—En el libro, una de las víctimas le explica que no cree en la humanidad, que la historia no existe. ¿Para alguien que se dedica a impartir justicia es especialmente difícil escuchar una frase como esta?

—Sí, lo es. Siempre que trato con una víctima le transmito una idea y es que soy consciente de que no puedo hacer lo que a mí me gustaría, que es borrar lo que le ocurrió. Hay que ser realistas, nosotros no podemos borrar lo que les hicieron. Sí podemos comprometernos a poner todos los medios públicos a nuestro alcance para que esa persona sienta que está siendo escuchada y que se está intentando algún tipo de reparación, ya sea en la forma de consecuencia punitiva, que es lo que hacemos en derecho penal, o en otra forma.

Este libro es otra forma de justicia en algún sentido. Yo no le hago un juicio a mi tío, no puedo, pero puede haber un efecto restaurador a lo largo de la historia.

—Dice que este libro no lo escribe como fiscal, pero algo habrá influido su mirada de jurista a la hora de tratar con algunas víctimas y también a la hora de escribirlo.

—Se me escapa un poco el papel de fiscal. Llevo el personaje dentro y no puedo separarme del todo de él porque para mí mi elección de oficio fue algo muy vocacional. Yo no me veo haciendo otra cosa. Soy fiscal y seguiré siendo fiscal. 

Aquí he hecho un esfuerzo por colocarme en el papel de sobrina porque me interpela. Como fiscal podría haber escrito sobre muchos otros posibles perpetradores y hacer una valoración de indicios, pero elegía al coronel Reinaldo Tabernero por una razón y es que es mi tío. Es cierto que hay algo que hago a lo largo de toda la carta que es muy de fiscal sin reconocerlo abiertamente y es poner sobre la mesa los indicios que había en su contra.

—Tal vez también llevar la coraza abrochada.

—Sí, ese consejo me lo dio un magistrado del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia cuando terminé mi periodo allí de estancia antes de convertirme en fiscal y es el mejor que me han dado. Yo pensé que para el oficio, pero lo es para la vida. Hay que protegerse. Estamos en un mundo en el que no todas las personas tienen buenas intenciones y es necesario protegerse. En mi oficio lo es para poder prestar un servicio público en condiciones.

Estamos en un mundo en el que no todas las personas tienen buenas intenciones y es necesario protegerse. En mi oficio lo es para poder prestar un servicio público en condiciones

—Usted es experta en Derecho Internacional. Viendo lo que ha pasado en Gaza, habrá gente a la que le cueste creer aún en la Justicia internacional. Parecería que entre la justicia y la geopolítica ha ganado la segunda.

—El sistema de justicia penal internacional requiere de voluntades soberanas de los países y necesitamos de su consentimiento y de la cooperación permanente de los países que son soberanos, que pueden retirarla. Vivimos un momento actual de fragilidad en el que hay que tomar decisiones pensando a largo plazo y de forma estratégica para la supervivencia de este modelo. 

Es un modelo que nació de forma imperfecta. Tenemos los juicios de Núremberg con todas las objeciones legales que se podían formular. Sin embargo, fue el peaje, el mal menor, para que naciera este proyecto en el que yo sigo creyendo firmemente. No es el mejor momento que atraviesa, pero sigo creyendo en su viabilidad. 

—Es de las fiscales que ha hablado más claro reclamando una especialización para lidiar en los casos de violencia sexual. Aunque se haya avanzado, aún cuesta mucho que una mujer se decida a denunciar.

—Las reticencias que me he encontrado en este tipo de delitos no las he encontrado en otros. El miedo, la vergüenza, el estigma, las presiones frenan a la víctima y la paralizan como no lo hacen en ningún otro caso. Eso es comprensible y precisamente por ello, nosotros somos los que debemos poner mayores facilidades para que se venzan esas barreras de miedo inicial a denunciar. Porque en España, sin una denuncia, no podemos investigar un delito sexual. Necesitamos esa denuncia. La puede interponer el fiscal, pero para que el fiscal la interponga necesita información que normalmente le va a proporcionar la víctima. Ahí tenemos un reto pendiente. Argentina creó una especialidad en violencia sexual. Podemos aspirar a ello y sería un gran acierto.

—Leí una frase suya que lo resume muy bien: “No todo empieza y termina en el derecho”.

—La ley es una parte de la solución, pero es necesario el enfoque multidisciplinar.

El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata fijó el inicio del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, quien se desempeñó como gerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda durante la última dictadura militar. El proceso comenzará el 23 de abril de 2026, a las 12 horas, y constituye un nuevo avance en la investigación de la responsabilidad empresarial en los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

La apertura del juicio se produce cuando está próximo a cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 y es el resultado de una lucha sostenida durante décadas por parte de familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales del sector.

En ese camino, tuvieron un rol central la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital y Gran Buenos Aires (SOEIA), que se presentaron como querellantes y aportaron actas y documentación clave para la causa.

Ambas organizaciones asumieron el compromiso de representar a sus afiliados víctimas de la represión ilegal, no solo frente a la complicidad empresarial sino también ante la pasividad de la conducción sindical de aquellos años.

Emilio Parodi, empleado jerárquico del grupo Bunge & Born —propietario de Molinos Río de la Plata durante la dictadura— está imputado por integrar la estructura que confeccionó listados de trabajadores de la planta de Avellaneda que luego fueron secuestrados por el aparato represivo del Estado debido a su actividad sindical. En varios casos, los operativos incluyeron también a familiares de las víctimas.

Tras décadas de impunidad, Emilio Parodi fue detenido el 4 de julio de 2023. La elevación de la causa a juicio oral y la fijación de una fecha concreta representan un paso significativo en el esclarecimiento de los secuestros, las torturas y las desapariciones de trabajadores del sector aceitero. No obstante, desde la Federación y el Sindicato de Capital y Gran Buenos Aires reclamaron en agosto de 2023 que otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda sean citados a indagatoria por su presunta participación en los hechos.

Según consta en la causa, en la planta de Molinos de Bunge & Born en Avellaneda fueron víctimas de delitos de lesa humanidad 26 trabajadoras y trabajadores: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadín Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fue apropiada cuando tenía seis meses de edad tras la desaparición de sus padres.

A medio siglo del inicio del terrorismo de Estado, la causa Molinos vuelve a poner en primer plano la necesidad de juzgar no solo a los responsables militares, sino también a los actores civiles y empresariales que colaboraron activamente con el plan represivo.

JIB

La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió este jueves que las extensas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad deben estar debidamente justificadas con “indicios concretos” de riesgo procesal, al considerar que prolongar el encierro sin fundamentos suficientes implica una “pena anticipada” y una violación al debido proceso.

El pronunciamiento del máximo tribunal surgió en el marco del caso de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y que permanece detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2013, en el marco de una causa por secuestros y homicidios ocurridos antes del golpe de Estado de 1976.

La Corte resolvió sobre una nueva prórroga dictada en mayo de 2025, lo que eleva a casi doce años su detención preventiva, pese a que el plazo máximo previsto por ley es de tres años.

En su resolución, la mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza sostuvo que “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, y enfatizó que las prisiones preventivas deben basarse en riesgos procesales reales y no en la sola gravedad del delito imputado.

“El hecho de que el imputado esté acusado de gravísimos delitos no justifica por sí solo la imposición ni la prolongación de una medida tan gravosa”, afirmaron los jueces, quienes agregaron que “la presunción de inocencia es un principio que debe honrarse sin excepción”.

En disidencia, el juez Ricardo Lorenzetti consideró inadmisible el recurso sin pronunciarse sobre el fondo del planteo.

El fallo también cuestionó el accionar de la Cámara Federal de Casación Penal, que había denegado un recurso sin evaluar los argumentos relativos al exceso en la prisión preventiva. La Corte remarcó que, pasados los tres años legales, esta forma de detención es “la excepción de la excepción” y su aplicación requiere de una rigurosa fundamentación específica.

Castillo ya cuenta con una condena a prisión perpetua en otra causa, por lo que esta decisión no implica su liberación inmediata, sino un posicionamiento institucional sobre los límites de la prisión preventiva en los procesos por crímenes de lesa humanidad. El juicio en esta causa particular continúa en trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

La resolución

La causa contra Castillo

En mayo de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el martes la condena a prisión perpetua impuesta a Carlos Ernesto “Indio” Castillo y anuló la absolución de Juan José “Pipi” Pomares, por su participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados por el grupo paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre febrero y abril de 1976. Ambos habían sido juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, en 2017, por las privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios, entre otros delitos y según cada caso, de los perseguidos políticos Antonio Domínguez, Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Hugo Daniel Pastorini, Adelaida Úrsula Barón, Leonardo Guillermo Miceli y Roberto Fiandor.

En su fallo, los camaristas señalaron que la CNU operó en connivencia con una red estatal e integraba parte del plan represivo. En cuanto a Pomares, que había llegado al juicio acusado junto a Castillo por los homicidios de Domínguez, Dinotto y Martini y la “sustracción de una persona con el fin de obligarla a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”, en perjuicio de Pastorino y Barón, la Sala IV enfatizó que se debió haber considerado válido el testimonio de Walter Martini, quien fue testigo del secuestro de su madre cuando tenía diez años y reconoció en un libro de fotos a Pomares. Otra de las víctimas sobrevivientes, Pastorini, también lo reconoció. Respecto a esa situación, el TOF había declarado -por mayoría- la nulidad de esos reconocimientos fotográficos realizados en la etapa de instrucción de la causa.

Tras conocerse el fallo de la Casación Federal, el auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, Juan Martín Nogueira, solicitó que se prohíba la salida del país de Pomares, lo que así dispuso el TOF platense.

De acuerdo con el fallo de Casación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 deberá dictar un nuevo pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Pomares, sin necesidad de realizar un nuevo debate.

El juicio

Los ex miembros de la CNU habían sido juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. En dicho juicio el Ministerio Público Fiscal fue representado por Carlos Dulau Dumm y Juan Martín Nogueira, quienes habían solicitado la pena de prisión perpetua para ambos acusados. Finalmente, el Tribunal resolvió imponer la pena de prisión perpetua para Castillo y dictó la absolución “por el beneficio de la duda” de Pomares.

