El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) indicó este viernes que actualmente ninguna de sus panaderías en la Franja de Gaza se encuentra operativa.

“Ninguna de nuestras panaderías está funcionando, debido en parte a que sus dueños no se sienten cómodos para abrir con los niveles de desesperación que vemos ahora (en la población)”, apuntó Carl Skau, director ejecutivo adjunto y jefe de operaciones del PMA, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Skau aseguró que, si el organismo pudiera llevar a Gaza “uno o dos camiones cargados” con algo de aceite y combustible, habría una gran presión sobre las panaderías y las distribuciones de alimentos serían “muy caóticas”.

El diplomático expresó que los dueños de estos comercios indicaron que, a menos que se alivie esta tensa situación, “no están listos” para abrir de nuevo.

De hecho, la distribución de alimentos en Gaza practicada por una organización ajena a la ONU derivó en las últimas semanas en escenas casi cotidianas de caos y violencia.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 819 palestinos murieron cerca de puntos de distribución de comida y convoyes humanitarios, a los que masas desesperadas intentaron acercarse para obtener comida y a menudo fueron asesinados por disparos del ejército israelí.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, subrayó este viernes en su rueda de prensa diaria que de los 819 fallecidos, más de 600 murieron en las inmediaciones de los puntos de distribución de la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, ligada a exmilitares y antiguos responsables de inteligencia de EE. UU. y con la que la ONU rechaza colaborar.

En su conferencia de prensa, Carl Skau recalcó que la situación en Gaza está “peor que nunca”, puesto que las necesidades humanitarias “nunca fueron mayores” y la capacidad de respuesta y ayuda del PMA “nunca fue tan limitada”.

Apuntó lo siguiente: “El hambre se está extendiendo” en la Franja de Gaza, y recordó que, de acuerdo a Unicef, 90.000 niños y mujeres necesitan tratamiento urgente por desnutrición y una de cada tres personas pasa días sin comer.

“Me reuní con muchas familias que me dijeron que hay días en los que sus hijos no comen nada, y los días que sí comen, a menudo es una sopa caliente que reciben de nosotros”, señaló.

Y contó cómo algunas madres intentaron que sus hijos no jueguen “para que no consuman más energía de la que pueden proporcionarles con la comida”.

Desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamás contra su territorio ese día (en el que sus militantes mataron a unas 1.200 personas), el Ejército israelí acabó con la vida de casi 57.800 gazatíes.

EFE

Con una realidad que marca una pobreza instalada y en crecimiento y con sectores sociales que denuncian estar cada vez más marginados de las políticas sociales del Estado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una acción conjunta con otras organizaciones sociales para exponer el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional”, de acurerdo a la comunicación de las agrupaciones.

“En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino”, dice la comunicación distribuida por las organizaciones.

Ante la CIDH, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expondrá “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional”.

La prersencia de la UTEP ante la OEA se da como “una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable”.

Durante la audiencia del 14 de noviembre, los representantes de las organizaciones expondrán “detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. Sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular”, expresaron desde UTEP.

En su pedido, los representantes de los trabajadores de la economía popular hicieron hincapié en “la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana”.

En ese sentido, explicaron: “Desde el mes de diciembre de 2023 a esta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.

El comunicado expresa, también, que la Argentina “tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas”.

De acuerdo a Gramajo, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, el país sufre en estos momentos “un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo. No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”, remarcó el dirigente social.

Asimismo, desde UTEP recordaron que, como antecedente, “la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias”, concluyen.

IG 

La crisis social en las barriadas populares bajo el brutal ajuste de Javier Milei generó el primer encuentro de Cristina Fernández de Kirchner con los movimientos sociales nucleados en la UTEP. La ex presidenta buscó conocer de primera mano la situación en los territorios donde trabajan las agrupaciones vinculadas al peronismo, sobre todo preocupados por la falta de alimentos desde que el Gobierno recortó todo tipo de ayuda para los comedores. 

El mano a mano fue este miércoles en la sede del Instituto Patria. Con Cristina se entrevistaron Alejandro Gramajo –secretario general del gremio de la economía popular– y Johana Duarte, referentes del Movimiento Evita; Nicolás Caropresi, del MTE; Norma Morales y Mariano Marini, de Barrios de Pie, y Dina Sánchez, del Frente Popular Dario Santillán. Fuentes de las agrupaciones coincidieron ante elDiarioAR que la ex mandataria se abocó a “escuchar” y que “se puso a disposición” de sus reclamos, aunque no hubo una definición concreta de que se esté gestando una actividad o demostración de fuerza opositora contra Milei. Hace apenas días Cristina se había mostrado con dirigentes gremiales de La Bancaria, lo que revela una serie de sigilosos movimientos para intentar reconstruir cierta oposición al Gobierno tras el fracaso del Frente de Todos.

“En la reunión charlamos de la situación social, del impacto catastrófico que está generando el Gobierno con su política económica. Nos escuchó mucho sobre cada elemento de la realidad social que le podemos acercar nosotros desde nuestro sector y lo que se está gestando en términos de descomposición, violencia horizontal y avance del narco en las barriadas”, comentó Gramajo a este medio. “El problema más grave que le transmitimos es el alimentario y eso tiene que ser un llamado a poner esas propiedades por delante de cualquier problema secundario”, agregó el dirigente.

“Le hicimos un planteo de lo grave de la situación en las barriadas, sobre todo del avance narco que vemos y la problemática alimentaria. Cristina escuchó bastante la caracterización que hicimos, de cómo día a día vamos perdiendo las migajas que en algún momento habíamos conquistado”, coincidió Caropresi. “Para nosotros era muy importante transmitirle como se ha ido degradando la situación social en los barrios populares con los pibes que terminan siendo soldaditos de los narcos o las mujeres teniendo que hacer cualquier cosa por un plato de comida”, explicó a su vez Sánchez en declaraciones al sitio InfoGremiales.

Luego de escuchar a la UTEP, Cristina hizo su propia devolución de cómo analiza el devenir social de la gestión de Milei. El planteo de la ex presidenta se centró en la necesidad de construir “un nuevo discurso político” a partir de la cambiante realidad actual, como los datos que reflejan que ya hay más de un millón de niños que se van a dormir sin comer o que hay casi 100.000 trabajadores privados registrados menos desde el cambio de gobierno. El gremio de la llamada economía popular tiene como base el universo de aproximadamente 6 millones de trabajadores informales, según datos del INDEC.

“De cara al futuro charlamos sobre la necesidad de dar los debates necesarios para ser capaces de incorporar las nuevas formas de trabajo y volver a reconstruir los entramados comunitarios”, dijo en ese sentido Gramajo. “Cristina está en la idea de que hay que buscar construir un nuevo discurso político ante los nuevos actores sociales”, sumó Caropresi. “Cristina entendió que nuestra discusión no son los planes. Nuestra discusión es por una realidad que se vive en la Argentina y la compañera lo sabe. En todo caso tenemos que ver cómo integrar a todo ese universo de millones de personas que están en la economía popular al mercado laboral”, aseguró Sánchez.

