Después de seis meses de debate y ocho jornadas de audiencia pública (no vinculante) donde plasmaron su mirada cientos de vecinos, la Legislatura porteña convirtió en Ley el nuevo Código Urbanístico (CUR). 

El proyecto obtuvo 31 votos positivos del bloque de Vamos por Más, de Confianza Pública, la UCR, el Socialismo, Republicanos Unidos y un sector de la bancada libertaria que responde a Ramiro Marra; mientras que en contra se manifestaron 11 diputados: tres del Frente de Izquierda, tres alineados con Patricia Bullrich y los restantes de LLA referenciados en Pilar Ramírez. Los 18 legisladores de Unión por la Patria se abstuvieron.

Según se desprende del texto acordado, se impondrán mayores limitaciones a las alturas máximas en barrios residenciales de la ciudad y se sumará una herramienta que posibilitará a los desarrolladores levantar metros en zonas de alta densidad si invierten en barrios del sur.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la aprobación con un mensaje en las redes sociales. “El nuevo Código va a ser clave para que fomentemos el equilibrio de la Ciudad y para que sigamos promoviendo el desarrollo del sur, con más y mejores incentivos para quienes decidan invertir en esa zona. También vamos a priorizar los grandes desarrollos en las avenidas para cuidar la fisonomía de las calles más chicas y tranquilas”.

De acuerdo a sus promotores, el nuevo Código crea un sistema de incentivos para el desarrollo constructivo de la zona Sur, históricamente postergada. Así, quienes construyan edificios para viviendas en determinadas áreas de esa parte de la Ciudad verán reconocida esa capacidad constructiva en determinados corredores de la zona norte. Además, promueve áreas de desarrollo prioritario, como Constitución, Flores y Nueva Pompeya, para poder buscar soluciones particulares a problemas específicos.

En la versión final del proyecto, se incorporaron de manera más detallada herramientas que eran imprecisas en la primera sanción. Entre las principales medidas, destacan la ampliación de la capacidad constructiva, la creación de áreas prioritarias de desarrollo y zonas destinadas a la promoción de espacios verdes, la limitación de altura de las construcciones a 9 metros en más de 400 pasajes, y la inclusión de directrices para la reurbanización de barrios populares.

La capacidad constructiva adicional (CAC) busca promover el equilibrio urbano mediante la revitalización de áreas en el sur de la ciudad, incentivando a los desarrolladores a invertir en estas zonas, denominadas “emisoras de metros”. A cambio, los desarrolladores reciben beneficios para realizar proyectos inmobiliarios en áreas con mayor densidad urbana, conocidas como “receptores de metros”. Los beneficiarios de metros incluyen también a aquellos que realicen obras de restauración y adecuación tecnológica en inmuebles de valor patrimonial que se encuentran deteriorados o en abandono debido a los altos costos de mantenimiento de estas construcciones antiguas.

La reforma se presenta tras una primera aprobación por parte de la Legislatura a finales de septiembre, respaldada por los votos del oficialismo y sus aliados. Además, fue debatida en una audiencia pública no vinculante que se extendió por ocho jornadas, donde los representantes barriales manifestaron su rechazo a varias de las medidas propuestas en la nueva versión del texto.

Adriana Rofman y Juan Graña, del Grupo Paternal –que participó de las audiencias públicas con sus objeciones a la normativa– consideran que la reforma del CUR significa un retroceso en términos de planificación urbana inclusiva, democrática y sostenible. “En primer lugar, este CUR no sigue pautas básicas de planificación, que consisten en evaluar lo actuado para planificar cómo mejorar. El Código vigente se aprobó en el 2018 a partir de la mayoría propia del PRO. Ahora se propone una modificación pero no se presenta evaluación alguna: ¿qué impacto ha tenido, qué problemas ha generado y qué efectos positivos ha tenido? Sin evaluación de su impacto, estamos reformando a ciegas”; apuntaron.

En segundo lugar, señalan que se trata de una propuesta que no toma en cuenta criterios básicos de gestión democrática ya que no cumple con un requisito mínimo, establecido normativamente en el propio GCBA: la actualización previa del Plan Urbano Ambiental (PUA), lo que figura explícitamente como primer artículo del proyecto en debate. 

“No sólo es un reclamo nuestro, el propio Gobierno de la Ciudad reconoce la necesidad de su actualización, ya que lanzó el proceso de revisión en 2020 y aún está abierto. Además, el PUA actualmente en vigencia fue elaborado en 2008, cuando las consideraciones en torno a las condiciones ambientales y el cambio climático eran muy diferentes a las actuales ¿Cuál es el apuro en reformar el CUR si no se evaluó el vigente ni se actualizó el PUA que es un requisito?”, apuntan. 

MT

El auditorio de PROA está repleto. Lo colma un público expectante que llegó a esta sala de La Boca para pensar un tema que no suele atraer multitudes: cómo los problemas sociales y ambientales golpean nuestras ciudades. Es que en el elenco de expositores hay una estrella, Paulo Tavares. Un urbanista cuyo campo de acción es tan diverso como los territorios que estudia; un cruce entre artes visuales, investigación, escritura, defensa de derechos, y su carrera de origen, la arquitectura.

Nacido hace 44 años en Campinas y residente en Brasilia, el arquitecto visita por segunda vez Buenos Aires, ciudad que conoció recién hace dos años. Pero viaja lejos y seguido. Como con el proyecto Terra sobre comunidades originarias y afrobrasileñas, que le valió a él y a Gabriela de Matos un León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023. O para ser co-comisario en la Bienal de Chicago cinco años atrás. O para asesorar en la curaduría de la Bienal de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) el año pasado.

Este viernes llegó a Buenos Aires desde Santiago de Chile y a las pocas horas ya estaba respondiendo preguntas. La ocasión fue la entrevista que dio inicio al seminario “Política y poética del territorio”, organizado por Fundación Proa y Caja Negra Editora, y la excusa fue la publicación del último libro de Tavares, La naturaleza política de la selva, por esa misma editorial.

Horas después, se sienta con elDiarioAR para mostrar cómo la arquitectura ejerce violencia pero también es capaz de reparar. Se despacha sobre el hipercontrol en espacios urbanos tras la pandemia. Y explica por qué el acceso a la vivienda es la verdadera política de sostenibilidad, y no plantar un par de árboles o construir edificios “verdes”.

–Muchos arquitectos suelen bromear sobre que no les gusta leer ni escribir. Pero usted escribe, investiga y teoriza. ¿Cómo fue su acercamiento a la escritura desde la arquitectura?

–El hecho de que los arquitectos se rían de que no leen y no estén interesados en teoría me parece un problema grave y quizás por eso vemos tanta arquitectura mala hoy en día. Yo intento entender la arquitectura como una práctica expandida, como un campo de conocimiento que trasciende lo que se construye. Grandes arquitectos como Le Corbusier o Lina Bo Bardi escribían y publicaban. Lúcio Costa, uno de los arquitectos que planificaron Brasil, tiene un gran trabajo teórico. Son textos fundamentales para comprender la cultura moderna. 

–En la entrevista de ayer usted mencionó la necesidad de una teoría sobre la violencia poscolonial y la arquitectura de reparación de esa violencia. ¿Por qué hace falta teoría?

–Porque cuando hablamos de arquitectura, de la ciudad y del espacio, no nos referimos a una disciplina sino a la cultura en sentido amplio. El arte, la política y el conocimiento acerca del mundo se dan a través de los espacios. La arquitectura permite pensar la sociedad, transformarla e incluso repararla. Por eso es importante un abordaje teórico historiográfico. 

–¿Qué es la arquitectura de la reparación?

–En la historia de la arquitectura hay una visión optimista según la cual el planeamiento urbano va a traer civilización, progreso, desarrollo o, como se dice ahora, innovación. Pero si miras la historia, ves que muchas veces pasa lo contrario. Con la arquitectura también se ejerce violencia y exclusión. Primero hay que reconocer eso para después pensar la arquitectura en su dimensión ética y política, como forma de reparación de las violencias estructurales de la sociedad contemporánea. De esa forma puede analizarse cómo y dónde actuar para ir más allá de ese velo de desarrollismo y progreso, términos ideológicos que, en el fondo, sólo sirven para esconder la violencia que la arquitectura ejerce.

–¿Hay ejemplos actuales de esta arquitectura de la reparación?

–Sí. Uno es el debate acerca de la restitución de colecciones desde los museos hacia sus orígenes. Otro son las grandes manifestaciones antirracistas y anticoloniales de 2019 y 2020, como el estallido social en Chile, o el reimpulso del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd. En ambos casos se cuestionaron monumentos, que son memoria hecha arquitectura. También hay una economía del ambiente construido que piensa en la restauración, como la cuestión de los ríos urbanos. Antes se canalizaban para controlarlos. Hoy se busca que vuelvan a su cuenca, para reparar un daño hecho bajo una idea de planeamiento muy violento y top-down [de arriba hacia abajo].

–Al mismo tiempo, llegaron al poder Bolsonaro primero y Milei después. ¿Cómo se enmarca el trabajo de recuperación cuando hay líderes que, entre otras cosas, niegan el cambio climático?

–Creo que hay que seguir caminando con estas agendas sabiendo que va a haber resistencia a ellas, porque en definitiva la política es conflicto. Más allá de eso, me parece que la pandemia y la digitalización del mundo cerraron muchas puertas de diálogo y el conflicto se volvió muy violento y tóxico. Hoy es necesario abrir espacios de diálogo, principalmente con camadas de la sociedad que ven al progresismo como una especie de ataque a la sociedad, desconectado de la vida cotidiana. También hay que hacer una autocrítica, sobre todo a la idea de cancelación, muy conectada con ese ambiente de odio de las redes sociales. Eso cerró muchas puertas. Frente al ascenso de un nuevo conservadurismo extractivista, tenemos que pensar cómo construir nuevos espacios políticos. Hay que salir un poco de las redes y volver a la ciudad.

–¿Cómo cree que esa digitalización impactó en nuestra forma de habitar la ciudad concretamente?

–Cuando empezó, se pensaba que los medios digitales harían un mundo más democrático y transparente, porque el mundo mediático ya no sería más controlado por grandes corporaciones y tendríamos acceso directo a la información. Pero ocurrió lo contrario. Cada vez sabemos menos qué es verdad. En un segundo momento, eso se conectó con la pandemia y el trabajo de los arquitectos en relación a ella. Había una apuesta de que acelerar la digitalización del mundo nos permitiría controlar la pandemia mucho más fácil. Por eso se crearon apps para saber dónde estamos y a qué distancia. En otras palabras, se aceleraron procesos que contribuyeron al hipercontrol de los espacios urbanos. Al final en pandemia la desigualdad creció. Así perdimos una oportunidad de pensar en ciudades más igualitarias porque se apostó mucho a la innovación tecnológica. Necesitamos una innovación diferente, que promueva derechos y cooperación en lugar de control y exclusión.

–¿Qué piensa del concepto de sostenibilidad en este contexto?

–Es un concepto importante que surgió en los 80 y 90, pero que ha sido muy cooptado. Entonces se piensa en sostenibilidad, pero lo que se hace es un nuevo proceso extractivista. El litio, que es la nueva energía del mundo, es completamente insostenible porque le saca mucha agua al ambiente. Lo que me parece fundamental en el ambientalismo y la ecología es pensar que no va a haber una restauración ambiental si no hay una reparación histórica. La protección de la Amazonia está relacionada con los derechos territoriales de los pueblos.

–Entonces, ¿cómo conectar lo ecológico con lo social?

–La política ecológica es más que plantar algunos árboles o construir edificios verdes o techos con jardines. Debería garantizar derechos básicos, como la tierra para los pueblos originarios, y el acceso a agua limpia y vivienda digna. En Brasil antes se llevaba a la gente lejos del centro, a grandes conjuntos habitacionales. Eso era completamente insostenible, porque requiere crear infraestructura, trasladar servicios, sacar las franjas naturales de la ciudad, urbanizar sobre los ríos. Hasta que [la urbanista y líder del Movimiento de los Sin Techo del Centro] Carmen Silva propuso que la gente sin casa viviera en el centro, una política fundamentalmente ecológica porque así la ciudad es más sostenible. Ahí hay más recursos naturales, no hay que invertir en tanta infraestructura y las franjas ecológicas urbanas se mantienen. Una política habitacional para la gente sin techo es fundamentalmente una política en la que se piensa en la ecología.

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Caminar es una forma de movilidad clave, pero su papel como modo de transporte suele pasar desapercibido. En la Ciudad de Buenos Aires goza de ciertos beneficios, pero también se choca contra obstáculos. ¿Son más los primeros o los segundos? Propongo esta columna como un Juego de la Oca: pensar qué pasos damos adelante y cuáles para atrás en la travesía hacia una ciudad caminable y, por ende, más humana.

No hablaré de la versión de flâneur que está de moda, ni del paseante que se sumerge en la modernidad de la ciudad como lo hacía Baudelaire. Tampoco del caminante borgeano marginal que busca en los suburbios de Buenos Aires los vestigios de un pasado rescatable. Me refiero a la caminata en tanto modo de transporte, que muchas veces puede combinarse con la recreación o el ejercicio pero cuya meta inicial es trasladarse, ya sea como modo único o para acceder a otros.

Porque acá de entrada ya arrancamos para atrás: en el discurso municipal en general la caminata es más tenida en cuenta en su rol recreativo que en su función de transporte, sobre todo en zonas menos densas de la ciudad, donde el auto para muchos es magnético y se saca hasta para ir a comprar las pastas del domingo a cinco cuadras.

