El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por irregularidades financieras y fallas de infraestructura.

La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial.

La medida tiene como objetivo “regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal”.

El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.

Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.

La intervención administrativa dispuesta “alcanza pura y exclusivamente la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones y todo aquello relativo a la operación portuaria que se encuentre dentro de la delimitación jurisdiccional terrestre, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes de la jurisdicción portuaria”, y es “de cumplimiento inmediato”.

Para la gestión de la intervención, la ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).

Qué dijo el gobernador, Gustavo Melella

“El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, escribió en su cuenta de X el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Para el mandatario provincial, “desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”.

“Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”, sostuvo Melella, al tiempo que agregó que el Puerto de Ushuaia “opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”, remarcó.

Y concluyó: “Las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país. Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”.

Con información de agencias.

IG

La aprobación de la ley que habilita el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego vuelve a encender un debate de alto voltaje político y ambiental en la provincia más austral del mundo.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella y sancionada por la Legislatura, introduce cambios sustanciales respecto del marco normativo vigente hasta ahora, que establecía una prohibición estricta, desde 2021, de la cría de salmones en jaulas marinas, especialmente en el Canal de Beagle.

El nuevo esquema legal permite avanzar con proyectos de salmonicultura fuera de esa zona sensible y abre la posibilidad de desarrollar la actividad en distintos ámbitos, como mar abierto y sistemas continentales, bajo un régimen que el Ejecutivo promete reglamentar con controles ambientales y supervisión estatal.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida apunta a diversificar la matriz productiva fueguina, atraer inversiones y generar empleo en una provincia con fuertes limitaciones estructurales.

Según estimaciones oficiales, la actividad podría alcanzar en los próximos años niveles de producción cercanos a las 100.000 toneladas anuales, con una participación mayoritaria del salmón, además de la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión acumulada de varios cientos de millones de dólares. Esos números fueron presentados por el gobierno provincial como uno de los principales argumentos para justificar el cambio de rumbo.

Sin embargo, la sanción de la ley reavivó la resistencia de organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades originarias y sectores vinculados al turismo y la pesca artesanal. Estos actores vienen adviertiendo que la experiencia internacional demuestra que la salmonicultura industrial conlleva riesgos ambientales significativos, como la contaminación de las aguas, la propagación de enfermedades, el uso intensivo de antibióticos y la introducción de especies exóticas en ecosistemas frágiles.

Las críticas no se limitan al contenido de la norma, sino también al proceso legislativo. Referentes ambientales cuestionaron la velocidad con la que avanzó el tratamiento parlamentario y señalaron la falta de instancias amplias de participación ciudadana en una discusión que consideran estratégica para el futuro ambiental de la provincia. También pusieron en duda la capacidad real del Estado para fiscalizar una actividad compleja y de gran escala.

Desde organizaciones como Greenpeace calificaron que la modificación del marco legal como un retroceso en materia de protección ambiental y alertaron que Tierra del Fuego podría repetir conflictos ya observados en otras regiones del mundo donde la industria salmonera dejó impactos negativos difíciles de revertir.

Tierra del Fuego era el único lugar en el mundo donde se prohibía la actividad

En junio de 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobaba por unanimidad una ley que prohibía la cría de salmones en aguas marinas y lagos de la provincia, convirtiéndose, así, en el primer lugar del mundo en vetar esta actividad antes de su desarrollo. La norma, que este martes 16 de diciembre de 2025 quedó relegada, fue impulsada por el diputado Pablo Villegas y respaldada por organizaciones ambientalistas. Con la misma se protegía ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, el único sitio viable en Argentina para la salmonicultura.

La decisión se fundamentaba en los impactos ambientales asociados a la cría intensiva de salmones, entre ellos mortandades masivas, contaminación, proliferación de algas tóxicas, introducción de especies exóticas y daños a la fauna local.

En ese momento, ambientalistas destacaron que la ley sentaba un precedente histórico a nivel internacional y evitaba un posible desastre ambiental en la región. El antecedente de conflictos en Chile y el rechazo social y binacional a la industria habían reforzado el consenso político para avanzar con la prohibición.

Ahora, todo quedó en la nada y la salmonicultura puede avanzar en Tierra del Fuego.

Con información de medios y agencias

JIB

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra atravesada por un debate socioambiental: el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para habilitar la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad prohibida por ley en la provincia.

La discusión ha dividido a la clase política y a un sector de la sociedad que sigue atento los vaivenes legislativos en torno al proyecto, una iniciativa cargada de críticas por la forma en la que ha avanzado en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente a un modelo del vecino país que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras: el modelo chileno, donde la industria es uno de los pilares económicos.

La discusión tiene antecedentes. En marzo de 2018, Argentina anunció un convenio de cooperación con Noruega, el principal productor de salmones en el mundo, para estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el país, específicamente, en el Canal de Beagle, en Tierra del Fuego. Entonces, como ahora, sectores de la sociedad civil, entre ellos ambientalistas, científicos y habitantes, se organizaron para oponerse a un modelo de industria que aseguraban atentaría contra el ambiente, el turismo y la producción pesquera local. Además, sostenían que la implantación de la salmonicultura a nivel industrial echaría por la borda proyectos alternativos, que se encontraban en marcha, para intentar desarrollar la actividad de manera sustentable, como informó entonces Mongabay Latam.

La resistencia a la salmonicultura en la provincia activó el debate legislativo y la sanción de una ley que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y habilitó con límites la cría en tanques en tierra. Sin embargo, la discusión está de regreso.

Desde julio último, el Poder Ejecutivo provincial busca modificar aquella ley de 2021. Plantea prohibir la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle, el estrecho austral entre Argentina y Chile que conecta parcialmente las aguas del océano Pacífico con las del océano Atlántico. Se trata de una zona de alto valor en biodiversidad marina, donde habitan lobos marinos y diversas especies de delfines, además de aves como cormoranes, pingüinos y el cóndor andino, y fauna marina como la centolla patagónica. El canal cumple un papel como recurso de carbono azul, como corredor biológico entre océanos y tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Antártida.

Esta iniciativa del gobernador Gustavo Melella implica habilitar las salmoneras en el resto de la isla, tanto en mar como en tierra. De aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción industrial de salmones se concentraría en el mar del norte de la isla, ya que otra ley protege el sureste desde 2022, cuando se declaró a la Península Mitre como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales. 

No a las salmoneras 

El colectivo “No a las salmoneras” está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, ambientalistas científicos, artistas, cocineros, trabajadores, docentes, estudiantes, cátedras libres, integrantes de partidos, vecinos y vecinas, entre otros sectores de la provincia de Tierra del Fuego.

En un documento, el colectivo detalló las razones por las cuales se opone a la cría extensiva de salmones que se crían en jaulas en el mar. Los salmones, una especie carnívora e introducida por el hombre en Chile, “se escapan de a miles [de las jaulas] y devoran todo lo que encuentran a su paso: centollas, langostillas, peces más pequeños”. De esta forma, “las especies nativas disminuyen por depredación y por competencia de espacio y alimento. Estos escapes de salmones alteran gravemente el frágil equilibrio que sostiene la vida marina, desde el pequeño y esencial plancton hasta la inmensa y magnífica ballena”. 

Pero no se trata solo de los otros animales que se comen los salmones cuando se escapan, aseguran. “Estos peces, que crecen hacinados de miles en jaulas flotantes, consumen harinas ultraprocesadas y están sobremedicados, tienen enfermedades propias de esas condiciones y también contagian a las otras especies marinas”, afirman.

Otra de las razones es la supuesta matanza de lobos marinos y pequeños cetáceos asociada a la salmonicultura, que se alimentan en las zonas donde se encuentran las jaulas flotantes con miles de salmones. “Estos animales son eliminados intencionalmente en los diferentes centros de cultivo”, aseguran. “Cuando no los matan, mueren atrapados en las mallas y redes antidepredadores que se colocan alrededor de las jaulas”. 

La potencial destrucción del fondo marino es otra de las razones detalladas en el documento. “El alimento ultraprocesado, las fecas y los cuerpos de miles de salmones se acumulan en el lecho [marino]. Esto hace que proliferen algas que consumen el oxígeno y que entonces se generen zonas muertas, sin vida acuática”, explican. Los ejemplos, aseguran, están a la vista en el modelo chileno.

Nancy Fernández, especialista en Educación Ambiental y profesora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es, además, presidente de la ONG Asociación Mane´kenk, que integra este colectivo “No a las salmoneras”. En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, explica que el principal cuestionamiento de su organización es la forma en la que el Gobierno de la provincia quiere cambiar la ley que actualmente prohíbe la salmonicultura extensiva.

“Desde nuestra organización, siempre tuvimos una posición conciliadora y asistimos a las mesas de diálogo y a las comisiones legislativas para participar, aportar técnicos, datos, información. Hubo muchos episodios en la provincia durante los cuales se quisieron sancionar leyes controversiales, pero, incluso entonces, se tomaron en cuenta algunos de nuestros aportes. Esta vez, se trata de un proceso oscuro”, asegura Fernández.

Las ONG y sectores de la ciudadanía y la ciencia critican que la ley haya llegado al recinto de la legislatura provincial con un dictamen cuestionado por la forma “apurada e irregular” en la que fue aprobado el 8 de agosto último, en una autoconvocatoria del oficialismo -FORJA, partido del gobernador Melella- y el opositor La Libertad Avanza -el partido de Javier Milei-, que apoya el proyecto de ley para legalizar la salmonicultura extensiva. 

Con apenas cuatro votos -lo mínimo exigido- se autoconvocaron durante un cuarto intermedio y aprobaron un dictamen a favor del proyecto. “Queremos que abran el debate”, exige Fernández. “Existen intereses económicos muy grandes detrás de esta industria”, asegura.

El colectivo también critica las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la salmonicultura. “Para cumplir con la demanda de las empresas, realizan malas prácticas de buceo, con inmersiones continuas, sin respetar los tiempos de descompresión y en profundidades para las que no están habilitados”, afirmaron en el documento. “Esto [se realiza] para arreglar las mallas y jaulas o levantar los cadáveres de miles de salmones que se acumulan en el fondo marino, entre otras tareas”. 

Los opositores a las salmoneras en Tierra del Fuego también resaltan otro punto: se trata de una industria que demanda un alto nivel de fiscalización y control por parte del Estado, y cuando este no está lo suficientemente presente, los impactos de la salmonicultura se extienden, como arrojar salmones en descomposición al mar y derrame de combustible.

Los altos consumos de energía que conlleva la cría de salmones en piletones con el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS, por sus siglas en inglés), que cría peces en tanques cerrados en tierra, también es otro punto del debate. Actualmente, la ley provincial habilita los tanques en tierra con límites de hasta 50 toneladas de reproducción anual. El proyecto del oficialismo provincial busca eliminar el límite. 

También señalan “la crueldad animal que implica criar animales en escalas industriales”. “Una jaula flotante o un piletón en tierra tienen en su interior miles de salmones hacinados, adormecidos con benzocaína para enlentecer sus movimientos instintivos y vitales, que desarrollan conductas caníbales, nadan entre su excremento y los cadáveres de otros peces”, aseguran.

“No estoy en contra del desarrollo de la actividad, es importante para la provincia, con un potencial muy grande, pero sí estoy de acuerdo con mantener la prohibición de la salmonicultura en el mar”, afirma el legislador Matías Lapadula, del partido Provincia Grande y ex secretario de Producción del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego.

Lapadula cree que será muy difícil poder llevar a la práctica la salmonicultura en la costa norte de la provincia con un sistema con jaulas, debido a grandes amplitudes de marea. Pero el legislador resalta que el proyecto oficialista habilita a la actividad en otros cuerpos de agua de la provincia, como lagos, lagunas y ríos. “Estoy a favor de la acuicultura, pero tiene que ser sí o sí de forma sostenible y siendo absolutamente celosos del cuidado ambiental porque es una actividad dañina, con impacto y, mal hecha, todo lo que acarrea produce daños irreversibles”, explica.

Además, Lapadula afirma: “Como está planteado el proyecto, estamos haciendo un negocio para pocos. Es verdad que en Chile son 60.000 puestos de trabajo, pero el 90% de estos puestos de trabajo tiene que ver con el procesamiento y envasado del salmón. Chile ha desarrollado toda una cadena de valor a lo largo de 40 años, que Tierra del Fuego no tiene. Ellos manejan prácticamente el mercado. Como está planteado este proyecto, nosotros engordaríamos y criaríamos salmones para luego vendérselos a Chile y que ellos terminen exportando el pescado como producto chileno”.

La semana pasada, Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con dos voceros de la gobernación de Tierra del Fuego para conocer las razones del oficialismo provincial para impulsar esta industria y conocer si ha realizado estudios de impacto ambiental y social de la actividad. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguno de ellos había respondido las consultas. 