La UTEP es uno de los focos que encontró Milei para su política de mano dura, a partir del fuerte recorte en la ayuda a los comedores y la activación del protocolo antipiquetes. Además desde la Justicia se abrieron varias causas para investigar supuestos fraudes en el manejo de los planes sociales. Como contraofensiva, el 7 de agosto pasado el gremio hizo una fuerte movilización a Plaza de Mayo por el día de San Cayetano. Ahora está en discusión la posibilidad de una nueva protesta durante septiembre junto a los sindicatos y organismos de DDHH. 

MC/MG

“Ministra inhumana. El hambre es un delito. En este galpón hay 5 millones de alimentos. Repartan los alimentos a los comedores”. La cara de Sandra Pettovello aparece en el centro de un afiche en blanco y negro que está pegado en una de las paredes del depósito de la avenida Roca al 4.800, en Villa Martelli, partido de Vicente López. Aquí es donde el Gobierno tiene acopiadas toneladas de comida a punto de vencer y que nunca repartió desde que asumió en diciembre pasado. Es el epicentro del escándalo que esta semana motorizó una denuncia judicial y obligó a la ministra de Capital Humano a desprenderse de su mano derecha: el hasta entonces secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. El edificio ocupa gran parte de la manzana y está a solo metros de una importante barriada popular. Supo ser la fábrica de Pepsico que cerró en 2017 y dejó en la calle a más de 500 trabajadores, bajo el silencio cómplice de la gestión de Mauricio Macri.

Este viernes a la mañana personal del Ejército se acercó hasta el depósito de Villa Martelli para hacer un primer relevamiento de los alimentos acopiados, luego de que Pettovello anunciara que convocará a los militares para que la ayuden en la distribución de los productos que están a punto de vencer. Pero no fue el único movimiento a contra reloj que hizo la ministra de Capital Humano para intentar sofocar la nueva crisis en su cartera. El jueves a la noche Pettovello también llamó a Abel Albino, el polémico pediatra que durante el debate por la ley del aborto desinformó al decir que “el preservativo no funciona”. La funcionaria le pidió auxilio para que su fundación, la Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), asista en la logística de la comida.

La ministra echó mano a sus contactos porque la Justicia le había dado plazo hasta este viernes para presentar un plan de distribución de los alimentos almacenados en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. Al cierre de esta nota aún no había cumplido con ese requerimiento en el que fue imputada por el juez Sebastián Casanello, denunció el dirigente social y abogado Juan Grabois, que suscribió la denuncia inicial y aportó esta semana en la Justicia el listado de los alimentos stockeados que el propio ministerio había admitido al sitio El Destape luego de un pedido de información pública.  

Tanto en Villa Martelli, como en el depósito de Tafí Viejo, Tucumán, hay acopiadas latas de aceite de girasol y de soja, arroz con carne, arroz y hortalizas, arvejas, garbanzos, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, locro, pasas de uva, pasta de maní, puré de tomate y yerba mate. El dato más alarmante es que en el galpón del conurbano hay unos 339.867 kilos de leche en polvo y 4.439 kilos de harina de maíz que vencen en julio próximo. 

Dudas sobre la logística del Ejército y de Albino

El escándalo por los alimentos acopiados obligó a Pettovello a poner en marcha “un protocolo para la entrega inmediata” de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército “para garantizar una logística rápida y eficiente”, según se anunció de manera oficial el jueves a la tarde. Apenas pasaron unas horas para que miembros del Ejército se presentaran en el depósito ubicado en el  norte del conurbano. 

Fuentes de Defensa y del Ejército afirmaron a elDiarioAR que se trató de representantes del Batallón de Transporte, aunque no trascendieron sus nombres. “Se fue a hacer un reconocimiento de la carga que habrá que movilizar, para hacer una planificación”, apuntaron en la fuerza. El jefe del Ejército es el general de brigada Carlos Alberto Presti y la actuación de los militares revela que, además de la ministra de Capital Humano, el operativo de distribución de alimentos está siendo supervisado también por su par de Defensa, Luis Petri. “Estamos a la espera de la orden. Lo que hicimos ahora fue adelantar pasos para ganar tiempo”, recogió este medio en el Ejército, donde aseguraron “estar en condiciones y con la capacidad necesaria” para llevar adelante la logística de manera eficaz. Sin embargo, no abundan los detalles sobre el operativo: este medio consultó cuáles serán los alimentos a distribuir, en qué fecha y a qué comedores, pero no hubo respuestas en el Gobierno.

Tampoco hay precisiones sobre cuál será el grado de asistencia que dará Abel Albino a Pettovello. “Vamos a darle la ayuda que haga falta”, se limitó a decir el médico a elDiarioAR, aunque reconoció que aún no había analizado el pedido formal de Capital Humano, luego de que la propia ministra lo llamara anteanoche por la noche para pedirle su ayuda. Según detalló el pediatra, la Fundación Conin, con sede formal en la ciudad de Mendoza, tiene 112 centros de distribución en todo el país: “Es muy fácil para nosotros repartir la comida”, afirmó Albino, quien agregó que hace dos meses ya hizo una “distribución grande” para el Gobierno. La relación entre el pediatra conservador y ultracatólico y Petovello se profundizó en febrero, cuando el ministerio firmó un convenio con la ONG para desarrollar un programa contra la desnutrición infantil. 

A qué comedores y bajo qué criterios se le entregará la comida es una pregunta incómoda en Capital Humano porque el Gobierno ya dio un paso en falso cuando denunció que “el 50% de los comedores son fantasmas”. El ministerio se basó en una muestra de 2.600 comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom), de los cuales no fueron “validados” 1.600. Pero el Renacom –como denunció Grabois en este diario– es “un mero registro elaborado en base a formularios auto-completados por cualquier persona con una computadora e internet”. En realidad, los comedores que recibían alimentos siempre estuvieron consignados en los distintos convenios que el Ministerio de Desarrollo Social o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron con las distintas organizaciones.

Cómo se repartía la comida antes

En términos prácticos, hasta el momento en que la gestión de Javier Milei decidió cortar la asistencia a los comedores populares, la logística de distribución de comida corría principalmente por cuenta de cada agrupación, recogió elDiarioAR en organizaciones sociales peronistas y de izquierda. El entonces Ministerio de Desarrollo Social enviaba las partidas de alimentos secos desde Villa Martelli o Tafí Viejo a los depósitos –coloquialmente se les llama “bocas”– que las propias organizaciones inscribieron en los convenios oficiales. Quien recibía en cada “boca” firmaba un remito para que se descargara la mercadería. Luego, cada organización repartía las raciones a sus propios comedores. Las fuentes coincidieron en que durante el gobierno de Alberto Fernández llegó a haber demora de varios meses en la entrega de secos.