De hecho, es difícil hacer un diagnóstico exacto sobre el uso del espacio peatonal porque hay menos datos oficiales. En los análisis de partición modal de viajes del Gobierno porteño, se admite que se priorizaron históricamente los de vehículos motorizados, mientras que los puramente a pie fueron los menos explorados porque son “de difícil captación”. Otro paso hacia atrás.

Pero que no decaiga. Al menos se sabe que, en el relevamiento de 2023, como mínimo un cuarto de los viajes en el AMBA se hicieron a pie, proporción apenas superada por el auto (31,6%). Un paso hacia adelante. 

Más allá de acciones individuales, también está el diseño urbano, que puede favorecer la caminata o no. Hay ciertas zonas de esta ciudad donde las áreas caminables están atomizadas y no se integran bien con otros modos de transporte. Acá ya sabemos qué prioridad gana. Otro paso hacia atrás.

En términos de diseño, paradójicamente se avanza hacia adelante si nos remontamos a siglos atrás, cuando las leyes de Indias impusieron un trazado en cuadrícula con cruces cada 100 metros. Eso favorece los encuentros, facilita la orientación de los peatones y da previsibilidad. La llanura es otra ventaja con la que cuentan varias capitales del mundo, entre ellas la nuestra. La particularidad porteña es que las veredas suelen ser amplias. Y donde más angostas son, en Microcentro, miden al menos dos metros de ancho. Tres pasos hacia adelante.

Justamente en Microcentro se implementaron años atrás obras de prioridad peatonal que recuperaron espacio para quienes caminan, con veredas más amplias y restricciones al tránsito vehicular. Sin embargo, muchas intervenciones peatonales fueron hechas con pintura y maceteros, lo que facilita su invasión, como veremos más abajo. Por ahora, vamos cinco pasos adelante y cuatro atrás. La hora, señor juez.

Luces y sombras del camino porteño

Pero el análisis aún no termina y hay que seguir caminando, aunque no siempre sea hacia adelante. Recuerdo tener que ir desde Figueroa Alcorta y La Pampa al skatepark de Costanera Norte y estar a 600 metros que a pie se convertían en media hora por la sucesión interminable de giros: desviarme 700 metros al noroeste para tomar la pasarela de Cantilo, después doblar a la derecha, subir y bajar escaleras en Güiraldes, continuar por Cantilo, hacer varios desvíos más. Muchos pasos para llegar al parque, un paso atrás para la caminabilidad.

Es que a veces el mismo transporte genera barreras. En mayor medida, con estas autopistas del norte porteño, que desconectan la ciudad de la costa y generan un contexto hostil para circular a pie. En menor medida, con las vías ferroviarias en las calles sin paso, que aumentan la distancia a recorrer. 

A no desanimarse: también tenemos arbolado público de buena calidad, que aporta sombra y frescura a los peatones. Pero hoy su estado está en declive: avanzo un casillero y enseguida retrocedo. Muchos árboles enfermos se reemplazan sin tratamiento por ejemplares más jóvenes que tardan años en crecer. Otros son podados incorrectamente. Incluso están los que rompen veredas con sus raíces y disparan reclamos vecinales que pueden durar años. 

Son justamente las veredas rotas otro gran paso hacia atrás. Su mantenimiento bajó en los últimos años, llegó a cero en los primeros meses del actual Gobierno porteño, y se deterioró considerablemente con las obras de servicios públicos que pican aceras y las cierran o reponen sin el más mínimo cuidado. Tampoco ayudan las baldosas resbaladizas, las rampas deterioradas o ausentes, y los adoquines torcidos o faltos de uniones. 

También hay obstáculos derivados de la actividad económica mal regulada. Los postes de cables aéreos complican la circulación. La expansión gastronómica sobre las veredas a veces deja poco o ningún espacio para pasar. Y los puestos comerciales generan caos, aunque muchos surjan de la atendible necesidad en plena crisis económica. 

Justamente la actual reducción de la actividad económica afecta la peatonalidad, porque se traduce en menor movimiento en la calle. Y menos vida también es menos ganas de caminar por ahí. Obstáculos más crisis: dos pasos hacia atrás.

La falta de acceso a servicios esenciales también complica el viaje hacia una ciudad más caminable. Los baños públicos ayudarían a que la gente pudiera caminar más y depender menos de volver rápido en otros modos de transporte. Tampoco hay bebederos, cuando sería ideal tener acceso a agua potable durante los desplazamientos. 

El magnetismo del auto

Cierro con el mayor combo de pasos atrás que hay: la creencia de que por tener un auto se detentan más derechos. Por un lado, el estacionamiento sobre veredas, sobre todo cuando hay recitales o partidos. Por el otro, la concepción de que la vereda es sólo del frentista, y que su función es que este pueda caminar desde su casa hasta el auto. Esto fue llevado al extremo por la llegada de la aplicación Izi Park, una plataforma para poner en alquiler espacios de estacionamiento. Entre los “spots” posibles está la vereda frente a la salida del garaje, un espacio público, es decir, de todos. 

Los autos invaden incluso las intervenciones peatonales ya mencionadas, tanto en barrios residenciales como Villa Luro y Saavedra, como en las transitadas Diagonal Norte y Sur. Así, pese a los esfuerzos de gestiones anteriores, los peatones terminan bajando a la calle.

Por último, está lo que implican los autos en términos de seguridad vial, en un país donde tienen prioridad de facto. “Buenos Aires es uno de los pocos lugares en el mundo en que los que caminan deben pararse para dar el paso al vehículo, y no al revés”, lamentaba el fallecido Alberto Silveira, presidente de Luchemos por la Vida.

Resultado final: 6 pasos hacia adelante y 13 para atrás. La Ciudad de Buenos Aires ganó caminabilidad posiblemente más que ningún otro centro urbano del país. Pero esos avances todavía son superados por pisadas en contrario. Si se quieren dar pasos firmes hacia un futuro más caminable, hay que replantear prioridades, hacer cambios duraderos y, sobre todo, cambiar de mentalidad.

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Un caos de cables cuelga entre los postes, se divide en lianas que nutren más marañas, cruzan la calle, forman círculos, tapan cielos o ventanas. Algún cable queda suelto, un origen sin destino. Un par sostiene palomas o claveles del aire. Alguno lleva una rata a un balcón. No es un barrio informal: es Ciudad de la Paz y Congreso, el límite entre Belgrano y Núñez.

Todos los días vemos esos cables, poco recordamos quiénes lo instalan o por qué lo hacen ahí. Pero muchos tenemos WiFi o tele por cable en casa y sabemos que la conexión termina en ese enjambre. Yo misma ignoraba hasta esta columna que hace tres décadas había una norma que los mudaba bajo tierra. Pronto descubrí que es más fácil desenredar esa madeja cableada que la de sus actores, leyes y responsabilidades.

No es sólo la contaminación visual que limita miradas, oculta fachadas detrás de sus postes o arruina fotos de la ciudad argentina más turística. No es sólo que esos postes pueden complicar la accesibilidad. No es sólo que una tormenta tira uno y se cae un servicio. El problema del cableado aéreo es todo eso pero, sobre todo, es su terquedad. La caída de un plan que buscaba exterminarlo. Y el hecho de que recién puedo escribir esto ahora porque ya no trabajo en un multimedio con telcos.

En red o enredados

Pese a su omnipresencia, hay poca información sobre el cableado aéreo. Por eso les pregunto a todos los historiadores porteños que conozco. Al final quienes llegan a mi rescate son el licenciado en Diseño del Paisaje Fabio Márquez (@paisajeante) y el arquitecto Marcelo Magadán, especializado en restauración de edificios históricos. 

Márquez recuerda cómo, en el 83, el cableado de TV fue avanzando desde el norte del Gran Buenos Aires hacia la Capital Federal. Magadán suma que, antes de ese tendido, había uno telefónico y otro de telegrafía que vinculaba edificios. Entre los setenta y los ochenta, la falta de líneas telefónicas era tal que se montaban sistemas “punto a punto” entre distintas oficinas de una misma empresa. Una década después llegaría la regulación de avanzada que buscaba matar ese tendido aéreo. Al final a la que mataron fue a esa regulación.

Paradójicamente, hace un siglo estábamos más evolucionados en este aspecto. El servicio de electricidad domiciliaria se iba soterrando a medida que avanzaba la urbanización. En esos tiempos era más sencillo el proceso, porque la ciudad estaba en desarrollo, ampliando sus avenidas y construyendo nuevos modelos de calles, con el subsuelo absolutamente libre, como bien recuerda Márquez. Pero, además, era un tendido muy distinto al de las telcos, porque iba pegado a las fachadas por encima de la planta baja. 

Era por abajo

El marco normativo es mucho más limitado que el tendido que pretende regular. Por eso hay cada vez más cables surcando el cielo porteño. Y, por eso, los millones de hilos de cobre están siendo reemplazados por fibra óptica sin cambiar su aérea ubicación.

La ordenanza que exigía soterrar el cableado, la 48.899, estuvo vigente hasta inicios de 2006. Decía que el tendido aéreo tenía que pasar a ser subterráneo o ir por los pulmones de manzana en un plazo de entre 12 y 36 meses según la zona. Fue desbancada por la ley 1.877, que prohíbe los cables aéreos sólo en el Casco Histórico y el Microcentro, aunque igual incluso ahí sigan existiendo. 

Esa ley también proyectó que se instalaran cables subterráneos para nuevos prestadores pero “contempló la continuidad del tendido aéreo para el caso de las redes que ya había y estaban operativas”, me apunta Diego Varela, asesor jurídico en Telecomunicaciones, al que recurrí para chequear que yo estuviera interpretando bien la maraña legal. 

En otras palabras: se les permitió seguir arriba a los tres prestadores de TV por cable de mayor antigüedad. Si eras nuevo, tenías que instalar tus redes sólo por abajo, y con la correspondiente autorización. Esto último tampoco pasó.

Mientras tanto, el Código Urbanístico prohíbe cables aéreos sólo en algunas zonas, como las Áreas de Protección Histórica (APH). Y la reciente resolución 459 sobre apertura de vía pública habla poco de este tema: apenas establece que el Gobierno porteño –si quiere– puede pedir proyectos de soterramiento de redes aéreas donde se hagan obras públicas.

Ahogada la pretensión de que grandes empresas usen parte de sus millones para soterrar, lo único que nos queda es el control del tendido existente. El lugar que ocupan esos cables también es espacio público, y no sólo el tramo aéreo sino las columnas que lo encauzan. El control de ese espacio está a cargo de la Dirección General Fiscalización de la Ciudad. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) entra recién cuando se afectó la calidad del servicio. Y, cuando lo hace, sólo puede intimar a regularizar. 

Mientras tanto, se acumulan los reclamos, que en el mejor de los casos terminan en una resolución particular. Ya son 350 los que recibió por este tema el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad en lo que va del año. Son por cables cortados, cajas abiertas o columnas caídas, torcidas, demasiado bajas o con agujeros por corrosión. En esos casos, el ente labra actas al Gobierno de la Ciudad y a la empresa involucrada, pero no puede hacer mucho más.

Esta maraña de normas y cables es otra forma que tiene la ciudad de gritar negociado y precariedad. De decir “Lo atamo’ con alambre” de manera literal. De pincharles el globo a los que señalan europeidad al mirar nuestras cúpulas, pero se encuentran con la interferencia de una enredadera eléctrica. “Tercermundismo”, dirá más de uno, pero en otros puntos de la región hay programas para deshacerse del tendido, al menos del que está en desuso, como los de la Municipalidad de Salta y los Gobiernos de Chile y Perú.

Cuánta falta hace pensar cómo protegernos de este uso arbitrario del espacio público, hecho por privados y sin consentimiento. Es la paradoja de vivir en una ciudad con poder y recursos como para poder dedicarle a la infraestructura grandes esfuerzos, que al final terminan arruinados por no hacer escuchar todos sus derechos.

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Diez bancos públicos y privados presentaron en el último mes distintas líneas de créditos hipotecarios para la compra de viviendas, entre otras operaciones inmobiliarias, con una tasa que rondará entre 3,5% y 7% y que se ajustarán por medio de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un registro que evolucionará en función del índice de inflación.

Esta situación, considerada “espectacular” por el ministro de Economía, Luis Caputo, revive de algún modo lo ocurrido en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, que sin embargo resultó en una experiencia traumática para miles de familias que tomaron aquellos créditos y hoy padecen serios problemas para pagar la deuda, ajustada a una inflación de 554% en los últimos siete años. 

En un escenario de suba desmesurada del valor de los alquileres y de dificultades habitacionales, los nuevos créditos hipotecarios aparecen como una oportunidad para revitalizar el sector inmobiliario porque permitirán no sólo la compra de una primera vivienda sino la construcción, refacción y ampliación y hasta la adquisición de una segunda casa o departamento.

“El crédito hipotecario es uno de los pilares de este gobierno. Que a apenas 5 meses de haber asumido, y considerando (que) estábamos más cerca de un híper que otra cosa, los bancos ya estén impulsando fuertemente estos créditos es una noticia ESPECTACULAR!!”, escribió días atrás el ministro Caputo en su cuenta de la red social X para referirse al lanzamiento de las propuestas hipotecarias.