Ante la consulta de estos medios, Lapadula afirma que el oficialismo no ha presentado a los legisladores ningún tipo de estudio ambiental previo en la provincia que analice los posibles impactos de la salmonicultura en el mar argentino, así como en lagos, lagunas y ríos. Tampoco en la extensión industrial de tanques en tierra.

“Sí a las salmoneras”

Agustín Coto, legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, es uno de los cuatro legisladores de la provincia que aprobó el dictamen del proyecto de ley oficialista para que sea tratado en el recinto.

Tras la aprobación del dictamen el 8 de agosto pasado, la Legislatura intentó tratar el proyecto durante noviembre pero sorpresivamente la sesión se canceló sin que el oficialismo y sus aliados pudieran aprobarlo. Las versiones en la provincia sostienen que no tenían los votos suficientes. El partido de Merella sostiene que fue por un paro de trabajadores legislativos, pero el gremio salió a negarlo con un comunicado. 

Coto había presentado en un primer momento un proyecto para extender la cría de salmones en tanques en tierra, sin tocar la prohibición que pesa actualmente sobre la actividad en el mar y cuerpos de agua. Sin embargo terminó apoyando la iniciativa del oficialismo.

En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, Coto defiende su decisión y asegura que antes de hacer cualquier estudio de impacto socioambiental debe modificarse la ley. “No se puede hacer un estudio sobre una actividad que está prohibida”, argumenta.

Al igual que el oficialismo provincial, el legislador aliado del presidente Milei sostiene que la salmonicultura tiene potencial económico y generará empleo. 

El oficialismo, además, enmarca la discusión en la acuicultura no solo en la cría de salmón, sino también trucha, erizo, mejillones, algas y centollas. Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, dijo al medio ADNSUR que el proyecto contempla “todas las salvaguardas ambientales necesarias” y que el Gobierno provincial proyecta que en los próximos seis u ocho años se podrían producir 100.000 toneladas de pescado, de las cuales un máximo de 80.000 toneladas serían de salmón.

El funcionario dijo, además, que la salmonicultura podría generar “entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo” y una inversión de hasta 400 millones de dólares.

“Hay discusiones que están saldadas -afirma Coto-. Por ejemplo, la discusión de si estamos de acuerdo o no con actividades de salmonicultura en el Canal de Beagle. Eso está claro: no hay un legislador de los 15 que estamos en la Legislatura que esté de acuerdo con eso. Lo que este dictamen permitiría sería la posibilidad de establecer la actividad en mar abierto, o sea en agua salada”.

Sin embargo, reconoce que no hay un estudio científico oficial sobre cómo podría afectar la actividad a la zona cercana al canal. Mongabay Latam y elDiarioAR preguntaron a Coto si cree que la provincia tiene las herramientas, la capacidad y los recursos para poder controlar o fiscalizar la actividad. El legislador respondió que sí, pero este es uno de los puntos centrales de la oposición de las ONG, científicos y ambientalistas, quienes creen que la salmonicultura en el mar sobrepasará las capacidades de fiscalización de Tierra del Fuego.

ED/CRM

El paro general desarrollado hoy en la provincia austral movilizó a una multitud de trabajadores de fábrica, pero también de otros rubros públicos y privados. En una jornada gélida en el sur, los gremios lograron visibilizar el conflicto que mantienen con el Gobierno nacional, por la rebaja de aranceles a la importación de celulares. El gobernador Gustavo Melella convocó para mañana a una reunión entre sindicatos y empresarios para garantizar las fuentes de empleo.

Con seis grados bajo cero de sensación térmica y patinando sobre los restos congelados de la última nevada, miles de trabajadores de Tierra del Fuego se movilizaron este miércoles para visibilizar el descontento social y el temor a despidos generalizados que produjo la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que impacta de lleno en la competitividad de la industria promocionada de la isla.

Los sindicatos nucleados en la CGT de Ushuaia y de Rio Grande, a la que se sumaron decenas de otros gremios públicos y privados, llevaron adelante durante toda la jornada un paro general de actividades que se sintió con fuerza e impactó en el movimiento general de la provincia.

Además de la paralización total de las plantas fabriles, en las que se mantiene vigente un paro por tiempo indeterminado desde hace una semana, la protesta se sintió también en la actividad pública. Las oficinas gubernamentales y municipales atendieron hoy con servicios restringidos, y lo mismo ocurrió en los hospitales y centros de salud. Incluso hubo adhesión de docentes en escuelas públicas y privadas, con lo que el dictado de clases tampoco se desarrolló con normalidad.

El transporte de colectivos se prestó con demoras y menor cantidad de unidades, mientras que en el comercio el acatamiento fue dispar, igual que en bancos y otras entidades financieras.

Los gremios se concentraron desde la mañana frente a las plantas de los dos principales fabricantes de electrónicos de Tierra del Fuego: Mirgor en Río Grande y NewSan en Ushuaia. Allí se montaron piquetes, carpas y tachos con fuego para guarecerse del intenso frío.

En la capital, los trabajadores marcharon desde inmediaciones del puente Victor Choque, cuyo nombre es el del obrero asesinado durante la represión de 1995 por otra protesta fabril, hasta el centro de la ciudad. Allí circundaron la costa del Canal Beagle y llegaron a la avenida San Martín para pasar por delante de la Casa de Gobierno. Por último, se dirigieron hasta la Plaza Cívica donde se llevó a cabo el acto central.

El secretario general de la UOM nacional, Abel Furlan, llamó allí a iniciar desde Tierra del Fuego “la resistencia a las políticas del presidente Javier Milei”.

En los discursos de otros gremialistas también hubo referencias a las declaraciones del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, acerca de que la provincia debería ser un “parque global de diversiones” en lugar de un polo tecnológico.

“Lo que aquí tenemos es mano de obra calificada y no queremos ser los payasos del mundo”, respondieron los sindicatos en un documento.

En Río Grande, además del discurso combativo del secretario general de la UOM, Oscar Martínez, el secretario General de la Unión Ferroviaria, Rubén 'Pollo' Sobrero, le reclamó a la CGT nacional convocar a un paro general en todo el país en defensa de la industria fueguinas.

El mito del ensamble

“No somos ensambladores. Acá fabricamos productos. Cuando fue la pandemia llegamos a hacer respiradores automáticos. No es como se dice en Buenos Aires”, aclaró Cintia, una trabajadora de Mirgor en Río Grande durante la protesta de hoy.

Lo que aquí se conoce como “el mito del ensamble”, por lo arraigado que se encuentra en otras provincias llamar de esa manera al modo de producción fueguino, constituyó uno de los puntos comunes en el reclamo de los operarios del rubro, durante las movilizaciones de esta jornada.

“Muchos nos dicen vagos. Es la gente que no sabe. Hace 43 años que vivo en la isla. Trabajo nueve horas parada. Armamos las radios para los autos, desde la placa original hasta el producto terminado. No es cierto que ensamblamos”, comentó otra operaria mientras caminaba por el asfalto resbaladizo y las veredas todavía cubiertas de nieve.

“La estamos pasando muy mal. Llegamos a la isla hace 40 años. Hicimos una familia gracias a este trabajo. Hoy nos quieren dejar de lado como si nada. Es muy doloroso y triste”, sostuvo Marcela, otra trabajadora de Mirgor.

“Por ahí hay gente que lo vive de lejos, pero hay que estar en Tierra del Fuego. Esto no es un parque de diversiones, acá luchamos día a día”, declaró angustiada.

Comunicado y convocatoria

En plena efervescencia del conflicto industrial en Tierra del Fuego, el grupo Mirgor, uno de los principales fabricantes de la isla, dio a conocer anoche un comunicado en el que sostiene que los puestos de trabajo relacionados con sus plantas no se encuentran en peligro a raíz de la medida nacional.

El escrito firmado por el CEO del grupo, José Luis Alonso, pidió “transmitir tranquilidad” a los empleados y detalló que “bajo el escenario actual, los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares no están en riesgo ya que, intensificando esfuerzos, estaríamos en condiciones de continuar siendo competitivos aún con el nuevo arancel del 8%” (a la importación de celulares).

Incluso el comunicado manifestó que con “las medidas adicionales que están en evaluación”, se permitiría asegurar también los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares “de cara a un escenario posterior a enero de 2026”, que es cuando los aranceles se reducirán al 0% según el decreto 333 del gobierno de Javier Milei.

“Es importante considerar que, con estas nuevas medidas, surge la posibilidad de vender desde Tierra del Fuego al consumidor final permitiéndonos llegar con precios competitivos, estimulando el consumo y, en consecuencia, la producción”, mientras que “los productos TV, aires acondicionados y autopartes no han recibido ningún tipo de modificación arancelaria que ponga en riesgo sus volúmenes de producción”, agregó el pronunciamiento de Mirgor.

La empresa recordó que produce en Tierra del Fuego desde 1983 y “lo continuará haciendo en busca de enaltecer su industria y continuar aportando al sostenimiento y apoyo de toda la sociedad fueguina”.

Desde los sindicatos se mostraron escépticos con el comunicado y pidieron aguardar un pronunciamiento corporativo del resto de las compañías.

Por su parte el gobernador Gustavo Melella realizó anoche una convocatoria a sindicatos y empresarios para mañana, con el objeto de “avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a nuestra industria”, señaló en su cuenta oficial de X.

“Defender el empleo fueguino es defender el arraigo, la soberanía y el modelo de desarrollo que nuestra provincia viene construyendo desde hace décadas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante medidas que ponen en riesgo la producción y la dignidad de nuestra gente”, completó el mandatario.

El encuentro multisectorial se realizaría en Buenos Aires y hasta el momento no hay información oficial ni sobre los asistentes ni acerca del compromiso que se podría llegar a rubricar.

GR/MG

La rebaja y posterior eliminación de aranceles para importar celulares a partir de enero de 2026 fue criticada durante las últimas horas por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien consideró que la medida “responde al acuerdo del FMI”, al tiempo que calificó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de “tremendo atorrante” y advirtió que desde el Ejecutivo fueguino van “a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”. Además, las fábricas provinciales iniciaron un paro por tiempo indeterminado contra la baja de los impuestos a la electrónica.

Melella dijo que “la determinación del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”. 

Tras conocerse el anuncio, ya que aún no fue expuesta la medida en el Boletín Oficial y no se conocen sus detalles, el gobernador criticó la decisión libertaria y señaló que la industria fueguina “es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”.

En declaraciones a radio Provincia de Ushuaia, el mandatario fueguino advirtió que desde su administración ya piensan en “judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado. Desde la provincia vamos a hacer todo lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para dar vuelta las decisiones y acciones del gobierno nacional”, prometió.

Para Melella, “estos son puestos de trabajos que se pierden y ya lo vivimos en la época de Macri, cuando se hizo de la misma manera con el famoso tema de las notebooks. No nos comamos el caramelito de que mira qué bueno, ahora vamos a tener no sé qué historia, vamos a tener que competir... No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo. Nos tratan como si fuéramos culpables de todos los males del país. No entienden que esta es una industria tecnológica calificada, con inversión y desarrollo”, reclamó.

Paro en las fábricas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Río Grande, inició desde el mediodía del miércoles un paro total de actividades por tiempo indeterminado, en respuesta al anuncio efectuado por el Gobierno nacional de eliminar aranceles para productos electrónicos importados, lo que representa “un duro golpe a la industria fueguina”.

Así lo resolvió Congreso de Delegadas y Delegados de la UOM de Río Grande, que además dispuso que el paro sea acompañado por una movilización al centro de la ciudad, en el norte de la isla de Tierra del Fuego, se informó en un comunicado.

Los trabajadores metalúrgicos de Río Grande expresaron así el rechazo del gremio a lo que consideran un “nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo” y al mismo tiempo enfatizaron su decisión de “defender el derecho soberano a habitar Tierra del Fuego”.

La medida de fuerza continuará hasta lograr una solución “favorable y concreta” que permita la continuidad del régimen de promoción industrial y las fuentes de trabajo.

En su texto, la UOM riograndense rechazó y repudió los anuncios efectuados ayer por el vocero Presidencial, Manuel Adorni, acerca de la eliminación de aranceles, y consideraron “declaraciones provocadoras” las críticas realizadas por otros funcionarios del Gobierno nacional hacia la industria fueguina.

EL sindicato metalúrgico puso de manifiesto también su compromiso con la defensa de la Ley 26.539/09, que estableció hace 16 años aranceles sobre la importación de determinados productos tecnológicos, para impulsar la industria electrónica nacional, base de la actividad fabril de Río Grande.

“Estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad”, expreso la UOM fueguina en su comunicado.

