Millones de niños y niñas se vieron sumidos en una crisis debido a la guerra en Medio Oriente. Además de la muerte de cientos de menores y de los desplazamientos forzados a gran escala que sufren en Líbano, hay informaciones sobre niños soldado en Irán.

De acuerdo con los datos de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, más de 340 menores murieron y miles resultaron heridos desde que Israel y Estados Unidos comenzaron los ataques contra Irán, que respondió bombardeando a los países de la región.

Hasta la fecha, el día más letal para la infancia fue el primero, cuando un ataque de misiles estadounidenses contra un colegio iraní mató como mínimo a 160 estudiantes y profesores. La invasión israelí de Líbano, y los continuos ataques israelíes en Gaza y en la Cisjordania ocupada, agravaron el derramamiento de sangre. Son más de 1,2 millones los niños desplazados en toda la región.

“Los niños de la región están expuestos a una violencia atroz, con los sistemas y servicios diseñados para mantenerlos a salvo también bajo ataque”, dice Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

A continuación, algunas de las formas en que la guerra está afectando a los niños.

Desplazamiento forzoso en el Líbano

Según las estimaciones de Unicef, los bombardeos israelíes y las órdenes de evacuación en el Líbano forzaron el desplazamiento de más de 1,1 millones de personas, de las que casi 400.000 son niños. Casi el 90% de esas personas viven fuera de los centros de acogida, y muchas de ellas duermen en la calle.

Nidal Ahmed, de 52 años, y dos de sus hijos tuvieron que desplazarse dos veces. Un bombardeo destruyó su casa en Tiro en el segundo día de la guerra de Israel contra Hezbollah. Entonces huyó a la casa de su hermano en un suburbio del sur de Beirut, pero pocos días después Israel ordenó el desalojo de la zona. Ahora viven en Biel, el barrio de la vida nocturna de Beirut, en una carpa y adentro de un campamento improvisado con cientos de familias.

“Son las 5:00 de la tarde y hoy no comimos nada”, dice Ahmed. Zahraa, su hija de ocho meses, está sentada frente a él con el body manchado. “Solo pudimos darles té y un poco de pan a los niños; no es bueno que una niña tan chica coma pan, ¿pero qué podemos hacer?”, añade, señalando las migajas de pan duro que Zahraa estuvo masticando.

Intenté cubrir la lona para protegernos de la lluvia, pero todas las mañanas nos despertamos con los colchones empapados

Ahmed — Vive con sus dos hijos en una tienda de campaña

Tras un mes fuera de su hogar, Ahmed se quedó sin dinero para alimentar a sus hijos. Depende de organizaciones locales que aparecen de forma irregular: distribuyen comida la mayoría de los días, pero no todos.

El hombre dice que las condiciones del desplazamiento son “humillantes”, mientras señala la carpa que levantó para él y sus hijos: una lona azul improvisada sobre un armazón de madera y sujeta con piedras. “Intenté cubrirla para protegernos de la lluvia, pero todas las mañanas nos despertamos con los colchones empapados”.

Ahmad, su hijo de tres años, jugaba con otro niño en un terreno baldío. El niño explicó que se duchaba los viernes, cuando su padre los traslada 30 minutos en coche hasta la casa de un amigo que les permite usar el baño. Para las necesidades más inmediatas, un solo baño y cientos de familias que hacen una cola de media hora antes de usar un retrete sin agua corriente.

Marcoluigi Corsi, representante de Unicef en Líbano, advirtió en marzo de los efectos duraderos que el desplazamiento tendría sobre los niños. “Este ciclo implacable de bombardeos y desplazamientos está agravando gravemente las secuelas psicológicas, arraigando un temor profundo y amenazando con causar daños emocionales profundos y a largo plazo”, dijo.

Ahmed ya vio algunos de estos efectos en sus propios hijos. Cuando los aviones israelíes rompen la barrera del sonido o bombardean Beirut, su hijo empieza a correr tratando de esconderse de la bomba que cree que va a caer sobre él.

El hombre está agotado. Tuvo que dejar a su esposa y a su hija de 17 años en el hospital de Tiro, heridas durante el bombardeo del hogar familiar. Muestra una foto de su esposa en coma en una cama de hospital. Fractura de cráneo en 33 puntos, hemorragia interna y lesiones en la columna vertebral. “Dicen que no va a sobrevivir”, afirma, mirando a sus hijos. “Ahora los niños están ocupados, están jugando, pero cuando vuelvan a casa y no encuentren allí a su madre, será un desastre”.

Muertes, heridos y duelo en Palestina

Aunque en Gaza rige un alto al fuego desde hace más de cinco meses, las autoridades sanitarias de la Franja cifran en 50 el número de palestinos a los que el Ejército israelí mató desde el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero. Se desconoce el número exacto de niños fallecidos, pero entre los seis palestinos muertos el 29 de marzo por bombardeos israelíes contra puestos de control había una niña, según los servicios de rescate locales.

La Franja de Gaza no se recuperó de los 23 meses de bombardeos israelíes que mataron a decenas de miles de personas y destruyeron hospitales y colegios en lo que una investigación de una comisión de la ONU calificó como genocidio. Hasta octubre de 2025, de media, un niño palestino moría cada hora. Según la ONG Save The Children, el número total de niños asesinados hasta finales de 2025 por las fuerzas israelíes en su guerra contra Gaza superó los 20.000.

La guerra de Irán no abrió un nuevo frente en Gaza, pero empeoró la inseguridad y provocó que se intensificaran las operaciones militares israelíes. Israel impuso en la Franja cierres y restricciones de movimiento que interrumpen el acceso a servicios básicos y obligan a cerrar colegios. Durante los primeros días de la guerra se cerraron también los pasos fronterizos hacia Gaza, bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y mercancías.

Desde el inicio de la guerra con Irán, los colonos israelíes y las fuerzas de seguridad intensificaron la violencia contra los palestinos de la Cisjordania ocupada, causando la muerte de al menos tres niños.

El 15 de marzo, la policía israelí mató a tiros a dos hermanos palestinos y a sus padres en Tamoun. Regresaban en el coche familiar después de hacer la compra para el Ramadán cuando los israelíes dispararon contra ellos. Murieron Mohammed, de cinco años, y Othman, de siete, que era ciego y tenía necesidades especiales. También murieron su madre, Waad Bani Odeh, de 35 años; y su padre, Ali Bani Odeh, de 37.

Sobrevivieron otros dos hermanos. Khaled, de 11 años, fue uno de ellos. Explicó que oyó llorar a su madre y rezar a su padre antes de morir. También, que la policía fronteriza israelí lo sacó a rastras de los restos del coche tras el tiroteo. Se burlaron de él y lo golpearon. “Matamos a unos perros”, le dijo un agente, según relató.

En Israel, al menos cuatro niños murieron por los misiles lanzados en la represalia de Irán. Uno de los peores ataques tuvo lugar el 1 de marzo, cuando un misil iraní sacudió la ciudad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país.

Niños de 12 vigilando puestos de control en Irán

Las denuncias contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por utilizar a menores de solo 12 años para vigilar puestos de control hicieron saltar las alarmas sobre el uso niños soldado. En un informe de finales de marzo, Human Rights Watch publicó que la Guardia Revolucionaria estaba reclutando a niños como “combatientes en defensa de la patria”.

El 26 de marzo, un responsable del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria dijo que la campaña de reclutamiento de civiles “Combatientes en defensa de la patria por Irán” había fijado los 12 como edad mínima. En el cartel de la campaña se ve a un niño y a una niña junto a dos adultos, entre ellos un hombre con uniforme militar.

Human Rights Watch, con sede en Nueva York, explicó que el reclutamiento militar y el uso de niños constituyen violaciones graves de los derechos de los menores, además de un crimen de guerra cuando tienen menos de 15 años. “No hay excusa para una campaña de reclutamiento que tenga como objetivo alistar a los niños, y mucho menos si son de 12 años”, dice Bill Van Esveld, subdirector de derechos de la infancia en Human Rights Watch. “Las autoridades iraníes parecen dispuestas a arriesgar la vida de los niños a cambio de mano de obra adicional”.

Informaciones apuntan a que Alireza Jafari, un niño iraní de 11 años ya murió por un bombardeo israelí en un puesto de control de seguridad. Sadaf Monfared, su madre, dijo al periódico local Hamshahri que su hijo ayudaba en las patrullas y puestos de control Basij, una milicia voluntaria subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Las autoridades implicadas en esta política censurable están poniendo a los niños en riesgo de daños irreversibles y graves, y a ellos mismos en riesgo de incurrir en responsabilidades penales”, dice Bill Van Esveld. “Los altos funcionarios que no pongan fin a esto no pueden sostener que se preocupan por los niños de Irán”.

Ataques contra escuelas y pérdida de la educación

El 28 de febrero, un bombardeo estadounidense contra un colegio de primaria en Minab causó la muerte de decenas de personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años. Se trata hasta la fecha de la peor matanza en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Una “grave violación” del derecho internacional, según la Unesco.

