“A partir de hoy, la política oficial del gobierno de los Estados Unidos es que solo hay dos géneros: masculino y femenino”. Es 20 de enero de 2025 y con estas palabras Donald Trump da inicio a su segundo mandato presidencial. El mandatario no lo menciona, pero esa definición ya estaba escrita en el Proyecto 2025, una hoja de ruta ultra conservadora diseñada para la administración trumpista e ideada por la Fundación Heritage, que desde 1973 opera en el país del norte como think thank de las ultraderechas conservadoras.  

Cinco días después de que Trump diera ese discurso, Javier Milei se presenta en el Foro Económico de Davos y desarrolla los lineamientos de los que va a nutrir su batalla cultural. Lo hace con un discurso escrito por Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, un think thank local formador de cuadros políticos libertarios. “Quieren imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben, y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”, aseguró el presidente argentino ante un público formado por líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil que apenas soltó un leve aplauso al terminar su intervención. 

El binarismo de género es una parte muy importante del programa político de las ultraderechas globales. Desde los Estados hasta las fundaciones y las ONG's, en el ámbito privado y en lo público, el objetivo es volver a consolidar un orden binario instrumentando el pánico moral como estrategia: las personas trans pueden violar en una cárcel o matar a su contrincante en una pelea de boxeo, los gays son pedofilos y las feministas son violentas. En esas coordenadas está el meollo de la narrativa anti-feminista y anti-trans que levantan al unísono grupos conservadores en todo el mundo.

En Argentina,el discurso de Milei produjo una reacción inmediata: el 1 de febrero de 2025 se realizó la Marcha del Orgullo Antifacista Antirracista, el freno más grande que se le supo poner a la gestión de LLA hasta el momento. Pero apenas unos días después, el Presidente firmó el decreto 62/2025 que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, vigente en Argentina desde 2012, y anunció que a partir de ahora se prohíben los tratamientos de hormonización y las cirugías en menores de edad. Desde las organizaciones LGTBQ+ explicaron que con ese anuncio se intentó desinformar y estigmatizar a las personas trans, ya que la ley vigente establece que los procedimientos de intervenciones quirúrgicas sólo pueden realizarse en mayores de edad. El objetivo del decreto fue impedir que adolescentes trans pudieran iniciar o continuar sus tratamiento con bloqueadores de la secreción hormonal, que determina la masculinización o la feminización, con la excusa de defender a las niñeces. Para justificar la medida, Manuel Adorni, flamante Jefe de Gabinete y por entonces vocero presidencial, citó el Informe Cass, un estudio encargado por el gobierno inglés y que se utilizó como argumento para prohibir los bloqueadores en la pubertad en ese país, a pesar de haber generado fuertes críticas por supuestos sesgos metodológicos, falta de evidencia robusta para tratamientos médicos (bloqueadores, hormonas) y tergiversación de datos.

El principio binario despliega una estrategia con un enorme caudal de facetas resumida en agenda woke y batalla cultural. En esas alianzas conservadoras se coordinan acuerdos y ataques concretos contra el enemigo común: la ideología de género, como llaman despectivamente al movimiento feminismo.

¿Debate moral o material?

Nuria Alabao, antropóloga e investigadora de los feminismos y las ultraderechas, describe en su libro Las guerras de género cómo se gestó la alianza entre liberales y conservadores religiosos a finales de la década del 60. “Cuando se habla de guerras de género, no se puede obviar que el género es central para estructurar el orden reproductivo de nuestras sociedades, es decir, cómo se organizan en ellas los cuidados o la reproducción de la mano de obra en términos capitalistas”, explica la autora y se arriesga a una hipótesis: la ultraderecha busca desplazar el conflicto a terrenos morales para atacar cuestiones políticas esenciales.

Economía y moral se combinan para traccionar el integrismo de antaño y la familia tradicional utilizando a la población LGTBQ+ como chivo expiatorio. Para eso, utilizan argumentos tan mentirosos como eficaces: la supuesta protección y cuidado de los niños y las niñas frente a una “ESI que adoctrina”, una Ley de Identidad de Género “promueve la mutilación de los cuerpos” y tratamientos que “borran a las mujeres”. 

“Las discusiones que se están dando tienen que ver con el vínculo entre el derecho a la potestad y la autorización para la ESI. Los sectores más conservadores quieren que la educación se de en las casas. ¿Y quiénes la darían? Las mujeres”, dice Maria Luisa Peralta, activista esbiana y estudiosa del mapa internacional, que sigue de cerca los debates en Naciones Unidas y en la OEA (Organización de los Estados Americanos). “El objetivo es que muchas cosas sean privatizadas al interior de las familias, para que el Estado se desentienda de proveer esos servicios”, explica y agrega: “Me parece que hay que insistir mucho en que se nos usa las familias LGBT como la punta de lanza para generar escándalo, pero te diría que incluso que el ataque gigante es contra las madres que crían solas”.

En este sentido, la Ley de Identidad de Género, promulgada en Argentina en 2012, es un blanco muy atractivo para la ultraderecha que se esmera en programar ataques que van desde el lobby en el Congreso hasta los grandes conglomerados de las derechas radicalizadas como lo es la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), la Red Política de Valores o el Congreso Mundial de la Familia, donde elaboran estrategias para intentar retroceder con la legislación LGBTQ+.

¿Cómo operan las organizaciones locales?

Carolina Zabala es de Neuquén y en mayo participó de una “Jornada de Concientización contra la Sexualización de los Niños y Grooming Institucional” en el Salón Azul del Senado de la Nación. Allí contó que en una exposición de la escuela de sus hijas reparó en un dibujo de un niño de 8 años: “Era un cuadro comparativo de que lo que antes era una nena ahora podía ser un nene y viceversa. Me llené de impotencia de solo pensar cuánto daño y confusión habían sembrado en ese niño”, aseguró en ese encuentro convocado por el senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, y la Asociación Civil Padres Unidos.

Este tipo de eventos suceden con frecuencia en los salones de la Cámara Alta que preside Victoria Villarruel. En noviembre del año pasado se realizó el  “Seminario II: Género e identidad: El problema de la sexualización infantil” del que participaron la abogada Débora Ranieri, presidenta de Prodeci (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles), María José Mancino —quien sostiene que las personas trans padecen un trastorno esquizoide de la personalidad—, la periodista Claudia Peiró y Patricia Galarza, referente del grupo de madres y padres “Manada”, una organización de madres de “niños con disforia de género” que, al igual que Padres Unidos, tiene pase libre en el Senado. La línea de discusión se centró en expresar las preocupaciones sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género y cómo ésta atenta contra las niñeces.

“Nos dejan indefensos frente a un Estado que avanza sobre las libertades individuales”, dijo allí Graciela Spinelli, fundadora de Padres Unidos quien se presentó como madre de un niño de 11 años. “Los padres somos el primer eslabón en la educación de nuestros hijos y es nuestro deber protegerlos. Por eso, queremos decir a la sociedad, a quienes legislan y nos gobiernan, que no nos vamos quedar de brazos cruzados frente al adoctrinamiento en las aulas”, aseguró en su exposición y argumentó que la Ley de Identidad de Género trae consecuencias como la hipersexualización infantil y daños psicológicos.

Por su parte, Patricia Galarza, referente de Manada, participó en agosto de una conferencia en la Legislatura porteña donde alertó sobre el impacto de los tratamientos médicos y quirúrgicos en menores de edad. “Es necesario modificar la Ley de Identidad de Género y el Código Civil y Comercial, que hoy permiten al Estado decidir por encima de los padres bajo la figura de autonomía progresiva”.

En esa misma línea, la legisladora porteña Lucia Montenegro, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de Ley para modificar el Programa de Salud Integral para las personas trans argumentando que “la promoción de las ”infancias trans“ constituye en ”negocio siniestro que manipula a niños inocentes a someterse a cambios de sexo, muchas veces con intimidación o amenazas a padres ingenuos, quienes acceden ante la amenaza de que sus hijos podrían suicidarse“.

La federación evangélica y las organizaciones ultracatólicas

A principios de noviembre de este año, Milei invitó al pastor evangélico Gabriel Ballerini y a otros referentes a celebrar en Casa Rosada el Día de las Iglesias Evangélicas. “A los liberales como él les interesan más los temas económicos y a los que somos conservadores nos interesan más los temas de la batalla cultural que tiene que ver con conservar valores cristianos pero no vinculados a la agenda privada sino a la agenda pública”, aseguró entonces Ballerini.

El pastor cobró notoriedad en 2018 por su activismo en contra de la ley de interrupción del embarazo y su participación en el movimiento “Con mis hijos no te metas”. A partir de allí, dio sus primeros pasos en la política partidaria junto a José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, también integrante de ACIERA y muy visible en el debate por el aborto en 2018. Luego de visitar la Casa Rosada, Ballerini celebró la presencia histórica que tiene el evangelismo en el nuevo Congreso tras las elecciones legislativas. “Para el mundo evangelico es la primera vez que tenemos tantos representantes tanto en Diputados como en el Senado, y eso ayuda a alcanzar objetivos que tienen que ver con la batalla cultural”, aseguró durante una entrevista en Infobae.

La última edición de La Derecha Fest fue una muestra de la alianza entre el Gobierno libertario y las iglesias evangélicas. El panel inaugural, llamado Batalla espiritual, fue encabezado por Ballerini, el filósofo Rigoberto Hidalgo y la diputada y pastora de la iglesia evangélica Cita con la Vida, Evelyn Barroso, nuera de Carlos Belart, persona influyente en el mundo evangelico y vicepresidente de Relaciones internas de ACIERA: “Si no apoyamos al presidente Mieli, vuelven peor que nunca. Lo que vemos con el evento de «infancia trans» es solo un anticipo”, publicó Barroso en un video de la red X para boicotear el Congreso de niñeces y juventudes trans previsto para el 17 de noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes, Universidad Provincial de Córdoba. La maniobra de boicot a eventos organizados por personas trans ya sucedió en la provincia de Tucumán en donde se vieron obligadas a suspender el evento por hostigamiento. 

Según un estudio del CONICET, de 2019, el 15,3% de la población argentina profesa la fe evangélica, unas siete millones de personas. En 2008, la cifra era del 9% lo que demuestra el crecimiento del mundo evangelico en la última década. Pablo Semán, sociólogo que estudia el crecimiento y la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales en América Latina, advierte que no hay una representatividad única en el sector y que, si bien ACIERA agrupa a una porción significativa, la realidad evangélica está mucho más marcada por iglesias pequeñísimas. Según sus estimaciones, el 70% de los evangélicos se congregan en iglesias de, como mucho, 100 personas.

Lugares estratégicos en el Estado

Milei llega al poder en diciembre de 2023 sin experiencia en gestión pública y con un partido nuevo que, hasta poco tiempo antes de las elecciones, no disponía ni de una mínima red territorial ni de apoyos económicos o sociales institucionalizados. 

En el libro Están entre nosotros, de Pablo Semán, aparece el concepto de fusionismo, clave para entender la estrategia y la identidad de la derecha radical en Argentina y cuáles fueron los pasos imprescindibles en la arena cultural que tuvo que dar la gestión de Javier Milei. El fusionismo no se refiere a una síntesis ideológica, sino a un mecanismo de agregación y convivencia política entre distintas vertientes históricas de la derecha en Argentina. En este sentido, hay una intención de introducir a liberales en lugares estratégicos del gobierno y a su vez se trata de tender puentes con los distintos sectores ultraconservadores locales. 

Uno de esos puestos claves es la Secretaría de Culto que, hasta hace unos pocos días, estuvo al mando de Nahuel Sotelo, representante de “Las Fuerzas del Cielo”, flamante diputado por la provincia de Buenos Aires y que responde a Santiago Caputo. Sotelo fue quien reemplazó al exdiputado neuquino Francisco Sánchez vinculado a la Red Política de Valores, cuyas conferencias “Cumbres Transatlánticas” tuvieron entre sus anfitriones a Viktor Orban en Hungría.

Otro de esos nombramientos fue el de Ana Belén Marmora, con experiencia en la organización ultracatólica Frente Joven, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Junto a Agustín Romo, Marmora proviene del extremismo católico de los De La Torre en San Miguel, conocido bastión de la política anti-derechos en la provincia de Buenos Aires. Marmora estuvo en ese lugar hasta que nombraron en la Secretaría de Derechos Humanos —ahora subsecretaría— y pasó a ser Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

A este entramado se suma la académica Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina (UCA) que fue eyectada de la Cancillería para pasar a la órbita del Ministerio de Justicia. En 2010 calificó la Ley de Matrimonio Igualitario de “disolvente” e “irrazonable” y tuvo un rol visible en el Senado contra el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

¿Batalla o guerra cultural?