Asimismo, el gremio destaca que el objetivo de la medida de fuerza es “preservar los puestos de trabajo, sostener la producción nacional y continuar habitando la provincia con dignidad”, y exige una respuesta hacia la baja de aranceles del Gobierno fueguino, el sector empresario y el secretariado nacional de la UOM.

El comunicado completo de la UOM Río Grande:

“Habiendo analizado y debatido extensamente la situación generada por los anuncios del Gobierno Nacional y la clara afectación de condiciones sobre la Industria, Los Puestos de Trabajo y el Derecho Soberano a continuar habitando esta Provincia y Considerando una Responsabilidad Histórica de esta Organización Gremial, la defensa de cada Derecho Laboral, la Industria Nacional y nuestra decisión de habitar la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y contando con el apoyo y respaldo de La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, el Secretariado Nacional y la Solidaridad de todas las Seccionales del País, este Congreso de Delegadas y Delegados, resuelve:  

-Ratificar todo lo actuado por la Unión de Obreras y Obreros Metalúrgicos de Rio Grande, este Congreso de Delegadas y Delegados y nuestra Organización a nivel Nacional, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, en mantener, desarrollar e impulsar las condiciones existentes para la Producción Nacional en esta Provincia a través de la ley 26.539 votada el 5 de noviembre de 2009.

-Rechazar y repudiar los anuncios del Gobierno Nacional a través del Vocero Presidencial y todos y cada uno de los ataques provocativos de distintos funcionarios durante la jornada del día de ayer martes 13 de mayo a través de distintos medios y/o redes donde se descalifican nuestras tareas o logros laborales alcanzados con mucho esfuerzo, perseverancia y lucha durante más de 45 años de radicación en esta querida provincia.

-Reafirmar y ratificar nuestro claro Compromiso con la Historia; nuestra Responsabilidad con el Presente y nuestra lucha por el futuro de Trabajadoras y Trabajadores Metalúrgicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

-Paralizar las tareas Productivas a partir de la hora 12 del día 14 de mayo para dar inicio a un paro total de actividades por tiempo indeterminado hasta alcanzar una resolución favorable de mantenimiento de nuestra continuidad laboral derechos y condiciones existentes.

-Movilizar desde el Parque Industrial con las características y metodologías habituales trabajadoras y trabajadores metalúrgicos, para expresar a toda la comunidad de la Provincia nuestra firme decisión de luchar por los puestos de trabajo, la industria nacional y en defensa del derecho soberano, a continuar habitando la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur!.“

Respuesta del Gobierno

Horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo cruzó: “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza. Fin”, escribió en su cuenta de X.

Fue el mismo portavoz y primer candidato a legislador porteño por LLA en las elecciones del próximo domingo quien anunció en conferencia de prensa que el Gobierno eliminará los aranceles de importación de celulares, que son actualmente del 16%, en dos tramos: primero se bajará al 8% y tendrá efecto inmediato a partir de la publicación del DNU. Luego, a partir del 15 de enero de 2026, pasarán a 0%. Adicionalmente, se bajarán impuestos internos de celulares, televisores y aires acondicionados importados, cuya carga impositiva pasará del 19% a 9,5%. Y para los producidos en Tierra del Fuego, bajarán los impuestos del 9,5% al 0%. “Hoy un celular en Argentina cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos”, se quejó Adorni.

El vocero estimó que “con el total de esta baja impositiva se estima que los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de 30% mínimo” y esto “va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos”. 

También se reducirán los aranceles para la importación de consolas como Playstation o Xbox del 35% al 20%.

Hay más de 20 plantas de industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego, que fabrican o ensamblan nueve de cada 10 celulares, televisores y acondicionadores de aires que se venden en Argentina.

Generan 8.500 empleos directos que es el 15% del empleo provincial. Se trata de un sector de mano de obra intensiva y de alta calificación.

Preocupación en Mirgor

Mirgor, que fabrica y ensambla celulares de Samsung en Tierra del Fuego, señaló: “Nos preocupa el impacto social y laboral que pudiera derivarse de las nuevas condiciones”. Afirmaron que están aguardando los detalles “para evaluar su impacto en el negocio”.

“No obstante, el Grupo ha mantenido siempre una constante actitud de competitividad y productividad en todos sus negocios. Desde hace 10 años, trabaja en su diversificación productiva y territorial a nivel nacional e internacional a fin de adaptarse a diferentes escenarios”, aclaró.

Por su parte, fuentes de la Asociación de Fabricantes de Electrónicos (AFARTE) dijeron a Noticias Argentinas que la reducción de los impuestos internos “va en la dirección correcta, porque se trata de una reducción del costo argentino que impacta sobre el valor final de los productos”.

No obstante, indicaron que la baja de aranceles “genera preocupación en el sector porque puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la Isla”.

“Seguiremos trabajando para mejorar la competitividad del sector para reducir costos con toda la cadena de valor. Estas medidas van a tener un impacto positivo sobre los precios, que van a tender a la baja”, señalaron desde AFARTE.

Con información de agencias.

IG

El anuncio del gobierno de Javier Milei de rebajar los aranceles para los productos electrónicos tanto importados como los que se producen en el país generó una tormenta de críticas en Tierra del Fuego, donde un régimen especial establecido por ley nacional ofrece beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que se instalan y operan en la provincia. Los cuestionamientos a la medida libertaria provocó que hicieran causa común el gobierno local y el sector empresario, en alerta por miles de puestos de trabajo en riesgo.

La administración del peronista Gustavo Melella cerró rápido filas contra Milei y advierten que la provincia podría perder competitividad. “No vamos a perder sólo puestos de trabajo de la industria. Esto va a afectar a la logística, al taxista o remisero que llevan trabajadores; a los comerciantes, porque los trabajadores se van a quedar sin sueldo y no van a gastarlo. Es realmente muy complejo, porque afecta a toda la cadena de producción y comercialización”, señaló el gobernador fueguino, una línea discursiva que transmitieron otros funcionarios de su gestión, así como intendentes locales.

Pero Melella apuntó directamente conta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Sturzenegger es un tremendo atorrante. Si un ministro dice eso, es un atorrante o un ignorante. Les pido a los de su partido que le expliquen que no somos eso ¿Tiene que haber una sola actividad productiva? No conocen la provincia”.

En declaraciones a FM Espectáculo de Ushuaia, el gobernador siguió: “Con esa ignorancia, más la malicia que tienen, perjudican a una población. Lo hacen con nosotros y con otras provincias, cuando abren indiscriminadamente las importaciones. Espero que los legisladores y diputados de La Libertad Avanza le manden el mapa y las actividades productivas a Sturzenegger”.

Este miércoles, el ministro de Desregulación salió al cruce de las críticas que generó en la provincia patagónica y defendió la medida propiciada desde la cartera de Economía que conduce Luis Caputo: “Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, dijo el funcionario en la red social X.

Según anunció ayer el vocero Manuel Adorni, se eliminarán por completo los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego: los gravámenes pasarán del 9,5% al 0%. Además habrá una rebaja de impuestos internos para los importados del 19% al 9,5%, además de que se reducirá el gravamen para la importación de productos -primero del 16% al 8%, y a partir de enero al 0%-. Aún el Gobierno no oficializó el decreto que anticipó el vocero presidencial, pero según trascendió sería en los próximos días.

“Con la baja de aranceles es muy difícil que se pueda seguir fabricando celulares en Argentina”, alertó Luis Galli, CEO de Newsan, uno de los grupos empresarios más importantes que hay en Tierra del Fuego. “Va a tener consecuencias en la gente”, advirtió, según consignó el diario Clarín.

Solo Newsan, grupo de Rubén Cherñajovsky, emplea en la provincia a 11.000 personas, de los cuales 1.000 trabajan en la producción de celulares. El sector también tiene como referencia a Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, familiar del ministro de Economía, Luis Caputo. Según apuntó Galli, el mercado de celulares de 2025 alcanza a alrededor de 8 millones de unidades, de los cuales unos 6 millones son de producción y otros 2 millones circulan por contrabando.

El Gobierno no habría anticipado la medida a las empresas, que directamente haría reducir el costo de los electrónicos para el consumidor final. “Reducir el costo argentino, por el lado de la baja de precios internos es favorable, la gente va a acceder a precios más competitivos. Respecto a baja de aranceles de celulares, hay que entender bien cómo se va a hacer, es muy difícil para una industria competir con celulares importados que no pagan derechos, que son 8% o 0%. Hay que ver si para nosotros va a tener sentido seguir fabricando celulares, detrás de eso hay consecuencias con la gente”, lanzó Galli.

El régimen promocional de Tierra del Fuego tiene un costo de unos U$S1.070 millones anuales, según estimaciones de la UBA y durante la discusión en el Congreso de ley Bases parte de la oposición querían incluirlo para fondear los recortes en otras partidas que finalmente hubo como educación y ciencia. El cambio del régimen que ya tiene 50 años generó que en las últimas horas se aceleren contactos entre el gobierno provinciales y las distintas cámaras empresariales del sector. Según Secretaría de Comercio, los precios de los productos electrónicos importados bajarían alrededor de un 30%.

“Quizás en términos económicos algún producto baje pero nosotros estamos hablando de la provincia más austral del mundo, de una industria electrónica y electromecánica que es la principal fuente de empleo, con un entramado y con un desarrollo en innovación y en tecnología y en alta calificación laboral que vamos a seguir acompañando y tratando de sostener desde el Gobierno Provincial”, resaltó la ministra de Producción y Ambiente provincial, Karina Fernández. En la provincia esperan a la publicación del decreto en el Boletín Oficial para armar una mesa de trabajo que gestione las conversaciones con la Casa Rosada.

MC

El aniversario de la guerra de Malvinas renovó la polémica por el radar inglés instalado en la localidad de Tolhuin, a unos 600 km de las islas y a cien de Ushuaia, que este miércoles será epicentro de un acto central en homenaje a los caídos y excombatientes de la guerra, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El lunes pasado, apenas 48 horas antes de este 2 de abril, en el pequeño poblado fueguino se concretó una reunión oficial –con participación de la municipalidad local– donde se discutió la creación de una comisión permanente sobre el radar. La noticia llegó a despachos de la Casa Rosada. Según recogió elDiarioAR de una alta fuente del gobierno de Javier Milei, el sistema tecnológico no está en funcionamiento, aunque en la oposición del peronismo y el radicalismo manejan otra versión. El año pasado los libertarios amagaron con autorizarlo, pero finalmente frenaron la decisión a la espera de un informe definitivo al respecto.

La polémica lleva ya dos años pero volvió a circular ahora en Tierra del Fuego a partir de que este 31 de marzo se llevó a cabo en Tolhuin la sesión preparatoria del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas (CAOCM), un espacio formal que tiene como objetivo “impulsar políticas consensuadas sobre la Cuestión Malvinas”. Los integrantes de la mesa debatieron sobre “la necesidad de conformar una comisión específica para dar seguimiento al radar inglés instalado en Tolhuin, un tema que continúa siendo una preocupación central para la gestión municipal”, registraron medios locales como El Sureño.

En ese consejo el municipio local –que conduce Daniel Harrington, de extracción peronista– designó como representantes a Eugenia Olivera, quien asumió como consejera titular, y a Iván Salzmann, como consejero suplente. elDiarioAR intentó comunicarse ayer sin suerte con algún representante de Tolhuin, aunque supo en off que la cuestión del radar era “central” en estos días por el aniversario de la guerra de Malvinas. Hoy mismo, de hecho, habrá en plazas fueguinas una nueva edición de la “Caravana del Pueblo” en rechazo al radar.

A unos 3.000 km de distancia de Tolhuin, ayer en la Casa Rosada buscaron desviar la polémica sobre la instalación del radar y la creación de una comisión específica sobre su funcionamiento: “Mientras más controles, mejor”, apuntó un funcionario de Milei que sigue de cerca el derrotero del aparato. La misma voz rechazó ante varias consultas que el aparato esté transmitiendo información: “El radar no tiene electricidad, está desenchufado, no funciona”. El senador radical Pablo Blanco, quien litiga al respecto desde sus inicios, contradice la versión oficial y planteó que sí estaría operativo.

El radar inglés es noticia desde que en 2023, bajo la gestión nacional de Alberto Fernández y durante el primer mandato provincial de Melella, se supo del arribo al país de la empresa LeoLabs, una compañía constituida en la ciudad de Ushuaia a partir de dos sociedades: una irlandesa y otra británica, como publicó en su momento este diario. El 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad le concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino. Pero cuando la polémica escaló mediáticamente el gobierno del Frente de Todos canceló la autorización citando “riesgos para la seguridad nacional y la falta de adecuación a la normativa de defensa”. 