En toda la región, los implacables ataques están destruyendo y dañando instalaciones e infraestructuras imprescindibles para los niños, entre las que figuran hospitales, colegios y sistemas de agua y saneamiento. Según La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, 316 centros médicos y 763 colegios fueron destruidos o dañados gravemente por los ataques israelíes respaldados por Estados Unidos.

Estos ataques y el ambiente de violencia generalizada dejaron en suspenso la educación. Según la ONG Save The Children, al menos 52 millones de niños en edad escolar de toda la región vieron interrumpida su educación, pasando a la enseñanza por Internet o quedándose sin ella por completo. Unicef estima que 364 de los 669 refugios colectivos que hay en Líbano son colegios públicos. En gran parte de Israel, los colegios tuvieron que cerrarse una y otra vez.

“En todos los coflictos, las aulas suelen ser las primeras en cerrar y algunos de los últimos lugares en reabrir”, dice Ahmad Alhendawi, responsable para Medio Oriente, el norte de África y Europa del Este de Save The Children.

“Cada clase perdida agrava las secuelas de la guerra: no todos los niños pueden escapar de la violencia ni permitirse pasar a la enseñanza por Internet; sabemos que muchos de los niños más vulnerables nunca volverán una vez que interrumpieron el colegio”, dice. “Las escuelas son lugares protegidos y los ataques contra ellas podrían constituir graves violaciones del derecho internacional humanitario, deben respetarse las leyes de la guerra”.

El impacto psicológico

El derramamiento de sangre y la vorágine de la guerra exponen a los niños a acontecimientos traumáticos. La exposición prolongada a episodios de inestabilidad y violencia tiene efectos de largo plazo sobre el desarrollo cerebral, la regulación emocional y la salud mental.

Aunque Irán bloqueó casi por completo Internet, se sigue recibiendo la señal de las emisoras de televisión por satélite. El canal Iran International, con sede en Londres, comenzó a emitir entre sus boletines informativos un segmento con consejos para lidiar con los miedos y la ansiedad de los niños.

“Toda guerra es una guerra contra los niños”, dice Alhendawi, de Save The Children. “Los niños viven con miedo, atrapados en el fuego cruzado de esta guerra de adultos; las guerras tienen sus leyes, y los niños deben quedar fuera de todo conflicto”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Cuando Virginia Quispe despierte hoy en el pabellón de la Unidad 46 en San Martín, provincia de Buenos Aires, lo primero que hará será acordarse de cuando con Ian y Alexis, sus dos hijos, miraban dibujitos los tres tirados en la cama. O cuando les enseñaba los números. O a leer. Ninguno de los dos hoy, el Día de la Madre, podrá visitarla. Al pabellón suyo, según el calendario de visitas del penal, no le toca recibir familiares. “Son cuatro pabellones y no se pueden juntar. Cada uno tiene días diferentes para ver un rato a su familia”, cuenta Virginia, de 33 años, desde el penal. 

Virginia hace más de un año que no ve a sus hijos. Durante todo ese tiempo rotó por diferentes centros de detención de la provincia: pasó por un destacamento en Maipú, la Alcaldía número 3 de La Plata y la Unidad 8 en Los Hornos. El permanente cambio, “complicaba cualquier visita”. Sin embargo, lo que más impide verlos es la voluntad de sus exparejas: “Mis hijos son de padres diferentes, estoy separada de ambos y ninguno quiere traerlos”, señala Quispe.

En 2020 fue detenida por tentativa de homicidio con un arma de fuego, tras defenderse de un permanente hostigamiento sexual por parte de un vecino de su barrio. “Me encantaría volver el tiempo atrás para reaccionar diferente y hoy poder disfrutar de mis hijos en mi casa, pero ya no aguantaba más el acoso”, explica. “La Justicia debería exigirles a los padres que lleven a los hijos a ver a sus madres. Estoy presa, pero no soy una mala mamá. Ellos necesitan verme”.

Eliana A. hace dos años que también está detenida en la Unidad 46. Tiene tres nenas menores y una “hija del corazón” de 23 años. A la hija más pequeña, cuenta, no la ve porque el padre no quiere: “A mis otras dos hijas las veo cada tanto porque el juzgado pide la autorización del padre para que puedan entrar y él no quiere firmar nada”, detalla Eliana. Tiene la posibilidad de hacer videollamada a través de un celular, un beneficio adquirido durante la pandemia en las cárceles provinciales. Pero eso no la satisface: “Sin el abrazo de nuestros hijos, hoy no hay nada que festejar”, le dice al elDiarioAR, mientras cocina en su pabellón.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la población carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es de 51.506 detenidos. De ese número, 2.881 son mujeres. De ese total, al día de hoy, hay 53 detenidas que se encuentran criando a sus hijos o cursando un embarazo dentro de una unidad penitenciaria. Asimismo, hay 38 menores que viven hoy en un penal bonaerense bajo el cuidado de sus madres.

Por otra parte, según otro estudio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, hay 318 mujeres con prisión domiciliaria, controladas mediante el sistema de monitoreo electrónico a cargo del SPB.

Roxana Pérez tiene 34 años y desde el 2016 tiene arresto domiciliario con un brazalete electrónico en su pierna. Es madre de cuatro hijos, pero cuando fue detenida por robo en 2014, y al no tener con quien dejar a sus hijos, la Justicia decidió ponerlos en un hogar de menores. “Nunca pudieron venir a visitarme mis hijos porque nadie de mi familia me podía ayudar”, cuenta Roxana. “Cuando no tenes a nadie afuera, la Justicia te castiga sacándote lo que más querés en el mundo. Me gustaría que se tenga en cuenta cuando una madre cae presa, no tiene recursos y tampoco alguien que la ayuda”, confiesa desde su casa. 

Cuando logró el beneficio del arresto domiciliario, un juez de menores decidió dar en adopción a otra familia a dos de sus hijos, con una perimetral para que no pueda verlo. “Hoy vivo con dos y luchó por recuperar a los otros”, cuenta. Roxana, además, tiene a cargo al hijo de su hermana, también presa. “Me encantaría llevar a mi sobrino a ver a su madre en su día, pero yo no puedo salir y soy la que estoy a cargo”, detalla. 

Hoy es el primer Día de la Madre que va a poder estar, al menos, con dos de sus hijos desde que fue detenida. “Si alguna de mis hijas se lastima, no puedo ni siquiera llevarla al hospital. Tampoco puedo salir para dejarla en la escuela. Es como seguir en el penal”, dice. En un mes, cuenta, termina su condena y le quitaran el brazalete. “El Día de la Madre del año que viene quisiera ir a festejarlo a la plaza con mis cuatro hijos. Voy a luchar por eso. El sistema de hoy no le permite a muchas madres ver a sus hijos”.

Los hijos, como otros familiares de las detenidas, también son víctimas del sistema punitivista. Por eso, desde la Asociación Civil de Familiares Detenidos (ACIFAD), se impulsa a la visibilización de casos como el de Roxana, donde los derechos básicos son vulnerados. “Cuando una mujer cae detenida y sus hijos quedan en hogares, el Estado los da en adopción y, tras seis meses, pierden el derecho a seguir maternando. Nadie les da herramientas para saber cómo recuperar a sus hijos”, explica Patricia Tevez, vicepresidenta de la organización. “Cuando las madres van a visitar a sus hijos detenidos ocurre algo similar. Deben someterse a viajes larguísimos y noches durmiendo en filas a la intemperie para entrar a un penal”, detalla Tevez.

Luana Buzio, también integrante de ACIFAD, sostiene que la maternidad en las cárceles es compleja porque el sistema penal “está hecho para varones”. “En ningún lado la ley dice que si estás presa, tus hijos te dejan de pertenecer”, precisa Buzio. “La ley de ejecución penal garantiza el derecho de la comunicación entre una detenida y su hijo y es el Estado el que lo garantiza”, señala la integrante de ACIFAD. Y agrega: “El derecho del niño al no ver a su madre también es vulnerado. Una pena privativa de la libertad tiene una condena por un delito puntual cometido. Todo lo demás, no debería aplicar”, finaliza Buzio.

FLD/DTC

La niña tiene 12 años. Cuando tenía tres fue sometida a la primera medida excepcional por el Estado debido a su vulnerabilidad. Separada de su madre por situaciones de violencia, vivió institucionalizada. En marzo de este año fue derivada por una ambulancia del SIES desde un centro residencial ubicado en una localidad vecina por sufrir una crisis. Desde entonces y a pesar de que se encuentra con alta definitiva sigue estando en el Hospital de niños Víctor J. Vilela.

“Desde la Secretaría de Niñez no hubo respuestas a este caso”, expresó el juez de familia sanlorencino Marcelo Scola, que hizo un fuerte descargo sobre el caso en Radio 2. Dijeron que estaban buscando un lugar donde alojar la niña, pero ello no ocurrió a pesar de la intimación que les cursó el juez bajo apercibimiento de multa.