Hasta el momento las entidades que anunciaron las líneas crediticias son los bancos Nación, Hipotecario, Ciudad, Supervielle, Santander, ICBC, Macro y los provinciales de Córdoba, Corrientes y Neuquén. Esta decena de entidades presentó diversos tipos de tasas, beneficios, montos, requisitos y condiciones para atraer a los interesados. Por ejemplo, el Macro se enfocó en un ofrecimiento específico para personas de hasta 30 años, a quienes propuso una línea de crédito sin monto máximo y con un plazo de pago que puede llegar hasta los 20 años. Otros bancos, sin embargo, no fijaron un tope de monto para el crédito, aunque por el momento solo el Banco de Córdoba propuso una financiación de hasta 100% de la operación. Las tasas de interés ofrecidas, en tanto, varían entre 5,5% y 7,5% del valor escriturable del inmueble.

“La señal del lanzamiento de los créditos UVA es muy buena y es el primer paso importante para que exista posibilidad de comprar con algún tipo de herramienta crediticia. Después deben darse otras condiciones para que esto se convierta en operaciones concretas, entre ellas la estabilidad cambiaria, mejoras en el salario real y una inflación moderada”, dijo a elDiarioAR María Soledad Balayan, licenciada en Economía Empresaria y titular de Maure Inmobiliaria. 

Balayan indicó que para las personas que tienen ahorros pero no llegan a adquirir un inmueble “por poca diferencia, esta herramienta se lo puede permitir en lugar de seguir destinando el dinero a un alquiler”. Sin embargo, consideró que “por el momento, el segmento de la sociedad que pueda acceder a los créditos no va a ser muy amplio” porque “como mínimo se necesita sumar $2 millones como ingreso neto y una situación financiera y crediticia impecable”.

“Para mí ese es un condicionante importantísimo para poder aplicar a un crédito de ese tipo, además de la inestabilidad laboral de mi profesión”, contó a elDarioAR Damián, que alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Villa Crespo y es diseñador gráfico. En una situación similar se encuentra Brenda, que alquila una vivienda de dos ambientes en el barrio de Flores y que “ni siquiera juntando” su salario y el de su pareja alcanzan a sumar el ingreso salarial que es condición para acceder a los créditos. Las propuestas, entonces, “no resultan muy accesibles” hasta el momento, “pero a medida que se vaya acomodando la economía, los precios relativos, mejoren los salarios, será cada vez más accesible. Es un buen primer paso”, consideró Balayan.

El jueves 23 de marzo de 2017 el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, encabezó en el Palacio de Hacienda un encuentro para anunciar, junto a los presidentes de los tres bancos públicos (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad) las características de las líneas crediticias para el acceso a la vivienda de las personas con ingresos medios. “Este proceso de recuperación del crédito va a tener un impulso enorme con estos créditos hipotecarios y vamos a desarrollar un mercado aún más grande en la medida que se sume la banca privada”, dijo Caputo en aquella ocasión.

–¿Encuentra alguna diferencia con relación a la primera versión de los créditos UVA? –le preguntó elDiarioAR a Balayán. 

–En aquel momento el monto máximo de financiación era menor, pero con precios de inmuebles muchos más caros. En el último tiempo los valores cayeron un 40% en dólares y en términos reales, por lo tanto hoy se puede acceder con una financiación a una mayor proporción de inmuebles. Actualmente hay más oferta que en aquel momento, pero estuvimos viviendo meses de altísima inflación y eso debe ser una alarma para quien tome el crédito, porque más allá de lo que pase en la economía en los próximos dos o tres años, el plazo del crédito elegido, si es mayor a diez años, implica mucha incertidumbre.

–La primera versión de los créditos dejó a varios miles de personas con hipotecas cuyo pago, según afirman, son imposible de cumplir. ¿Esta nueva herramienta podría tener una consecuencia similar? ¿Cómo podría evitarse en todo caso?

–Todo sistema de crédito tiene siempre un porcentaje mínimo de personas que quedan descalzadas de los pagos, en algunos casos por circunstancias personales que cambian la economía del grupo familiar o por malas decisiones. Se sabe que los créditos UVA no escaparon del porcentaje estadísticamente lógico de deudores; incluso, dicen que fue menor al que se da en créditos personales.Quien conoce de historia económica argentina y entiende de probabilidades debía haber incluido en las posibilidades una disparada inflacionaria en algún momento que podía complicar la situación de pago durante la vigencia del crédito y contar con un plan de acción para esos casos. Para evitar esto, o al menos minimizar los problemas en el futuro, es muy importante tener clara la estabilidad laboral e ingresos que pueden recibirse de acá en adelante y un resguardo de capital o reserva de al menos seis meses para caso de emergencia.

“Nadie les puso una pistola en la cabeza”

“Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora, como el resultado es adverso, quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que saquen el crédito UVA”. En noviembre pasado, solo 20 días antes de asumir la presidencia, Javier Milei expuso en una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias (TN) su posición frente al pedido de quienes clamaban por una ayuda del Estado para pagar sus deudas hipotecarias. La situación de esas personas, estimadas en 100.000, fue empeorando desde ese momento porque la inflación trepó en el último semestre a 91%. En esa misma entrevista, Milei opinó que los tenedores de créditos UVA tomaron esa herramienta en función de un diferencial de tasa de interés. “Si yo decido tener una vida temeraria y, como consecuencia de ello, tengo una lesión, ¿es correcto que les pase las cuentas a ustedes?”, se preguntó el entonces mandatario electo. 

“Milei está mal informado. No se está pidiendo que el Estado ponga plata. Los créditos UVA constituyeron una política de acceso a la vivienda y el Estado nos tiene que garantizar poder pagar”, respondió en aquel momento Paola Gutierrez, referente del Colectivo Nacional de Hipotecados UVA. La agrupación nació hace algo más de un lustro y representa a miles de familias que se encuentran ahogadas financieramente por los créditos. “Tenemos gente que hace un año que no paga o que ya no puede pagar más porque perdieron su empleo. Esta situación puede empeorar porque la tasa de desempleo, según distintas estadísticas, se está incrementando”, dijo Gutiérrez a elDiarioAR.

La consultora Opina Argentina difundió días atrás un estudio, elaborado entre el 30 de abril y el 4 de mayo, en el que destacó que cada vez más las personas tienen miedo de perder su trabajo. El relevamiento indicó que el 55% de los encuestados le teme al desempleo y que quienes habitaban en el Área Metropolitana de Buenos Aires son quienes más están preocupados en ese sentido (59%). A nivel nacional, Opina Argentina mencionó que por primera vez desde que lleva adelante estas encuestas, la desocupación se encuentra en el mismo nivel que la inflación (29%) como uno de los principales problemas de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación llegó al 5,7% en los últimos tres meses de 2023 y en esa situación se encuentran 820.000 trabajadores situados en la población económicamente activa. La cifra no alcanzó a tomar en cuenta los varios miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno en la Administración Pública Nacional (APN) y otros organismos estatales, como también en empresas.

“Nosotros estamos pidiendo que una persona que sacó un crédito a 30 años tenga seis meses de gracia para pagar la cuota si perdió su trabajo. No solicitamos que le perdonen la deuda, sino que se contemple esa situación de inestabilidad laboral. Y en este contexto, las familias tienen que tener muy en claro cuánto van a pedir y, en lo posible, que la cuota no supere el 18% o el 20% de tu salario mínimo”, comentó Gutiérrez. 

Para la referente Hipotecados UVA es “una irresponsabilidad bastante grande” por parte del gobierno nacional lanzar por segunda vez una herramienta como los actuales créditos hipotecarios cuando todavía “no se pudo solucionar nuestra situación”, evaluó. Además, hizo una comparación con la primera versión de la medida: “En 2007 la tasa de interés era de 3,5% y ahora puede superar el 7% más una inflación interanual en abril de 289%”. Gutiérrez también alertó que si una persona interesada en tomar un crédito no cuenta con un monto salarial suficiente para alcanzarlo puede incorporar hasta dos codeudores. “Un codeudor no es un garante. Esa persona va a estar atada a tu hipoteca con sus ingresos durante 30 años”, indicó.

Los créditos UVA se denominan de ese modo por las siglas de “Unidad de Valor Adquisitivo”, una medida establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuyo valor se actualiza según la inflación por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los Hipotecados UVA proponen, en cambio, que en lugar de tomar como referencia el nivel de inflación se haga por medio del índice Casa Propia, un coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el de la inflación del mismo período.

En julio de 2023, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, donde todavía fue tratado en el recinto, un proyecto de ley que atiende la situación de los tomadores créditos hipotecarios UVA. La iniciativa, llamada Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios UVA, establece límites a las cuotas de los deudores hipotecarios -no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores-, fija que la actualización mensual del saldo del capital se calculará sobre la base de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares sobre aquellas viviendas adquiridas por medio de este tipo de créditos. Un grupo de los Hipotecados UVA marchó semanas atrás hacia el Senado para reclamar el tratamiento de la iniciativa. Algunos legisladores del PRO y la UCR les aseguraron que en poco tiempo plantearán el tema en la Comisión de Presupuesto para luego llevarlo al recinto. El debate del proyecto parece complicado porque la prioridad en el Senado es la discusión de la Ley Bases. Si no es tratado antes de noviembre próximo, perderá estado parlamentario.

“Nosotros pretendíamos que la ley no tomara como indicador el RIPTE, sino el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado. Pero, ante la nada, preferimos que avance la ley y luego pedir los cambios que consideremos”, dijo Gutiérrez.

Los dueños de la viviendas en la Ciudad

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó en un informe que el 96,5% de los propietarios de viviendas en la ciudad de Buenos Aires son personas físicas y apenas el 3,5% son personas jurídicas. Sin embargo, estas últimas entidades poseen el 11,9% de las propiedades porteñas, indicó el estudio titulado “Los dueños de la Ciudad”, que aporta datos sobre las características de las personas propietarias en la capital del país.

Según el documento, en la ciudad de Buenos Aires el 40,3% de los hogares está compuesto por personas que viven en una vivienda de su propiedad, un porcentaje que viene en descenso sostenido desde 2003, cuando representaba un 65,5% de los hogares. Por el contrario, la cifra de quienes alquilan es 38,9%, “la más alta en décadas”, afirma ACIJ. 

“Esta dinámica se da en un período en el cual la población de la Ciudad permaneció relativamente estable y la construcción de viviendas creció de forma continuada”, agrega. A partir de datos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el 10% de las personas propietarias físicas y jurídicas de la CABA con más inmuebles concentra el 33% del total de las propiedades de la ciudad, mientras que el 1% concentra el 12% del total. En tanto, el 10% de las personas físicas y jurídicas que más valuación fiscal acumula concentra el 60% del valor fiscal total del territorio porteño y el 1% de los que mayor valor posee concentra el 35%.

GT/DTC

A la distancia, parecen várices en el cielo. Así describe Ángel Espíndola, de 36 años, a los relámpagos que ve desde la entrada de un edificio en desuso sobre Avenida de Mayo y Piedras, en el centro porteño, donde duerme y se refugia de la lluvia. “Me despierto con los truenos a la madrugada”, dice Ángel. Está en situación de calle desde hace diez años. Su familia, cuenta, vive en San Fernando, en la zona norte de Buenos Aires. Tiene una hija, Lucía, en Pilar que ve poco. Es miércoles y apenas llovizna. Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (MSN), sólo el martes cayeron más de 130 milímetros de agua, el equivalente a la cantidad de precipitaciones que suele haber para todo el mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Pero a Ángel esto parece no importarle. Está sentado, ahora, sobre México y 9 de julio, fumando un cigarrillo. A su derecha, una bolsa blanca con un termo y un mate. A su izquierda, otra con cartón y aluminio, materiales que junta y vende. “Con el mate caliente y la bolsa llena para vender, estoy tranquilo”, dice. 

La lluvia, cuenta, no le molesta. Los truenos, por otro lado, lo estremecen. “Me perturban”, señala Ángel. Prefiere estar solo que compartir “una ranchada”. “Muchos no están bien de la cabeza y es para problemas”, cuenta el joven. Tampoco le gusta dormir en los paradores del Gobierno porteño. “Hay muchos robos y maltrato”, dice. Esta parte de la ciudad, explica Ángel, tiene edificios antiguos con toldos amplios. “Apenas me mojo”, dice. Aún no lo sabe, pero por la noche “las varices en el cielo” tronarán de nuevo. La lluvia no da tregua. La calle tampoco.

Los ladridos de Tiburón, el perro de Diego Príncipe, de 49 años, son constantes. Diego levantó un pequeño refugio con bolsas de consorcios y otros materiales en Chile y 9 de Julio, una carpa rudimentaria sobre la vereda que le da cierta privacidad a la hora de acostarse. Duerme en esta parte del centro porteño con Andrea, su pareja, que ahora descansa adentro. “Debe haber pararrayos en los edificios porque es verdad que se escuchan mucho los truenos”, aclara Diego. Pasa sus noches a la intemperie desde hace tres años.

El Gobierno de la Ciudad, cuenta, le había gestionado un subsidio habitacional en un hotel familiar, pero la convivencia con el resto de los inquilinos lo “expulsó” de nuevo a la calle. “Son lugares de muchos quilombos”, explica. “No podes juntar a personas con tantos problemas en un mismo lugar”. La lluvia lo incomoda, pero solo en invierno. Con esta temperatura, dice, hasta le resulta “agradable”. Los vecinos, además, suelen asistirlo cuando le falta algo. Sobre todo con Tiburón, su mascota. “Lo cuidan como si fueran suyo”, cuenta. Desde el año pasado, Diego ve cada vez más personas durmiendo en la calle. “Soy respetuoso con lo que hace el Gobierno para ayudar, pero a veces uno está mejor solo”, señala, en referencia a los paradores estatales. Ahora Diego se sienta sobre una silla azul. Tiburón se acerca hasta su regazo. Mirar la lluvia y esperar. Junto a su perro y su compañera. A veces, no se puede hacer otra cosa.