En el medio hubo críticas de militares y científicos sobre la capacidad del radar. Mientras los técnicos cuestionaron que el aparato solo podía monitorear “basura espacial”, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, afirmaba que se trataba de una amenaza para la defensa nacional.

Con la llegada de Milei al poder, la polémica no hizo más que acrecentarse por las conocidas declaraciones del libertario en favor de Margaret Thatcher. Una posición oficial brindó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe en el Senado el 27 de noviembre pasado. El ministro coordinador se remitió a la vigencia de la Disposición N° 15/23 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y planteó: “Se aclara que en caso de que el Estado autorice el funcionamiento de dicho radar, se informarán tanto los responsables de controlar su funcionamiento en las jurisdicciones intervinientes, como así también se brindará un informe técnico que respalde dicha decisión”. 

A Francos lo había cuestionado con dureza el senador Blanco, que le pidió una extensa serie de explicaciones sobre el radar y planteó por escrito: “En caso de otorgarle el permiso para funcionar, brinde un pormenorizado informe que respalde tal decisión desde el punto de vista técnico, militar, diplomático y geopolítico”. Desde el peronismo, la también fueguina Eugenia Duré le espetó a Francos: “Usted dice que la Argentina se beneficia con este radar, ¿puede explicar, sobre todo dar respuestas a los veteranos de Río Grande y Ushuaia, cuáles son los beneficios de un radar inglés en nuestra provincia que tiene parte de su territorio usurpado por el Reino Unido?”. La pregunta no tuvo respuesta alguna por parte del Jefe de Gabinete.

Hasta ahora el radar no se movió de su lugar y se supo que LeoLabs se apuró apenas llegó Milei al poder para saldar la cuestión: interpuso el 21 de diciembre de 2023 un “recurso de reconsideración”. Esa gestión legal se completó con un aceitado cabildeo de los fundadores y directivos de la empresa con diferentes funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas. En esas reuniones, según reveló Infobae, hubo presencia de la Embajada de Estados Unidos.

En su web la empresa tecnológica reconoce la instalación del radar en Tolhuin, pero aclara que está “en desarrollo”. Sin embargo los reclamos rindieron sus frutos en el sentido en que el gobierno libertario comenzó de manera sigilosa a recoger información para definir una “solución definitiva”, supo elDiarioAR. Una fuente explicó que “se está estudiando las capacidades del radar, en qué beneficia al país, qué tipo de información produce”. 

En ese trabajo participan la secretaría de Ciencia y Tecnología, hoy a cargo de Leandro Geuna, dependiente de la jefatura de Gabinete, y del ministerio de Defensa, de Luis Petri. Pero al frente de esa gestión ejecutiva está el exdirector de análisis de la SIDE y actual secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila. 

El funcionario consultado en off reconoció que la polémica “tiene una alta sensibilidad” por la cercanía geográfica con Malvinas, pero nunca dejó trascender que Milei rechace por completo la iniciativa privada de capitales británicos. Y aunque afirmó que la empresa tiene sede en Dublín y que está radicada en California, Estados Unidos, concluyó de manera llamativa: “Si los ingleses quisieran espiarnos, podrían instalarse en Chile, y no lo hicieron”.

MC/JJD

El homenaje a los caídos y excombatientes de Malvinas en Ushuaia quedó atravesado por la política ante el viaje de este miércoles de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que irá a la capital de Tierra del Fuego en contraste con Javier Milei. En ese contexto, el gobernador Gustavo Melella, de extracción peronista, reconoció tener “diferencias ideológicas y de gestión” con el Gobierno, pero habló de “unidad” en el marco de un nuevo 2 de abril.

Melella y Villarruel compartirán el acto principal en Ushuaia este miércoles, organizado por el centro de excombatientes de Ushuaia, que también habrían invitado al Presidente. Milei se quedará en Buenos Aires y asistirá, como el año pasado, al cenotafio del barrio porteño de Retiro, donde se encontrará con Jorge Macri.

Melella inauguró ayer la Carpa Malvinas en la capital fueguina, rodeado de veteranos de guerra, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios locales. En ese contexto fue que el mandatario del PJ se refirió a la inminente llegada de Villarruel.

“Puedo tener mil diferencias con el gobierno nacional en términos ideológicos y en términos de gestión, pero el 2 de abril es un día que nos tiene que unir a todos los argentinos y argentinas”, dijo el gobernador en el acto.

Reconoció que “no deja de ser un gesto” la visita de Villarruel a la ciudad y lanzó una crítica velada a la decisión de que Milei se haya quedado en la Casa Rosada: “Estoy seguro de que cuando esté cantando la Marcha de Malvinas y saludando a los veteranos, va a sentir algo distintos que en Buenos Aires no se siente”, dijo Mellela sobre la vice.

Villarruel buscará este miércoles reforzar su alineamiento con la familia militar, además de levantar una bandera que considera propia. Ella misma se reconoce como “hija de un héroe de Malvinas”, porque su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, detrás de Aldo Rico, y cayó prisionero de los ingleses.

En ese sentido la vice se armó una serie de actos paralelos a la Casa Rosada por el 2 de abril: además de viajar a Ushuaia, hará un discurso el viernes en el Senado y programó una serie de actividades culturales junto a la Dirección Gesta de Malvinas del Senado, que conduce el excorresponsal de guerra Nicolás Kazansew.

MC

Hace un año, Liu Zhijiang estaba obsesionado por contarle al mundo que tenía en su poder –en la ciudad de Ushuaia– un cuadro de Rembrandt, el pintor neerlandés y uno de los mayores exponentes del período barroco. Por eso pedía que las entrevistas, con la obra presente, se realizaran en lugares seguros y preestablecidos. Sin embargo, cuando este periodista acudió a la cita unos minutos antes de la hora pautada se encontró con la siguiente escena: el empresario de origen chino, nacido en Beijing hace 66 años y afincado en Tierra del Fuego desde 1994, avanzaba por la vereda a paso veloz, con el cuadro cargado como una ventana, sin protección ni resguardo de ningún tipo.

Algo de esa especie de improvisación, de carrera arriesgada y de algunos datos verdaderos mezclados con otros falsos, parecen explicar la realidad de Zhijiang en 2024, cuando la fama no le llegó de la mano de su supuesto Rembrandt, sino de las actividades del buque factoría Tai An, propiedad de su empresa pesquera Prodesur, con asiento en la capital fueguina.

Es que además de sus ansias de coleccionista de obras de arte, escritor y productor de películas, Liu es ingeniero pesquero y Prodesur es la pieza fundamental de sus negocios en el sur del sur.

El Tai Aian se autopromociona como el “único barco de Sudamérica” dedicado a la elaboración de surimi –esos varas de pescado de apariencia imprecisa– a bordo, a partir de la pesca de las especies polaca y merluza de cola.

El buque también captura y procesa merluza austral, abadejo y savorín, entre otras, además de producir harina de pescado, un producto de alta demanda.

Por otro lado, Zhijiang es propietario del Hotel Antártida, ubicado en pleno centro de Ushuaia sobre la calle Rivadavia, a 150 metros del Canal Beagle, y en un local contiguo funciona una “agencia de cambio” donde acuden por dólares blue desde vecinos con ahorros modestos hasta encumbrados funcionarios y, por supuesto, turistas.

Hace un tiempo que el empresario también diversificó sus actividades para incursionar en el rubro inmobiliario, con lo que a su vez regentea un emprendimiento de nuevas casas y terrenos situado cerca del ingreso a Ushuaia.

Denuncia y renuncias

Los problemas para Lui empezaron a mediados de este mes, cuando a partir de una foto publicada en redes sociales por un marinero del Tai An y de otros datos extraoficiales, tres empresas pesqueras (Argenova, Estremar y Pesantar) denunciaron que el barco estaba pescando ilegalmente merluza negra (un producto muy codiciado que ronda los $ 9.000 el filet) por encima del cupo autorizado por las regulaciones. Los primeros datos mencionaban una cantidad impactante: cerca de 140 toneladas destinadas a su exportación en el mercado norteamericano y chino.

La denuncia recayó en la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, a cargo de Julián Suárez, quien decidió ordenar el regreso del buque al puerto.

Después se produjo una confusa intervención que todavía no fue explicada públicamente: un funcionario de la Cancillería, el Coordinador General Pablo Ferrara Raisberg, intercedió a favor de la empresa pesquera y la orden al capitán del Tai An se limitó a abandonar la zona de captura.

El resultado de esa medida desencadenó la renuncia de Suárez y después la del propio Ferrara Raisberg, con lo que el caso adquirió notoriedad nacional y se restauró la orden de que el barco retornara de inmediato al puerto de Ushuaia.

La semana pasada, en medio de un operativo que convocó al propio subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla, la carga comenzó a ser analizada y allí se constataron las irregularidades que habían sido objeto de la denuncia. Toneladas de merluza negra congelada y lista para exportar con el agravante de que más de la mitad (entre el 55 y el 60% según la fuente) corresponde a ejemplares jóvenes, cuya pesca se encuentra expresamente vedada.

“Intencionalidad manifiesta”

Un informe oficial realizado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) despejó las dudas sobre lo acontecido.

El relevamiento analizó la actividad del Tai An durante la marea de pesca que fue desde el 4 de febrero al 11 de marzo de este año.

El documento lleva la firma de cinco técnicos del Inidep: Patricia Martínez, Otto Wholer, Gonzalo Tróccoli, Germán Lukaszewicz y Emiliano Di Marco.

Allí se concluye que en el período analizado el barco pescó “175 toneladas de merluza negra, en siete lances de pesca de un total de 72, realizados con red de arrastre de fondo y en un Área de Protección de Juveniles de Merluza Negra a profundidades promedio de 450 metros”.

También menciona que las capturas se llevaron a cabo de manera repetitiva, a pesar de haberse superado el límite de pesca incidental de la especie, lo que “sugiere una intencionalidad manifiesta”.

Además, el informe destaca que el Tai An utilizó una red de arrastre de fondo a profundidades prohibidas, capturando una proporción alarmante de juveniles de merluza negra, lo que contraviene la normativa vigente.

Según el Inidep, el barco carece de CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) de merluza negra desde el año 2020, lo que significa que ha incumplido con la Ley Federal de Pesca y otras normativas adicionales.

Multa y ¿recompra?

El secretario de Pesca de Tierra del Fuego, Carlos Cantú, le dijo a este medio que la empresa Prodesur ya fue multada por las autoridades nacionales, a propósito de las irregularidades detectadas con la merluza negra.

El funcionario fueguino reveló que la compañía de Zhijiang recibió una multa de “más de 130 mil dólares”, además de la prohibición de zarpar del puerto de Ushuaia por el lapso de 45 días y del decomiso de la totalidad de la carga ilegal.

Sin embargo, Cantú explicó que, de acuerdo a un procedimiento establecido por la normativa vigente, el empresario tendrá la opción de recomprar la pesca decomisada, a un valor que establecerá la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Recién si no lo hace, la mercadería podría ser subastada en un remate público.

“La provincia tiene un observador a bordo de cada buque pesquero y en este caso su informe es coincidente con el del Inidep en relación a la cantidad de merluza negra pescada por encima de lo permitido y a la captura de ejemplares juveniles. Esta es la gran transgresión de la empresa”, detalló el secretario provincial.

También mencionó que la merluza negra se pesca legalmente en profundidades “mayores a 800 metros” por lo que “hacerlo por encima de esos niveles (por ejemplo a 450 metros como el Tai An) es un indicador de intencionalidad.

“Tengo 25 años en el sector y nunca vi un caso como este”, reconoció Cantú, y precisó que Prodesur genera cerca de 200 puestos de trabajo entre tripulantes del barco (80), personal de tierra, de logística y estiba.

Otro dato que no pasó desapercibido fue la mención que hizo Zhijiang al gobernador fueguino Gustavo Melella, durante una entrevista concedida a Clarín.

El empresario dijo que el mandatario intercedió ante las autoridades nacionales para conseguir una cuota de merluza negra en favor de Prodesur.

Cantú dijo desconocer la gestión pero sostuvo que en caso de existir estaría de acuerdo. “Si dependiera de mí yo hubiera hecho esa gestión. La provincia debe propender a que las empresas bajo su jurisdicción maximicen sus actividades. La gestión debe realizarse ante el Consejo Federal Pesquero, que distribuye las cuotas”, señaló el funcionario.

Realidad y ficción

Cuando Liu compró el presunto cuadro de Rembrandt a 15 mil dólares en un local de San Telmo, llevó la obra a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) para que la sometieran a un proceso de limpieza y restauración, y para que le realizaran un análisis de la tela y de los pigmentos.