En su alegato en el debate oral, el entonces fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira había enfatizado que “los casos objeto de este juicio no se insertan en el contexto generado por el aparato de poder organizado de la dictadura instaurada por las fuerzas armadas a partir del 24 de marzo [de 1976], sino que la intervención penalmente relevante está dada por un grupo paraestatal denominado Concentración Nacional Universitaria, CNU, que funcionó, junto con muchos otros grupos, con la aquiescencia y favorecimiento de un gobierno democrático bajo el estado de sitio, que a través de una serie de decretos consolidó un sistema de violencia y muerte respecto de un grupo de la población reputado disidente, subversivo o disfuncional al sistema, lo que preludió, y preparó diría, el plan sistemático de desaparición de personas”.

Así hablaba el “Indio” Castillo frente al TOF N°1 de La Plata

En abril de 2020, La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su conformidad con la denegación de la prisión domiciliaria al genocida Carlos Ernesto Castillo, quien había sido condenado a prisión perpetua en un juicio oral y público en 2017. El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata no dio a lugar el pedido de prisión domiciliaria que solicitó la defensa de Castillo, ordenando al Servicio Penitenciario Federal que continúe realizando los correspondientes controles y chequeos médicos sobre el recluso.

La decisión judicial lleva fecha del jueves 16 de abril de 2020 y no hace lugar al pedido de los abogados de Carlos Castillo, conocido como “El Indio”, quien fue condenado por delitos de Lesa Humanidad el 29 de Noviembre de 2017. En el juicio fue encontrado culpable de los secuestros y homicidios de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino; todos hechos cometidos entre Febrero y Abril de 1976. La Subsecretaría de Derechos Humanos fue querellante en el debate oral.

“Castillo tiene una condena por delitos gravísimos. Además en su actual lugar de detención se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para poder cumplir con todos los recaudos del aislamiento social y obligatorio”, explicó Verónica Bogliano, Directora de Querellas en Crímenes de Lesa Humanidad de la Subseretaría. Y agregó: “No nos sorprende que los represores quieran aprovecharse de una situación tan preocupante que se vive en el mundo entero para tratar de lograr algún beneficio individual”.

Algunos datos sobre el “Indio” Castillo

Con información de agencias.

IG

Ropa sin estrenar y de invierno, en medio de una ola de calor insoportable. Pasaportes con su foto y nombres distintos. Dinero de varios países. Un bolso beige con cosméticos. Un juguete de bebé sin usar. Rodeada de esos objetos, entre insólitos y sospechosos, una mujer aparece muerta el 21 de julio de 1980 en un hotel de Madrid. Se llama Noemí Esther Giannetti de Molfino, le dicen Mima, y mucho tiempo después se sabrá que llegó hasta allí luego de ser secuestrada en Lima, Perú, por agentes de inteligencia de la dictadura que tomó el poder en 1976 y desde ese momento siembra el terror con secuestros, desapariciones y muerte. Por aquellos días, el caso toma relevancia local e internacional mientras que las denuncias por las desapariciones se empiezan a escuchar con más fuerza y el régimen militar busca estrategias para frenarlas. Una, por ejemplo, fue presentar a esta mujer como alguien que paseaba tranquilamente por Europa con pasaportes falsos y dinero de grupos denominados “subversivos” por los militares.

A 45 años de su asesinato, la historia de Mima y de sus seis hijos fue reconstruida por el escritor Juan Carrá en su notable libro Salvate vos (Sudamericana, 2025). Se trata, como el propio autor señala, de un texto de no ficción que parte de esa escena macabra plantada por el régimen militar para narrar la historia de una familia arrasada por el terrorismo de Estado. Es que, mientras el cadáver de Mima era encontrado en Madrid, el mayor de sus hijos era un preso político y víctima de la tortura en Argentina, el más joven vivía en la clandestinidad entre España y Perú llevando adelante tareas para Montoneros, una hija embarazada y su yerno fueron secuestrados y desaparecidos y otra hija debió exiliarse.

Contada a partir de una exhaustiva investigación y con un ritmo narrativo impactante, en Salvate vos se superponen militancia, intimidad, contradicciones, silencios, vértigo, armas, escenas de clandestinidad, persecuciones y complicidades entre gobiernos de facto de Latinoamérica. Un libro que a partir de narrar los vaivenes de una familia atravesada por el compromiso político y víctima de uno de los mayores crímenes internacionales de la dictadura, ofrece un riguroso retrato de época.

– Por tus trabajos previos investigaste muchas historias que tienen lugar en la dictadura o con los ‘70 en un sentido amplio. ¿Cómo fue que llegaste a la de los Molfino y que decidiste contarla?

– En los ‘90 cuando yo era muy pibe y empecé a militar, me puse a leer mucho. En un momento me topo con un libro en el que hay un testimonio de un ex militante montonero que cuenta todo lo que le pasó a su familia en la dictadura y habla ahí un poco del Plan Cóndor. Cuenta que su mamá había sido secuestrada en Perú y que apareció asesinada en un hotel de Madrid. Era Gustavo Molfino, que es el hermano más chico. Ahí me di cuenta de que había una historia familiar que condensaba en sí misma te diría la tragedia total: la desaparición de su hermana y su cuñado, el exilio de su otra hermana, la vida en clandestinidad de varios de ellos, la tortura, el asesinato de su madre, la persecusión al hermano que estaba en una cárcel como preso político. Y algo que descubren mucho después: el sobrino que nace en Campo de Mayo y es robado hasta que descubre su identidad de grande. Por supuesto que en ese momento yo no estaba ni cerca de escribir. Era otra vida mía, pero de alguna manera me quedó el apellido Molfino en la cabeza. Muchos años después, yo ya era escritor, y en un par de festivales me empiezo a cruzar a Miguel Molfino que es escritor, una especie de gran referente de la novela policial para las nuevas generaciones. En un festival literario hay una mesa sobre cárcel, dictadura y terror donde están él y Raúl Argemí que fueron compañeros de celda. Los dos estuvieron presos en la Unidad Penal de La Plata y recordaron que los dejaban tener pocos libros. En un momento van a trasladar a uno de ellos, tenían No habrá más penas ni olvido, de (Osvaldo) Soriano, y como no llegaban a terminarlo los dos, se pusieron a leerlo esas últimas horas en voz alta, turnándose, para terminarlo.

– La escena está contada en Salvate vos.

– Sí, porque me pareció que ahí se condensaba algo muy interesante. Por un lado, el rol de la literatura en esos momentos de soledad. Pero también su potencia en la resistencia. Una forma de resistencia al interior de la cárcel, también de compañerismo, un gesto de amor en esa lectura. Fuimos a tomar al café La Paz un whisky y hablamos mucho de esa escena. Éramos varios hasta que nos fuimos quedando solos. Y en un momento menciona algo de su familia y empieza a contar la historia de su mamá. Entonces ahí yo digo pará, “esto lo leí en algún lado”. También me doy cuenta de que parte de su historia también estaba contada en La Voluntad (N. de la R. el libro de Eduardo Anguita y Martín Caparrós).

– ¿Algo de la historia familiar en particular te había llamado la atención?

– Me parece que en la familia Molfino se muestra algo que es generacional: esto de que son familias antiperonistas que van mutando al calor de los ‘60 y los ‘70. Y es algo que no solo pasa en Argentina sino también de lo que se vive a nivel internacional, con el Che, el Mayo Francés, las luchas de liberación nacional y social a nivel del Tercer Mundo, qué sé yo. Todo eso va mutando y el peronismo, en paralelo, entra ahí también a tallar. Me interesaba ese doble juego y ahí nos empezamos a vincular hasta que me hago muy amigo de Miguel. Él, de hecho, escribió la contratapa de un libro mío de cuentos sobre la dictadura. En un momento yo tenía ganas de escribir una novela de espionaje. Estaba en eso y se me ocurre utilizar algo de la historia personal de Miguel. Entonces lo llamé para decirle “che, mira, me gustaría usar estas partes, qué sé yo”. Él me dice que no tenía ningún problema y ahí le pregunto si había algo que pudiera leer sobre su familia porque todo lo que iba apareciendo era muy fragmentado. Me dice que no había nada que condensara todo. Y me agrega: “Yo nunca voy a poder escribir algo así”. Entonces, en plena conversación telefónica, se me ocurre preguntarle si me dejaría hacerlo a mí. Me dice que tenía que hablarlo con los hermanos y, con el ok de todos, así llegamos a Salvate vos. Ahí me empiezo a juntar con ellos. Ahí empieza el proceso de investigación más pensando en una novela de no ficción. Y se vuelve como una especie de compromiso de amistad con Miguel para contar algo que él me dice que él no va a poder contar nunca.

– Decidiste armar el libro con la madre, Mima, en el centro. ¿Por qué?

– Pasan varias cosas, por un lado pensando en esto de las historias que condensan el horror en varios sentidos me empecé a preguntar por lo que les pasaba a las madres de aquellos jóvenes que crecieron entre los ‘50 y los ‘70. Muchas de ellas, como Mima, vienen de una mirada muy distante de la política. Hasta que empiezan a ver que sus hijos deciden abrazar ideas que les son ajenas pero que, a la vez, dan muestras de una entrega muy fuerte de ellos por el otro. Sobre todo en aquellos militantes que hacían trabajo territorial. Ahí ellas pueden ir viendo que ahí hay algo muy positivo de entrega hacia los demás. Se da una verdadera transformación de esa generación también. En este caso particular, además, hablo solo de ella porque queda viuda muy joven. Para contarlo en el libro era ella la única que podía ir hilvanando la historia, porque es la única que en algún punto va manteniendo contacto permanente con todos sus hijos, que por distintos motivos van desperdigándose. Mientras una se va a Francia al exilio el otro queda exiliado internamente en Buenos Aires. Hay un hijo que se queda en Chaco pero que se va primero a la Patagonia a trabajar, casi como una especie de retaguardia familiar cuidando la cosa. Hay otra hija que se va con el marido clandestina a Tucumán. De repente la familia se vuelve una diáspora y ella es la única que puede unirlos. Entonces, narrativamente, debía ser en algún punto así. Pero también porque todo esto termina con la aparición de su cuerpo en un montaje sin precedentes. Entonces creo que hay en algún punto una transformación permanente de esa mujer por lo que sus hijos van viviendo, por lo que van eligiendo y por lo que van sufriendo. Ella los acompaña en sus movimientos hasta que en un momento empieza a tomar decisiones propias. Algunas incluso que sus hijos no pueden explicar: cuando ella ya está por primera vez en Europa no hay una certeza de cómo decide vincularse de manera directa y colaborar con Montoneros. Nadie sabe hasta hoy quién la involucró. Gustavo sigue diciendo “yo no fui” y él tampoco sabía que ella iba a viajar a Perú cuando lo hizo. La frase que se repetía en el exilio, como cuento en el libro, siempre era no preguntes, no dejes que te pregunten. En el caso de los Molfino no era por desconfianza sino por protección al otro.

