El ministro de Economía, Luis Caputo, y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, evalúan con sigilo un canje de la deuda reestructurada por el gobierno anterior que vence entre este semestre y 2030, de modo de liberarse de vencimientos en la segunda mitad del gobierno de Javier Milei. Así lo comentaron dos banqueros al tanto de la operatoria, aunque no fue confirmado ni negado por las autoridades consultadas. Si hubiese apetito por los nuevos bonos de mayor plazo, el despeje de obligaciones en 2026 y 2027 bajaría el riesgo país, indicador que mide el peligro de default.

El problema es que no lo hay. Porque los actuales títulos rinden el 11,5% anual en dólares y para canjearlos ahora Caputo y Quirno deberían ofrece aun más, una cifra escandalosa e imposible. Pero si en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 del mes próximo, La Libertad Avanza (LLA) logra una victoria, el mercado prevé que suban los bonos, baje su rendimiento y el riesgo país, y entonces se allanaría el camino para el canje. En los inversores financieros esperan que el ministro y el secretario, exejecutivos de grandes bancos extranjeros, sean más generosos con ellos a la hora de fijar el cupón de los nuevos papeles que lo que fueron en 2020 sus antecesores, Martín Guzmán y Diego Bastourre, más preocupados por sus ejercicios de sustentabilidad de la deuda.

¿Pero qué sucede si la peronista Fuerza Patria vence dentro de un mes a LLA en el distrito donde vota el 37% de los argentinos? En ese caso, se prevé que la tensión cambiaria de julio quede como anecdótica y se refuerce por lo menos en el mes y medio que separa ese comicio con las legislativas nacionales del 26 de octubre. Si gana el peronismo bonaerense, el canje de deuda quedará bien postergado a la espera que de LLA pueda revertir la derrota con el apoyo que se supone cosecha en el interior. Puede que una victoria de Fuerza Patria en septiembre, lleve a que votantes de centro y antikirchneristas se inclinen por los candidatos ultras en octubre o puede que estos se hundan todavía más y cobre sentido el voto de la tercera vía que ahora plantean los cinco gobernadores del frente Provincias Unidas (ya abandonó el fugaz nombre de Grito Federal), incluidas las de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Bicicleta financiera y “riesgo kuka”

El Gobierno logró calmar esta semana el dólar a $1.340, después del máximo de $1.380 de la pasada, pero la volatilidad puede resurgir. Aunque ahora los inversores vuelvan a apostar de forma transitoria hasta octubre a la bicicleta financiera de la elevada tasa de interés en pesos –remedio libertario para bajar la divisa–, no se descarta que en la semana previa a las elecciones bonaerenses vuelvan a demandar moneda dura para pasar la jornada electoral a resguardo. En ese caso, no se espera que suba el tipo de cambio sino que las autoridades lo aplaquen como sea, incluso vendiendo dólares baratos del Banco Central, pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no admita que se use su préstamo para tal fin. Pero ya Caputo desobedeció esa misma orden en 2018 cuando presidía el Central.

La tirantez incluso puede surgir antes si aparecen encuestas negativas para LLA. Por ahora no ocurre. Proyección Consultores, que dirige Manuel Zunino, publicará este domingo un sondeo que arroja un resultado parejo entre libertarios y peronistas. El mercado ya asume que no arrasan los violetas, como ellos presagiaban. A su vez, la tercera vía, que en la provincia se llama Somos Buenos Aires, aparece fuerte en el interior bonaerense. Eso sí, en la Tercera Sección Electoral, que abarca el sur del conurbano y alrededores, queda cuarta, detrás del abogado mediático Mauricio D'Alessandro con un frente llamado Nuevos Aires.

Pero por más que Caputo vincule las embestidas del dólar a lo que él llama “riesgo kuka”, y que efectivamente los dueños del capital en general prefieran la libertad de mercado a ultranza que la regulación peronista, si las reservas del Central no fueran la mitad de las recomendadas por el FMI y si el peso no se hubiese sobrevaluado a principios de año tanto como nunca antes desde la convertibilidad, no habría tensiones como las que hubo. A eso se sumaron otros factores.

Por un lado, lo que el mercado considera un error de cálculo del Gobierno al desarmar en julio las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), herederas residuales de la bola de Letras de Liquidez (Leliq) del gobierno pasado, y al mismo tiempo que el Central deje de hacer política monetaria fijando la tasa de interés sino que esta sea definida por el mercado mientras la autoridad regula la cantidad de dinero circulante. Parte del dinero de las Leliq, en las que los bancos colocaban su liquidez, terminó escurriéndose en la plaza hacia el dólar, inversión en la que no pueden apostar las entidades bancarias. Caputo y Quirno tuvieron que recurrir a una colocación extraordinaria de Letras de Capitalización (Lecap, los famosos títulos que capitalizan intereses y maquillan así el déficit fiscal en superávit), que se renuevan cada 15 días y que rinden al 50% anual, una cifra exorbitante si se tiene en cuenta que bancos, consultoras y universidades relevadas por el Central prevén una inflación del 21% para los próximos 12 meses.

Por otra parte, que las autoridades trabajen sobre los agregados monetarios y no sobre las tasas suele provocar volatilidad, pues les cuesta predecir la necesidad de liquidez de los bancos. Por eso los países de la región no utilizan ese método. Hasta el FMI se lo recordó al gobierno de Milei en el último reporte del staff al hacer memoria de la experiencia inestable de Uruguay cuando tomó esa receta de 2013 a 2019, con salta del 0% al 25% en un año. Pero Milei, Caputo y el presidente del Central, Santiago Bausili, apostaron por controlar la cantidad de pesos pensando que así podían en los hechos fijar el dólar. De hecho, ahora, entre la suba de tasas y la de encajes bancarios al 40%, están secando la plaza de moneda nacional y por eso esta semana bajó la divisa. Además ayudó el segundo desembolso del préstamo del FMI.

Plaza seca

La contracara de la plaza seca de pesos es una economía que se desacelera más de lo que ya venía ralentizándose en el segundo trimestre. A las empresas les cuesta más endeudarse para cubrir su operatoria cotidiana y las familias sólo pagan el mínimo de la tarjeta de crédito, con lo que se les arma una deuda con fuertes intereses. Con salarios deprimidos, el Gobierno apostaba a expandir el consumo con crédito, pero con estas tasas no será factible. Los primeros dos datos de la economía en julio muestran contracción respecto del mismo mes de 2024: despachos de cemento (-2,7%) y producción de autos (-16,4%). No por nada las noticias de despidos en grandes empresas de repiten.

Hasta Vaca Muerta, una de las apuesta del Gobierno junto a la minerîa, está frenando su crecimiento desde hace dos meses entre la baja de la cotización del petróleo y los altos costos en dólares. En el equipo económico no se preocupan, señalan que también en EE.UU. afectó el abaratamiento del barril y descartan intervenir en un mercado que ellos desregularon con la ley Bases. Aunque suene insólito, un alto funcionario del gobierno libertario sostiene en privado que la venta de las áreas de la francesa TotalEnergies en la formación neuquina a YPF esta semana demuestra que el interès sigue “intacto”. Cuando se le hace notar que se va una multinacional y compra la petrolera estatal, admite: “Es verdad. Siempre se puede ver el vaso medio vacío. Pero hubo muchos interesados por las áreas y el precio pagado fue bueno. Quiere decir que Vaca Muerta sigue siendo muy valiosa”.

A los cambios de las LEFI y de la política monetaria se sumó otro factor que impulsó el dólar en julio. En este segundo semestre del año, hay más demanda y menos oferta de dólares que lo habitual. ¿Por qué? Tuvimos un segundo trimestre en el que el Gobierno incentivó el adelanto de liquidación de exportaciones agrícolas con la advertencia –después desactivada– de que volverían a subir las retenciones. Desde la salida del cepo cambiario para individuos, crece la demanda de divisas y en agosto y septiembre muchos que vacacionaron afuera en julio deberán comprarlas para saldar los gastos con tarjeta de crédito. Y el propio Gobierno debe comprar esta segunda mitad del año US$5.600 millones para cumplir la meta de acumulación de reservas, por más que el FMI se la relajó en otro gesto de la alianza de Milei con su par de EE.UU., Donald Trump.