“Lo único que puedo decir es que en ese estudio no hay ni un indicio ni una mención a Rembrandt, ni siquiera vinculados a la época y al entorno. Esa es una gran confusión que debería ser aclarada por el dueño del cuadro”, explicó después la directora del Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la UNTREF, Gabriela Siracusano, a la agencia Télam.

Gustavo Perino, licenciado en Peritaje y Valuación de Obras de Arte, analizó el cuadro como parte de “Givoa Art Consulting”, una consultora interdisciplinaria a la que acudió el empresario chino.

“Vimos esa obra. Hay cuestiones de confidencialidad que nos impiden ciertas revelaciones. Nosotros hicimos una primera revisión y pasamos un presupuesto para continuar los estudios, porque para comprobar la autenticidad se deben cumplir determinados pasos, pero el cliente desistió porque estaba buscando algo rápido y contundente que no se puede ofrecer desde el punto de vista técnico y científico”, señaló Perino a la misma agencia.

De todas formas, el experto aseguró que la obra “no es del siglo XVII, sino posiblemente de un siglo después”, y mencionó que una pericia adecuada permitiría dilucidar si su origen es italiano u holandés.

De todas maneras, aún hoy Liu asegura poseer un Rembrandt auténtico, titulado “Encuentro de Jacob y Raquel en el pozo de agua” y que retrata una escena bíblica narrada en el Génesis del Antiguo Testamento.

No solo eso. También escribió una novela en honor al cuadro, llamada “El primer amor de Rembrandt en San Telmo”, y espera filmar una película basada en ese texto.

Otro proyecto que lo tiene obsesionado es la apertura de un museo de arte en Ushuaia, donde quiere exhibir su cuadro junto con otros doscientos que integran su colección propia, además de piezas de porcelana china.

En el caso de su cuadro, quizá como en el de la merluza negra, a Liu Zhijiang no le interesan mucho las conclusiones científicas. Prefiere su propia versión de los hechos. Su verdad, aunque sea ficticia.

GR/MG

El expresidente Alberto Fernández fue imputado en una causa que investiga supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González. Además están imputados el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

Ahora se conoció por una investigación del portal Infobae que Martínez Sosa tenía vínculo con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella ya que la empresa de seguros tiene su base comercial en Río Grande desde 1978. Según escribió el periodista Nicolás Pizzi para ese diario, “apenas saltó a la gobernación, Melella le cedió el control absoluto de todas las contrataciones estatales”.

“El 24 de julio de 2020, la empresa del broker cercano a Alberto Fernández firmó un contrato de asesoramiento con la provincia de Tierra del Fuego. A partir de ese momento, todos los seguros pasaron por sus manos y se quedó con millonarias comisiones. Esa relación sigue vigente”, dice el artículo.

Martínez Sosa es un hombre conectado al poder. Es acreedor del expresidente Alberto Fernández quien, según la última declaración jurada que presentó, le debe $102.240. En el caso de Tierra del Fuego, tomó el control de los seguros cuatro años atrás cuando el decreto 1000/20 estableció que su empresa, Héctor Martínez Sosa SA, “se comprometía a asesorar a la Oficina Provincial de Contrataciones en todo lo que se refiera en materia de seguros, su contratación, debiendo asistir en la confección de los pliegos y posterior análisis de las ofertas”, publicó Infobae.

Según el mismo medio, “dos meses antes de ese convenio, Melella ya había activado la primera jugada” y le había sacado “el control de los seguros al Banco Provincia de Tierra del Fuego” para cedérselos “a la Oficina Provincial de Contrataciones”. Luego, “en octubre de ese año, el titular de la Oficina de Contrataciones notificó a las empresas de seguros que Martínez Sosa había sido designado 'asesor productor de seguros exclusivo para todas las gestiones' que demandaba la provincia”, agregó el diario.

En una entrevista con el diario La Nación, Gustavo Melella, reconoció el vínculo con el broker y justificó su decisión de elegirlo diciendo que “no encontró uno mejor”. El portal Infobae accedió a documentos oficiales publicados por el gobierno de Tierra del Fuego que demuestran que el esquema de negocios con Martínez Sosa sigue vigente y citó como ejemplos: “En 2023, la Secretaría de Comunicación Digital de Tierra del Fuego contrató un seguro técnico para equipos de procesamiento de datos, comunicaciones y/o emisión de TV perteneciente de la Dirección de LU88 TV Canal 13. La empresa elegida fue 'La Caja Seguros', pero nuevamente apareció la empresa del broker”. También que “en mayo del año pasado, la provincia contrató un seguro anual para los dos aviones de Tierra del Fuego. Por licitación, el seguro fue adjudicado a Nación Seguros, presidida hasta fines de 2023 por Alberto Pagliano, pero la empresa de Martínez Sosa figuró como intermediaria. El dato consta en la resolución 167/2023, firmada por el secretario legal y Técnico de Melella, José Capdevilla”.

La causa

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

El expresidente se defendió de la acusación y afirmó que la denuncia “es falsa” y pidió que “se investigue” para que la Justicia pueda corroborarlo.

“Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto”, indicó Fernández en diálogo con radio La Red.

El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo “negocios con nadie”, que “lo único” que se llevó del Estado fue “el enorme honor de ser presidente de los argentinos” y que eso es algo que “ningún operador de prensa” se lo va a “salpicar”.

“Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado”, agregó.

Fernández pidió que “se investigue” porque “si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín”, en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.

“El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad”, apuntó Fernández.

“Me di cuenta que era una operación. Me doy cuenta de dónde viene”, destacó aunque agregó que “no tiene ganas” de “profundizar” en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que “cada uno se haga cargo de lo que ha hecho”.

De la publicación de Clarín surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, indicó el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

MM con información del portal Infobae y agencias.

Tras haber anunciado que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia por los recortes que el Gobierno nacional hizo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, parece dispuesto a utilizar la misma estrategia que su par de Chubut, Ignacio Torres, y amenazó con cerrar los accesos a los puertos bonaerenses.

“Si, como en el caso de Chubut, te corta la mitad de tus recursos y no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones, pareciera que la reacción que debieran tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección. Pero ese es un camino de disolución nacional. Yo también puedo cerrar los accesos, los puertos. Si uno se pone a fantasear o pensar en decisiones de autonomía, o posibilidades incluso, hay muchísimas alternativas”, dijo Kicillof.

El eje del conflicto es la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado durante la gestión de Alberto Fernández y elimado ayer por medio del Decreto 192/2024 que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Lo cierto es que Kicillof suma un nuevo capítulo a la pelea que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores.

A la disputada encabezada por Torres, quien amenaza con cortar el envío de gas y petróleo, también se sumó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien anticipó que su provincia paralizará este miércoles la producción de petróleo por 24 horas. En declaraciones a Télam dijo: “Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”.

Hoy a la tarde, los mandatarios patagónicos se reunirán en la Ciudad de Buenos Aires para discutir como seguirá su pelea con la administración central luego de que el Gobierno decidiera retener $13.500 millones de sus fondos coparticipables. Además de Torres, a las 17 estarán en el Senado Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

El conflicto no parece tener una solución en lo inmediato. Esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni, anticipó que el Presidente no tiene previsto convocar a los gobernadores para llegar a un acuerdo. “Por el momento no, no está dentro de los planes hacer ninguna convocatoria a los gobernadores”, dijo.

Pero además, adelantó que habrá más ajustes a las provincias. Ante una consulta sobre si habrá otros recortes, respondió: “las transferencias discrecionales van a desaparecer de la Argentina donde no hay plata”, aunque evitó dar detalles de a que se refería. También aclaró que se “sólo se va a transferir lo que la ley obliga”. Y sobre la amenaza de Torres de cortar el envío de petróleo y gas señaló: “el gobernador ha tenido un exabrupto”.

La pelea bonaerense

Los fondos en disputa entre la provincia de de Buenos Aires y el Gobierno nacional, que representan alrededor de un punto del dinero que recibe la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, habían sido quitados a la entonces administración de Horacio Rodríguez Larreta y transferidos a la gestión de Kicillof por orden de Fernández para apaciguar un conflicto de la policía bonaerense durante la pandemia.

Ayer, de manera sorpresiva, el Gobierno nacional anunció que se los quitaría a Kicillof. Por la tarde, el gobernador convocó a una conferencia de prensa rodeado por los principales dirigentes del peronismo bonaerense, encabezados por Máximo Kirchner y Wado de Pedro. Allí, argumentó que Milei quiere llevar al país “a la desintegración”, por lo que advirtió que presentará en la Corte Suprema “una (medida) cautelar para que repongan los fondos” que dio de baja y que, según él, se utilizaban para “recuperar sueldos de la policía y comprar patrulleros y equipamiento”.

Hoy, en diálogo con Radio con Vos, argumentó “que la provincia de Buenos Aires necesita refuerzos presupuestarios para atender su seguridad no hay ninguna duda. En comparación con la Ciudad, la Ciudad tiene dos policías por cuadra y la provincia, 1 cada 80 cuadras. Y probablemente otras provincias necesitan más recursos, y vamos a acompañarlas. ¿Cómo va a impactar esto? En menos seguridad en la provincia de Buenos Aires, claramente”.

En otro tramo de la entrevista agregó: “Si al Gobierno nacional no le importan nada de nada, es una invitación a hacer lo que puedas o lo que quieras. Si cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene, cada provincia y cada persona, nos invita a una sociedad espantosa, a un país absolutamente en estado de disolución. Parece que te quieren arrinconar”.

CC

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, confirmó hoy que su provincia paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de los estados patagónicos y en apoyo al reclamo de su par de Chubut, Ignacio Torres, ante el Gobierno nacional por el recorte de fondos de coparticipación.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó a Télam.

El mandatario también sostuvo que el país atraviesa “momentos muy duros y complejos” y le pidió a Nación “parar la pelota porque no es tiempo de malevos”, aseguró.

El titular del Ejecutivo fueguino cuestionó la postura de enfrentamiento que mantiene el presidente Javier Milei con las provincias y las medidas económicas que afectan los recursos de cada jurisdicción.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó en diálogo con la prensa local. Agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Ante el caso chubutense, Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró. De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó Melella.

MM con información de la agencia Télam.

El 14 de mayo de este año, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue reelecto en el cargo con el 51,3% de los votos. Melella le sacó 40 puntos de diferencia a Héctor Stefani del PRO, que obtuvo el 11,1% y 44 puntos a Laura Andrea Almirón, la candidata de Javier Milei en la provincia, que quedó en tercer lugar con el 7,5%.

Melella, un radical K, integrante del ex Frente de Todos y ahora de Unión Por la Patria, es un dirigente autodefinido como “nacional y popular”, que amplió el Estado provincial hasta límites pocas veces visto y que cerró filas con los sindicatos y con la oposición, a tal punto que incorporó como primer candidato a la Legislatura a un referente de Juntos por el Cambio, como el radical Federico Sciurano.

Impulsor de “la paz social” y de “terminar con la grieta”, el gobernador hizo campaña con la “recuperación salarial” en el sector público como bandera, y con la defensa irrestricta del subrégimen industrial que les permite a las fábricas electrónicas, de autopartes y de textiles instaladas en la provincia producir bajo un sistema de exenciones impositivas.

Tres meses más tarde, el último 13 de agosto, el mismo electorado que avaló por abrumadora mayoría la gestión estatista y de consenso prebendario impulsada por Melella, convirtió en la fuerza más votada de las PASO a Milei, la antítesis de la incorporación de más empleados públicos, el enemigo de la “casta política” y de todo lo que se parezca al kirchnerismo.

¿Qué pasó? ¿Cómo dibujar al votante fueguino medio? ¿con la cara de Melella con forma de Estado explotado de funcionarios y asesores, o con la de Milei de rostro adusto, despotricando contra el déficit fiscal?

El primer dato lo aporta Luis Castelli, titular de la consultora Vox Pópuli, quien poco después de los comicios de mayo había adelantado que “gran parte” del numeroso voto en blanco registrado en esa elección (más del 20% en el estamento de gobernador) podía ir a parar a Milei en las PASO.

“Nuestros estudios daban a Milei liderando intención de voto desde por lo menos febrero de este año. Muchos de los votos en blanco que se registraron en las elecciones provinciales para la elección de gobernador fueron ahora a votar por él. El fenómeno está produciéndose, habrá que ver si se confirma y cómo desde aquí a octubre”, analiza el consultor.

Según Castelli, también hay que considerar que muchos fueguinos, aún votantes de Melella, desean un cambio general que modifique un Estado “refugio de ñoquis y de acomodados partidarios, y que encima brinda cada vez menos y peores servicios públicos”.

De esta forma, esa porción del electorado habría votado para mantener sus privilegios en el ámbito local, pero deseando un cambio de base en la estructura general del país.

