La convocatoria de grupos negacionistas ligados al Gobierno para el próximo 29 de noviembre a las 16 en Plaza de Mayo para exigir la liberación de represores condenados por lesa humanidad se metió en el final de la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Aunque el Gobierno dio claras señales de avalar la protesta, en las últimas horas desde la cartera de la futura senadora habrían “sugerido” a los organizadores trasladar la manifestación a la Plaza San Martín. El motivo del pedido sería para intentar evitar cruces con una marcha de la izquierda que unirá el Congreso con la Casa Rosada en apoyo a Palestina.

El pedido del Gobierno escaló entre los organizadores de la convocatoria pro-dictadura, al punto que generó una discusión interna en un grupo de WhatsApp, según pudo reconstruir elDiarioAR. Uno de los contrapuntos lo marcó Orlando “Hormiga” González, represor con prisión domiciliaria y hasta hace 48 horas “coordinador” de la actividad. 

A su vez, desde la izquierda confirmaron su convocatoria para las 15 en el Congreso, que tendrá como punto final la Plaza de Mayo con un “pañuelazo” contra los negacionistas. En el marco de una jornada internacional que repudia la avanzada de Israel sobre Palestina, en Buenos Aires la manifestación la organizan el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Catarsis en el chat negacionista

Este lunes feriado el represor “Hormiga” González –condenado en 2017 por haber sido parte del Grupo de Tareas en la ESMA durante la dictadura– rompió con el grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”, a través de un mensaje publicado en la web de ultraderecha “Prisionero en Argentina”. En su texto se quejó porque no se hizo caso a una “recomendación” del Ministerio de Seguridad para cambiar de lugar la manifestación y evitar así encontrarse con la marcha por Palestina. 

“Desde el Ministerio de Seguridad sugirieron el cambio de lugar para el encuentro, el debería (sic) realizarse en la Plaza San Martín. Entonces ‘la quinta columna’ y fanáticos del chat se opusieron, sosteniendo que el evento sí o sí se haría en la Plaza de Mayo, ignorando el peligro potencial que ello representa, y pese a las advertencias los que restan de UPLSD decidieron hacerlo en el sitio original, sin razonar el daño que puede ocasionar esta decisión. Ello produjo un cisma y las ONG que nos apoyaban en forma indirecta retiraron su participación”, escribió el represor.

elDiarioAR accedió a algunos de los cruces del chat, en el que varios de sus miembros ratifican el lugar y hora de la manifestación. “Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios.

Además del “Hormiga” González también forman parte del grupo organizador Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano. Según promocionan, habrá participantes de distintos puntos del país, así como delegaciones extranjeras. 

Desde el grupo negaron la posibilidad de cambiar la sede, pero confiaron que el Ministerio de Seguridad sí fue notificado del acto, así como la Policía de la Ciudad, aunque aclararon que “solo fue un aviso, no se pidió permiso”. Otra versión indica que el pedido para manifestarse en otro lugar se hizo a través de la agrupación Justicia y Concordia, que manejan abogados de represores. Allí destacan Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, y María Laura Olea. Al cierre de esta nota, en Seguridad evitaron responder una consulta al respecto.

“Durante 42 años vivimos arrodillados, callándonos la boca y dejando que nos bastardearan. Ahora cuatro o cinco zurdos de mierda no nos van a venir a imponer si tenemos que ir o no a la plaza. Tenemos que mantener la plaza ahí, sin violencia pero firmes. Si dejamos la plaza y salimos huyendo como ratas nos tenemos que olvidar de todo lo demás, perdimos la guerra”, dice otro de los miembros no identificados del grupo en un audio. 

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro pasaje del audio, evidenciando la relación con la gestión de Javier Milei. Este medio ya reveló que hay aval a la manifestación tanto desde el bloque de LLA como por algunos funcionarios del Ejecutivo. 

El reclamo directo de los negacionistas al Gobierno es que se revean todas las causas de los detenidos por lesa humanidad. En su campaña presidencial, Milei dijo que las Fuerzas Armadas cometieron “un exceso” durante la dictadura y la semana pasada su subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó en el ámbito de la Comisión Interamericana de DDHH la histórica cifra de los 30.000 desaparecidos. 

“Tiene que haber una revisión de todos los juicios”, exige Alfredo Manzur en otro de los audios del chat a los que accedió elDiarioAR. Y agrega: “La Plaza de Mayo es el lugar donde los ciudadanos se expresan, y la plaza no es propiedad de nadie. Aunque sea el único que esté con un megáfono, voy a gritar tanto como me den mis fuerzas: que hay un Dios, un cielo, una esperanza y que debe haber justicia”.

La izquierda, por Palestina

En la izquierda, a su vez, ratificaron la movilizacióon por Palestina. “La del sábado va a ser una convocatoria importante, en el marco de una marcha de carácter internacional”, aseguró Luca Bonfante, del PTS, a elDiarioAR. La fecha conmemora la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1947 que propuso la partición del Mandato Británico en dos estados, uno árabe y uno judío; además, el 29 de noviembre de 2012 la ONU otorgó a Palestina el estatus de Estado observador no miembro.

El dirigente de la Juventud del PTS y secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA aseguró que “la Plaza de Mayo es de las Madres” y señaló: “Dudo que prosperen expresiones negacionistas. Hay que ver si la policía los protege o no. Si van, los quiero ver”. 

La consigna de la protesta es “Contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y Palestina” y expone en sus redes sociales las figuras de Milei, los dictadores Jorge Videl y Roberto Viola, el represor Alfredo Astiz, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La idea de un “pañuelazo” se preparó cuando se supo de la manifestación por los represores. “Es una primera marcada de territorio”, dijo Bonfante. 

MC/MG

El Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de excarcelación presentado por Carlos Guillermo Suárez Mason (h), condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el principal centro clandestino de detención del terrorismo de Estado.

La defensa del ex marino había invocado el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, dictado el 23 de octubre, que fijó nuevos límites a la prisión preventiva y estableció que ninguna persona puede permanecer más de tres años sin sentencia firme. Sin embargo, el tribunal consideró que ese criterio no se aplicaba a su caso porque Suárez Mason (h) ya cuenta con una condena confirmada por la Cámara de Casación desde mayo de 2023.

La resolución del TOF 5 marca un contrapunto con la nueva doctrina de la Corte, que según diversos organismos de derechos humanos podría abrir la puerta a la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

En este contexto, en la negativa a liberar a Suárez Mason (h), el TOF 5 sostuvo que el represor “se encuentra cumpliendo una condena firme” y que “no corresponde aplicar retroactivamente una doctrina que refiere a situaciones procesales distintas”.

Suárez Mason fue condenado a prisión perpetua en noviembre de 2017, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2023. ) El represor fue uno de los oficiales rotativos que tuvo el grupo de tareas de la ESMA.

El año pasado, Suárez Mason (h) fue uno de los represores que se reunió y fotografió junto a diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitarlos al penal de Ezeiza, donde estaban alojados en ese momento. En ese encuentro fue protagonista Alfredo Astiz. Posteriormente, todos los represores fueron trasladados a Campo de Mayo.

El antecedente Von Wernich

En paralelo, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata dictaminó en las últimas semanas que debe rechazarse el pedido de salidas transitorias formulado por el sacerdote Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura.

El dictamen remarcó que “no se verifican cambios de conducta ni actos de reparación hacia las víctimas” que habiliten un beneficio carcelario. Para el Ministerio Público, la concesión de salidas o libertades anticipadas en estos casos “debe analizarse con criterios de especial rigor” por tratarse de crímenes imprescriptibles.

El entorno libertario

El debate sobre las prisiones de los genocidas volvió al centro de la escena política luego de que se conociera que Santiago Viola, abogado vinculado al oficialismo y apoderado electoral de La Libertad Avanza, apareció como defensor de cómplices de represores de la ESMA en distintas causas judiciales.

elDiarioAR publicó este jueves que Viola asumió la representación de imputados civiles por apropiación de bienes de desaparecidos, entre ellos ex funcionarios y empresarios con vínculos con la Armada. El caso generó polémica en el contexto de una administración que suele cuestionar la agenda de derechos humanos y relativizar los crímenes de la dictadura.

MC

La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió este jueves que las extensas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad deben estar debidamente justificadas con “indicios concretos” de riesgo procesal, al considerar que prolongar el encierro sin fundamentos suficientes implica una “pena anticipada” y una violación al debido proceso.

El pronunciamiento del máximo tribunal surgió en el marco del caso de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y que permanece detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2013, en el marco de una causa por secuestros y homicidios ocurridos antes del golpe de Estado de 1976.

La Corte resolvió sobre una nueva prórroga dictada en mayo de 2025, lo que eleva a casi doce años su detención preventiva, pese a que el plazo máximo previsto por ley es de tres años.

En su resolución, la mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza sostuvo que “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, y enfatizó que las prisiones preventivas deben basarse en riesgos procesales reales y no en la sola gravedad del delito imputado.

“El hecho de que el imputado esté acusado de gravísimos delitos no justifica por sí solo la imposición ni la prolongación de una medida tan gravosa”, afirmaron los jueces, quienes agregaron que “la presunción de inocencia es un principio que debe honrarse sin excepción”.

En disidencia, el juez Ricardo Lorenzetti consideró inadmisible el recurso sin pronunciarse sobre el fondo del planteo.

El fallo también cuestionó el accionar de la Cámara Federal de Casación Penal, que había denegado un recurso sin evaluar los argumentos relativos al exceso en la prisión preventiva. La Corte remarcó que, pasados los tres años legales, esta forma de detención es “la excepción de la excepción” y su aplicación requiere de una rigurosa fundamentación específica.

Castillo ya cuenta con una condena a prisión perpetua en otra causa, por lo que esta decisión no implica su liberación inmediata, sino un posicionamiento institucional sobre los límites de la prisión preventiva en los procesos por crímenes de lesa humanidad. El juicio en esta causa particular continúa en trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

La resolución

La causa contra Castillo

En mayo de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el martes la condena a prisión perpetua impuesta a Carlos Ernesto “Indio” Castillo y anuló la absolución de Juan José “Pipi” Pomares, por su participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados por el grupo paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre febrero y abril de 1976. Ambos habían sido juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, en 2017, por las privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios, entre otros delitos y según cada caso, de los perseguidos políticos Antonio Domínguez, Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Hugo Daniel Pastorini, Adelaida Úrsula Barón, Leonardo Guillermo Miceli y Roberto Fiandor.

En su fallo, los camaristas señalaron que la CNU operó en connivencia con una red estatal e integraba parte del plan represivo. En cuanto a Pomares, que había llegado al juicio acusado junto a Castillo por los homicidios de Domínguez, Dinotto y Martini y la “sustracción de una persona con el fin de obligarla a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”, en perjuicio de Pastorino y Barón, la Sala IV enfatizó que se debió haber considerado válido el testimonio de Walter Martini, quien fue testigo del secuestro de su madre cuando tenía diez años y reconoció en un libro de fotos a Pomares. Otra de las víctimas sobrevivientes, Pastorini, también lo reconoció. Respecto a esa situación, el TOF había declarado -por mayoría- la nulidad de esos reconocimientos fotográficos realizados en la etapa de instrucción de la causa.

Tras conocerse el fallo de la Casación Federal, el auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, Juan Martín Nogueira, solicitó que se prohíba la salida del país de Pomares, lo que así dispuso el TOF platense.

De acuerdo con el fallo de Casación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 deberá dictar un nuevo pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Pomares, sin necesidad de realizar un nuevo debate.

El juicio

Los ex miembros de la CNU habían sido juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. En dicho juicio el Ministerio Público Fiscal fue representado por Carlos Dulau Dumm y Juan Martín Nogueira, quienes habían solicitado la pena de prisión perpetua para ambos acusados. Finalmente, el Tribunal resolvió imponer la pena de prisión perpetua para Castillo y dictó la absolución “por el beneficio de la duda” de Pomares.

En su alegato en el debate oral, el entonces fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira había enfatizado que “los casos objeto de este juicio no se insertan en el contexto generado por el aparato de poder organizado de la dictadura instaurada por las fuerzas armadas a partir del 24 de marzo [de 1976], sino que la intervención penalmente relevante está dada por un grupo paraestatal denominado Concentración Nacional Universitaria, CNU, que funcionó, junto con muchos otros grupos, con la aquiescencia y favorecimiento de un gobierno democrático bajo el estado de sitio, que a través de una serie de decretos consolidó un sistema de violencia y muerte respecto de un grupo de la población reputado disidente, subversivo o disfuncional al sistema, lo que preludió, y preparó diría, el plan sistemático de desaparición de personas”.

Así hablaba el “Indio” Castillo frente al TOF N°1 de La Plata

En abril de 2020, La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su conformidad con la denegación de la prisión domiciliaria al genocida Carlos Ernesto Castillo, quien había sido condenado a prisión perpetua en un juicio oral y público en 2017. El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata no dio a lugar el pedido de prisión domiciliaria que solicitó la defensa de Castillo, ordenando al Servicio Penitenciario Federal que continúe realizando los correspondientes controles y chequeos médicos sobre el recluso.