Como si fuera poco, se agrega la dolarización de carteras de inversión típicas de la previa electoral. Los más pesimistas pensaban que el dólar iba a estar al nivel actual cerca de la elección, pero ahora está encontrando allí su piso. ¿Qué ocurre si la demanda lo empuja al techo de la banda, que hoy es $1.451? Entonces sí el Central estaría autorizado a usar los US$14.000 millones que le dio el FMI para vender dólares y calmar el mercado. Pero el equipo económico necesita esa plata para pagar futuros vencimientos de deuda. Además, si liquida divisas, absorbe pesos y agudiza la crisis de liquidez. Las autoridades consideran que no hay pesos para correr al dólar, pero si la actividad se desploma, sobrarán pesos para huir hacia el verde.

Por eso, en el mercado prevén que el Gobierno busque evitar el salto al techo de la banda subiendo ahora las tasas. Se trata de un esquema endeble por el elevado nivel que alcanzaron, pero Milei y los forzosos del cielo eligieron pagarlo con tal de contener el dólar y la inflación antes de las elecciones. Después de las urnas ya se verá. Por lo pronto, los inversores prefieren no posicionar sus colocaciones más allá de octubre porque pronostican en general que después de los comicios será inexorable una devaluación. Hay dos compromisos con el FMI que la explicarían. Por un lado, porque hay que acumular reservas. Por otro, poque la Argentina se comprometió a eliminar el cepo cambiario que sigue rigiendo para las empresas.

Desde hace un año que el dólar no subía de forma tan abrupta en dos días como la semana pasada, según admite Pablo Bachur, operador de Tomar Inversiones. Especula con que el propio gobierno lo haya dejado correr para hacerle ganar atractivo al carry trade (lo que en la calle se llama bicicleta financiera): la divisa debería subir a $1.600 en diciembre para ganarle a la inversión en bonos en pesos, lo que no parece muy probable si vence LLA. Bachur descarta en principio que llegue al máximo de la banda porque considera que antes de alcanzarlo aparecerían vendedores para nivelarlo antes de que lo haga el Central, pero admite: “El ruido electoral todo lo puede. Son las elecciones de medio término más pesadas en mucho tiempo porque La Libertad Avanza es un actor nuevo que quiere irrumpir con fuerza en el Congreso, que va a testear el apoyo popular a Milei”.

“El Gobierno ha demostrado ser muy pragmático ante medidas mal recibidas y decisiones de los agentes derivadas de otras variables como para dejar que estos meses sean dominados por una alta inestabilidad cambiaria”, confía el vicerrector económico de la Universidad del Salvador, Juan Miguel Massot. En cambio, desde México, el economista senior para Latinoamérica de la consultora británica Oxford Economics, Mauricio Monge, considera esperable que el dólar vaya subiendo en los próximos meses.

“Esperamos que hasta las elecciones de medio término el precio del dolar continúe en el tramo medio alto del esquema de bandas”, pronostica José Francisco Ara Portentoso, economista del británico EMFI Group. “Las altas tasas en pesos, junto al stock de reservas que tiene el Central para intervenir son elementos que devuelven incentivos a hacer carry trade y, por lo tanto, contendrían al dólar de nuevas subas. El Gobierno también ha tomado otras medidas recientes como la suba de encajes, que si bien no son las óptimas para contener al tipo de cambio, le generan presión a la baja, por lo que vemos dificil que se logra tocar el techo en este periodo”, agrega Ara.

El académico y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, escribió en El Economista el mes pasado que el propio Gobierno en su adelanto presupuestario 2026 prevé que a fin de año el dólar quede a $1.448, un 5% por debajo del tope de la banda. Otro macroeconomista de renombre coincide con el pronóstico pero para antes de las elecciones de octubre: “No veo una crisis cambiaria antes, pero va a seguir subiendo un poco más y después para. Hay un ambiente enrarecido camino a las unas, pero nadie cree que el techo de la banda se traspase porque el Central tiene suficiente liquidez como para frenarlo. Entonces una vez que suba la suficiente va a ser claro para todos que es mas rentable quedarse en pesos, en Lecap. que dolarizarse. El tema es cómo sigue post elecciones. Si el Gobierno tiene una solida victoria, digamos 42 a 45%, la salida a un esquema de flotación, a un tipo de cambio más alto, será relativamente bien llevada. Si es el resultado es más empiojado, ahí me agarran las dudas y podría precipitarse una corrección a un dólar recontra alto”. Y ya se sabe: los que vuelan al cielo es porque están enterrados.

AR/MG

Con Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos, PJ) reestructuró la deuda y esta semana el país tiene que pagar una gran cantidad de plata: US$4.700 millones. De ese monto, US$2.901 millones corresponden a capital, es decir el dinero que se pidió prestado, y US$1.800 millones, a intereses, o sea el costo de pedir prestado ese dinero. El gobierno de Javier Milei hará frente a ese pago usando los dólares que compró con el superávit fiscal alcanzado el año pasado gracias al ajuste, “el más grande de la historia”, del que se jacta textualmente el presidente de la Nación.

Los pagos van a reducir las reservas del Banco Central pero al mercado financiero se le atribuye optimismo porque el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, hizo saber que usará el dinero que ahorró, que en rigor de verdad esta administración lo consiguió a base de duros recortes, por ejemplo en los haberes de los jubilados y en el presupuesto para Educación. En total, hay US$6.009 millones en el BCRA, que conduce Santiago Bausili, y casi US$1.000 millones en un banco en Estados Unidos (el Bank of New York Mellon, BONY): suficiente dinero para pagar este vencimiento y otro de julio próximo.

El BCRA obtuvo, además, un préstamo de US$1.000 millones a una tasa de interés del 8,8% anual, lo que contribuye a tener más dinero disponible para afrontar los pagos de la deuda. La noticia fue celebrada porque significó, para la actual gestión, el regreso del país al mercado del capitales.

El gobierno de La Libertad Avanza cree que los acreedores usarán parte del pago de este jueve para comprar más deuda argentina. Esto podría hacer que los precios de los bonos suban y que el riesgo país (una medida de la confianza en la economía del país) baje. Actualmente se encuentra por debajo de los 600 puntos, un nivel que no tenía desde hacía casi siete años.

El vencimiento de US$4.700 millones corresponde a los bonos Globales, que son títulos emitidos bajo ley extranjera, y Bonares, bajo ley local.

Los Bonos Globales (Global Bonds) son títulos de deuda emitidos por la Argentina como parte de su reestructuración de deuda externa en 2020. Fueron ofrecidos a los acreedores para canjear deuda en default desde 2018. La emisión se formalizó el 4 de septiembre de 2020, luego de que el gobierno argentino llegara a un acuerdo con bonistas internacionales bajo la Ley de Nueva York y la Ley Argentina.

Los Bonares (o Bonos en Pesos Ajustados por CER o tipo de cambio), a su vez, son títulos de deuda emitidos por el Estado argentino emitidos principalmente durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) para cubrir déficits fiscales y refinanciar vencimientos de deuda. Los nombres suelen incluir la referencia al año de vencimiento, como Bonar 2024 o Bonar 2030.

El pago de este importante vencimiento se concretará este viernes. En el mercado esperan que el Tesoro cumpla sin inconvenientes con esta obligación, en medio de un mayor optimismo de los inversores hacia la Argentina, que se palpa en la baja del riesgo país.

Se espera que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan registre una nueva baja durante la semana, al mismo tiempo que es posible que haya un movimiento en los bonos soberanos de corto plazo, que continúan abaratándose, como reflejo de una renovada confianza del mercado en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos a pesar de las reservas netas negativas (que están en alrededor de US$6.000 millones).

JJD

La oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el martes 12 de noviembre a las 15 para tratar la modificación a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y para rechazar el Decreto 846/2024, que permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera.

El pedido lleva las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Sumados a los seis diputados de la Coalición Cívica, los cinco del bloque de Izquierda y el diputado santacruceño Sergio Acevedo, estaría asegurado el quórum necesario.

La Constitución Nacional, en su artículo 99, exige que cualquier modificación a la ley que regula los DNU sea aprobada por mayoría absoluta.

El proyecto de modificación de la Ley 26.122 que regula los DNU propone dos cambios importantes. El primero es que cualquier decreto perderá vigencia si no es ratificado por ambas cámaras en un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial (actualmente los DNU tienen validez hasta que el Congreso, mediante el rechazo de ambas Cámaras, disponga lo contrario).

El segundo cambio establece que cualquiera de las Cámaras puede rechazar un DNU y que eso sería suficiente para anular un decreto. 

Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará porque considera que tiene la intención de realizar “un golpe de Estado”.

El segundo punto del temario se refiere al DNU 846/2024, que permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Eso implica que ya no será necesario conseguir dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar a cabo un eventual canje de deuda.