Una de esas “bocas” de las organizaciones piqueteras, por ejemplo, era el depósito del Polo Obrero en la calle Monteagudo 730, Capital Federal, que la Policía Federal allanó semanas atrás en la investigación sobre supuesta extorsión a beneficiarios de planes sociales para asistir a movilizaciones. Jeremías Cantero, el referente del Polo Obrero investigado, aseguró a este medio que allí recibían los alimentos que después se repartían en los 40 comedores que tiene el trotskismo en la ciudad de Buenos Aires. 

Otra de las vías que tiene el Gobierno para dar asistencia alimentaria a los comedores es el programa de Naciones Unidas (conocido por sus siglas, PNUD), que consiste en la transferencia de dinero directamente del Estado a la organización beneficiaria. Esta tiene que encargarse de buscar su proveedor de alimentos y también de su distribución. El proceso, coincidieron distintas fuentes, permite agilizar la compra y entrega de alimentos, y pasa por un riguroso sistema de control y auditorías.

Aunque mantuvo el sistema en pie, Pettovello excluyó a las agrupaciones piqueteras y sociales en el último tiempo. Sí llega a municipios, gobernaciones, a algunas agrupaciones afines, Cáritas y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera). A este último grupo, por ejemplo, la ministra le entregó a principio de año unos $180 millones para la compra de alimentos que se distribuyen a través de 39 centros a 1392 comedores, detallaron en Aciera.

El destrato hacia las agrupaciones sociales llevó incluso a De la Torre a negar enfáticamente la entrega de comida a los comedores, pese al agravamiento de la crisis económica por la alta inflación de los últimos meses. “Nosotros, con ustedes los piqueteros, nada”, le espetó en una oportunidad el ahora ex funcionario a un importante dirigente. A juzgar por su reciente despido, la férrea resistencia de De la Torre le volvió en contra. “Desconocen el territorio, demostraron mucha inoperancia. Ahora les entró la bala”, fue contundente un referente en la UTEP, que concluyó que el escándalo de la comida stockeada a punto de vencer saltó por la negligencia oficial: “Ni ellos sabían que tenían esas comida ahí guardada”.

MC/JJD

La ONG española “Manos Unidas” aprobó 110 proyectos de seguridad alimentaria y acceso a medios de vida destinados a garantizar el derecho a la alimentación para poder hacer frente a las necesidades diarias de las personas apoyadas en 2022.

Se trata de proyectos de agroecología a fin de que la obtención de alimentos se produzca con unas prácticas respetuosas con el medioambiente, donde se garanticen los derechos de trabajadores y trabajadoras, se cuide la tierra y el agua y se empodere económicamente a las mujeres para que luego incidan positivamente en sus comunidades.

En España, además, Manos Unidas realiza actividades de educación para el desarrollo que promueven la conciencia y la participación responsable de la sociedad en las iniciativas que permiten construir justicia y solidaridad.

“Esta labor de sensibilización busca cómo hacer de la lucha contra el hambre un objetivo realizable y primordial para garantizar un mundo sea cada día un poco más humano y sostenible”, sostiene la organización coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria que se celebra este miércoles, 7 de junio.

Según un informe elaborado por Naciones Unidas en 2022, “ya son 828 millones de personas las que no pueden alimentarse dignamente (el equivalente al 9,8 % de la población mundial)”. “Si esta cifra sigue aumentando, las personas que sufrirán hambre en 2030 podrían alcanzar los 1.000 millones”, alerta María José Hernando, del departamento de Estudios de Manos Unidas.

“Se estima, además, que 3.100 millones de personas no pueden acceder a dietas saludables y unos 2.300 millones de personas en el mundo sufren de 'inseguridad alimentaria'; es decir, no tienen acceso regular a suficientes alimentos, o porque no pueden cultivarlos o porque no pueden comprarlos”, ha añadido Hernando.

Unos 149 millones de niños menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento y el desarrollo, debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en su dieta. “La pobre nutrición causa cerca de la mitad de las muertes en los niños menores de 5 años - 3.1 mil niños cada año. Y en torno al 50 % de las personas que pasan hambre en el mundo son de familias agricultoras que viven en zonas rurales y trabajan la tierra”, ha agregado Hernando.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual. Pero, a pesar de ello, sigue habiendo una ingente multitud de personas con hambre.

Esta situación está vulnerando, según la organización, el Derecho a la Alimentación de todas las personas, según el cual todo hombre, mujer, niño o niña deben poder disponer de alimentos suficientes, asequibles y saludables.

EL “GRAN ESCÁNDALO” DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO

Mientras que las cifras del hambre siguen subiendo, cada día se pierden o desperdician toneladas y toneladas de alimentos. En España, según Manos Unidas, cada año se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos, mientras que seis millones de personas sufren pobreza alimentaria por falta de recursos.

Fidèle Podga, del departamento de Estudios de la Manos Unidas, ha explicado que “a nivel global, cerca del 14 % de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista por la falta de demanda en los mercados o la imposibilidad de vender localmente -lo que hace que los propios agricultores pierdan la producción-, por la incapacidad para conservar o transformar en el mismo ámbito rural los alimentos producidos y por pérdidas en el transporte”.

“Además, ha continuado Podga, aproximadamente el 17 % de la producción total de alimentos se desperdicia o se tira a la basura sin consumir (11 % en los hogares, 5 % en la restauración y 2 % en el comercio al por menor). Los alimentos que se pierden y desperdician representan el 38 % del uso total de energía en el sistema alimentario mundial”.

Coincide con él, Marco Gordillo, coordinador del departamento de Campañas de Manos Unidas, que ha asegurado que “La pérdida y el desperdicio alimentario sigue siendo uno de los factores más escandalosos con el que nos encontramos cuando trabajamos por el derecho a la alimentación de todas las personas”.

Gordillo ha alertado, además, de que “el desperdicio de alimentos deja una gran huella ambiental que deteriora más nuestro planeta: la producción alimentaria masiva emplea 420 millones de hectáreas de tierra fértil; gasta la energía equivalente a 300 millones de barriles de petróleo; genera el 10 % de los gases de efecto invernadero; consume el 25 % del agua dulce disponible y contamina tierras y aguas por el uso excesivo de agroquímicos”.

Para Manos Unidas es fundamental reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos para poder ir dando paso a unos sistemas agroalimentarios sostenibles que sean más eficientes en el uso de los recursos naturales, disminuyan los efectos negativos del actual sistema de producción y consumo sobre el planeta y el clima global, y garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición de la población mundial.