Otros analistas agregan más indicios: el componente del “voto militar” en una población con presencia de varias instituciones de ese tipo (la Base Naval Ushuaia y el Batallón de Infantería Nº5 de Río Grande, entre ellas). 

También porque “el voto no es racional en muchos casos, y los liderazgos emocionales como el que encarna Milei atraen voluntades más allá de los cálculos de costo-beneficio personales”, completa Castelli.

Industria relativa

El principal empleador privado de la isla es la actividad fabril. A valores de junio de este año, las empresas radicadas en la provincia al amparo de un subrégimen de exenciones impositivas les daban trabajo a 23.184 personas, la mayoría en el rubro electrónico y de la ciudad de Río Grande.

La industria promocionada tuvo un valor imposible de negar en el afianzamiento de la soberanía argentina en el lugar y en el aumento de la población. El presidente Alberto Fernández amplió en 2021 la vigencia del subregimen hasta 2038, con excepción del rubro textil que entró en conflicto a partir de esa decisión, surgida del lobby de los fabricantes de Buenos Aires.

Aun así, aunque la mayoría de los fueguinos defiende la producción local y combate el mito del “ensamble” motorizado desde escritorios porteños, el sistema está muy lejos de tener a todos conformes.

Sectores de la población consideran que “los empresarios industriales promocionados se la llevan toda, y tienen miles de empleados con contratos y salarios basura, viviendo en condiciones precarias”, advierte Castelli.

Esa sensación general de que las empresas radicadas en la provincia no terminan ni invirtiendo en infraestructura ni produciendo otro valor agregado que no sea el empleo (últimamente cuestionado por sus remuneraciones) puede haber influido en el “voto bronca” aglutinado por Milei, no solo en la Isla sino en todo el país.

La postura del líder libertario, acerca de que el subregimen industrial fueguino es una “estafa para los argentinos” y debe ser eliminado, quedó atada a sus declaraciones en un programa de televisión de Buenos Aires y no tuvo amplia difusión durante la campaña para las PASO.

Después de las elecciones de agosto, Milei explicó que en realidad él no estaba de acuerdo con gravar con impuestos a las empresas fueguina, sino que pensaba quitarle los tributos que se pagan por las mismas actividades en el resto del país.

Desde Republicanos Unidos, el partido del “León” en la provincia, interpretaron los dichos de su referente como un aval al sector industrial, cuando en realidad era lo mismo de antes, dicho de otra manera. En definitiva, si Tierra del Fuego pierde sus ventajas impositivas (ya sea porque graven la industria como que le quiten impuestos al resto del país) para cualquier empresario será siempre más ventajoso instalarse en el conurbano bonaerense que en la punta del mapa, donde paga salarios más altos y enfrenta problemas logísticos de toda índole para transportar sus productos más de 3000 mil kilómetros, incluso pasando por Chile.

Así como el empleado estatal (o quienes se benefician del Estado de manera directa o indirecta) puede haber votado en el territorio por la mantención del statu quo, y fuera de él por un cambio de condiciones basado en el hartazgo, respecto del sector industrial pudo haber sucedido algo parecido.

Pastora y candidata

El andamiaje político de Javier Milei en Tierra del Fuego puede explicar, aunque solo en parte, su triunfo en las PASO.

“Republicanos Unidos”, partido que lo representa, es una fuerza política en franco crecimiento que ingresó representantes en la estatuyente municipal de Ushuaia de finales de 2022 (que sirvió para reformar la Carta Orgánica) y que luego realizó una más que digna elección provincial en mayo de este año, logrando legisladores provinciales y obteniendo el tercer puesto en la elección de gobernador.

“Republicanos” tiene su base en la iglesia evangélica “Hay vida en Jesús” instalada en la ciudad de Río Grande.

De hecho, la candidata a la gobernación fue Andrea Almirón, pastora evangélica y una de las líderes espirituales de esa congregación.

Opositora a la ley de aborto y a las regulaciones para garantizar la paridad de género, Almirón hizo campaña recordando la labor social de su iglesia. 

“Me decidió a dar el paso la falta de ideas y de gestión que observo en los gobiernos. Las promesas incumplidas y los silencios de muchos poderes que son funcionales a toda esta situación”, aseguró.

“Nosotros siempre vamos a defender la vida en todas las formas. Y eso incluye al niño por nacer. Es nuestro compromiso y es una de las ideas libertarias. Yo no voy a decir que no voy a cumplir una ley, ni que voy a infringirla. Trabajaremos de distintas formas pero manteniendo nuestra convicción”, advirtió la pastora.

A su vez, en relación a la paridad de género en el ámbito electoral, Almirón consideró que esa práctica “no es necesaria” y “subestima a la mujer”.

“Nosotras tenemos que acceder a lugares por nuestras capacidades. No creo que necesitemos un lugar impuesto por la paridad. Eso es una gran mentira que subestima a la mujer”, opinó.

También aclaró que la iglesia no recibe ningún tipo de subsidio estatal y que “vivimos de nuestros propios ingresos que incluyen el diezmo y las ofrendas”, aunque “el diezmo no es obligatorio”, puntualizó.

Sobre su acercamiento al partido político dirigido por Milei, la mujer consideró que se trata de “un espacio joven que se ha ido posicionando en base a un trabajo tranquilo y perseverante, y que me ha llevado a afiliarme a un partido y a trabajar en política por primera vez”. 

Extremos opuestos

En la elección provincial, cerca de 3 mil votos en favor de los libertarios fueguinos (que le habrían posibilitado acceder a una banca de concejal en cada ciudad) fueron anulados por la Justicia Electoral. El argumento fue la utilización de boletas de una tonalidad distinta a la exigida por las leyes locales. La Justicia no tuvo en cuenta la evidente voluntad de los electores por votar al partido, por encima de las cuestiones formales.

Ese conflicto terminó con un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que convalidó lo actuado en las instancias anteriores, y con un planteo ante la Suprema Corte de Justicia que todavía se encuentra en pleno trámite.

“Nos robaron tres mil votos y no vamos a parar hasta que así sea reconocido”, avisó Santiago Pauli, apoderado de Republicanos y primer candidato a diputado en las PASO.

Apoyado por el fenómeno Milei, Pauli también se convirtió en el candidato más votado en las primarias y ahora tiene serias chances de acceder a una banca en el Congreso en octubre.

Con un discurso opositor hacia los partidos tradicionales y a las gestiones de los gobiernos provincial y municipales (estos últimos en manos de intendentes de La Cámpora) los libertarios fueguinos capitalizaron el auge de su figura central a la vez que dejaron en evidencia las contradicciones de un electorado difícil de terminar de entender.

Aun con todas las explicaciones expertas, lo cierto es que el votante fueguino medio eligió a los extremos opuestos del arco ideológico en el término de tres meses.

Como en una tensión psicológica entre la realidad y el deseo, el habitante de la provincia austral parece fluctuar entre una autopercepción de lo que es, y otra de lo que cree que es. En una posición acepta los beneficios del Estado de bienestar, y en la otra se considera único artífice de su destino. Todo, en el término de tres meses, y sin que sepa cómo volverá a comportarse en octubre.

GR/MG

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, pidió a la Legislatura provincial “retirar” del tratamiento en comisión el memorándum de entendimiento firmado el año pasado con una empresa china, el cual contempla una posible inversión millonaria al norte de la isla, incluyendo la eventual instalación de un puerto multipropósito.

De todos modos, Melella no manifiesta la intención del Gobierno provincial de desistir de las negociaciones con los potenciales inversores, sino que argumenta que el memorándum no necesita de la aprobación por parte de la Legislatura, ya que se trata de un acuerdo entre la provincia y una empresa privada, y no entre entes públicos.

La medida se conoció luego de que Melella ratificara el memorándum a través del decreto provincial 3312/22 y lo girara al parlamento fueguino el 5 de junio, en medio de cuestionamientos de dirigentes opositores acerca del riesgo de permitir instalaciones del país asiático en un sitio con tanta importancia geopolítica.

El gobernador suscribió en las últimas horas la nota 095 dirigida al oficialista Federico Greve, presidente de la comisión de Legislación General de la Legislatura, requiriendo que “proceda a retirar del estudio de las comisiones el decreto 3312/22, por el cual se ratifica el memorándum de entendimiento” con la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group.

“De conformidad con la documentación tenida a la vista se ha incurrido en un error involuntario al remitir el decreto 3312/22, puesto que el mismo no constituye un convenio de los que la Constitución (provincial) establece la manda de remitir a la Legislatura”, justifica la nota del mandatario fueguino.

En ese sentido, Melella agregó que “el mentado memorándum ha sido celebrado con una empresa privada constituida en China, por lo que se trata de un ente privado”, por lo que debe “ser retirado de comisión” para “ser devuelto a este Ejecutivo provincial”.

La nota de Melella transcribe el articulo constitucional, donde se consigna que el gobernador, en su carácter de jefe de la administración provincial, “podrá celebrar tratados y convenios con la Nación y con otras provincias”. “También podrá celebrar convenios con municipios y entes público ajenos a la Provincia, nacionales o extranjeros, con organismos internacionales, en todos los casos con aprobación de la Legislatura y dando cuenta al Congreso de la Nación cuando así corresponda”, agregó.

El mandatario provincial aclaró que el memorándum “es un documento concertado entre sujetos de derecho internacional, o entre órganos u organismos de ellos dependientes, que puede ser un tratado internacional o contener meras declaraciones de intenciones, sin producir efectos jurídicos”. Según Melella, se trata de un primer acercamiento entre las partes, que puede dar lugar o no a celebrar acuerdos vinculantes en el futuro.

En el memorándum con repercusión nacional, la empresa china manifestó su interés por realizar en la provincia una inversión de 1.250 millones de dólares para la construcción de un proyecto para la explotación de una planta productora con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato.

Además, se menciona la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno que permita el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas y una central eléctrica de 100Mw.

Las partes se comprometen a resolver primero un litigio judicial, derivado de una inversión anterior de la misma firma en la isla, bajo el nombre de “Tierra del Fuego Energía y Química (TEQSA)”. La provincia y TEQSA llegaron a firmar un contrato en septiembre de 2010, mediante el cual Tierra del Fuego se comprometía a venderle gas natural para ser procesado en una planta de producción de urea a construirse en la zona de “Las Violetas”, al norte de Río Grande.

Sin embargo, el emprendimiento nunca se concretó y la provincia dio por finalizado el contrato en 2016, aduciendo su incumplimiento por parte de los chinos, lo que dio lugar a una causa que se tramita en el Superior Tribunal de Justicia fueguino.

LC con información de agencia Télam

La historia parece increíble por el sigilo con el que se desenvolvieron algunos de sus protagonistas. Y porque estuvo a punto de terminar en un despropósito: un radar con capacidad militar instalado en Tierra del Fuego, a 600 kilómetros de las Islas Malvinas, regenteado por una compañía constituida en la ciudad de Ushuaia a partir de dos sociedades, una irlandesa y otra británica.

Todo empezó como un emprendimiento de carácter científico y privado, a cargo de la empresa Leolabs, presentada como de origen estadounidense.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue anunciado en marzo de este año. La propia compañía reveló que cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos. En ese contexto, el anuncio consistió en la instalación de uno de esos radares (o grupos de antenas) en la provincia de Tierra del Fuego, donde la situación geográfica favorece las tareas de monitoreo de los objetos espaciales bajo análisis.

Un dato sobre la importancia de la iniciativa es que el propio embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Ushuaia cuatro días antes del anuncio de la empresa y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego para “colaborar con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.

Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino.

Sin embargo, para entonces ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.

De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) anunció entonces la presentación de un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la autorización otorgada a la empresa Leolabs para “instalar una antena radar con función militar en Tierra del Fuego”.

El permiso “constituye un acto que afecta potencialmente la vida de argentinos y la libertad de acción de la República Argentina para maniobrar en el mapa mundial de escenarios múltiplemente enlazados”, aseguró Blanco a través de su cuenta de Twitter.

En tanto el gobierno fueguino se mantuvo en silencio y solo el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachari, declaró a medios locales que el radar formaba parte de una iniciativa “con fines científicos” y que se había articulado a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

El tema comenzó a escalar en los medios de prensa fueguinos hasta que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones resolvió “suspender” la autorización concedida a Leolabs Argentina y dar intervención al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cuando Leolabs se presentó en el país precisó que su red de antenas es capaz de seguir el rastro de objetos “mayores de diez centímetros” en su deambular por las órbitas bajas. Y que puede alertar a países, instituciones o empresas cuando exista riesgo de una colisión peligrosa.