El magistrado contó en la entrevista radial que la niña sigue viviendo en el Vilela, y que no es la única. “Cumplió 12 años hace dos días, donde el hospital organizó una pequeña fiesta, allí dentro donde vive. No hubo ninguna respuesta de ningún organismo oficial, una verdadera vergüenza”

Scola dijo que ni siquiera respondieron los organismos a los que le dio intervención en el caso. “De la Secretaría de Niñez no puedo esperar más nada. Lo dije el otro día, esto es impunidad, esto es saber que están para no hacer, que no va a pasar nada”, aseguró.

Estos niños siguen vulnerados en sus derechos y cada día es terrible para ellos. “¿Qué hace una niña de 10 o 12 años con el alta médica hace seis, siete meses?”, se preguntó.

Aseguró que hubo absoluto silencio por parte de los organismos del Estado. “No entienden que esto tiene que resolverse. No es una cuestión personal, no me lo hacen a mí, se lo están haciendo a todos y cada uno de los niños que tienen que proteger”, dijo.

Refirió que, desde marzo de este año, tiene el alta médica, y el hospital está desesperado porque esto atenta contra la calidad de vida de la niña. Quien hace el acompañamiento personalizado en el hospital —más de 70 personas en este tiempo, a tres por día—, entienden que se desvirtuó el sentido del acompañamiento porque no puede prolongarse tanto tiempo.

“Las medidas excepcionales no se toman porque no saben qué hacer con los niños. Si una nena es abusada la dejan en la casa del abusador, si es golpeada la dejan en la casa del golpeador porque no saben qué hacer y el Estado abandonó a esta niña en el hospital. El hospital hace un trabajo brillante, pero está abandonada. El propio hospital dice sáquenla de acá porque este no es el lugar, todos dicen lo mismo”, aseguró.

“Nosotros estamos en contacto con un centro residencial en Santa Fe”, explicó y agregó que el ministro de Acción Social les envió un funcionario para atender esta cuestión. “Él nos contactó con este hogar, en realidad creo que lo hacen para sacarse el problema de encima y llegar a la entrega del gobierno, esto es una opinión personal”, planteó.

El juez sostuvo que el viernes pasado “tuvimos una reunión donde estuvo el equipo interdisciplinario del hospital con este centro y esta semana van a ver cómo hacen una reunión con esta niña para ver si pueden admitirla y trasladarla a ese lugar que cuenta con una serie de comodidades totalmente distintas”, afirmó.

En cuanto a cómo vive la niña en el hospital dijo que está yendo a la escuela “porque con la gente del hospital logramos que mantenga la escolarización, lo que no ocurre con los niños que están en el hospital de zona norte”. Según explicó, “normalmente lo que sucede es que salen del hospital, van por ahí y vuelven al hospital, no hay ningún control”.

“Es una barbaridad, el juzgado donde estoy va a cumplir 13 años, y ha sido una decadencia absoluta, nunca tanto como ahora. No sé si es porque los niños no votan, no importa el signo político del gobierno”, se lamentó.

“Patricia Chialvo está puesta para decir y no hacer y está cubierta por el ministro o el gobernador, esto tiene que quedar claro porque sino, hablamos por el Estado y no mencionamos. Los que manejan niñez en Rosario son cómplices de esto”, aseguró.

No es un sólo caso

La semana pasada se conoció que cuatro niños y niñas de entre 9 y 13 años viven en el Hospital de Niños Zona Norte. Al igual que en el caso de la niña denunciada por el juez sanlorencino, se trata de chicos que fueron externados, pero que carecen de un lugar a donde ir por lo que permanecen en hospital. A ellos hay que sumarle los 3 que viven en el Vilela.

Las autoridades exigieron la intervención de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

Hace una semana, la secretaria Patricia Chialvo dijo que de los siete casos “solo dos están hace un año” en hospitales y se trata de un “niña con discapacidad profunda y el Área de Inclusión de la provincia no aconseja su externación” y “la otra chica tiene un problema de salud mental grave y no tiene el alta de salud mental para el egreso”.

De los cuatro chicos del Zona Norte, “tres son situaciones de salud mental” y describió que una “crisis subjetiva” implica que los chicos están “en centros residenciales, toman cuchillos o vidrios e intentan lastimarse a ellos o a terceros”. Por eso, según su mirada, no son casos asociados a centros de día (y por eso no se los deriva) sino a “patologías” para tratar en hospitales.

“Es muy particular lo que dijo”, sostuvo en relación a las afirmaciones del juez Scola. “En ningún momento dejamos de trabajar”, agregó. Defendió su accionar y la delegación San Lorenzo de Niñez. También mencionó que los chicos en el Vilela “están teniendo educación hospitalaria” vinculada a la escuela primaria porque “son chicos chicos; la mayor tiene 13 años”.

Esta nota fue realizada y publicada originalmente en El Ciudadano

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Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, sostuvo este miércoles que es “inaceptable” la vulneración de los “derechos de los más chicos” ante la posibilidad de un nuevo acampe esta noche por parte del colectivo Unidad Piquetera (UP) en Plaza de Mayo. Solicitó la intervención con “carácter de urgente” de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para llevar adelante una “mesa de diálogo”.

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los más chicos, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle, incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar”, escribió la ministra en Twitter, titulado: “Con los chicos no”.

Así se se pronunció Tolosa Paz sobre la Marcha Federal Piquetera que se está llevando a cabo desde el lunes y que hoy confluirá en Plaza de Mayo, donde se espera un “acampe y vigilia” en reclamo de “políticas contra el hambre y la pobreza”, además de “asistencia integral para los comedores populares”, entre otros puntos.

La funcionaria le exigió a la UP y a uno de sus principales dirigentes, Eduardo Belliboni del Polo Obrero, acordar “una forma de manifestación que evite el acampe de los niños y niñas en las protestas” al considerar que de esta manera “no hay diálogo posible”.

“Tomé la iniciativa e involucré a la Defensora Nacional de Niños y Niñas que nos llame como árbitro en la defensa de los chicos y chicas a una mesa de diálogo porque están poniendo en riesgo la vida de ellos con el acampe”, apuntó la titular de Desarrollo Social.

Tolosa Paz recordó que los chicos y chicas que acompañaron el último acampe “no asistieron a la escuela, por lo tanto, tampoco pudieron servirse de la alimentación que brinda el sistema escolar, ni pudieron estar en las aulas con sus docentes y educadores”.

“Nunca pondríamos en tela de juicio el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones a las autoridades gubernamentales. Pero el acampe es una expresión de protesta que, más allá del debate que puedan originar sus motivaciones, debe ser revisado en su implementación”, se quejó la ministra.

En su publicación, Tolosa Paz le recordó a Belliboni que “el diálogo está abierto y que es legítimo el derecho a la protesta”, aunque pidió que exista un trabajo en conjunto con el Ministerio para que “también se garanticen los derechos que tenemos pensados para los pibes y pibas”.

“El Estado nacional invierte más de 50 mil millones de pesos en el Servicio Alimentario Escolar, que, sumado a la Asignación Universal por Hijo y la prestación Alimentar, configuran una red verdadera y concreta para la seguridad alimentaria de las y los niños y adolescentes”, detalló y agregó que “cuando algunos apelan al castigo y a retirar la ayuda social, nosotros optamos por seguir trabajando para garantizar derechos”.

“No queremos una Argentina donde las niñas y niños estén en la calle en lugar de estar en la escuela. No hay diálogo posible cuando se utiliza a los más chicos”, completó. Al hilo de Twitter, le contestó Belliboni: “la que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el país”.

LC con información de agencia Télam

Una investigación del Departamento de Trabajo de EEUU descubrió violaciones de la legislación que regula el trabajo infantil en tres locales de la cadena de hamburguesas McDonald's ubicados en el estado de Kentucky. En uno de los locales encontraron a dos niños de diez años trabajando sin remuneración y con horarios que a veces llegaban hasta las 2:00 horas de la madrugada.

Las tres franquicias de McDonald's que aparecen en la investigación poseen un total de 62 locales en los estados de Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio. Entre las tres empleaban a 305 niños que trabajaban durante más horas de las permitidas legalmente y desarrollaban tareas prohibidas por la ley para trabajadores de su edad.

Los franquiciados fueron multados con un total de 212.754 dólares por las infracciones. Los tres tienen sede en Kentucky y son Bauer Food y Bell Restaurant Group (en Louisville); y Archways Richwood (en Walton). En torno al 93% de los locales de McDonald's en el mundo son gestionados bajo el régimen de franquicia.

La investigación descubrieron que las franquicias empleaban a jóvenes de 14 y 15 años que dedicaban al trabajo más horas de las permitidas para menores y superaban los límites diarios y semanales, incluidos casos en los que estaban en el trabajo en horario escolar.

La noticia llega justo cuando varios estados de EEUU se están movilizando para flexibilizar las leyes sobre trabajo infantil.