La decisión judicial lleva fecha del jueves 16 de abril de 2020 y no hace lugar al pedido de los abogados de Carlos Castillo, conocido como “El Indio”, quien fue condenado por delitos de Lesa Humanidad el 29 de Noviembre de 2017. En el juicio fue encontrado culpable de los secuestros y homicidios de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino; todos hechos cometidos entre Febrero y Abril de 1976. La Subsecretaría de Derechos Humanos fue querellante en el debate oral.

“Castillo tiene una condena por delitos gravísimos. Además en su actual lugar de detención se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para poder cumplir con todos los recaudos del aislamiento social y obligatorio”, explicó Verónica Bogliano, Directora de Querellas en Crímenes de Lesa Humanidad de la Subseretaría. Y agregó: “No nos sorprende que los represores quieran aprovecharse de una situación tan preocupante que se vive en el mundo entero para tratar de lograr algún beneficio individual”.

Algunos datos sobre el “Indio” Castillo

Con información de agencias.

IG

Celdas individuales con TV, canchas de tenis, clases de teatro y talleres de stretching... De esas y muchas más comodidades gozarán el genocida Alfredo Astiz y otros 18 represores trasladados por decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei a una cárcel “VIP” en Campo de Mayo. El escándalo generó una ola de repercusiones políticas y sociales.

La candidata a legisladora en CABA por el Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad escribió en su cuenta de X: “Gravísimo: Milei y Bullrich trasladaron a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza (entre ellos Astiz y Suárez Mason) a una cárcel VIP en la Unidad penitenciaria de Marcos Paz, con gimnasio y huerta. Buscan darle un nuevo golpe a la lucha por memoria, verdad y justicia y avanzar con un plan pro impunidad y negacionista del que forman parte la visita de diputados libertarios a estos milicos y los despidos y vaciamiento de los espacios de memoria. Ni bien se conoció la noticia presentamos un proyecto de repudio en el Congreso, pero sobre todo tenemos que ganar las calles. Ni olvido ni perdón! Cárcel común y perpetua a los genocidas. Nunca más!”.

El proyecto de repudio que presentaron en el Congreso

Sr. Presidente:

El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del Sistema Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza, donde se encuentran actualmente detenidos numerosos represores condenados por su participación en el terrorismo de Estado bajo la última dictadura cívico, militar, eclesiástica.

Con este anuncio se evidencia que la ministra Patricia Bullrich, de quien depende el SPF, quiere enviar genocidas presos a la cárcel vip de Campo de Mayo. Se trata de otro guiño del gobierno a los criminales que formaron parte de la última dictadura, en línea con su plan para avanzar hacia una amnistía generalizada, y una “reconciliación” de las Fuerzas Armadas con la sociedad, con el fin de introducirlas en tareas de represión interna.

Actualmente, los represores están en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. Entre los que podrían verse beneficiados se encuentran personajes conocidos como Alfredo Astiz, quien integró el grupo de tareas que estaba a cargo del centro clandestino de detención de la ESMA y se infiltró como espía en las organizaciones de derechos humanos, y Guillermo Suárez Mason, también conocido como “el carnicero del Olimpo” (fue el principal responsable de ese centro de detención), quien formó parte del elenco de militares que impulsó un golpe fallido contra Juan Perón en 1951 y de otro que participó del Operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón.

En la lista también figuran Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. La Unidad 34 de Campo de Mayo, donde actualmente hay 52 detenidos, cuenta con cancha de tenis, huertas, gimnasio con aparatos, pistas para caminar y diversos espacios de ocio y esparcimiento. Incluso hay represores que tienen televisor en sus habitaciones. Uno de los criminales vip es Marcelo Cinco Courtaux, cuyo hijo trabaja con la vicepresidenta Villarruel en el Senado. El gobierno negacionista afirma que tomó la medida para “combatir” la sobrepoblación carcelaria. Dos de los genocidas mencionados (Astiz y Cavallo) se sintieron empoderados y exigieron celdas individuales.

Esta política se inscribe en el plan del gobierno de amnistiar a los genocidas de la última dictadura militar, que ya tuvo varios capítulos. Bullrich y Villarruel organizaron una visita de diputados libertarios a distintos represores encarcelados. En diciembre pasado, Milei y Petri enviaron al Senado un pedido de ascenso de militares de la Armada frenado por tratarse de parientes de represores que tienen denuncias por crímenes de lesa humanidad. El gobierno ha vaciado los espacios de memoria, medida que ha sido resistida por sus trabajadores. La ministra de Seguridad acaba de eliminar las recompensas para encontrar genocidas prófugos, y su jefe de gabinete dejó trascender que estaban trabajando en una propuesta para liberar a detenidos mayores de 70 años.

Una de las últimas muestras de esta orientación progenocidas fue el video protagonizado por el intento de historiador Agustín Laje, publicado por la Casa Rosada en el marco del 24 de marzo: un cúmulo de mentiras para justificar los crímenes de la dictadura militar. Los libertarios buscan profundizar la impunidad progenocidas que reina desde hace años. Siguiendo los pasos de Videla, Milei persigue opositores, intenta ilegalizar el derecho a huelga, entrega el país al capital internacional y montó una bicicleta financiera de la que se benefician distintos grupos capitalistas. Además, acaba de habilitar a las Fuerzas Armadas a reprimir protestas y detener personas que cometan delitos en flagrancia en la frontera norte.

Milei gobierna para la misma clase social que promovió y apoyó el golpe: la clase capitalista. Es la misma clase social que controló los resortes de la economía bajo los gobiernos democráticos de las últimas décadas, y que, junto a sus representantes políticos, llevó a la Argentina a sumirse nuevamente a las políticas de sometimiento y saqueos promovidas por el FMI.

Seguimos peleando por juicio y castigo para todos los genocidas y responsables de la dictadura, cárcel común y efectiva para todos ellos y por la apertura de los archivos secretos desde 1974 hasta 1983 y contra este gobierno negacionista.

Por estos motivos solicitamos a las y los diputados nacionales, el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto.

Vanina Biasi 

Vilma Ripoll

Nicolás Del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca

NB

La agrupacion HIJOS denunció que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ordenó el traslado de 19 represores –entre los que se encuentra el ex marino Alfredo Astiz– del penal de Ezeiza a una prisión en Campo de Mayo con un régimen más flexible.

Según informó la agrupación HIJOS, la decisión fue tomada por el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, quien depende de Bullrich. El traslado se produce luego de la visita que el año pasado hicieron varios legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para reunirse con los represores.

La medida beneficia a los 19 condenados por delitos de lesa humanidad: los genocidas Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa ABO; Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.

El penal de Campo de Mayo se habilitó en 2007, luego de unas reformas y el pase del ámbito del Ejército al Servicio Penitenciario Federal. Se dejó de utilizar en 2013 luego de la fuga de dos militares que estaban alojados allí y volvió a habilitarse durante el macrismo. Según HIJOS, se trata de una “cárcel VIP”.

“Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo. Seguimos reclamando que los genocidas rompan los pactos de silencio y digan dónde están los miles de cuerpos que siguen desaparecidos y nuestras hermanas y nuestros hermanos que siguen sin conocer su identidad”, señalaron desde HIJOS.

De acuerdo a la agrupación, la respuesta oficIal ante el traslado es que el penal de Ezeiza se encontraba superpoblado y se necesitaba espacio para alojar allí presos peligrosos.

De los 19 genocidas trasladados a Campo de Mayo, 10 habían participado en la reunión con los diputados del oficialismo.

Relegada en el Gobierno nacional y luego del fracaso de la sesión de ayer en el Senado –en la que una amplia mayoría rechazó los candidatos de Javier Milei para la Corte Suprema–, Victoria Villarruel encontró en las Malvinas una cuña para seguir intentando colar su propia agenda. Este viernes, lanzó una “campaña de malvinización” que tendrá a los veteranos como protagonistas y que apunta a recorrer con ellos “escuelas primarias y secundarias”.

“La Argentina necesita mas que memoria necesita conciencia”, aseguró la vicepresidenta al cerrar el acto que tuvo lugar en el Senado de la Nación. Un auditorio de ex combatientes la escuchaba cuando les dijo “gracias por mantenerse firmes cuando una parte de la sociedad les dio la espalda, la historia oficial quiso silenciarlos”.

Fue durante un acto en el Senado denominado “Conmemoración del día del veterano y de los caídos de Malvinas” en el que la vicepresidenta homenajeó a varios ex combatientes.

Para Villarruel la cuestión Malvinas es personal. Su padre, Eduardo Villarruel, combatió en la Compañía de Comandos 602 bajo la órdenes del ex carapintada Aldo Rico. Por eso, los homenajes en el Senado comenzaron el lunes 31 de marzo y terminarán el próximo 7 de abril. Como ocurre con los crímenes cometidos durante la dictadura, Villarruel tiene su propia interpretacion de la historia y apela al recurso de un “relato” que, según ella, distorciona lo que verdaderamente ocurrió, eso aunque cientos de fallos judiciales contradigan sus dichos.

Por eso, el homenaje de hoy es, según sus palabras, “un acto de justicia histórica, un gesto pero también un símbolo, la patria les dice gracias”.

“Malvinizar es recuperar el orgullo de ser argentinos, es enseñar que la soberanía no se declama, se defiende, y que la Patria no es una palabra vacía, sino una bandera que se lleva en el alma”.

“Nuestros héroes no están solo en las tumbas de Darwin o en las profundidades del Atlántico, están entre nosotros y son ellos quienes deben hablarle al futuro”, dijo Villarruel en su llamado a “malvinizar” la Argentina.

A lo largo de la semana, en el Senado sólo se escucharon relatos heroicos pero nada se dijo de una guerra pergeñada para lavarle la cara a la dictadura militar que terminó muy lejos del objetivo de lograr la recuperación de las islas.

A la cabeza de la organización estuvo el periodista Nicolás Kasanzew, denominado “director de Gesta de Malvinas” del Senado y quien durante el conflicto y desde las islas llevó adelante la versión oficial de la dictadura sobre lo que allí ocurría.

La agenda de actividades incluyó también el homenaje a un represeor con tres condenas por delitos de lesa humanidad y a un ex jefe militar acusado de torturar a soldados durante la Guerra de Malvinas. Se trata del ex coronel Horacio Losito –dado de baja por el ministro de Defensa Luis Petri– y el subteniente Juan Nazer, ex jefe de Sección de la Compañía A del Regimiento de Infantería 4.

En 2011, Losito fue condenado a prisión perpetua por su participación en los fusilamientos de Margarita Belén,en Resistencia, en la que once presos políticos fueron fusilados. Otros cuatro aún permanecen desaparecidos. Además, suma otras dos condenadas de 25 años cada una, también por su participación en el aparato represivo de la dictadura. La última de esas condenas se dictó en noviembre de 2023, por secuestros y torturas cometidos dentro de la VII Brigada de Infantería del Ejército, en Corrientes. Pero un mes después, ya con el nuevo gobierno libertario, el Tribunal Oral Federal de Resistencia le otorgó la libertad condicional.

Nazer está acusado del delito de “imposición de tormentos” contra el soldado Rubén Ascencio. En abril del 2023, el fiscal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Rapoport, y la su colega de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad María Ángeles Ramos,  pidieron la indagatoria y la detención preventiva de Nazer.

En abril del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó un planteo de “nulidad” interpuesto por Nazer para evitar la indagatoria. Según consta en el expediente, Nazer es nombrado por Ascencio.“como quien ordenó su estaqueamiento”.

“El soldado permaneció atado de pies y manos, desabrigado, sobre esa piedra. De esto tuvieron conocimiento varios superiores. (…) Al momento de los hechos, Nazer se desempeñaba, con el grado de Subteniente, como Jefe de Sección de la Compañía A”, dice el dictamen. Y en otro tramo detalla:  “Cerca del mediodía, siendo alrededor del 18 de mayo (de 1982) en Monte Harriet -donde estaba apostada su sección-, el cabo Gilberto Aguirre quiso imponerle arbitrariamente una sanción y lo conminó a realizar movimientos vivos. Ante su negativa, el cabo le sacó el arma, lo golpeó en el pecho y dispuso que fuera estaqueado, buscando para ello una zona del terreno con una piedra que se clavaba en la espalda de Ascencio, aumentando su padecimiento”.

El miércoles, durante un acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia, Villarruel sostuvo que “hubo un relato tergiversado de Malvinas para desmerecer a las Fuerzas Armadas” que se instaló durante los años posteriores a la guerra.

Cada vez más relegada de las decisiones del Gobierno, Villarruel viene desplegando su propia agenda ultra que va desde el negacionismo de los crimenes de la dictadura–el 24 de marzo acusó a las “organizaciones armadas” de haber promovido el golpe de Estado– hasta organizar, también en el Senado,  una charla por el “Día del niño por nacer” en la que participaron el presidente de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), Abel Albino, –recordado por haber asegurado, sin ningún rigor cientifico, que el virus del VIH atraviésa la porcelana, y el rector de la Universidad Católica (UCA), Miguel Ángel Schiavone, quien acusó a las mujeres de preferir trabajar a ser madres.

“La patria no es una palabra vacía sino una bandera que se lleva en el alma, y el proyecto no es político porque Malvinas es la única prenda de unidad que nos queda a la Nación”, clamó este viernes en el Senado la vicepresidenta.