“Para eso, ha aseverado Gordillo, promover una economía circular en la que nada se pierde, sino que puede transformarse y reutilizarse, y favorecer una mayor conciencia en el cuidado de la naturaleza y el uso responsable y sostenible de los alimentos, resulta urgente”.

Europa Press.

IG

El documento publicado a mitad de año por la CEPAL de la ONU presenta un panorama general de los impactos socioeconómicos de la pandemia en los países de América Latina y el Caribe. En particular, la contracción de la actividad económica y la posterior recuperación, que resulta insuficiente, las consecuencias negativas sobre el mercado de trabajo, el aumento de la pobreza y la desigualdad, los impactos directos sobre la salud de la población, la educación, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, así como las repercusiones sobre la movilidad y  acceso a los servicios básicos.

Fruto del trabajo realizado, se ha formulado un decálogo de conclusiones y una tríada  de recomendaciones para facilitar la implementación de  medidas consideradas prioritarias, que aquí se reseña y resume.

Las diez conclusiones

En primer lugar, se establece que la salud de la población de América Latina y el Caribe ha sido de las más afectadas en el mundo. En América Latina y el Caribe se encuentra el 8,4% de la población mundial, pero al 28 de febrero de 2022 ya había sumado casi 66 millones de contagios (un 15% del total mundial) y 1,65 millones de muertes (un 28% del total mundial). La pandemia también ha evidenciado lagunas y debilidades históricas de los sistemas de salud de la región, cuya segmentación, fragmentación y falta de financiamiento dificultó la respuesta sólida, coordinada e integral exigida por la inesperada  situación, en particular a inicios de la pandemia.

En segundo término,  se ha corroborado que las mujeres y la igualdad de género han sido particularmente afectadas. Por otra parte, el cierre de las escuelas y el teletrabajo han generado una tormenta perfecta en las familias con hijas e hijos pequeños y en edad escolar, debido a que las tareas domésticas tradicionales se superponen con las responsabilidades laborales y las tareas de crianza y de apoyo educativo. La masiva salida de mujeres del mercado de trabajo implicó un retroceso de diez años en materia de participación laboral en 2020 y ha sido  decisiva para el ensanchamiento de las brechas de género en el mercado laboral remunerado.

Se anota en tercer lugar que la pobreza y la pobreza extrema han tenido un fuerte aumento. En 2021, el número de personas en situación de pobreza extrema habría llegado a 86 millones (13,8% de la población de América Latina) y las personas en situación de pobreza alcanzarían los 201 millones (32,1% de la población de América Latina), cifras mucho más altas que las de 2019 (70 millones de personas y 187 millones de personas, respectivamente).

Esta grave situación pudo haber sido peor de no adoptarse  las medidas de protección social de emergencia. La continuidad, aunque parcial, de estas disposiciones en 2021, junto con el rebote económico de este último año, permitieron revertir parte de este aumento de la pobreza durante 2021, pero aún hay incertidumbre respecto de cuál será la tendencia en 2022.

La cuarta conclusión sostiene que la desigualdad social ha aumentado – no de igual manera en todos los países- conforme se expresa en un índice de Gini promedio regional un 0,7% más alto en 2020 que en 2019. Otra cara de este deterioro redistributivo es el aumento del peso de los estratos de ingreso bajo, sobre todo en 2020, y una movilidad descendente en los estratos de ingreso medio, que no suelen ser destinatarios de las políticas de protección social y los programas de transferencias de ingreso. 

La quinta corroboración refiere a la actividad económica que anotó una contracción histórica. En 2020, la contracción se expresó en una caída del 6,8% del PIB y del 7,7% del PIB per cápita, la mayor caída anual en los 120 años de historia estadística de la región.

En sexto lugar, la crisis económica tuvo un impacto inmediato y devastador en el mercado laboral. A escala regional, se ha estimado un incremento en la tasa de desocupación del orden de los 3 puntos porcentuales entre 2019 y 2020: del 6,8% al 9,8%. El cierre masivo de actividades generó una expulsión también masiva de la fuerza de trabajo. El rebote de la economía en 2021 ha permitido revertir parcialmente esta debacle, pero los indicadores continúan ubicándose en niveles inferiores a los registrados antes de la pandemia.

La séptima conclusión acerca del  importante esfuerzo fiscal realizado por los países confirma que ha estado marcado por una doble contingencia: por una parte, la caída de los ingresos públicos debido a la histórica contracción de la actividad económica, y, por la otra, la necesidad de un despliegue extraordinario para evitar mayores estragos en el tejido productivo y para apoyar de forma directa a la enorme cantidad de personas y familias cuyos ingresos se vieron afectados de forma rápida y drástica por la crisis. El gasto público que alcanzó niveles  históricamente altos fue impulsado por las erogaciones públicas derivadas de los planes fiscales, que, en promedio, equivalieron a un 4,6% del PIB en la región en 2020. En esa línea, varios países registraron tasas de crecimiento real del gasto primario superiores al 10%, y en cuatro de ellos las tasas fueron equivalentes o superiores al 20% en 2020.

El gasto total de los gobiernos centrales de América Latina alcanzó su nivel más alto (un 24,7% del PIB en 2020 y un 23,8% del PIB estimado para 2021) desde que se comenzaron a publicar datos fiscales comprehensivos en 1950. Esta combinación de caída de los ingresos fiscales y aumento del gasto público se tradujo en un deterioro de las cuentas fiscales, que presentaron grandes déficits.

La octava deducción afirma que la pandemia tuvo un rápido impacto en el sector de la educación. Solo en 2020, 32 países cerraron sus instituciones educativas, lo que afectó a más de 165 millones de estudiantes. Si bien en la mayoría de los países se establecieron distintas formas para continuar los estudios a distancia mediante diversas modalidades (a través de Internet, televisión o radio), no queda  duda de que ninguna de estas modalidades puede reemplazar de manera repentina a la enseñanza presencial. En un contexto de marcada brecha digital entre grupos socioeconómicos y en un escenario doméstico adverso y complejo para la enseñanza y el aprendizaje para muchos estudiantes, sobre todo de los grupos más desfavorecidos, tales modalidades de enseñanza pueden ampliar las desigualdades de aprendizaje.