A modo de recuento de fin de año, Agustín Laje publicó un extenso tuit enumerando “los logros” de la batalla cultural del gobierno de LLA. “La Argentina ha defendido el concepto biológico de mujer, contra la ideología de género que quiere borrar a la mujer en la agenda internacional en favor del concepto 'género'”, fueron las líneas dedicadas a su cruzada en contra de las personas trans y en sincronía con la visión de las feministas Terf.   

¿Es posible que muchos de los objetivos estratégicos que encuentran los libertarios en la llamada batalla cultural son compartidos también por buena parte del arco político? ¿Cómo conectan con un ánimo social que tiende al fascismo? La marcha del orgullo antifascista y antiracista fue convocada por el colectivo LGTBQ+, se federalizó y fue una maniobra transversal que conectó con una temperatura social opositora que se plasmó en la manifestación callejera. Resta ver si esa fibra sensible vuelve a activarse de algún modo: como rechazo, como esperanza o simplemente como desobediencia al proyecto de país que propone el gobierno que no solo excluye a las personas LGTBQ+ y feministas sino también a viejes, discas y pobres. Esa otredad sobre la que se tiende el manto del pánico moral para restituir un orden que solo funciona para unos pocos.

Este artículo fue publicado por Latfem y es reproducido por elDiarioAR a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.

Los consultorios que atienden a personas trans y travestis en el país resisten mientras el gobierno nacional desmantela programas de diversidad y recorta fondos en salud pública. Los equipos médicos que aprendieron sobre la marcha, que se formaron escuchando a sus pacientes y acompañando sus procesos, enfrentan ahora demoras en medicamentos, coberturas reducidas y un clima social hostil. Los consultorios y profesionales de todo el país se transformaron en pequeños refugios para la ley de Identidad de Género y sostienen, por pura prepotencia de trabajo y cuidado, el derecho a una identidad vivida sin miedo.

El teléfono de Daniel Lizzi recibe mensajes todos los días, a cualquier hora. El médico le da su número a todas sus pacientes y ellas, sea por un poco de fiebre, dolor de garganta, malestar en la panza, le escriben. Le confían cada parte de su cuerpo. Cada tanto, Lizzi recibe un mensaje especial. “Hace un año me cambió la vida, doctor”, le recuerda alguna y él, que a lo mejor está haciendo mandados, o llevando a su hijo a la escuela, vuelve a tener esa sensación íntima y poderosa de que con su trabajo está haciéndole bien a alguien, que sirve para algo. También lo paran en la calle, en la panadería o lo sorprenden en su consultorio con un regalo. Siempre es la alegría de sus pacientes que lo abrazan y repiten incansablemente: gracias, gracias, gracias. 

Daniel Lizzi vive y trabaja en Rosario, Santa Fe. Es cirujano y urólogo, el primero que hizo la cirugía de cambio de género en su ciudad una vez sancionada la Ley 26.743 de Identidad de Género y Salud Integral. Lizzi trabaja en conjunto con el doctor y cirujano plástico Emanuel Manavella. Juntos conforman la primera unidad trans del interior del país. Ya llevan más de diez años y más de cien cirugías realizadas en el sector público y privado a pacientes travestis/trans que viajan de todo el país para atenderse con ellos. 

Todo gracias a la ley que él repite de memoria: veintiséis siete cuarenta y tres. La Ley de Identidad de Género y Salud Integral no sólo permite cambiar el nombre del documento nacional de identidad. Reconoce que la identidad trasciende el cómo nos llamamos y eso incluye la corporalidad. Así, todo tratamiento médico que implique adecuar el cuerpo al género está incluido en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado, tengas o no obra social o cobertura médica prepaga.

La vida antes

Antes de su sanción en 2012, cualquier operación que fuese segura tenía un costo elevadísimo, especialmente difícil para una población que sobrevivía - y sobrevive - en los márgenes, sin acceso al trabajo formal, a la escuela, a los hospitales. La ley fue una manera de posibilitar el acceso a operaciones que muchas veces se realizaban en la clandestinidad. No se sabe cuántas quedaron en el camino por inyectarse aceite de avión en glúteos o tetas, por ejemplo.

La aplicación de la ley nunca fue lineal ni ejemplar. En algunos lugares costó más que en otros pero es indiscutible que llegó para transformar la vida de miles de personas. El panorama, sin embargo, cambió en los últimos dos años. El discurso del presidente Javier Milei, y su vice, Victoria Villarruel, en contra de la ley no es inocuo. Tampoco el desfinanciamiento a las políticas de salud pública y de diversidad sexual. Y el resultado se siente en los consultorios. 

“Notable y tristemente ha cambiado mucho el panorama. Para mal. Para peor”, dice Daniel Lizzi. “Al día de hoy, en la parte pública no se están realizando estas cirugías. Sólo en el privado”, advierte. No es un cierre anunciado ni oficial. Es, simplemente, la consecuencia del desfinanciamiento en la salud pública en general. El cirujano asegura que tiene una lista de espera de 66 personas para operarse en la salud pública: el cúmulo de prácticamente dos años sin cirugías regulares de este tipo, que continúan apenas por goteo. “Lo más que hicimos fueron cinco chicas en un año. Después, en el último tiempo, fue mermando lenta y progresivamente, a cuatro, a tres. El último año se operó a una sola chica que ganó por insistencia”, enumera el médico. 

Las intervenciones sí se garantizan a quienes tienen obra social. En la parte privada están operando un promedio de ocho personas por año. En los primeros nueve meses de 2025 se hicieron siete cirugías de readecuación. Tienen al menos tres vaginoplastías más programadas para este año. Las toracoplastias, ya sea masculinizantes (sacando las lolas) o feminizantes (poniéndolas), son unas veinte este año. El reniegue burocrático para acceder a las operaciones es, sin embargo, cada vez mayor. Y además, las pacientes travestis/trans que cuentan con cobertura son cada vez menos: si ya es difícil tener cobertura médica para cualquiera, más aún lo es para aquellas que tienen más dificultades para acceder al sistema laboral formal. 

“Todo esto hace que muchas chicas desistan de la cirugía, por lo menos inicialmente. Están muy abrumadas por todo el tramiterío que tienen que hacer”, reconoce Lizzi. “Pero aunque inicialmente el escenario pega mal, es una decisión trascendental en la vida de cada una y al final es más fuerte la decisión que ellas tienen de su cambio corporal para adecuarse a su verdadera identidad que todo esto”, sostiene el cirujano. 

Atención y acompañamiento

“La situación es terrible y las consecuencias van a ser atroces”, dice Patricia Gómez del otro lado del teléfono. Tiene 41 años y nació, vive y trabaja en Santiago del Estero. Es médica graduada de la Universidad Nacional de Tucumán, ginecóloga en la Universidad Nacional de Córdoba y sexóloga clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. También está al frente del primer Consultorio de Diversidad de la provincia del norte argentino.

Patricia trabaja con un cirujano plástico, una psicóloga y dos acompañantes terapéuticas, que son mujeres trans. El equipo no sólo acompaña cirugías u hormonizaciones, sino que, sobre todo, es una primera entrada al sistema de salud. Sin prejuicios, sin doble moral, sin discriminación. Desde que funciona el consultorio, hace ya ocho años, llevan atendidas a 320 mujeres trans y 180 varones trans. La mayoría son de la capital provincial y alrededores, donde se concentran los servicios especializados. La mayor dificultad para que las personas del interior santiagueño accedan al consultorio de diversidad está en el costo del viaje en colectivo que los lleve a consulta. Algunas lo lograron, haciendo viajes de hasta 400 kilómetros por una atención amigable.

El resultado de esos años de trabajo los destaca con hechos, no con números: “En el 2018, los varones trans sobre todo, venían con intentos de suicidio. Ahora vienen con la familia entera. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando vemos a una familia conteniendo a la persona y al chico feliz porque va a empezar su tratamiento, nos emocionamos profundamente. Sobre todo mis compañeras trans, que tienen 41 y 18 años, y piensan en cómo hubiera sido su vida con esta posibilidad y este apoyo”. 

Pero en Santiago del Estero también cambiaron las cosas con la llegada del gobierno libertario. El desfinanciamiento general a las políticas de salud pública y en áreas claves de salud sexual, reproductiva y de diversidad en particular impactó directamente en la atención del consultorio. Los preservativos y descartables para hacer exámenes ginecológicos son pocos. Antes los distribuía Nación, ahora se ocupa la provincia. Y así como llegan, se terminan. Las consecuencias ya se ven. Las mujeres trans pasaban todos los días por el consultorio buscando preservativos. Después, preguntando si habían llegado. Ahora ya ni se acercan. “Imaginate cómo se van a disparar las infecciones de transmisión sexual. Es terrible”, sentencia la ginecóloga.

Pero además, desde octubre no tienen medicación para llevar adelante la hormonización. Las y los trabajadores del Consultorio de Diversidad venían usando el stock remanente de los envíos que había hecho el Ministerio de Salud de la Nación hasta 2023. El gobierno libertario no hizo nuevas licitaciones ni compró nuevos fármacos. Y se empiezan a notar los efectos. Los varones trans vuelven a menstruar, lo que en muchos genera ansiedades y malestar anímico. Las mujeres trans se alejan del sistema de salud y se automedican con anticonceptivos, que es, dice Patricia, lo que no tienen que hacer y contra lo que vienen peleando hace años. Es que estas pastillas contienen tipos y dosis de estrógenos inadecuados para ese fin, que aumentan el riesgo de trombosis y daño hepático. La terapia hormonal de afirmación de género necesita un seguimiento médico específico para garantizar su seguridad y eficacia. 

Cubrir los tratamientos sin cobertura tiene un costo variable. Las mujeres trans oscilan en un gasto de entre 78 y 128 mil pesos por mes, y los varones trans tienen disponibles dos tipos de testosterona inyectable: una cada tres semanas, que está a unos 45 mil pesos, y una cada tres meses, que cuesta 300 mil pesos. “Los pacientes hacen lo que pueden. La mayoría deja los tratamientos”, resume Patricia.

El trato respetuoso 

Silvina Cossi tiene 33 años, es psicóloga y dos veces por semana atiende en el consultorio de la diversidad sexual que funciona en Rawson, uno de los departamentos más poblados de San Juan. Se trata de un espacio amigable donde trabajan ella, una trabajadora social, una enfermera y dos médicas de familia, además del equipo de laboratorio y farmacia. El consultorio funciona a demanda, es decir, sin turno previo, y en horario vespertino en el hospital de la zona. Los pacientes viajan hasta tres horas para atenderse ahí. La mayoría lo hace para garantizarse un trato respetuoso con su identidad y sexualidad. Y porque allí pueden recibir un tratamiento específico como la hormonización.

La atención psicológica no es requisito para acceder a ningún tratamiento. Los pacientes de Silvina son los que tienen el deseo, la demanda o una derivación para psicoterapia. “Me pasa en la práctica que me escriben psicólogas de algún centro de salud preguntándome si me pueden derivar al consultorio de la diversidad a un paciente homosexual, por ejemplo. Y no hay ningún problema, se puede derivar, se puede recibir, pero en realidad se podría atender en cualquier centro de salud”. 

En el consultorio de diversidad de Rawson los tratamientos para hormonizarse sufrieron una interrupción que no duró más de dos meses, por lo que los pacientes no tuvieron modificaciones físicas u hormonales que impacten de lleno en su corporalidad. Esa incertidumbre instalada se siente dentro de la terapia. “Hay un efecto si se corta la medicación, sobre todo sintomatología de ansiedad. Depende de la estructura de base de cada usuario cómo repercute esta espera. No podemos generalizar que todos los pacientes de diversidad van a recibir la interrupción de la hormonización de la misma manera, sí podemos decir que principalmente hay una expectativa ansiosa”.

El gobierno provincial absorbió el presupuesto para estos medicamentos y garantiza también que la atención en el consultorio se siga brindando en cualquier circunstancia: si un paciente va y no tiene su medicación, igual cuenta con un espacio de contención, de escucha y acompañamiento. Nadie se queda solo otra vez.

Una realidad

El 23 de enero de 2025 el presidente Javier Milei se paró frente al mundo en el Foro Económico de Davos. Ahí, criticó al aborto, asoció la homosexualidad con la pedofilia, cuestionó la existencia de los femicidios y aseguró que “están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones”. Los discursos no quedaron ahí, y apenas unas semanas más tarde, el gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, que prohíbe que las personas menores de 18 años accedan a tratamientos de hormonización y cirugías de reasignación genital para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida.

El DNU atentó directamente contra el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que establece el derecho al acceso a tratamientos de salud, como la hormonización, para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. En el caso de menores de edad, la ley vigente requiere del consentimiento informado del representante legal y la aprobación de la autoridad judicial competente, considerando los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño.