“Estamos registrando un incremento en las violaciones de las leyes federales sobre trabajo infantil, permiten que los menores hagan trabajos o manejen equipos que los ponen en peligro o les hacen trabajar más horas o hasta más tarde de lo que está permitido en la legislación federal”, dijo Karen Garnett-Civils, del Departamento de Trabajo de EEUU.

“Los empresarios que contraten a trabajadores jóvenes deben conocer la regulación. Cualquier empresario, padre o trabajador joven que tenga preguntas puede ponerse en contacto con nosotros para que le ayudemos a comprender sus obligaciones y derechos según la ley”, agregó.

El último de varios casos

Estas violaciones a la regulación del trabajo infantil son las últimas en una serie de casos relacionados con las franquicias de McDonald's.

En febrero, el Departamento de Trabajo multó a un franquiciado con siete locales de McDonald's en las ciudades de Erie y de Warren (estado de Pensilvania), por permitir que niños de 14 y 15 años trabajasen con jornadas y horarios no permitidos por la legislación federal sobre trabajo infantil.

El franquiciado también fue sancionado por permitir que nueve trabajadores menores de 16 años manejaran las freidoras. Las infracciones tenían que ver con 154 empleados menores de edad y conllevaron una multa de 92.107 dólares [unos 83.360 euros].

En Pensilvania, multaron en diciembre a otro franquiciado de McDonald's, propietario de 13 locales en la zona de Pittsburgh, por violar la legislación laboral con 101 trabajadores menores de edad.

Entre las infracciones figuraba permitir que los niños trabajasen después de las 21:00 horas, que trabajasen más de ocho horas en días lectivos, más de 18 horas en semanas lectivas, y más de tres horas al día y después de las 19:00 de la tarde en días lectivos. Tuvo que pagar 57.332 dólares [unos 51.890 euros] como multa por las infracciones.

En junio del año pasado, multaron con 3.258 dólares [unos 2.948 euros] a un franquiciado de McDonald's en Tennessee por vulnerar la ley asignando a un trabajador de 15 años el uso de una freidora, una tarea peligrosa que no está permitida a menores. El niño sufrió una quemadura al hacerlo.

Cada 25 de abril de todos los años es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. La fecha fue instituida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las infancias y adolescencias, ya que afectan su crecimiento.

El maltrato a los niños pone en peligro su capacidad para aprender y socializar y afecta su desarrollo relacional a lo largo de toda la vida. En muchas ocasiones, se utilizan métodos violentos en la educación, repitiendo modelos de crianza obsoletos. Si los adultos estos fueron criados con violencia, les resulta normal y no identifican alternativas.

¿Qué es el maltrato infantil?

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención hacia menores, que incluye todos los tipos de maltrato: físico, psicológico, sexual, negligencia, explotación o cualquier otro que afecten su salud, desarrollo, dignidad o los pongan en peligro.

Cabe destacar que la exposición a la violencia de pareja también suele incluirse entre las formas de maltrato infantil.  

Para combatir el maltrato infantil, es importante saber que la educación atraviesa la convivencia de las familias. Es por eso que desnaturalizar el uso de métodos violentos requiere del compromiso y el trabajo articulado de organizaciones, gobiernos e individuos. Hablar del tema con niñas/os, respetando su edad y su manera de entender, es inculcar valores y definir límites.

Qué dice la Organización Mundial de la Salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil engendra “problemas de salud física y mental que duran de por vida”, y que “sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país”.

Desde el organismo destacan que “con frecuencia, el maltrato infantil queda oculto” y que “solo una parte de los niños que son víctimas recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud”. Algunas de sus estadísticas señalan que hacia mediados del 2020:

Entre las consecuencias que genera sufrir maltrato, el estrés y los problemas de conducta son apenas algunas de las que se suelen manifestar. De acuerdo con la OMS, las que se presentan en adultos que de niños o jóvenes padecieron maltrato son:

Es por eso que esta es una jornada de acción. Para eso, proponen “prestar una atención continua a los niños y las familias” e invitan a comunicarse con especialistas con el objetivo de reducir el riesgo de acciones violentas, por más mínimas que sean.

¿A quién recurrir ante maltrato infantil?

LC

La polución del aire causa más de 1.200 muertes prematuras anuales en menores de dieciocho años en Europa y aumenta de forma significativa el riesgo de padecer enfermedades más adelante, señaló este lunes en un informe la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

“Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la contaminación del aire porque sus cuerpos, órganos y sistemas inmunes aún están en desarrollo”, advierte la AEMA.

El estudio resalta que, aunque el número de muertes en este grupo de edad es relativamente bajo con respecto a otros, representa una “pérdida” de potencial futuro y una carga notable de enfermedades crónicas, tanto en la infancia como más tarde.

Las funciones pulmonares de los niños y el desarrollo pulmonar se ven afectados sobre todo por el ozono y el dióxido de nitrógeno a corto plazo y por las partículas finas del aire a largo plazo.

“La exposición maternal a la polución del aire durante el embarazo está relacionada con el bajo peso al nacer y el riesgo de parto prematuro. Y aumenta más adelante el riesgo de problemas severos, incluido asma, función pulmonar reducida, infecciones respiratorias y alergias”, explica la AEMA.

Este organismo con sede en Copenhague insta a mejorar la calidad del aire en torno a las escuelas y guarderías, así como durante el desarrollo de diferentes actividades.

El informe destaca que, a pesar de las mejoras registradas en los últimos años, el nivel de contaminantes atmosféricos se mantiene “obstinadamente alto” con respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en muchos países europeos, sobre todo en el centro y el este, además de en Italia.

El motivo es la quema de combustibles como el carbón para calefacción doméstica y uso industrial.

Más del 90 % de la población urbana de la Unión Europea (UE) está expuesta a niveles dañinos de dióxido de nitrógeno, ozono y partículas finas, según datos de 2021.

EFE

IG

Un silbido casi unísono. Centenares de silbatos sonaban, en la tarde del martes, en una sala del segundo subsuelo del Centro Cultural Kirchner al finalizar un evento organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Argentina. Aunque más prolongado, el sonido recordaba al que emite un árbitro cuando indica una falta o un guardavidas en la playa cuando tiene que alertar a algunos distraídos que se alejan peligrosamente de la orilla.

La similitud no es casual. Cada silbato que se oía pitar era un árbitro que señalaba la falta que comete el Estado en términos de protección de las infancias y cumplimiento de los derechos de los niños. Eran, al mismo tiempo, un recordatorio de que todos los presentes que lo hacían sonar pueden actuar como guardavidas y rescatar a esos niños que ven cada vez más lejos la satisfacción de sus derechos a la educación y a la salud física y mental.

En Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional y el Estado ─en conjunto con familias y organizaciones─ debe garantizar la satisfacción de cada una de las necesidades y derechos allí contemplados. En el año en que se cumplen 40 años de democracia y se celebran elecciones presidenciales, UNICEF decidió lanzar la campaña #GuardavidasDeLaInfancia, que busca visibilizar los principales desafíos que atraviesan los menores de edad en el país. “Es fundamental priorizar los derechos de los chicos y las chicas desde la función que cada uno tiene en la sociedad para generar más y mejores oportunidades de bienestar en la infancia”, afirmó Luisa Brumana, Representante de UNICEF en Argentina.

El plato de comida, que los funcionarios, empresarios, celebridades y demás presentes en el evento tienen asegurado todos los días, es una excepcionalidad para más de un millón de menores que se ven obligados a saltear una comida diaria por falta de recursos. Un total de 1,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares cuyos ingresos son insuficientes para comprar alimentos básicos. Incluso en los casos en los que es posible mantener la alimentación diaria, la calidad de la dieta empeoró de modo tal que se redujo el consumo de carne y de frutas y verduras en el 70% y 40% de los hogares, respectivamente.

“Yo sé que la comida de este comedor es muy importante para estos chicos, quizás la única”, indicó María Ramírez, cocinera en una escuela del paraje salteño Las Llanas que se capacitó para utilizar los alimentos disponibles de manera nutritiva. Aunque su ejemplo es y debería ser replicado en cada rincón del país, su compromiso debe también ser complementado con políticas de estado para evitar que su efecto positivo se diluya en el tiempo. Revertir el ajuste del 4,3% interanual que sufrió el presupuesto nacional para la niñez y adolescencia en 2022 constituye una primera brazada para acercar a los niños a la orilla y rescatarlos del peligro que supone la vulneración de sus derechos más básicos.

Destinar mayor presupuesto para asistencia social no es la única manera de reducir la pobreza y sus consecuencias: es necesario también asegurar que los chicos finalicen su educación. Tal como expresó Julián Weich, conductor de televisión y embajador de UNICEF Argentina, en el auditorio del Centro Cultural Kirchner, la pobreza se hereda al igual que la riqueza. Garantizar que los chicos completen sus estudios implica mejores oportunidades de inserción en el mercado laboral en la adultez, con mayores ingresos, y, así, reducir la pobreza generacional. Sin embargo, hoy en día, el 53% de los jóvenes de 19 años en situación de pobreza no completa el secundario, según la Encuesta Permanente de Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El abandono escolar atiende a múltiples factores. Alrededor de un 30% de los estudiantes entre 15 y 17 años que dejan de asistir a la escuela consideran que sus aprendizajes no son relevantes para sus vidas. La desactualización de los contenidos, sumado al bajo nivel de integración de TIC a las prácticas de enseñanza, genera una currícula alejada del desarrollo de las habilidades digitales fundamentales en pleno siglo XXI, que desalienta la continuación de los estudios.