El artículo 65 de la LAF exigía que cualquier canje de deuda en moneda extranjera debía mejorar al menos una de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos.

Sin embargo, el nuevo DNU elimina esta limitación para las operaciones en moneda extranjera, lo que, según explican desde el mercado, abre una mayor flexibilidad para el Tesoro en momentos en los que vencimientos de deuda presionan las reservas.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple.

Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, un día después.

El canje de deuda realizado la semana pasada por el equipo que encabeza el ministro de Economía Sergio Massa -en sus palabras “la operación más grande en la historia del mercado doméstico”- logró el principal objetivo propuesto: despejar y aliviar la carga de vencimientos equivalentes a $9,5 billones para lo que resta del año. La iniciativa obtuvo una adhesión del 78% de los acreedores, lo que se traduce en un significativo alivio financiero para el periodo comprendido entre junio y septiembre de este 2023.

Según datos de la consultora 1816, se estima que el 70% de la deuda se encuentra en manos del sector público -esto es ANSES, ministerios y demás organismos públicos-. Históricamente los canjes de deuda intra sector público suelen ser exitosos, ya que le permiten al Estado refinanciar la deuda con sus propias dependencias.

En términos numéricos, este canje ha logrado reducir los pagos previstos entre junio y septiembre de $9,5 billones a $3,2 billones. Esta disminución de $6,5 billones para los próximos 4 meses permite descomprimir, significativamente, el calendario de pagos del gobierno en el corto plazo. En este sentido, los vencimientos programados para junio han bajado de $1,2 billones a $1,1 billones, mientras que en julio la disminución se ha dado desde $4,6 billones a $1 billón. En agosto, los pagos se redujeron de $2,3 billones a $0,6 billones y, finalmente, en septiembre se deberá pagar $0,5 billones, en contraposición a los $2,6 billones anteriores al canje.

Este resultado se ha logrado mediante el cambio de los títulos vigentes por otros que postergan el calendario de vencimientos. Así, un 13% de los vencimientos se han trasladado a agosto de 2024, mientras que un 36% y un 27% se han programado para noviembre y diciembre del mismo año, respectivamente. El 24%restante se deberá pagar en enero de 2025.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que al extender los plazos de vencimiento y aliviar el panorama de pagos para el presente año, se genera un riesgo financiero que podría afectar el próximo año. Además, el 22% restante de acreedores que no aceptó el canje -pertenecientes al sector privado- representa un desafío para la estabilidad financiera buscada por el gobierno previo a las elecciones.

 ¿Cuáles son los riesgos que encierra el último canje de deuda?

Si bien el canje de deuda le da oxigeno al gobierno a la hora de enfrentar los pagos restantes para este 2023, es importante analizar cuál es el patrón de cotización y vencimientos de estos nuevos títulos.

Los bonos emitidos en este canje están ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) -inflación- o son bonos denominados en moneda dual -lo que más rinda entre tasa en pesos o evolución del tipo de cambio-. Esto significa que el valor de estos títulos al momento de su vencimiento estará determinado por la inflación y el tipo de cambio oficial de ese momento. Esta característica -utilizada en canjes anteriores- garantiza a los acreedores no perder contra la inflación ni contra la eventual devaluación de la moneda.

El canje fue considerado exitoso por el gobierno ya que logró un 78% de adhesión. Sin embargo, es importante señalar que el resto de la deuda, en manos del sector privado no ha experimentado el mismo nivel de aceptación. Se estima que el 74% de los acreedores privados ha rechazado la propuesta de canje. Esto plantea desafíos adicionales para la economía argentina durante los próximos meses.

Fuentes del mercado aseguraron que “la licitación ofrecía buenos rendimientos, pero el mayor problema es la fecha de vencimiento. Muy pocos inversores privados están dispuestos a extender sus vencimientos pasado el cambio de gobierno.” También agregaron que “estas características muestran la baja tasa de adhesión por parte del sector privado y lo difícil que se le va a hacer al gobierno conseguir plata fresca emitiendo bonos que venzan el año que viene”.

Los acreedores privados que no ingresaron en el canje tienen dos opciones. La primera es que se “sienten” a esperar los vencimientos por $2,1 billones. En este caso, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá emitir el equivalente a pesos para cancelar dichas obligaciones. La segunda alternativa es que los privados vendan sus tenencias en el mercado sin tener que esperar a que lleguen los vencimientos. Ambos caminos conducen a una mayor cantidad de pesos en plaza, lo cual podría generar presiones extra en términos inflacionarios.

Esta situación, generó que la calificadora internacional de riesgos S&P Global Ratings bajara la calificación de deuda argentina. Según la compañía, el canje de deuda es equivalente a un incumplimiento y es por eso que “bajamos nuestras calificaciones soberanas en moneda local de Argentina a SD/SD (incumplimiento o default selectivo)”. A su vez, agrega que, una vez que se complete el canje, la calificación podría volver a subir a CCC -baja probabilidad de que el emisor de la deuda cumpla con sus obligaciones-.

 ¿Cómo está siendo utilizada la deuda pública en manos del sector privado?

La mayor parte de la deuda pública en manos del sector privado la concentran los bancos y los fondos comunes de inversión manejados por distintas entidades financieras.

En un hilo de Twitter, el economista Gabriel Caamaño, socio gerente de la Consulto Ledesma analizó que, durante los últimos años, ha ido subiendo el porcentaje de integración de encajes bancarios con títulos públicos del Tesoro Nacional. Esto quiere decir que cada vez hay un menor porcentaje de encajes en efectivo o activos del BCRA. Los encajes son ese porcentaje de los depósitos que los bancos comerciales deben mantener en reservas líquidas.

El economista argumenta que, al presente, menos del 25% de los encajes están integrados en efectivo o activos del BCRA, mientras que, en mayo del 2021, ese porcentaje era 100%. También estima que, para finales de 2023, el stock de pasivos públicos integrados en encajes bancarios rondará el 5% del PBI.

En cuanto a las LELIQs, también se ha observado un incremento significativo en su participación dentro del total de liquidez en pesos de las entidades financieras. Hace dos años, este porcentaje apenas alcanzaba el 17,3%, mientras que en la actualidad supera el 42,3%. De acuerdo a un informe de la consultora LCG, el stock de pasivos remunerados, incluyendo las LELIQs y los pases del BCRA, representa más del 11% del PBI. Esto representa una importante emisión futura y puede dificultar la formación de expectativas a la baja con respecto a la inflación. A su vez, este stock de pasivos representa mas del doble de la base monetaria actual, lo que significa que, si los acreedores de estos pasivos decidieran no renovarlos, la cantidad de dinero circulante en la economía se duplicaría.

IC

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindará este miércoles su primer informe ante el Congreso, donde expondrá sobre la marcha del Gobierno nacional y responderá preguntas de los legisladores acerca de la economía, política exterior y la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario, entre otras cuestiones. Juntos por el Cambio adelantó que ese bloque hará hincapié en el alcance de los DNU de pesificación de los activos en dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que, según dijeron, “descapitalizan los ahorros de los jubilados y trabajadores activos”.

Rossi se presentará en la Cámara baja por primera vez desde que asumió como jefe de Gabinete el 15 de febrero pasado, tras la renuncia de Juan Manzur, quien volvió a Tucumán como gobernador.

La sesión especial en la que expondrá el ministro coordinador fue convocada oficialmente por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que formalizó el llamado al plenario para las 10.30.

Como paso previo, la Jefatura de Gabinete entregó este martes a la Cámara de Diputados el documento que contiene respuestas a las 3477 preguntas realizadas por los integrantes de la Cámara baja, que aborda principalmente temas vinculados con las áreas de economía, seguridad y educación.

Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, en el informe escrito número 135 de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió, seguido por las carteras de Seguridad, Educación, Justicia y Derechos Humanos, y Desarrollo Social.

En tanto, este miércoles, tras exponer su informe, Rossi responderá las preguntas que le formulen los diputados y que estarán centradas, principalmente, en la marcha de la economía, la política exterior y la situación que atraviesa Rosario, entre otros temas.

De esta manera, el dirigente volverá a la Cámara de Diputados -donde fue legislador y jefe de la bancada oficialista-, en esta oportunidad como jefe de Gabinete, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, que establece que el funcionario que ocupe ese cargo debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno.