La modificación pretendía eliminar el derecho de los adolescentes a estos tratamientos de salud. Sin embargo, le llovieron los pedidos de amparo y la Justicia declaró la inconstitucionalidad del DNU. Aunque aún sigue vigente, se encuentra a la espera de que el Congreso trate su derogación. Las y los médicos aprendieron a sortear las trabas que las obras sociales establecieron para el acceso a partir del decreto.En los consultorios, la resistencia se volvió parte de la práctica médica.

“He visto familias muy empoderadas dispuestas a cualquier acción con tal de que se cumpla su derecho”, dice Fabiana Reina. Ella es tocoginecóloga, especializada en ginecología infantojuvenil y en endocrinología ginecológica de San Miguel de Tucumán. La demanda lenta y constante de familias que buscaban un consultorio amigable la llevó a trabajar sobre todo con infancias trans. El área de trabajo de la especialista es tal vez de las más atacadas por los detractores de la ley en general y, ahora, por el gobierno nacional en particular. “Me dijeron en su momento ‘lástima, tremenda profesional dedicarse a eso’”, reconoce la médica.

Desde el 2020, Reina preside la Fundación Transformando Familias. “Que cada vez tengamos más familias en la Fundación me hizo dar cuenta de que las infancias trans son definitivamente una realidad. Y que esa realidad convoca a toda la sociedad, empezando por su estructura fundamental, la familia”, dice.

La Fundación que encabeza la doctora es blanco de ataques por la organización del Primer Congreso Global de Infancias Trans previsto para el 18 de octubre. Las organizaciones de diversidad tucumanas denunciaron hostigamientos, agresiones y la difusión de contenidos falsos sobre el evento, que derivaron en la cancelación del congreso. Tenía más de 500 inscriptos y disertantes de todo el país y el mundo. No pudo garantizarse la seguridad e integridad de las familias que iban a asistir. Sus organizadores, que pocas habían sentido el odio organizado como ahora: aseguran que ese discurso llega direccionado y legitimado por el Gobierno Nacional.

“Nosotros estamos convencidos de que estamos en el camino correcto: alvar a un niño de intentos de suicidio, de autolesiones o de situaciones de agresión, discriminación, bullying, acoso, maltrato físico y todo lo demás por no aceptar o respetar su identidad, nos hace creer que estamos por el camino correcto, por más que deroguen leyes o saquen decretos”.

Fabiana trabaja con protocolos internacionales fijados por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, que establece los criterios clínicos de atención a las infancias y adolescencias. El uso de medicamentos,, por su parte, es a demanda y hay infancias y adolescencias que no llegan a eso. No todas las identidades trans deciden hormonarse. No es requerimiento ni norma para ser. En la mayoría de los casos, a los niños y niñas trans les alcanza, simplemente, con que los escuchen y reconozcan. “Mencionar el nombre que elige ese niño o niña, respetar la vestimenta que desea usar, el corte de pelo, los juguetes, los dibujos. Eso no tiene necesidad de intervención de ningún sistema judicial ni de salud. Es algo que la familia puede responder perfectamente acompañando”, explica Fabiana.

“Hay infancias y adolescencias que son entidades trans bastante importantes desde lo físico, autoperceptivo y disconfort corporal” . Para esas personas, los tratamientos hormonales, dice la especialista, son necesarios, sobre todo aquellos que ayudan a frenar el desarrollo puberal de los adolescentes. “La gente suele asustarse. Dice que castramos, hacemos daño o invadimos, pero la medicación que se usa es de las más seguras que hay. Y además, es reversible. No estamos experimentando con las infancias. De hecho, sobran ejemplos que muestran lo beneficioso que es recibir bloqueadores hormonales, no solo para la salud mental, sino para la salud física y social de los chicos y chicas.” El objetivo de los tratamientos no está en intervenir, sino en aliviar. 

Si la temática siempre fue difícil, ahora es más. Como en otras provincias, en Tucumán ha habido pausas en la entrega de medicamentos para las hormonizaciones y eso repercutió directamente en la interrupción de varios tratamientos. Las obras sociales y prepagas han reducido coberturas, y el escenario de incertidumbre y discriminación sólo genera más temores. Y, sin embargo, en cada consulta, en cada receta sorteada y en cada nombre respetado, se repite la misma escena que vio Daniel Lizzi en Rosario: alguien que, gracias a la ley y a la dedicación de los equipos de salud, siente que su vida cambia para siempre. Mientras los decretos y discursos intentan frenar los derechos, los cuidados cotidianos avanzan, sosteniendo lo que la ley prometió desde el inicio: que cada identidad pueda ser vivida sin miedo.

LH / MA

Organizaciones trans, de diversidad sexual y de derechos humanos repudian la realización en el Senado de la Nación de un seminario titulado “Ley de Identidad de Género: testimonios sobre sus consecuencias”, previsto para este miércoles 20 de agosto. Como respuesta, convocaron a un “Cabildo Trava” a partir de las 12 horas frente al Congreso (Hipólito Yrigoyen 1702) para manifestar su oposición a lo que consideran un intento de retroceder en derechos conquistados.

“El Senado debería garantizar derechos, no relativizarlos. La Ley de Identidad de Género no se debate: se cumple”, afirmaron en un comunicado. Para las organizaciones, la sola idea de discutir la normativa sancionada en 2012 implica “abrir la puerta a discursos de odio y legitimar la propagación de prejuicios”, además de desconocer que se trata de un derecho humano reconocido internacionalmente.

Los testimonios de familiares y activistas subrayan el carácter violento de la iniciativa. La escritora y activista trans Barbie Di Rocco señaló en sus redes: “Este miércoles, el Senado inicia el plan para derogar la ley de identidad de género. Obviamente presentarán personas 'arrepentidas' de transicionar, estigmatizándonos nuevamente. Que linda la libertad que votaron eh! Ahora usan como excusa 'las infancias'. ¿Cuándo les importaron las infancias? El Garrahan, los chicos revolviendo basura, la pobreza infantil, los niños con discapacidad. Esto es puramente odio”.

Sabrina Renee, de la Asociación Civil Xadres Varones Trans y No Binaries de Santa Fe, advirtió: “Este seminario atenta de manera directa contra la existencia de mi hijo. Es violento que alguien decida que no puede ser él. La construcción de su identidad no borra su parte biológica, aprendemos y acompañamos esa construcción de manera amorosa y, por sobre todas las cosas, la respetamos”.

La activista trans Gabriela Ivy remarcó que el trasfondo responde a corrientes conservadoras globales: “La finalidad real de este encuentro no es proteger a las personas trans, sino instalar una línea conservadora y antiprogresista que ya funciona como doctrina en otros países: en España a través de VOX, en Estados Unidos con Trump y en Brasil con Bolsonaro. Se trata de un plan de exterminio sistemático que busca negar nuestras existencias bajo el disfraz de un falso cuidado”.

Giovi Novello, también de la Asociación Civil Varones Trans y No Binaries de Santa Fe, puso el foco en las infancias: “Este seminario expone nuevamente la desinformación acerca de las identidades trans, atentando directamente contra las niñeces. Desmantelar programas que acompañan y visibilizan esas vivencias pone en riesgo a cientos de familias que se quedan sin apoyo. Proteger a las infancias exige políticas públicas que abracen y garanticen derechos”.

En la misma línea, Luciana Viera, de la Asociación Civil Mocha Celis, denunció: “Cada vez que se instala la idea de revisar la Ley de Identidad de Género, lo que realmente se busca es retroceder en conquistas que nos costaron años de lucha y vidas de muchos compañeros y compañeras. Debatir la ley es debatir si tenemos derecho a existir. Y eso no es democracia, es violencia institucional”.

El seminario en cuestión se realizará a las 14 horas en el Salón Auditorio Emar Acosta del edificio Alfredo Palacios. Según la convocatoria oficial, analizará “los efectos médicos de los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas que se contemplan en la Ley de Identidad de Género”, a partir de testimonios de personas que atravesaron esos procesos.

Además, plantea “reflexionar sobre la necesidad de revisar ciertos aspectos de la Ley 26.743, especialmente en relación con su aplicación a menores de edad, a fin de garantizar una mayor protección y seguridad en los tratamientos y procedimientos establecidos”.

Con la consigna “La Ley no se debate: se cumple”, las organizaciones convocantes esperan visibilizar este miércoles en las calles su repudio al seminario y ratificar la vigencia de la Ley de Identidad de Género.

CRM

Mauricio Macri se sumó al clima ultraconservador de Javier Milei tras la marcha antifascista del sábado pasado. Hoy el expresidente se congració con el libertario por sus cambios en la Ley de Identidad de Género que poco efecto tienen en la práctica porque los tratamientos a menores de edad ya están prohibidos en la norma actual.

Macri felicitó a Milei “por la decisión de prohibir los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles”. Sin embargo esto ya estaba prohibido. Aunque ayer el Gobierno emitió el decreto 62/2025 que modifica la Ley de Identidad de Género y define que “sólo puedan acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo aquellas personas mayores de DIECIOCHO (18) años”, ni en Argentina ni en otra parte del mundo existen legislaciones que promuevan la “mutilación”, “hormonización” u operación de niños y niñas trans.

Pese a esta información, Macri insistió en que la decisión del Ejecutivo “es un gran paso hacia la sensatez y la protección de los niños”. Y agregó: “En los últimos años, estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad. Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas”.

A modo de ejemplo, Macri citó que Reino Unido se “registró un crecimiento tan desmedido que llevó la demanda de 300 tratamientos por año en 2012 a más de 5.000 hacia 2022” y aclaró que “no hay acuerdo sobre las causas de ese incremento, pero sí sobre las consecuencias”.

“En 2020, la Dra Hilary Cass fue asignada en el Reino Unido para realizar una revisión exhaustiva sobre los servicios de identidad de género en niños y adolescentes. El informe fue presentado en 2024, y sus datos condujeron a la prohibición de tratamientos en menores en ese país desde el 1ro de enero de 2025. El informe Cass fue coincidente con otras investigaciones que llevaron a restringir severamente los tratamientos en menores en otros países”, continuó el expresidente pese a que el artículo 11 de la normativa, sancionada en 2012, especifica que son “todas las personas mayores de dieciocho años de edad” quienes podrán “acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. 

Además, para la legislación argentina, todas las personas de 16 años o más son consideradas como adultas en lo que refiere al cuidado del propio cuerpo, pero sobre los “tratamientos integrales hormonales” en menores de 16 años el consentimiento de madres, padres o tutores responsables o la judicialización es un requisito excluyente. 

“La ley de Identidad de Género dice expresamente que las cirugías de reasignación son para mayores de 18 años”, dijo María Rachid a elDiarioAR. Hoy es titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT, pero hace 13 años fue una de la autoras de la Ley 26.743, pionera en el mundo. 

El artículo 11 de la normativa, sancionada en 2012, especifica que son “todas las personas mayores de dieciocho años de edad” quienes podrán “acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. 

Una de las pocas terapias posibles es el bloqueo o retraso puberal que es un tratamiento reversible que se utiliza hace más de dos décadas para niños y niñas con pubertad precoz y hace relativamente poco se empezó a utilizar en niños y niñas trans. Consiste en la administración de análogos de liberadores de gonadotrofina. Esto revierte y/o detiene la progresión de los cambios propios del crecimiento durante la adolescencia y que no son deseados por quienes están atravesando un proceso de transición. Por ejemplo, puede impedir la aparición de la voz masculina y el incremento del tamaño de la nuez. Y así pueden evitar, en el futuro, cirugías más invasivas como la mastectomía o la maxilofacial. En todos los casos siempre se lleva adelante con asesoramiento familiar y psicoterapia de apoyo. El único objetivo de estos tratamientos es ayudar a los chicos y a las chicas a vivir con el aspecto y rol de género autopercibido. 

Las estadísticas de niños y niñas que acceden a estos tratamientos son ínfimas. Por poner la lupa en la provincia más populosa del país, según un relevamiento del Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el periodo 2022-2023 consultaron al sistema de salud 780 niñeces y adolescencias, de los cuales sólo 49 se encontraban en proceso de supresión puberal en ese período de tiempo. En todos los casos se trataba de adolescentes a partir de los 12 años. 

Muchos y muchas de quienes habían hecho consultas sobre estos tratamientos (un 40%) refirieron que después de contar con la información los niños, niñas y adolescentes eligieron no realizarlo. 