En cuanto a la novena, se advierte un panorama muy complejo en materia habitacional debido a una combinación de factores de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, la pandemia ha afectado al sector de la construcción, directamente por la detención de obras o indirectamente por las restricciones a los desplazamientos y aglomeraciones. El sector público, un mandante o ejecutante clave del sector de la construcción, ha debido redefinir sus prioridades y reorientar su presupuesto para enfrentar la pandemia. El sector privado, también ha visto alterado su funcionamiento y sus perspectivas, y experimenta una incertidumbre que tiende a inhibir proyectos de inversión en construcción e infraestructura. Por el lado de la demanda, la caída de los ingresos y del empleo ha reducido significativamente la capacidad de compra de inmuebles por parte de la población y también ha recortado su capacidad de pago de alquiler. Para la población esto significa un déficit de vivienda a causa de la postergación de proyectos residenciales (ya sea de nuevas viviendas o de mejoramiento de la vivienda actual), el hecho de compartir la vivienda con familiares o amigos, la precarización habitacional y, en casos extremos, el paso a la condición de “sin techo” o “morador de la calle” o residente de albergues, todas situaciones que reflejan diferentes grados de incumplimiento del derecho a una vivienda digna. 

La décima y última conclusión confirma que se han agravado los problemas de acceso a algunos servicios básicos como agua, gas, electricidad, teléfono e Internet, se debe a que el deterioro de los ingresos reduce la capacidad de pago y expone a las familias al corte de los mismos, lo que entraña numerosos riesgos, algunos de ellos vitales. Se han puesto en evidencia las debilidades del transporte público que fue mitigado por la abrupta reducción de la movilidad y la consecuente disminución de los viajes en transporte colectivo, que habían sido un vector de contagio al inicio de la pandemia. Con los procesos de apertura quedó en evidencia que el transporte público de la región no está preparado para ofrecer un servicio sanitariamente seguro en un contexto de pandemia.

Prospectiva y balance

En un recuento general de las acciones de política pública para proteger a la población que permitió  que se abrieran  nuevas oportunidades, se destaca la implementación de transferencias públicas directas de efectivo y en especie a una parte importante de la población que las necesitaba. Si bien estas medidas se adoptaron de forma diferenciada en los distintos países y su sostenibilidad no está garantizada.

A la vez, se amerita el funcionamiento continuo de la red logística esencial, que evitó el colapso alimentario tan temido al comienzo. En las ciudades, esta red se amplió significativamente por la vía de la entrega de productos a domicilio, masificando una modalidad de comercio más bien incipiente antes de la pandemia.

Entre las nuevas oportunidades se encuentran  las relativas a las nuevas modalidades de trabajo y estudio, así como la realización de otras actividades, usando la virtualidad, que han resultado funcionales, la valorización del cumplimiento de las medidas de higiene y de autoprotección por parte de la población, y el reconocimiento del papel clave de un sistema de salud integrado, inclusivo y eficiente, así como de los sistemas de protección social.

La estrategia de vacunación masiva, gratuita y basada en los sistemas de atención primaria de la salud ha demostrado ser efectiva en muchos países de la región y ha sentado un precedente de priorización política, de coordinación institucional y público-privada, de esfuerzo y despliegue nacional, y de garantía de acceso a la salud para el futuro.

La tríada de propuestas cepalinas para hacer frente a la pandemia y sus efectos

• Lograr la autosuficiencia sanitaria a escala regional mediante el refuerzo de la gobernabilidad colaborativa, la suma de fuerzas para la negociación internacional, la cooperación productiva y el intercambio técnico de los países de la

• Construir una nueva arquitectura financiera internacional que, entre otras cosas, resulte funcional para la movilización de recursos en el caso de otras pandemias o embates socioeconómicos mayores

 • Establecer un Estado de bienestar que se adapte a una nueva estructura de riesgos, incluidos los pandémicos, y genere certidumbre y proteja a toda la población, ampliando el horizonte de los derechos e integrando y articulando las nuevas herramientas y oportunidades tecnológicas y digitales, para prevenir, enfrentar y controlar la pandemia y sus secuelas.

AGB.

En el encuentro, ante un horizonte de mayor crisis energética y alimentaria, los ministros de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro y Vladimir Putin revisaron la cooperación en al menos 20 áreas y abordaron temas planteados “para el futuro cercano”. El canciller ruso Sergui Lavrov se ofreció a mediar a favor de la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición mientras que el canciller venezolano Carlos Farías condenó las sanciones impuestas a Rusia por parte de Occidente 

La reunión entre los dos  cancilleres se produjo después del  regreso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,  de una gira que calificó de exitosa por países euroasiáticos y po África que comenzó el 7 de junio en Turquía y siguió por Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán

Lavrov se mostró convencido de que, bajo el liderazgo de Farías, quien fue embajador en Rusia durante cinco años antes de ser nombrado al frente del Ministerio de Exteriores de Venezuela, “se acelerará” el desarrollo de los lazos de amistad y de la asociación estratégica entre ambos países. 

El presidente Maduro y su par ruso Putin han sostenido  dos conversaciones telefónicas en el transcurso de este año en las que Maduro dio cuenta de su apoyo a Rusia respecto a la invasión a Ucrania; y el pasado 16 de febrero el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, visitó el Palacio de Miraflores en la ciudad capital de Caracas.

La guerra en Ucrania, tema central de la reunión

El ministro ruso de Exteriores, apenas iniciado el diálogo, aplaudió la “gradual normalización” de la situación en Venezuela entre el Gobierno y la oposición. A la vez que aseguró que “en caso de que el Gobierno y la plataforma opositora decidan reanudar sus negociaciones en México, Rusia estará dispuesta a continuar su seguimiento de esta plataforma internacional de diálogo”.

Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición venezolanas concertadas en México con la mediación de Noruega se suspendieron a raíz de la extradición a EEUU desde Cabo Verde del  empresario Alex Saab, con nacionalidad colombiana/ venezolana,  acusado por lavado de dinero y presunto testaferro del presidente  Maduro. El Gobierno venezolano calificó el hecho de “secuestro” y, en represalia, interrumpió el diálogo con la oposición, cuya cuarta sesión debía empezar el 17 de octubre en Ciudad de México.

Farías agradeció a su homólogo ruso por “todo el apoyo” que Rusia les ha brindado “en los temas políticos”, especialmente “en el tema de la política nacional” a la vez que enfatizó la condena “de manera muy importante de la gran cantidad de sanciones impuestas contra la Federación Rusa y su pueblo” por parte de Occidente. Las sanciones caracterizó fueron “un mal cálculo, terrible cálculo, imperdonable cálculo”.

El ministro de Exteriores de Venezuela expresó que mientras las economías de EEUU y la Unión Europea (UE) se han encontrado con “un gran problema” que “no saben cómo atender”, la economía rusa, “sigue adelante con ciertos inconvenientes, a pesar de todo este daño que se pretendió hacer”. 

Faría también reprobó la “permanente inyección de técnica militar” por parte de Occidente a Kiev. Según el canciller venezolano, el envío de armamentos a Ucrania mantiene y aviva el conflicto. Y consideró esencial que Rusia reciba garantías de seguridad, especialmente ahora, con el posible ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN.