La adopción de roles adultos también influye en el abandono escolar. En los sectores más vulnerables, los jóvenes deben salir a trabajar de manera prematura para complementar los ingresos de los jefes del hogar. En los casos en los que ambos padres trabajan fuera de la casa, además, los hermanos mayores suelen quedar a cargo de las tareas de cuidado de los más pequeños, lo que impide su asistencia regular a la escuela. Uno de los spots proyectados por UNICEF durante el evento revela que al menos 300 niños y niñas de entre 0 y 3 años se quedan solos o al cuidado de un hermano o hermana menor de edad.

Estas situaciones no sólo afectan a los hermanos que deben adoptar roles que no les corresponden y carecen de las herramientas para sostener una crianza positiva, sino también a los infantes que requieren de un cuidado cariñoso y sensible para alcanzar un bienestar integral. Actualmente, la oferta de espacios de educación y cuidado de primera infancia es bastante escasa y dispersa. Según datos de UNICEF, sólo el 19% de las niñas y niños de hasta 3 años tiene acceso a estos servicios. La nueva normativa que obliga a las empresas de más de 100 empleados a crear salas maternales representa un avance hacia la coparticipación de las responsabilidades de cuidado entre las familias y el sector privado.

Eliminar estos obstáculos para la asistencia a la escuela no sólo es relevante para el desarrollo laboral futuro de los estudiantes, sino también porque los colegios funcionan como una red de contención frente a maltratos en los hogares. Los docentes pueden advertir situaciones de agresión en sus alumnos en un contexto en el que el 59% de los hogares utiliza métodos violentos de crianza como ataques verbales, gritos y castigos físicos.  En aquellos hogares donde residen niños con discapacidad y quien queda a cargo es otro menor de edad, la incidencia de este tipo de maltratos, que violan lo establecido en la Ley Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es mayor.

Los silbatos que sonaron al unísono en el segundo subsuelo del Centro Cultural Kirchner quizás terminen en algún cajón en la casa de cada uno de los presentes, pero el pitido que provocaron ya generó una alarma. Al igual que un guardavidas advierte cuando un turista se alejó más de lo debido de la orilla, UNICEF dejó en claro que, hoy en día, la brecha entre la realidad de las infancias argentinas y sus derechos contemplados en leyes y convenios representa un peligro para todos los niños.

ACM

Cuando leemos o escuchamos lo que pasó con Lucio Dupuy, la primera reacción después del horror es preguntarnos: ¿cómo seres humanos pueden cometer hechos tan abominables con niños y niñas tan pequeños e indefensos? Existe un agravante: el Derecho aparecerá siempre impotente para paliar tanta inhumanidad. Porque, ¿cómo reparar tanta ofensa a la dignidad humana? ¿Cómo calificar estos hechos: “atroces”, “monstruosos”? Todos parecen insuficientes. Quizá vale recordar lo que escribiera Hanna Arendt en referencia al “mal radical”: “Somos incapaces de perdonar aquello que no podemos castigar e incapaces de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable”.  

En este caso, como en tantos otros, las instituciones que debieron proteger y evitar lo que pasó, callaron, omitieron, erraron, abandonaron, en definitiva, fracasaron. 

La Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un Informe referido a los años 2020-2021, determinó que en CABA hubo 6805 casos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por violencia doméstica, de los cuales 8 de cada 10 fueron agresiones cometidas por sus progenitores, 7 de cada 10 de las NNyA tenían menos de 11 años y casi la mitad de los casos denunciados, fueron catalogados como de “altísimo y alto riesgo”. El dato es incontrastable: el 80% de las NNyA afectados tenían vínculo filial con la persona denunciada y, en el 47% de los casos, cohabitaba con la víctima. 

Es imprescindible tomar conciencia de esta dramática situación y es necesario que el Estado intervenga. No post facto, cuando la tragedia ya ocurrió, sino con instrumentos que prevengan los abusos y las agresiones intrafamiliares con nuevas y más eficaces estrategias y poniendo en real funcionamiento mecanismos que ya están a nuestro alcance: como garantizar la vigencia de la Educación Sexual Integral (ESI).

La ESI ha demostrado ser una herramienta eficaz de contención y confianza que sirve a la prevención y a la protección de los y las menores. Un Estudio del Ministerio Público Tutelar de la CABA reveló que entre el 70 y el 80% de NNyA de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de entrevistas del organismo, pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI. Más aún: ayudó a NNyA a comprender y diferenciar las conductas abusivas de las que no lo son teniendo en cuenta que el 80% de esos abusos son cometidos por familiares o conocidos. 

A partir de la sanción de la Ley 26150 de ESI, como dice Damián Azrak, se decidió hacer de la ESI una política de Estado, se sacó del ámbito privado y se convirtió en un asunto público. Esto es clave, porque las miradas oscurantistas siempre han querido dejar el tema de la sexualidad en los ámbitos cerrados, jerarquizados, regidos por el silencio o por los dogmas religiosos: la sexualidad fue desde lejos, asociada al “pecado” y destinataria preferida de la censura. 

Padres y madres no pueden “hacer lo que quieren con sus hijos”. Los hijos no son cosas, no son propiedad privada. Son seres humanos, son sujetos de derecho. Al decir de Carlos Nino: “Está claro que los padres no son, literalmente, dueños de sus hijos, hay límites a la discrecionalidad respecto a las decisiones que pueden tomar en perjuicio de ellos”.

Desde esta perspectiva, entonces, hay que impugnar fuertemente la consigna “con mis hijos no te metas” porque esa pretensión puede colisionar con un derecho que es prevalente: el “interés superior del niño”. Como dijera Amy Guttman: “Si bien es cierto que se reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación de acuerdo a sus propias convicciones religiosas o morales, no significa que tengan derecho de aislar a sus hijos e hijas del contacto con otras maneras de vivir o de pensar que se contradigan con la propia”.

La ESI es un derecho de los educandos y un deber del Estado. Las NNyA tienen el derecho a recibir una educación neutral dentro de los valores de autonomía personal y no discriminación, y a esa educación tiene la obligación de impartirla el Estado. Es un obligación legal y Convencional de acuerdo a nuestros compromisos ratificados con la incorporación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (C. N., art. 75, inc. 22). El Estado argentino no tiene una zona de “libre determinación” para cumplir o no cumplir el deber de respetar los DDHH: es su obligación.

Una familia podría aducir el derecho a educar a sus hijos desde su temprana edad diciendo, por ejemplo, que nacen de un repollo o que la homosexualidad es una enfermedad, pero no tiene ningún derecho a privar a las NNyA a recibir, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una educación basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada en función de la edad”, porque “el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación”(Caso “Guzmán Albarracín y otras vs Ecuador”, CIDH, 24/6/2020).

Con la ESI no son los derechos de los padres los que están en juego sino los derechos de las NNyA. Tratarlos como sujetos pasivos sin voz ni derechos es “confiscar la titularidad de sus vidas”. Padres y madres no pueden “hacer lo que quieran”. Nadie tiene el derecho de abusar de niñas, niños y adolescentes. Nadie. 

La aplicación obligatoria de la Convención de los Derechos del Niño, la estricta observancia de la Ley 26061 de Protección Integral de NNyA y la vigencia en todo el territorio nacional de la Educación Sexual Integral deben constituir -junto a otras estrategias- políticas públicas efectivas tendientes a prevenir situaciones tan ominosas de abusos y violencias como las que vivió Lucio. También a desmantelar estructuras regidas por la burocracia, la desinformación, los prejuicios y, en definitiva, la complicidad por omisión. 

Oscar Blando es Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Titular en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El Día Internacional de Internet Segura (del inglés Safe Internet Day) se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año, que sería el segundo martes de febrero. Más de cien países alrededor del mundo aprovechan esta fecha impulsada por la Unión Europea para concientizar sobre la importancia de una Internet segura.

La Iniciativa pretende movilizar a personas de todo el mundo para promover un uso seguro, responsable y positivo de las tecnologías digitales, sobre todo para niños y jóvenes, que son la población más vulnerable ante los riesgos que pueden acontecer en línea.

El entorno digital ofrece una oportunidad única para que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a acceder a la información y a crear y distribuir su propio contenido. Esto es clave para el desarrollo de sus plenas capacidades como personas, ya sea desde un punto de vista educativo, social o emocional.  

La herramienta indispensable que es el Internet transformó nuestra vida cotidiana de maneras antes impensadas. Sin embargo, al ser una plataforma accesible a todo el mundo, este medio puede convertirse en un serio peligro para aquellas personas que no sepan utilizarlo.