MM/MC

A los 8 años “Facha”, como lo llamaba su familia de chico, escribió en un papel un nombre que no era el que le habían asignado al nacer, la fecha y su lugar de nacimiento y se dibujó a él mismo. Se hizo su propio DNI porque en el que tenía no se reconocía. “Conmigo la cigüeña se equivocó, mamá. Me trajo nena y soy varón”, le decía a su familia. Dos años después, en 2014, pudo acceder a la rectificación de su documento, gracias a la Ley de Identidad de Género. Fue el primer caso que no tuvo que judicializarse. Hoy ya es mayor de edad. Los niños y niñas trans, y sus familias, no piden “tratamientos de hormonización y la cirugía de adaptación del cuerpo en menores de 18 años” como intenta instalar el Gobierno. 

“Las infancias trans piden que se les respete, que se les escuche, que validen su existencia. Quieren ir al colegio y les llamen por sus nombres, quieren poder elegir su ropa y corte de pelo. Nada más”, dice a elDiarioAR Manuel Sinde, de El Teje, una organización que acompaña infancias, adolescencias y personas adultas trans, travestis, no binarias y a sus familias. Y agrega: “Pocas veces hablé con une niñe trans de operaciones u hormonas. Necesitan amor y acompañamiento porque el mundo es muy hostil con ellxs. Somos les adultxs quienes les llenamos de preocupaciones y expectativas”. 

Este jueves el Gobierno emitió el decreto 62/2025 que modifica la Ley de Identidad de Género en el que define que “sólo puedan acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo aquellas personas mayores de DIECIOCHO (18) años”.

Tras el anuncio del Gobierno, a Manuel no paran de llegarle notificaciones por Whatsapp. “Desde hace rato estoy contestando mensajes de familias y adolescencias a las que acompaño. Están llenas de miedo, angustia y ansiedad. El Gobierno está desinformando, divulgando que con las infancias se hacen cosas que no son así”, cuenta.  

“Acompañamos a más de 30 familias, jamás se mutiló u obligó a algune niñe a someterse a tratamientos. Por el contrario, se les acompaña, escucha y se le brindan herramientas para que a la hora de elegir puedan hacerlo a conciencia, acompañadxs por profesionales de la salud. Como organización nos vemos en estado de emergencia ya que sin Educación Sexual Integral y con estos discursos y comunicados atentan contra la calidad de vida de lxs mas chiquitxs”, dice. 

Ni en Argentina ni en otra parte del mundo existen legislaciones que promuevan la “mutilación”, “hormonización” u operación de niños y niñas trans. “La ley de Identidad de Género dice expresamente que las cirugías de reasignación son para mayores de 18 años”, dice María Rachid a elDiarioAR. Hoy es titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT, pero hace 13 años fue una de la autoras de la Ley 26.743, pionera en el mundo. 

El artículo 11 de la normativa, sancionada en 2012, especifica que son “todas las personas mayores de dieciocho años de edad” quienes podrán “acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. 

Para la legislación argentina, todas las personas de 16 años o más son consideradas como adultas en lo que refiere al cuidado del propio cuerpo. Sobre los “tratamientos integrales hormonales” en menores de 16 años el consentimiento de madres, padres o tutores responsables o la judicialización es un requisito excluyente. 

Una de las pocas terapias posibles es el bloqueo o retraso puberal que es un tratamiento reversible que se utiliza hace más de dos décadas para niños y niñas con pubertad precoz y hace relativamente poco se empezó a utilizar en niños y niñas trans. Consiste en la administración de análogos de liberadores de gonadotrofina. Esto revierte y/o detiene la progresión de los cambios propios del crecimiento durante la adolescencia y que no son deseados por quienes están atravesando un proceso de transición. Por ejemplo, puede impedir la aparición de la voz masculina y el incremento del tamaño de la nuez. Y así pueden evitar, en el futuro, cirugías más invasivas como la mastectomía o la maxilofacial. En todos los casos siempre se lleva adelante con asesoramiento familiar y psicoterapia de apoyo. El único objetivo de estos tratamientos es ayudar a los chicos y a las chicas a vivir con el aspecto y rol de género autopercibido. 

Las estadísticas de niños y niñas que acceden a estos tratamientos son ínfimas. Por poner la lupa en la provincia más populosa del país, según un relevamiento del Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el periodo 2022-2023 consultaron al sistema de salud 780 niñeces y adolescencias, de los cuales sólo 49 se encontraban en proceso de supresión puberal en ese período de tiempo. En todos los casos se trataba de adolescentes a partir de los 12 años. 

Muchos y muchas de quienes habían hecho consultas sobre estos tratamientos (un 40%) refirieron que después de contar con la información los niños, niñas y adolescentes eligieron no realizarlo. 

Infancias intersex: las verdaderas infancias mutiladas de las que no se habla

Ale López Bemsch nació en Tucumán hace 35 años y vivió una infancia marcada por múltiples intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento: desde que tenía apenas meses de vida hasta su adolescencia. “Las intervenciones médicas que sufrí se llevaron a cabo tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas de mi provincia. La realidad es que, hasta el día de hoy, estas prácticas de mutilación genital siguen ocurriendo en todo el territorio argentino y son una realidad preocupante. Generan un profundo sufrimiento físico y emocional, constituyendo experiencias sumamente traumáticas y abusivas. Estos actos son tortura y mutilación, dado que se realizan sin el debido consentimiento informado y vulneran gravemente la integridad corporal de las personas intersexuales”, dice a elDiarioAR.

“El Gobierno de Javier Milei se jacta en afirmar que la ‘ideología de género’ habilita a mutilar a infancias trans, cosa que no es cierto. Lo que si sucede es la mutilacion genital intersexual que nadie nunca habla”, agrega Ale, que es parte de la organización Argentina Intersex.

Entre las prácticas más comunes se encuentra la escisión de un fragmento del clítoris y las vaginoplastias, que son procedimientos quirúrgicos en los cuales se crea una vagina usando parte del colon. Estos procedimientos suelen ir acompañados de tratamientos hormonales y dilataciones vaginales. Las consecuencias de estas cirugías pueden ser severas, incluyendo hemorragias, fístulas, necrosis de tejidos, disminución de la sensibilidad en los genitales y dolor crónico. 

En 2023 la periodista y escritora Candelaria Schamun publicó “Ese que fui, expediente de una rebelión corporal”, un libro en el que cuenta en primera persona las intervenciones a las que fue sometida cuando nació para “normalizar” su cuerpo intersex. 

Persecución a la población LGBTI+

“Técnicamente no pueden cambiar una ley por decreto pero pueden tomar decisiones de necesidad y urgencia, vía DNU y dependerá del Congreso lo rechace o no”, advierte María Rachid. 

Más allá de lo que pase a nivel legislativo, la desinformación y los discursos del odio en voces oficiales ya están en la conversación pública. “La situación actual en Argentina es sumamente preocupante, no solo por la creciente institucionalización de discursos de odio contra la población LGBTI+, sino también por el aumento de la violencia y la discriminación que esto genera hacia la comunidad en general”, dice Ale López Bemsch

El presidente de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile, coincide: “Es un plan de persecución, de exterminio, de amenaza, de odio hacia la comunidad porque es una política de Estado. Hay que alertarlo y denunciarlo a nivel nacional e internacional de esta manera”.  

DTC

Apenas días después de la masiva marcha antifascista, el Gobierno dispuso hoy la modificación de la ley de Identidad de Género y anunció que se prohibirán los tratamientos de hormonización y adaptación en menores de 18 años, aunque esa prerrogativa está contemplada en la norma previa autorización de los padres o tutores. El anuncio lo hizo esta tarde de miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un video grabado en Casa Rosada.

“El Gobierno nacional decidió modificar también la ley de identidad de genero y prohibir los tratamientos de hormonización y la cirugía de adaptación del cuerpo en menores de 18 años”, dijo el vocero del presidente Javier Milei. Y amplió, aunque no aclaró si la modificación será vía decreto o con una nueva ley en el Congreso: “La norma votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012 no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18”.

La Ley 26.743 entiende la identidad de género autopercibida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Cuando el sexo y el nombre que figuran en el DNI no coincidan con la identidad de género de la persona, se puede solicitar una rectificación registral, incluso en el caso de niñas, niños o adolescentes, quienes también lo podrán solicitar a través de un representante legal.

La Ley también regula el acceso a la atención sanitaria integral de las personas indicando que podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Y menciona que los tratamientos médicos de adecuación de género deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Fue pionera en el mundo como norma que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad.

El vocero pisó en falso cuando agregó: “Hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aun, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede incluso apelar a un juez para que se lo autorice”. Sin embargo, la ley actual no autoriza cirugías de cambio de género en menores de 18 años.

Según el comunicado oficial, el Gobierno considera que estas intervenciones son “irreversibles y pueden ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias catastróficas en la salud mental”. “Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar este tipo de decisiones. Por eso, países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han dado marcha atrás y han prohibido estas prácticas en menores”, argumentó el comunicado de la Oficina del Presidente.

En los hechos, la actual ley 26.743, aprobada por unanimidad en general en el Congreso en 2012, dice en su artículo 5 que “con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Además el articulado afirma: “Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Traslado de presos por cambio de género

El Gobierno anunció además que prohibe los traslados de presos por cambio de género. Adorni sostuvo que la medida busca terminar con los abusos del sistema actual. “Si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no podrá pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal. Esto garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género”, afirmó.

En ese sentido, Adorni mencionó el caso de un preso en Córdoba que, tras ser trasladado a una cárcel de mujeres por autopercibirse como tal, abusó de otras internas. “El sistema se convirtió en una herramienta para que condenados por violencia hacia las mujeres vuelvan a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”, advirtió.

Por último, el documento oficial indica que ningún hombre que haya solicitado la rectificación de género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres. “Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección”, concluyó el comunicado.

MC

El 9 de mayo de 2012, la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en sancionar una ley de Identidad de Género que, sin forzar operaciones ni pericias psicológicas, habilitaba el cambio de DNI de las personas travestis trans. Incluía los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). No requería autorización judicial ni psiquiátrica para iniciar el trámite registral. Habilitaba el derecho a los menores de edad al reconocimiento de su identidad solo con su consentimiento. La ley salió por unanimidad, pero, en la última semana, se terminó convirtiendo en foco de críticas y noticias falsas luego del discurso de Javier Milei en Davos.

“Se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se auto perciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”, afirmó el presidente en el foro económico.

A partir de entonces, los alfiles del gobierno comenzaron a echar mano a casos lejanos y arbitrarios -a veces falsos- para justificar las declaraciones del presidente, así como demonizar la ley de Identidad de Género (Ley 26.743). El argumento preferido –repetido por Lilia Lemoine, Nicolás Márquez, entre otros– era que los hombres podrían empezar a decidir que se autoperciben niñas.

“Acá hay una búsqueda para tergiversar la realidad. El presidente inventa un efecto de la ley que no existe en Argentina. La ley no habilita que un tipo pueda decir que se autopercibe niño para poder violar otra niña. No es verdad que los niños pueden operarse, es a partir de los 16 años. No es verdad que los homosexuales sean pedófilos. Es todo un invento para construir un enemigo”, recita una de las autoras de la ley, Juliana Di Tullio, a elDiarioAR. 

La ley se aprobó en Diputados en la última sesión de 2011, una de esas sesiones que se apuran en tratar todos los proyectos que quedaron en el tintero antes de que finalice el período ordinario. Fue así que, entre la ley de Fertilización Asistida y la de Muerte Digna, la Ley de Identidad de Género tuvo su media sanción. Impulsada por las organizaciones travestis trans y de la diversidad –englobadas, en su mayoría, en un frente nacional comandado por Lohana Berkins–, fueron las peronistas Di Tullio y Diana Conti, junto a la entonces radical Silvana Giudici (fue años antes de que se sumara al PRO y se convirtiera en una espada legislativa de Patricia Bullrich), las que empujaron la ley. 

“Milei es un fascista y un cobarde”

–¿Qué te pareció el discurso de Javier Milei?

–Me pareció absolutamente fascista. Estuvo desorganizado a propósito, porque lo leyó, y lo hizo para desinformar, tergiversar. Con la ley de Identidad de Género uno no puede hacer lo que quiere. Uno no puede obligar a un niño o niña a hacer nada. No deja que los niños y niñas se hormonen o se realicen una operación. Es una brutalidad digna de alguien cuyo objetivo es desinformar y, sobre todo, tergiversar la ley.

–¿Cómo fue el proceso de sanción de la ley y cómo se abordó el tema de las infancias?

–Primero estuvieron las organizaciones, sobre todo había muchas de padres y madres que formaban un colectivo y necesitaban una respuesta legal. Veníamos trabajando el tema con Diana (Conti) y nos juntamos con juristas, médicos, y padres y madres que te contaban el drama de menores que tenían la necesidad de vivir con su identidad autopercibida. Antes era una cuestión silenciada, y muchas veces eran los propios médicos quienes definían la identidad de esos niños, niñas. Había mucho desconocimiento por parte del cuerpo médico.