Al respecto de esto último, Lavrov aseguró que su gobierno sigue “de cerca la situación”, y que espera que estos países mantengan “la falta de interés en desplegar la infraestructura militar de la OTAN en territorio finlandés”. Concluyeron el lunes con una declaración conjunta. El martes, Venezuela celebró el 211 aniversario de la Independencia de España, proclamada por el Supremo Congreso de las Provincias Unidas venezolanas el 5 de julio de 1811.

AGB con información de agencias y medios

El canciller de la Unión Europea (UE) resumió en una rueda de prensa: “Estamos escuchando las preocupaciones de algunos líderes africanos sobre las consecuencias de las acciones europeas. He informado a mis colegas ministros de que he enviado una carta todos los ministros de Exteriores africanos”. “Es para explicarles cómo se confeccionan nuestras sanciones, cómo funcionan, a quién afectan, qué permiten o qué no”, fueron las precisiones sobre la ofensiva pedagógica comunitaria que dio Borrell al fin de un Consejo de Exteriores de la UE reunido en el poderoso enclave financiero de Luxemburgo.

Los ministros de Relaciones Exteriores comunitarios abordaron el lunes a crisis alimentaria que crece con el apoyo a Kiev que prolonga el conflicto armado en suelo ucraniano. Cada día aumentan los precios de la energía o los alimentos. Las exportaciones de cereales ucranianas y rusas, de las que dependen en medida determinante países de del Cercano y Medio Oriente, del África sahariana y subsahariana, y del sudeste asiático, están bloqueadas. egiones como Oriente Medio o África.

El alto representante indicó que la UE está dispuesta también a “estudiar, en cooperación con la ONU, algunos casos que podrían ocurrir de sobrerreacciones, sobrecumplimiento o algunas elusiones por parte de algunos actores del mercado” a la hora de comerciar alimentos con Rusia.

“Si Rusia emite una advertencia de que es muy peligroso navegar en el mar Negro, eso incrementa el precio de los seguros. Y Rusia ha puesto un impuesto a las exportaciones, por eso sube el precio. ¿Quién lo hace? Rusia, no nosotros”.

Borrell sí se abrió a “estudiar” si las sanciones impuestas por la UE a Bielorrusia antes de iniciarse la guerra en Ucrania, que afectan a sus exportaciones de potasa -químico utilizado en los fertilizantes-, pueden afectar a la producción de alimentos en otros lugares.

“Vamos a verlo”, dijo el político español, que detalló que hay que localizar “problemas concretos, específicos, que afecten a alguien, no el discurso general de que las sanciones europeas son culpables”, y aseguró que, “si hay un problema, lo resolveremos”.

No sólo con los países que dependen del trigo y cereales baratos de Rusia y Ucrania buscarán comunicación epistolar. La UE también va a enviar cartas a los bancos explicando las sanciones europeas. Aunque Borrell agregó que “no puedo evitar que algunas instituciones financieras, como pasó con las sanciones financieras a Irán (por su programa nuclear), decidieran voluntariamente no participar en el comercio. Esto es una sobrerreacción o sobrecumplimiento” de las sanciones, apuntó.

El jefe de la diplomacia comunitaria se refirió igualmente al enclave ruso de Kaliningrado y dejó claro que Lituania, país limítrofe, no está aplicando sanciones unilaterales más allá de las comunitarias.

“El tránsito por tierra entre Kaliningrado y otras partes de Rusia no se ha detenido, prohibido o bloqueado”, declaró Borrell. Aunque admitió que “de acuerdo con las sanciones europeas, hay restricciones a importaciones y exportaciones a ciertos bienes, incluida la prohibición de su tránsito por el territorio de la UE”.

Por otra parte, los ministros europeos mostraron amplio apoyo a conceder a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea, tal como recomendó la Comisión Europea el viernes pasado.

AGB con información de diarios y agencias

A Horacio Cartes, de profesión técnico aeronáutico, se lo conoce principalmente por su perfil político: fue dirigente deportivo y presidente de Paraguay. También es famoso por ser uno de los hombres más ricos del país -es accionista en 35 empresas con activos por más de 285 mil millones de dólares-, por su faceta como banquero, como empresario ganadero y tabacalero o como dueño de medios de comunicación. El Grupo Cartes, que él dirige, cuenta entre sus más de 70 empresas con un conglomerado de 14 medios agrupados en el Grupo Nación Media, que incluye prensa escrita, portales digitales, radios y canales de televisión. Incluso, últimamente, otra vez su nombre ocupó las portadas de los principales diarios por las acusaciones de una red de lavado de dinero, contrabando de cigarrillos y por sus vínculos con narcos. Pero poco o nada se conoce de su lado B: el de empresario de alimentos, la otra cara de un voraz del lucro.

El día en que Horacio Manuel Cartes Jara nació en Asunción se convirtió en el tercero de los cuatro hijos de la unión entre Ramón Telmo Cartes Lind y Elva Jara Lafuente. Aquel 5 de julio de 1956, un tercer hijo se unía a la pudiente familia asuncena. Cartes creció de la mano de una clase empresarial y pionera en la industria aeronáutica. Su padre, Ramón Cartes, fue piloto civil. En 1955 fundó la empresa Aerocentro S.A. y en 1958 se convirtió en representante comercial de la marca Cessna en Paraguay. 

Siguiendo los pasos de su padre, Cartes estudió aviación en el Spartan College of Aeronautics and Technology, en Oklahoma, Estados Unidos. Aprendió a pilotar para finalizar con una pasantía en la empresa aeronáutica estadounidense Cessna, en Wichita, Kansas. Tenía 19 años cuando volvió al país para trabajar en el sector comercial. Poco o nada se escribió sobre las actividades comerciales que desarrolló entre 1975 y 1989. 

En esa laguna biográfica de 14 años hay pocos datos precisos. Uno de ellos apunta a algunas actividades ilegales: en 1985 fue acusado por evasión de divisas por 34 millones de dólares. Cartes estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años. Recién en 1989, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, se entregó. Por este caso estuvo preso más de cinco meses en la cárcel de Tacumbú. En el 2008 él y sus socios fueron sobreseídos.

El mismo año de su detención fundó su primera empresa comercial: Cambios Amambay. Tres años después, en 1992 pasó a llamarse Banco Amambay y desde el 2018 se denomina Banco Basa. Esa empresa fue la base de su crecimiento económico: en solo tres años amasó una fortuna que le permitió, a los 38 años, ingresar en el rubro que mejor renta obtiene: las tabacaleras. Con sus millonarias ganancias se convirtió en socio fundador de Tabacaleras del Este S.A. (Tabesa), que hoy es uno de sus negocios de los que más aportan al fisco junto al Banco Basa. La tabacalera está en el foco de las investigaciones judiciales por denuncias de contrabando de cigarrillos al Brasil y lavado de dinero, según una reciente investigación filtrada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay. 