Rossi fue jefe del bloque de diputados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; también se desempeñó como ministro de Defensa en dos oportunidades (entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, y entre diciembre de 2019 y agosto de 2021), en tanto que desde junio del año pasado hasta febrero último estuvo a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Con su exposición ante Diputados, el funcionario cumpliría en término con su obligación constitucional de asistir a informar al Parlamento, a poco más de un mes de haber asumido y dentro del plazo legal, teniendo en cuenta que el período de sesiones ordinarias se inició el 1 de marzo.

Fuentes parlamentarias de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que ese bloque hará hincapié en el alcance de los DNU de pesificación de los activos en dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que, según dijeron, “descapitalizan los ahorros de los jubilados y trabajadores activos”, además de la política exterior y los índices de inflación, entre otros puntos.

Este martes, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron dos proyectos mediante los cuales proponen la derogación de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron el canje de deuda en organismos públicos.

Las fuentes adelantaron que entre las 3.500 preguntas que fueron enviadas a la Jefatura de Gabinete, la mayoría apunta a la crisis que atraviesa la ciudad santafesina de Rosario por la violencia narco.

Desde el Interbloque Federal, que preside Alejandro “Topo” Rodríguez, pusieron foco en preguntas relacionadas con la “producción agroindustrial, la situación de la inseguridad y la alta criminalidad en la provincia de Santa Fe, el costo del transporte público en las provincias argentinas y la cuestión ambiental”.

El último jefe de Gabinete en asistir al Parlamento fue Manzur, quien se presentó en el Congreso dos veces durante su gestión: el 2 de junio de 2022 ante el Senado y el 14 de septiembre ante Diputados, además de realizar algunas exposiciones por escrito en otras fechas.

El PRO presentará un recurso de amparo contra los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo que dispusieron un canje de deuda con los bonos en poder de organismos públicos, anunció en las últimas horas la titular del partido y precandidata presidencial, Patricia Bullrich.

“Vamos a frenar el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la emisión de deuda en dólares a tasas insostenibles”, escribió Bullrich en Twitter al dar a conocer la presentación del recurso de amparo.

Durante el fin de semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, había defendido estos decretos al indicar que el canje de deuda de organismos públicos será “absolutamente beneficioso” para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que “ganará un poco más de US$ 2.000 millones” con la operación, monto que será utilizado para un programa de créditos a lanzarse la semana próxima.

Massa anunció, no obstante, que solicitó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje dispuesto, y aseguró que “si diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá” en la medida.

En su anuncio, Bullrich presentó una serie de argumentos para justificar el recurso de amparo contra los decretos 163 y 164 y sostuvo que “el canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso”.

Agrega que “el mero anuncio del canje nos deja al borde del default (incumplimiento). Esto lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quién decidió bajar la nota de los bonos argentinos, llevándolos de ”CCC-“ a ”C“, luego de darse a conocer la medida”.

La exministra de Seguridad de Cambiemos expuso que “esta es una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo, representando una caída de 5 subcategorías (bajamos de ”CCC-“, pasando por ”CC+“, ”CC“, ”CC-“, ”C+“, hasta la nota ”C“)”.

Entre los argumentos también indicó que “la calificación 'C', en palabras de Fitch, refleja la condición unilateral del canje y su conversión compulsiva de moneda (de USD a ARS), dos cuestiones que constituyen, conforme sus criterios técnicos, un escenario de default”.

En relación al canje de bonos específicamente en la Anses, Bullrich señaló que “la ley 27.574 procuró el blindaje de los activos del FGS” y añadió que lo anunciado por Massa “deja en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones”.

También alertó sobre la responsabilidad de Fernanda Raverta, titular del Anses, al indicar que “debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS, y su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público”.

El amparo del Pro

Con información de Télam.

IG

A modo de balance prematuro, Alberto Fernández venía sosteniendo que finalizaría su mandato con tres años consecutivos de crecimiento del PBI. Un logro significativo, a tasas altas, que serviría como contrapeso del lastre de inflación y volatilidad financiera que ensombrecen la gestión presidencial. Un trienio de crecimiento inédito desde 2008 contrastaría, de paso, con el legado de sus dos principales adversarios/enemigos, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, tutores de un ciclo de estancamiento (ella, en su mandato 2011-2015) y recesión (él, 2015-2019). Al parecer, una sequía que es calificada como la más grave en un siglo podría tornar en papel mojado el pergamino antedatado que enarbolaba Fernández sobre un crecimiento 2021-2023.

Economistas de diversas procedencias estiman que la falta de lluvias redundará en una caída de exportaciones agropecuarias de entre US$ 14.000 y US$ 25.000 millones, un golpe letal a los ingresos fiscales vía retenciones (la caída interanual en ese renglón fue de 45% en febrero, informó la Secretaría de Hacienda) y un retroceso del PBI que casi nadie pronosticaba hasta un par de meses atrás. La evidencia indica que los bancos, las consultoras, el FMI y los panelistas de la tele se especializan en subestimar los riesgos cuando gobiernan los mejores tecnócratas de los cincuenta años previos y en sobreestimar colapsos cuando se instala en la Casa Rosada un grupo promotor del Estado elefantiásico (fraseología de Alsogaray), pero miradas más sosegadas advierten que el signo del PBI será, como mínimo, levemente negativo en 2023.

Sergio Massa, el último optimista, pinta un cuadro más alentador. Evalúa que la caída de exportaciones por la sequía se encontrará en el piso de lo pronosticado y que menores importaciones de gas en invierno y a un precio más bajo que el previsto, créditos de organismos internacionales y ventas al exterior de la industria automotriz equilibrarán la balanza de dólares. Habrá que ver, porque la economía es la dinámica de lo impensado, como quedó comprobado con una inflación que duplica el anticipo de Massa de que, a esta altura del año, el índice comenzaría con tres.

El Presidente solía recitar la letanía de las tres plagas que le tocó enfrentar: deuda externa, pandemia y guerra. Las consecuencias de cada una de ellas se fueron solapando y restaron herramientas que permitieran ver el camino de salida. Ahora, la sequía suma la cuarta desgracia, que fuerza al Ejecutivo a tener que elegir entre herramientas malas o peores, como un retroceso de las importaciones, grados de devaluación, liquidación de bonos en dólares, más inflación y recortes de gastos.

La quinta catástrofe que signa al Gobierno de los Fernández es política.

Cacofonía a tres voces

La noche del martes se hacía larga en el renombrado quinto piso del Palacio de Hacienda. Massa y su equipo sacaban punta a un canje masivo de títulos en dólares en manos de agencias del Estado. Una operación difícil de comprender para el público y de asimilar para estamentos políticos; denotativa, además, de los pocos cartuchos que quedan para evitar una crisis fuera de control. El objetivo es calmar a los dólares financieros y, en consecuencia, la inflación. Las reservas se cuentan dólar a dólar, el FMI —el mismo cuerpo que le regaló a Mauricio Macri un préstamo electoral que triplica el crédito anunciado hasta ahora para la invadida Ucrania— presiona por más ajustes y la alternativa de la devaluación promete ser devastadora, a meses de las elecciones presidenciales.

A trescientos metros de esos despachos del Palacio poblados por rostros tensos, tasas de café y pantallas de televisión muteadas, Cristina denunciaba “la nueva amenaza a la democracia”, “del partido militar al partido judicial”, en una reunión del Grupo de Puebla en el marco del III Foro Mundial de los Derechos Humanos.

Acompañaban a la vicepresidenta en el estrado de La Ballena del CCK, los exgobernantes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia), el exjuez español Baltasar Garzón, el exdiputado chileno Marco Enríquez-Ominami y la jurista brasileña Gisele Ricobom, miembro del equipo de defensa de Luiz Inácio Lula da Silva. El objeto del encuentro era solidarizarse con Cristina y denunciar la persecución judicial contra referentes de izquierda y populistas de América Latina.

Arropada por colegas que no ahorraron elogios a su figura, la abogada de La Plata repasó detalles del lawfare y ensayó sus motivos: venganza y disciplinamiento de los dirigentes “del campo nacional y popular” que no alcanzan a ser —sugiere— tan valientes como ella.

A esa hora, el Presidente hablaba en Resistencia junto al gobernador Jorge Capitanich y el ministro Gabriel Katopodis. El mandatario se buscó una inauguración de obras viales para ausentarse del foro del Grupo de Puebla, uno de los sellos que más le atraen. Los discursos de Alberto y Cristina, separados a 935 kilómetros, llegaron a competir en el prime time. Un camporista pasó el reporte del rating. Ganó ella.