Fue condenado tres veces por delitos de lesa humanidad. Sus víctimas del centro clandestino El Olimpo todavía recuerdan la insignia nazi en el brazo con la que llegaba a la torturas. Este martes, murió a los 84 años Julio Héctor “El Turco Julián” Simón, uno de los símbolos de la represión y el espanto que ocurría en los centros clandestinos de detencion de la dictadura.

Cumplía su condena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Dos semanas atrás, la Justicia volvió a rechazarle un pedido de prisión domiciliaria.

Simón había sido condenado en 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires. El ex integrante de la Policía Federal formaba parte del circuito de represión llamado “ABO”, integrado por los centros clandestinos de Detención “El Atlético”, “Banco” y “El Olimpo”. La justicia lo encontró culpable del secuestro, tortura y desaparición de 181 personas.

Su primer proceso judicial comenzó en 2006. Fue uno de los dos juicios que se llevaron adelante tras la reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado. Fue condenado a 25 años de presión por la detención ilegal y torturas a José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y la apropiación de su hija de ocho meses, Claudia Poblete. En ese mismo juicio fue condenado otra pieza clave de la represión, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Luego llegarían las otras condenas, tambien por secuestros y torturas en la causa ‘Batallón 601’.

Había nacido el 12 de agosto de 1940. Con el regreso de la democracia, se instaló en Brasil y sólo regresó luego de que fueran sancionadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que le garantizaron impunidad. Pero en 2001, el juzgado que investigaba la apropiación de Claudia Poblete decretó la nulidad de ambas leyes. La decisión judicial abrió el camino para que luego la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad.

De sus días como torturador, el director de cine Jorge Augusto Taglioni testificó que el “Turco” Julián –tal como se lo conocía en los centros de detención– se ensañaba particularmente con los secuestrados judíos y no ocultaba su fascinación por el nazismo.

El camarista Gustavo Hornos, al rechazar el pedido de prisión domiciliaria escribió: “Julio Héctor Simón, al momento del examen, se encuentra clínicamente compensadocon buen estado de salud aparente, sin evidencias clínicas de patologías físicas crónicas en evolución”. Y recordó las razones que lo mantenían en prisión: “Es preciso también señalar que el acusado fue condenado a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber mediado violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, los que concurren materialmente entre sí”.

 A fines de febrero había ingresado al Hospital Larcade de San Miguel con “pie diabético”, producto de problemas vasculares vinculados a enfermedades preexistentes. 

Estaba internado en el Hospital Larcade de San Miguel donde le apuntaron un pie a causa de una diabetes.

En 1995, dio un reportaje a Telenoche Investiga. Allí aseguró que para él la tortura era “absolutamente negativa”,ya que “el detenido quedaba demasiado deteriorado en algunos casos cuando no se podía prescindir del shock eléctrico”.

Hoy, al conocerse la noticia de su muerte, Carlos Pisoni, referente de HIJOS, escribió en su cuenta de X: “Murió un 25 de marzo y pudo ver el millón de personas que se movilizaron ayer contra lo que él ejecutó”.

El represor Horacio Luis Castillo, exinspector de las brigadas de Investigaciones de Banfield y de Lanús, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad, murió este lunes a los 83 años, según pudo confirmar elDiarioAR en organismos de derechos humanos.

Hasta su procesamiento en 2022, Castillo dirigía una escuela secundaria que también fundó (en 1979) en Wilde, Partido de Avellaneda. En el juicio, dijo que lo confundían con su hermano, que ya estaba muerto. Lo condenaron a cadena perpetua el año pasado por secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en los Pozos de Banfield y Lanús.

De acuerdo al legajo de Castillo en la Policía Bonaerense, entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977 fue oficial inspector y luego fue ascendido a oficial principal de seguridad de lo que entonces era la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense que funcionaba en Vernet y Siciliano, Villa Centenario, Banfield.

En esa dependencia, que a partir de enero de 1977 pasó a ser sede de la Brigada de Investigaciones de la fuerza conducida por Ramón Camps, ya funcionaba el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield.

Del legajo surge que en marzo de 1977 Castillo fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense en Lanús, que entonces funcionaba en Avellaneda: “El Infierno”. Allí fue reconocido y nombrado por dos sobrevivientes de ese campo de detención: Mercedes Alvariño Blanco y Héctor Oscar Callejas. Se retiró de la Policía bonaerense en 1986 con el rango de comisario. 

Sentados bajo la sombra de un árbol frente a los estudios de Olga, a minutos de comenzar el rezo del Santo Rosario en desagravio a la “blasfemia cometida contra nuestra Santa Madre” por el pesebre viviente que parodiaron integrantes del streaming, el sacerdote Xavier Ryckeboer, capellán del Hospital Milstein, habla de fe, de religión, se detiene a pensar en la libertad y en la necesidad de “tener dignidad en esta vida”. De pronto, baja a tierra e interroga al grabador:

–Si un buen artista la pinta a tu mamá de prostituta, ¿vos lo disfrutarías? –el padre se acomoda la sotana y sigue. –Imaginate que cada vez que saliera un rabino de la sinagoga hubiera alguien que le diga “eh mugriento, seguí caminando con el caño roto, dale”.

–¿Qué está queriendo decir, padre? –pregunta elDiarioAR.

–Que no se puede ofender, no se puede mostrar que un tipo del tamaño del Toto Kirzner sea parido por la Virgen y pueda fumarse un inmenso porro de marihuana. Imagínate que en la piedra negra que veneran los musulmanes en la Meca yo ponga a una señora islámica sodomizada por un burro, ¿vos decís que les gustaría?

–¿Qué otros ejemplos podría dar? 

El sacerdote, entonces, aporta una gran cantidad de situaciones desopilantes que ocurrirían dentro de la comunidad judía.

–Burlarse de los sentimientos religiosos de los cristianos no pasa nada, ahora si hubiera sido a los judíos esto sería un escándalo… Ellos están organizados y tienen mucha gimnasia de victimización que obviamente la sacan a relucir de modo que queda muy políticamente incorrecto meterte con ellos. 

El padre Ryckeboer insiste en madres ajenas, penes cortados, burros, mujeres islámicas y consulta si se entiende el punto. Advierte que, si no hay una reparación, se realizará una acción judicial porque no existe la “libertad de agraviar”. Está a punto de comenzar el acto de desagravio y llegan unas cuantas personas más en la palermitana esquina de Humboldt y Cabrera. Hay principalmente adultos y adultos mayores; son casi la misma cantidad que los jóvenes que se acercaron para ver en carne y hueso el último programa del año de Olga.

Entre los organizadores del rezo se desentienden de un dato que los incomoda: que el rosario habría sido organizado por el cura Javier Olivera Ravasi, quien en agosto fue expulsado de la Diócesis de Zárate-Campana tras haber organizado aquella polémica reunión de diputados libertarios con represores-genocidas en la cárcel de Ezeiza, grupo entre los que estaba Alfredo Astiz. Aquí, antes del rezo, aseguran que el párroco solamente replicó la convocatoria por sus redes sociales. 

Hijo de Jorge Antonio Olivera –el escurridizo militar que se escapó dos veces del penal y dos veces fue recapturado para cumplir las tres perpetuas que pesan sobre él por crímenes de lesa humanidad (más de 40 secuestros, torturas y 50 homicidios doblemente agravados)–, Javier Olivera Ravasi es devoto también de las armas, tanto que en su redes muestra jocosamente un rosario hecho con balas. Este jueves no está aquí: afirman que está en Estados Unidos. 

–¿No cree que promover la violencia a través de un rosario con balas es una conducta poco cristiana?

–No, ¿por qué? Conozco muchos militares… depende de lo que vos hagas con la bala –responde, y evita opinar sobre la situación de los condenados por lesa humanidad o sobre el actual gobierno nacional. Sí se explaya sobre la idea de la “violencia justa”.

–Si te quieren violar a tu hija –desafía el padre–, ¿qué vas a hacer? ¿Y si viene un chorro a robarte y matarte? Existe el derecho a la legítima defensa, hay que usar el sano pensamiento racional.

–¿Qué opina de la libre portación de armas y de la decisión de bajar la edad de compra y tenencia de armas?

–Si sos mayor a los 18, es absurdo que sea sólo para los que tienen 21. Además, se puede votar a los 16 años, y eso es darle una flor de ametralladora a los adolescentes, con lo fácil que se manipula a la juventud…

Del otro lado de la calle se escucha la algarabía de los seguidores de Olga porque acaba de comenzar el programa “Mi primo es así”. En simultáneo, se escucha el Santo Rosario. Mariana Bet, católica autoconvocada, se arrodilla, toma el megáfono y lee el manifiesto en el que explica el por qué están acá: “La burla del nacimiento de Jesús”. 

Las sátiras sobre pesebres vivientes han sido largamente representadas a lo largo de los años. Desde parodias en programas de televisión, como en “Casados con hijos”, cuando Pepe Argento se disfraza de Superman y, ante la reacción de una María Elena vestida Rey Mago con barba “para hacerle compañía a las ovejas”, aclara que interpreta a José porque “si el niño Jesús es todopoderoso, ¿de quién iba a heredar sus poderes?”. O el sketch de Capusotto sobre la navidad peronista y el Niño Perón. Ni qué hablar de grandes obras, como la película de los Monty Python “La vida de Brian”. Es decir que esta actuación en tiempos de streaming, que se articuló a través de un guion rudimentario en un escenario casi improvisado, carece de total novedad. 

¿Por qué, entonces, la desproporcionada polémica? ¿La indignación tuvo más que ver por una cuestión estética? “Fue muy sexualizado el hecho de que este hombre haya salido de María, y sentimos que se cruzó un límite”, dice Mariana Bet. 

¿Es el clima de época regido por el lenguaje emocional del algoritmo que traspasó la pantalla y llegó a la puerta de Olga? El padre Olivera Ravasi tuiteó: “Nos toca expresarnos más allá de las redes, no falles”. ¿O son los sectores conservadores de siempre, hoy envalentonados con la vicepresidenta Victoria Villaruel y con la “batalla cultural” libertaria? 

“Yo también visito militares privados de su libertad”, desafía el presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur, Segundo Carafi, uno más de los ultracatólicos que hay en el acto de desagravio. Ex asesor del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, no escapa a la polémica cita de los legisladores de Milei a los condenados por delitos de lesa humanidad y defiende un proyecto que había preparado Ravasi para liberar genocidas. Se cree temerario para ejemplificar: “El violador que violó no sé cuántas mujeres puede salir, y estos tipos se están muriendo en la cárcel”.

El sketch de la polémica provocó una avalancha de críticas en redes sociales, que rápidamente escaló y derivó en una carta documento y un proyecto de repudio político. Los curas villeros también salieron a oponerse. Esteban Romero, militante libertario, realizó la presentación judicial y exigió disculpas públicas en horario central y el compromiso de evitar futuros contenidos similares. Este jueves el conductor de “Mi primo es así”, Martín Rechimuzzi, cumplió: “Queremos pedir sinceras disculpas, no fue nuestra intención generar una burla”, leyó en vivo, mientras afuera del estudio continuaba el rezo. 

Amalia Granata, del bloque Somos Vida de la Legislatura de Santa Fe, presentó un proyecto de repudio contra Olga y Luzu TV, otro canal señalado por contenidos similares. En los medios tradicionales, Eduardo Feinmann se mostró visiblemente compungido: dijo que era “un asco”. Pero acaso los más combativos fueron Yanina Latorre y Tomás Dente, quien llegó a admitir: “Daría la vida por mis convicciones religiosas”.

El programa termina y Tomás “Toto” Ritzner –hijo de Adrián Suar y Araceli González–, afectado por el escándalo y cuidando cada una de sus palabras, aclara: “De más está decir que no fue de forma peyorativa”. Y poniendo la otra mejilla, asume: “Es lógico todo lo que he recibido y lo que hemos recibido”. Insiste en que fue en “contexto humorístico” y que “no había nombres bíblicos”.

Curioso es que la transmisión de este jueves –el de la disculpas– apenas tuvo 6.300 visitas en YouTube. La del día de sketch, 102.000.

En nombre del streaming había abierto el paraguas antes Migue Granados, dueño del canal y estrella del programa matinal. “Esto es un canal de Youtube, si querés seguir lo haces, si no, no. Listo basta”, buscó cortar por lo sano. Luego, más hastiado, consideró que “si se ofende hay que pedir perdón y cuando se excede a una red social, como este caso, ya es más moral”. 

¿Había que pedir perdón?, debaten los seguidores de Olga ahora apostados en la calle. “Para mí no”, responde Carolina, 35 años. “¿Por qué hay que darle la razón a esta gente que no se aguanta la libertad de expresión? –retruca– Lo que hicieron fue arte y hay que aceptarlo”. Marianela, otra fan, da su opinión: “Si los chicos sentían que tenían que pedir perdón, me parece perfecto; pero yo no hubiera pedido disculpas”.

¿Podría el canal haberse apropiado de la misa servida en bandeja en la puerta de sus estudios para transformarla en otro contenido audiovisual? ¿Qué es más desopilante: la imagen de los ultracatólicos pro-militares rezando en la calle o la cabeza de Kirzner caracterizando un Jesús en pañales?