La empresa tabacalera fue un éxito. En pocos años logró ganar más dinero y decidió expandirse a otros rubros. Hoy, el Grupo Cartes está compuesto por 73 empresas -Cartes es accionista en 35- entre las que se cuentan compañías aeronáuticas, hoteles, cementeras, ganaderías, cadenas de farmacias, centros de tratamiento de obesidad, construcciones, comercio de celulares, servicios de salud privados, gimnasios, papelería,  gasolineras y el Club de Fútbol Libertad.

También tiene una fuerte presencia en el rubro alimenticio. Bebidas del Paraguay S.A., propiedad del grupo, compró en 2001 la Pulp, la primera gaseosa paraguaya, y luego se expandió a los jugos Puro Sol y Watts. En 2009 nacieron Agrocitrus del Paraguay -que produce cítricos- y después Bebidas USA, que fabrica y vende la Pulp en los Estados Unidos. Pocos años después expandió sus negocios con la compra de franquicias de comidas rápidas, como SBarro y Don Vito. También es dueño de la marca de golosinas Missy.

A pesar de que todas son empresas líderes en el mercado de los alimentos ultraprocesados, según los balances del grupo ninguna de ellas reporta ganancias. De hecho, las únicas dos rubros que no tienen balances negativos son las tabacaleras y el banco.

A pesar de que todas son empresas líderes en el mercado de los alimentos ultraprocesados, según los balances del grupo ninguna de ellas reporta ganancias. De hecho, las únicas dos rubros que no tienen balances negativos son las tabacaleras y el banco.

Para el periodista independiente Alfredo Guachiré es llamativo que solo 3 de las 73 empresas de Cartes produzcan ganancias. En varias de sus investigaciones deslizó que podría tratarse de firmas de fachada detrás de la que se ocultaría una estructura de lavado de dinero.

Guachiré apunta a la denuncia del ex ministro del interior Arnaldo Giuzzio, que tiene la teoría de que por la simulación de ventas de cigarrillos en el país y con el contrabando hacia Brasil, el dinero retorna al país de manera irregular a través de casas de cambio. Según Giuzzio, gracias a estas operaciones el banco Basa creció 45% más. Posteriormente, según la denuncia, este dinero producto del contrabando sería diversificado y distribuido en las 73 empresas de fachada de Cartes.

“Entre alguna de las razones por las que Cartes tiene tantas empresas es por el supuesto lavado de dinero. Mientras, Cartes no para en su expansión en el rubro de alimentos”, asegura Guachiré. 

La hipótesis de periodistas y políticos de que Horacio Cartes estaría implicado en el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero a través de sus empresas, se podría sustentar con la reciente filtración de un documento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a finales de mayo de este año. 

Según esta investigación, Tabacalera del Este -una de las principales aportantes al fisco- simuló la venta de “cigarrillos” a sus propias empresas del Grupo Cartes entre el 2017 y 2021. Entre ellas figura una del rubro de alimentos, Agrocitrus del Paraguay SA, con la cual  supuestamente comercializó por 166 mil dólares.

No solo habría utilizado a esta empresa agrícola, sino que también a sus medios de comunicación, como los diarios La Nación y Crónica, agrupados en  Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A., que supuestamente compraron por 456.896 dólares. Ni su fundación Ramón T. Cartes, ni la cementera Concepción o su propia hermana quedarían fuera del esquema de simulación de venta de tabaco. La fundación en honor a su padre supuestamente hizo compras por 217 mil dólares. 

En la lista del lavado de activos también hay personas involucradas en los operativos Lavajato, que detectó un esquema de lavado de dinero y divisas en Brasil y a AUltranza, una investigación contra el crimen organizado y lavado de dinero iniciada en Paraguay este año.

El informe de Seprelad resalta que las firmas del Grupo Cartes “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”, que sería Brasil. El documento ya está en manos de la fiscala general Sandra Quiñónez. Los parlamentarios de la oposición la acusan de tener afinidad con Cartes, y dicen que por eso no actúa ante las tantas denuncias de lavado de dinero. 

No son ventas de tabaco sino préstamos, defiende el abogado Pedro Legal, representante de Cartes. El gerente de la Tabacalera del Este, José Ortíz, también defiende este argumento. “Tabacalera del Este lo que hace es prestarle dinero a Cecon (Cementera Concepción) -y otras empresas- y le factura los intereses. Es muy mediocre la apreciación de Seprelad. Hasta podrían poner, en su informe, que les llama la atención la operación, pero no que es por la venta de cigarrillos”, dijo a  Radio Monumental. La venta de cigarrillos supuestamente solo se hace a Palermo S.A. que representa el 73% de las operaciones comerciales. El gerente añadió: “Trabajo hace 32 años en el grupo y la premisa del señor Cartes es que todo se haga dentro de la legalidad y pagando los impuestos que corresponden”.

A sus 53 años, Cartes pasó de ser una persona que no votaba en las elecciones nacionales a afiliarse al partido colorado, de derecha, conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR). Emergió como el salvador con la Fundación de su movimiento Honor Colorado, que logró recuperar la administración del país, tras la caída de la ANR -partido que gobernó 61 años- en el 2008 ante la dupla Fernando Lugo y Federico Franco. Asumió el cargo de presidente el 15 de agosto de 2013, en reemplazo de Federico Franco, debido a que Lugo fue destituido por juicio político en el 2012. 

En esa época se mostraba como una persona sencilla, familiera, con vínculo cercano a las empleadas domésticas que trabajaban en su casa, los futbolistas del Club Libertad, del que había sido presidente, o con los empleados de sus tabacaleras y sus estancias ganaderas.

—Yo almuerzo con ellos, tengo una vida re normal. Me considero sencillo, disfruto de ser así —dijo en el programa Algo Anda Mal, en mayo del 2012, durante la campaña presidencial. 

Y remató:

—Soy feliz siendo humilde.

Casi un año después de esa entrevista Cartes se convirtió en presidente de Paraguay con 1.104.169 votos y recuperó el poder para la ANR después de 5 años. Lejos, con una diferencia de más de 200 mil votos, derrotó a su principal contrincante, Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Al asumir la presidencia de la República del Paraguay, la fortuna de Cartes -según su declaración jurada- era de 199 millones de dólares. Ese empresario, que se presentaba públicamente como un hombre “humilde” y “sencillo” tenía activos en efectivo por 2.941.176 dólares y seis depósitos en bancos por 29.642.274 de dólares. Era propietario de tres inmuebles, 17 vehículos y 7 aeronaves. Los ingresos anuales provenientes de sus empresas eran de USD 50.298 millones y sus gastos mensuales eran de USD 2.151 millones. 