Según el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el entorno digital puede incluir información sesgada, con estereotipos de género, discriminatorios, racistas, violentos y de explotación, los cuales fomentan discursos de odio con narrativas falsas, información errónea y desinformación.

Es por eso que nunca está de más aprender algunas estrategias para navegar de manera segura. De esa manera, evitamos que se desvirtúe el derecho a la información desde el origen y que se pongan en riesgo otros derechos de los más chicos, como el derecho a la protección, la privacidad y la no-discriminación.

Algunos consejos para surfear la Web de manera protegida:

LC

Todos los 24 de enero es el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concientizar a la población sobre de la importancia de la educación para lograr sus objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como su papel para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, “sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”.

Para el 2023, el lema de la jornada es: “Invertir en las personas, priorizar la educación”.

¿Por qué es tan importante la educación?

La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente: ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género, reduce la desigualdad y colabora con el potencial de crecimiento económico.

Además, el derecho a la educación ocupa un lugar en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se contemplan tres puntos:

Algunos datos sobre la educación en el planeta

LC

La pareja de 44 y 45 años que abandonó en 2020 a dos hermanos mellizos que habían adoptado el año anterior en África, fue allanada en la localidad neuquina de San Martín de los Andes por agentes de la Policía Federal. Fue después de mudarse allí y permanecer prófugos por infracción a la Ley de Migraciones, entre otros delitos.

Los efectivos policiales realizaron pesquisas durante varios días con el fin de establecer la identidad y el paradero del matrimonio, por orden de la Justicia Federal. De esa manera, determinaron que los implicados se encontraban en una vivienda ubicada en un barrio privado de las afueras de San Martín de los Andes.

En el operativo llevado a cabo por el Juzgado Federal de Zapala, a cargo de la jueza Silvina Domínguez, se pudieron secuestrar pasajes de avión, fotos de los niños, sus certificados de adopción y solicitudes de la pareja para obtener la tutela de los menores, todo material importante para la causa. En un comunicado de prensa, la Policía Federal indicó: “Durante el operativo, realizado junto a personal de la Dirección General de Migraciones, fueron detenidos un hombre de 45 años y una mujer de 44, ambos argentinos”.

Finalmente fueron liberados, pero la pareja y las pruebas secuestradas quedaron a disposición del magistrado interventor, por infracción a la ley sobre el régimen legal de migraciones.

Aunque en el allanamiento se encontraron las solicitudes de la pareja para obtener la tutela, los investigadores sospechan que las adopciones se dieron de forma ilegal, ya que al momento del abandono no contaban con la documentación que acreditara que habían sido elegidos para el cuidado de ambos. Para realizar el operativo, la jueza Domínguez recibió un exhorto del juzgado federal de Lomas de Zamora, que tiene competencia sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza, lugar por donde ingresaron los hermanos con la pareja.

El abandono de los mellizos

El matrimonio compuesto por Eduardo Rucci y Natacha Perrig realizó en 2019 un viaje a la República de Guinea-Bissau en el continente africano, donde adoptaron a dos niños mellizos de 6 años y los trajeron a la Argentina.

Sin embargo, el 17 de noviembre del 2020, Rucci abandonó a los hermanos en la Comisaría bahiense de la Mujer y la Familia, con “un bolsito y la documentación”, de acuerdo con la denuncia que realizó dicha dependencia ante la Justicia. Ya se habían mudado con los niños, su mujer e hija biológica a San Martín de los Andes, donde fueron finalmente encontrados en el operativo que concluyó anoche.

Según la denuncia, el hombre había llegado a comisaría “sujetando a los menores de ambos brazos, sin ningún miramiento, donde informó que era su deseo de entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar”. Además, le manifestó a uno de los efectivos que las razones del abandono eran “personales y que los mismos dificultan su vínculo y sostenimiento de la vida familiar”.

La licenciada en Trabajo Social y denunciante Letizia Tamborindeguy consideró en diálogo con Todo Noticias que los padres adoptivos “fueron asesorados por algún profesional y les debe haber explicado que tenían que hacerlo de esta manera, porque podían haberlos dejado en San Martín de Los Andes, pero no lo hicieron”.

Al momento del abandono, los menores tenían seis años y estaban escolarizados, pero no contaban con un DNI. Tras el conocimiento de la noticia, varios vecinos de Bahía Blanca solicitaron adoptarlos, pero los dos permanecieron en un hogar de menores. Fuentes de la comisaría dijeron a Télam que ahora los niños tienen 8 años y desde el 2021 están junto a una familia de la localidad bahiense “en proceso de adopción”.

Tamboringeguy declaró hoy ante La Brújula 24: “Estuvieron un tiempo en un hogar de abrigo, mientras se les buscaba una nueva familia. Ahora, desde hace ya un tiempo, fueron dados nuevamente en adopción”. Agregó: “Todo se hizo para que se pudieran cumplir sus derechos, porque son personas, más allá de lo que pueda pasar con estas personas (los padres adoptivos). Lo importante es que los chicos se encuentran bien, contenidos por una familia”.  

La causa en la Justicia

Después de realizarse la denuncia radicada por integrantes del equipo interdisciplinario la Comisaría de la Mujer, la causa fue investigada por la justicia bonaerense, la cual luego derivó una parte al fuero Federal.

El año pasado, Marcelo Romero Jardín, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, solicitó a la Justicia de Garantías la declaración de incompetencia por considerar que se trató de una infracción a la Ley de Migraciones. De acuerdo con lo que trascendió en ese momento, los niños habrían ingresado al país con visa de turistas.

Por su parte, la jueza de Garantías Natalia Giombi declaró la incompetencia parcial, y resolvió que en lo que compete a la Ley de Migraciones, se continúe ante la Justicia Federal, tal como lo había pedido el fiscal Romero Jardín.No obstante, la magistrada consideró que el fiscal provincial “deberá continuar con la investigación sobre un presunto abandono de persona” y ordenó “reserva de las actuaciones vinculadas a los menores”.

En cuanto a la disputa sobre la competencia judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal provincial le había pedido a la Justicia de Garantías que intervenga en el caso el Juzgado Federal que tiene competencia en Ezeiza, donde está el aeropuerto internacional. Argumentó que se trató de una infracción al artículo 117 de la Ley de Migraciones.

En el marco de la investigación, el fiscal Romero Jardín recibió un informe de Cancillería que determinó que “no se hicieron los trámites de adopción por vía consular”. Las fuentes declararon que “ingresaron solo con la sentencia de adopción del país de origen (Guinea Bissau), pero no hicieron el trámite que debieran hacer, que es pasar por un Consulado para darle legitimidad en la Argentina y continuar el trámite en un Juzgado de Familia”.

Por lo tanto, la Cancilleria indicó que “no es válida la adopción en la Argentina” ya que la sentencia del país de origen “no es válida acá, no es legítima”. En su momento, se los dejaron ingresar al país “por una cuestión humanitaria para que no queden en el aeropuerto”. Al entrar a la Argentina, los hermanos figuraban con un nombre distinto al que tenían en Guinea-Bissau, sin haber “legitimado esa adopción en la Argentina”, agregaron.

Fuentes de la UFI 8 indicaron este miércoles a Télam que “en el marco del expediente se pidieron copias de lo actuado por la Justicia Federal” y dijeron que “se está tratando de determinar si existió o no un presunto abandono de persona”.

LC con información de agencias

Instituido por el Congreso de la Nación en el año 2004, la Ley 26.001 estableció todos los 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Se recuerda la fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un día como hoy pero de 1977. Esta asociación civil luchó para recuperar a los nietos y nietas apropiadas de manera ilegal por las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

Desde un principio, las Abuelas tuvieron como objetivo localizar y restituir a sus familias legítimas todos los niños desaparecidos en el Proceso de Reorgnización Nacional entre 1976 y 1983. Por más de 40 años llevaron adelante su labor, guiadas por la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, y su resultado son los 130 nietos y nietas cuya identidad de origen les fue restituida.

Las búsqueda de las Abuelas llevó a realizar tareas detectivescas: se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, mientras que investigaban las adopciones de la época y recibían información que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos. Así, incidieron en muchos ámbitos; el político, el científico, el judicial, el educativo y el cultural.

Todavía quedan centenares de bebés que fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Se estima que fueron 500 los niños y niñas apropiados, abandonados como NN o vendidos, por lo que les fue negado su derecho a la identidad. Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos que, como sus padres, ven violado su derecho.

¿Qué es el Derecho a la Identidad?

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental para la construcción de la personalidad de cada persona; es muy importante saber sus orígenes, de dónde proviene y quién es su familia. La identidad no es sólo el nombre, apellido, fecha de nacimiento, y nacionalidad, sino la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo y conoce su historia.

La Argentina, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, asume el compromiso de velar por el derecho de las niñas, niños y adolescentes a conocer y preservar su identidad, su nombre, su nacionalidad y sus relaciones familiares, así como a tener su propia vida cultural, a profesar su religión y a conservar su lengua de origen.