MC

Los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza están dispuestos a romper el silencio público que guardan desde que estalló el escándalo, hace casi dos meses. Citados la semana que viene para que hagan un “descargo voluntario” en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja, los legisladores de Javier Milei están preparando un escrito que leerán frente a la oposición, que reclama una investigación que determine una sanción disciplinaria por entrevistarse con genocidas.

A la estrategia la está definiendo principalmente Beltrán Benedit, quien organizó el viaje desde el Congreso al penal de máxima seguridad, en conjunto con el resto de sus pares en los que se apoyó para armar la visita a Alfredo Astiz y otros presos de la represión: Guillermo Montenegro, Adila Ferreyra y María Fernanda Araujo, supo elDiarioAR de una fuente involucrada directamente en la polémica. 

El documento consensuado entre esos cuatro diputados buscará dar su propia versión de los hechos, luego de la interna oficialista que terminó con las otras dos participantes –Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci– culpando a sus compañeros por haber sido engañadas para ir a entrevistarse con los condenados. En el medio, se conoció además que los legisladores estaban en conversación con el cura Javier Olivera Ravasi para gestionar una serie de iniciativas parlamentarias que permitan la excarcelación de los genocidas. 

La voz libertaria consultada al respecto negó rotundamente, bajo condición de anonimato, que exista un plan de esas características en el Gobierno y en el Congreso. Sí planteó que se revisen los procesos judiciales “porque están mañados”, aseguró sin dar más detalles. “Vamos a contar toda la verdad”, desafió la fuente sobre la reunión de comisiones.

El grupo de libertarios envuelto en la polémica fue convocado para los próximos días por el plenario de los cuerpos de trabajo de Poderes, Peticiones y Reglamento y de Asuntos Constitucionales, que conduce la macrista Silvia Lospennato. Aún sin fecha confirmada, será una jornada cargada de tensión porque los oficialistas se enfrentarán cara a cara con la oposición del kirchnerismo y la izquierda, que exige hasta su expulsión de la Cámara.

Si bien la intención libertaria es leer un documento, los diputados estarán dispuestos a responder preguntas de los opositores. “Si hay preguntas las vamos a contestar, pero no queremos prestarnos a ningún circo”, recogió este medio en la bancada de LLA. Otra voz de un importante despacho mileísta confirmó que está en estudio que los legisladores vayan efectivamente a las comisiones, pero evitó dar precisiones.

Los diputados romperían así el pacto de silencio al que se sumieron cuando se filtró su visita al penal. La principal fuente consultada aseguró que hubo un pedido explícito dentro del bloque oficialista para que no se expresen en su momento, tanto en el recinto como ante los medios de comunicación. Según pudo reconstruir elDiarioAR, no hubo hacia los responsables de la visita ninguna orden directa por parte de Javier Milei o su hermana Karina para que no hablen, pero sí fue una estrategia que se tejió en el seno del bloque, que conduce Gabriel Bornoroni y donde también tiene mucha ascendencia el titular de Diputados, Martín Menem.

La versión de los legisladores, sobre todo de Benedit y Montenegro –a su vez ex mano derecha de Victoria Villarruel–, estaba a punto de conocerse cuando estalló el escándalo. La filtración de la noticia y la polémica que generó los instó a replegarse. Curioso es que ambos legisladores querían sacar un comunicado apenas después de concretarse la visita a Ezeiza, que fue el 11 de julio. Pero abortaron esa acción por dos episodios ajenos a ellos y que generaron mucha atención mediática: el intento de atentado a Donald Trump, el 13 de julio, y la coronación de la Selección Argentina en la Copa América, el 14. “Con semejantes hechos nadie nos iba a dar bola”, justificó la voz legislativa. 

Según pudo recoger este medio, la visita a Ezeiza se armó a partir de una serie de invitaciones que recibió Benedit vía mail y notas por parte del círculo de allegados de los presos. Querían que los libertarios conocieran, en su calidad de diputados nacionales, sus condiciones de encarcelamiento. Varios oficialistas ya habían hecho una primera incursión a Campo de Mayo, en los primeros meses de la gestión de Milei.

Ante la posibilidad de ir a Ezeiza, Benedit entró en contacto con el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Así lo expuso él mismo en el grupo de chat de LLA. En ningún momento, afirmó la fuente consultada ayer por elDiarioAR, se habló con Patricia Bullrich para que facilitara el viaje.

Sin embargo, una vez en el complejo de Ezeiza destinado a las mujeres –los genocidas están alojados allí en un pabellón especial–, el grupo de seis diputados y sus asesores tuvieron muchas facilidades para ingresar. Se les pidieron sus DNI pero nunca el celular, algo extraordinario en el sistema de ingresos de visitas.

De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

Los libertarios tuvieron primero una reunión con la responsable del complejo y recién después se entrevistaron con los represores. Al parecer no estaba definido a quiénes iban a ver puntualmente. La fuente aseguró que se pusieron a disposición “de los presos que querían participar en la reunión”. 

Finalmente hubo una decena de represores en el encuentro. La entrevista fue en muy buenos términos. “Contaron cómo vivían. Eso era un geriátrico”, le dijo la voz parlamentaria a este medio. La fuente confirmó que Benedit y el resto de los legisladores recibieron varios sobres con documentación por parte de los presos, pero negó que allí hubiera un proyecto de ley para excarcelarlos. “Era información sobre sus causas. Pidieron que revisemos sus procesos porque algunos están ahí sin condena”, señaló el legislador.

La versión que los libertarios preparan para leer en el marco de las comisiones coincide con el mensaje que Benedit transmitió en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea de eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El Presidente combate en la política a esta ideología 'terrorismomarxista'”.

MC/JJD

¿Romperán el pacto de silencio los diputados que organizaron la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza? La pregunta quedó en el aire este martes tras una nueva reunión de comisión en la Cámara baja donde se decidió “invitar” a exponer la semana que viene por escrito o de manera presencial a los legisladores de Javier Milei que se encontraron con represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Esa medida tomó la macrista Silvia Lospennato al frente del plenario de las comisiones de Reglamento, Peticiones y Poderes y de Asuntos Constitucionales. Buscó así descomprimir la tensión que existe entre las bancas ante la falta de un acuerdo político sobre si hay que investigar o no, y eventualmente sancionar, a los libertarios que se entrevistaron con Alfredo Astiz y otros genocidas de la última dictadura.

Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Arauja tienen ahora una posibilidad “amable” para explicar por qué fueron hasta Ezeiza el 11 de julio pasado. Son los únicos del grupo que no hablaron en el ámbito de la Cámara baja ni en ante los medios de comunicación, como sí hicieron Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que aseguraron haber sido “engañadas” para participar del viaje y acusaron al resto de sus pares sobre todo a Benedit como el principal organizador de la visita.

“Es una invitación para que personalmente o por escrito puedan hacer su descargo”, explicó Lospennato este martes al cierre de la reunión de comisiones que terminó sin una definición sobre qué hacer a futuro. La referente del PRO insistió varias veces en que no es el plenario el que debe investigar a los oficialistas, sino que tiene que haber un despacho de las comisiones que tiene que ser aprobado por una mayoría en el hemiciclo. 

El partido amarillo está abroquelado con La Libertad Avanza (LLA) para evitar que la polémica pase a mayores, mientras el kirchnerismo y la izquierda exigen que además de una puntillosa investigación también haya una sanción disciplinatoria. La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía.

La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía

La oposición más dura también reclama interpelar a la ministra Patricia Bullrich como responsable del Servicio Penitenciario Federal, ya que su director, Fernando Martínez, es mencionado en los chats filtrados como quien le permitió a los libertarios entrar a Ezeiza sin ningún tipo de control y hasta con teléfonos celulares. De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

El debate en el plenario de comisiones de este martes estuvo marcado por el cruce de acusaciones entre los legisladores. “Quieren un repudio light”, acusó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Lo único que han hecho durante la jornada fue provocar, nada que ver lo que se está discutiendo. Ustedes son el partido del menemismo que sancionó el indulto”, le espetó al santafesino Lospennato. “No hay delito ni deshonra”, señaló el macrista Alejandro Finnochiario.

El pacto de silencio

A casi dos meses después de que estallara el escándalo por la visita a genocidas en Ezeiza, las únicas voces que se conoce de los diputados que fueron a Ezeiza son las de Arrieta y Bonacci. En la propia Cámara baja y en los medios aseguraron haber sido engañadas. Arrieta de hecho generó un terremoto político porque llevó el caso a la Justicia, y luego renunció a la bancada oficialista ante una inminente expulsión. 

Pero el resto de los legisladores mantienen un pacto de silencio hasta ahora inquebrantable. Benedit sí habló en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea que luego se confirmó con el resto de los chats revelados por Arrieta de que habría un plan oficialista para eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El presidente combate en la política a esta ideología terrorismomarxista”.

Apenas días después de que se conociera la polémica, elDiarioAR abordó a Benedit en el marco de la feria agrícola de La Rural de Palermo, pero el legislador se negó rotundamente a hacer declaraciones. Solo dijo que guardará silencio por un tiempo y negó que su visita a Ezeiza haya sido, al menos, polémica.

Cuando el tema llegó a Diputados a fin de julio, los libertarios esperaban que hubiera una declaración votada por el recinto para salir a hablar públicamente. Al menos así coincidieron Montenegro y Ferreyra ante la consulta de este medio. Pero como la Cámara baja se enfrascó en una discusión por el tono del repudio y no hubo acuerdo para votarla y tampoco para conformar una comisión investigadora, los diputados siguieron en silencio. 

Hace dos semanas, cuando el bloque de LLA erupcionó en una reunión con ribetes novelescos con gritos y llantos que terminó con la salida de Arrieta, desde la cúpula libertaria en Diputados –Martín Menem y Gabriel Bornoroni– reforzaron la orden de ya ningún libertario hable de la polémica. El titular del bloque siempre se mantuvo en la línea discursiva de que en el Gobierno no se impulsa una amnistía para los represores y que la visita a Ezeiza no fue ni siquiera una acción moralmente repudiable. Pero nunca hubo explicaciones oficiales de cómo se armó el viaje a Ezeiza y de por qué y para qué se entrevistaron con genocidas. ¿Qué dirán la semana que viene los protagonistas?

MC

MC/JJD

La foto de hoy dice poco sobre el cuadro político real. Argentina vive una etapa de transición, algo lógico ante el agotamiento de dirigentes que cabalgaron la larga y penosa última década, y la elección de un Presidente que alardea de su incivilidad.

El camino a las elecciones de 2025 consolidará liderazgos existentes, alumbrará nuevos y relegará presuntos. A más de uno le llegó el telegrama del retiro y todavía no se enteró.

Sobre todo, los meses por venir redibujarán espacios. Partidos y formaciones que hoy aparecen cercanos deberán dirimir una hegemonía, antes o después de las urnas. Otro tanto ocurrirá dentro de paraguas partidarios y frentistas que se tornaron obsoletos. Habrá nuevas siglas. Claro está, los dueños de las chequeras estatal y privada cuentan con herramientas para cincelar el mapa vía el incentivo a transfuguismos y condenas al ostracismo.

Las encuestas señalan dos bloques sólidos y equivalentes de apoyo y rechazo al Presidente, protagonista por momentos único del escenario.

El dato coincide con la intuición, pero tiene un valor relativo. Sometidos a las limitaciones de recursos y técnicas, los sondeos de “imagen” atraen clicks y canalizan presupuestos, pero no siempre aportan información valiosa. ¿Alguien sabe, realmente, cómo impacta en los hogares de Puerta de Hierro, un barrio precario de Isidro Casanova, el aumento del colectivo, o el desmantelamiento del programa de agricultura familiar en miles de productores de las provincias más pobres? ¿el vandalismo retórico de Milei espantará al segmento antiperonista que se asume habitualmente preocupado por la calidad institucional?

Cuenta el antecedente de que la gran mayoría de las encuestas estuvo lejos de prever la debacle del macrismo en las primarias de 2019, la peor elección en la historia del peronismo en las legislativas de 2021 y la victoria de Milei en las primarias de 2023. No la(s) vieron.

La consultora Tendencias difundió esta semana un estudio que cuenta con la fortaleza de la cantidad de casos relevados (6.874), muy superior a la habitual, aunque la metodología online podría limitar su representatividad. El sondeo muestra cómo escala aceleradamente la “preocupación” por el “trabajo” en detrimento de la “inflación”. A esa respuesta estructural se suma otra de ocasión. Los medios transmiten una mirada definitiva, condenatoria, sobre la acusación de golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. La encuesta indica, en cambio, que el mayor grupo (26,4%), prefiere “que la Justicia investigue antes de opinar”. A ello se suma otro 15% que detecta “un uso político de la denuncia”, algo que está lejos de significar una rehabilitación política del expresidente, que debe unas cuantas explicaciones sobre lo difundido.

Toda predicción sería antojadiza de cara a 2025. ¿Qué pasaría si comienza una recuperación económica, aunque sea tenue, y la inflación se parece al 30% anual? ¿Y si la estabilidad se da a costa de una desocupación de dos dígitos y el lacerante panorama social se cristaliza? ¿Las alquimias financieras lograrán frenar la evaporación de reservas, algo que a Luis Caputo no le preocupa? ¿De qué Argentina hablamos si la volatilidad, en lugar de reducirse, se dispara porque las cuentas les vuelven a salir mal a Federico Sturzenegger, escenario que advierten como probable economistas ortodoxos?