– Elegiste para empezar el libro justamente con ella, cuando aparece muerta en el hotel de Madrid, en 1980. ¿Cómo fue reconstruir esa escena tan compleja y de la que hay tan pocos testigos?

– Esa escena y en realidad todo el libro está basado en un trabajo de investigación exhaustivo no sólo testimonial sino también documental. Hay muchos expedientes judiciales. Para el caso puntual del asesinato de Mima hay un expediente judicial español al que tuve acceso. Ahí está toda la descripción de la escena y toda la situación. También hay un libro que se llama Asesinos sin fronteras, que es una compilación documental y de análisis jurídico de Eduardo Luis Duhalde, que fue uno de los abogados que inicialmente estuvo cerca de la familia. También hay otro libro muy importante, que es un libro peruano. Se llama Muerte en el Pentagonito, de Ricardo Uceda, y reconstruye la etapa del secuestro y la tortura en Perú y cómo los peruanos ayudaron en ese procedimiento de la dictadura argentina a partir del testimonio de un militar peruano que participó. Así que me nutrí de la bibliografía existente y también de mi propia investigación. Entrevisté a otras personas del entorno de la militancia y de la familia. Viajé a Chaco en varias oportunidades a buscar a los hermanos. Viajé a Perú, busqué mucho en las hemerotecas allá y acá. Salió en los diarios de la época toda la movida internacional que deriva en el secuestro de Mima con tres personas más, y después la aparición de su cuerpo en un montaje de inteligencia y de la Cancillería argentina para tratar de instalar rápidamente que estos desaparecidos en realidad estaban paseando en Europa. Con ella se monta una campaña internacional muy grande: para derribar lo que se empezaba a hablar de las desapariciones la dictadura tenía que armar algo. Y con ella lo intentan: querían mostrarla en una escena más propia de una persona que vive en la absoluta clandestinidad y un poco de desparpajo con guita, pasaportes, toda una serie de cosas armadas, en un hotel donde supuestamente la lleva otro montonero. Toda una serie de cosas que logran instalar los militares para decir “estos que ustedes llaman desaparecidos están dando vueltas por Europa y se están matando entre ellos”.

– En el libro y también en algunas entrevistas te referís a Salvate vos como una “novela de no ficción”. ¿Cómo pensás esa categoría? ¿Qué es para vos una novela de no ficción?

– Bueno, en principio en una novela de no ficción digamos que hay una apropiación o reconstrucción de acontecimientos reales, con una base de investigación muy importante que viene a sustentar lo narrativo. En la reconstrucción siempre opera un narrador que reconstruye mucho más allá de lo que puede dar el testimonio en base a cruzar elementos. Yo entrevisté a muchas personas del entorno de la militancia, por ejemplo. Lo que buscaba era, más allá de episodios puntuales que habían vivido, saber qué les gustaba, qué comían, qué música escuchaban. Y a veces el entrevistado me miraba como diciendo “¿pero no me viniste a preguntar por la Contraofensiva, por la militancia?”. Bueno, sí, pero estas preguntas boludas también me sirven después para la construcción narrativa apegada lo más posible a lo que requiere la no ficción. Lo que pasa es que cuando la reconstrucción te lleva a indagar en personas desaparecidas o asesinadas siempre quedan huecos. En esos huecos, a la vez, por ahí aparecen indicios de lo que pudo haber sucedido. En algunos casos esos indicios son más fuertes, en otros no. Esos huecos son exponentes de lo arrasador que fue el terrorismo de Estado, los silencios que provocó. Yo creo que ahí es donde la ficción y la investigación periodística vienen a ayudar a recuperar verdad y memoria. Es a partir de esos silencios donde aparecen las posibilidades de reconstrucción. Pero no inventé nada, es lo mismo que hace (Rodolfo) Walsh en Operación Masacre. Esas escenas que él construye cotidianas de los trabajadores que después van a ser fusilados es la reconstrucción, muy ficcionalizada en términos de escenas, a partir de testimonios. Bueno, cuando se publicaron los diarios de Enriqueta Muñiz uno se da cuenta ahí del gran trabajo de ficción fuerte que hay en esa escritura. No hablo de inventar, ni de mentir. En el caso de los Molfino, pude tener acceso, por ejemplo, a muchas cartas. Hay, también, mucho trabajo con la prensa de la época, en especial con la prensa del movimiento revolucionario. Me parece que ahí opera la ficción. La ficción en términos de reconstrucción. Un poco ese es siempre el juego: hacer jugar la literatura como una herramienta muy fuerte para poder contar la historia no como un informe destemplado sino como una novela.

Cuando la reconstrucción te lleva a indagar en personas desaparecidas o asesinadas siempre quedan huecos. En esos huecos, a la vez, por ahí aparecen indicios de lo que pudo haber sucedido. Esos huecos son exponentes de lo arrasador que fue el terrorismo de Estado, los silencios que provocó.

– Buena parte de los hechos que contás en el libro transcurren alrededor o a partir de la llamada Contraofensiva de Montoneros, una decisión que sigue siendo discutida hasta hoy. ¿Qué pensaste vos después de haber leído y trabajado tanto sobre ese episodio?

– En principio me parece que cualquier análisis de los ‘70 siempre es fácil con el diario del lunes. Por eso lo que me interesa un poco es recuperar tanto material documental de época, ver cómo situar cada episodio, qué podían pensar y analizar quienes vivían en ese momento, en ese devenir histórico, en el proceso de lucha de ese momento. No casi 50 años después, con las consecuencias sobre la mesa. No digo que sea fácil, pero en algún punto es un poco simplista decir solamente que la Contraofensiva “fue una locura” y listo. La mayoría de las personas con las que hablé de la Contraofensiva, que participaron de alguna u otra manera, no me decía que en ese momento consideraba que estaba haciendo una locura. Incluso muchos de ellos tenían muchas intenciones de volver al país a luchar contra la dictadura, casi como una especie de mandato, de mandato de decir hay que volver a luchar contra la dictadura. Después, claramente, uno puede decir que se trató de un análisis político incorrecto. Eso visto desde hoy es clave. Como lo hubo también en la Operación Monte Chingolo del ERP. ¿Hubo análisis o decisiones incorrectas? Sí, por supuesto. Diría errores de lectura política. Algunos, incluso, de los que la propia organización se da cuenta. Tarde. Hay cuadros de la organización que van avisando “che, guarda porque está todo mal”. Uno de ellos es Federico Frías Alberga, que hace un informe desde adentro y avisa “che, esto no está funcionado tan bien como pensábamos”. También hay una crítica a la conducción en un documento y sin embargo continúa el proceso revolucionario. También para entonces hay rupturas muy grandes, con gente que se va de la organización. Lo que quiero decir, a partir de la investigación y de los testimonios, es que siento que ahí hay todo un devenir de una organización en un proceso político muy denso que comete errores. Errores que, por supuesto, en ese contexto cuestan un montón de vidas y aparecen el horror y la tragedia. Por eso la historia necesita ser leída desde varias aristas, para poder hacer un análisis más detenido, más situado, más pensado. Y ahí, en todo caso, sí encontrar los errores. Pero este, como varios otros, es un episodio de la historia militante de los 70 donde va a seguir habiendo contradicciones y no va a haber nunca una posición unificada. Yo creo que ahí es donde se vuelve difícil la idea de la verdad o la idea de cuál es la verdad sobre este hecho histórico. Lo que a mí me importa en todo caso es pensar en esas verdades a partir de mostrar que existían personas que creían que, por ejemplo, la Contraofensiva estaba bien y hay otras personas que decían “che no, esto no va”. Incluso en el mismo marco de la dinámica familiar que yo narro en el libro. Después me parece que, más allá de lo que haya pasadoen la Contraofensiva por las decisiones de la conducción de Montoneros y de sus cuadros intermedios, me parece importante desmarcar esa cuestión interna de la intensidad sofocante del genocidio sobre los militantes que volvieron al país.

– De hecho citás, al final, el alegato de una fiscal del juicio por la Contraofensiva que trae la noción del “derecho a la resistencia contra la dictadura militar”.

– Claro. Bueno, eso es el valor grande que tuvo ese juicio: exponer que existió la necesidad del derecho de resistir a un gobierno dictatorial, ilegítimo, que montó el aparato represivo del Estado en su máximo nivel. Que nada de todo lo que sucedió durante esa época es legítimo porque es absolutamente parte de un gobierno que usurpó la democracia, que terminó con la democracia, que terminó con la justicia.

– El libro sale en un contexto en el que desde el gobierno nacional se cuestiona no solo a la militancia de los ‘70, sino a la política en general. La política vista como gran fantasma, una casta, un lugar para delincuentes. Y, al mismo tiempo, hay en el Poder Ejecutivo una vicepresidenta como Victoria Villarruel con un discurso negacionista a veces y a veces reivindicatorio de la dictadura. ¿Cómo pensás que puede dialogar una historia como la que escribiste con estos tiempos?