Arropada por colegas que no ahorraron elogios a su figura, Cristina repasó detalles del lawfare en su contra y ensayó los motivos que lo motivaron: venganza y disciplinamiento de los dirigentes “del campo nacional y popular” no tan valientes como ella

La fallida conducción del frente político que debe arbitrar distopías de índole sanitario, financiero y meteorológico genera situaciones bizarras. Ese mismo 21 de marzo, pero más temprano, los disertantes del CCK se habían reunido con Alberto en Casa Rosada. Estaban todos, menos Cristina, para tratar los mismos temas.

La enemistad entre el Presidente y la vicepresidenta dispara incomodidad e incomprensión entre sus vinculaciones extranjeras. Evo, Zapatero y Correa, que tienen una relación genuina con Alberto, resuelven el tironeo duplicando su agenda cuando visitan Buenos Aires. Lula da Silva optó en enero por cancelar una cita con Cristina y esta vez se privó de enviar a un representante de peso a los actos de solidaridad con su colega argentina, en una actitud que las voces más apasionadas del cristinismo deciden —por ahora— no calificar como traición.

Los ejes argumentativos de Cristina se repiten en cada uno de sus discursos, tanto como las manos de quienes aplauden en primera fila.

El lawfare concita la mayor cantidad de minutos en las presentaciones de Cristina. Pruebas de todo tipo y color le sobran a la vicepresidenta si quienes la juzgan no tomaron siquiera el recaudo de no ir a jugar al fútbol y al paddle a las quintas de Macri y, encima, actuaron como seres procaces y sumisos en sus diálogos vía Telegram con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y el Grupo Clarín. Cristina ve el campo libre y echa a correr. En medio de tanta enjundia justificada, se ahorra explicar por qué sus Gobiernos habilitaron negocios millonarios a contratistas del Estado que, coincidentemente, eran socios o clientes de Néstor Kirchner y su familia.

En su disparada hacia adelante, la vicepresidenta puso a los suyos a jugar con una palabra maldita: “proscripción”. La encerrona es perfecta. Si la peronista que supuestamente tiene la mayor intención de voto es vetada con malas artes para participar de las elecciones, no hay Estado de Derecho, por lo cual, el ganador de octubre no tendrá legitimidad y habrá que emprender la resistencia. La proscripción se levantaría si las señorías que componen la Cámara de Casación y la Corte Suprema trabajan como nunca en su vida y revierten la condena de la causa Vialidad en tiempo récord: dos imposibles. Al mismo tiempo, Andrés Larroque, Wado De Pedro y Axel Kicillof encabezan el operativo clamor para convencer a Cristina de que se postule. Una proscripción extraña, sujeta a ser levantada por la mera voluntad de la proscripta. Nadie impediría a la vicepresidenta anotar su candidatura por una condena que está en suspenso. Eso sí. Que nadie desafíe a la líder en primarias, porque entonces, habrá que hacer rancho aparte. El juego se llama “perder o perder”.

División de tareas

Cristina habla de Los Abrojos y Lago Escondido mientras su círculo más próximo apunta a Alberto Fernández. El grupo que se referencia en Máximo Kirchner dedica tanto tiempo a denostar a un Presidente aislado y con una imagen negativa de 65%, que contribuye a la difícil tarea de desviar la mirada del papel del Gobierno de Macri en la crisis. Alberto es tan inepto, tan ventajero y tan traidor, que el deterioro del salario real es su responsabilidad antes que de la pandemia y de la debilidad del Estado producto de una deuda asfixiante gestada por Cambiemos en tiempo récord, como pocas veces en la historia, si es que hay algún antecedente.

La vicepresidenta propone combatir al FMI desde la tribuna mientras, en silencio, le aporta los apoyos necesarios a Massa para avanzar con metas que lucen temerarias ante el cambio de perspectivas que configuró la sequía. Dos economistas de peso que algo tuvieron que ver con el Frente de Todos, que no son cercanos pero comparten reticencia en distintas facciones del Frente de Todos, Emmanuel Álvarez Agis y Martín Guzmán, señalaron días atrás que seguir el plan del Fondo puede ser más gravoso en términos de recesión y daño social que declarar la imposibilidad de su cumplimiento. En otras palabras, ante la suma de catástrofes, el default con el FMI puede no ser el peor de los mundos.

Massa retorna a instintos que parecían estacionados en su afán por presentarse como un dirigente enfocado en los problemas reales y distante del griterío. La semana pasada, el ministro se metió en el barro a través de la presidenta de AySA, Malena Galmarini, para denunciar la “paupérrima” gestión económica de Guzmán y las “operaciones off the record que surgen de Casa Rosada”. Parecieron disparos al aire con una retórica afín a Máximo Kirchner que nadie decodifica si fueron meros fuegos artificiales o tuvieron un destinatario desconocido. Si el acuerdo de Massa con el hijo de Cristina es sincero, deberían calibrar la sintonía, porque el diputado acusa a Guzmán de haber ajustado de más y el ministro dice que lo excesivo fue el desequilibrio fiscal.

Un indicio sobre el estado de relaciones es la explicación de Massa sobre una de las motivaciones del canje de bonos en manos de agencias del Estado. Dijo a Radio Mitre que era necesario que hubiera coordinación en el manejo de esas tenencias para evitar lo que ocurrió a mediados del año pasado, cuando una empresa estatal —no nombró a ENARSA, manejada por La Cámpora— realizó una “venta masiva” de sus bonos de un día para el otro, decisión que disparó una corrida contra los títulos argentinos y marcó la antesala de la salida de Guzmán del cargo. En tiempos turbulentos, mejor prevenir que curar.

Al tembladeral económico le toca un Gobierno que, en más de un sentido, quedó tildado. Hace tiempo que segundas y terceras líneas pintan un cuadro que combina desidia, desconocimiento o complicidad con poderes fácticos que en la faz pública se ubican en la vereda de enfrente. El anecdotario alcanza a despachos con incidencia en mercados de decenas de millones de personas y centenares de millones de dólares, con terminales que obedecen tanto al Presidente como a la vicepresidenta y al ministro de Economía.

Por ejemplo, el tiempo pasa y la licitación del espectro de 5G de telecomunicaciones, que podría aportar US$ 1.000 millones a las arcas del Estado, está entrando en zona de riesgo y podría quedar como otro de los paquetes ofrendados con papel de regalo y moño al Gobierno que asuma en diciembre. Alguna empresa experta en ganar cautelares huele la debilidad y piensa cómo postergar el proceso hasta la asunción en Casa Rosada de alguien más permeable a sus exigencias.

Ya lo dijo Cristina hace más de dos años, con Alberto y Massa ubicados a pocos metros en un escenario de La Plata. Hay funcionarios que no funcionan. 

SL

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló hoy que “está evaluando” el canje de deuda impulsado por el Gobierno y que se lo analizará dentro del marco del acuerdo vigente, aunque añadió que debe estar acompañado por “políticas macroeconómicas consistentes.

“Estamos al tanto de la situación y la estamos evaluando en el marco del programa vigente”, señaló la vocera del organismo Julie Kozack.

La portavoz añadió que desde el punto de vista del organismo “es necesaria una gestión prudente de la deuda para poder mejorar el funcionamiento del mercado de bonos doméstico y el cambiario”.

Kozack se refirió a la situación de la Argentina en la habitual conferencia de prensa que ofrece el FMI para medios internacionales.

La vocera advirtió que la operación anunciada “debe llevarse a cabo de una manera que no aumente las vulnerabilidades en el futuro y también debe ir acompañada de políticas macroeconómicas estructurales y consistentes”.

Ante la consulta sobre la reunión de Directorio que deberá aprobar la cuarta revisión del acuerdo, no pudo dar precisiones: “Esperamos que se lleve a cabo muy pronto”, señaló, eludiendo la respuesta.

No obstante, aclaró: “Usualmente hay un período de tiempo entre el momento en que llegamos a un acuerdo a nivel del staff y vamos luego al Directorio, por lo que esperamos que la reunión se lleve a cabo relativamente pronto y de acuerdo con el ciclo trimestral regular de revisiones”.

La reunión es decisiva para las cuentas públicas argentinas ya que postergó hasta el viernes 31 el pago de US$2.700 millones a la espera de un desembolso de US$ 5.300 millones.

Kozack deslizó que, con motivo de la sequía, Argentina deberá profundizar el ajuste para preservar la estabilidad.

“En un contexto económico más desafiante, en particular por una sequía cada vez más grave, se necesitan medidas políticas más fuertes para preservar la estabilidad. Estas acciones más enérgicas también son necesarias para abordar el aumento de la inflación y los reveses de la política”, dijo.