El “mayor ajuste de la historia de la humanidad” habrá sido en vano. A eso se suma que en el país de los bolsos de López y la SIDE de Santiago Caputo con US$ 100 millones para gastar, puede pasar cualquier cosa.

Piruetas

El tren fantasma de los bloques de La Libertad Avanza se explica por sí mismo. Se suceden expulsiones semana a semana. Por ahora, los excluidos juran lealtad a la figura de Milei, hasta que deje de ocurrir. Mauricio Macri cena milanesas en Olivos cada vez más seguido. A la salida, transmite que se siente “boludeado”. Ya es un rito. Sus intérpretes (Vidal, Ritondo, Lospennato) hacen malabares para disimular la desorientación y Patricia Bullrich avanza con la tanqueta. Las trapisondas internas son un insumo cotidiano en las pantallas de los medios oficialistas.

¿Alguien sabe, realmente, cómo impacta en los hogares de Puerta de Hierro, un barrio precario de Isidro Casanova, el aumento del colectivo?

La Cámpora y el Frente Renovador contra Axel Kicillof, Wado de Pedro contra Sergio Massa, Massa teje en silencio, la “nueva música” del gobernador no arranca, los gobernadores alambran sus provincias y cierran la tranquera, el Instituto Patria con las batallitas de Cristina, Juan Grabois cava fosas contra “los garcas”, Mayans fascinado con Villarruel y Guillermo Moreno en la pantalla 24x7: un panorama muy tentador.

Se suman voces que tiran un nombre para encabezar la lista de la madre de todas las batallas en 2025: Cristina. “Falta un montón, es absurdo hablar de eso. está enfocada en los problemas reales”, “es lo último que quiere, pero piensa en colectivo”, elaboran desde la cúpula cristinista. Un clásico del Instituto Patria. Deja correr, porque la mera enunciación mantiene la tensión y la centralidad sobre la expresidenta, y si no ocurre, refuerza el dedo a la hora de consagrar candidatos.

La propuesta asume un supuesto, una debilidad intrínseca y un problema.

Debilidad de La Cámpora: pocos candidatos atractivos y raigambre popular para tanta ambición

Frente para Victoria

La sintonía de Moreno y Mayans expresa una corriente del peronismo antiprogresista que encuentra eco en la historia de ese movimiento polifacético. Conservadurismo popular y humanismo cristiano en el caso del formoseño, veta nacionalista en el exsecretario de Comercio y derecha republicana en Miguel Ángel Pichetto: un solo corazón.

Moreno avanza desde los medios del Grupo Indalo y los streamings a los que fascina, y logra que el debate gire sobre sus propuestas.

La presencia del exsecretario de Comercio al menos tres noches por semana en la pantalla de C5N es a cambio de $500.000 por mes. Ese módico honorario, acorde a los valores de la TV de hoy, no excluye que esa silla esté apadrinada por un financista, algo que todo el mundo en la industria de los medios da por cierto.

Dos fuentes con amplio conocimiento de la cotización de los espacios televisivos evalúan que el valor de la presencia cotidiana de Moreno en el canal del Grupo Indalo y en Radio 10 no es inferior a US$30.000 por mes. En el Grupo Indalo desmienten tajantemente esa versión. En cualquier caso, ello no supone un enriquecimiento del titular del sello Principios y Valores, a quien ni siquiera sus mayores críticos le endilgan negociados personales.

La presencia de Moreno al menos tres noches por semana en la pantalla de C5N es a cambio de $ 500.000 por mes

La carta de camino conjunto con Victoria Villarruel fue explicitada por Mayans y Moreno.

Mientras el exsecretario de Comercio dirimía su duda sobre si la vicepresidenta afecta a represores es una “nacionalista de inclusión” o “de exclusión”, y Mayans daba por hecho que su “amiga” tiene rasgos peronistas, Villarruel montó un show negacionista en el Senado, en el que ubicó a Néstor y Cristina Kirchner como responsables de la “venganza terrorista” que encarceló a represores.

Por más que ahora Milei simule que la agenda negacionista no es la suya —sí lo fue, por ejemplo, el 24 de marzo pasado, con provocaciones orquestadas por Karina Milei—, algo de razón le cabe a la diputada ultraortodoxa del ultrismo Lilia Lemoine cuando acusa a Villarruel de tirar la piedra y esconder la mano en la movida a favor de la liberación de los terroristas de Estado.

“Me rompe soberanamente las bolas por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña”, descerrajó Lemoine semanas atrás, herida por el silencio de la vicepresidenta en torno a la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal federal de Ezeiza. Allí se alojan Alfredo Astiz y su cómplice Alberto González, muy allegado a Villarruel, quien además conoce a unos cuantos de la docena de genocidas allí alojados.

Hilos del grupo Ravasi

El grupo de whatsapp “Comida informal con Padre Javier por milit”, creado el sacerdote integrista Javier Olivera Ravasi, venía preparando el terreno hacía tiempo con el objetivo de liberar a los represores.

La comunidad convocada por Olivera Ravasi incluía a abogados de condenados, al exjuez de Casación Federal Eduardo Riggi y a diputados de La Libertad Avanza. El diálogo —difundido en Twitter por la diputada Lourdes Arrieta, hoy separada del bloque oficialista— dejó expuesta la coordinación más allá del intercambio de whatsapp, reflejado en el papel de José Torello, un senador del PRO allegado a Mauricio Macri que presentó un proyecto en diciembre pasado para garantizar la prisión domiciliaria automática a los 70 años.

Uno de los abogados, Enrique Munilla, envió un mensaje con el archivo “Causas escandalosas”. Munilla explicó el 13 de marzo que era un texto de su representado Jaime Lamont Smart, “preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba”. “Me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto”, escribió. Lilia Lemoine respondió al texto con un emoji con pulgar para arriba.

Corresponde detenerse en Smart y en el contenido del archivo.al que tuvo acceso este diario.

Los amigos de Smart

La defensa de Smart como una víctima de la venganza de “los cómplices de los terroristas” es emblemática de la persistente búsqueda de impunidad, no sólo por parte de un grupo de arribistas de la política instrumentalizados por defensores de represores, sino por estamentos con mayor poder simbólico y fáctico.

Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979, fue condenado a prisión perpetua en 2012 en el marco de la causa conocida como “Circuito Camps”, en referencia a los centros clandestinos de detención y matanzas orquestadas bajo la órbita del exjefe de Policía bonaerense. Más tarde sumó cinco veces la misma pena en las causas Brigadas, Orué, La Cacha, Hogar de Belén y Benavides. Exjuez de la Cámara en lo Penal creada durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para tratar causas contra la subversión, Smart es uno de los pocos civiles de alto rango condenados por crímenes de lesa humanidad.

El editorial de La Nación “La persecución a Jaime Smart”, del 23 de septiembre de 2011, es una de las varias proclamas en ese diario dedicados a enaltecer la figura del coequiper civil de Ramón Camps. El texto reprodujo los argumentos centrales de Smart sostenidos a lo largo de una década y media —la última condena a perpetua es de marzo pasado— en la decena de causas de lesa humanidad que enfrentó. 

“Los procedimientos llevados a cabo en el marco de la lucha contra el terrorismo se realizaban en el más absoluto secreto para los funcionarios civiles de los gobiernos nacional y provinciales”, arriesgó La Nación en 2011.

“El doctor Smart tiene un ganado prestigio por sus condiciones personales y profesionales…(porque) juzgó a miembros de los grupos terroristas que asolaban al país…y las garantías de defensa en juicio fueron entonces aseguradas”, abundó. Una cámara federal creada como un fuero especial por una dictadura, la de Lanusse, fue, para el diario La Nación y la narrativa liberal-conservadora argentina, un ejemplo inapelable de garantía procesal.

Trece años y cinco condenas a perpetua más tarde, el 14 de diciembre pasado, a cuatro días de la asunción de Milei en la Casa Rosada, La Nación publicó “La venganza debe cesar”, con idénticos argumentos.

Escandaloso

El texto compartido de Smart llegado al whatsapp del cura Olivera Ravasi —él mismo hijo de un represor que transita su prisión perpetua en una onerosa vivienda de Vicente López— enumeró causas “escandalosas” contra “militares y policías que actuaron en la década del 70 en verdaderos enfrentamientos con integrantes de las organizaciones subversivas”. El objetivo del engaño perpetrado por jueces, fiscales y los familiares de los “terroristas abatidos” —razonó el autor— fue el pago de indemnizaciones establecidas para las víctimas de la dictadura, viejo argumento de quienes denuncian “el curro de los derechos humanos”.

El primero de los ocho ejemplos “escandalosos” compartido en el chat fue el “caso de la calle 30” 1134, de La Plata. La elección de ese hecho aporta indicios sobre la extensión y los intereses detrás de la movida proimpunidad.

El ataque a esa vivienda en la que funcionaba una imprenta de Montoneros y en la que vivían Diana Teruggi y Daniel Mariani ocurrió al mediodía del 24 de noviembre de 1976. Duró tres horas, contó con efectivos del Ejército y la Policía y fue supervisado in situ por el jerarca Carlos Guillermo Suárez Masón, el entonces jefe de la Bonaerense, Camps, su mano derecha, Miguel Etchecolatz, altos funcionarios del Gobierno provincial y el directivo del diario La Prensa Máximo Gainza Paz, en calidad de invitado especial, según relató María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.

En efecto, hubo un enfrentamiento en el que murió un policía. Los cinco ocupantes de la vivienda fueron asesinados, sus cuerpos calcinados, y la casa terminó destruida producto de la artillería pesada utilizada.

Había una sexta persona en la vivienda de la calle 30: Clara Anahí Mariani Teruggi, de tres meses de edad. La beba fue robada por los represores. Su abuela, Chicha, dedicó las cuatro décadas posteriores a buscarla, sin éxito. Hoy, una mujer de casi cincuenta años permanece con su identidad fraguada. 

“El caso de la calle 30” es uno de los hechos investigados en la causa Nº 2955 “Almeida, Domingo y otros”, renombrada como “Circuito Camps”. En ese marco se juzgaron hechos vinculados a “La noche de los lápices”, los secuestros y desapariciones de Papel Prensa —incluido Jacobo Timerman— y el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención de La Plata y la zona sur del Gran Buenos Aires.

Entre las presuntas víctimas de la arbitrariedad judicial y los “terroristas” mencionadas por Smart en su texto, se encuentra el “cabo Norberto Cozzani, (preso político desde 2004)”. La alusión a ese represor condenado a perpetua—fallecido en 2020— como “preso político” es estrambótica.

Cozzani recibió la máxima pena en 2012, pero antes, en 1986 ya había sido condenado y resultó beneficiado al año siguiente por la ley de Obediencia Debida.

Se trata de un exintegrante de la Triple A incorporado a la División de Investigaciones de la Bonaerense bajo el padrinazgo de Etchecolatz, de quien fue su mano derecha.

A Cozzani le tocó un papel primordial en el secuestro de los familiares y del entorno de Graiver, propietarios de Papel Prensa. Esa empresa de papel para diarios fue vendida a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón casi en simultáneo con la desaparición de sus accionistas, pero los tribunales de Comodoro Py entendieron que la enajenación de la firma no tuvo ninguna relación con el terrorismo de Estado.

Cuando era una militante full time del entorno de los represores, Villarruel visitó en la cárcel al citado Cozzani y se hizo anotar como “amiga”. La abogada de causas de derechos humanos Guadalupe Godoy constató el registro, en el marco de la investigación por la desaparición del testigo Jorge Julio López, cuyo testimonio sumó argumentos para la condena de Etchecolatz.

SL

La diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta filtró una serie de proyectos y un decreto presidencial en el que trabajaban legisladores libertarios para obtener la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad. 

Tras la publicación de chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados al Penal de Ezeiza, Arrieta en horas del domingo detalló: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.

Qué dice el “Plazo Razonable”

A través de su cuenta de X, la legisladora publicó el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” que busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crimenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito. 

El borrador del documento establece: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.

De esta forma, argumentan que los 20 años como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones”.

Detalles del decreto

Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto al que apostaban a conquistar la aprobación del presidente Javier Milei, que fue propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia. 

Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, argumentan el primer artículo.

En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”. 

Asimismo, señalan que el término “regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.

“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualizan.

Según fundamentan “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”; por lo que plantean que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.

Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores presos en Ezeiza, como Alfredo Astiz, siguen generando polémica tanto en el seno del partido oficialista, como en todo el arco político y social. En ese contexto, en el ojo de la tormenta quedó la diputada mendocina, Lourdes Arrieta, apuntada por los propios libertarios por asegurar que no sabía a quién iba a ver cuando fueron en grupo hacia el penal, y se mantuvo muy crítica con sus compañeros y compañeras de espacio. “Siento que me usaron. Estas conspiraciones son de cobardes. Hay dirigentes que demostraron eso, que son cobardes”, disparó.

