Informe

A 10 años de la Ley de Identidad de Género en Argentina, la deuda es la salud y la reparación histórica

El 9 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Identidad de Género -la número 26.743- y colocó a la Argentina a la vanguardia en ampliación de derechos y legitimando a la comunidad travesti trans como un nuevo sujeto político en la agenda pública.

Esta ley significó la conquista de derechos fundamentales para un colectivo históricamente vulnerado, perseguido y con un promedio de edad que no supera los 35 años. Además, tuvo la particularidad de haber sido elaborada y discutida por el activismo, las organizaciones y la militancia travesti trans, lo cual constituyó un punto clave para alcanzar un alto estándar en derechos humanos. 

Los tres ejes más sobresalientes de esta ley son: el reconocimiento de identidades de género autopercibidas; la responsabilidad del Estado para resguardar el acceso a la salud integral de las personas travestis y trans; y el derecho al trato digno, contemplando especialmente a niñes y adolescentes, en los ámbitos públicos y privados.

El concepto de autopercepción, definida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, fue central en la confección de la norma, que limita al Estado en la intromisión en este aspecto tan personal.

La Ley de Identidad de Género (LIG) permite el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en el Documento Nacional de Identidad a través de un trámite administrativo, donde lo único determinante para acceder al derecho es la expresión de la voluntad de cada persona, sin intervenciones judiciales ni médicas. Desde su sanción, más de 10.000 personas trans accedieron al reconocimiento de su identidad en el DNI.

En diálogo con elDiarioAR, la Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Greta Pena, la definió como “una ley que se sustenta en la autonomía personal y también en el deseo, ya que en la percepción que cada quien tiene de sí misma incide fuertemente el deseo. Cómo se nos caracteriza y cómo se nos define ya no es una potestad heterónoma de las instituciones estatales, sino que la identidad hace al ejercicio de un derecho inalienable de cada persona”.

Para María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans, la ley es comparable con el cambio que tuvo la sociedad argentina después del 10 de diciembre de 1983. “La dictadura de las personas trans terminó a partir de que nos dieron la LIG en una Argentina donde la lucha por la identidad es muy fuerte. Desde hace diez años que somos reconocidas por el Estado. Me puedo morir y ser enterrada con el nombre que me corresponde. Puedo continuar estudiando sin que me echen, tengo la opción de seguir mis tratamientos sin tener que viajar a otro país”, enfatizó.

Para María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans, la ley es comparable con el cambio que tuvo la sociedad argentina después del 10 de diciembre de 1983

Say Sacayan, militante trans masculino, coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y hermano de Diana Sacayán, destacó que esta ley “es el derecho a la identidad y a ser quien uno es, sin que te persigan por tu identidad, como lo hicieron históricamente con nuestro colectivo. Con la existencia de esta ley se habilita el acceso a todos los demás derechos como la educación, el trabajo y la vivienda”.  

Para Alba Rueda, militante trans y enviada especial en Orientación e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, desde la sanción de la ley “el Estado no asigna, evalúa, ni certifica identidades. Lo que hace es actuar administrativamente cada vez que una persona quiere cambiar su nombre y sexo registral conforme a su identidad de género. Lo que se resguarda como principio es el hecho de la identidad de género”.

Una ley pionera en la región

Sacayán recordó que en 2012 no había ningún país del mundo con una ley de identidad de género tan vanguardista como la argentina. “Incluso los que tenían (ley) seguían exigiendo un diagnóstico de disforia de género. Podemos decir con orgullo que Argentina estuvo a la cabeza de esta transformación global tan importante”. 

La norma argentina recogió los Principios de Yogyakarta, que reconocen el derecho a la identidad autopercibida sin requerir ningún tipo de intervención quirúrgica, tratamiento médico, diagnóstico psicológico, ni pericias judiciales. Por este motivo, las personas son las únicas autorizadas para manifestarle su identidad al mundo.

El aporte a la visibilización

En estos diez años, la ley dio un impulso fundamental al proceso de visibilización del colectivo travesti trans, que además creció como sujeto politico, formando numerosas organizaciones y redes en todo el país.