– Es muy difícil aventurar cómo dialoga. Sí creo que es muy importante seguir contando historias sobre lo que pasó. Me interesa mucho la posibilidad de seguir repensando críticamente y analíticamente qué pasó en la década del ‘60 y ‘70 en la Argentina. Pensar críticamente solo es posible a partir de contar historias. A veces pareciera que está todo contado pero lo cierto es que no. Y que a veces, también, se tiene la sensación de que porque se lograron determinadas políticas públicas en un determinado momento histórico el proceso de memoria está terminado. Pero no. El proceso de memoria, que va de la mano del proceso de la verdad, es un proceso histórico permanente. Los delitos que se cometieron son de lesa humanidad por esto. Estos crímenes produjeron, entre otras cosas, la ausencia. Y en esas ausencias hay ausencia también de posibilidad de relato y de análisis. Gran parte de la generación que incidió de manera fundamental en la política argentina de aquellos años hoy no está para formar parte de debates políticos, para poder discutir qué pasó. No están. Están desaparecidos o asesinados, Eso es producto del terrorismo de Estado también. Nos robaron esa posibilidad. Nos quitaron esa posibilidad. Nos quitaron la posibilidad de hacerles preguntas a esas personas, de decirles a esas personas “che, te equivocaste” o “qué pasó acá” si alguien tuviera esa inquietud. Eso a mí también me estremece del terrorismo de Estado. Pertenezco a una generación posterior que no vivió algunos episodios de manera directa. Pero sí me siento parte de una sociedad que también fue víctima de eso: la falta de un fragmento muy importante de su historia. Por un delito como la desaparición forzada, las reconstrucciones que intentamos trabajar todos en distintas épocas nunca van a ser del todo acabadas porque faltan voces que el terrorismo de Estado se llevó. A esa falta de voces se le suma que los genocidas tienen un pacto de silencio con el que ocultan información. Entre otras cosas, información sobre dónde están los niños y niñas apropiados por la dictadura. En el caso de los Molfino, nació Guille, una persona a la que no se buscaba porque pocos sabían que su madre estaba embarazada cuando fue secuestrada. ¿Cuántas personas como Guille habrá dando vueltas por ahí? No sabemos. Ante toda esta cosa de horror permanente, creo que contar historias en la época que sea es la única manera que tenemos de seguir manteniendo vivo ese proceso de memoria y verdad. Creo también que a determinados discursos reivindicatorios del exterminio y del genocidio, la mejor manera que tenemos para contrarrestarlos es contar historias que abarquen arcos narrativos un poco más amplios de los que ellos proponen. O que ellos priorizan para quedarse solo con aquello que quieren. Así que pienso que las épocas no son condicionantes y en todo caso en todas las épocas habrá nuevos desafíos. Pero también siempre hay lectores que quieren entrar a estos temas y estos libros quedan para ahora o para que se pueda volver después.

AL

El represor Horacio Luis Castillo, exinspector de las brigadas de Investigaciones de Banfield y de Lanús, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad, murió este lunes a los 83 años, según pudo confirmar elDiarioAR en organismos de derechos humanos.

Hasta su procesamiento en 2022, Castillo dirigía una escuela secundaria que también fundó (en 1979) en Wilde, Partido de Avellaneda. En el juicio, dijo que lo confundían con su hermano, que ya estaba muerto. Lo condenaron a cadena perpetua el año pasado por secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en los Pozos de Banfield y Lanús.

De acuerdo al legajo de Castillo en la Policía Bonaerense, entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977 fue oficial inspector y luego fue ascendido a oficial principal de seguridad de lo que entonces era la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense que funcionaba en Vernet y Siciliano, Villa Centenario, Banfield.

En esa dependencia, que a partir de enero de 1977 pasó a ser sede de la Brigada de Investigaciones de la fuerza conducida por Ramón Camps, ya funcionaba el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield.

Del legajo surge que en marzo de 1977 Castillo fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense en Lanús, que entonces funcionaba en Avellaneda: “El Infierno”. Allí fue reconocido y nombrado por dos sobrevivientes de ese campo de detención: Mercedes Alvariño Blanco y Héctor Oscar Callejas. Se retiró de la Policía bonaerense en 1986 con el rango de comisario. 

El ministro de Defensa, Luis Petri, ordenó “dar de baja de las filas del Ejército” a cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que habían recibido condenas firmes de la Justicia por delitos de lesa humanidad en una decisión que generó malestar en algunos sectores. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

Entre los fundamentos de la resolución firmada por Petri este lunes se señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “disponer la baja del personal de oficiales jefe y oficiales subalternos que han recibido sentencia judicial firme por causas de lesa humanidad”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional. Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”. Sin embargo, trascendió que la medida no cayó bien en algunos sectores del Ejército.

A los cuatro generales dados de baja se suman los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.

En declaraciones a Noticias Argentinas, fuentes de la cartera comandada por Petri indicaron que no fue una decisión de ellos, sino que “acataron” una orden. “La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo”, expresaron.

Según el Ministerio, las bajas “no responden a una decisión unilateral” de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, “obligando al cumplimiento de la medida” que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados.

Quien solicitó formalmente las bajas de los efectivos, fue el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez; el documento fue enviado tanto al ministro Petri, como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo: “Solicito que se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”, concluyó el pedido.

Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, expresó que solicitó “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada” y que las condenas se encuentran firmes “encontrándose agotadas todas las instancias recursivas”, luego de haber sido condenados por “graves violaciones a los Derechos Humanos”.

A lo largo de 2024, el año en que Javier Milei llegó a la presidencia, la justicia argentina dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En total, 20 personas fueron condenadas y otras 12 resultaron absueltas. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.

Los datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Allí se destaca que desde 2006, cuando se reactivaron los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se realizaron 332 sentencias que condenaron por esos graves delitos a 1.195 personas. De ese total, 196 resultaron absueltas.

El dato más llamativo es que durante 2024 el número de sentencias producidas en los juicios de lesa humanidad estuvo muy por debajo del promedio de la última década, cuando se mantuvo por encima de los 20 fallos por año. Sólo en dos oportunidades la justicia concretó menos sentencias, en 2018, cuando se hicieron 19 fallos, y en 2020, el año de la pandemia –sólo 11 sentencias–.

“Se observa que hubo un descenso en la cantidad de juicios iniciados durante el 2024 (15), respecto del año 2023 (26), registrando, a su vez, un valor inferior al de 2022 (18). Asimismo, se verificó una menor cantidad de causas que obtuvieron sentencia (14)”, detalla el informe que en otro tramo agrega: “Si tomamos en cuenta los datos registrados durante el 2023, se observa que disminuyó el total de personas que obtuvo una sentencia condenatoria (58), mientras que aquellas que obtuvieron una sentencia absolutoria registraron una variación menor (16)”.

La baja en la producción de sentencias coincide con la llegada al poder de un gobierno que reivindica niega los crimenes de la dictadura y reivindica el accionar de los represores. Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.

La baja producción de sentencias de este año no va de la mano con las causas abiertas ya que todavía siguen sin resolución otras 668 según el informe.

El documento, que es elaborado a partir de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país, detalla que durante este año se iniciaron 15 juicios orales, de los cuales 7 continúan con el debate en curso, y 8 ya obtuvieron sentencia. Dos de esos juicios se resolvieron por juicio abreviado. “Además, hay 65 causas con elevación a juicio y, de las cuales, en dos casos, se fijó fecha de inicio de debate para fines de 2024, lo que implica un descenso en relación al año anterior”, agrega el informe.

Desde que comenzaron los juicios, hubo un total de 3.775 personas investigadas por delitos contra la humanidad. Hasta ahora el 31% (1.195) de los acusados fueron condenados, en tanto la mayor parte de ellos, 1.218 ya fallecieron. Siguen abiertas las causas de 370 procesados y 465 imputados.

El pasado 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a un grupo de represores entre los que se encontraba, entre otros, Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti. Los legisladores alegaron que querían interiorizarse sobre las condiciones de detención y su reclamo de prisión domiciliaria. Sin embargo, el informe señala que a pesar de los reclamos por supuestas causas humanitarias, la mayor parte tanto de los condenados por delitos de lesa humanidad como quienes están siendo procesados ya goza de este beneficio: “De las personas que atraviesan el proceso de juzgamiento detenidas, el 81% se encuentra bajo arresto domiciliario, lo cual morigera la privación de libertad, consolidándose desde el año 2016 como la modalidad de arresto predominante”

La misma situación se repite con los condenados: “El 79% cumple su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, siendo el rango etario predominante de esta población la de 76 a 80 años. Mientras que, en el otro 21% restante que cumple su detención en establecimientos penitenciarios, predomina el rango etario de 70 a 75 años”.

El informe precisa que todavía hay 33 personas prófugas, de las cuales a 11 se les negó la extradición, 1 enfrenta ese proceso, 3 han sido ubicadas y 18 aún continúan con paradero desconocido.

Con respecto a los delitos sexuales como delitos autónomos cometidos durante la dictadura militar, el 2024 tampoco fue un buen año en materia de sentencias: “En 2024 se registraron 4 sentencias por este tipo de hechos, lo cual implica un descenso en relación a las 6 registradas el año pasado. Sin embargo, aumentaron las sentencias dictadas que abordan estos delitos de manera autónoma (17%) respecto de las sentencias de lesa humanidad en general”.

Hasta hoy, suman 57 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual. En ellas se impusieron condenas por hechos en los que fueron damnificadas 220 mujeres y 39 varones.

MG

Marcos Levin, de 90 años, exdueño de empresa de colectivos de larga distancia La Veloz del Norte, de Salta, murió en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer empresario argentino condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, un símbolo de la estrecha relación que hubo entre los autores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sectores del poder económico. Cumplía dos condenas, con arresto domiciliario, por su participación en los secuestros y violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores de su empresa. 

Levín, quien también fundó las firmas La Veloz Seguro, Salnet, construyó la Terminal de Ómnibus de Salta y el Hotel Alejandro I —de uso habitual para conferencias y escenario de actos políticos, como la reciente visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para la presentación del partido La Libertad Avanza— atravesaba un grave problema de salud. Por eso, la Justicia Federal autorizó la desactivación de la pulsera electrónica con la que cumplía condena en su domicilio para su traslado al Hospital Italiano. Falleció este sábado 21, durante la mañana.

El expropietario de La Veloz del Norte fue condenado por la Justicia Federal salteña en 2016 a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, exempleado de su empresa que era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cobos fue secuestrado en enero de 1977 y trasladado a la Comisaría 4° de capital salteña, en donde fue sometido a castigos físicos y tormentos. Se convirtió así en el primer caso de un empresario argentino condenado por haberse asociado al aparato represor. Levín, además, presidía en aquellos años la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y se constató que tenía un estrecho vínculo con la Policía provincial y el Ejército. Fue entonces cuando la UTA puso en marcha una serie de reclamos gremiales y se valió de esas relaciones para sofocar las protestas salariales. 