–En las organizaciones de la diversidad hay temor de que se pretenda avanzar contra la Ley de Identidad de Género, o al menos eliminar la inclusión de los tratamientos en el PMO. O que no se le permita a los menores de edad hacer el cambio de DNI. ¿Crees que el gobierno puede derogar la ley?

–Este es un tema saldado en la Argentina. No le veo ninguna posibilidad. La ley es clarísima. Es una ley que no le quita derechos a nadie, si no que da derechos a una porción de la sociedad que sufre mucho. ¿Por qué la eliminarían?

–Por la ideología de un sector de LLA.

–Bueno, que vayan y consigan los votos. No lo van a lograr. La sociedad ya saldó estas discusiones. La verdad es que al Presidente le salió mal lo que dijo. Porque estas cosas suelen salir mal. A mi lo que me preocupa es que tenemos un presidente que no solo es fascista, sino un cobarde. Como buen fascista es un cobarde y quiere hacerle decir a las leyes cosas que no dicen. Y eso es responsabilidad de la dirigencia política, de todos: hay que salir a aclarar que lo que dicen es mentira. 

–¿Qué cosas?

–Que los gays no son pedófilos: las estadísticas muestran que el 90% de los delitos de este tipo lo cometen heterosexuales. Que no es cierto que no haya desigualdad entre el hombre y la mujer: cada 30 horas muere una mujer por el simple hecho de serlo. Que tampoco es cierto que los niños, con la ley de Identidad de Género, puedan hacer cualquier cosa. No se pueden hormonar ni operar, la intervención es a partir de los 16 años. No es cierto que un hombre pueda autopercibirse niño y abusar de un niño y niña y zafar de la figura penal de pedofilia. Tampoco es cierto que un hombre pueda decir que se autopercibe mujer y jubilarse antes. Son todas mentiras.

–¿Te parece insólito tener que explicarlo?

-No, lo insólito es que el Presidente mienta sobre las leyes. Hay que salir a explicar. Hay que decir que está mintiendo, que la ley no dice lo que él dice que dice. 

–¿Qué opinas de los partidos que impulsaron esta ley y la de Matrimonio Igualitario y no dijeron nada sobre lo dicho por Milei?

–Creo que están construyendo un espacio de identidad donde pertenecer. Milei, Patricia Bullrich y compañía. Están construyendo un enemigo, un enemigo que no existe. El virus woke, ideología de género, que no existe. ¿Qué carajo es eso? 

–¿Qué respondes cuando te acusan de no haber marchado contra Alperovich o Alberto Fernández?

–Que también es un argumento fascista. Es como decir ‘los peronistas son todos chorros’. Mirá, el peronismo mientras gobernó lo que hizo fue caminar en la misma dirección de una parte de la sociedad que entendía que tenía que pelear por sus derechos. Es lo que hizo históricamente el peronismo. Los partidos con origen popular y democrático vamos a estar mañana en la marcha. Convocó el peronismo, convocó el radicalismo, convocó el socialismo. Los partidos que pensamos que el fascismo y el racismo son malos para la sociedad vamos a estar. La ley de Identidad de Género tiene un origen popular y democrático, la presentamos Diana y Giudici cuando era todavía radical. Y fue votada por unanimidad en el Congreso. Más democrático que eso no hay. }

MC/DTC

El presidente Javier Milei ratificó hoy la política de seguridad del Gobierno y anunció que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género, luego de que se diera a conocer que el líder de la banda Los Monos, Guillermo Cantero, había presentado 10 hábeas corpus en los que decía autopercibirse mujer.

“Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede darse semejante barbaridad. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la ley de igualdad de género”, aseveró Milei al encabezar la ceremonia de Entrega de Sables que tuvo por la tarde en la Casa Rosada.

En esa línea, el mandatario señaló que los establecimientos penitenciarios que no adhieran a la medida “lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito”. También manifestó que hay casos donde los convictos argumentan autopercibirse del género femenino para “aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”.

El jefe de Estado sostuvo también que uno de los pilares de su administración en materia de seguridad es que “los buenos son los de azul”, en referencia a los policías, y “los malos son los delincuentes”. “El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios, no proteger a los victimarios y castigar a las víctimas”, sostuvo.

En este sentido, Milei afirmó que “durante muchos años se intentó dar vuelta a la lente con la que observamos la realidad”. “En medio de esta puja argumentativa ridícula, nuestras Fuerzas de Seguridad quedaron desamparadas por un Estado que se cansó de ningunearlas”, remarcó el Presiente.

Y agregó que “era tal el ninguneo que hasta se llegó al absurdo de liberar presos o castigar a policías honorables por el imperdonable delito de hacer bien su trabajo”. “Maquillaron un abolicionismo sin escrúpulos bajo el nombre de garantismo, pero lo único que garantizaban era la perpetuidad del crimen y el vale todo”, enfatizó Milei.

Asimismo, al destacar el accionar del Ministerio de Seguridad, el mandatario dijo que se logró erradicar “completamente los piquetes de nuestra sociedad, cosa que hace un año parecía imposible, y lo logramos, al primer mes de haber asumido”.

En este sentido, Milei sostuvo que el Gobierno está “poniendo a trabajar a presos de todo el país con el objetivo de que devuelvan el daño que le causaron a la sociedad” y para que “comprendan realmente el esfuerzo que arrebatan en cada delito que cometen”.

“Les sacamos los celulares, en todas las cárceles nacionales: se acabó el ´Viva la Pepa´ de que sigan haciendo sus negocios desde las cárceles federales”, precisó el Presidente.

El acto de entrega de sables y despachos a las Fuerzas Armadas se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y participaron también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para quien el mandatario pidió un aplauso; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni, entre otros funcionarios.

Con información de la agencia NA

“Rechazamos la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología”. Con esa expresión explícitamente contraria a la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, protagonizó este martes en Diputados una polémica exposición para justificar porqué el Gobierno cerró el Ministerio de la Mujer.

La intervención del funcionario de Javier Milei en el marco de la comisión de Mujeres y Diversidad estuvo atravesado por un fuerte cruce con la oposición, que llegó a tener ribetes escandalosos: el oficialismo invitó a un grupo de personas que oficiaron de “aplaudidores” de cada una de las frases del ministro. “Saquen a esa barra de pedófilos”, pidieron desde la izquierda.

Otro de los momentos más llamativos de la exposición fue cuando el micrófono abierto le jugó una mala pasada a Cúneo mientras hablaba con un colaborador: “Boludo, esto está textual del discurso de Milei”, le dijo a un asesor luego de leer ante los legisladores fragmentos del discurso que el Presidente había realizado en Davos en enero pasado, cuando cuestionó a la dirigencia política global por seguir ideas “colectivistas” y criticó al “feminismo radical” y al ambientalismo.

“No somos improvisados, tengo algo de calle y de canas”, soltó al inicio de su intervención el ministro Cúneo Libarona con un aire de cierta superioridad. Entonces hizo un detallado informe de cómo se encontró el ministerio de Mujeres de la gestión de Alberto Fernández y por qué Milei decidió cerrarlo. “Más allá del sesgo ideológico, durante el 2023 hubo una paulatina desinversión en el ministerio y la violencia estaba latente”, señaló el funcionario, y luego puntualizó: “Encontramos 1.000 empleados, de los cuales había 70 solo de forma permanente. 930 trabajaban por Zoom, muchos designados en el lapso previo al cambio de gobierno y que eran monotributistas”. “Fue un fracaso absoluto”, calificó la gestión del Frente de Todos en el área.

Tras presentar su diagnóstico, Cúneo Libarona buscó fundamentar la política mileísta para contrarrestar la violencia de género. “La solución pasa por la prevención, la educación y el castigo”, afirmó, aunque aclaró que para el Gobierno toda la actuación la tiene que llevar la Justicia y no el Poder Ejecutivo. Aprovechó para usar el ejemplo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, al recordar que fue la Procuraduría la que asistió a la ex primera dama que ahora reside en España. 

Fue en ese momento que entró en un modo discurso que provocó un fuerte repudio entre las legisladoras presentes. El funcionario dijo estar “en contra el colectivismo ideológico” y amplió: “En políticas públicas del Poder Judicial no puede intervenir el Poder Ejecutivo. Se acabó solo el género. Vamos por otros valores: la familia es el centro de la educación y la sociedad. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, promover los símbolos patrióticos, respetar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social”, dijo Cúneo Libarona. Y fue cuando soltó su expresión más polémica: “Rechazamos la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología”.

Entonces salió al cruce no solo el kirchnerismo, sino también el radicalismo. La diputada de la UCR Carla Carrizo le espetó al ministro: “Una cosa es su opinión y otra es la ley”. La Ley 26.743 está vigente en la actualidad luego de ser sancionada por el Congreso. La ley de Identidad de Género no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un simple trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Además, reconoce el derecho a la salud integral. 

La salida a la polémica del ministro fue aún más llamativa: “Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza humana”. Y planteó: “Acá hay que castigar la violencia sin género”. En su propia cuenta de Twitter el ministro reprodujo la polémica intervención.

Allí un grupo de personas del “Observatorio de falsas denuncias” invitadas a la comisión comenzaron a aplaudir al ministro y generó un escándalo porque ni el ministro ni las bancadas asumieron que las habían invitado. “Se ponen a defender violadores”, los cruzó Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. Luego dijo “Saquen a esa barra de pedófilos”. Fue la diputada libertaria Valeria Villaverde la que admitió haber cursado las invitaciones.

Ante el caos generado, la diputada Biasi acusó a la oficialista Juliana Santillán: “Sé muy bien lo que hace la señora (Patricia) Anzoátegui. La conozco muy bien, no son opiniones. Se pone a defender a violadores”, dijo en referencia a una de las referentes del grupo de invitadas. También la trotskista apuntó: “Se ponen a defender a violares, por eso tienen candidatos como (Germán) Kiczka ustedes”, recordardando el caso del legislador misionero de Juntos por el Cambio prófugo con pedido de captura internacional acusado de integrar una red de pedofilia.

MC/JJD

El Gobierno Nacional anunció hoy que se avanzará en la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que ya no se podrán usar la letra e, el @ y la x. Además, agregó que se deberá “evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”.

Durante la conferencia de prensa habitual, Adorni justificó la medida alegando que “las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política”. El movimiento de mujeres y diversidades rechazó la medida y advirtió sobre el retroceso cultural, social y de derechos humanos que provoca. “Tiene un implicancia concreta en términos de la posibilidad de nombrar otras identidades de género”, le dijo la referenta del colectivo Ni Una Menos Luci Cavallero a elDiarioAR.  “Ha sido una política importante en relación a que el Estado reconozca la existencia de otras identidades de género y se ponga en cuestión el universal masculino que históricamente ha invisibilizado y negado la participación de las mujeres en los espacios de poder. También la negación de una parte de la población que nunca fue nombrada ni tenida en cuenta como hacedora y como parte de este país”, agregó la socióloga.

Cavallero incluyó este anuncio dentro de la crisis que vive el país, como un intento de desviar y focalizar el malestar en el movimiento feminista. “Lo hace también con referentes sociales y sindicales, con lo cual hace que la discusión pública se centre en la estigmatización y criminalización de determinados movimientos”, agregó.

En ese sentido también se pronunció la economista Mercedes D’Alessandro, exdirectora Nacional de Economía, Igualdad y Género de la Nación , que sostuvo que es una forma de desviar la atención sobre la política económica. “Nos distraen con mil cosas. Que prohíban todas las E que quieran pero que den de comer a la gente. Es tremendo el nivel de pavada. Le dan centralidad al lenguaje inclusivo para darle de comer a sus seguidores porque no tienen logros económicos que mostrar”, declaró a este medio. 

Por su parte, la activista trans y exfuncionaria del Ministerio de Mujeres Alba Rueda denunció que la prohibición afecta el reconocimiento de ciudadanías que son diversas y atenta contra el derecho a la identidad. “No es solamente en el plano de los usos del lenguaje, tiene implicancias en el ejercicio de la ciudadanía, sobre todo cuando fueron derechos reconocidos y se quitan”,  dijo en diálogo con este diario.

En Argentina existen la Ley de Identidad de Género, del año 2012, y el Decreto 476, del 2021, que reconoce a las identidades no binarias en el documento de identidad y en el pasaporte. “Ya hay un reconocimiento de la ciudadanía que es por fuera del binarismo, ya hay una posición de Estado que se refiere a este grupo poblacional. Con este decisión, el Ejecutivo excluye a un sector de la ciudadanía de los documentos oficiales y lo que hace es seleccionar a quienes sí les reconoce los derechos”, agregó la activista.