Con información de Roberto Pico de la agencia NA

El Gobierno ultima un canje de deuda en pesos que podría abarcar una canasta de títulos por unos $7,5 billones.

Con ese fin, funcionarios del Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa se reunirán este lunes con bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión (FCI).

En principio la comitiva oficial la encabezaría el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aunque no se descarta la presencia del propio Massa.

Se busca tratar de alcanzar acuerdos en los que se comprometa a esos sectores a ingresar a la operación, una manera de despejar el horizonte ante la importante cantidad de vencimientos que se avecinan hasta fin de año.

Lo que se definió es un canje que postergue para los primeros años del próximo mandato una porción considerable de los pagos, situación que podría permitir espejar el escenario en medio de la batalla electoral.

También le quitaría presión a los dólares paralelos ante cada licitación del Tesoro.

Apuntan a reperfilar los vencimientos para 2024 y 2025, es decir, saltar la barrera electoral que marcó las licitaciones de los últimos meses.

Según trascendió, la llave para estirar los plazos es ofrecerle a los tenedores de deuda bonos ajustados por CER (Inflación) o duales, que pueden pagar el índice más conveniente entre los precios y la evolución del dólar oficial.

Según fuentes oficiales citadas por el sitio de Ámbito Financiero, los títulos elegibles para la conversión serán los que tienen vencimiento en marzo, abril, mayo y junio. Se estima que la deuda que vence en 2023 ronda los $12 billones.

El 37% está de esos papeles los tendrían el Banco Central (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y los bancos estatales, por lo que su renovación no corre riesgos. En tanto, el grueso de los tenedores, el 44% son bancos privados, FCI, aseguradoras y fondos extranjeros, lo que constituye la porción más importante a sumar al canje, mientras que el 19% restante estaría en poder de empresas, individuos y otros entes públicos.

Tras conocerse el canje de deuda, los bloques legislativos de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado en el que señalaron que la operación “supondrá un enorme riesgo para los argentinos porque podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor”.

“El mencionado canje les dará a los banco una opción que ningún inversor tiene: un ´bono dual´ ajustado por inflación o devaluación y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento”, alertaron desde la alianza opositora.

Con información de NA

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) desmintió en las últimas horas los dichos de los economistas de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la propuesta del canje de deuda del Ministerio de Economía.

El presidente de la ADEBA, Javier Bolzico, defendió la iniciativa luego de lo que fueron las acusaciones del ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien mantuvo igual postura que los economistas Guido Sandleris y Luciano Laspina, sobre la misma.

Lacunza publicó en su cuenta de Twitter que “el Gobierno prepara un canje de deuda con los bancos” y que la interpreta como “una operación vil y ruinosa para el Estado”.

Ante esto, Bolzico remarcó que “la propuesta canje de deuda es por títulos (no por tenedor)”. Además, señaló que “los bancos tienen un porcentaje menor del total de la deuda. Por lo tanto, decir que es ‘con los bancos’ es -como mínimo- falaz”.

“Un Put es una opción de venta de un activo a un precio fijo predeterminado de antemano”, añadió el presidente de ADEBA.

“Hasta hoy el Banco Central nunca compró bonos a precio que no sea de mercado. Es un error conceptual llamar Put a la opción de liquidez de vender bonos al Banco Central”, agregó.

“El seguro de cambio no tiene nada que ver con la moneda en que se paga un título. Los títulos duales, pueden considerarse, en ciertos escenarios, una deuda en dólares. La mayor parte de la deuda argentina está denominada en dólares”, cerró.

El Gobierno está en plena preparación de un canje de deuda en pesos que podría abarcar una canasta de títulos elegibles por unos $7,5 billones.

Se desarrollarán una serie de reuniones este lunes entre funcionarios del Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa con bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión (FCI).

El objetivo será alcanzar acuerdos en los que se comprometa a esos sectores a ingresar a la operación, una manera de despejar el horizonte ante la importante cantidad de vencimientos que se avecinan hasta fin de año.

Sandleris: “El gobierno no tiene escrúpulos en agravar los problemas”

El economista Guido Sandleris sostuvo este lunes que “de acuerdo a información que ha circulado, las condiciones del canje son muy malas para los argentinos. El gobierno no tiene escrúpulos en agravar los problemas con tal de patearlos hacia adelante”.

Para el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, “los gobiernos kirchneristas se comportan como si fueran adictos al gasto público y al déficit fiscal”.

En declaraciones aradio Miutre, Sandleris consideró que el Gobierno del Frente de Todos “se ha endeudado a ritmo del 36 mil millones por año, el doble de CFK y el triple de Mauricio Macri”.

“Como no pueden controlar su adicción están dispuestos a darle cualquier cosa a los bancos. Hacen poco para controlar su adicción. Hay indicios de que arranca un nuevo plan platita”, concluyó

Con información de NA.

IG

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) advirtieron este domingo sobre los “graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía”, ya que “podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor al ya producido por este Gobierno”.

Así indicaron a través de un comunicado redactado por los bloques legislativos de la principal coalición opositora ante la posibilidad de un nuevo anuncio al respecto durante esta semana por parte del ministro de Economía, Sergio Massa.

“Advertimos sobre los graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía. Ese canje les dará a los bancos una opción que ningún inversor tiene: un 'bono dual' ajustable por devaluación o inflación -el mayor- y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento ('el put')”, explicaron.

Al respecto, JxC indicó que “esto implicaría un 'seguro de cambio' para los bonistas (los bancos) y que la deuda local que vencía cada 3 meses ahora, en la práctica, tenga vencimientos diarios. Todo ello extendido hasta 2024”.

“Esta acción supondrá un enorme riesgo para los argentinos, ya que podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor al ya producido por este Gobierno, además de generar serios problemas a la gestión económica presente y futura”, interpretaron los legisladores.

En ese sentido, el comunicado concluyó: “Adicionalmente, esta intromisión constituye una violación a los principios de la Ley de Administración Financiera y la propia Carta Orgánica del BCRA”.

El Ministerio de Economía no confirmó la posibilidad de un canje de toda la deuda en pesos del 2023, aunque fuentes bancarias reconocieron a la agencia Reuters que trabajaban en la materia. El Gobierno yo hizo dos canjes desde que Massa asumió la cartera de Economía, en agosto pasado.

MB

La agencia evaluadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación crediticia de Argentina en moneda local a “Default selectivo” al considerar que el Gobierno realizó un nuevo canje de deuda esta semana en condiciones que juzgó como “desventajosas” para los acreedores.

Así comunicó este viernes al avanzar en una nueva baja de la nota asignada para la deuda en pesos: desde CCC- y C, para largo y corto plazo respectivamente, a ‘SD’ y ‘SD’, es decir, en “default selectivo”. También reafirmó sus calificaciones para los papeles emitidos en moneda extranjera de largo y corto plazo en ‘CCC+’ y ‘C’, aunque explicó que mantiene ambas notas “con tendencia negativa” para reflejar “los riesgos de los pronunciados desequilibrios económicos y la incertidumbre política antes y después de las elecciones nacionales de 2023”.

La agencia remarcó que se trata del “tercer canje” realizado en poco más de cuatro meses y señaló que, a diferencia de los dos canjes de deuda anteriores, fue una transacción que se realizó “bajo condiciones desventajosas (distressed) basada en la probabilidad de incumplimiento convencional (en ausencia de participación de los acreedores) dadas por las marcadas vulnerabilidades macroeconómicas del soberano y su capacidad muy limitada para extender vencimientos y colocar deuda en el mercado local sin la dependencia continua en los canjes”.

El pasado martes, el Ministerio de Economía anunció que concretó con éxito un canje voluntario de títulos de deuda con vencimientos previstos para el primer trimestre del año y así logró extender el plazo de pago de casi $3 billones sobre un monto total estimado en alrededor de $4,3 billones.

El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por 1,1 billones de pesos en enero; $1,2 billones en febrero y otros $2 billones en marzo; y luego de esta operación de conversión logró reducir los montos a $ 0,39 billones, $ 0,42 billones y $ 0,6 billones respectivamente. En base a estos números, el Palacio de Hacienda logró extender los plazos de vencimiento del 69,7% del total de títulos licitados.

MB

El Ministerio de Economía llevará adelante este martes un canje voluntario de títulos del Tesoro con vencimientos en el primer trimestre de 2023, con el objetivo de descomprimir la carga de la deuda en el corto plazo y facilitar futuras licitaciones.