El secuestro de Cobos se “blanqueó” a través de causa fraguada de supuesta defraudación, jamás comprobada. Por los tormentos a los que fue sometido, sufrió roturas de ligamentos de los hombros que no fueron atendidas a tiempo y tuvo secuelas permanentes. Fue liberado en abril de 1977 y exonerado de La Veloz. En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la Policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La segunda condena fue en noviembre de 2023, a la pena de 18 años de prisión, por haber sido considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas, en contra de 16 trabajadores de su empresa que fueron secuestrados en Salta y en Tucumán. Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor. Para la Fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, representado por Levín. 

“No nos alegra”

“La muerte de ninguno de los represores juzgados y condenados no nos alegra, ni a la familia Cobos, ni a los organismos de Derechos Humanos que llevamos décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Cristina Cobos, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y referente en DDHH en Salta, hermana de Víctor Cobos, el gremialista de UTA perseguido por Levín, y de Martín Cobos, secuestrado y acribillado en un paraje salteño en septiembre de 1976.

“Pretendíamos que cumpla su condena en una cárcel común pero esto no ocurrió con Levín, ni con muchos de los genocidas que ya fallecieron por ser personas de avanzada edad. La impunidad biológica nos ganó a todos los familiares que desde hace 40 años venimos pidiendo justicia. La justicia cuando llega muy tarde ya no es justicia. Y eso es lo que pasó en el caso Marcos Levín, fue condenado cuando ya tenía una avanzada edad y le otorgaron la prisión domiciliaria”, sostuvo la una consulta sobre la muerte de Levín.

“Los familiares de las víctimas jamás hemos recusado tales decisiones de la justicia, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se realizaron. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para que la justicia les abarque a todas las víctimas. Siempre los familiares hemos pedido en cada juicio que si el dolor es perpetuo, que la condena también sea perpetua”, sostuvo.

DC/JJD

El exmilitar argentino Carlos Luis Malatto reclamó este lunes en Roma ser juzgado por un tribunal militar de Italia, país al que se fugó en 2011, y no por uno civil, por los crímenes que se le imputan, cometidos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).

La jueza del Tribunal de Roma, Marisa Mosetti, debía decidir este lunes si abría el proceso contra Malatto pero, ante su petición, ahora tendrá que aclarar primero en otra vista el 4 de noviembre si depende de la jurisdicción militar, explicaron fuentes del juicio.

En caso de que se desestime la opción de un proceso militar, se celebrará otra audiencia el 2 de diciembre para, esta vez sí, decidir si se abre el proceso penal en su contra.

Malatto, que en octubre cumplirá 75 años, logró salir de Argentina y llegar a Italia en 2011, donde reside en la ciudad de Messina (sur), hasta que en 2015 el Ministerio de Justicia italiano dio luz verde a una investigación sobre él tras recibir una denuncia.

La Fiscalía de Roma le imputa el asesinato de ocho personas.

En la audiencia de ese lunes la defensa del exmilitar sostuvo que debía ser procesado por la Justicia militar italiana porque sus actos en aquellos años, alegó, eran para combatir a “organizaciones terroristas”.

A su parecer, el acusado cumplió “órdenes militares” en medio de “una guerra” entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y grupos opositores y guerrilleros como los montoneros, los tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Una tesis que el fiscal, Stefano Opilio, no comparte ya que cree que sus acciones constituyeron “delitos políticos, no militares”.

En la vista de hoy en el Tribunal de Roma se sumó como demandante la Universidad Nacional de San Juan ya que cuatro de las víctimas que se le atribuyen a Malatto formaban parte de la misma, todos ellos desaparecidos entre 1976 y 1977.

Se trata del rector, Juan Carlos Cámpora; el estudiante de Ingeniería y miembro del Partido Comunista, Angel Jose Alberto Carvajal; el estudiante de Ciencias Sociales, Jorge Alberto Bonil, y el tipógrafo Florentino Arias.

Malatto acudió al aula del Tribunal de Roma y, según los presentes, ya que la vista se celebró a puerta cerrada, “parecía bien físicamente”.

Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.

Todos fueron juzgados en contumacia, ausentes, con la excepción de uno de solo de los imputados, el represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vivía en libertad en Italia y que se encuentra en prisión condenado a cadena perpetua por aquellos hechos.

CRM con información de la agencia EFE

El titular de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Félix Crous, requirió ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 porteño que el expiloto aviador de la Prefectura Naval Alejandro Domingo D'Agostino, condenado en 2017 a prisión perpetua por su participación en doce homicidios de personas arrojadas al mar desde aviones en 1977, sea enviado a cumplir la pena a un establecimiento penitenciario por haber violado diez veces en el primer semestre de este año las normas que rigen la prisión domiciliaria de la que goza desde el 28 de noviembre de 2012.

El fiscal marcó que la pena que debe cumplir D'Agostino “ni es en el domicilio ni es prisión; apenas una restricción voluntaria de la libertad ambulatoria para conservar el nombre de aquellas formas que ya nadie guarda ni hace guardar. En buen romance: la prisión domiciliaria es excarcelación. Y lo penoso es que las víctimas lo saben y lo padecen”.

La presentación del representante del Ministerio Público Fiscal es la segunda en el mismo sentido formulada en menos de tres meses. El 18 de junio pasado, Crous argumentó que el exoficial -que permanece detenido en su domicilio con un dispositivo electrónico de control- registró tres salidas el 29 de febrero y el 6 y el 23 de mayo, que “se realizaron sin autorización y sin aviso previo o posterior al tribunal”.

Añadió que “tampoco obedecieron a egresos por cuestiones de salud con carácter urgente que permitan justificarlas, sino que se trataron de salidas para asistir a kinesiología, a vacunarse y más evidente aún, es el caso de la salida al banco”.

También puso de relieve que el propio condenado es “quien se comunica con la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE), lo cual constituye una grave irregularidad, incompatible con el instituto de la prisión domiciliaria”, dado que ese tipo de pedidos debe ser formulado por su defensa técnica al tribunal a cargo de la ejecución de la pena.

La DAPBVE es un organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que está a cargo del control de los dispositivos con los que se cumple la prisión domiciliaria.

“A ello se le suma que el tribunal ordenó -en diciembre de 2022 y diciembre 2023- se acompañen los informes médicos mensuales que dieran cuenta de la evolución del imputado, respecto del tratamiento de rehabilitación que realizaba por una operación [...] realizada en el año 2021. A la fecha no existe un solo informe médico agregado y ninguna constancia sobre el tutor propuesto por la defensa”, agregó el fiscal.

En la presentación formulada ayer, el fiscal Crous detalló otras siete oportunidades en las que el imputado violó el arresto domiciliario. Para cada episodio se valió de nueva documentación presentada por la DAPBVE en el incidente respectivo.

El fiscal también indicó que ante cada salida la DAPBVE informó al tribunal que el condenado había dejado su domicilio y que, en la última, desde el tribunal se contestó a ese organismo que por disposición de uno de los jueces “el imputado Randolfo Luis Agusti Scacchi” había sido autorizado a concurrir a un turno médico en el Hospital Naval. “Como se advierte, la respuesta hace referencia a otro imputado de la causa”, marcó el fiscal.

“Según consta en la documentación remitida, en todas esas oportunidades, D'Agostino se comunicó telefónicamente con el organismo para avisar que el motivo del egreso era relativo a su salud. Sin embargo, no hay constancia en este incidente del pedido de autorización de su defensa, ni tampoco certificados médicos que avalen sus dichos”, agregó, y luego puso de relieve que “resulta sumamente irregular que sea el propio imputado quien se comunique con la DAPBVE para informar sus egresos del domicilio, toda vez que dicha circunstancia resulta contraria a la naturaleza y finalidad de la medida de control dispuesta”.

“Los egresos del domicilio informados por la DABVE no sólo no encuadran en los supuestos establecidos en la resolución del Tribunal y en los compromisos asumidos por D'Agostino, sino que tampoco son de aquellas que podrían justificarse sin solicitar una autorización previa”, sostuvo el fiscal, y recordó la norma del artículo 34 de la ley 24.660, de ejecución penal, que establece que “el juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado”.

Según el portal Fiscales.gob.ar, “de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal”.

Las estadísticas indican que entre los 504 condenados y condenadas, “389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia”

CRM con información de Fiscales.gob.ar

En horas clave en torno a la discusión en el seno del oficialismo por la polémica generada a raíz de una reciente visita de legisladores de La Libertada Avanza a represores detenidos en Ezeiza, que incluye la inminente expulsión del bloque mileísta de la diputada mendocina Lourdes Arrieta y, en sintonía con su cruzada personal, un acto en “homenaje a las víctimas del terrorismo” que encabezará este martes en el Salón Azul del Congreso la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer estadísticas sobre el rango etario, la modalidad de arresto y la situación procesal de las personas presas e investigadas por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.

En los datos recolectados, la oficina especializada puso el foco sobre la porción de privados de la libertad que cumplen condenas con prisión efectiva o preventiva en sus domicilios, en sintonía con los informes periódicos de la Procuración General de la Nación.

Según publica el portal Fiscales.gob.ar, “de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal”.

Las estadísticas indican que entre los 504 condenados y condenadas, “389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia”.

En este contexto, la procuraduría aclaró que dos personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.

Desde 2006 se investigó a 3.746 personas y recibieron condena 1.187, de acuerdo con el último informe estadístico -difundido en junio pasado- sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Además, 190 fueron absueltos.

Rangos etarios

La procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal:

Datos

Con información de Fiscales.gob.ar

IG

En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe recién publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

Bajo el título “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, el documento refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en decisiones cotidianas de gobierno. “Pero hay más que eso −señala el informe−. Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Uno de los temas más preocupantes es la postura oficial frente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Actualmente hay 642 presos por esos crímenes, de los cuales casi el 80% cumple arresto domiciliario. Un repaso por las declaraciones y gestos de distintos funcionarios en los últimos meses exhibe el alineamiento gubernamental con las agrupaciones promilitares que abogan por la liberación de los represores y cómplices. Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990 decretados por Carlos Menem, al igual que el procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra. La vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a buscar una “solución jurídica” para los condenados. A eso se sumaron las visitas de enviados del Ministerio de Defensa a la cárcel de Campo de Mayo; y de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.