De los 54 artículos que conforman la Convención, las Naciones Unidas destacaron tres de los compromisos inspirados en la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo de búsqueda, reparación y ampliación de derechos. Por estas tres propuestas realizadas desde la Asociación, es que se los conoce a los artículos 7, 8 y 11 como “artículos argentinos”.

El derecho a la identidad es importante y no caduca, no distingue de edades y es necesario desde la niñez hasta la adultez, dado que es el punto de partida de otros derechos fundamentales.

Actividades por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad

Las Abuelas de Plaza de Mayo invitan a celebrar su 45° aniversario en Tecnópolis, el sábado 22 de octubre, con el festival “Abuelas 45 años, la búsqueda continúa”. Junto con los eventos conmemorativos tradicionales, habrán múltiples actividades con entrada libre y gratuita para todas las edades. Más información en este link.

LC

“Por suerte tengo el campo y me traigo leche”, dice Inés desde el tambo familiar en el que trabaja en Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires. Cada día, en su casa consumen casi dos litros. “A veces mi hermano carnea y también traigo”, agrega. 

Desde hace cinco años, la dinámica familiar cambió. En su casa, en las afueras de la ciudad, cada día se ponen en marcha dos lavarropas y se amasa pan de a montones. En su casa ya no son dos, sino siete. En 2017, Inés Pini y Alejo Castro adoptaron a cinco hermanos y hermanas de entre 6 y 11 años. 

Solo el 0,13% de las personas que deciden adoptar aceptan más de cuatro niños, niñas o adolescentes. Inés y  Alejo están en ese universo diminuto y ahora, cinco años después, organizan el Día de las Infancias para Danna (15), Morena (13), Rodrigo (12), Agustín (11)

Y Valentino (10). Ya les compraron un reloj a cada uno para que aprendan a leer la hora. “Es algo que nos quedó pendiente, por eso seguimos con el tema de las enseñanzas. A los más grandes les hemos enseñado a nadar, a andar en bicicleta, un montón de cosas que capaz nenes de la edad de ellos ya lo saben”, cuenta Alejo a elDiarioAR desde su negocio de productos agrícolas. 

La convocatoria de adopción les llegó por WhatsApp, una amiga de Inés les reenvió el mensaje. Cuando ningún Registro de aspirantes tiene respuestas para la búsqueda de postulantes, las Convocatorias Públicas son la última instancia para restituir el derecho a vivir en familia para niños, niñas y adolescentes. Inés entró al link y leyó: cinco hermanos. Se lo reenvío a Alejo. “Llamá”, le respondió él. “¿Viste que son cinco?”, retrucó ella. “Si, si. Llamá”.  Hacía cuatro años que estaban inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, Inés tenía 44 y Alejo 39 y ya habían habían hecho varios tratamientos para tener hijos. Se anotaron junto a otras 130 familias, pasaron evaluaciones, entrevistas y quedaron preseleccionados junto a otras 7.

“Fue un parto de quintillizos”, dice Inés. La primera vez que se vieron fue en la Facultad de Psicología de la UBA. Esperaron a los chicos en el bar, les llevaron tortas, regalos y una mini cancha de fútbol que usaron para jugar en una de las aulas. “Me costó mucho ese día, fueron sentimientos encontrados. Algunos te van a decir que es el momento más lindo de tu vida. Una amigota mía adoptó dos más chiquititos y me dijo que fue el mejor momento de su vida y yo pensé: ‘Este no es el mejor momento’. Y no es porque eran grandes porque la mayor tenía 10, eran unos bebitos, pero todo te parece mucho. No es que esperás algo, no sé qué esperás, pero me costó. Hicimos lo que pudimos, todos estábamos nerviosos”, recuerda.  

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicadas este mes, solo 0.13% de los postulantes tiene disponibilidad para adoptar a más de cuatro niños, niñas o adolescentes ( 3 en un total de 2430 casos). En cuánto a las edades, la familia Castro también es una excepción: solo el 1.89% de los postulantes aceptan chicos de 11 años. “Lloré un día entero, me había agarrado una angustia, mucha inconsciencia. Te tirás a la pileta olímpicamente”, relata Inés mientras sonríe. 

Después de ese encuentro hicieron la vinculación durante tres meses. Se reunieron en plazas, parques y, otros días, los chicos viajaron desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Coronel Brandsen. Finalmente, semanas antes de la Navidad del 2017 sellaron el vínculo. “Siento que pasó un tornado en estos cinco años. Renegás, me volví vieja, pero te cambia la vida para bien. A ellos les cambia, a todos”, comenta Inés.  “No solo que estamos a 200 kilómetros por hora y, de repente, somos un montón, también tuvimos que agrandar la casa, ver el tema del colegio, médicos, deportes, la parte emocional”. En esos días, les regalaron colchones, bicicletas, ropa, calzado, sábanas, mochilas, hasta un termotanque. “Rodeate de una red de contención, me dijo una psicóloga y es tal cual. Somos de familias muy numerosas y siempre nos mandan cosas”, agrega Inés, que tiene cuatro hermanos igual que Alejo. 

“¿Te puedo decir mamá?”, fue lo primero que le preguntaron. “Estaban desesperados porque querían tener una mamá, una familia, un perro, una cama, sus cosas. Estaban chochos porque tenían abuelas, abuelos, primos, podían andar a caballo, ir a los cumpleaños”, dice Inés mientras hace fotocopias del legajo de una de las nenas a la que más tarde llevará a una consulta médica. Todos van a una escuela jornada completa. A las 16.30, cuando salen, empieza la logística de actividades extracurriculares: unos van a básquet, otros a fútbol, otros a la psicopedagoga, otros a la psicóloga, otros a baile, otros arte. A la noche, además de la cena, preparan las viandas para el día siguiente. 

“Es todo una movida, el tiempo que están en la escuela nos da un changüí para poder trabajar. Después, hay que desparramarlos para un lado y para el otro. Educarlos es un trabajo grande, son todos muy pegaditos. Llevarlos, traerlos, ver qué les pasa, que les deja de pasar, por qué tiene amigos, por qué no tiene amigos, cosas que ocupan trabajo en la mente. Pero sentarte en la mesa y tener toda esa multitud alrededor a mi me encanta. Somos de familia grande los dos y es lindo compartir, me gusta escuchar las anécdotas de cada uno”, dice Alejo. 

Hace unos meses estuvieron en San Luis, fueron en un motorhome de la familia. Antes recorrieron Villa Pehuenia, Caviahue, San Martín de Los Andes, Villa Gesell y Tandil. “Entramos justito, cuando crezcan los muchachitos más chicos no van a entrar. No sabes lo divertido que es: hicimos la Ruta de Los Siete Lagos y fue lo más lindo de todo”, cuenta Alejo. A veces, a la noche, cuando todos duermen conversa con Inés y se preguntan: “¿Cómo no nacieron acá?”. “No podes entender que no nacieron acá, sino en otra casa porque en la vida cotidiana uno piensa que fueron de acá toda la vida”, dice Alejo.

Durante la pandemia se complicó. Tuvieron que conseguir computadoras para las clases virtuales: Inés trajo una vieja del trabajo, consiguió otra de regalo y fueron piloteando las clases a distancia. “La pandemia fue difícil, por suerte ellos se entretenían con cualquier cosa. Un día atraparon un pollito y lo empezaron a criar, resultó ser un gallo de riña que cantaba a las 4 de la mañana y nos picaba a todos”, recuerda Inés. 

También hay cambios en la vida social. “Algunas cosas se te cortan: ya los amigos no te invitan más a comer a la casa”, se queja Alejo mientras se ríe. “Son tanta multitud que la gente no te invita a comer porque es un quilombo y vos no invitas gente porque la casa está justa, a pesar de que tenemos una casa grande. Vienen dos o tres pibes más y es un quilombo porque se potencian”, agrega. Para el próximo domingo organizaron una juntada con toda la familia, le calculan 60 personas.

“Al principio te cuesta porque quizás, querías un bebito chiquito y el de 10 capaz vivió otras cosas, pero ese está tan feliz y a vos te llena plenamente que le hayas cambiado la vida al igual que él te la cambia a vos. Es una maldad que no tengan la oportunidad porque son chiquitos”, dice Inés

“Hay que ser valientes, dejarse de jorobar y adoptar igual”, cierra.

CDB/MG

El allanamiento a la periodista Manuela Calvo en La Rioja puso en relieve el caso de la niña Arcoiris, de seis años, y la revinculación forzada que sufre tras las denuncia contra su abuelo paterno por abuso sexual. La periodista realizaba una investigación sobre ese proceso en particular y de las medidas judiciales que obligan a niñas y niños a volver con la parte denunciada. En la causa, en la que se investigan los abusos hacia la niña desde que tenía dos años, la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, presentó dos amicus curiae. elDiarioAR habló con la funcionaria para conocer más sobre estos casos y, también, para saber cuál es el mapa de las y los defensores de las infancias y adolescencias en el país.