En este contexto de incertidumbre y crisis interna, Arrieta habló este lunes por primera vez con la prensa, luego de expresarse en redes sociales y en el recinto en la convulsionada sesión del pasado miércoles, y apuntó contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, contra quienes no salieron a defender su postura frente a los cuestionamientos de todos los sectores y contra la decisión que se materializaría este mismo martes de expulsarla del bloque libertario.

En diálogo con el programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, la diputada por Mendoza relató que el diputado entrerriano Beltrán Benedit “es que el que organizó la visita, avalados por el sacerdote Javier Ravasi. Para mí era una visita para conocer las condiciones sanitarias de los internos. Nadie me dijo que era visitar a condenados por lesa humanidad. Nadie me dijo que iban a visitar a Astiz, se referían a presos políticos, veteranos de guerra de Malvinas, militares presos”, argumentó.

De acuerdo a Arrieta, “la historia la conozco, pero la realidad es que no conozco las caras de esta gente. En la secundaria esto se pasaba por alto, en la universidad también. Esto habla del sistema educativo, donde no se enseña esto”.

En cuanto a cuando nacieron los rumores sobre su posible expulsión, la legisladora aseguró haber pedido “información al presidente de la Cámara, pero trató de poner paños fríos. Lo mismo Gabriel Bornoroni (diputado cordobés, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza), que me dijo que solo era política, que no me preocupe. Ese día me suben a una combi de la Cámara de Diputados y ahora resulta que ''se mandaron solos'' y no es la agenda del presidente. Si no es la agenda del presidente, a ver, más atención. Nadie me dijo que no era la agenda del presidente. Yo hubiera acatado lo que él dijera porque soy una persona orgánica, que cree en este proyecto”, reclamó.

Para Arrieta, sus compañeros de bloque “me faltaron el respeto. Las personas que dijeron que vienen a hacer el cambio juegan con las mañas de la vieja política”, sostuvo.

Sobre su foto con el libro 'Nunca Más' en la mano, aseguró que se trató de “una reivindicación a la historia. Yo soy liberal, pero legislo para todos. Un informe como el de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) se tiene que hacer valer, hay que darle la importancia que merece”. Y agregó: “El Gobierno de facto no tomó en serio el respeto a la dignidad humana. No van con mis principios cristianos las torturas a gente, a bebés. Pido disculpas por haber ido a esa visita, no está en mi agenda ni en mi realidad”.

Asimismo, Arrieta insistió en que fue “la primera vez que entraba en un penal” y apuntó con dureza a sus compañeros y compañeras de partido: “Me hicieron una cama, a mí me querían echar del bloque. Martín Menem no podía no saber, como presidente de la Cámara, en un grupo de chat de la Libertad Avanza, no puede”.

Además, sobre Lilia Lemoine, que dijo que la diputada mendocina “no tenía los patitos en fila”, Arrieta sostuvo que escuchar sus palabras le generó “indignación”. “Quiere congraciarse con el presidente de la Cámara y con Milei. Y es muy triste la actitud del grupo en general. Nadie se levantó para calmarme cuando me enojé tanto en la sesión. Son cómplices. Todos lo minimizaron, me decían que no tenían los votos para echarme”, detalló.

De acuerdo a la legisladora, “el mismo Martín Menem, cuando yo estaba con mi abogado porque no sabía si me iban a sancionar, en vez de preocuparse por cómo estaba, solo dijo que acá no hay lugar para los tibios y que no era momento de venderse como 'putitas'. No le importó, siguieron hablando y pedían que me expulsaran. ¿Esa es la gente que legisla en nombre de la libertad? Es indignante. Cuando una mujer te dice a los gritos que no tenés huevos, es que perdiste toda autoridad”, recalcó.

Con respecto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, aseguró que nunca la llamó. “No se atrevería a decir ‘este sí, este no’, porque nos votó la gente. Esa soberbia que siguen instalando, burlándose del trabajo de mucha gente, es de locos. Yo creo que hay un verticalismo de gente que no responde al presidente, que quiere congraciarse con alguien, no sé si con Karina, con Martín Menem…o son muy cerrados y no les gusta que tengamos pensamiento crítico, o quieren hacerse dueños de La Libertad Avanza”, apuntó.

“Cuando Javier dice 'no vengo a criar corderos, vengo a despertar leones', cuando alguien tiene un pensamiento crítico, nos quieren sacar. Javier no tiene nada que ver, alguien desde adentro quiere desestabilizar todo esto”, reflexionó Arrieta.

Sobre su futuro dentro del partido libertario, dijo querer “terminar estos cuatro años legislando para bien. Quiero sembrar una semilla de patriotismo, ayudando al prójimo. Hay muchos que confunden al electorado que lo votó, que no entiende lo que está pasando. Yo no voy a renunciar a la Cámara de Diputados, me votó el 43% de los mendocinos. No me voy a rendir. Voy a arremeter para adelante. Estoy fortalecida en Dios y en mi familia. Voy a seguir legislando, comprometiéndome el doble”, adelantó.

“Dije la verdad y peleé contra un sistema de corrupción enorme, con un régimen verticalista totalitario donde no se puede pensar distinto. No hay diálogo ni con el presidente del bloque y menos con el presidente de la Cámara”, remarcó. Y agregó: Como mujer sufrimos violencia política, nos destratan. No hablés, cállate, los únicos que pueden hablar son el presidente del bloque y Javier Milei. La política sigue siendo muy machista y ninguna mujer se tiene que quedar callada. Se jactan de Alberto Fernández, de Espinoza, y actúan como ellos, violentando a una mujer. Ya no más. No hay que callarse más. Hay que decir las cosas. Puertas para dentro tiene que haber un replanteo para ver a quiénes queremos apoyar. En mi caso, banco las ideas de la libertad y a Javier Milei“, concluyó.

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios increpó a Arrieta por seguir dando visibilidad a un tema que La Libertad Avanza necesitaba ponerle un cierre.

Arrieta cargó contra Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho “una cama”.

Luego de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación”. En las próximas horas, el bloque tomará una definición y todo apunta a que la mendocina ya no pertenecerá al espacio formal de LLA.

IG

El martes que viene, en una reunión del bloque de diputados, La Libertad Avanza resolverá el apartamiento de Lourdes Arrieta.

La mendocina había quedado en una situación muy delicada después de denunciar judicialmente a miembros de su bloque por la visita a represores militares presos en el penal de Ezeiza, y más aún luego de sugerir una responsabilidad del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la supuesta autorización del traslado en vehículo oficial del grupo de diputados que intervino.

Ante esta situación, hoy Arrieta publicó en su cuenta de la red social X numerosos chats del grupo de legisladores en el que se organizó la visita a los represores, a partir de los cuáles afirmó que se puede establecer la “verdad” del caso que viene sacudiendo las internas del Gobierno.

“NO MÁS IMPUNIDAD. Como dijo el presidente Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas”, arrancó Arrieta en su cuanta de la red social X. “Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces. Abro hilo”.

“(Al grupo) Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, relata la mendocina.

“El 11 de marzo, (el sacerdote Javier Ravasi, impulsor de la visita) informa: ”Cambio de tema: El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz“, revela el chat compartido por Arrieta, que apunta a la participación (o, al menos, al conocimiento) de Patricia Bullrich en la organización de la visita, algo que la ministra niega.

Una más que probable expulsión

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios increpó a Arrieta por seguir dando visibilidad a un tema que La Libertad Avanza necesitaba ponerle un cierre.

Las críticas soliviantaron a Arrieta, quien cargó contra Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Beltrán Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho “una cama”.

Luego de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación”, pero tuvo que intervenir la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para tomar la decisión definitiva.

El punto de quiebre fue su testimonio en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde cargó nuevamente contra Menem a quien culpó de haber autorizado el viaje del grupo libertario a la cárcel de Alfredo Astiz y compañía, pese a que el riojano ya había aclarado que la asignación era automática para quien lo pidiese.

La otra diputada que se encuentra en conflicto es Rocío Bonacci, quien defendió a Arrieta en los medios y también dijo que fue “engañada” por Benedit al visitar a los represores.

DM con información de agencia NA

Respiran tranquilos los diputados libertarios que visitaron a un grupo de genocidas, entre ellos Alfredo Astiz. Este martes comenzó a discutirse en una comisión de la Cámara baja el polémico viaje del 11 de julio que hicieron los legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, pero no hubo definiciones sobre si se conformará un cuerpo especial para investigar el episodio, si habrá sanciones para los involucrados o si se votará una resolución en repudio. 

La reunión de este martes en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato (PRO), le sirvió al oficialismo para comenzar a gestionar, en un ambiente controlado, la crisis abierta por la escandalosa foto que se tomaron seis de sus miembros con una decena de represores. Hubo fuertes cruces y chicanas entre los bloques sobre las distintas iniciativas para avanzar sobre la actitud de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Lucía Bonacci. 

Sí sobrevoló en las intervenciones un aparente consenso de que Diputados no avalaría un proyecto de ley para morigerar las penas de los condenados por delitos de lesa humanidad, que habría sido el principal motivo del encuentro entre los diputados y el grupo de Astiz. Dicha iniciativa, igualmente, nunca fue oficializada en mesa de entradas por parte de LLA.

Una de las iniciativas presentadas en la comisión este martes fue la de la propia diputada Arrieta, quien ya había dicho públicamente que no conocía a Astiz –“nací en 1993”, argumentó– y que viajó “engañada” a Ezeiza, lo mismo que Bonacci. La legisladora por Mendoza insistió hoy con su estrategia de desmarcarse de la polémica, pese a que en la imagen que se tomaron en el salón de usos múltiples del pabellón carcelario aparece por demás sonriente. Nombró como responsable a su par libertario Benedit, pero fue más allá: acusó a Martín Menem de avalar la visita.

“Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberían dar explicaciones al respecto. No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político”, aseguró Arrieta, sentada junto a Bonacci. Ninguno de los demás legisladores involucrados en la polémica se presentaron en la comisión este martes. “Se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación para conocer las instalaciones del penal. Se me invitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía”, dijo la legisladora. Incluso señaló que tiene que haber autorizaciones especiales para vehículos de gran tamaño.

Arrieta luego prefirió callar cuando desde el kirchnerismo le plantearon algunas preguntas puntuales sobre la visita, sobre todo por haber denunciado ante la Justicia una serie de chats donde se organizó el viaje, se menciona cierto aval de la ministra Patricia Bullrich y el rol del polémico cura Javier Olivera Ravasi. “¿Quién la invita a formar parte de los grupos de WhatsApp donde se gestó el grupo que visitó Ezeiza? ¿Quién le presentó a Ravasi? ¿Cómo fue el itinerario del vehículo? ¿Confirma que gracias a Bullrich ingresaron sin inconvenientes? ¿De qué se habló con los militares? ¿Recibió presiones de su bloque o en redes sociales para que no siga con el tema?”, la presionó Rodolfo Tailhade. La mendocina se llamó al silencio.

Ante la caja de Pandora que podría abrir Arrieta, desde el oficialismo hubo un intento de despegar al resto del bloque y al Gobierno. “Ratificamos la democracia y los derechos constitucionales. Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos”, aseguró el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni. El cordobés rechazó el pedido para crear una comisión investigadora y cuestionó a la oposición de Unión por la Patria y la Izquierda que en varias intervenciones relataron los delitos de los que están acusados los genocidas a los que visitaron los legisladores: “Escuché una serie de hecho sobre personajes que le han hecho mal a la argentina que no tiene nada que ver sobre los diputados de LLA. No tenemos nada que ver con el pasado ni reivindicamos sus delitos”, planteó.

Los legisladores se encontraron cara a cara con los represores de la última dictadura Astiz (ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

Aliados de LLA en votaciones clave en el recinto, desde el PRO y la UCR también buscaron aclarar su posicionamiento sobre la visita a los genocidas. “Nosotros siempre, más que en los relatos, creemos en los hechos. En nuestros cuatro años no hubo un solo indulto ni se interrumpió un solo juicio. Que los condenados cumplan su condena”, dijo Lospennato. “Estos señores no tienen ningún derecho. Si hubiera un proyecto de reducir las condenas tenemos la posibilidad de decir que no lo vamos a aprobar y que en esta cámara no va a avanzar”, afirmó la bullrichista Silvana Giudici, pero rechazó que la salida sea desaforar a los seis diputados involucrados. 

“Repudio cualquier manifestación que explique o se entienda como apoyo o dispensa de responsabilidad de genocidas sobre los hechos cometidos que los tienen condenados de por vida”, aseveró la radical Karina Banfi, quien protagonizó un fuerte cruce con Mónica Schlotthauer, del FIT, porque cuestionó la ley de Punto Final de Raúl Alfonsín y también la intención que hubo durante el macrismo de computar 2x1 las penas. 

“No fue una visita a genocidas detenidos, es un plan para liberarlos. Hay que detener esta atrocidad”, insistió Vanesa Siley, de UP. “Quieren presentar a los genocidas como pobrecitos y octogenarios, pero están conspirando para sacarlos”, cuestionó el diputado del FIT Christian Castillo, y pidió citar a la ministra Bullrich para que dé explicaciones sobre cómo funcionó el Servicio Penitenciario Federal durante el episodio.