En materia de investigación histórica y judicial, el gobierno desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y que durante años había sido un insumo clave para la búsqueda de pruebas jurídicas. En la misma línea, cerró la mesa de trabajo sobre documentos de inteligencia vinculada a la represión ilegal que funcionaba en la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia; y mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, el principal acervo del país con documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

En Argentina ya se identificaron 814 sitios que sirvieron como lugares de detención, tortura y/o desaparición durante la dictadura, muchos de los cuales funcionan hoy como espacios de memoria o museos. Desde que asumió Milei, estos sitios fueron desfinanciados en todo el país y el Gobierno despidió a la mitad de los trabajadores de los espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. No sólo se interrumpieron las obras de infraestructura sino también las excavaciones arqueológicas, algunas de ellas para buscar restos de desaparecidos, y las tareas de conservación de espacios que aún hoy son prueba judicial. Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los funcionarios más entusiastas de la línea oficial, avaló un acto reivindicatorio de marinos retirados en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en el que celebraron “haber hecho historia en la ESMA usurpada”.

Otro de los asuntos que tienen en vilo a los organismos de derechos humanos es la actitud oficial frente a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos que fueron apropiados. Se estima que unas 300 personas, hoy adultas, aún no conocen su verdadera identidad. El Gobierno habilitó por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada hace 20 años para indagar en instancias prejudiciales sobre los casos de chicos sustraídos a sus padres. Por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad comenzaron a negar la entrega de legajos de sus agentes a la Conadi en el marco de los expedientes por apropiaciones.

Uno de los blancos preferidos de la avanzada libertaria son las reparaciones patrimoniales a víctimas de la dictadura, que el oficialismo identifica −al igual que lo había hecho Mauricio Macri− como el “curro de los derechos humanos” pese a que conforman una obligación asumida por el Estado argentino frente a organismos internacionales y que tienen fuerza de ley. Además de haber echado a los trabajadores del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei ordenó una auditoría de todos los pedidos de reparaciones y suspendió discrecionalmente los pagos hasta nuevo aviso.

El informe del CELS y Memoria Abierta concluye que las decisiones tomadas en los últimos siete meses abrieron un camino que será complejo desandar en el futuro, incluso cuando acabe este ciclo político. “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”.

FFB/DTC

Pese a que el Gobierno intentó desligarse públicamente de la visita a Alfredo Astiz y otros genocidas en el penal de Ezeiza que protagonizaron seis diputados de La Libertad Avanza, el círculo más cercano al presidente Javier Milei ampara al legislador que organizó el polémico encuentro con los represores condenados por delitos de lesa humanidad para que siga actuando políticamente. En los últimos días el oficialista Beltrán Benedit utilizó un grupo de WhatsApp libertario que encabezan Karina Milei y Guillermo Francos para cuestionar el avance en los juicios por la memoria que impulsó el kirchnerismo. Y, además, se puso al frente de una comitiva legislativa que visitará mañana la exposición de La Rural en Palermo.

Fue durante el fin de semana que Benedit compartió en el grupo “Legisladores Electos” –que se armó durante la campaña electoral y que integran la secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete y los senadores y diputados de LLA, supo elDiarioAR– un video editado de unos siete minutos donde se critica las políticas de Néstor Kirchner para declarar inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En ese corto, que lleva la firma de la cuenta de TikTok @nos_argentina –el partido del excarapintada Juan José Gómez Centurión–, hay testimonios de Adolfo Vásquez, ex juez de la Corte de mayoría automática menemista, y de Ricardo Saint Jean, abogado defensor de genocidas e hijo del interventor de facto de la provincia de Buenos Aires.

El video arranca con una imagen de Rafael Videla y una voz en off que afirma: “Había que buscar un enemigo lo suficientemente malvado a quien cargarle con todos los males de la Argentina. Y las fuerzas armadas y de seguridad eran los enemigos perfectos porque su poder de respuesta era prácticamente nulo”. En el editado se sostiene que durante el kirchnerismo “se enjuició a las fuerzas armadas violando sus derechos humanos”. También se hace un relato de cómo se derogaron las llamadas “leyes del perdón”. Vásquez señala que “el problema para Kirchner era lo que no estábamos dispuestos a hacer”, a lo que Saint Jean completa: “Kirchner proponía modificar la jurisprudencia y reabrir los juicios contra los militares”. En un fragmento se lee la frase “el derecho penal se ha convertido hoy en un instrumento de la política partidaria”, del catedrático en Derecho Penal y Filosofía del Derecho Alejandro Aponte.

Cuando Benedit compartió su video en el grupo que integran El Jefe –como Milei llama a su hermana– y Francos hubo un momento de tensión, pudo reconstruir elDiarioAR de dos testigos directos. La diputada Cecilia Ibañez, que actualmente integra el bloque MID que encabeza Oscar Zago desde que fue expulsado de la bancada de LLA, le hizo un fuerte reproche. La legisladora llamó “a silencio” al diputado entrerriano y calificó lo que hizo como “vergonzoso”. “Pidió que se llame al silencio por favor, que ya era bastante con lo que había hecho”, apuntó una de las fuentes a este medio. 

La polémica derivó en una intervención de Lilia Lemoine, que explicó que el video era de autoría de Agustín Laje, reconocido politólogo de ultraderecha de vínculo directo con Milei y que lleva publicados múltiples libros de filosofía política contrarios a la “historia oficial” sobre violación de derechos humanos en la dictura cívico-militar y la ideología de izquierda, según sus palabras. 

Pese al cruce, en el chat hubo un sugestivo silencio de parte de Karina y de Francos. El grupo “Legisladores Electos” suele tener mucha actividad. “Allí te avisan si hay actividad o si te citan para alguna reunión. Generalmente se dan noticias”, explicó una voz libertaria.

Desde que estalló el escándalo el miércoles pasado –la visita a Ezeiza de Benedit y los otros cinco diputados fue el 11 de julio– desde el Gobierno se intentó bajar el mensaje público de que se trató de “actitudes personales” que “no representan a La Libertad Avanza”. Sin embargo, no hubo una condena firme al hecho de que sus legisladores se entrevistaron con al menos once condenados por delitos de lesa humanidad. 

La comitiva que encabezó Benedit, y que integraron Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo, se encontró en el penal de máxima seguridad con Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura, pero también con los represores Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

“Fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo”, dijo el domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, máxima responsable del Servicio Penitenciario Federal, que habilitó a los legisladores la visita. Es el mismo argumento que sostuvieron en expresiones públicas el vocero presidencial Manuel Adorni o el presidente de Diputados, Martín Menem. De hecho, el titular de la Cámara baja rechazó aplicar una sanción disciplinaria como reclamó la oposición, tanto la aliada del PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto, como del kirchnerismo. Aún Bullrich no respondió el exhorto que le hizo la Justicia Federal para que explique los pormenores de la visita a la cárcel.

La actitud de Benedit del fin de semana demuestra que aún se cree con crédito político para seguir actuando en defensa de los genocidas condenados. El día en que estalló el escándalo el diputado justificó que la visita no se trató a represores, sino a “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”. Afirmó que muchos de los cargos por los que están condenados “son inventados”, que el presidente Milei “combate en la política a la ideología terrorismonmarxista” y que denunciará en el Consejo de la Magistratura a quienes condenaron a los genocidas en los juicios por la memoria. 

En paralelo al video que envió al grupo que encabezan Karina y Francos, Benedit también se mostró activo en el grupo “BLOQUE DIP LLA” que integran los 38 legisladores libertarios, incluido Menem. Como si no hubiese estado en el centro de la tormenta por estos días, en un mensaje del chat invitó a sus pares a participar de La Rural, que por estos días se desarrolla en Palermo y que Milei inaugurará el domingo próximo. Benedit es vicepresidente de la comisión de Agricultura de Diputados, fue titular de la SRA en su provincia y es empresario del rubro. 

En el chat le adelantó a sus pares que los legisladores están invitados este miércoles a las 15.30 a una recorrida especial por el predio. También avisó que a las 17 hay un panel titulado “Argentina potencia ambiental. Camino hacia la carbono neutralidad”. Y por último tiene un cóctel a las 19. Benedit cerró su mensaje de manera muy cordial: “Por favor avisarme por acá o a mi Wp. El martes informo quienes irán . Slds (sic)”.

DM/MC

La Cámara Federal de Casación confirmó la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria para el empresario Marcos Levín, ex dueño de la empresa La Veloz del Norte, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Un tribunal oral de Salta dispuso en octubre del año pasado la preventiva de Levín y otros imputados por “privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 17 trabajadores de La Veloz del Norte en 1977”.

A principios de noviembre de este año, el mismo tribunal condenó a Levín –quien ya afrontaba una pena anterior a 12 años de cárcel- a 18 años por estos nuevos hechos.

Como las condenas no están firmes, a prisión continúa siendo preventiva y contra ella recurrió la defensa del empresario y de los otros imputados: Víctor Hugo Almirón, Enrique Víctor Cardozo y José Antonio Grueso.

Ahora, la Casación, en un fallo firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, ratificó la prisión preventiva.

Además de la pena de 18 años para Levín fueron condenados a 16 años de prisión el ex comisario Víctor Almirón y el ex jefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso.

Los secuestros de los 17 trabajadores se produjeron entre el 20 y el 24 de enero de 1977 “a partir de una denuncia falsa por estafa presentada por Levín contra sus empleados que fue utilizada para dar cobertura legal a la persecución”, informó la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en el expediente.

Todos fueron llevados a la Comisaría Cuarta, donde permanecieron varios días y fueron torturados, y desde allí fueron luego liberados o en algunos casos trasladados al Penal de “Villa Las Rosas”.

Los trabajadores relataron que Levín y su jefe de personal, Grueso, estaban en la comisaría mientras eran torturados.

Qué había dicho Casación

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el pasado 2 de noviembre la condena del dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte por secuestros y torturas a gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas de Marcos Jacobo Levin, dueño de esa firma, y de los policías de Salta que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestros de los trabajadores y dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, desestimó por unanimidad los planteos de las defensas y afirmó que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad.