La cifra récord de lluvia, explica el SMN, no se registraba desde 1994. Y afectó especialmente a barrios de como Mataderos, Villa Soldati y Barracas. Los mismos tienen una misma problemática dentro de la ciudad: un reclamo constante por la urbanización.

El museo de las “obras inconclusas”

Son cuatro. Ya no están. Fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. Pero hay un recuerdo. Un legado que siguieron otros. Un libro de actas escrito y firmado por vecinos a mano. Una página amarillenta, fechada el 3 de julio 1985, que dice: “Siendo las 23.30 ha empezado la reunión en el galpón. Contando con presencia de los vecinos del barrio se trató de la colocación de los barrios de la obra sanitaria que falta terminar. También el problema de luz y la visita del consejero vecinal don Roberto Sposto”. 

Treinta y nueve años después de ese escrito, en el Museo de la Memoria que funciona en la casa de Lola Cohoner, en la villa 21-24 de Barracas, los problemas urbanos del barrio son los mismos. O peores. “Mis padres integraron uno de las primeras juntas vecinales que se dedicaban a tratar de urbanizar la villa”, cuenta Lola, de 38 años. Lola, junto a otros compañeros, juntaron todos los libros de actas y documentos referidos a tratar el acceso de los servicios públicos. La primera junta estaba integrada por cuatro vecinos desaparecidos por el terrorismo de Estado. La segunda, la de sus padres, continuó ese camino. “Hoy nos toca a nosotros seguir el reclamo”, dice Lola. 

La lluvia de los últimos días afectó drásticamente al barrio ante la postergación histórica que sufren los más de 100.000 vecinos de la 21-24, ante el freno de las obras fluviales por parte del Gobierno de la ciudad. “Las obras que empezaron taparon las bocacalles”, señala Alejandro Rivero, comunicador popular del medio digital Mi ciudad: la 21-24. “Y cuando se cortó el presupuesto del gobierno nacional, los obreros se fueron, pero no destaparon las bocacalles, haciendo que las calles y las casas de los vecinos se inunden”, remarca Rivero. 

Otro de los conflictos urbanos es el precario tendido eléctrico en las viviendas de una de las villas más grandes de la ciudad. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4 le ordenó recientemente al gobierno porteño que presente “el proyecto eléctrico adecuado para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad existente en el Barrio 21-24 de Barracas”. La orden dispuesta incorpora, además, la participación ciudadana.

Desde 2007, los vecinos denuncian la grave situación de riesgo eléctrico que ya tuvo consecuencias fatales, como la de Gilda Olmedo Cañetes, quien murió electrocutada en 2018. Se reclama al Estado que tome “medidas integrales” para garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio. En el Museo de la Memoria de las “obras inconclusas” de la casa de Lola, el tiempo parece que no transcurrió. 

Sandra Torres no recuerda haber vivido una inundación como la del martes pasado. El agua en su casa ─una precaria vivienda a la cual se llega a través de un pasillo tan angosto que entuba la visión─, le llegaba hasta los tobillos. “Con mis tres hijos salvamos lo que pudimos y nos pusimos a sacar el agua con baldes”, recuerda Torres, que trabaja como ayudante de cocina en algunos comedores del barrio. “Con otros vecinos, destapamos las cloacas, pero es lamentable vivir así”, cuenta ella. “Es el sufrimiento de los pobres”, remarca. El olor a humedad impregnado en las paredes de la casa aún persiste. “Nos cuesta hasta respirar”, confiesa Torres. Una comunidad entera que lucha por el acceso al agua en los hogares y una vecina que pone el cuerpo para sacarla de su casa en baldes. Una postal actual de la crisis de urbanización.

Dagna Ahiba, de 52 años, no cerraba por un día completo su comedor comunitario desde hacía 12 años, ni siquiera en la pandemia. El martes, cuenta acongojada, lo hizo. “En mi casa, donde funciona el comedor, la lluvia se filtró tanto que goteaba por la llave de luz”, detalla Dagna. “No quería poner en peligro a mis compañeras, así que decidí cerrar”, agrega. Además, cuenta la referente del comedor popular, si abría las puertas, la gente iba a acercarse igual. “El hambre no sabe de peligros. Muchos vecinos iban a venir con sus hijos y por esta misma manzana hay pozos ciegos por cloacas que no se terminaron”, explica Dagna.

“Nací y me crié en este lugar. Me da mucha impotencia que, como ciudadana porteña, el gobierno discriminé a la 21-24. Pagamos los mismos impuestos que otros barrios. ¿Por qué siempre los que salimos perjudicados somos nosotros, los de la villa?”, se pregunta la cocinera, mientras hunde sus dedos en una bola de masa. 

Maximiliano Malfalti tiene 47 años y es maestro del profesorado ‘Pueblos de América’, uno de los centros educativos del barrio. Tras el temporal, decidieron suspender las clases para el resguardo de sus alumnos. “Consideramos que la educación debe ser situada y entendemos el riesgo que significa para los alumnos salir bajo la lluvia con los precarios tendidos eléctricos en las calles”, explica Malfalti. La diferencia de su enseñanza con otras instituciones, explica, es la posibilidad de continuar las clases de forma virtual. Sobre esto, el maestro detalla: “La pésima conectividad del barrio y la de los chicos, no permite ese tipo de interacción. Por eso tenemos mucho en cuenta las variables, como la tormenta, en nuestros programas. Nos adaptamos”, señala el maestro. Bajo la lluvia fina, al lado, un cartel del ahora recortado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) de la gestión anterior celebra la inauguración del edificio educativo.  “Vemos a la lluvia como una metáfora de lo que se viene con el nuevo gobierno”, finaliza Maltalti.

Los ojos del Padre Lorenzo “Toto” De Vedia son muy, muy azules. El párroco, integrante de la agrupación “curas villeros”, dice que la lluvia pone de manifiesto dos cosas. La primera, es la desidia estatal histórica en la 21-24. La segunda ─abre los ojos grandes el padre Toto─ es la unión y solidaridad vecinal. “En estos contextos, se demuestra la grandeza de los barrios populares. Vecinos colaborando con otros aun sufriendo pésimas condiciones”, explica De Vedia.

El referente religioso del barrio apuntó a la gestión de Juntos Por el Cambio por las obras no finalizadas. “Nunca se realizó la integración socio-urbana como corresponde. Las villas están desconectadas del resto de la ciudad”, puntualiza. Por eso, para la próxima marcha de la memoria del 24 de marzo, junto a otros curas villeros, quiere rendirle homenaje a todos los clérigos que “lucharon” por el barrio y su urbanización en “los contextos más hostiles”.

Atardece en la 21-24 y la lluvia no amaina. Lola Cohoner regresa a su casa empapada. Si hoy tuviera que llenar el libro de actas de la junta vecinal del barrio, como lo hicieron su padre y otros vecinos hace 39 años, podría escribir que “hoy, miércoles 13 de abril del 2024, todo sigue, más o menos, igual”.

FLD/DTC

El último enemigo del gobierno de Javier Milei son los fideicomisos públicos, a los que acusa de ser “una caja negra de la política”. Con el mismo trazo grueso con el que encaró los primeros meses de su mandato, el líder libertario encara una batalla política en la que todos los fondos fiduciarios caen en la misma bolsa.

Sin embargo, y al menos para el caso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los especialistas desmienten a Milei.

“Si hay un fondo que no fue una caja negra de la política fue el FISU. Se lo puede criticar por la falta de financiación, por los escasos recursos que le fueron dedicados, pero no por su falta de transparencia”, explicó a elDiarioAR Marcelo Corti, urbanista y editor de Café de las ciudades.

¿Qué es exactamente el FISU?

Nacida en 2019, tras el impulso de movimientos sociales y líderes barriales, se trata de una herramienta que busca financiar proyectos de urbanización de aquellos asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La creación de este registro, que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y contó con el apoyo de fuerzas políticas de izquierda y derecha, sirvió para detectar las áreas más críticas en términos de acceso a servicios básicos. Según el último informe del Renabap, entre 4 y 5 millones de personas viven en 6.467 asentamientos en los que al menos la mitad de los vecinos no tienen acceso formal a dos de los tres servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad, ni título de propiedad.

En respuesta a esta desesperante realidad, las autoridades establecieron un mecanismo para financiar progresivamente la urbanización de estos barrios informales: un fideicomiso público que recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas del gobierno de Alberto Fernández, sumado a aportes del Tesoro. Esto es básicamente el FISU.

“El FISU es, ante todo, una necesidad legal, ya que su creación fue el fruto de un acuerdo unánime de casi todos los sectores políticos, pero también una obligación moral para los compatriotas que atraviesan una peor situación habitacional”, dijo Corti. “Incluso desde el punto de vista práctico, que la gente viva en barrios mejor organizados con todos los atributos urbanos tiene efectos económicos, fiscales y de seguridad que lo convierten en algo que le conviene a toda la sociedad”.

En 2021, uno de los primeros años donde el programa funcionó a pleno (por mayores fondos provenientes del impuesto a las grandes fortunas), el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda para mujeres de barrios populares.

Según informó oportunamente este medio, el resto se destinó a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Por aquel entonces, la mitad de los proyectos se ubicaron en provincia de Buenos Aires, seguidos en número por Santa Fe, Chaco, Río Negro y Misiones. En diciembre pasado, Fernández cerró su gestión con 1.277 obras de integración y 23.909 lotes con servicios.

Números claros

A pesar de la proliferación de artículos en medios afines al nuevo gobierno que buscan echar un manto de sospecha sobre el destino de los fondos, lo cierto es que las políticas derivadas del Renabap han sido objeto de variadas auditorías externas: desde un informe de resultados hecho por CIPPEC y el Conicet hasta una evaluación de impacto a cargo del área de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el impacto real de los montos invertidos se pudo seguir mediante el Monitor de obras de Integración Socio Urbana y la transparencia en el área se extendió a los datos compartidos con la prensa. “Pocas veces me pasaron desde una oficina pública información tan detallada sobre obras, gastos e ingresos como cuando pedía datos sobre obras de integración de barrios populares que llevaba adelante el FISU”, dijo esta semana el periodista Fernando Bercovich.

Acaso por eso, y contra lo que declara su propio gobierno, cerca del flamante subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja reconocen que los fondos “tuvieron mucho vuelo en obras en los barrios y está todo en orden”, como reveló esta semana en elDiarioAR Mauricio Caminos.

Más plata, no menos

Si uno revisa los primeros años de funcionamiento del FISU va a advertir que lo que hace falta es más plata, no menos.

Un solo dato alcanza para dimensionar la magnitud del desafío. En 2019, antes de la pandemia, el ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación Sebastián Welisiejko estimó el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renapab en US$26.000 millones.

Al ritmo actual de erogaciones (en un buen año se invierten US$50 o 70 millones), se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Hay dos motivos por los cuales es importante el FISU”, explicó Welisiejko en diálogo con elDiarioAR. “El primero es para ganar escala, algo que si esto fuera un programa ministerial clásico no se podría lograr. El segundo es para alinear incentivos entre Nación y las provincias y lograr esquemas en los que todos pongan y todos repaguen”.

Welisiejko explicó que la ley que dio origen al fideicomiso le permite recibir diversas fuentes de fondeo, desde donaciones hasta aportes del Tesoro, pasando por asignaciones por tributos específicos (como el impuesto PAIS) y operaciones de crédito público en los mercados. “Todo ese espectro de capital lo concebimos para que fuera un fondo de financiamiento híbrido, bajo la idea de que solo con los aportes del Tesoro no iba a alcanzar”. En ese sentido, el economista cree que el FISU podría –incluso debería– emitir títulos de deuda o valores representativos de deuda (VRD) en el mercado doméstico, “algo que un ministerio jamás podría hacer”.

Para Welisiejko, los fondos fiduciarios forman parte de un debate más amplio sobre la informalidad urbana en Argentina. “Desde hace mucho años, este problema gira en torno a si el Estado nacional le gira o no dinero en forma de subsidios o fondos no reembolsables para urbanizar uno o dos barrios. Eso crea una cultura en la que la provincia o el municipio se desentiende por completo si los fondos de Nación no bajan. Pero ese dinero siempre va a alcanzar para muy poquito”, ilustra.

Si se sigue haciendo lo que se venía haciendo, tal vez se urbanizan 30, 50 barrios populares (sobre un total de 6.400). De allí la importancia de apalancar fondos mediante el FISU. “Más que regalarle soluciones a poquitos hay que financiarle soluciones a muchos”, concluye.

El desafío consiste en lograr un fondo revolvente, no solamente una caja donde el dinero va de un lado a otro, que no dependa mayormente de impuestos nacionales específicos (como el impuesto PAIS, que por definición es limitado en el tiempo) o de las urgencias del Tesoro. Y dado que estas intervenciones terminan generando mejoras educativas, de salud, productivas y de seguridad ciudadana en el terreno, las provincias posiblemente también deban jugar un rol.

FP/DTC

En tiempos de todos contra todos, aún subsiste una política pública que logró trascender la grieta y mejorar la vida a cientos de miles de personas que viven en los barrios más pobres de nuestro país. En tiempos donde nadie escucha a nadie, vale la pena tomarse unos minutos para descubrir esta experiencia, insuficiente pero necesaria, que en pocas horas puede ser objeto de la pulsión destructiva que se dispersa en la sociedad y la política. Lo que pido es que cuidemos una obra bien hecha de la que todos fuimos parte y que funciona desde la Córdoba de Llaryora a la Formosa de Insfrán: la política política nacional de integración sociourbana.