¿Cómo deben ser leídos los casos de revinculaciones forzadas?

Tenemos la Recomendación 2 sobre Abuso Sexual y Revinculación Forzada donde planteamos varios temas. Uno es el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y de la manera que eso se hace efectivo. Muchas veces no se los oye y muchas veces no se los escucha como debiera. El derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta no es un acto procesal, es un proceso. 

Todas las víctimas de abuso sexual, pero las nenas y los nenes, sobretodo en los casos intrafamiliares, tienen un tiempo para hablar y para decir. También necesitamos expertas y expertos que puedan escucharlos cuando son chiquitos, pero también cuando son grandes. No solo por aquello que dicen sino también por aquello que callan, hay muchas cosas que hacen que en una Cámara Gesell, una vez y en media hora, no puedan decir todo lo que le sucede. Es un proceso. Tenemos estándares muy diversos en el país sobre cómo se escucha a los niños. Trabajamos en una recomendación sobre esto.

¿Cómo debe trabajar la Justicia?

Cuando se obstruye la voz de aquella persona que denuncia, también se está ocultando o impidiendo la voz de la niña o el niño porque es razonable que si le pasa algo a la primera persona que se lo cuente es a su mamá o a quién lo cría. Se archivan mucho las causas de abuso sexual infantil y no se declara ni inocente ni culpable a la persona imputada. Creemos que hay que seguir investigando hasta las últimas consecuencias y tratar de no archivar los expedientes porque esa conflictividad después se traslada al juzgado de Familia. Los jueces y juezas, al no tener una prueba desde lo penal o herramienta, no saben cómo resolver cada situación. Ahí aparecen revinculaciones forzadas. Hay medidas de restricción que se prorrogan y se prolongan en el tiempo sin que pueda resolverse la conflictividad que inició esa situación. Estamos en un problema complejo que hay que tratar de resolver.

¿Qué impacto tienen en niños, niñas y adolescentes?

Cualquier situación violenta tiene un impacto negativo en la vida de niños y niñas. Proponemos que si se va a ordenar una revinculación que sea progresiva y asistida (sobre todo cuando hace mucho tiempo que no ve a sus progenitores o referentes afectivos), que no salga una orden de hoy para mañana porque hay que darles tiempo.  Que sean acompañadas por un equipo técnico, por un especialista y, sobre todo, que tenga en cuenta la voz  de niños y de aquellos que los protegen. Pero fundamentalmente que se tenga en cuenta el tiempo de niñas y niños, que es algo que a veces la Justicia no toma en cuenta. No resolvió en cuatro años y de repente quiere resolverlo de la noche a la mañana. Cuando se quiere resolver se tiene que tener en cuenta no la situación que generó el conflicto sino la situación actual. ¿Qué es lo que desean?, ¿Qué es lo que dicen?, ¿Cuáles son los tiempos que tienen para poder escucharlos a cabalidad?. El derecho a ser oído no es un acto procesal de un momento, es un proceso.

La semana pasada se realizó el Segundo Encuentro Nacional de vicegobernadoras y vicegobernadores y legisladoras y legisladores provinciales por las Infancias y Adolescencias en Argentina. Fue organizado por la Defensoría y participaron 6 vicegobernadores y 118 legisladores de las 24 jurisdicciones. La idea fue promover la creación de defensorías provinciales y el debate legislativo sobre temáticas que afectan a infancias y adolescencias. Hasta el momento solo cinco provincias cuenta con un defensor o defensora: Misiones, La Pampa, Córdoba (la primera en crearlo en 2007) , Santiago del Estero y Santa Fe ( que aún no designó a un responsable)

¿Cuál fue el eje del encuentro?

El objetivo en un principio fue reunir a legisladores y legisladoras, vicegobernadores y vicegobernadoras que son los que promocionan las leyes, pero también tienen un rol de contralor en este sistema republicano para sensibilizarlos en relación a las políticas de un sujeto bastante invisibilizado como son las infancias y adolescencias. Por otro lado, promover que sean ellos, los que promuevan una figura similar a la nuestra en cada una de las provincias. Necesitamos figuras independientes, autónomas, autárquicas y de derechos humanos que vayan más allá de los gobiernos de cada provincia a los fines de monitorear y velar desde un lugar muy propositivo por las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes.

¿ Qué recepción tuvieron?

Estamos muy contentos y orgullosos por la participación. Además, fue absolutamente transversal: vinieron los oficialismos y las oposiciones en delegaciones unitarias y convencidas de que los derechos de niños, niñas y adolescentes tiene que ir más allá de banderías políticas y de oficialismos circunstanciales en cada lugar. Hay que poner en valor que por primera vez se hayan reunido legisladoras y legisladores de todas las provincias y CABA para hablar de algo que se habla muy poco. En Catamarca y Jujuy están bastante avanzados para nombrar un defensor, es una figura crucial para que el sistema funcione. Es importante que tengan en sus agendas legislativas estos derechos del 29% de la población.

CDB/MG

El derecho de privacidad también puede convertirse en un arma en disputas familiares. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) instó a un hombre a retirar de Facebook las fotos de su nieto, menor de 14 años, tras una reclamación interpuesta ante este organismo por parte de la madre del niño. El reclamado tiene 10 días para borrar las imágenes y enviar prueba de ello a la madre y la Agencia.

En un primer momento la AEPD desestimó la reclamación al entender que se trataba de un conflicto por los derechos del menor y quedaba fuera de su competencia. “Contra dicha inadmisión, la reclamante interpuso recurso argumentando que el padre del menor ha fallecido, por lo que ella ostenta la exclusiva patria potestad, aportando copia del certificado de defunción del progenitor, y que el reclamado es el abuelo del menor”, detalla el regulador de privacidad en su resolución.

Al comprobar que la progenitora del niño es la única que ostenta su patria potestad por la muerte de su padre, hijo del reclamado, la Agencia aceptó tramitar la resolución. El niño es además menor de 14 años, la edad mínima que marca la legislación española a partir de la cual es posible dar consentimiento para aparecer en imágenes publicadas en las redes sociales sin el permiso expreso de sus tutores legales.

En sus alegaciones, el abuelo sostuvo que subió las imágenes hace años con el consentimiento verbal del padre. “Sin perjuicio de que ella haya revocado actualmente el consentimiento tácito que mostró durante todos estos años al no requerirme nunca para que retirara las imágenes, lo cierto es que no tiene capacidad para revocar el consentimiento otorgado por mi hijo en su día, que sigue siendo perfectamente válido aun a pesar de su fallecimiento puesto que este no fue otorgado por un período determinado de tiempo”, expresó el reclamado.

La madre argumentó entonces que al no tener “un consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad” estaba en su derecho exigir la retirada de las imágenes, algo en lo que la AEPD ha estado de acuerdo. El abuelo tiene un mes para interponer un recurso contra esta decisión ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La resolución no lleva aparejada ninguna sanción económica.

Protección de las imágenes de menores

Las imágenes de las redes sociales se han convertido en un campo de batalla habitual en conflictos familiares, especialmente en las rupturas de matrimonios y parejas. Este tipo de decisiones han sobrepasado el campo administrativo en el que es competente la AEPD y llegado a los tribunales, que han zanjado que uno de los miembros puede retirar su consentimiento para que se muestre su imagen e instar a su expareja a retirar sus imágenes de las redes sociales.

En el caso de las fotografías de menores, la clave es la edad. Por encima de los 14 años los menores pueden registrarse en redes sociales y dar su consentimiento para aparecer en fotografías, “siempre que demuestren comprensión y voluntariedad”, detalla la AEPD. Por debajo de esa edad, la publicación de sus imágenes en redes sociales debe contar con el permiso de los dos titulares de la patria potestad. En caso de no existir acuerdo, la exposición de las fotografías puede necesitar el visto bueno previo de un juez, recuerda el organismo.

No contar con esa aprobación puede derivar en multas. El regulador de privacidad no lo hizo en el caso del abuelo reclamado por la madre del menor que se expone en esta información, pero sí cuando los infractores han sido empresas privadas. Así ocurrió recientemente con dos escuelas deportivas, una de esquí y otra de gimnasia rítmica, por subir a sus perfiles en redes sociales imágenes de sus alumnos en las clases sin un consentimiento expreso de las familias. A la primera le cayó una multa de 10.000 euros y a la segunda, de 4.000.

En ambas resoluciones la AEPD recuerda que el consentimiento para subir las imágenes debe ser claro y haberse expresado de manera directa, no englobado con otra serie de usos de datos personales y aprobado con una casilla. “No es válido, por tanto, marcar obligatoriamente la casilla de aceptación en el formulario de inscripción sin dar la opción al usuario a dar el consentimiento libre e individualizado para cada una de las finalidades ajenas a la principal, esto es, ajenas a la inscripción en el club deportivo y si es el caso la inscripción en la Federación correspondiente”, expuso el organismo en estos dos casos.