Al ser consultado sobre las identidades que no están representadas en el género masculino, Adorni sostuvo que no es un debate que le interese al Gobierno. “El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español”, respondió. En este punto también hay críticas. “Lo que se pretende aniquilar es la discusión socio política argumentando desde la gramática y desde la Real Academia Española (RAE)”, afirmó la periodista especializada Norma Loto, autora del libro “La lengua no se calla” (Sudestada).

“Esta decisión no es de cotillón, implica el intento de la aniquilación de sentido y de los derechos de la otredad. Se argumenta desde la RAE y la Academia de Letras que esto apunta sobre lo gramatical, pero la RAE nunca vio por los derechos y las necesidades de reparación de las poblaciones vulnerabilizadas a lo largo de la historia. No se puede negar la evolución natural de la lengua, el lenguaje inclusivo vino con la misión de reparar y dar derecho. Es sacar el registro histórico de las luchas que muchas veces se manifiestan en palabras”, explicó Loto a este medio.

Esta no es la primera decisión regresiva que toma el gobierno de Javier Milei en cuanto al lenguaje. La semana pasada, el Ministerio de Defensa prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y en todos los organismos dependientes de esa cartera. A través de una resolución, el ministro Luis Petri indicó que la utilización de términos como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba” son faltas al reglamento. Algo similar sucedió en el canal Diputados TV que depende del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Una de las primeras órdenes fue “no utilizar el lenguaje inclusivo: todxs, o todas y todos, sino expresar todos”. Además, prohibió la expresión “diputados y diputadas” y en su lugar solo se puede usar el masculino.

La presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Sandra Chaher, advirtió sobre el ataque a la libertad de expresión: “Al prohibir el lenguaje inclusivo estás prohibiendo que algunas personas se expresen libremente”.  “Es una manera autoritaria de resolver un tema que es cultural. Cuando desde el feminismo en los últimos 30 años se empezó a plantear que el lenguaje era sexista y que había una necesidad de democratizarlo, nunca se planteó como obligación. En Argentina hay resoluciones de escuelas, universidades, organismos del Estado habilitando la posibilidad de usar el lenguaje inclusivo, pero no una obligación. Es central porque a las transformaciones culturales no las podes resolver por ley”, explicó Chaher a elDiarioAr.

Esta decisión se enmarca dentro de otros retrocesos en el ejercicio de derechos como el cierre del INADI o del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, algo que el presidente Javier Milei engloba dentro de la “batalla cultural”. “Esto es una batalla cultural, es la violacion de los derechos humanos, un ataque directo a las comunidades LGBT y es fijar una posición conservadora. Es inaceptable, no se llama batalla cultural es violacion a los derechos humanos”, afirma Alba Rueda.

CDB/ MG

Fui convocada a escribir una nota en el marco de los 40 años de democracia argentina. Sin embargo, estas convocatorias suelen siempre estar relacionadas a la democracia cis. La democracia de las personas travestis trans solo tiene once años. Nuestra democracia comenzó en 2012, con la creación de la Ley de Identidad de Género, cuando el Estado deja de tener políticas de persecución sobre nuestra población.

Si hablamos sobre cómo era para nosotras ese tiempo de dictadura, mediados de los 70 y los 80, las personas trans desaparecíamos al momento en que nos echaban de nuestras casas. Y si eran los milicos quienes después nos detenían, nadie podía salir a buscarnos. ¿Quién iba a hacerlo? ¿Una amiga que también era travesti y que también iba a ser secuestrada? Las pocas familias que intentaban buscarnos, ni siquiera eran reconocidas como víctimas. Eso fue lo que le ocurrió con Janet Derganz, desaparecida en la ciudad de Córdoba en abril de 1977.

Pero la represión a las personas trans no empezó con la última dictadura militar. Desde el año 1900, los gobiernos tuvieron políticas de persecución. Lo único que cambiaba entre dictaduras y democracias, era la forma, el lugar y la duración del encierro. Dependiendo de la década, ibas a Devoto, a una comisaría o al pozo de Banfield (al que antes del '76 las chicas llamaban el Área Metropolitana). Esos ya estaban instalados como “los lugares para detener travestis”.

Las personas trans que terminaban allí eran testigos de esos pasajes entre dictaduras y democracias por los sonidos y ruidos que escuchaban en su detención. Cuando una radio sonaba más fuerte de lo habitual para ocultar los gritos, cuando aparecía el llanto de un bebé o alguien preguntaba “¿dónde estamos?”. A veces podían ver coágulos de sangre en los colchones o en los tapizados del Falcon que también las hacían limpiar. Las personas trans eran testigos muy convenientes para los militares, ya que, por toda la sociedad, éramos consideradas no-personas. 

Seguir pensando que toda la población argentina tiene 40 años de democracia es volver a invisibilizar nuestras vivencias. El rabino Marshall Meyer, al ser convocado en el año 1985 para atestiguar la apertura de los expedientes de las personas desaparecidas, presenció cómo, por presión del área católica, 400 legajos de la comunidad diversa fueron ocultados. Pero el rabino comparó la información de esos legajos, y la tortura q habían recibido estas personas, con el mismo trato que habían recibido en los campos de concentración de Alemania aquellas personas macardas con el símbolo del triángulo rosa. El ocultamiento de esos legajos fue volver a desaparecernos. Y para dejar en claro: cuando, en algunas manifestaciones de nuestro país figura la cifra 30400, nuestra intención es hacer visible que hay que abrir esos legajos, y no es que queremos cambiar el número. El “400” representa una lucha que aún continúa. 

Hoy en día y a esta altura, da muchísimo miedo que la mayoría de los candidatos a presidente en nuestro contexto democrático, hayan sido de derecha o ultraderecha, teniendo en cuenta que eso implica un retroceso sobre nuestras conquistas. Seguimos constantemente en alerta, más aún nosotrxs, que la población cis. La memoria en el país está presente, lo hemos visto en estos últimos días, pero es necesario que, tanto en la sociedad como en los discursos de los dirigentes políticos, se abra la reflexión y la inclusión con respecto a las personas trans: la visibilización es más urgente que nunca. 

MBC/MG

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley que prohíbe el cambio de sexo, tanto por tratamiento médico como en los documentos de identidad, tras su aprobación el 14 de julio por unanimidad en la Cámara Baja y cinco días después en el Senado.

En el momento de su aprobación, el Parlamento consideró la ley como una medida para proteger de la “degeneración” a niños y adultos, que ya no podrán someterse a ninguna intervención médica, tanto quirúrgica como mediante el uso de medicamentos, para el cambio de sexo.

El viceministro de Sanidad ruso, Oleg Salagái, había informado en junio que el año pasado hubo 996 solicitudes para cambio de sexo en el país, según la Agencia EFE.

A partir de ahora, sólo se permitirán las intervenciones médicas relacionadas con el tratamiento de anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas asociadas con la formación alterada de los órganos genitales en los niños, tras el estudio de casa caso particular por una comisión de expertos.

También queda prohibida la adopción de niños por parte de las personas que ya hayan cambiado de sexo, y esas personas tampoco podrán ser sus tutores o fideicomisarios de menores.

La nueva legislación establece la anulación del matrimonio, si uno de los cónyuges se somete a una reasignación de sexo.

Incluso antes de que Putin firmara la ley, la Justicia rusa anuló el primer matrimonio después de que uno de los miembros de la pareja presentara una solicitud de cambio de sexo en los documentos personales, opción que estaba permitida hasta hace poco en Rusia. La ley prohíbe ahora cambiar el sexo en la documentación personal.

Entre 2018 y 2022, más de 2.700 rusos cambiaron de sexo en sus documentos y unos 200 de ellos contrajeron matrimonio, según datos citados por EFE. Sin embargo, una reforma constitucional de 2020 ya había introducido en Rusia el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer.

Después de la ratificación de la ley, los transexuales rusos no sólo temen una mayor represión, sino que el exilio sea la única opción que les quede.

“Como primera política transexual de Rusia puedo decir que esta ley no sólo es discriminadora, sino que prohíbe la propia existencia de la gente trans en Rusia. Es un genocidio contra los transexuales”, declaró a EFE Yulia Alióshina, candidata a gobernar la región siberiana de Altái.

Mientras, Maxim, un transexual que trabaja con el Centro T, la principal organización de ayuda a los trans en Rusia, afirmó que ya tiene “planes de emigrar a España”. “Rusia se está degradando a marchas forzadas. Los que pensaban operarse, tendrán que hacer lo mismo”.

La activista por los derechos de la diversidad travesti-trans Diana Sacayán, asesinada en 2015, fue homenajeada hoy por Google con una intervención en el logo del buscador en virtud de que hace 11 años se convirtió en una de las primeras personas trans en recibir su DNI con la inscripción del género femenino a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género.

El doodle, como se conoce a la ilustración en el reconocido buscador, fue realizado por el ilustrador y diseñador gráfico argentino Juan Dellacha, quien remarcó que sintió “mucha emoción” al realizar el trabajo y en especial por homenajear a Sacayán.

“Sentí mucha responsabilidad, pero sobre todo mucho orgullo de tener la posibilidad de plasmarla en un retrato que la celebrara. Las primeras ideas que tuve fueron sobre representar su alegría”, resaltó Dellacha, según se informó en un comunicado de prensa.

Sacayán es considerada un símbolo de la lucha contra la transfobia y la ley 27.636 de inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero -sancionada seis años después de ser víctima de un travesticidio- lleva su nombre junto al de Lohana Berkins, otra de las reconocidas militantes del colectivo fallecida en 2016.

El 2 de julio de 2012 recibió su DNI con la inscripción del género femenino de manos de la entonces presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Las anteriores entregas de DNI a las personas trans, travestis y transexuales fueron por orden judicial yo soy una de las primeras que recibirá su documento en el marco de la aplicación de la nueva ley”, celebró en esa ocasión.

El doodle que homenajea ese momento estará disponible todo el día en la página de inicio del buscador en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay, indicó Google.

En este sentido, desde la empresa indicaron que aquellas personas que quieran conocer más sobre la vida de Sacayán y su compromiso social, en la plataforma de videos Youtube hay disponible una gran diversidad de videos documentales e informativos, entre ellos la entrevista-documental que le realizaron a la activista en el canal Encuentro.

“Diana es una referente sumamente valiosa por el trabajo que ha podido desarrollar en la Argentina para los derechos de nuestra comunidad, que son de vanguardia y tienen carácter internacional, porque se busca replicar tanto la ley de empleo a personas travestis y trans como la Ley de Identidad de género. El significado de este homenaje refleja todo su trabajo y dedicación, y nos pone realmente muy felices”, expresó Say Sacayán, hermano de Diana.

En tanto, el autor de la ilustración resaltó: “Cuando pienso en Diana, lo primero que se me viene a la mente es su sonrisa; esa alegría que transmitía y su militancia perseverante, a pesar de toda la violencia sufrida, fueron revolucionarias y son parte de su legado”.

Amancay Diana Sacayán nació el 31 de diciembre de 1975 en la provincia de Tucumán, pero al poco tiempo su familia se trasladó a la localidad de Gregorio Laferrere en el Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires.

Luego de ser víctima en reiteradas ocasiones de violencia institucional, Sacayan comenzó un intenso activismo por los derechos de las personas travesti-trans. Formó parte del Programa de Diversidad Sexual del INADI, dirigió la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).

El 11 de octubre de 2015, Sacayán fue asesinada por Gabriel David Marino, quien fue condenado por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género.

CRM con información de la agencia Télam

Un total de 16.090 personas rectificaron su identidad de género en su DNI desde la sanción hace 11 años de la Ley de Identidad de Género y el mayor porcentaje de los trámites fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires, según un informe realizado por la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio de Interior.

Actualmente, 34 de cada 100 mil habitantes tienen rectificado el nombre, la imagen y el sexo registrado en sus DNI y, de ellos, el 56,95% optó por la categoría “mujer” y el 36,56% por la opción “varón”, de acuerdo al estudio de la DNP que depende del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Además, desde la sanción del decreto N° 476 de julio de 2021 que habilitó el DNI no binario, 1.044 personas realizaron los trámites de rectificación registral por fuera del binomio masculino/femenino, optando por la nomenclatura “X”.

El 9 de mayo del 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.743, pionera en América latina en garantizar el derecho a la identidad de género y la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans.

Según el relevamiento, el 55 por ciento de las personas que realizaron el trámite de rectificación registral tienen entre los 18 y los 29 años, siendo el promedio de edad de 28 años.

Además, quienes optaron por el género “varón” lo hacen en edades más tempranas en relación con los demás géneros analizados: casi el 19% de las personas que eligieron el género masculino realizaron la rectificación siendo menores de edad, mientras que entre las personas que eligieron el género no binario, el 10,25% lo hizo antes de alcanzar la mayoría de edad.