En esta causa se tuvo por probado que Cobos -quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte- fue detenido por personal de la Policía de Salta el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa cuando se disponía a salir de viaje de servicio.

El dirigente fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo o de la empresa La Veloz del Norte a la Comisaría Cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, lugar en el que fue torturado y permaneció alojado alrededor de una semana; tras lo cual fue trasladado al Penal de Villa Las Rosas, establecimiento del que recuperó su libertad el 19 de abril de 1977.

La víctima relató en el juicio que en su cautiverio “el sufrimiento que padeció es indescriptible. Explicó que las torturas que recibió consistieron en golpes y en la aplicación de picana eléctrica. Sobre los golpes, dijo que conocía el dolor que producían porque, como cualquier persona, en alguna etapa de su vida se había peleado”, según se recordó en el fallo de este 1 de noviembre.

“Tratándose de la picana, en cambio, dijo que el dolor que le provocaba la electricidad era terrible y lo condujo a gritar de una manera de la que nunca imaginó que podría ser capaz. Agregó que mientras se les aplicaba la picana a los detenidos siempre encendían una radio muy fuerte o arrancaban una moto vieja sin escape y la aceleraban, eso para provocar un ruido que tapara los gritos de los torturados”, se recordó.

Según fundamentó el juez Slokar en la sentencia, “los acontecimientos bajo análisis en el presente proceso se inscriben dentro de un contexto ineludible, que parte del enorme porcentual de trabajadores y representantes gremiales dentro de los millares de detenidos-desaparecidos que expusiera el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) elaborado en 1984, desde donde se reveló el nexo entre la represión ilegal del genocidio dictatorial y la eliminación de derechos laborales”.

Este “diseño represivo se expandió hacia todas las actividades económicas, entre ellas -conforme se observa en el sub lite- la vinculada al transporte colectivo de pasajeros, cuyos trabajadores se encontraban bajo la órbita de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), siendo que la víctima en estos actuados -Víctor Manuel Cobos- revestía el carácter de delegado gremial de 'la Veloz del Norte' -Salta- ante la mencionada corporación de trabajadores al momento de los hechos cometidos en su perjuicio”, argumentó

A la vez, remarcó que “los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el Gobierno el 24 de marzo de 1976, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias - en continuidades y reversiones- se conservan hasta la actualidad”.

En esa línea sostuvo que “entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas”.

“En definitiva, la participación durante la última dictadura de la plana directiva de la empresa La Veloz del Norte en la persecución y represión de sus trabajadores y dirigentes gremiales resulta a todas luces un caso relevante de esos lazos funcionales”, concluyó.

El caso volvió a la Cámara de Casación luego de que el año pasado la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de ese tribunal que, con otra composición, en 2017 había anulado la condena impuesta al empresario dueño de La Veloz del Norte, y a otros tres policías acusados del secuestro y las torturas al trabajador de la empresa Víctor Cobos.

Levín fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, consideró que los delitos por los que había sido condenado junto con los policías Víctor Almirón, Víctor Bocos y Enrique Cardozo, no calificaban como delitos de lesa humanidad, por lo cual consideraron prescripta la acción penal y revocaron sus condenas.

Ese fallo fue revertido por la Corte Suprema.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa del represor Adolfo Donda y volvió a negar, esta tarde, su pedido de libertad condicional. Así, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmaron nuevamente la decisión del juez Daniel Obligado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5.

Donda está condenado a prisión perpetua en las causas “ESMA II” y “ESMA unificada” por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983). El represor está imputado como “coautor por los secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores” contra alrededor de 400 víctimas en el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Se desempeñaba como jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2.

“Los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de insulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, destacó el juez Slokar tras dar a conocer el fallo. Y agregó: “El otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos”.

El hermano del represor, José María Laureano Donda Tigel, fue secuestrado a los 21 años junto a su pareja embarazada María Hilda Pérez. Se trata de los padres de la dirigente de Unión por la Patria, Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004 tras la apropiación de su tío.

En el marco de la investigación, la funcionaria del oficialismo le exigió al represor que le informara los datos correspondientes a su nacimiento y el destino de sus padres desaparecidos. Este, sin embargo, negó contra con tal información.

ACM con información de agencias.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, informó en las últimas horas que murió en Alemania el exoficial de la Armada Luis Kyburg, quien se encontraba prófugo de la Justicia argentina y con “un avanzado proceso para ser juzgado en el país europeo” por su responsabilidad en crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura militar.

“Impunidad biológica: murió en Alemania el exoficial de la Armada Luis Kyburg, prófugo de la justicia argentina y con un avanzado proceso para ser juzgado en el país europeo por graves crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura”, indicó Pietragalla Corti en su cuenta en la red X (antes Twitter).

El funcionario recordó que Kyburg se fugó de Argentina en 2013, en el momento en que comenzó a ser investigado por crímenes de lesa humanidad.

En 2012, la Justicia argentina ya había pedido su captura nacional e internacional con una recompensa que primero fue de 100 mil pesos, luego ascendió a 500 mil pesos y después a 5 millones.

Luego, en 2015, la Justicia alemana denegó un pedido de extradición de Kyburg por tener ciudadanía alemana, debido a que la Constitución germana no permite la extradición de sus ciudadanos, por lo que familiares de víctimas terminaron impulsando una causa penal en ese país.

Pietragalla Corti reivindicó el trabajo realizado por la Secretaría desde 2019 para “dar impulso a esa investigación” y valoró que a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas “dio apoyo a familiares y sobrevivientes ante la justicia argentina y también en el proceso ante la justicia alemana”.

En los últimos días, la fiscalía de Berlín había presentado el escrito de acusación contra el exmarino ante el Tribunal Regional de Berlín para avanzar hacia un juicio por secuestros, torturas y asesinatos contra 23 víctimas argentinas, remarcó Pietragalla Corti y destacó que ese proceso “hubiera sentado un importante precedente”.

“La muerte de Kyburg impedirá avanzar con esta causa y llegar a la verdad de lo que ocurrió. La impunidad biológica deja a las víctimas y a sus familias sin la justicia y la reparación por las que lucharon durante más de 40 años”, reclamó.

Con información de agencias.

IG

A 40 años el retorno a la democracia, un tribunal federal inició este lunes un juicio a civiles, policías y militares por crímenes de lesa humanidad cometidos el 20 de marzo de 1975 contra trabajadores metalúrgicos de la empresa Acindar y ciudadanos de la ciudad santafesina de Villa Constitución. Según indica la investigación que ya lleva 10 años, más de 100 personas fueron víctimas de “privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios” tras el triunfo de la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en esta ciudad. Los imputados también están siendo investigados por “asociación ilícita”.

“Lo más importante en este juicio es que se podrá acreditar y atribuirle responsabilidades a la empresa debido a que las personas que fueron secuestradas, pudieron ser marcadas como objetivos para las fuerzas represivas gracias a la información que brindó Acindar que días anteriores a los hechos habían realizado la actualización de los legajos de su personal con fotos y sus domicilios”, sostuvo el fiscal a cargo de la causa, Adolfo Villate, de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario.

En particular, según los jueces que intervienen en la causa ─Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci─, dos civiles que trabajaron en la empresa Acindar, actuaron en complicidad con los represores señalando a trabajadores y líderes sindicales. “Los testigos y la documentación indican que ellos colaboraron activamente con la represión marcando objetivos y víctimas”, subrayó, en la misma línea, Villate, en relación a Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, los dos empleados imputados.

Durante la primera jornada del juicio, se leyeron las pruebas documentales de cada una de las víctimas. Según declararon los testigos y querellantes ─que deberán ratificar sus respectivas denuncias─, ese 20 de marzo, alrededor de 4.000 efectivos militares y policiales federales armados ingresaron a Villa Constitución y detuvieron en sus domicilios a unos 70 dirigentes de gremios del cordón industrial. Las familias de las víctimas, además, sufrieron “saña y persecución”, luego de las detenciones y vieron sus viviendas allanadas.

Además de los dirigentes sindicales, las denuncias indican que las fuerzas federales también encarcelaron “a otros 200” ciudadanos.

ACM con información de agencias.

El 28 de agosto pasado, Juan Daniel Amelong recibió la última de sus tres condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. El ex teniente formó parte de los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército de Rosario y ese día fue condenado junto a otros 15 represores por  secuestros, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y desaparición forzada. Amelong suma cinco condenas por delitos de lesa humanidad, cometidos en el circuito represivo que funcionó en Rosario durante la última dictadura cívico militar. Ayer, durante el debate entre los candidatos a vicepresidentes, fue defendido por Victoria Villarruel.

En total, Amelong fue condenado a tres cadenas perpetuas, las que se suman una sentencia por 10 años y una quinta por la sustracción de los mellizos Gullino. Además se encuentra procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive.

El 9 de octubre, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el represor, quien gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, debía volver a la cárcel. El Tribunal integrado por Gustavo Hornos, Gustavo Carbajo y Mariano Borinsky, declaró “inadmisible” el último recurso presentado por el exmilitar y dispuso que volviera a prisión, algo que, durante el intercambio que mantuvo con Rossi, Villarruel deploró como una violación de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos suscribió Argentina.

“Lo que me parece importante es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos, muchas de esas personas también están detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por Montoneros, en democracia, en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien”, sostuvo Villarruel durante uno de los cruces que se dieron en el debate de los candidatos a vicepresidentes que competirán en el balotaje organizado por el canal TN. Fue en respuesta a Agustín Rossi, su competidor de Unión por la Patria, quien le preguntó si estaba de acuerdo con la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad..

La diputada nacional de la fuerza que encabeza Javier Milei se negó a contestar si estaba de acuerdo con sancionar una amnistía para los represores, reiteró que no hubo 30 mil desaparecidos, y sostuvo que “hubo víctimas del terrorismo de Montoneros y el Ejército de Revolucionario del Pueblo (ERP)”, durante los años ’70.

La respuesta de HIJOS

Las palabras de Villarruel desataron también la reacción de los familiares de las víctimas de Amelong, en particular de Florencia Garat, hija de Eduardo Garat -abogado, escribano, militante de la JP, secuestrado en abril de 1978– , quien escribió desde su cuenta personal en la plataforma X (exTwitter): “Amelong y su patota mataron a mi viejo y a otrxs tantxs más”.