“Para los grandes logros hay que soñar”. Con esta frase se presenta hoy Horacio Cartes en la web del grupo empresarial. Y Cartes soñó tanto que logró amasar fortunas. En 2018, cuando dejó el sillón presidencial, su patrimonio neto había aumentado un 250 por ciento. El incremento es similar a 1.474.777 salarios mínimos en Paraguay. 

En 2021, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó los Pandora Papers, la mayor filtración de documentos hasta ese momento, Horacio Cartes integraba la lista de los 35 líderes mundiales. Según la publicación,  Cartes adquirió en el 2011 -dos años antes de ganar las elecciones presidenciales- una empresa offshore denominada Dominicana Acquisition SA y no presentó en su declaración jurada del 2013 al asumir la presidencia. Una semana antes de la publicación de la filtración, el expresidente rectificó su declaración jurada de los años 2013 y 2018 ante la Contraloría General de la República. Cartes dijo que se había tratado de un “error involuntario”. En la rectificación, agregó: “En el año 2013 correspondían solo a mi persona 5 acciones de USD 2 mil cada una, que en total hacían un capital de USD 10 mil. Posteriormente, en el año 2017, se cancelaron dichas acciones y fueron sustituidas”. 

Tras la revelación de los Pandora Papers, el presidente del partido opositor, Efraín Alegre, denunció a Cartes por falsificación y ocultamiento de sus declaraciones juradas. La Fiscalía de Panamá también solicitó al Ministerio Público de Paraguay los antecedentes judiciales y financieros del expresidente.  

El 7 de febrero, de este año, el Ministerio Público de Paraguay dispuso de oficio la “apertura de causa penal sobre Contrabando y Lavado de Activos”, que no nombra a Horacio Cartes, pero la investigación se inicia luego de la denuncia de Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior,  que en sesión ante el Congreso, en febrero pasado, acusa al expresidente por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La denuncia se presentó solo ante la Seprelad. 

El caso está en el Ministerio Público contra personas innominadas. Fiscales alegan que el caso puede implicar a más personas. No se conocen aún los avances de la pericia, pese a la filtración documental.

El presidente de la República, Mario Abdo, en un discurso en Guairá a principios del mes de mayo deslizó sospechas sobre el crecimiento patrimonial de Horacio Cartes relacionado al lavado de dinero. “Pasó de tener 9 estancias a 27 estancias en cinco años de presidencia. De tener 20 empresas a 63 empresas. Yo no conozco un empresario en la historia que en cinco años salte de 20 a 63 empresas”, dijo Abdo. 

Y agregó: “Quieren un silencio en Paraguay, un silencio en el partido. qué hicieron ellos en cinco años, compraron la mitad de los medios de comunicación que en un mercado libre todos esos medios se hubiesen cerrado porque trabajan a pérdida, pero están inyectados con plata que viene de otro lado”. 

El patrón o patrão en portugués, es como se conoce coloquialmente a Cartes. El apodo no tiene ningún vínculo con su faceta de empresario o político, sino por la Operación Patrón, de la fiscalía de Brasil, que lo vinculó a una investigación que se desglosa del caso Lava Jato sobre la operación cambio que habría movido alrededor de 1.600 millones de dólares. 

Cartes estuvo bajo la lupa de la Fiscalía de Brasil por su supuesta vinculación con Darío Messer, a quién llamó “su amigo del alma”, declaraciones que datan del 2019. En una carta escrita a mano -según documentos del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil- Messer lo llama “Patrón” a Cartes.

El “amigo del alma” de Cartes fue condenado por lavado de dinero, evasión de impuestos y divisas. En la misma investigación, el ex presidente paraguayo fue acusado por haber entregado a Messer, supuestamente, 500 mil dólares para sus gastos jurídicos. En 2019 el Tribunal Supremo de Justicia del Brasil confirmó el hábeas corpus definitivo otorgado al ex presidente y determinó su libertad. El Ministerio Público brasileño apeló el fallo pero aún no fue resuelto. 

Esa no fue la única investigación internacional que lo tuvo en la mira. En 2011, -según un cable diplomático del 5 de enero de 2010 filtrado por WikiLeaks- la Drug Enforcement Agency (DEA), la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico lo investigó por lavado de dólares, venta de drogas y venta ilícita de tabaco en los Estados Unidos. 

Aunque en Paraguay el expresidente tiene fueros por ser senador vitalicio eso no lo protege de las investigaciones en otros países. Actualmente tiene causas abiertas en Panamá, Colombia y Brasil. 

Aunque en Paraguay el expresidente tiene fueros por ser senador vitalicio eso no lo protege de las investigaciones en otros países. Actualmente tiene causas abiertas en Panamá, Colombia y Brasil.

—¿Es la plata o la política que te da poder? —preguntó la periodista Mina Feliciángeli.

—La política, respondió Horacio Cartes. 

—¿A cuánto asciende tu fortuna?

—No sé si la pregunta está fuera de lugar porque tengo que contestar lo mismo. No sé. Porque si supiera no te tengo que decir. 

Fue en una entrevista televisiva en noviembre del 2021, una de las pocas que dio en los últimos años. El empresario no suele dar entrevistas con frecuencia, ni durante su mandato. Uno de los motivos puede ser su falta de tacto con la prensa: suele dar respuestas irónicas o esquiva las preguntas.

En una ocasión, en 2019, Clara Martínez, una periodista de Canal 13 de Paraguay le preguntó qué opinaba del Gobierno de Mario Abdo. Antes de responder, Cartes miró el micrófono y dijo entre risas: 

—Vos sos de la familia, bajá dos cambios. 

Los periodistas estallaron en risas. Para ese entonces corrían rumores de que Cartes compraría el canal, pero finalmente lo adquirió otro empresario: Javier Bernardes, del Grupo JBB.

En otra ocasión, Cartes fue abordado por el periodista Wiliam Domínguez, que estaba en ese entonces en Radio Ñandutí, y le preguntó si admirada al dictador Alfredo Stroessner.

—¿Qué tenés contra Alfredo Stroessner?, ¿te sacó la novia o qué? —respondió de manera irónica Cartes.

En otra oportunidad, a sólo seis días de dejar la presidencia, en agosto del 2018, el periodista de Telefuturo, Alejandro López, le preguntó qué opinaba acerca de las movilizaciones en repudio de la aprobación de las notas reversales que modificaron los Anexos A y B, del Tratado de Yacyretá, entre Paraguay y Argentina, relacionados sobre lo financiero y administrativo de la hidroeléctrica. 

—Presidente, ¿qué le responde a los jóvenes que se están manifestando?

—Balines de goma—respondió Cartes.

Este artículo es parte de Los insaciables, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado de Cronos Lab. 

ILOP