En tanto, solo el 3,40% de las personas que eligieron el género femenino lo hicieron en el rango etario inferior a 17 años, especifica el estudio difundido esta tarde por el Ministerio de Interior.

El informe recuerda que, previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, solo se habían realizado 45 trámites de rectificación registral que sirvieron como antecedente de la normativa legal.

Diez años después, en 2022, se registró el mayor volumen de trámites de cambio de género desde la implementación de la ley (637 trámites) y en lo que va de 2023 ya se han realizado 183 cambios.

Entre 2011 y 2017, entre el 70% y 80% de las rectificaciones realizadas por año fueron por cambios a género “Mujer”, mientras que a partir de 2018 entre un 45% y 58% de los trámites realizados corresponden a cambios por la categoría “Varón”, lo que representó un incremento del 113% en comparación con el año anterior.

Complementariamente, con la sanción del decreto 476 que posibilitó la rectificación registral fuera del binomio masculino/femenino, durante 2021 se realizaron 224 cambios, lo que representó el 9,4% del total de trámites realizados.

En tanto, en 2022 se realizaron 637 trámites de DNI no binarios -equivalente al 19,3% del total de trámites-; y en lo que va de 2023 ya se han realizado 183 cambios, lo que representa el 23,3% del total de trámites realizados.

Casi la totalidad de los trámites de cambio de género en su DNI (15.935 en total) fueron realizados por personas que residen en Argentina (99,04%); mientras que 155 personas (0,96%) residió o reside en el exterior.

De quienes poseen residencia en Argentina, el estudio detalla que la mayoría tiene o tenía residencia en la provincia de Buenos Aires (36,08%); seguida por el 12,35% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); el 8,37% en Santa Fe; y el 8,19% en Córdoba.

En menor medida, el 4,13% de las personas tiene o tenía residencia en Salta, el 3,82% en Tucumán; y el 3,31% en Mendoza; mientras que el 23,75% reside o residía en otras provincias.

La mayoría de las personas que realizaron el trámite de rectificación registral residen o residían en los grandes centros urbanos de Argentina: el AMBA concentra al 39,12% del total, siendo mayor la proporción de las personas que optaron por el género no binario (52,11%), seguido por las que eligieron el género “Varón” (43,83%) y las del género “Mujer” (34,61%).

Actualmente, 34 de cada 100 mil habitantes tienen el DNI rectificado acorde a la Ley de Identidad de Género y la Ciudad de Buenos Aires presenta la mayor cantidad de habitantes que realizaron el cambio de género (casi 62 personas cada 100 mil habitantes).

La siguen las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz (con 50 y 45 personas cada 100 mil habitantes, respectivamente); y La Rioja y Salta (44 personas cada 100 mil habitantes en cada provincia).

En el informe se analizó, además, la edad actual de las personas vivas que cambiaron de género en su DNI. El promedio de edad es de 32 años, en tanto la edad más frecuente para realizar el cambio es de 19 años y la mitad de la población tiene menos de 30.

Dentro de estos grupos etarios, quienes tienen hasta 19 años optaron principalmente por la categoría “Varón” al realizar la rectificación (70,74% de las personas comprendidas en este rango); mientras que, a medida que avanza la edad, las personas que realizaron la rectificación lo hicieron en mayor medida por la categoría “Mujer” (85,06% de las personas de 40 años o más).

Asimismo, el informe señala que, entre las 396 personas que realizaron el cambio de género en su DNI y ya fallecieron, el promedio de edad de fallecimiento es de 44 años, y el 75% de ellas murió antes de los 53 años.

Por último, la investigación señala que el 2,49% de las personas que rectificaron su DNI son o eran extranjeras (401 trámites). De ellas, el 86,28% eligió la categoría “Mujer”, y más de la mitad residen en la Ciudad de Buenos Aires (53,62%); mientras que el 37,16% vive en la provincia de Buenos Aires; y sólo el 9,22% en el resto del país.

Claves para modificar el DNI

Sí. El trámite es gratuito, no necesitás gestor ni abogado. El trámite se hace en el Registro Civil. Los requisitos son:

Sí. Siempre que te nombren deberán hacerlo por el nombre que elegiste, aunque tu DNI diga otra cosa.

No. Todo el trámite es confidencial.

Todos tus derechos y obligaciones se mantienen porque el número de DNI es el mismo.

No. Tampoco es necesario tener modificados los datos en la documentación para operarte o recibir tratamientos hormonales.

Con información de Télam.

IG

El Boletín Oficial del Estado (BOE) español publica este miércoles la ley trans, que facilita la autodeterminación de género a los menores de edad, así como la reforma de la ley del aborto, que permite abortar a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación. Ambas leyes fueron impulsadas por el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero (Unidas Podemos). Las dos leyes entrarán en vigor el 2 de marzo, un día después de su publicación.

La ley trans, cuyo título completo es Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, fue aprobada por el Congreso el pasado 16 de febrero. Se trata de una de las leyes que más debate generó en los últimos meses, especialmente por el derecho a la autodeterminación de género de las personas trans.

La reforma del aborto también centró parte del discurso político de los últimos meses. La nueva norma elimina la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica. El texto elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad, así como el plazo de reflexión de tres días.

Estas son las principales claves de la ley trans:

Las personas trans podrán modificar su sexo legal en el Registro Civil sin someterse a condiciones médicas. Actualmente, deben aportar un informe que les diagnostique disforia de género y haber pasado dos años de hormonación. Estos requisitos se eliminan. Lo podrán hacer en tres tramos de edad y una doble solicitud: los mayores de 16 años sin requisitos, los que tienen entre 14 y 16, con el consentimiento de sus progenitores y entre 12 y 14, con aval judicial. Los menores de 12 años no podrán hacerlo. Una vez solicitado, se citará a la persona a una comparecencia para que manifieste “su disconformidad” y en el plazo máximo de tres meses deberá volver a reiterar la petición.

La reversibilidad será posible una vez transcurridos seis meses, cuando la persona puede volver a recuperar el sexo legal anterior. Una tercera vez ya solo será posible por vía jurisdiccional. Además, la ley no permite que el cambio pueda llevarse a cabo con el objetivo de eludir una condena por violencia de género. Las mujeres trans tendrán derecho a medidas de acción positiva contenidas en la Ley de Igualdad una vez hagan la modificación. Las personas extranjeras, por su parte, solo podrán solicitarlo si acreditan “la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país.

¿Y los menores de edad?

Los menores que tienen entre 12 y 14 años requieren autorización judicial. El expediente será de “tramitación preferente” y se iniciará con su solicitud en el juzgado, que deberá acompañarse de “medios documentales o testificales” que acrediten que su transexualidad es “estable”. El juez le citará a comparecencia, a sus representantes y a quienes estime oportuno, podrá pedir las pruebas que considere necesarias y resolverá “teniendo en cuenta el interés superior del menor”. Los menores que hayan cambiado su nombre, pero no su sexo legal tendrán derecho a que todas las administraciones, empresas y personas físicas expidan sus documentos con arreglo a su nombre.

Fin del matrimonio obligado a parejas de mujeres

Actualmente para que el hijo o hija de una pareja de lesbianas o bisexuales con pareja mujer conste como hijo de ambas en el Registro Civil se exige que estén casadas. Si no lo hacen, la única opción que tiene la madre no gestante es adoptar a la criatura. Es algo que no ocurre con las parejas heterosexuales: el Código Civil determina que basta con que el padre (que puede ser biológico o no) declare que es su hijo. La norma acaba con esta discriminación y añade que también el “progenitor no gestante” puede declararlo.

Prohibición de las terapias de conversión

El texto considera una infracción “muy grave”, sujeta a multas de entre 10.001 y 150.000 euros, la promoción o realización de este tipo de terapias, que normalmente en forma de intervenciones psicológicas pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Se prohíben aunque haya consentimiento de la persona que las recibe. Es algo que ya ocurría en numerosas comunidades autónomas.

¿Y las personas no binarias?

La ley finalmente renuncia a incorporar el reconocimiento de las personas no binarias, por lo que las Administraciones Públicas no deberán “garantizar” que la documentación y los formularios se adecúen a la diversidad, “incluidas las personas no binarias”, como pedían algunas enmiendas. Tampoco se articularán medidas para “omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo en los documentos oficiales”.

Prohibición de las cirugías a menores intersexuales

Se prohíben las cirugías a menores de 12 años intersexuales, aquellos que nacen con características sexuales que no encajan con las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, que en ocasiones se realizan para hacerles encajar en un sexo u otro. Con la excepción de que haya indicaciones médicas que “exijan lo contrario en aras de proteger su salud”. Además, se dispone la posibilidad de que los progenitores soliciten “de común acuerdo” que la mención relativa a su sexo “figure en blanco por el plazo máximo de un año”.

Protocolos de atención a la salud

Las administraciones deberán garantizar que todas las estrategias y planes incluyen a las personas LGTBI y “orientar” la formación de los profesionales sanitarios al respeto de la diversidad. Las campañas de educación sexual tendrán en cuenta sus necesidades específicas, con especial atención a las personas con VIH. Obliga a que haya protocolos específicos para la atención de las personas intersexuales y personas trans. La atención sanitaria de estas últimas, especifica el texto, se hará en base a los principios de “no patologización, autonomía, decisión consentimiento informados y no discriminación”, entre otros.

El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, velará por el suficiente abastecimiento de los medicamentos más comúnmente empleados en los tratamientos hormonales para personas trans y supervisará su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento. Lo que se ha quedado fuera de la ley es la incorporación en la cartera básica de servicios de los tratamientos hormonales, que ya se incluyen en las comunidades que tienen legislación propia.

Diversidad en las aulas

Se incorporarán los contenidos de diversidad en las aulas, también en las universidades y en las formaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones docentes, sanitarias y jurídicas. También la ley prevé que sea un aspecto clave en la formación del profesorado y se fomentará el respeto a la “diversidad sexual, de género y familiar” en los materiales escolares. Los menores trans deberán ser tratados “conforme a su identidad” en el ámbito educativo y las administraciones deberán impulsar protocolos de acompañamiento al alumnado trans y contra el acoso tránsfobo.

Plan de igualdad LGTBI en las empresas

La ley obliga a que las empresas de más de 50 trabajadoras cuenten con “un conjunto planificado de medidas” para garantizar la igualdad de las personas LGTBI. No lo llama así, pero sería algo parecido a los planes de igualdad entre hombres y mujeres. Deberá incluir un protocolo contra el acoso LGTBIfóbico. El contenido se determinará vía reglamento y las empresas tendrán un año para ponerlo en marcha.

Además, se prevé la “implantación progresiva” de indicadores que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI en el ámbito laboral y la creación de un distintivo que reconozca a las empresas destacadas. Se deberá fomentar también formación especializada para el personal de la Inspección de Trabajo e impulsar códigos éticos en las administraciones públicas, entre otras medidas.

Estudio del sexilio y sinhogarismo

La ley establece que en el plazo de un año se recabarán datos sobre el “sexilio”, el abandono de los lugares de origen de personas LGTBI por sufrir rechazo o discriminación, y se barajará contemplarlo como “causa de despoblación”. La norma obliga a impulsar campañas de sensibilización y fomento de la diversidad, además de encuestas y estudios sobre la situación de las personas LGTBI. Específicamente, deberán llevar a cabo campañas de respeto a la diversidad y visibilidad LGTBI en el ámbito rural e investigación sobre la realidad LGTBI entre las personas sin hogar. En este punto, se prevé formación especializada para quienes trabajan con ellas y medidas para prevenir los delitos de odio.

Atención a las víctimas de LGTBIfobia

La ley estipula que se les deberá garantizar “una atención integral y especializada” con, al menos, información sobre derechos y recursos disponibles, asistencia psicológica y orientación jurídica. En este punto, se han eliminado del texto las referencias a la violencia intragénero, la que se da entre parejas del mismo sexo. Finalmente, en general las víctimas de violencia doméstica podrán solicitar “la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo”, aunque la empresa estará sujeta a sus “posibilidades organizativas”.

El abanico de sanciones

Entre las muy graves, multadas con entre 10.001 y 150.000 euros, se encuentra la realización de terapias de conversión, la elaboración o utilización en colegios de materiales discriminatorios o la denegación de acceso a establecimientos por motivo de orientación sexual o identidad de género. Con entre 2.000 y 10.000 euros se sanciona las graves, entre ellas la imposición de cláusulas discriminatorias por parte de negocios. Las leves multan con entre 200 y 2.000 euros emitir “expresiones vejatorias” en la “prestación de servicios públicos o privados” o causar daños a bienes muebles o inmuebles de personas LGTBI por su pertenencia al colectivo, centros asociativos o símbolos de memoria histórica.