Contraintuitivamente, la mayor política pública de regularización y mejoramiento de barrios populares comenzó durante el macrismo. Fue jalonada por los reclamos históricos de los vecinos y vecinas más postergados y negociada de buena fe entre personas de pensamiento político diametralmente opuesto. Los interlocutores por parte del gobierno eran Rodriguez Simón, Quintana, Stanley y Torello, con la supervisión del propio Marcos Peña y supongo que también de Mauricio Macri. 

Esta negociación —de la que estamos orgullosos— nos valió agrias acusaciones de los que no entienden que la democracia constitucional implica, precisamente, salir de la mentalidad bélica amigo-enemigo y construir acuerdos por el bien común, tan distintos a los pactos de poder que muchos críticos realizan a la sombra del secretismo palaciego. 

El primer paso fue en el 2017, con la creación del ReNaBaP por un decreto presidencial. Un registro que, incorporando tecnología de punta, realizaron técnicos y relevadores en todo el territorio nacional. Fueron más de trece mil personas que detectaron, georeferenciaron y relevaron manzana por manzana, casa por casa, más de 4000 barrios populares. Este ejército de voluntarios de movimientos sociales, la ONG TECHO de mucho prestigio en el sector empresario y Cáritas Argentina construyó la cartografía de un espacio invisibilizado por el rojo-peligro. 

Se consolidó en el 2018 con la Ley de Integración Socio Urbana, presentada por Carrió, Massot y Negri, que cuando parecía naufragar por dudas del Gobierno Nacional en torno a la expropiación de los lotes donde se asientan los barrios —expropiación que finalmente se realizó en los marcos constitucionales sin una sóla reclamación sobre la sacrosanta propiedad—, obtuvimos el apoyo indispensable de Cristina Fernandez de Kirchner que la defendió frente a los propios que no comprendían la trascendencia de la norma. Luego, fue votada por unanimidad en ambas cámaras y tuvo a Silvia Lospennato y Fabio Quetglas en Diputados y en el Senado a Miguel Ángel Pichetto como impulsores del acuerdo pluripartidario. 

En esos años se pudo establecer un piso de acuerdos políticos, que se acompañó con un trabajo técnico ejemplar. Lograron algo tan básico y necesario para el Estado como es delimitar un problema complejo y planificar su resolución a corto, mediano y largo plazo. Por primera vez el Estado Nacional pudo identificar todas las villas y asentamientos del país, la cantidad de familias, suspender allí los desalojos, garantizar seguridad jurídica para habitantes y dueños de las tierras, saber qué servicios faltaban y cuánto costaba realizar las obras básicas necesarias para garantizar lo mínimo. 

En tiempos egoístas y mezquinos, un objetivo común logró unir a todas las fuerzas políticas en el Congreso y a todas las organizaciones de la sociedad civil en los territorios. 

Pero también es cierto que durante el gobierno macrista no se pudo poner ni un foquito de luz, porque faltaba el presupuesto. Se había avanzado en objetivos nobles, trazados por las propias Naciones Unidas, como la seguridad en la tenencia y el reconocimiento de la vivienda familiar, pero las obras de integración verdadera faltaban porque no se destinaba el presupuesto suficiente. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández —por impulso del propio Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán— se destinó el 9% del impuesto PAIS, y luego —por impulso de Máximo Kirchner— el 15% del Aporte de las Grandes Fortunas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

Toda la normativa creada alrededor del FISU impide que ese dinero se pueda usar para otra cosa que no sea el mejoramiento de los barrios populares y la creación de lotes con servicios para familias socialmente vulnerables. Cualquier gobierno provincial o municipal, del color político que sea, puede hacer uso de esos fondos, siempre y cuando se trate de proyectos de integración socio urbana o nuevos loteos para familias sin vivienda propia, priorizando a las que están en situación de hacinamiento extremo. Esta fue la práctica de la SISU —con la villera y catequista Fernanda Miño a la cabeza— durante el período 2019-2023. Hubo obras en distritos azules, amarillos, provincialistas, del color que fueran, en las 23 provincias + CABA , y en 241 municipios. 

Hubo una cantidad impresionante de obras, por ejemplo, en la Córdoba de Martín Llaryora. Porque en Córdoba hay 37.000 familias viviendo en barrios populares, el 59% de los barrios cuenta con conexión irregular a las redes de servicios. A partir de la inversión con el impuesto PAIS, se logró alcanzar al 10% de estos hogares, con la creación de miles de lotes con servicios, mejoramiento de viviendas y la ejecución de obras integrales 

La experiencia de Córdoba se replicó, en mayor o menor medida y con mayor o menor eficiencia, por parte de los gobiernos provinciales y locales, en todos los distritos y provincias: desde la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodriguez Larreta, hasta la Salta de Gustavo Sáenz, desde la Quilmes de Mayra Mendoza hasta el San Isidro de Gustavo Posse, hoy gobernado por Ramón Lanús, también impulsor de la ley en 2018. 

Tanto los gobiernos provinciales como locales, tanto los movimientos sociales como las organizaciones eclesiales podían presentar sus proyectos que eran perfeccionados técnicamente en la SISU y elevados al Directorio del Fondo de Integración Socio Urbana para su aprobación. No hubo una sola denuncia de corrupción o discrecionalidad. 

Del mismo modo, el programa Mi Pieza —que resolvió la situación de hacinamiento crítico de viviendas muy precarias de los barrios populares para trescientos mil hogares— abordó el problema de la discrecionalidad que genera escasez de recursos en relación a la demanda de personas en idéntica situación mediante el único mecanismo justo que inventó la humanidad ya en la antigua Atenas: el sorteo público y transparente.

Con el programa ARCAS y Lotear —que debería masificarse hasta cubrir la demanda del millón de lotes de familias inscriptas en el Registro Único de Solicitantes— se logró la creación de suelo urbano legal y con servicios para decenas de miles de familias que, de otro modo, posiblemente hubieran terminado en asentamientos precarios o estafados por loteadores como los de González Catán, arriesgando su vida y la de sus hijos, poniéndose sin desearlo en situación de ilegalidad por la imposibilidad de encontrar una vía legal de resolución de ésta necesidad básica. 

Un ejemplo de la integralidad de este trabajo lo podemos encontrar en Mar del Plata dónde se realizaron 48 obras, algunas de gran envergadura, en un municipio gobernado por Montenegro, un alto dirigente del PRO que no tiene particular simpatía con los movimientos. Es lindo el ejemplo porque a pesar de los conflictos entre las organizaciones y la intendencia —algunos incluso escalaron nacionalmente— se pudo trabajar normalmente en relación a las obras concretas. Cerca del 90% de los barrios de Mar del Plata cuenta con una obra financiada por el FISU, ya sea a través de un proyecto de integración socio urbana ejecutado por la Provincia, el Municipio o alguna de las 18 entidades de la sociedad civil presentes en el territorio o a través del programa Mi Pieza. La Ciudad también es conocida por el alto déficit habitacional que impacta de lleno en las dinámicas de la Ciudad, para revertirlo desde el FISU se financiaron seis proyectos de lotes con servicios que generaron 600 lotes con servicios, brindando acceso a la tierra a más de 2.400 personas.

En los 3 años que el Fondo tuvo presupuesto disponible se hicieron 180.000 conexiones domiciliarias a los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad y gas), 2.000 kilómetros de redes, 300.000 mejoramientos de viviendas, polideportivos, luminarias, mobiliario urbano y más de 24.000 nuevos lotes con servicios. Se generaron 188.829 puestos de trabajo adecuadamente remunerados, gran parte en manos de los mismos vecinos y vecinas de los barrios. Todo ello fue merecedor de premios internacionales y está descrito con claridad en los informes de gestión y catálogo de obras. 

Entre hoy y mañana se va a discutir si se le quita o no el financiamiento a esta política, la continuidad de las obras en ejecución, la realización de obras nuevas. Hay personas de todos los partidos y bloques que quieren defenderla. Lo hablamos con Negri, Lousteau y Massot, lo hablamos con Martín Llaryora que lidera el scrum de gobernadores que piden la coparticipación de parte del impuesto PAIS y, desde luego, también con el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Todos acuerdan la importancia de dejar el 9% al Fondo de Integración Socio Urbana. 

Lamentablemente, en el proyecto original, su autor (Sturzenegger tal vez) proyecta su desprecio a los pobres eliminando el porcentaje del impuesto PAIS que tiene asignación específica para la urbanización de los barrios. El financiamiento del FISU, dice la Ley Ómnibus en su redacción original, será exclusivamente a partir de las multas a las protestas sociales. ¿No es una cínica burla clasista? Afortunadamente, otros interlocutores dicen que van a defender el presupuesto para las obras de integración urbana, algunos en off y otros lo plantearon en sus disidencias al dictamen de mayoría (UCR y Coalición Cívica). 

Lo cierto es que si no hay acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, el artículo del impuesto PAIS debe modificarse para que al menos el 9% siga vigente. Si hay acuerdo con los gobernadores, que no se haga a costa de dejar a los barrios populares sin financiamiento. Dejarlo como en su redacción original o eliminarlo para incrementar la coparticipación son dos formas de traicionar a los humildes. 

Hay un dato curioso que señaló Sebastián Welisiejko, economista y empresario, secretario de integración urbana bajo el gobierno de Macri. Welisiejko decidió construir en la Quinta de Olivos una vivienda social sustentable prototipo con la técnica de mi querido hermano el padre Mariano Oberlin. La idea —más que buena— era que todos los funcionarios vean lo que se podía hacer para mejorar la situación habitacional de millones de argentinos. Una técnica local desarrollada en conjunto por cooperativas, empresas e iglesias. ¿Qué función cumple ahora? Es la casa de los perros de Milei. No acuso a nadie, es una triste metáfora. 

Este acto simbólico nos muestra lo que va a pasar en la Argentina si no defendemos las cosas que hicimos bien, sean de la gestión que sean: los perros de Milei —o de Alberto— van a vivir y comer mejor que el 65% de los niños de este país. Y no es una metáfora, ya está pasando.

JG/DTC

Conocí Capital a los 22 años. Me tomé un micro sola desde mi localidad de 100.000 habitantes para ver a Soda Stereo entre 60.000 almas. Pero esta no es una columna de rock sino de la ciudad. Y el primer impacto al conocerla ese día no fue musical, sino arquitectónico: las medianeras. Grises, sucias, infinitas, a ambos lados de la autopista. El segundo shock fue tanta gente junta. Terminé aturdida. Después entendí.

No fue la marea humana lo que me abrumó, sino la suma de historias —edad, origen, destino, motivo— de cada persona que vivía detrás de esas medianeras, o que esperaba el colectivo, o que iba parada o sentada en uno de tantos internos de alguna de las 135 líneas que cruzan la ciudad, cada una con dos, tres, hasta ocho ramales. Me tomó meses darme cuenta de que era el exceso de narrativa —y no el ruido, el apuro, la cantidad de gente en sí— lo que me apabulló como recién llegada. 

Tres años después, ya mudada para hacer un posgrado, pasé de turista temerosa a ser llamada “Guía T” y moverme a mis anchas. ¿Qué había pasado en el medio? Había caminado la ciudad; la había observado; la transitaba a pie, en bondi o en tren; le encontraba un sentido o varios. Había dejado de ver Buenos Aires desde arriba, desde lejos. Había empezado a leerla, por fin, a escala humana.

En el documental titulado, justamente, “The Human Scale” (2012), el arquitecto y urbanista danés Jan Gehl observa que “las ciudades antiguas siempre se recorrían a una escala de cinco kilómetros por hora. Cuando te desplazás a pie a esa velocidad, podés ver a la gente y es un mundo muy sensual e interesante. Podés ver todos los detalles: hay colores, olores, sonidos. (...) Es la escala del hombre [y, debería agregarse, de la mujer] que camina”.

El ejemplo más cabal lo da uno de los personajes de la nueva miniserie “All the Light We Cannot See” (2023), que tras huir de los nazis llega a una ciudad desconocida junto a su hija, quien no puede ver. El padre entonces le arma maquetas del lugar donde estén, para que ella reconozca los espacios con sus manos y después pueda transitarlos. Para obtener las medidas correctas, él sale a caminar por la ciudad y cuenta sus pasos. 

En territorio, a la altura de uno, paso a paso (literal), armando el rompecabezas después de estudiar las piezas. En esta columna invito a leer la ciudad a escala humana, a pie o en bici, con tiempo, con lupa, con tracción a sangre, con lo que el cuerpo dé. Del zoom-in al zoom-out, del insert al plano general: mirar un aspecto a partir de detalles que pinten un panorama. 

Pero no sigo porque no quiero spoilear, y paso a un caso real y más llano para graficar la escala humana: el de un grupo de conocidos míos que juegan fútbol mixto en Villa Crespo y pasan el tercer tiempo en una pizzería a unas cuadras. Todo ocurre porque hay un bondi, un subte o un tren que los deja cerca, o porque la canchita deja entrar la bici, o porque por ahí pasa una ciclovía, que a su vez se conecta con la de la avenida. Y ocurre también porque hay turnos para jugar hasta la medianoche, porque la pizzería abre hasta la una de la mañana y porque la ciudad mezcla usos, los yuxtapone. Aunque la pandemia la adormeció de a ratos, Buenos Aires, en algunas cosas, sigue siendo la que nunca duerme.