La agenda próxima de la comisión prevé una reunión a nivel de asesores el próximo viernes para organizar una serie de audiencias con organismos de derechos humanos, con los que Lospennato se entrevistó en las últimas horas. No hay miras para que se cite pronto a funcionarios o a los demás libertarios involucrados en el escándalo. En la comisión, el kirchnerismo cuenta con 13 de los 31 votos. Está lejos de lograr una mayoría para imponer un dictamen que luego se baje al recinto y que proponga armar una comisión especial para investigar el episodio y, eventualmente, sancionar a los diputados oficialistas.

MC/MG

Casi al mismo momento en que el oficialismo –gracias al PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto– bloqueaba en la sesión de este miércoles en Diputados una avanzada del kirchnerismo y la izquierda para sancionar a los libertarios que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza, la ministra Patricia Bullrich entraba a la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py. Tenía en agenda una reunión con un nutrido grupo de magistrados, representantes de ONG y figuras vinculadas a la Justicia para debatir “acerca de la realidad carcelaria actual”, según rezaba el convite oficial. 

La reunión la había pedido la propia ministra de Seguridad por lo menos una semana atrás, cuando ya se conocía la foto de los seis legisladores oficialistas junto a un grupo de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz. Curiosamente, en el cónclave Bullrich no brindó algún tipo de explicación sobre el escandaloso ingreso al penal de máxima seguridad de los representantes de La Libertad Avanza. Tampoco nadie le preguntó al respecto, supo elDiarioAR de al menos cinco fuentes distintas al tanto de la reunión. 

Bullrich subió al primer piso de Comodoro Py 2002 ayer a las 14 y estuvo unas dos horas. La reunión fue a puertas cerradas. El anfitrión era el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, titular del llamado Sistema de Control de Cárceles. Además estuvieron, de manera presencial y por Zoom, titulares de todas las Cámaras Nacionales y Federales del país, jueces de ejecución y de tribunales orales, integrantes de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria, de organizaciones no gubernamentales especialistas en la temática –como el CELS– y comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. 

A la ministra la acompañaron el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julian Curi; el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y la directora de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Maria Desiree Barczuk. 

Martínez es un nombre clave en la trama por la visita de los diputados a los genocidas porque fue calificado por el libertario Beltrán Benedit en el chat libertario de “excelente colaborador” por ser su contacto para ingresar al penal el 11 de julio. A su vez, Curi es el funcionario responsable en el ministerio de responder el requerimiento que le hizo el juez federal Daniel Obligado sobre cómo se autorizó esa visita de los diputados. Esa respuesta oficial aún no se conoce.

Según un comunicado del Sistema de Control de Cárceles, el encuentro “tuvo como objetivo principal analizar y proponer medidas para mejorar las condiciones de las cárceles, enfocándose en aspectos como la sobrepoblación, la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, y la reinserción social de las personas privadas de libertad”. También se informó oficialmente que Bullrich acudió a la comisión “por recomendación” de la Corte Suprema. La ministra, según el texto al que accedió elDiarioAR, “destacó la importancia de implementar políticas públicas que aborden no solo la infraestructura de los establecimientos penitenciarios, sino también la necesidad de programas efectivos de rehabilitación y educación para los internos”. 

Sin hablar de los genocidas

Una de las explicaciones que recogió este medio sobre por qué no se hizo referencia a la visita de los seis libertarios a Ezeiza es que ese punto no estaba en la orden del día ni la reunión era el contexto adecuado, pese a que Bullrich se encontró frente a un auditorio por demás calificado en la materia. “Es un tema muy particular y no se habló nada”, aseguró uno de los principales organizadores del encuentro. “Ni una palabra”, reconoció otro de los participantes. 

La ministra evitó así tener que explicar cómo fue exactamente que seis legisladores nacionales se encontraron en un salón de usos múltiples de la Unidad Penal 31 de Ezeiza con una decena de genocidas y hasta fotografiarse con ellos. Incluso uno de los argumentos que había dado internamente Benedit era que la visita tenía fines “humanitarios”. Fue lo que le dijo a la diputada Rocío Bonacci, que asegura que fue “engañada” sin saber que iban a visitar a represores. 

El mismo argumento había obtenido este medio en su momento en el círculo íntimo de Martín Menem: supuestamente se quería conocer de primera mano las condiciones de alojamiento de los presos. Parte de la narrativa libertaria era que iban a ver también a “mujeres embarazadas”, lo que nunca ocurrió. En los últimos días trascendió otro trasfondo del viaje en una combi oficial del Congreso a Ezeiza: avanzar en un proyecto oficial para sacar de las cárceles a los condenados por delitos de lesa humanidad. 

En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de ese tipo ya goza de prisión domiciliaria. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el Servicio Penitenciario Federal –desde la gestión de Javier Milei, bajo la órbita de Bullrich– hay aún 78 represores, mientras en Campo de Mayo están alojados 56.

“Nunca en la vida hablé con Benedit. Nunca hablé con nadie y me enteré de la visita a la cárcel por los diarios”, había dicho ayer Bullrich antes de la reunión en Comodoro Py, consultada por C5N en el marco del Council of the Americas. Además de Benedit y Bonacci, los diputados libertarios que fueron a Ezeiza son Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

Los legisladores se encontraron cara a cara con los represores de la última dictadura Astiz (ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

¿Y la comisión investigadora?

Luego de la cumbre judicial, la ministra sí estuvo atenta a Diputados, pero por el derrotero parlamentario de la creación del Banco de Datos Genéticos, que obtuvo media sanción. Ya para esa hora de la tarde los libertarios que visitaron a los genocidas respiraban tranquilos: el oficialismo y sus aliados habían logrado bloquear sendos pedidos del kirchnerismo y de la izquierda para que se los investigue y sancione. 

Se propuso desde su expulsión hasta la creación de una comisión investigadora. Ninguna de las dos iniciativas logró la mayoría, aunque hubo dos curiosidades. Bonacci apoyó la iniciativa de conformar una comisión, pero hubo una decena de peronistas que se ausentaron al momento de la votación.

Otro alivio para los oficialistas llegó por la noche, cuando la diputada del PRO Silvia Lospennato suspendió la reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que había convocado para este jueves al mediodía para tratar la visita a los represores. La justificación era material: la sesión que había comenzado a las 12 del miércoles ya se veía maratónica y no se sabía cuándo iba a finalizar. Terminó a las 9 de la mañana, con los legisladores apenas descansados de a ratos en sus despachos. 

Lospennato pateó la reunión de su comisión para el próximo martes a las 12, en la sala 7 del anexo de Diputados. Le hizo el favor al oficialismo de encapsular el escándalo en un ambiente muy cuidado, lejos de la atención mediática puesta en el recinto. Sin embargo, el asunto oficial de la convocatoria promete: “Se abordará la creación de una comisión investigadora sobre la visita de un grupo de diputados/as nacionales al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”.

MC/JJD

El Obispado de la Diócesis Zárate-Campana emitió este miércoles un comunicado en el cual se desligan del sacerdote Javier Olivera Ravasi, señalado como organizador de la visita de diputados de La Libertad Avanza (Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo) a represores presos en la cárcel de Ezeiza, entre los cuales se encuentra Alfredo Astiz, y dieron a conocer que ya “no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.

“El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, dice el comunicado publicado en la web del obispado. 

Además, el escrito explica que, en reiteradas ocasiones, “se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, y se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, pero “al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.

Días atrás, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su vocero, el presbítero Máximo Jurcinovic, había expresado en un comunicado difundido en sus redes sociales que “lo actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.

De acuerdo a la palabra oficial de la Iglesia argentina, “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote. Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora”.

“La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ”La verdad los hará libres“ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, finaliza el comunicado.

Quién es el cura Ravasi

El padre Olivera Ravasi es abogado e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, está alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y es un fervoroso militante por la libertad de los genocidas, de acuerdo a lo que publica el sitio El Ciudadano.

En un mensaje que envió en un grupo de WhatsApp creado por él mismo con libertarios, abogados y jueces, Olivera Ravasi dijo ya tener el proyecto para liberar genocidas listo: “Buenas y santas, soy el padre Javier Olivera Ravasi. Algunos me conocen, otros no. Les mandó muy cortito este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor léanlo. Si Dios quiere en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último”.

De acuerdo a El Ciudadano, “alineado con la vicepresidenta Villarruel e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, este cura el último 24 de marzo acompañó la campaña del gobierno nacional, que volvió a agitar la Teoría de los dos demonios. En la conmemoración del 48º aniversario del golpe de Estado se burló de la cifra de los 30.000 desaparecidos y retuiteó a Villarruel, con quien coincidió en un acto de familiares de represores hace dos años y entrevistó para su canal de YouTube en 2021. Acaso la mayor provocación de su parte fue que el 21 de marzo pasado, en la víspera del Día de la Memoria y para justificar el terrorismo de Estado, el sacerdote hizo circular en su canal de YouTube una entrevista al dictador Jorge Rafael Videla de 2012 realizada desde la cárcel y que definió como un 'audio inédito'”.

Tal como lo reflejan sus redes sociales, Olivera Ravasi tiene relación con comunicadores de las ideas libertarias como Nicolás Márquez y Agustín Laje, y con un ex agente de la AFI macrista, el influencer Dannan. Con ellos, el sacerdote coincidirá en “Viva la Derecha Fest”, un evento de la ultraderecha que se realizará el 5 de octubre en el Auditorio Belgrano. El cura invita a ese encuentro en sus redes sociales.

Asimismo, Oliver Ravasi hace público en sus redes sociales su devoción por el carapintada que se alzó contra la democracia coronel Mohamed Seineldín y suele mostrar un rosario hecho con balas.

Es hijo del genocida Jorge Olivera, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, y de la psicóloga Marta Ravasi, quien se muestra como su hijo muy activa en el reclamo de libertad para los represores –fue una de las firmantes de la carta que familiares de represores dirigieron a Villarruel para que cumpla su promesa de liberación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad–.

En una entrevista, Olivera Ravasi definió a su padre como “un soldado siempre preocupado por servir del mejor modo a nuestro país”. Jorge Olivera está condenado por crímenes de lesa humanidad. Tiene tres perpetuas (2013, 2017 y 2023). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, por ejemplo, lo condenó en 2013 a prisión perpetua por considerarlo responsable de más de 40 secuestros, la aplicación de tormentos en más de 50 hechos y homicidios doblemente agravados. Entre esos casos se le adjudica la desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize, a quien Olivera se jactaba de haber violado mientras estaba en cautiverio, tal como relataron sobrevivientes. Este represor logró fugarse en dos ocasiones y fue recapturado.

La postura del Papa Francisco

La decisión está en sintonía con la postura mostrada los últimos días por el Papa Francisco, quien la semana pasada se reunió con una familiar de una víctima de Alfredo Astiz. En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas al ex marino y otros represores presos, Jorge Bergoglio recibió en su residencia de Santa Marta a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, una de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977. El miércoles pasado, el Papa había visitado a la sobrina de la monja francesa Léonie Duquet, otra de las personas secuestradas por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada gracias a la misión de Astiz como agente encubierto.

Durante el encuentro en El Vaticano, de acuerdo a la nota publicada por Facundo Fernández Barrio en elDiarioAR el pasado 8 de agosto, Bergoglio mandó un mensaje para el programa radial de la madre de Fernández, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada mientras estaba embarazada de su hija: “No aflojen. Conserven la memoria de lo que han recibido. No sólo de las ideas sino también de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día”.

La reunión fue difundida por el Instituto Espacio para la Memoria, del que Careaga es ex directora, en un comunicado que refiere el diálogo entre Fernández y Bergoglio, aunque sin atribuirle citas textuales: “El Papa manifestó que se había enterado que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”.

Lo cierto es que, en siete días, el Papa se reunió dos veces con familiares de víctimas de Astiz, el más famoso de los represores que recibieron la solidaridad oficialista. La semana pasada Bergoglio había interrumpido sus vacaciones para salir del Vaticano y visitar a Geneviève Jeanningros, quien vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Jeannigros es la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas –además de Alice Domon− que frecuentaban al grupo de la Santa Cruz, en el que Astiz se hizo pasar un por familiar de desaparecidos. 

Jeannigros ha sido crítica de la complicidad de la Iglesia con la dictadura argentina. “No podía aceptar su silencio”, escribió en el libro La verdad los hará libres, editado el año pasado por el Episcopado, que incluye su testimonio sobre la desaparición de Duquet y Domon. “Fue la cercanía y la ternura del Papa lo que me curó de tanto sufrimiento”, dijo tiempo después.

En el caso de Ana Fernández, Bergoglio también conoce a su familia desde hace décadas. Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fue su jefa en el laboratorio químico donde trabajó antes del sacerdocio, y la ha recordado como una de las personas que más lo influyeron. Para el Papa, las víctimas de la Santa Cruz son una cuestión casi personal.

La presencia de Astiz entre los militares visitados por los diputados oficialistas magnificó aun más el escándalo. Aunque todos los presos en Ezeiza fueron condenados por delitos aberrantes, Astiz se mantiene como emblema de la represión ilegal. Es el victimario más conocido a nivel internacional y el que más problemas diplomáticos trajo a la dictadura. Su papel en el caso de las monjas le confiere, además, una importancia especial para la comunidad católica.