Fin a las ayudas a asociaciones LGTBIfóbicas

La norma prohíbe conceder subvenciones, recursos ni fondos públicos a ninguna persona física o jurídica, pública o privada, que “incite o promocione LGTBIfobia”, incluyendo el fomento de las terapias de conversión.

Consulta el Boletín Oficial del Estado del miércoles 1 de marzo.

Este jueves 14 de julio se conmemora el Día Internacional de la visibilidad no binaria, en representación de las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer.

Según indicó el sitio Fierce Femme, la fecha corresponde al punto intermedio entre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en marzo, y el Día Internacional del Hombre, que tiene lugar en noviembre.

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican total o parcialmente como mujeres o hombres; es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-hombre. Las identidades no binarias reúnen, entre otras categorías identitarias, a personas que se identifican con una única posición fija de género distinta de mujer u hombre, personas que se identifican parcialmente como tales, personas que fluyen entre los géneros por períodos de tiempo, personas que no se identifican con ningún género y personas que disienten de la idea misma del género, según expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de los países del mundo no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía no tienen un pasaporte de género e identificación oficial.

¿Cuál es la situación en la Argentina para las personas no binarias?

Desde 2012, rige la Ley de Identidad de Género que reconoce que todas las personas tienen derecho a un trato digno y acorde a su identidad, entendiéndose por ésta “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente” (art. 2) e indica que toda persona tiene derecho a “ser tratada de acuerdo con su identidad de género”, y en particular, “a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada” (art. 1).

En tanto, el Gobierno nacional lanzó el DNI no binario en julio de 2021. De esta manera, se amplió el abanico de identidades de género reconocidas por el Estado nacional, que hasta ahora solo se habían limitado a mujer o varón. Argentina es el único país de América Latina y Central en reconocer este derecho.

En menos de un año —el relevamiento es hasta abril de 2022— 354 personas rectificaron su documento con dicha identidad, lo que representa el 2,87% del total de rectificaciones realizadas en los últimos 10 años, y el 10,8% de las del último año (sobre un total de 3272).

Según el Decreto 476/2021 de DNI no binario, quienes optan por esta alternativa exhiben en el campo “sexo” una X. 

DL

El Gobierno español dio luz verde a la 'ley trans' en la víspera del día en que se conmemora el Orgullo LGTBI. La norma seguirá así su trámite en las Cortes (el Congreso) justo un año después de que fuera aprobada en primera vuelta en el Consejo de Ministros tras las duras discrepancias que suscitó entre los socios. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no sufrió grandes cambios en las medidas clave, entre ellas, la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para cambiar su sexo legal.

“El Estado les reconoce su derecho a ser”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien explicó que la rectificación se realizará “en un plazo máximo de cuatro meses” con un sistema de “doble comparecencia”, es decir, deberán reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil. La titular de Igualdad explicó que el texto fue cambiado respecto a su primera versión en lo que respecta a las personas trans extranjeras, que en un principio las dejaba fuera aunque tuvieran papeles o fueran solicitantes de asilo. Finalmente podrán cambiar los “documentos expedidos en España” siempre que “en su país de origen no tengan garantizados sus derechos”, agregó.

La norma reconoce que las personas trans podrán solicitar ante el Registro Civil la rectificación sin necesidad de tener que aportar informes psicológicos ni la obligación de hormonarse durante dos años, que son los requisitos que establece la legislación vigente. Tendrán, eso sí, que reafirmar la decisión a los tres meses. En general, se permitirá el cambio de sexo legal desde los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

“España a la vanguardia” de los derechos LGTBI

El Gobierno dio luz verde este lunes también a una declaración institucional con motivo del Orgullo LGTBI con la que prevé mostrar su compromiso con el objetivo de que “todas las vidas LGTBI merezcan la pena ser vividas, no haya armarios y todo el mundo pueda ser quien es y desarrollar sus proyectos de vida en libertad”, afirmó la ministra. Montero remarcó que España “se sitúa una vez más ala vanguardia” de los derechos LGTBI, después de que en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el matrimonio igualitario.

España se une así a un puñado de estados que despatologizaron el reconocimiento de la identidad, como piden varios organismos internacionales, entre ellos Argentina y otros tantos en Europa como Portugal, Malta o Dinamarca. Y se suma a las 14 legislaciones autonómicas que ya tienen en vigor las comunidades y que se basan en el principio de la libre determinación de género en el ámbito de sus competencias, por ejemplo, en la sanidad o la educación. Para los colectivos LGTBI es un primer paso, pero pedirán que durante el trámite parlamentario la autodeterminación de género se extienda a todos los menores y a las personas no binarias, cuestiones que finalmente quedaron fuera.

El texto vuelve de nuevo a la agenda política después de haber recabado los informes de los órganos consultivos, a la espera del Consejo Fiscal, que está en plena renovación de mandato. Como en su día hizo con el matrimonio igualitario o la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió el posicionamiento más crítico y, aunque avaló la autodeterminación de género, reclamó más controles en ámbitos como el deporte o la violencia de género.

Llegar hasta aquí nofue un camino fácil. La norma se encalló en el seno del Ejecutivo ante las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE, que reclamaba que el cambio de sexo legal en el DNI no se permitiera en base a la libre voluntad de la persona interesada y haciéndose eco de la posición de una parte del movimiento feminista, que considera que la norma puede perjudicar a las mujeres que no son trans. La autodeterminación de género fue el principal escollo, pero finalmente los socialistas aceptaron con la fórmula de que la persona tenga que reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil en una especie de período de reflexión.

Terapias de conversión o protocolos sanitarios

Aunque fue la medida que más miradas centró y debates suscitó, la autodeterminación de género no es la única del texto. De hecho, ni siquiera se trata solo de una 'ley trans' como tal, sino que finalmente este contenido es un capítulo de una ley LGTBI más amplia, como desde el principio reclamó el PSOE.

Incluye, además, el fin del requisito del matrimonio para que las parejas de mujeres puedan filiar a sus hijos e hijas, ya que actualmente, si no se casan, la única opción que tiene la madre no gestante es adoptar a la criatura. También prohíbe y considera una infracción “muy grave” las terapias de conversión, aquellas que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona; prohíbe las cirugías por motivos no médicos a bebés intersexuales o fomenta la creación de protocolos en el ámbito de la salud y campañas que tengan en cuenta específicamente al colectivo LGTBI.

En el ámbito educativo, el texto no es especialmente novedoso. Aplica básicamente lo que ya reconoce la nueva ley de educación, es decir, la incorporación de la diversidad afectivo-sexual y LGTBI en la curricula básica o el impulso de protocolos contra la LGTBIfobia. Para el alumnado trans los centros deberán poner en marcha protocolos específicos de acompañamiento y contra el acoso transfóbico y se establecerá formación en diversidad LGTBI en diferentes ámbitos como en el acceso al empleo público. Además, las víctimas de LGTBIfobia deberán tener garantizada una atención “integral y especializada” con, al menos, información sobre recursos disponibles, asistencia psicológica y orientación jurídica.

Mi transición empezó durante la pandemia. Encerrado en mi casa, junto a mis perros y D, mi marido, pude poner en palabras ideas que venía acumulando en años de sentirme incómodo, fuera de lugar, descolocado. No soy hombre ni mujer. Mi identidad, como la de miles, se construye por fuera de ese binomio impuesto por una sociedad que clasifica y crea estereotipos de lo que podemos y no podemos hacer. Cuando las restricciones empezaron a bajar y con mi familia, mis afectos y amigues acompañando, decidí asociarme a Vélez, el club del que soy hincha y que pinta las paredes de mi barrio.

No soy hombre ni mujer. Mi identidad, como la de miles, se construye por fuera de ese binomio impuesto por una sociedad que clasifica

Entré a su página web para iniciar el proceso vía online. El formulario exigía que llene la casilla de género, pero mi identidad no estaba representada. Sabía que Vélez contaba con un Departamento de Género y decidí escribirle. A las tres horas, ya se habían comunicado conmigo por teléfono y se ponían a disposición para asociarme. Pasaron siete meses desde nuestro primer contacto. Había una decisión política, pero también un problema técnico en el formulario online que retrasó todo, más allá de las voluntades.

El 13 de abril, me citaron en el club. La ceremonia fue íntima. Llegué al Amalfitani temprano y esperé junto a D en la Intercontinental, la cafetería del club. Cuando estuvo todo listo, Paula Ojeda, directora del Departamento de Género, me acompañó hasta el mostrador. Posé frente a la cámara con una camiseta Puma suplente de 1998, con la que salió campeón en el Torneo Clausura de ese año, y una sonrisa que desbordaba las comisuras y que quedó plasmada en el plástico junto a un socio/a. En ese momento no lo sabía, pero estaba recibiendo el primer carnet no binario en la historia del fútbol argentino, según confirmó la Asociación de Fútbol Argentino a la CNN.

¿Esto significa que antes no había personas no binarias dentro de las canchas? ¿No estábamos en la popular agitando? ¿Sintiendo los colores de un equipo como propios? ¿O transitando los pasillos de un club? Parece una obviedad aclararlo, pero habitamos, disputamos y disfrutamos los espacios con o sin las instituciones visibilizando.

Hoy se cumplen diez años de la Ley de Identidad de Género, una conquista que se ganó en las calles y en los recintos. Esta medida pudo plasmar que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal cual lo siente cada persona. La ley 26.743 abrió una puerta al reconocimiento de nuestras identidades.

Sin embargo, a diez años de su sanción, son las redes que se tejen las que empujan la garantía de derechos. ¿Cómo votar sin cambio registral? ¿Cómo proceder ante una negativa burocrática? ¿Dónde encontrar trabajadores de la salud que respeten nuestros derechos? La información circula como un empuje constante mientras seguimos enfrentando el rechazo, la desinformación, la desigualdad estructural y las violencias. A diez años, la ley se festeja de forma colectiva, interseccional y luchando por todo. Desde la reparación histórica, el acceso a la salud, el trabajo y la educación hasta nuestro derecho al disfrute. Nuestro derecho a gritar un gol.

Publicada por la agencia Télam

NC

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó este lunes una resolución ministerial que promueve el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva en todos los ámbitos del ministerio que encabeza, en el marco de los diez años desde la sanción de la Ley de Identidad de Género.

“Promuévase el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio y sus organismos descentralizados”, indica el primer artículo de la resolución firmada esta mañana por la ministra durante el acto “Políticas de salud a 10 años de la Ley de Identidad de Género” organizado por la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación.

“Esto es un compromiso de seguir trabajando en función de lo que dice la ley, lo que creemos nosotros y lo que tenemos que hacer por delante”, apuntó Vizzotti al inicio de su intervención, al encabezar un acto por el 10° aniversario de la sanción de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, en el Salón Carrillo de la cartera sanitaria.

La resolución, además, establece que la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación estará a cargo de asistir técnicamente a las áreas ministeriales, los equipos técnicos y gestores de servicios para la implementación del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva.

“Esta resolución ministerial es mucho mas que una 'e'”, aseguró la ministra.

En este sentido, se dirigió “a todas las personas que lo quieran invisibilizar o lo quieren reducir” y dijo que “los convocamos a que se informen, que consulten, que vengan y se pongan en el lugar de las otras personas que hasta ahora no se sintieron incluidas en las políticas del Estado”.

Durante el evento también participaron la directora nacional de Sistemas de Información, Cintia Speranza, y la responsable de Planificación y Monitoreo del programa Redes e integrante de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, Mariana Rolla.

En sus intervenciones detallaron cómo se introduce la transversalización de la perspectiva de género y diversidad en los sistemas de información del Ministerio de Salud.

“Todo esto fue un gran desafío de poder empezar a tomar esta perspectiva amplia de no categorización, de no tanta definición, como veníamos trabajando todos estos años, para la inclusión en los sistemas de información”, indicó Speranza.

Desde su área explicó que se trabajó en la terminología estándar que utilizan las historias clínicas, donde se incluyeron “algunos vocabularios y se excluyeron vocabularios que patologizan la cuestión”.

Además, en cuanto a los sistemas de información informó que “se desbinarizó' la identificación de la persona para poder incorporar todos los términos de cómo se puede identificar el género autopercibido de las personas”.

En tanto, Rolla indicó que tanto en el programa Sumar como Proteger de la cartera sanitaria se hicieron cambios en las denominaciones y los registros con el objetivo de “visibilizar todas las identidades”.

La ministra remarcó que el país se encuentra a “10 años de una ley que fue bisagra, que es modelo a nivel mundial”, pero concluyó que “todavía nos falta hacerla carne, mostrarla, sacarla de un lugar de polémica y de disputa donde no queremos que esté”.

Con información de agencias.

IG