“El aparato vigila todos los objetos que están en órbita terrestre baja y funciona en coordinación con una red global de alrededor de una docena de dispositivos similares que tenemos en distintos países, como Portugal, Estados Unidos, Australia, Costa Rica y Nueva Zelanda”, contó Darren McKnight, director científico de la compañía, a El Destape Web, en marzo de este año.

“Hacemos las mediciones, advertimos cuando alguno se está acercando a satélites operativos e informamos cómo mantenerlos a salvo”, agregó.

También dijo que la ubicación del nuevo radar a los 54º de latitud resultaba “particularmente conveniente” porque es la región donde se produce la mayoría de las “conjunciones”. 

“Los potenciales accidentes no ocurren uniformemente en todo el espacio –explicó McKnight–, sino en especial entre los 35 y los 55° de latitud Norte o Sur. La Argentina es un gran lugar porque está en un hemisferio en el que tenemos muy pocos radares. Además, si uno los piensa como una de esas cámaras que se instalan en las esquinas para vigilar el tráfico, es una intersección concurrida. Es una ubicación estratégica para tener un buen punto de vista a muchos de los acercamientos que ocurren”, detalló.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue celebrado tanto por el embajador Stanley, quien le dedicó un tuit el 14 de marzo, como por la embajada argentina en Estados Unidos, donde la inversión fue destacada el mismo día a través de un video del CEO de la compañía, Daniel Ceperley.

En los meses posteriores, los anuncios empezaron a tomar forma. La empresa se instaló en un predio ubicado en las proximidades del municipio de Tolhuin, unos 100 kilómetros al sur de Ushuaia.

Según pobladores de la zona, el sitio está ubicado dentro de una estancia, a la altura del kilómetro 2900 de la Ruta 3, y hasta allí hicieron una extensión de la red eléctrica y trabajaron varias máquinas retroescavadoras, además de intensificarse las medidas de seguridad.

Por su parte en Ushuaia, la compañía fijó como domicilio legal la calle “De los Ñires 2250 Planta Baja D”, un sitio donde actualmente no funciona ninguna oficina sino una vivienda particular, según reveló el sitio local Agenda Malvinas que publicó varias notas sobre el tema.

Además, Leolabs Argentina estableció como representantes locales al abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparros, Diego Alberto Mancini Loiácono, un cantautor y productor de espectáculos musicales y Eileen Judith Treanor, directora financiera y responsable de operaciones de Leolabs.

Todo esto antes de que el asunto comenzara a difundirse en los medios y derivara en la intervención de dirigentes políticos fueguinos, hasta llegar a la suspensión del permiso que el Gobierno Nacional había otorgado inicialmente a la empresa para la instalación del radar. 

Por ahora el proyecto parece tan congelado como el suelo fueguino en invierno, aunque en la primavera todo puede cambiar.

GR/MG

En las últimas horas, una polémica se desató en Tierra del Fuego, luego de que el gobernador Gustavo Melella autorizara la construcción de un puerto multipropósito por parte de una empresa china, con una inversión de 1250 millones de dólares.

Melella firmó un memorándum de entendimiento de cooperación con la empresa Shaanxi Chemical Industry Group, con el objetivo de construir de un proyecto con capacidad para elaborar un millón de toneladas de productos químicos en la provincia patagónica. Hace días, el gobernador firmó un decreto que habilita la construcción de la base naval.

El acuerdo, el cual entró en vigencia por el decreto 3312/22, ahora debe ser aprobado por la Legislatura provincial. La medida fue rechazada por distintos integrantes de Juntos por el Cambio, quienes anunciaron que presentarán una denuncia penal contra los responsables del avance del puerto chino en Tierra del Fuego.

La diputada nacional Mariana Zuvic aseguró denunciará penalmente a los “responsables de la entrega histórica de la soberanía”. “Nueve meses ocultaron el Memorándum con China. Durante nueve meses en sendos pedidos de informe y accesos solicitamos a MRECIC, MINDEF, MECON, JGM el contenido del memorándum”, expresó la santacruceña.

En su cuenta de Twitter, Zuvic explicó: “El Memorando de Entendimiento de Melella con una empresa del Estado chino no respeta los dispuesto en el artículo 124 de la Constitución que exige sea conocido por el Congreso. Esto aborda facultades delegadas como las relaciones exteriores y la defensa nacional sin que dichas áreas hayan tomado la intervención de su competencia. (Sergio) Massa lo anunció y hoy lo confirma, somos Argenchina”.

“Debemos unirnos en defensa de esta entrega de nuestra soberanía”, enfatizó la legisladora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea se expresó Federico Frigerio, diputado nacional: “Melella le da luz verde al estado chino para construir un puerto en nuestra provincia. El memorándum firmado y ratificado por el gobernador, promueve el control de una empresa estatal china sobre nuestra infraestructura estratégica”.

El fueguino perteneciente a Juntos por el Cambio se explayó: “El puerto es de carácter estratégico por lo que solo puede ser operado por empresas de capitales nacionales, públicos, privados o mixtos, pero nacionales. Melella esperó a que pasaran las elecciones provinciales para blanquear el memorándum”. Además, advirtió: “No vamos a permitir que ningún estado extranjero controle nuestra infraestructura estratégica. ¿Habrá esperado a ratificarlo después de las elecciones porque la inversión esconde directa o indirectamente cesión de soberanía? Veremos”.

En tanto, Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación y precandidato presidencial de Encuentro Republicano Federal, advirtió: “Nos metemos en el conflicto Estados Unidos-China por la puerta equivocada”.

LC con información de agencia NA

Con más del 50% de los votos y un récord de participación, Gustavo Melella entregaba al Frente de Todos un nuevo triunfo en este domingo de elecciones provinciales. El gobernador de Tierra del Fuego conseguía su reelección con casi el 54% de los votos.

Pasadas las 21 y con poco más del 30% de las mesas escrutadas, la oposición ya lo dio por ganador. Es que sus oponentes avanzaban muy de lejos sin siquiera llegar al 10%.

“Hay una buena elección del gobernador, que gana en primera vuelta. Esta es la realidad y la voluntad del electorado. Acatamos la decisión del pueblo”, dijo el candidato a gobernador por el PRO, Héctor Stefani, quien más se acercó a ese 10%. Y enseguida explicó las razones del triunfo de Melella: “Creemos que no hubo oposición en la provincia. Estamos convencidos de que nuestra propuesta es buena y creemos firmemente en lo que hemos dicho en campaña, como también pensamos que el camino del actual gobierno no es el adecuado”, insistió Stefani, diputado nacional, al hablar por Radio Provincia.

Según datos oficiales del juzgado electoral de la provincia, de mantenerse estos guarismos, el Gobernador alcanzaría más del 50% de los votos, el mínimo requerido para consagrarse en primera vuelta sin necesidad de balotaje.

Si la ausencia de una oposición fuerte es una de las claves de esta elección también lo es el voto en blanco: 21%, en rigor, el mayor porcentaje de votos detrás de los que obtuvo Melella.

Por su parte, Laura Almirón, de Republicanos Unidos y aliada de Javier Milei a nivel nacional, obtenía el 7,11% de sufragios, mientras que Pablo Blanco, candidato radical de Juntos por el Cambio, contaba con el 5,79% de los votos.

Los fueguinos tuvieron en esta jornada un récord de participación. Cerca del 70% de un padrón de 147 mil emitieron emitido su voto para elegir gobernador y vice, además de renovar 3 intendencias, 15 bancas de diputados provinciales y 24 de concejales municipales. 

La gran cantidad de boletas existentes dentro del cuarto oscuro provocó una demora en el recuento de votos, según reconocieron las fuentes judiciales consultadas.

Melella fue uno de los primeros en acercarse a las urnas y, habiendo votado a las 8.30, afirmó que en el distrito “no hay grieta” y que cree en la “paz social”.

“Acá no hay grietas y ustedes lo pueden ver en nuestra lista de legisladores, donde hay referentes de Forja, radicales, peronistas e independientes. Yo creo en la unidad de los fueguinos, en la paz social y política que hemos recuperado y que se vio en este proceso electoral”, señaló el mandatario después de votar en el Colegio Polivalente de la ciudad de Río Grande.

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el senador nacional Pablo Blanco, votó pasadas las 10 en el colegio Soberanía Nacional de Río Grande y se quejó de la decisión inicial de la justicia fueguina de impedir que los candidatos en los comicios puedan ejercer como fiscales generales partidarios.

Se trata de una medida que “favorece a los partidos con mayores estructuras”, declaró Blanco a la prensa fueguina.

En tanto, el candidato a la gobernación del PRO, el diputado Héctor Stefani, votó a las 11 en la escuela 34 de Ushuaia y sostuvo que “tenemos expectativas porque conformamos un gran equipo y tenemos un plan”.

Un total de 56 establecimientos educativos estuvieron afectados a los comicios en la provincia, y según confirmaron a Télam fuentes del Juzgado Electoral local, en ninguno se desarrollaron incidentes.

El acto eleccionario comenzó todavía de noche en la provincia más austral del país, en medio de condiciones climáticas favorables para la época del año, con temperaturas sobre cero y sin precipitaciones en todo el territorio provincial.

A pesar del buen tiempo, la escarcha acumulada en las rutas originó el despiste del vehículo que trasladaba a la delegada judicial Constanza Elizabeth Ausello cuando se diría a cumplir funciones en el centro de votación próximo al paso fronterizo de San Sebastián, en el norte provincial, y también se accidentó el patrullero que acudió en ayuda de la funcionaria, precisaron desde la Justicia.

Melella -un radical K, líder del partido Forja y aliado del presidente Alberto Fernández- busca la reelección a través de una alianza con los intendentes Vuoto, Pérez (ambo pertenecientes a La Cámpora) y Harrington, del PJ.

La provincia es la más joven del país (creada en 1991) y la de menor población (con 190 mil habitantes, 0,5% del padrón nacional.

Con información de Télam

Unos 147.000 fueguinos están en condiciones de votar el próximo domingo en las elecciones generales de Tierra del Fuego en las que se elegirá al gobernador y vice para cumplir el noveno período institucional de la historia del distrito, y en la que también estarán en juego tres intendencias, 15 bancas de diputados provinciales y 24 de concejales municipales.

Tierra del Fuego es uno de los cinco distritos que tendrán ese día sus elecciones provinciales -junto con La Pampa, Tucumán, Salta y San Juan-, desdobladas del cronograma electoral nacional, y que se sumarán al lote de Jujuy, La Rioja y Misiones -que tuvieron sus comicios el domingo- y Río Negro y Neuquén, que votaron en abril.

En territorio fueguino, el actual gobernador Gustavo Melella -un radical K, líder del partido Forja y aliado del presidente Alberto Fernández- buscará su reelección en el cargo a través de una alianza con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, el de Río Grande, Martín Pérez (ambos pertenecientes a la agrupación política La Cámpora) y el de Tolhuin (PJ) Daniel Harrington.

Melella competirá con el actual diputado Héctor Stefani, del PRO, y con el senador radical Pablo Blanco que se presentará por Juntos por el Cambio (JxC) dentro de una oferta electoral opositora que se fragmentó para los comicios y que también incluye a Republicanos, el partido de Javier Milei, que postula a la pastora evangélica Andrea Altamirano como candidata a la gobernación, y a Zulma Fernández del Frente de Izquierda.

Por su parte, Vuoto buscará su tercer mandato como intendente de la capital fueguina luego de haber reformado la Carta Orgánica municipal en 2022, y para ello enfrentará en las urnas a Somos Fueguinos, liderado por la ex diputada peronista Liliana “Chispita” Fadul, al ex concejal Tomás Bertotto de JxC y a Ricardo Forgione Tibaudín de Republicanos.

La candidatura de Vuoto había sido impugnada por el Partido de la Ciudad, que responde al concejal opositor Javier Branca, y por un vecino particular, con el argumento de que la constitución municipal permite una sola reelección del intendente, y que esa condición no fue modificada durante la reforma de 2022.

Sin embargo, la jueza Electoral fueguina, Mariel Zannini emitió una resolución en la que rechazó la impugnación al entender que los estatuyentes municipales no definieron la prohibición de una posible re reelección del intendente a través de una cláusula transitoria, en un fallo luego ratificado en términos similares por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.

En tanto Pérez competirá por su segundo mandato en Río Grande con José Luis Álvarez del PRO, Fernando Baccichetto de Juntos por el Cambio y Julio Mercado de Republicanos.

Para la disputa de las 15 bancas del parlamento fueguino habrá 15 listas diferentes, entre ellas la oficialista de Forja respaldada por el gobernador Melella que tiene como particularidad ser encabezada por el actual legislador radical Federico Sciurano, que se pasó de Juntos por el Cambio al kirchnerismo en el actual proceso electoral.