También el hermano de Florencia, el escritor Santiago Garat, manifestó en su cuenta de X: “Amelong es parte del circuito represor que me arrebató a mi papá. Es responsable directo del asesinato del papá de mi amigo, hermano y compañero (el diputado nacional) Eduardo Toniolli. Condenado a tres cadenas perpetuas por los delitos aberrantes que cometió… y Villarruel lo reivindica”.

Por su parte, Toniolli sostuvo este jueves declaraciones a El Destape Radio que “ayer Victoria Villarruel no pudo responder una pregunta muy simple que le hizo Agustín Rossi, que es si ella sigue con la idea de liberar a los genocidas. No lo pudo responder porque la respuesta todos la conocemos, es sí”, remarcó.

Villarruel le respondió al legislador un publicación en X y dijo que entendía “el dolor” que sentía como hijo y que era “totalmente válido, pero es importante dar contexto”.

“Tu papá era miembro de Montoneros. Terroristas de Montoneros asesinaron al padre de Amelong en democracia. Raúl Amelong era un civil asesinado frente a su hija de 16 años en la vía pública en Rosario. Era padre de 11 hijos que quedaron huérfanos simplemente porque su padre era subgerente en Acindar. Su hijo q es militar fue condenado por lesa humanidad pero no lo veo hace muchísimos años porque lo entrevisté para su papá, pero quiero que estén presos los asesinos de su padre o sea los camaradas del tuyo. Digamos todo”, sumó la candidata.

El 29 de marzo de este año, familiares de Garat declararon por primera vez después de 45 años de la desaparición del abogado en un proceso por delitos de lesa humanidad.

“Más allá de que por esto luchamos toda la vida, para llegar a esta sala tenía que atravesar una antesala que está llena de dolor. Esta es una isla a la que se llega nadando en un mar que llenaron de cadáveres”, dijo Florencia, una de las fundadoras de HIJOS Rosario, al declarar frente al Tribunal Oral Federal número 1 en la causa Guerrieri IV.

Respecto de la supresión de identidad de los mellizos Gullino, los hijos de Raquel Negro -desaparecida en la quinta de Funes- y su pareja, Tulio Valenzuela, la fiscalía probó que el Hospital Militar de Paraná funcionó como maternidad clandestina y que allí nacieron los mellizos, entre febrero y marzo de 1978.

La niña es Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008, pero aún se desconoce qué sucedió con su hermano.

Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad que investiga delitos de lesa humanidad en Rosario, y que intervino en las causas contra Amelong en Guerreri III y IV , lamentó también las palabras de Villarruel en el debate de candidatos a vicerpesidentes.

“Es muy preocupante que se niegue la verdad jurídica que ya se ha establecido”, observó el representantes del Ministerio Público Fiscal en diálogo con Télam.

En particular, sobre la responsabilidad de Amelong en los delitos por los que fue condenado, sostuvo que “lo que hace Villarruel es negar una realidad que fue declarada por sentencias de tribunales argentinos, es decir que han establecido al menos una verdad jurídica”.

“Que esto ha pasado, que es cosa juzgada y que se lo ha encontrado culpable. Negar que esos hechos se dieron, con la contundencia de los testimonios y la prueba que se acreditó, me parece preocupante viniendo de que alguien que quiere dirigir los destinos del país y a 40 años de recuperada la democracia. No se puede tan livianamente decir que lo que pasó no pasó, y menos personas que quieren tener una responsabilidad tan alta en el gobierno nacional. Definitivamente, me parece muy preocupante”, afirmó.

En este punto, el fiscal mencionó que “estos 40 años de democracia se sostienen también por el basamento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que es un ejemplo de Argentina hacia el mundo”.

Además, Villate desmintió que los juicios puedan ser considerados “ilegales” tal como lo mencionan los libertarios en su discurso sobre los derechos humanos, al resaltar que de hecho “los mismos tribunales que los juzgan, operan también en otras causas y no fueron creados al efecto en particular, juzgan a cualquier persona”.

Asimismo señaló que “todos los condenados han tenido gozado del derecho a legítima defensa, cosa que no tuvieron sus víctimas, incluso, en el marco de algunos juicios hubo también personas absueltas”.

El fiscal también recordó que los delitos de “lesa humanidad son imprescriptibles” por más que “intenten abrir debates al respecto” así como lo hacen “tratando de volver a instalar la teoría de los dos demonios, algo que quedó demostrado que no fue así y ninguno de estos hechos aberrantes está justificado”.

Con información de Télam

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca realizará este miércoles y jueves inspecciones oculares en una sede de la Policía Bonaerense y el predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal durante la última dictadura cívico militar, como parte de una medida de instrucción complementaria que se toma en el juicio de la megacausa “Zona V”, en el que se abordan crímenes cometidos contra más de 300 víctimas.

La inspección estará a cargo de los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido junto a las defensas de los imputados, el Ministerio Público Fiscal junto a las querellas de HIJOS de Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros.

La primera inspección ocular se llevará a cabo este miércoles desde las 12 en la Jefatura Departamental ubicada en Alem al 800, mientras que la otra se hará el jueves desde las 9 en el lugar donde funcionó el V Cuerpo del Ejército y donde estuvo “La Escuelita”, centro clandestino de detención.

Este jueves también se continuará con la inspección de los edificios del Batallón de Comunicaciones 181 “en donde permanecieron en cautiverio alrededor de 80 víctimas cuyos casos se analizan en el juicio”, agregaron las fuentes.

Según se indicó, en la misma jornada se revisará el predio del centro clandestino “La Escuelita”, donde fueron mantenidas bajo secuestro alrededor de 150 víctimas que son casos en el mismo debate.

El fiscal Pablo Fermento dijo a Télam que la inspección en la sede policial “fue solicitada por uno de los acusados por intentar introducir su tesis que en ese lugar no podía haber detenidos”.

Se trata de Claudio Alejandro Kussman, un exoficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la acusación, Kussman estaría implicado en los hechos que tuvieron como víctimas a siete personas, incluyendo el asesinato de Daniel José Bombara, quien fue secuestrado junto a María Emilia Salto y Laura Manzo por personal policial que integraba el Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

“Bombara fue asesinado en el marco de la tortura y, si bien no se pudo determinar en qué lugar, entendemos que era dentro de instalaciones policiales, aunque no sabemos con certeza en qué dependencia”, comentó el fiscal.

Fermento dijo que “una inspección anterior a la sede policial se había realizado durante la instrucción de la causa” y agregó que “ahora se hace en la etapa de juicio”.

“En esa oportunidad, se había realizado una recorrida por el lugar, donde estaba la parte administrativa, el Comando Radioeléctrico y la sede de la Dippba”, sostuvo.

En este juicio oral se investigan las responsabilidades de 38 imputados exintegrantes del V Cuerpo del Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181 y la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén.

También se juzga a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía Bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº4 de Bahía Blanca.

Con información de Télam.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena del dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte por secuestros y torturas a gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas de Marcos Jacobo Levin, dueño de esa firma, y de los policías de Salta que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestros de los trabajadores y dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, desestimó por unanimidad los planteos de las defensas y afirmó que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad.

En esta causa se tuvo por probado que Cobos -quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte- fue detenido por personal de la Policía de Salta el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa cuando se disponía a salir de viaje de servicio.

El dirigente fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo o de la empresa La Veloz del Norte a la Comisaría Cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, lugar en el que fue torturado y permaneció alojado alrededor de una semana; tras lo cual fue trasladado al Penal de Villa Las Rosas, establecimiento del que recuperó su libertad el 19 de abril de 1977.

La víctima relató en el juicio que en su cautiverio “el sufrimiento que padeció es indescriptible. Explicó que las torturas que recibió consistieron en golpes y en la aplicación de picana eléctrica. Sobre los golpes, dijo que conocía el dolor que producían porque, como cualquier persona, en alguna etapa de su vida se había peleado”, según se recordó en el fallo de este 1 de noviembre.

“Tratándose de la picana, en cambio, dijo que el dolor que le provocaba la electricidad era terrible y lo condujo a gritar de una manera de la que nunca imaginó que podría ser capaz. Agregó que mientras se les aplicaba la picana a los detenidos siempre encendían una radio muy fuerte o arrancaban una moto vieja sin escape y la aceleraban, eso para provocar un ruido que tapara los gritos de los torturados”, se recordó.

Según fundamentó el juez Slokar en la sentencia, “los acontecimientos bajo análisis en el presente proceso se inscriben dentro de un contexto ineludible, que parte del enorme porcentual de trabajadores y representantes gremiales dentro de los millares de detenidos-desaparecidos que expusiera el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) elaborado en 1984, desde donde se reveló el nexo entre la represión ilegal del genocidio dictatorial y la eliminación de derechos laborales”.

Este “diseño represivo se expandió hacia todas las actividades económicas, entre ellas -conforme se observa en el sub lite- la vinculada al transporte colectivo de pasajeros, cuyos trabajadores se encontraban bajo la órbita de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), siendo que la víctima en estos actuados -Víctor Manuel Cobos- revestía el carácter de delegado gremial de 'la Veloz del Norte' -Salta- ante la mencionada corporación de trabajadores al momento de los hechos cometidos en su perjuicio”, argumentó

A la vez, remarcó que “los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el Gobierno el 24 de marzo de 1976, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias - en continuidades y reversiones- se conservan hasta la actualidad”.

En esa línea sostuvo que “entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas”.

“En definitiva, la participación durante la última dictadura de la plana directiva de la empresa La Veloz del Norte en la persecución y represión de sus trabajadores y dirigentes gremiales resulta a todas luces un caso relevante de esos lazos funcionales”, concluyó.

El caso volvió a la Cámara de Casación luego de que el año pasado la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de ese tribunal que, con otra composición, en 2017 había anulado la condena impuesta al empresario dueño de La Veloz del Norte, y a otros tres policías acusados del secuestro y las torturas al trabajador de la empresa Víctor Cobos.

Levín fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, consideró que los delitos por los que había sido condenado junto con los policías Víctor Almirón, Víctor Bocos y Enrique Cardozo, no calificaban como delitos de lesa humanidad, por lo cual consideraron prescripta la acción penal y revocaron sus condenas.

Ese fallo fue revertido por la Corte Suprema.

Con información de Télam.

IG