Un efecto mariposa imposible si esas canchas estuvieran por Panamericana, donde hay menos densidad y reina el auto porque las distancias son largas, porque el restaurante está alejado y las paradas de colectivo están más separadas. Aquí la escala es, justamente, no humana sino sobrehumana, maquinal. Allí la chance de encuentro grupal se va borrando como la familia de Marty McFly en la foto de “Volver al Futuro”, de a un integrante a la vez. 

La escala humana es entonces salud: física, mental, vincular. Es horario compatible con todo tipo de rutinas, no solo de la casa al trabajo y viceversa. Es poder planificar, saber cuándo pasa el tren o el colectivo, o que al menos se cumpla un cronograma. Es no solo acceso, también disponibilidad. 

Escala humana es comercio justo y barrial. Es prioridad de paso a una persona y no a una máquina. Es registro del otro y contrato social. Es café notable, es decir, “digno de nota, atención o cuidado”. Es detalle, diversidad, singularidad. Es más caer a ver un partido y menos fila virtual. 

Es encuentro fortuito —en el trabajo, el bar, el centro—, una posibilidad reducida tras la masificación del home office. Para muchos, es inconcebible volver al viaje diario a la oficina. Pero otros tantos —algunos de ese mismo grupo— van con gusto a un coworking. Es que no siempre prefieren trabajar en sus casas y extrañan el contacto con los demás: solo buscan tiempos de traslado a escala humana; que no tome tantas horas de vida; que se pueda llegar a pie, en bici o en un rato de transporte público; que no se vuelva a casa cuando ya es de noche y solo quede resto para cenar y a la cama.

¿Qué no es escala humana? No es ni autos como símbolo de progreso, ni que el transporte público sea igual a pobreza, ni que los políticos le huyan al bondi, el tren o el subte. Tampoco el diseño urbano con lógica de varones, que caminan las calles en zapatos chatos, en general sin chicos colgados, sin temor a sufrir acoso o abuso. 

Pero la mayor piedra en el zapato de la escala humana pasa menos por el movimiento y más por la edificación: el desarrollo inmobiliario sin planificación —con 16 años de continuidad política como oportunidad perdida—, su uso en el blanqueo de capitales, su relación con la inestabilidad económica y su función de reserva de valor en lugar de creación de oferta de vivienda.

El domingo pasado fui a La Boca para la 12ª edición del Festival de Caminatas. Por una hora y media, el colectivo Llenos y Vacíos nos habló de cómo la ciudad transformó el río y viceversa, nos hizo escribir haikus sobre el Riachuelo y guió un paseo por Caminito mientras en nuestros auriculares sonaba “Azul y oro” de Trueno. 

A esa mirada extraña y extrañada que alguna vez tuve —de manera orgánica— y mantuve después —porque el periodismo también es desnaturalizar— es que apunto con esta serie de textos, que se publicarán jueves de por medio. Y animo a quien quiera proponer su definición de este hilo conductor que es la escala humana, porque una columna es opinión pero también debería ser debate, postura pero también apertura. 

KN

Esta noche, María Migliore presentó su renuncia al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires por “diferencias con Jorge Macri”, candidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio. Según indicaron allegados a la ex funcionaria, las rispideces entre ambos integrantes del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta surgieron como consecuencia de una “horrible frase” del ministro de Gobierno en la que afirmaba que “las personas en situación de calle hacían de los cajeros un monoambiente”.

“María se va con la certeza de haber sido parte, durante esos 8 años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta de una de las transformaciones más visibles de la Ciudad, con la política de integración de barrios populares más ambiciosa de la historia”, detallaron las mismas fuentes.

Migliore había participado activamente de los proyectos de urbanización e integración sociourbana del Barrio 31, el Barrio 20, el Playón Chacarita, el Barrio Rodrigo Bueno, entre otros, desde sus cargos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el ministerio.

Quién sucederá a María Migliore en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Hasta el 10 de diciembre, la cartera quedará a cargo de Gabriel Mraida, actual viceministro, cuya visión “tiene muchas coincidencias” con la del primo del ex presidente, según indicaron allegados a Migliore. En redes sociales, el funcionario había felicitado al ex intendente de Vicente López por su victoria sobre Martín Lousteau en la interna de Juntos por el Cambio.

“Tu triunfo es la muestra de que los vecinos de la Ciudad quieren seguir profundizando las transformaciones que venimos encarando desde hace años. Ahora, vamos a poner todo para ganar en primera vuelta en octubre”, publicó.

La crisis habitacional en la Argentina se encuentra en una situación acuciante: 4 millones de hogares no cuentan con una vivienda adecuada y más de un tercio de este grupo necesitan directamente una casa nueva, dada las malas condiciones de la que habitan. Las situaciones precarias se dan en su mayor parte en los 5.687 barrios populares que existen actualmente según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), con 8 de cada 10 barrios en AMBA expuestos a factores de riesgo.

A pesar de estas profundas dificultades en las condiciones estructurales de las viviendas, otro problema también urgente es el de la tenencia de la propiedad: de los más de 2 millones de hogares que alquilan su vivienda y que no son propietarios, el 32% dedica mensualmente más de la mitad de su salario al alquiler y un 63% del total debe dinero a un tercero.

Estos datos se desprenden de un informe conjunto presentado este último miércoles entre las organizaciones Cippec, Techo y Acij como un “diagnóstico de situación” sobre el acceso al hábitat y a la vivienda. El informe presenta un paneo de todos los grandes números de cómo está la situación de la vivienda en Argentina hoy, a 40 años de la vuelta a la democracia, y luego presenta cinco fuertes recomendaciones de política pública. Aseguran que es necesario poner estos temas en agenda y perspectiva sobre todo en este contexto de recambio de autoridades nacionales y provinciales. 

Vulnerabilidad

“La RAE establece que una vivienda es un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado. Sin embargo, una vivienda adecuada tiene que tener, entre otras cosas, acceso a servicios, materiales de calidad, pisos, techos, seguridad de la tenencia, espacios suficientes para las personas que habitan el lugar. En Argentina, 1 de cada 3 hogares, más de 4 millones de hogares a nivel país, no cumplen con cumplen con estas condiciones”, sostuvo en la presentación Maria Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec. 

De estos 4 millones, un tercio son directamente “inhabitables” y las casi 3 millones restantes necesitan de una reforma edilicia, de un mejoramiento en los materiales de la construcción o del acceso a un servicio básico: a pesar del aumento que reflejó el Censo 2022 en la cantidad de hogares con desagüe a la red pública (un 62% del total de hogares para este último año) y con agua que proviene de la red (un 85% del total), la cantidad de familias en situación vulnerable continúa siendo alarmante. 

La gran mayoría de estas viviendas se encuentra dentro de los 5.687 barrios populares que existen en la Argentina, según el registro del ReNaBap. Allí viven más de 5 millones de personas, de las cuales el 90% no tiene acceso al agua, el 66% no tiene acceso a la energía eléctrica, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 99% no tiene acceso al gas natural. Además, el 85% de los barrios populares en AMBA se encuentran expuestos a otros factores de riesgo adicionales, como inundaciones, residuos, cercanía a vías de ferrocarril, etc.  

Alquiler

“Actualmente hay más de 2 millones de hogares que alquilan la propiedad. Es un montón de gente que el Estado tiene que tener en cuenta sí o sí”, sostiene Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Si se continúa haciendo política para obtener la ‘vivienda propia’, no vamos a llegar a ningún lado. Cada vez más personas van a nacer inquilinas y seguramente, toda su vida serán inquilinas, por lo que se necesitan reformas urgentes en esta materia”. 

Los cambios sociales de los últimos años hicieron que las familias sean cada vez más chicas, lo que genera más demanda de inmuebles en el mercado. Sin embargo, como el acceso al crédito en Argentina es muy bajo (este representa solamente un 0,59% del PBI total del país, mientras que en Paraguay este es del 4% del total del PBI y en Chile, del 25%), esta demanda se traduce en general en una mayor presión sobre los alquileres y no sobre la compra de propiedades. 

Ante una alta demanda de viviendas para alquiler, los precios suben y se alejan del salario real. De las más de 2 millones de familias que alquilan, un 32% dedican más de la mitad de sus ingresos al alquiler: es decir, les queda solamente la mitad o menos de su salario para alimentos, salud, educación, y esparcimiento. 

Otro dato alarmante es que el 63% de quienes alquilan en el AMBA le deben dinero a una persona o entidad, según la Encuesta Inquilina 2023, lo que hace que cumplir con el alquiler les sea muy dificil. 

Además, como muestra el informe, existe un bajo cumplimiento de la ley de alquileres: el 77% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley de alquileres. Los altos precios de los alquileres están relacionados con la baja oferta de los inmuebles para el alquiler: en Argentina, hay 30 mil unidades enteras ofertadas en Airbnb, lo que demuestra el creciente aumento de vivienda ociosa y destinada al alquiler turístico; esto impacta de manera casi directa en la oferta de unidades. 

El Silicon Valley porteño. Así, revestido del halo tech de California, se presentó el proyecto del Gobierno de la Ciudad para vender 12 hectáreas de tierras públicas en las que funcionaba el Tiro Federal, en Nuñez, y construir en el lugar el “Parque de la Innovación”. La primera subasta se realizó en 2018, pero las ventas recién tomaron velocidad en 2022 y particularmente en los últimos dos meses. 

Hasta la última subasta, realizada el 22 de septiembre pasado, se recaudaron casi US$124 millones, según datos del Banco Ciudad a los que accedió elDiarioAR. El nivel de avance indica que el proyecto está casi redondeado, al menos a nivel de planificación; sobre la tierra, de las más valiosas de la ciudad, por ahora hay solo algunas nuevas calles abiertas, el terreno rastrillado y los hierros de los primeros cimientos. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apunta a inaugurar las áreas públicas antes de febrero. 

La lista de nuevos propietarios, registro en el que trabajó el Observatorio del Derecho a la Ciudad a partir de documentos oficiales, amenaza con disolver el encanto prometido de Silicon Valley. Por fuera de algunas universidades y de un centro médico, en el proyecto priman las grandes desarrolladoras, que ya tienen sus planos para construir oficinas de coworking, viviendas, comercios, un hotel. Y las personas detrás de las empresas son, también, viejos conocidos: la familia Werthein, Nicolás Caputo, un arrepentido de la causa Cuadernos –Benjamín Gabriel Romero– que admitió haber pagado coimas para mantener contratos con el Estado. 

La mayoría de los lotes fueron subastados al precio base o apenas por encima. Según la investigación del Observatorio de la Ciudad, en agosto la institución médica Eneri, del médico Pedro Lylyk, adquirió un terreno de 1.245,21 m2 por un valor US$38 superior al establecido como base. 

Las operaciones, que se realizan mediante el Banco Ciudad, se pagan en pesos a la cotización del dólar oficial y, según aseguran en el Observatorio de la Ciudad, los inversores tienen también el beneficio del “pago en cuotas, un beneficio con el que no cuenta ninguna familia de la ciudad para acceder a la vivienda”.  “No se paga en cuotas”, replicó una fuente del Gobierno de la Ciudad. “Lo que hay es un proceso habitual que implica distintos estadios y primero se paga un adelanto, pero para construir y tener dominio hay que tener saldado el 100%”. Además, detalló que la valuación la hace el Banco Ciudad y que se paga a la cotización del dólar oficial “porque es la única que existe: el resto es ilegal”. 

“Las tres subastas de septiembre fueron todas para desarrolladoras inmobiliarias que destinarán los inmuebles a lo sumo para coworking, una situación muy alejada al marketing del polo de innovación. De los 19 predios subastados, 12 se lo quedaron desarrolladores inmobiliarios”, sumó Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. 

Fuentes del Gobierno de la ciudad señalaron que “la idea es que sea un barrio”, con todo lo que eso implica, pero con un piso mínimo de “usos destinados a la innovación”. Esos usos conforman una lista larguísima e incluyen, por ejemplo, las oficinas de coworking y también espacios de coliving; viviendas con espacios de uso compartido para estudiantes y público en general. 

“Para que sea un parque de innovación y pasen ahí las cosas que uno quiere que pasen, se necesita facilitar ciertos usos e incorporar ciertos actores. Uno lo ve también en las series o en otros lugares como Silicon Valley: tiene que haber, por ejemplo, un bar donde un investigador cuente una idea y donde esté también el inversor; espacios donde se dé el intercambio y la vinculación”. 

Las ventas comenzaron en noviembre de 2018, con un lote inmenso, de casi 16.000 m2, sobre la Avenida del Libertador que compró el grupo Werthein junto al Fideicomiso Buenos Aires Landmark. Pagaron US$151,5 millones por un terreno en el que podrán construir cinco torres de hasta 100 metros de altura destinadas a viviendas, oficinas, comercios y hasta un hotel. Luego se sumaron los siguientes compradores, en orden cronológico:

-El Grupo Sancor pagó US$11,9 millones, el precio base de la subasta, por un terreno rectangular de 1.800 m² que destinará a espacios de coworking. También adquirió un terreno Prevención ART S.A, empresa que es controlada por Sancor Seguros. En este caso, fue de 778 m2, por los que desembolsaron US$7,7 millones.  

-Angostura Inversiones S.A. adquirió dos parcelas de 401,6 m2: una en julio de 2021 –pagó US$3,1 millones, el precio base de la subasta– y otra en septiembre de ese mismo año –pagó US$3,6 millones–. Es una empresa inmobiliaria de Villa La Angostura que pertenece a Gabriel Wagmeister.