A su vez, dos ex gobernadoras, la peronista Rosana Bertone y la socialista Fabiana Ríos también aspiran a convertirse en diputadas provinciales y por ello encabezan sus respectivas listas por una facción del justicialismo y por el Partido Social Patagónico (PSP), respectivamente.

Para la elección de cuerpos legislativos conviven diferentes sistemas electorales: en el caso de legisladores provinciales se puede tachar a postulantes para alterar la lista original (si las tachas superan un piso del 50% de los votos a la lista) y en el caso de los concejales de Ushuaia se puede preferir candidatos con el mismo objetivo de modificar la nómina original (si las preferencias superan el 15% de los votos a esa lista).

El Juzgado de Primera Instancia Electoral de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que de acuerdo al cronograma aprobado en febrero de este año si hay segunda vuelta en la elección de gobernador y vice (solo está previsto para ese estamento) se llevará a cabo el 28 de mayo.

Además, el organismo recordó que en Ushuaia y Río Grande podrán votar los ciudadanos extranjeros que se hayan empadronado, siendo un total de 112 en la capital fueguina y 175 en la ciudad del norte de la provincia.

El padrón definitivo está conformado por 147.064 personas, con 64.941 votantes potenciales en la ciudad de Ushuaia, 76.006 en Río Grande, 5.707 en Tolhuin y 410 en las distintas bases antárticas.

Por su parte habrá 56 establecimientos educativos afectados a las elecciones: 27 en Ushuaia, 26 en Río Grande y tres en Tolhuin.

En relación a las mesas electorales, se habilitarán 218 en Ushuaia, 251 en Río Grande, 19 en Tolhuin, siete en la Antártida, dos para ciudadanos extranjeros y dos para las personas privadas de la libertad.

La provincia más joven del país -creada en 1991- y la de menor población -con 190 mil habitantes, representa el 0,5% del padrón nacional- adelantó las elecciones en cumplimiento de su Constitución que obliga a desdoblarlas de los comicios nacionales, aunque el gobernador Melella salió de la tradición de realizar el acto electoral a mediados de junio y lo convocó para un mes antes.

Gobernadores del Frente de Todos expresaron este viernes su respaldo al anuncio del presidente Alberto Fernández de no competir por la reelección de cara a los comicios de este año, y remarcaron tanto el hecho de que “le ha tocado gobernar en momentos difíciles”, como el sentido federal de sus políticas.

“Acompaño la decisión del presidente Alberto Fernández. Le ha tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles, ayudando de manera permanente a todas y todos los catamarqueños”, dijo a través de Twitter el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, expresó: “Acompaño la decisión de nuestro Presidente, y reconozco y valoro que siempre estuvo presente, escuchando y ayudando a los todos los santiagueños, en estos difíciles y duros tiempos en que le ha tocado gobernar”.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella, destacó la “actitud” del Presidente, y aseguró: “Sin dudas, le ha tocado gobernar en tiempos muy difíciles, complejos, como todo lo vivido en la pandemia, que nos marcó como sociedad. Seguiremos con el compromiso de continuar trabajando para consolidar la mirada federal y las políticas públicas que garanticen derechos e inclusión”, afirmó el mandatario provincial fueguino a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, su par entrerriano Gustavo Bordet, indicó: “una vez más, Alberto da muestras de su compromiso con el país y la democracia priorizando los intereses colectivos a las aspiraciones personales. Todo mi reconocimiento y mi compromiso para seguir trabajando unidos por la Argentina”. Recordó también que empezaron juntos “este camino de unidad” en 2019 y que no son tiempos fáciles pero reconoció que “Entre Ríos siempre tuvo en Alberto Fernández un aliado”.

Además, el gobernador riojano Ricardo Quintela se hizo eco de estas palabras y expresó que “la grandeza de los hombres está en trabajar para la gente, desde el lugar que le toque y cumpliendo el rol que la gente le entregue”. “Alberto, sabemos que desde el lugar en el que estés vas a seguir trabajando por un país justo, digno y federal para todas y todos los argentinos”, le dedicó a través de Twitter.

En la misma sintonía se manifestó Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, quien consideró que la decisión del Presidente demuestra “grandeza política”. “Él debe ineludiblemente ser y participar como líder político para generar las condiciones de buscar el máximo consenso, la unidad en la diversidad de nuestro espacio, una estrategia política electoral que nos garantice un acuerdo programático, desde el punto de vista político, económico y social”, reflexionó el chaqueño en un acto en la localidad de Sáenz Peña.

Capitanich remarcó también que “no cabe la menor duda que tendremos un triunfo electoral que nos permita garantizar una nueva oportunidad para seguir gobernando los destinos de la patria, pero sobre todo con los desafíos que el pueblo necesita”.

Por otro lado, el gobernador santafecino Omar Perotti, consideró que la decisión de Fernández “posibilita” el fortalecimiento de su gestión “en un momento difícil de Argentina”. “Creo que siempre que se pueda tener mayor tiempo de atención en situaciones críticas y no la cabeza en varios lugares, sin dudas eso ayuda”, dijo en rueda de prensa en capital provincial.

Perotti añadió: “Ojala que esta decisión posibilite el fortalecimiento en un momento difícil de la Argentina, en un momento en donde se necesita mucha unión en cualquier instancia de negociación internacional que permita mejorar las condiciones de vinculaciones con la Argentina”.

La decisión de Alberto Fernández

El jefe de Estado anunció este viernes por la mañana su decisión de no ir por la reelección para “concentrarse en resolver los problemas de los argentinos”. “Se pone al frente de las PASO y el armado electoral”, informaron desde la Presidencia de la Nación.

“Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos”, expresó Fernández en el video en el que aseveró que “el contexto económico” y “la sequía más importante en más de un siglo” lo obligan a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a “los problemas de la Argentina”.

LC con información de agencia Télam

La primera manifestación exigiendo una mayor intervención estatal en el combate del incendio forestal de Tierra del Fuego se produjo este miércoles en la ciudad de Ushuaia, donde un grupo de unas 500 personas autoconvocadas se concentraron frente a la Casa de Gobierno para pedir “mas aviones hidrantes” brigadistas y elementos para contener el fuego en la reserva Corazón de la Isla.

Los vecinos nucleados a traves de las redes sociales y al ritmo de bombos y redoblantes exhibieron consignas contra el Gobierno provincial al que culparon de “inacción” y “desidia” durante los dias posteriores a que el siniestro fuera declarado en las proximidades del municipio de Tolhuin.

Los manifestantes llamaron a “autoorganizarse” para “defender el bosque” sin “banderías políticas” y se refirieron al incendio como un “ecocidio”. “Justicia por nuestros bosques”, “30 mil estadios de futbol arden” y “pidan ayuda a Chile” sostenían algunos de los carteles.

Aunque una ventana climática de algunos días volvió a traer alivio a los brigadistas que combaten el incendio forestal en el centro de Tierra del Fuego, las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) prefieren no hacer pronósticos acerca de cuánto tiempo se demorará en controlar el mayor desastre ambiental de la historia de la provincia y preparan a la población para una batalla de largo aliento.

El fuego iniciado el 30 de noviembre a 1,5 kilómetros de la ex estancia Carmen, al parecer a raíz de un fogón mal apagado por pescadores, se extendió a través de la reserva natural “Corazón de la Isla”, un área de unas 100 mil hectáreas ubicada a unos 30 kilómetros del municipio de Tolhuin, en el centro geográfico de la isla fueguina.

El lugar alberga un bosque milenario de lengas y ñires, dentro de un ecosistema con un complejo sistema de lagos y lagunas y una variada fauna y avifauna autóctonas. La situación del incendio se complicó debido a la sequía que afecta la zona y a la presencia de fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en los días iniciales.

“Estamos trabajando para que el fuego se extinga lo más rápido posible, pero queda claro por lo sucedido en estos días que, aún en condiciones que no son tan tremendas en materia climática, el escenario que ofrece la sequía continuada es tan propicio para que el fuego prospere, avance y se mantenga, que hace muy difícil tener una perspectiva sobre en qué momento se va a poder controlar definitivamente”, aseguró hoy el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, luego de un sobrevuelo por la zona junto con el gobernador fueguino Gustavo Melella.

En su paso por la provincia, Federovisky dejó claro que lo mejor en estos casos es trabajar sin metas temporales, e incluso se mostró contrario a cuantificar la cantidad de superficie afectada.

Si bien la coordinadora regional patagónica del SNMF, Carolina Juárez, habló de 9000 hectáreas involucradas, aclaró que “no se sabe bien si dentro de esa área todo el bosque está quemado” y advirtió que “posiblemente sea mucho menos”.

El viceministro anunció el envío de 20 nuevos brigadistas nacionales, que se sumarán a los 80 ya afectados al operativo. 50 de ellos serán relevados por otro grupo similar el próximo lunes, y el viernes 23 habrá un nuevo recambio de la dotación. La tarea terrestre es apoyada por cinco medios aéreos, dos helicópteros con helibalde y tres avionetas hidrantes, una aportada por el SNMF y dos alquiladas por la provincia.

“Hoy la situación está un poco más calma comparativamente con días anteriores. Ha soplado muchísimo menos viento. Hemos sobrevolado la zona con el Gobernador y lo que hemos visto es una situación más calma, sin que esto signifique que esté definitivamente controlada”, declaró Federovisky.

La mejora de las condiciones fue confirmada a este medio por habitantes de La Rinconada, la única urbanización del “Corazón de la Isla” donde habitan 60 familias, y por propietarios de las estancias establecidas en la zona.

“Después de lo que pasamos el lunes a la noche (cuando el fuego se acercó a metros de la propiedad) hoy estamos mucho más tranquilos. También cayó un poco de lluvia y eso dio tiempo a hacer nuevos cortafuegos. Fue un gran alivio, aunque todo es paso a paso”, contó Noelia Ruiz, integrante de la familia propietaria de la ex estancia Carmen, hoy reconvertida en el refugio turístico “Corazón Fueguino”.

Lo mismo confirmaron allegados a los emprendimientos que funcionan en Isla Guanaco, ubicada a unos 200 metros de la costa del Lago Yehuin y también alcanzada por las llamas.

Los expertos coinciden en que la sequía que afecta el lugar, producto del impacto del cambio climático, fue un desencadenante clave del desastre.

Durante cuatro años consecutivos se registraron precipitaciones inferiores al período anterior, y ello origina una acumulación de materia orgánica sobre el suelo, mientras que el aumento de la temperatura impone un “estrés hídrico” sobre la vegetación. 

Con esos argumentos científicos, el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea y el Consejo Federal de Medio Ambiente instó a todas las provincias a declarar la prohibición de encendido de fuego en lugares agrestes, medida que está vigente en Tierra del Fuego.

Si bien el incendio en el “Corazón de la Isla” es atribuido a negligencia humana, los lugareños no ocultaron su molestia con la respuesta estatal, sobre todo en las primeras jornadas posteriores a la aparición de las llamas.

“Nos abandonaron”, “nos dejaron solos”, tardaron en reaccionar“, son frases que se repitieron durante toda la primera semana de la catástrofe forestal. De hecho, los vecinos mostraron cortafuegos hechos por ellos mismos, valiéndose de herramientas y maquinaria propia. 

Pero la respuesta de las autoridades es que en esos primeros días el clima hacía imposible cualquier otra actividad a la que se desarrolló, y que en ningún caso existieron o existe falta de recursos.

“Si solo se tratara de acumulación de recursos, no habría incendios regulares en Estados Unidos que tiene el sistema forestal mejor equipado del mundo, o en Australia”, refutó hoy el viceministro de Ambiente.

También dijo que no hace falta ayuda internacional para combatir el fuego y que el SNMF tiene en la actualidad “más medios aéreos que en toda su historia”.

Sin embargo, el secretario de Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, admitió que se hicieron gestiones para obtener cooperación internacional y que uno de los países consultados fue Chile, aunque “el país trasandino está atravesando una situación similar en materia de incendio forestales, por lo que nos ha comunicado de manera oficial que los aviones hidratantes de gran porte estarían recién disponibles para el mes de enero”. precisó.

En tanto, otro organismo que se expidió sobre el incendio en tierras fueguinas fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se solidarizó con los productores de la zona y fue muy crítica del Gobierno nacional. 

“Nos preguntamos donde están las brigadas nacionales de manejo y control del fuego, los aviones hidrantes, los recursos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Necesitamos soluciones para los productores del sur argentino, hoy desamparados y un Estado nacional ausente”, fustigó la entidad en un comunicado.

Así, mientras continúan los chisporroteos entre sectores y personas con posturas antagónicas, las otras chispas, las del fuego real, siguen saltando entre los árboles del bosque milenario fueguino, a la espera de que la situación quede definitivamente bajo control.

GR/MG