Las empresas, bancos, aseguradoras, tenedores minoristas y organismos públicos que participen del canje podrán escoger entre dos canastas de títulos diseñadas por la Secretaría de Finanzas: una con vencimientos a más corto plazo -segundo trimestre de 2023- con títulos a tasa fija (Ledes); y otra con títulos duales -libre elección de cobro entre tasa de inflación o de devaluación- pero con vencimiento en la segunda mitad de 2023 e, incluso, en 2024.

A esta primera oferta, anunciada el jueves pasado, se sumó en las últimas horas otra opción con la incorporación de la letra Lecer Junio X1673, atada a la evolución de la inflación, elegible de manera específica para los Lecer X20E3 y X17F3, que vencen el 20 de enero y el 17 de febrero próximos, respectivamente.

La operación de conversión de activos se hará entre las 10 y las 15, y su liquidación se concretará el viernes, tal como estaba previsto inicialmente.

“Cualquier canje voluntario que se lleve adelante es positivo, en un contexto con tanta deuda a vencer y con dudas sobre si se van a lograr las renovaciones necesarias”, manifestó a Télam el analista financiero Christian Buteler.

En cuanto al nivel de adhesión previsto, consideró que “si se ve lo que ha sucedido en las últimas licitaciones, tendríamos que ser optimistas, porque fueron muy buenas, con mucha demanda”. “Eso debería dar una pauta que se va a lograr un porcentaje interesante”, confió Buteler.

Por su parte, el Head Research de Inviu, Diego Martínez Burzaco, evaluó el canje como una estrategia del Ministerio de Economía para “estirar los plazos lo más posible, para intentar encontrarse con mayor confort con los dólares de la cosecha gruesa e índices de inflación más bajos”. “Mi sensación es que habrá mucha participación de organismos públicos y las propias tenencias del BCRA”, dijo en declaraciones a Télam.

Martínez Burzaco estimó una menor participación de inversores privados en el canje, en los que prevalecerá “el corto plazo, la postura defensiva y ver qué va ocurriendo en este año largo”.

En tanto, Mauro Mazza, de BullMarket Brokers, dijo que habrá una amplia participación del sector público y que ve “oportunidades” para el sector privado.

“El canje es voluntario y por las opciones disponibles destinado principalmente a entidades públicas (BCRA, FGS y Bancos) pero existe para los inversores la posibilidad de canjear y sacar rédito de tener algunos instrumentos, si se cumplen algunas condiciones”, expresó.

Mazza consideró que para los tenedores de instrumentos CER, con vencimiento previstos hasta marzo próximo, “sugerimos aceptar el canje y optar por la opción 1”, dijo en conversación con Télam.

La opción de la canasta 1 de bonos que propuso el equipo económico que comanda Sergio Massa cuenta con letras con vencimientos en abril, mayo y junio.

En este sentido, según Mazza, se prevé que las tasas de interés seguirían altas, en comparación con la dinámica de la inflación en el cortísimo plazo, algo que los inversores podrían aprovechar.

Así, explicó que, por un lado “el Gobierno ha dado pocos indicios de una baja de la tasa de referencia del BCRA y por lo tanto de su tasa de las LETRAS que fueron emitidas con una TEA de 110%.

Por otro lado, un dato importante es que estas letras en el mercado secundario cotizan muy cercanas a la licitación primaria, por lo que la eventual pérdida de operar en el secundario es muy baja“.

Según datos de la consultora Aurum Valores, los vencimientos en pesos que enfrenta el Tesoro con el sector privado durante el primer trimestre de 2023 ascienden a casi $ 2,7 billones: en enero vencen unos $924.000 millones, en febrero otros $ 834.000 millones, y en marzo unos $ 933.000 millones.

Si se suman los vencimientos de títulos que el propio sector público tiene en su poder, los compromisos ascienden hasta los $ 4,2 billones, que son los que efectivamente se intentarán canjear, de acuerdo con cálculos oficiales.

Con información de Télam.

IG

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este martes que el canje voluntario de títulos de deuda en pesos que vencían en los próximos 90 días tuvo un resultado “exitoso”, luego de conseguir la adhesión de más del 85% de los valores que estaban incluidos en la operatoria.

En total, el Palacio de Hacienda logró canjear poco más de 2 billones de pesos en deuda que vencía en los próximos tres meses y descomprimió un 81,3% los vencimientos de agosto y septiembre, y en un 80,8% los compromisos proyectados para octubre.

“El resultado fue exitoso”, aseguró Massa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en referencia al canje de los títulos para vencimiento a los próximos 90 días que se cambiaron por bonos duales que, al momento de su vencimiento en junio, julio y septiembre de 2023, el tenedor puede elegir si quiere que se lo ajuste por la variación del índice de precios minoristas o por la del dólar.

“Agradecemos la confianza y acompañamiento de inversores institucionales, personas físicas y organismos del sector público, que nos permite aliviar la situación financiera del próximo trimestre, extendiendo vencimientos a 2023”, señaló Massa

El ministro concluyó señalando que “despejar los vencimientos nos posibilita trabajar de manera más ordenada sobre los recursos y gastos que tenemos para administrar las cuentas públicas, además de dar certidumbre a la economía doméstica. Agradezco el enorme trabajo del equipo de Finanzas”.

Con información de agencia Télam.

El equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, debutó con cierto éxito en las colocaciones de deuda doméstica. Claro, les dio a los inversores lo que ellos querían: en lugar de un bonos actualizados por CER (indicador similar a la inflación), les ofreció otros duales, que se ajustan por CER o por el dólar oficial (dólar linked, como se les llama), según mejor les convenga a los bonistas. El plantel que encabeza el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, logró extender hasta mediados de 2023 un total de $ 2 billones de los vencimientos de agosto, septiembre y octubre de 2022, con una participación del 85% en el canje que ofreció este martes, a pocos días del cambio ministerial.

El Tesoro debía afrontar vencimientos por $ 615.862 millones en agosto, en 1,1 billones en septiembre y 807.068 millones en octubre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a 115.318 millones, 209.337 millones y 155.336 millones, respectivamente. El Ministerio de Economía destacó que el 83% de los vencimientos proyectados para octubre fue colocado en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $ 651.862 millones para después de las primarias presidenciales de agosto de 2023.

En el Gobierno calcularon que el 40% de los bonos del canje estaba en manos del Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pero reconocieron que fideicomisos del Estado también tenían tenencias. Algunos cálculos privados hablan de que el 60% estaba en manos estatales. Por tanto, bancos, aseguradoras y fondos de inversión aportaron un 25% para alcanzar el 85% de aceptación. El otro 15%, del sector privado, se mantuvo al margen. El trueque tuvo sobre todo poca adhesión entre fondos extranjeros que entraron al país en la era de Mauricio Macri y aún no pudieron irse con una rentabilidad razonable. Se trata de Pimco y Templeton. Con ellos dialoga el equipo económico para que participen de futuras licitaciones de deuda, como la de pasado mañana, para renovar deuda por menos de $ 100.000 millones. Si participan, no se irían al contado con liquidación (CCL) para huir de la Argentina.

Por encima de lo esperado

En el Palacio de Hacienda consideran que la aceptación del 85% superó las expectativas y lo atribuyeron a la mejora de perspectivas económicas que provocó en el mercado el nombramiento de Massa como ministro y a que conversaron con el sector privado para ofrecerles una “cobertura con la que se sintieran cómodos, siempre y cuando no se encarezca en mayor manera el financiamiento”. El bonista ahora no sólo se asegura un rendimiento como la inflación sino también se cubre de una hipotética devaluación del peso oficial. En las conversaciones con el sector privado participaron Setti, su funcionario Leandro Toriano, el futuro vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri y el jefe de asesores de Massa, Leonardo Madcur.

En Economía se mostraron satisfechos de que con el canje ya no tendrán que batallar mes a mes con los vencimientos de deuda sino que al menos se quitaron de encima el peso de ellos por tres meses. Recuerdan que hasta hace pocos días el mercado temía un “reperfilamiento”, el eufemismo con el que el gobierno de Macri llamó a la reestructuración de la deuda local en 2019. El equipo de Massa confía en enviar las señales correctas para que en 2023 se sigan pudiendo renovar bonos sin temor a un reperfilamiento en el próximo gobierno. En Juntos por el Cambio dirigentes como Ricardo Buryaile no lo descartaron en caso de vencer en las elecciones presidenciales, pero el gobierno actual, tanto con Martín Guzmán en Economía como ahora con Massa, rechaza esa posibilidad. La duda de los inversores es si unos u otros podrán cumplir con las obligaciones.