-El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), centro universitario privado donde se forman profesionales en ingeniería, negocios y tecnología, compró dos de los terrenos del ex Tiro Federal. Uno de ellos de casi 3.200 m2, dado que incluye dos parcelas. Pagó US$16,6 millones por ese terreno y US$8,3 por otro de casi 1.700 m2

-La Universidad Torcuato Di Tella, que tiene su edificio a pocos metros del predio compró una parcela de 1.800 m2 a US$10 millones, el precio base de la subasta. La parcela contigua también fue vendida, pero la identidad del comprador permanece oculta.

-En marzo de 2022 ganó una subasta GMRA SA, una empresa del Grupo Mirgor, fundada por Nicolás Caputo, socio y amigo del expresidente Mauricio Macri. Adquirió 402 m2 por US$5,7 millones.

-La parcela contigua y gemela a la de Caputo la compró en el mismo mes El Nuevo Aromo S.A, compañía que pertenece a los empresarios Isaac Salvador Kiperszmid y Ángel Oscar Lombo. La venta se cerró por el valor de US$5,3 millones, por debajo del precio que pagó su vecino.

-Corporación Global Constructora adquirió en marzo de este año, al precio base de la subasta, dos parcelas de 433 m2 cada una por las que pagó US$9,1 millones en total. Esta empresa es liderada por Gustavo Menayed, quién también es CEO del grupo Portland y, según aportó Jonatan Baldiviezo, tiene dos emprendimientos frenados en la Justicia por tener permisos ilegales. Menayed fue uno de los aportantes en la campaña de Cambiemos en 2017.

-ILVA S.A, empresa que se dedica a la fabricación de revestimientos cerámicos y materiales de construcción, compró en abril de 2022 un terreno de 388 m2 por US$3,3 millones. En mayo se subastó una parcela vecina a esa pero mucho más grande y, dado que no se presentaron interesados, fue declarada desierta.

-Para cumplir con los objetivos de usos, al proyecto le faltaba presencia de alguna entidad destinada a la salud. El 24 de agosto pasado la institución ENERI (Equipo de Neurocirugía Endovascular Radiología Intervencionista) compró 1.245 m2 por US$8,8 millones. La entidad es presidida por Pedro Lylyk, que es un médico neurocirujano y además cónsul honorario de Ucrania en la Argentina.

-En las licitaciones de septiembre pasado aparece Samprad S.A, una constructora familiar que se quedó con un terreno de 402 m2 por el que pagó US$3,9 millones. Pertenece al Estudio Slemenson, una desarrolladora que se dedica a los edificios de viviendas y tiene algunas torres de oficinas construidas

-El 13 de septiembre compró un lote idéntico al anterior (402 m2), por un precio superior (US$4,5 millones) Urbanar S.A, desarrolladora y constructora de emprendimientos inmobiliarios. Esa firma es propiedad, a su vez, del grupo J. Grosso S.A, que tiene proyectos activos en todo el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires. 

-La última subasta la ganó Milamax Emprendimientos, que pujó por este terreno contra IRSA, la gran dueña de los shoppings porteños, propiedad de Eduardo Elsztain. Milamax Emprendimientos se quedó con uno de los terrenos más grandes, por el que pagó US$18,9 millones, 12% por encima de valor base. 

Detrás de Milamax Emprendimientos está Benjamín Gabriel Romero, ex líder del Grupo Emepa que, junto a la belga Jan de Nul, hasta hace poco tenía a su cargo la hidrovía del río Paraná. Si bien es cultor de un muy bajo perfil, el empresario tomó relevancia en el marco de la causa de los Cuadernos, cuando declaró como arrepentido. Romero confesó haber pagado US$600.000 con el fin de conservar el control de la hidrovía por 10 años y también haber pagado retornos de los subsidios que recibía el ferrocarril Belgrano Norte, bajo su concesión. La parcela es de “uso libre”, por lo que la empresa puede utilizarlo para cualquier emprendimiento inmobiliario. 

DT

“En Chacay Oeste no hay docentes porque no tienen donde vivir”, dice el título de la noticia publicada en el diario local El Chubut. Chacay Oeste es una pequeña localidad de la meseta patagónica en el que viven 20 familias, algunas de las cuales tuvieron que albergar provisoriamente en sus hogares a maestros para evitar que sus hijos se quedaran sin clases. Incluso en ese lugar, que en el mapa satelital de Google no tiene calles ni marcas de locales comerciales, encontrar un lugar donde vivir es un desafío. 

“En toda la provincia hay falta de disponibilidad de viviendas, ya sea porque no hay casas suficientes para alquilar o porque el precio las hace inaccesibles. Muchas veces las personas recurren directamente a los medios para que el Gobierno les dé una solución”, dice Rebeca Ancina, que vive en Puerto Madryn y es secretaria general del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Trabajadores del Chubut, integrado a la CTA Autónoma. 

Si bien la discusión suele centrarse en los grandes centros urbanos, el acceso al hábitat y en particular el mercado de alquiler muestra problemas en todos lados: la oferta es escasa y los precios, en muchos casos, prohibitivos. Un informe de Reporte Inmobiliario señala que en ciudades como Neuquén o Bariloche los precios de alquiler son superiores incluso a los de Buenos Aires. En promedio, un departamento de dos ambientes usado cuesta $55.330 en Neuquén, $55.000 en Bariloche y $49.600 en CABA.

“Acá hay mucho trabajo en el petróleo, cada vez más, y la gente del rubro gana sueldos altísimos. Entonces los alquileres del centro o en barrios emergentes lindos están muy en relación a eso y a las personas que trabajamos en otras cosas nos cuesta un montón”, dice Nati Ebe, que es fotógrafa y vive en Neuquén. 

El Índice para Contratos de Locación, que regula la renovación de los alquileres de acuerdo con la ley vigente, arroja un incremento interanual de casi 65% en septiembre; eso deberían aumentar los alquileres que tengan su actualización actual en el mes de la primavera. Pero las subas no reguladas por la ley –es decir, las de renovación de contratos o publicación en el mercado– más que duplican estos valores.

En Rosario en los últimos 12 meses el alquiler de un monoambiente aumentó un 155% y el de un departamento dos ambientes, 150%. “En ese mismo período el dólar oficial subió 40,8% y los últimos datos de inflación muestran un aumento interanual de 78,5%. No hay ninguna variable que pueda explicar los aumentos”, dice Celina Calore, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO).  

Según la economista, la actualización de los precios de mercado es incluso superior a la que se registra en la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje ronda el 80% anual. “Hay muchos factores que pueden estar detrás de esto. Rosario tuvo un boom inmobiliario en los últimos 15 años y se construyeron viviendas de alta gama que no tienen correlato con la demanda de las familias. Además se han retirado viviendas de alquiler y hay propietarios que deciden no alquilar porque consideran que es un negocio que no les da la rentabilidad que esperan”, señala. La oferta cae, los precios suben y se incrementa la porción del salario o el ingreso familiar que se destina a garantizar un techo. 

En localidades turísticas como El Chaltén, en Santa Cruz, se suma otra complejidad. Es más conveniente económicamente alquilar las propiedades a los visitantes que a los locales, que se quedan sin opciones o deben pagar precios pensados para bolsillos extranjeros. 

“Acá la situación está empeorando. Ahora ya directamente no hay nada para alquilar y el que tiene algo sabe que hay cien personas esperando, así que elige y pone las condiciones”, dice Mauro Piombo, docente de El Chaltén que vive hace 17 años en esa ciudad. 

Según cuenta, en la temporada alta los comerciantes trabajan con menos personal del que necesitan porque deben llegar desde otras localidades y no tienen lugar para alojarlos. “Mi cuñada, que tiene una cervecería, estuvo averiguando y una persona le cobra $50.000 por persona para vivir en casillas rodantes que puso en su terreno”, apunta. “Ella le dijo que era una locura y el tipo le contestó ‘Es lo que se está cobrando’. La verdad es que cada uno cobra lo que quiere”. 

En Mendoza una familia de tres personas necesita por lo menos tres salarios mínimos y medio para pagar la canasta básica y el alquiler, según una investigación de las arquitectas Virginia Miranda Gassull y Florencia Ginestar, del Instituto de Ambiente Hábitat y Energía (Inahe) del Conicet. En esa localidad cuyana, como sucedió en muchas ciudades intermedias, en los últimos años se evidenció un proceso de fuerte inquilinización. “En el centro urbano de la provincia el 32,5% de población alquila, mientras que el promedio provincial es el 18%”, precisó Miranda Gasull, que además confirmó que la oferta es poca y los precios “no tienen relación con la calidad”.

En abril de este año la Ley de Alquileres, vigente desde  junio de 2020, volvió a ser tema de debate en el Congreso. Después de un mes de sesiones informativas, con más de 130 oradores, se emitieron tres dictámenes en la Comisión de Legislación General como síntesis de los más de 20 proyectos de reforma presentados.  

El dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, refrenda la ley vigente y mantiene los puntos centrales  de la norma, los más cuestionados: el plazo de tres años de contrato y la actualización anual del alquiler regida por el el índice del Banco Central, que toma la evolución de los salarios y de la inflación por partes iguales. El dictamen de minoría, respaldado por Juntos por el Cambio, no propone derogar la norma pero desanda su corazón: vuelve al plazo de contrato de dos años y a la “negociación libre” del precio entre las partes. 

Ninguno llegó a ser tratado en sesión porque la discusión se congeló, pero la puesta en duda del marco normativo vigente alcanzó para retraer más a los propietarios, que buscan evitar cerrar contratos con los términos actuales. 

Si bien la Ley de Alquileres es clara respecto de lo que se le puede exigir a un inquilino al momento de firmar un contrato, en los hechos la lista de requisitos se abre a los pedidos más exóticos: no tener mascotas, no tener hijos menores, depositar un año de alquiler adelantado, pagar en dólares.  

Según informó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su reciente informe en el Congreso, en las 24 jurisdicciones del país hay apenas 195.818 contratos registrados ante la AFIP, un trámite que se exige desde la sanción de la nueva ley. El número representa el 6,5% de la cantidad de viviendas en alquiler que se estima que hay en todo el país, 3 millones. En Santiago del Estero, por ejemplo, los contratos inscriptos apenas superan los 200; en Catamarca y La Rioja no llegan a  los 500. 

Sin contrato, tampoco se puede tener la tranquilidad de que el techo está garantizado por tres años y se habilitan mecanismos de expulsión arbitrarios e ilegales. “En la pandemia [cuando regía el decreto que prohibía los desalojos por falta de pago] me retrasé en el pago por tres meses porque me quedé sin trabajo en el club en el que cocinaba y los dueños me cortaron los servicios. Primero el gas, después me sacaron el medidor”, cuenta Nancy Fernández, que alquila en el barrio Alberdi de José C. Paz. “Yo les pedí que me dieran al menos seis meses para juntar algo de plata e irme, porque salí a buscar otro lugar para alquilar, caminé por todos lados, y te pedían más de $100.000 para entrar, un monto que yo no podía juntar”, cuenta la mujer, que limpia en casas de familia, cuida personas mayores y revende cosméticos y productos de dieta. 

En el Presupuesto 2023 enviado al Congreso por el Ministerio de Economía se incluye la posibilidad de blanquear capitales si es que se destinan a comprar viviendas usadas en el país para utilizar como hogar propio o ponerlas en alquiler. Si bien se argumenta que esta medida podría dinamizar el mercado, hay quienes creen que generará una mayor especulación. “Si el Estado no puede cumplir hoy en día su tarea recaudatoria o de fiscalización, ¿cómo va a hacer para controlar si se vuelcan esas viviendas en alquiler?”, apunta Leandro Vera, investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS. “Una vez más, estamos viendo la cristalización de la idea de la vivienda como un bien de inversión, en la que no importa el uso que tenga ni el derecho de los inquilinos”.

DT

El secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, indicó hoy que en “pocas horas” se inscribieron más de “10.000 personas para acceder a 904 viviendas en 18 provincias”, en el marco del plan Procrear.

“Hoy tenemos en Procrear más de un millón de argentinos y argentinas que se han inscripto para cada uno de los sorteos que se han ido realizando para desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, construcción y ampliación de viviendas”, dijo Scatolini en declaraciones a Télam Radio.

El funcionario también se refirió a la inscripción que se abrió este miércoles “donde en pocas horas tuvimos más de 10.000 inscriptos en 18 provincias, para 904 viviendas en 40 predios”.

Scatolini destacó que, desde el relanzamiento de Procrear, sobre el total de argentinos y argentinas que se anotaron “casi 200.000 han resultado ganadores”.

“Nos parecen números muy potentes porque hablan del esfuerzo enorme del Gobierno nacional, de la decisión que tuvo el presidente Alberto Fernández y la impronta que le pone hoy (el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat) Jorge Ferraresi a esta política pública”, enfatizó

En este marco, el secretario de Desarrollo Territorial calificó al Procrear como una política de vivienda, de desarrollo urbano, “de una mirada integral de las ciudades para generar más dignidad y mejores condiciones de vida”.

“Todas las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer en la página web de Procrear y los únicos requisitos son que no sean propietarios de otro inmueble y que puedan demostrar ingresos, ya sea como monotributista o como personas que están con trabajos en relación de dependencia”, aclaró.

Con información de agencias.

IG

Argentina tiene un déficit habitacional de aproximadamente 3,5 millones de viviendas, un dato que resuena a la luz del primer reajuste presupuestario que dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa. La decisión administrativa 826/2022 implica un recorte de $50.000 millones al programa de planificación y desarrollo territorial que lleva adelante el Ministerio de Hábitat. 