Durante 1977, la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, sirvió como punto de encuentro para algunas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, otros familiares de desaparecidos, activistas sociales y militantes políticos que se encontraban en la clandestinidad. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, mientras preparaban la publicación de una solicitada para reclamar datos sobre los desaparecidos, doce integrantes del grupo fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA en una serie de operativos.

Durante los meses previos, los marinos habían logrado infiltrar en las reuniones de la Santa Cruz a Astiz, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido para ganar la confianza de los familiares. Entre sus víctimas se encontraban Duquet, Domon y Ballestrino, además de otras referentes de las Madres como Azucena Villaflor y María Eugenia Ponce, todas ellas desaparecidas.

En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar los restos de Ballestrino, Villaflor, Ponce, Duquet y Ángela Auad. Sus cuerpos habían sido devueltos por las aguas a la costa atlántica a fines de 1977, y habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle. Las pericias forenses demostraron que habían sido víctimas de los “vuelos de la muerte”. Hasta hoy, varios otros miembros del grupo de la Santa Cruz siguen desaparecidos.

Pocos días antes de que se conociera la visita libertaria a los represores, El Vaticano se había hecho eco de otra noticia sobre las investigaciones por crímenes de la dictadura. A través de Vatican News, informó sobre las conmemoraciones de la Iglesia argentina por el aniversario de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, fallecido el 11 de julio de 1977 en un episodio que se presentó como un accidente de tránsito, pero que ahora se investiga como un asesinato planeado por las fuerzas armadas. Ponce de León fue uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que enfrentaron a los militares por las violaciones a los derechos humanos.

La Cámara de Casación confirmó en marzo la reapertura de la investigación sobre la muerte del obispo. En julio, la fiscalía de San Nicolás pidió la indagatoria de tres ex militares y dos civiles acusados por el asesinato. En el aniversario de la muerte de Ponce, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina circuló un comunicado a los obispos de todo el país en el que destacó que “puede iniciarse una investigación para llegar a dilucidar la muerte” y adjuntó la resolución de Casación, con deseos de que “la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido”. La Iglesia también homenajeó a Ponce de León con una misa en la Catedral por primera vez. “Vamos a pedir para que la Justicia llegue a un veredicto final”, dijo el provicario Joaquín Sucunza, quien fue segundo de Bergoglio en Buenos Aires durante veinte años.

Este miércoles, el presidente Javier Milei se metió personalmente en la polémica por la visita libertaria a los represores al retuitear un mensaje de apoyo del periodista español Javier Negre a la diputada Lilia Lemoine, quien había defendido a sus compañeros de bancada que fueron a Ezeiza: “Visitaron a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a pena de muerte a cuentagotas”. Según Lemoine, los represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron “ilegalmente detenidos por Néstor Kirchner”.

Con información de agencias y El Ciudadano.

IG

La escandalosa visita de seis legisladores de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza se metió de lleno en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados. Temprano al mediodía el oficialismo logró bloquear sendos pedidos del kirchnerismo y de la izquierda para que se investigue y se sancione a los libertarios que se reunieron con Alfredo Astiz y otros genocidas hace más de un mes, pero al caer la noche la oposición más dura volvió a la carga con reclamos directos hacia Martín Menem para discutir la polémica. 

Como ese punto no estaba en el temario, el oficialismo planteó que las llamadas cuestiones de privilegio –momento en que cualquier diputado puede hacer una exposición libre y donde se sabía de antemano que los opositores iban a apuntar sus cañones hacia los libertarios– se corran al final de la sesión. Desde Unión por la Patria y el FIT criticaron la dinámica porque se espera una sesión maratónica de más de 24 horas, a raíz de que habrá votaciones de peso como el financiamiento de las universidades y la declaración de esencialidad de la educación. Fue tal la queja opositora que Menem tuvo que ceder y reorganizar la agenda parlamentaria: finalmente permitió que los opositores hagan uso de la palabra libremente entre medio de las votaciones.

El reclamo del kirchnerismo y el trotskismo no fue acompañado en su mayoría por el resto de las bancadas ya que se plegaron al acuerdo que sellaron el PRO con LLA: para este jueves a la mañana la amarilla Silvia Lospennato convocó a las 12.30 la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento como ámbito específico para tratar la visita de los libertarios a los represores. La incertidumbre parlamentaria es qué pasará con esa reunión si la sesión de este miércoles se extiende más allá de ese horario. De hecho, el bloque de Miguel Pichetto pidió postergar la sesión especial que tenía pedida para voltear el DNU que le otorgó $100.000 millones a la SIDE para la semana que viene, luego de dos intentos para que se discutieran en la sesión en cuerso.

El primer momento de tensión de la jornada se vivió al comienzo de la sesión cuando desde UP pidió un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de ley que apunta a la expulsión de los seis legisladores de LLA que se encontraron cara a cara con los represores: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo. Esa iniciativa fue rechazada: tuvo 102 votos positivos, 121 negativos y cinco abstenciones.

Luego fue desde la izquierda que reclamaron que el recinto se preste a debatir sobre el viaje de los libertarios y se conforme una comisión especial que los investigue, y eventualmente luego los sancione. La solicitud de Nicolás del Caño necesitaba 3/4 de la aprobación del recinto para ser tratado, pero también fue rechazada por 113 votos negativos, 112 afirmativos y 4 abstenciones. Hubo 24 ausencias, llamativamente 11 del peronismo.

También fue curioso que entre los que votaron a favor estuvo Bonacci, la primera “arrepentida” de la visita a Astiz, en su momento denunció que fue “engañada” por Benedit. El resto de los libertarios votó en contra, incluida Arrieta, la otra diputada que cuestionó a Benedit por organizar esa visita y quien dijo desconocer a Astiz aludiendo su propia edad: “Nací en 1993”, se llegó a justificar. Acompañaron la negativa gran parte del radicalismo y Encuentro Federal, con la salvedad de Emilio Monzó, que votó a favor.

El tercer momento de tensión en la jornada fue cuando el diputado kirchnerista Eduardo Toniolli, miembro de HIJOS y del Movimiento Evita, cruzó a Menem y lo acusó de “generar las condiciones operativas para que un grupo de diputados y diputadas visiten a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad”. Toniolli tomó la palabra cuando se estaba en medio de la votación del segundo tema en la orden del día –la autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales–. Su interrupción generó tal revuelo que el riojano llamó a un cuarto intermedio para reordenar la sesión. Toda la bancada de UP estaba ya levantada de sus sillas en contra de la decisión de Menem de que no haya cuestiones de privilegio hasta el final de la sesión. 

Tras el cuarto intermedio hubo una serie de discursos libres de los diputados, sobre todo de opositores cuestionando la visita de los libertarios a Astiz. Los aliados al Gobierno aprovecharon también el uso de la palabra para apuntar contra Alberto Fernández por su denuncia de violencia de género contra Fabiola Yáñez. Luego se esperaba retomar el debate con la votación sobre la declaración de “la educación obligatoria como servicio estratégico esencial” y, posteriormente, una ley de financiamiento de universidades nacionales, en medio del paro que hubo esta semana en las casas de altos estudios.

Con todo, el oficialismo salvó a sus diputados de ser sancionados luego de haberse encontrado con el grupo de genocidas. La semana pasada ya había sorteado la polémica cuando se cayó la sesión –tenía casi el mismo temario que la de este miércoles– por la falta de quórum ante la ausencia del bloque de Pichetto. Justo un día antes se había revelado la foto de la reunión de los libertarios con los represores.

Esa imagen mostró a los legisladores con Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura. Pero también junto Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

MC/JJD

Por segunda vez en una semana, el Papa se reunió este martes con una familiar de una víctima de Alfredo Astiz. En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas al ex marino y otros represores presos, Jorge Bergoglio recibió en su residencia de Santa Marta a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, una de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977. El miércoles pasado, el Papa había visitado a la sobrina de la monja francesa Léonie Duquet, otra de las personas secuestradas por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada gracias a la misión de Astiz como agente encubierto.

Durante el encuentro en El Vaticano, Bergoglio mandó un mensaje para el programa radial de la madre de Fernández, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada mientras estaba embarazada de su hija: “No aflojen. Conserven la memoria de lo que han recibido. No sólo de las ideas sino también de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día”.

La reunión fue difundida por el Instituto Espacio para la Memoria, del que Careaga es ex directora, en un comunicado que refiere el diálogo entre Fernández y Bergoglio, aunque sin atribuirle citas textuales: “El Papa manifestó que se había enterado que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”.

Lo cierto es que, en siete días, el Papa se reunió dos veces con familiares de víctimas de Astiz, el más famoso de los represores que recibieron la solidaridad oficialista. La semana pasada Bergoglio había interrumpido sus vacaciones para salir del Vaticano y visitar a Geneviève Jeanningros, quien vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Jeannigros es la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas –además de Alice Domon− que frecuentaban al grupo de la Santa Cruz, en el que Astiz se hizo pasar un por familiar de desaparecidos. El Vaticano difundió el encuentro privado a través de su sitio Vatican News.

“No tuvo nada que ver con eso”, respondió Jeanningros cuando La Nación le preguntó si la visita de Bergoglio, a quien conoce desde hace años, era un gesto tras el escándalo por los diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza. Se sabe que la diplomacia papal no funciona de esa manera. Al igual que su tía, Jeannigros es monja y hace trabajo pastoral con personas necesitadas de la comunidad circense en la que vive. Suele ir a ver a Bergoglio a las audiencias de los miércoles en El Vaticano. Pero la última vez que el Papa la había visitado a ella había sido en 2015.

Jeannigros ha sido crítica de la complicidad de la Iglesia con la dictadura argentina. “No podía aceptar su silencio”, escribió en el libro La verdad los hará libres, editado el año pasado por el Episcopado, que incluye su testimonio sobre la desaparición de Duquet y Domon. “Fue la cercanía y la ternura del Papa lo que me curó de tanto sufrimiento”, dijo tiempo después.

En el caso de Ana Fernández, Bergoglio también conoce a su familia desde hace décadas. Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fue su jefa en el laboratorio químico donde trabajó antes del sacerdocio, y la ha recordado como una de las personas que más lo influyeron. Para el Papa, las víctimas de la Santa Cruz son una cuestión casi personal.

La presencia de Astiz entre los militares visitados por los diputados oficialistas magnificó aun más el escándalo. Aunque todos los presos en Ezeiza fueron condenados por delitos aberrantes, Astiz se mantiene como emblema de la represión ilegal. Es el victimario más conocido a nivel internacional y el que más problemas diplomáticos trajo a la dictadura. Su papel en el caso de las monjas le confiere, además, una importancia especial para la comunidad católica.

Durante 1977, la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, sirvió como punto de encuentro para algunas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, otros familiares de desaparecidos, activistas sociales y militantes políticos que se encontraban en la clandestinidad. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, mientras preparaban la publicación de una solicitada para reclamar datos sobre los desaparecidos, doce integrantes del grupo fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA en una serie de operativos.

Durante los meses previos, los marinos habían logrado infiltrar en las reuniones de la Santa Cruz a Astiz, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido para ganar la confianza de los familiares. Entre sus víctimas se encontraban Duquet, Domon y Ballestrino, además de otras referentes de las Madres como Azucena Villaflor y María Eugenia Ponce, todas ellas desaparecidas.

En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar los restos de Ballestrino, Villaflor, Ponce, Duquet y Ángela Auad. Sus cuerpos habían sido devueltos por las aguas a la costa atlántica a fines de 1977, y habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle. Las pericias forenses demostraron que habían sido víctimas de los “vuelos de la muerte”. Hasta hoy, varios otros miembros del grupo de la Santa Cruz siguen desaparecidos.

Pocos días antes de que se conociera la visita libertaria a los represores, El Vaticano se había hecho eco de otra noticia sobre las investigaciones por crímenes de la dictadura. A través de Vatican News, informó sobre las conmemoraciones de la Iglesia argentina por el aniversario de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, fallecido el 11 de julio de 1977 en un episodio que se presentó como un accidente de tránsito, pero que ahora se investiga como un asesinato planeado por las fuerzas armadas. Ponce de León fue uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que enfrentaron a los militares por las violaciones a los derechos humanos.

La Cámara de Casación confirmó en marzo la reapertura de la investigación sobre la muerte del obispo. En julio, la fiscalía de San Nicolás pidió la indagatoria de tres ex militares y dos civiles acusados por el asesinato. En el aniversario de la muerte de Ponce, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina circuló un comunicado a los obispos de todo el país en el que destacó que “puede iniciarse una investigación para llegar a dilucidar la muerte” y adjuntó la resolución de Casación, con deseos de que “la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido”. La Iglesia también homenajeó a Ponce de León con una misa en la Catedral por primera vez. “Vamos a pedir para que la Justicia llegue a un veredicto final”, dijo el provicario Joaquín Sucunza, quien fue segundo de Bergoglio en Buenos Aires durante veinte años.

Este miércoles, el presidente Javier Milei se metió personalmente en la polémica por la visita libertaria a los represores al retuitear un mensaje de apoyo del periodista español Javier Negre a la diputada Lilia Lemoine, quien había defendido a sus compañeros de bancada que fueron a Ezeiza: “Visitaron a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a pena de muerte a cuentagotas”. Según Lemoine, los represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron “ilegalmente detenidos por Néstor Kirchner”.

FFB/MG