Militares y científicos polemizan sobre la capacidad del radar inglés instalado en Tierra del Fuego

Ya no se trata de suposiciones o inferencias. El propio jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, escribió una extensa nota de opinión donde critica con dureza la instalación de un radar en Tierra del Fuego, por parte de una empresa con socios británicos.

El argumento central del jefe militar argentino es la “estrecha relación” entre la Defensa del país y la actividad espacial, ya que el grupo de antenas montadas por la compañía Leolabs en proximidades del municipio de Tolhuin, a la altura del kilómetro 2946 de la Ruta Nacional Nº3, tiene un supuesto objetivo científico, consistente en el monitoreo de la “basura espacial” en las órbitas bajas de la Tierra.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue sinuoso desde el principio. Fue anunciado en marzo por la embajada estadounidense, después de una reunión entre el embajador Marc Stanley y el gobernador fueguino Gustavo Melella. La compañía presentada como originaria de ese país consiguió un permiso precario para la instalación del radar, expedido por la Jefatura de Gabinete a cargo, en ese momento, de Juan Manzur. Pero cuando la empresa se constituyó en el país, como “Leolabs Argentina”, lo hizo a partir de dos sociedades: una irlandesa y otra británica. Y cuando el caso se hizo público, el mes pasado, el mismo organismo que había expedido la habilitación provisoria (la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad) se la canceló a pedido del Ministerio de Defensa. Una inspección oficial al lugar demostró que las instalaciones se encuentran “finalizadas” y “activas”. El radar está “apagado” mientras se resuelve la controversia, aunque también es cierto que se maneja de forma remota, con lo que el control de actividad es prácticamente imposible.

La polémica hizo tambalear las posturas siempre “pro causa Malvinas” del gobierno provincial de Melella. El mismo gobernador que se apresta a declarar “persona no grata” a la embajadora británica en Argentina, intentó desmarcarse de la instalación del radar, y dijo que se trata de competencias ajenas a la provincia.

Melella y sus funcionarios primero hablaban de una “empresa estadounidense con fines científicos”, pero cuando se conocieron los papeles de la propia Inspección General de Justicia fueguina inscribiendo a Leolabs Argentina con socios británicos, el argumento perdió credibilidad. Tampoco se pudo justificar la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente que autorizó la obra y el rol de la Dirección Provincial de Energía (DPE) que realizó el tendido de una línea trifásica hasta la estancia El Relincho, donde fue montado el dispositivo.

Científico o militar

¿Pero el radar es de uso científico o militar? ¿Es un emprendimiento privado y global para suministrar información a otras empresas o agencias estatales que quieran prevenir colisiones con desechos en el espacio? ¿O es parte de una red con capacidad para interferir en conflictos militares entre las grandes potencias?

El ex titular de la Estación Astronómica de Río Grande y ahora consultor externo de la empresa, José Luis Hormaechea, no tiene dudas de que se trata de una iniciativa inherente al desarrollo técnico y científico.

“Lo que instalaron es un radar para el monitoreo de órbitas bajas, o sea que ópera arriba de los 200 kilómetros de altura en el segmento que más interés comercial tiene, ya que ahí se encuentran los satélites de las empresas. Quiere decir que no detecta ni un centímetro del espacio aéreo argentino, ni del territorio insular o continental”, asegura Hormaechea.

También aclara que Leolabs “vio este nicho hace siete años y empezó a desarrollar un sistema de radares, en distintos lugares del mundo, que monitorean la órbita baja para luego dar pronóstico de la basura a las agencias que requieran lanzar un cohete. Comenzó con un radar en Estados Unidos, luego alquiló uno en Alaska, construyó otro en Nueva Zelanda y ahí es cuando inició los trámites en Argentina, mientras paralelamente se instalaron en Australia, Costa Rica y Azores”.

Sin embargo, fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Martín Paleo, quien salió a refutar esa postura cuando el 9 de julio, a propósito del día de la independencia, publicó en Infobae una extensa nota de opinión alertando sobre los riesgos del radar en suelo argentino.

“Desde el nivel estratégico militar existe una seria amenaza a la seguridad nacional con la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja por parte de la empresa de capitales británicos Leolabs”, escribió el jefe militar.

Incluso abundó en que “la utilización de empresas privadas con estrechos vínculos con las fuerzas armadas de otros Estados para obtener información y de esa manera aumentar su capacidad militar, ya resulta una tendencia insoslayable en los conflictos armados de la actualidad”.

Paleo ubica a la instalación del radar como una “respuesta de Gran Bretaña” a una serie de acciones estratégicas argentinas, como la instalación de un radar de vigilancia aérea en Río Grande y la creación de dotaciones militares de las tres fuerzas armadas en Tolhuin y Ushuaia, entre otras.

Además, considera a Leolabs como una compañía de perfil dual, civil y militar, y revela que entre sus directores hay “ex miembros del Departamento de Defensa de los EE.UU y de la comunidad de inteligencia de dicho país así como también de la Real Fuerza Aérea Australiana”.

De astronautas y artistas

En Tierra del Fuego, después de pasar desapercibido para las autoridades por varias semanas, el tema comenzó a levantar temperatura. 

El senador nacional Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) fue el encargado de revelar que el radar ya estaba instalado y que incluso estuvo funcionando en modo de prueba. El funcionario se reunió con directivos de Leolabs y recibió de ellos una copia del acta de inspección que así lo corrobora. Por ello impulsa pedidos de informes en el Congreso y requirió que se expida el Consejo Nacional de Malvinas.

El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, remarcó que la instalación de este tipo de infraestructura es competencia “nacional”, a la vez que minimizó el rol del Estado provincial en el proyecto.

De todos modos, tuvo que admitir la participación británica en la constitución argentina de la firma, y sostuvo que se trata de “uno de los puntos a revisar”.

La Legislatura fueguina tratará hoy el asunto en sesión, a través de tres pedidos de informes, y el presidente de la comisión 7 de Malvinas, el legislador oficialista Federico Sciurano, anunció la citación a Dachary para que brinde explicaciones y “se eviten las especulaciones político partidarias”.

Según Blanco, otro aspecto a dilucidar es la constitución de Leolabs Argentina con integrantes de Tierra del Fuego sin ningún tipo de conocimiento y especialidad en el rubro, como el abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional Mabel Caparros y Diego Alberto Mancini Loiácono, un “cantautor y productor de espectáculos musicales”.

“En todas partes del mundo donde se instaló la empresa, sus miembros son ex astronautas, expertos en Defensa o científicos. No hay antecedentes de una composición semejante a la ocurrida aquí”, afirmó el senador.

GR/MG