Massa deberá demostrarle al mercado que mantendrá y cumplirá la meta de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI, que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2022 y que será imposible de incumplir sin un ajuste en los próximos meses. Para ello, los funcionarios del ministro se reunirán el jueves con sus pares de las demás carteras para contarles que sus partidas de este año no podrán aumentar por encima del 62% previsto en el presupuesto, por más que ahora los economistas relevados por el Central prevean una inflación del 90% en el año. Eso implicaría un brutal recorte en todos los ministerios, con excepción de la Anses, dado que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan automáticamente por salarios y recaudación. Además, el ministro se ha comprometido a dejar de financiarse con la autoridad monetaria, con lo que deberá elevar sus colocaciones de deuda en un mercado que quiere ver materializadas las promesas de ajustes antes de prestarle más.

Pero por lo pronto el canje ha sido un éxito. “Fue un muy buen resultado”, opina Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Logró una aceptación por encima de lo esperado y de lo comprometido por Massa días atrás. Si mirás números, te da una aceptación del sector privado de 63,7%… es muy bueno que el resultado haya sido mejor de lo esperado con participación del sector privado. Si le iba mal, Massa iba a tener presión sobre la curva de pesos y es una buena noticia que no haya sido así. No despeja otras inquietudes, pero es muy importante que haya aprobado así su primer prueba en el mercado como ministro de Economia”, continúa Abdala. ¿Por qué el sector privado entró en su mayoría al canje? Por un lado, los bancos no deben contabilizar estos bonos duales como dentro de sus posiciones en moneda extranjera. Por otro, la posibilidad de que los títulos ajusten por CER o dólar oficial. Por lo menos así lo analiza el director de PPI. En otra sociedad bursátil, en la que prefieren el anonimato, califican el canje como “positivo porque despeja el corto plazo” y atribuyen el resultado a la oferta del bono dual. Al final de cuentas, esos pesos que estaban colocados en deuda que vencía este mes, el próximo o el siguiente seguirán en títulos pero que vencen en junio, julio y septiembre de 2023, y no se irán al dólar paralelo en lo inmediato.

AR

En un escenario turbulento, con una disparada de los dólares alternativos y las restricciones al pago de importaciones, Martín Guzmán pasó la prueba. El ministerio de Economía informó que consiguió renovar todos los vencimientos de deuda en pesos de junio y obtuvo este martes $248.078 millones, sobre $243.701 millones a refinanciar, unos $5.000 millones adicionales. El canje le permitió al Tesoro acumular refinanciamiento de $663.246 millones, un 121% del total de los vencimientos

El dato significativo es que, como comunicó durante el llamado a licitación, el Tesoro ofreció instrumentos con “tasa real positiva”, es decir, por encima de la inflación, a quienes tomaran deuda en pesos. En el caso de los instrumentos a tasa nominal (LEDES), la tasa implica una diferencia de cerca de 6% respecto a la tasa de política monetaria del BCRA. En el caso de los instrumentos con ajuste CER (LECER) las tasas se ubicaron entre el 2,5% al 3,3% anual. Fue una decisión clave, que permitió hacer interesante la oferta de títulos en pesos ante el atractivo de un dólar en alza.

El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $605.886 millones, pero una operación de canje, el miércoles 22, logró reducir los vencimientos a $248.000 millones. Sin contabilizar la segunda vuelta de este miércoles, el Tesoro acumuló en junio un financiamiento neto positivo de $16.220 millones, con una tasa de refinanciamiento del 106%, destacó el Ministerio.

“El resultado fue positivo para esta licitación y también para el mes. En ambos casos con financiamiento neto positivo, es decir que se obtuvo más de lo que se salió a buscar”, destacó el informe de la cartera que dirige Martín Guzmán.

Economía recordó que la próxima licitación tendrá lugar el miércoles 13 de julio, tal y como fue informado previamente en el cronograma de licitaciones del segundo semestre de 2022.

El punteo que difundió Economía

-“En esta última licitación, se recibieron 891 ofertas que representaron un total de VNO $263.098 millones, adjudicándose un valor efectivo de $248.078 millones

-“Del total de financiamiento obtenido, el 85% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022 y, el 15% restante, al instrumento vinculado al dólar con vencimiento en 2023. Asimismo, el 51% del monto adjudicado fue en instrumentos ajustables por CER, el 34% en instrumentos a tasa fija y, el 15% restante en instrumentos dollar linked.

- “El menú de instrumentos ofrecidos en esta licitación estuvo conformado por 9 títulos, con vencimientos en 2022, 2023 y 2024. Se emitió una nueva LELITE con vencimiento el 29 de julio, se reabrieron tres letras a descuento (LEDE) con vencimiento 31 de agosto, 31 de octubre y 30 de noviembre de 2022. Además, se reabrieron dos letras ajustadas por CER (LECER) con vencimiento 21 de octubre y 16 de diciembre de 2022, y se emitió una nueva LECER cuyo vencimiento es el 23 de noviembre de 2022. Finalmente, se reabrieron dos bonos vinculados al dólar estadounidense con vencimiento el 28 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2024

- “En línea con lo comunicado en oportunidad del llamado a licitación, el Tesoro ofreció instrumentos con tasa real positiva para los inversores participantes. En el caso de los instrumentos a tasa nominal (LEDES), la tasa adjudicada implica un diferencial cercano a los 6 puntos porcentuales respecto a la tasa de política monetaria del BCRA. En el caso de los instrumentos con ajuste CER (LECER) el rango de tasas reales se ubicaron entre el 2,5% al 3,3% anual

- “En el marco del Programa de Creadores de Mercado, en el día de mañana se efectuará la Segunda Vuelta, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy en las especies elegibles del Programa.

- “Así, sin computar la Segunda Vuelta a desarrollarse mañana (por este miércoles), durante junio el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de $16.220 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 106%

- “Así, en el primer semestre del año el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de $663.246 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 121%, con colocaciones por un total de $3,81 billones y vencimientos por $3,14 billones”.

CC

El Ministerio de Economía logró hoy reducir los vencimiento existentes para fin de mes en $ 358.000 millones a través de una operación de canje de títulos, por lo que el jueves 30 de junio el monto a afrontar por el Tesoro Nacional será de $ 248.000 millones.

En la operación de conversión se recibieron 143 ofertas: 97 correspondieron a la LEDE S30J2 por un total de $128.196 millones valor nominal y 46 a la Lecer X30J2 por un total otros $145.775 millones, ambos con vencimiento previsto para el próximo jueves.

Dichas ofertas representaron un total nominal $273.972 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 357.836 millones.

En la operación el Tesoro ofreció dos canastas de instrumentos compuestos por distintas combinaciones de Letras a Descuento (Ledes) y ajustable por CER (Lecer) en conversión por la LEDE S30J2 y la Lecer X30J2.

El próximo jueves 30 de junio, el Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $605.886 millones, que luego de esta operación, logró reducir los vencimientos proyectados a $248.000 millones.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, este jueves se efectuará la Segunda Vuelta, en donde el monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta y por el monto total en circulación de las Ledes y Lecer que se licitan en conversión.

La próxima licitación tendrá lugar el martes 28 de junio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.

Con información de Télam

Nuevos acreedores se sumaron al último período de aceptación de ofertas del canje de bonos en manos privadas, por lo que se logró elevar el porcentaje de aceptación del 99,65% a un 99,75% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles.

El Ministerio de Economía informó hoy que, de este modo, “se concluyó el proceso de canje local de deuda y se completó el proceso de restauración de la sostenibilidad de la pública instrumentada en títulos denominados en moneda extranjera”.

Durante el período denominado “Tardío de Ofertas”, finalizado el pasado martes 30 de marzo, “cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación”.

El total de la deuda elegible (títulos públicos emitidos bajo ley local) totalizaba unos US$ 41.433 millones, permitiendo de este modo alcanzar un inédito porcentaje de aceptación del 99,75% del total de tenedores.

El universo de títulos elegibles remanente alcanza los US$ 103,6 millones de valor nominal.

“En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir”, destacó la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado.

Según el Palacio de Hacienda, “el canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación”.

Recordaron que a fines de agosto de 2020, el Gobierno cerró el canje de deuda pública externa bajo ley extranjera, lo que permitió generar un alivio cercano a los US$ 35.000 en un período de 10 años.

En tanto, el mes pasado se aprobó el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones tomada en 2018.

Tras concluir las negociaciones con el Fondo, el 22 de marzo pasado el país consiguió, además, la extensión del puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración definitiva antes del 30 de junio.

DA con información de Télam