“A lo largo de este tiempo conseguimos hablar de travesticidio, transfemicidios, transhomicidio y estamos dando discusiones y trabajando para poder denotar el exterminio contra nuestro colectivo, que ha existido a lo largo de la historia”, añadió Sacayán. 

En esa línea, resaltó la Ley de Cupo Travesti Trans, sancionada en junio de 2021 que estableció destinar al menos el 1% de los cargos del personal del Sector Público Nacional a personas travestis, transexuales y transgénero, reconociendo así la estructura de las violencias y el estado de vulnerabilidad de esta comunidad. “De alguna manera intenta reparar como una medida de emergencia, pero aun así nos falta”, sintetizó. 

Deudas pendientes

A diez años de la sanción de esta ley, son varios los aspectos que permanecen en deuda. Por un lado, el artículo número 11, que establece el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos integrales hormonales para para construir la propia expresión de género es uno de los que menos se cumple.

Por otra parte, las personas travestis y trans todavía dependen de encontrar consultorios “amigables” en los municipios, localidades o provincias para poder tener acceso a la salud. “A la ley le faltan detalles que se escaparon y que se podrían cubrir con la Ley Integral Trans”, sugiere Correa.

Para la activista travesti Marlene Wayar, esta ley debería haber sido acompañada de otra que repare al colectivo travesti trans por las vulneraciones y violencias de las que fueron víctimas a lo largo de la historia. “Fuimos sometidas a un genocidio y a permanentes crímenes de lesa humanidad. En esos términos debería haberse ordenado resarcir, reparar, indemnizar y garantizarle a esta comunidad la no repetición por parte del Estado ni de la sociedad civil de estos hechos. No hemos dialogado socialmente y no hemos incorporado socialmente la responsabilidad en el acompañar a las personas en su desarrollo dentro del cotidiano social. Por lo tanto no se ha educado a la población para modificar las formas de pensar y de sentir. No hay nada que marque un límite en la construcción del odio”.

Crímenes de odio y discriminación

Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, durante el 2021 se registraron 120 crímenes de odio en los cuales la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Wayar sostuvo que el odio está fogoneado tanto desde los medios de comunicación masivos, como desde los púlpitos religiosos, que fomentan los pensamientos esencialistas, y las ideologías radicales en defensa del biologicismo.

Por su parte, la activista travesti y titular de la Oficina de Identidad de Género del Observatorio de Género de la justicia de CABA, Violeta Ríos Alegre, resaltó que muches compañeres no pueden sostener su trabajo por una subjetividad que ha sido dañada a través del tiempo. “Existen situaciones que van desde el pánico para subirte al colectivo hasta un equipo de trabajo que no sabe cómo tratarte y termina siendo expulsivo”.

Para concluir, advirtió sobre el avance de las derechas y los discursos conservadores, incluso dentro de los propios movimientos feministas. “En otros países están deteniendo leyes y tienen discursos de odio y biologicistas iguales a los de las derechas  pero que se disfrazan en el nombre del feminismo o de la mujer. Hay mucha gente que piensa que cuando se obtiene un derecho no hay vuelta atrás y la historia nos demuestra lo contrario. No hay que relajarse”.

El día de la votación

El 9 de mayo de 2012, el reconocimiento a la identidad de género contó con un amplio consenso del conjunto de los bloques en ambas cámaras del Congreso. En el senado superó los dos tercios (55 votos a afirmativos) y en diputados casi alcanzó la mayoría especial (167 votos afirmativos).

Lo que más recuerda Alba Rueda de la noche en que se votó la ley es la alegría y la emoción de haber visto a muches compañeres adentro del recinto presenciando el debate. “Me parece muy significativo que una vez aprobada la ley salimos a la plaza y había un escenario. Tuvimos la alegría de compartir con todes”. En aquel escenario, rememora, había compañeres que hoy ya no están, como les activistas Cesar Ciglutti, Diana Sacayan y Lohana Berkins, referentes y referentas indiscutidas de la ley conquistada.

AIC