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el déficit habitacional se explica por múltiples causas, entre ellas, la falta de políticas integrales para abordar el acceso a suelo con servicios públicos y bien localizado. “Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido disminuir el presupuesto destinado a actividades con ese objetivo en 23,51%”, apunta.  

Este programa de “Planificación y Desarrollo Territorial” tiene entre sus principales líneas de acción la ejecución del Procrear y el Plan Nacional de Suelo Urbano. Su objetivo es, entre otros, generar suelo urbano y lotes con servicios destinados a la construcción de nuevas viviendas, impulsar el crédito y la asistencia financiera y regularizar los dominios de las viviendas que ya existen. 

De acuerdo con el reporte de ACIJ, los datos al 28 de agosto muestran que se encuentra ejecutado solo el 46,20% del presupuesto vigente del programa antes del recorte. 

Si se observa el grado de cumplimiento de las metas físicas informado al primer trimestre de 2022 --última información disponible publicada-- se advierte que solo se entregaron 430 lotes con servicios de los 9.205 previstos para todo el año y se realizaron 32 obras de infraestructura y equipamiento urbano de las 228 planificadas.

Consultado por elDiarioAR, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat explicaron que esos números superan las metas trimestrales y que no existe subejecución respecto a lotes y obras. Según precisaron, para el primer trimestre se proyectaban 28 obras y se realizaron 32, al tiempo que la meta de lotes era 940 y fueron entregados alrededor de 400 pero no por demoras en la construcción sino por retrasos en las gestiones de los créditos bancarios con que se asignan. 

La subejecución a partir de la cual Massa decidió el recorte no se explicaría por esos dos ítems sino por otros conceptos del programa de Planificación y Desarrollo Territorial, punto sobre el que el Ministerio que conduce Jorge Ferraresi no dio detalles. 

“Los obstáculos para acceder a la vivienda en Argentina se multiplican en el contexto de la crisis económica que atravesamos --señala la organización--, por lo que se deben reforzar las medidas que buscan garantizar ese derecho en lugar de disminuir los recursos que se le destinan”.

DT

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi, anunció la apertura de inscripciones para Lotes con Servicios de Procrear II para este lunes 16 de mayo de 2022, que implica el financiamiento para edificar una vivienda de hasta 60 m2 en uno de los terrenos generados a partir de este programa y del Plan Nacional de Suelo Urbano.

De acuerdo a la información oficial, “en toda la Argentina se están generando más de 30 mil lotes con servicios e infraestructura necesaria, a través del Plan Nacional de Suelo Urbano, que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para garantizar el acceso al hábitat de la población a precios accesibles y en terrenos de calidad. De esta forma, se aporta a la construcción de ciudades más equitativas y accesibles, y se continúa desplegando en el país, la política habitacional de acceso a la vivienda”.

Los mismos cuentan con “la infraestructura urbana correspondiente, en predios gestionados integralmente por el Estado Nacional. Los municipios bonaerenses en donde se podrá adquirir un terreno son Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Carmen De Areco, Chacabuco, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación De La Cruz, General Lamadrid, General Villegas, Hurlingham, La Plata, Las Flores, Lobería, Lobos, Mar Chiquita (Coronel Vidal), Mar Del Plata (243, 244 y 244A), Moreno, Olavarría (Pickelado), Luján (Open Door), Pergamino, Pila, Saladillo, San Miguel del Monte, San Nicolás De Los Arroyos, Tandil (Garbellini), Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Villa Gesell”.

Mientras que en el resto de las provincias los predios se ubican en las siguientes localidades: San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), Puerto Madryn DU y Puerto Madryn IPV (Chubut), Villa María - Reale, Seia y Soles De Mayo-, Cintra y Sampacho (Córdoba), Gualeguaychú (Entre Ríos), Ciudad De Formosa (Formosa), Centenario y San Martín De Los Andes (Neuquén), Río Gallegos (Santa Cruz), Esperanza (Santa Fe) y Tolhuin (Tierra del Fuego).

“Como nos pidió el presidente Alberto Fernández, venimos a poner a la vivienda como un derecho, para que cada vez más argentinos y argentinas puedan generar el arraigo definitivo y desarrollarse en sus lugares de origen. Por eso generamos suelo urbano de calidad, algo fundamental en Argentina, para que todos y todas tengan la misma oportunidad de vivir con más comodidades”, indicó el ministro Jorge Ferraresi.

“Los interesados e interesadas podrán inscribirse a través de la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para acceder al lote y al crédito a tasa cero, que se actualiza a partir de la fórmula Casa Propia, y que tiene en cuenta el coeficiente de variación salarial, brindando previsibilidad a las familias adjudicatarias”, dice la página oficial.

Requisitos

Cotitularidad

Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por

alguno de los siguientes vínculos:

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

Antes de iniciar la inscripción validá si cumplís con los siguientes requisitos generales mínimos

Destino

Titularidad

Terreno

Vivienda a construir

Bases y condiciones

Qué es “Casa Propia”

A través de diversas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas; refacciones o ampliaciones para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica; la provisión de equipamiento comunitario y el otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios y/o para construir, el Programa Federal Casa Propia tiene por objetivo generar 264 mil soluciones habitacionales en todo el territorio nacional durante el trienio 2021/2023.

Los diversos subprogramas contemplarán asimismo la perspectiva de género, los derechos de la tercera edad, criterios de sustentabilidad, y la incorporación de nuevas tecnologías, así como el respeto por las tradiciones culturales y los diversos modos de construir de cada población.

De esta manera, se favorece el pleno desarrollo de las familias y su arraigo, ayudando asimismo a la reconstrucción argentina, gracias al movimiento generado en la industria de la construcción, que además de requerir mano de obra local, moviliza los negocios de proximidad de materiales e insumos.

Para conocer a los resultados de los últimos sorteos, ingresar aquí.

Con información oficial.

IG

En la Argentina hay 4.416 barrios populares, donde viven alrededor de 5 millones de personas nucleadas en más de 900.000 familias. El 90% de estos barrios –llamados también villas, asentamientos o urbanizaciones informales– están construidos sobre terrenos privados que muchas veces no cuentan con los servicios básicos y donde las personas viven en condiciones de hacinamiento. 

En base a este diagnóstico, la Secretaría de Integración Socio Urbana impulsó una iniciativa para comprar tierras privadas que puedan convertirse en lotes a precios accesibles y con facilidades de pago para esas familias. La compra se hará con el dinero recaudado del aporte extraordinario a las grandes fortunas (el 15% fue asignado a la urbanización de barrios populares) y del impuesto PAIS que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal (el 9% de este concepto termina en el fondo para urbanización).

Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, aseguró que es una medida sin precedentes. Según la funcionaria,  hasta el momento los programas de loteos para sectores populares se realizaban íntegramente sobre terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales. 

“Acá no hay una cuestión de falta de territorio, por eso necesitamos políticas que le den herramientas a los sectores populares para poder acceder. Hoy para una familia que tenga dos o tres hijos, incluso si trabajan los dos, le es imposible acceder a un crédito para comprar tierra; no acceden a un crédito ni siquiera para comprar una heladera”, resumió Miño en una ronda con periodistas de la que participó elDiarioAR. Para la funcionaria, la “urbanización” de un barrio es una tarea que solo se completa con el dominio de la tierra; el resto son “intervenciones”.  

Miño es vecina del barrio La Cava, en San Isidro, madre de cuatro hijos y tal como la presenta su equipo, la primera “villera” que llegó a un cargo de secretaria en el Estado Nacional. Cinco años atrás, era profesora de catequesis de la secundaria, trabajo que realizó durante 23 años. En su escritorio hay rastros de su fe; cuadros del Papa Francisco y del padre Carlos Mugica intercalados con Perón y Evita, Néstor y Cristina, y también un cuadrito con el formato de un título que tiene su nombre y dice: “Acá arriba mandan los de abajo. Acá adentro mandan los de afuera”. 

La Secretaría que conduce, integrada al Ministerio de Desarrollo Social, ya abrió una convocatoria para que los privados interesados presenten su oferta de inmuebles --hasta la semana pasada habían recibido 10--, que cierra el próximo 15 de junio. A partir de esa fecha se evaluarán las tierras ofrecidas, que pueden ser urbanas, periurbanas y rurales. Deben tener una superficie mínima de una hectárea y no deben presentar riesgo de inundabilidad, focos de contaminación ni deben encontrarse dentro de un área protegida o con bosque nativo. 

El objetivo es generar 50.000 lotes con servicios, que sirvan para relocalizar a familias de barrios populares que vivan en situaciones de alto riesgo ambiental, sufran violencia de género o habiten en condiciones de hacinamiento crítico.

Tanto la compra de las tierras como el financiamiento de las obras de infraestructura se realizará a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), conformado por el 15% del aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas (que a lo largo de 2021 le representó un total de $36.500 millones) y el 9% del impuesto PAIS (que el año pasado recaudó $9.800 millones). 

Según la documentación oficial, hasta el momento el FISU recaudó $87.800 millones y gran parte ya fue utilizada. Por eso Miño “reza mucho” para que el Tesoro le asigne más fondos, que le permitan avanzar con todos los proyectos que “sueña” desde su área. Espera que la urbanización de barrios populares sea un concepto de asignación específica también del impuesto a la "renta inesperada" que por estas horas diseña el Ministerio de Economía. 

Las familias que quieran ser tenidas en cuenta para la compra de un terreno deberán inscribirse en el Registro Único del Solicitante de Lotes con Servicios para Barrios Populares (RUS). Esa será la base a partir de la cual, con ciertos criterios de prioridad vinculados a la vulnerabilidad, serán asignados.

Son lotes a los que se les garantizarán los servicios y la infraestructura básica, desarrollo que se buscará hacer a través de las propias cooperativas de los barrios populares. Para Miño, llevar los servicios a los barrios populares es lo que realmente “hace la diferencia”. 

“Solo alguien que lo vivió sabe lo que es quedarte sin agua, quedarte hasta las 5 de la mañana para llenar un tacho y tenerlo para tomar, bañarte y lavar la ropa. El que no tiene sabe lo que es ir a colgarte a la noche de un palo de electricidad porque tenés que usar el nebulizador. Todo eso es tiempo; no es abrir la canilla y lavarte los dientes; todo es mucho más difícil para las familias de los barrios populares”, señaló. 

De acuerdo con el proyecto oficial, las urbanizaciones contarán también con áreas deportivas y de uso comunitario, zonas para huertas, veredas y pavimento. Esta iniciativa, que tiene en el centro a los terrenos privados, se complementa con otras que ya están en marcha. Hasta ahora la Secretaría aprobó 14 proyectos para la creación de 7.662 lotes con servicios y está trabajando en la adquisición de 67 inmuebles del Estado nacional y provincial para sumar otros.

La Secretaría impulsó también el programa “Mi Pieza”, que en 2021 entregó subsidios a 140.562 mujeres para que mejoren, amplíen o refaccionen sus hogares en los barrios populares.

DT

El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que para que el crecimiento sea desarrollo “tiene que llegar al último hombre, a la última mujer, en el último rincón del país”, y señaló que, a casi 40 años de democracia ininterrumpida, “la demanda de 'paz, pan y trabajo' todavía está vigente en Argentina”.

Al participar de la apertura del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular que se celebró en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires, el jefe de Estado destacó que al país “no le basta con crecer” y que, al igual que toda Latinoamérica, “necesita desarrollarse”.

Ante un foro integrado por dirigentes sociales, Fernández recordó al exsecretario general de la CGT Saul Ubaldini y evocó la histórica marcha realizada en 1982 contra la dictadura militar.

“En ese 30 de marzo salimos miles y miles de argentinos a decirle 'basta' a la dictadura con una consigna 'Paz, pan y trabajo'. Fue el primer movimiento fuerte contra la dictadura, muchos dirigentes terminaron presos. Dos días después, la dictadura militar empezó su aventura en Malvinas que terminó como todos saben. Pasaron 40 años de esa fecha, sin embargo, la demanda de ´pan, paz y trabajo´ todavía está vigente en Argentina”, señaló.

En línea con ese razonamiento, dijo que hay que preguntarse “seriamente qué ha pasado en la democracia para que esa demanda siga vigente”.

“Hay respuestas. En estos 40 años de democracia se han filtrado políticas neoliberales, que lo único que hacen es postergar a millones para que unos pocos se lleven la ganancia. Nosotros no creemos en esas políticas. Creemos que a la Argentina no le basta con crecer, que necesita desarrollarse. Lo mismo le pasa a la América Latina”, añadió Fernández.

Además, subrayó que para que el crecimiento se convierta en desarrollo “tiene que llegar al último hombre, a la última mujer, en el último rincón del país, sino eso no es desarrollo”.

El Presidente también hizo a referencia a la pandemia de coronavirus, que se evidenció la desigualdad dentro de los países y en el mundo: “Vimos quiénes accedían a la atención médica y quiénes no, vimos en muchos países de América Latina morir gente en las calles, no pasó en la Argentina, gracias a Dios”, destacó.

“El 10 por ciento de los países centrales se quedaron con el 90% de las vacunas”, dijo Fernández y finalizó: “Después de tanta injusticia, tenemos el deber ético y moral de cambiar esta realidad para hacer una sociedad más justa”.

En el panel de apertura, el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por el dirigente social Luis D'Elía.

Asimismo, el presidente dio su apoyo al Proyecto de ley para la Producción Social del Autogestionada del Hábitat Popular presentado por Mónica Macha. “Mónica tu ley cuenta con el apoyo del poder ejecutivo nacional”, dijo.

Con información de agencias.

IG