El 29 de noviembre de 2018 se celebró por primera vez el Día Internacional del Jaguar, una iniciativa conjunta de varios países con la presencia de este felino.

El Día Internacional del Jaguar fue anunciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS), la organización Panthera y algunos representantes de los gobiernos de la región de América Latina.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Jaguar?

El Día Internacional del Jaguar tiene como objetivo concienciar sobre las amenazas a las que se enfrenta este felino, informar sobre los esfuerzos de conservación que garantizan su supervivencia y sobre el papel fundamental del jaguar como una especie clave cuya presencia es indicativa de un ecosistema saludable.

El jaguar está en la cúspide de la cadena trófica, siendo el mayor depredador terrestre de América.

Nombre de origen tupí-guaraní

El nombre jaguar es de origen tuí-guaraní, también conocido como yaguaraté, proviene del tupí-guaraní “yaguara”, que significa “el que caza de un salto”.

Las manchas son sus huellas dactilares

Según Greenpeace, las manchas de los jaguares son únicas en cada espécimen, por lo que funcionan como las huellas dactilares de los humanos. Igualmente, estas manchas, que también se denominan rosetas, son fundamentales para diferenciar a los jaguares de los leopardos. Las rosetas del jaguar se encierran dentro otra mancha.

Plan Jaguar 2030

Esta conmemoración, forma parte del Plan Jaguar 2030: Plan Regional para la Conservación del Felino más grande del Continente y sus Ecosistemas, un compromiso global para salvar al jaguar.

El Plan Jaguar 2030, busca fortalecer el llamado Corredor Jaguar, que se extiende desde México hasta Argentina, y que propone asegurar 30 paisajes prioritarios para la conservación de la especie.

¿A qué amenazas se enfrenta el jaguar?

En la actualidad el jaguar se encuentra jugando el partido más difícil de todos, el de su extinción. Sus amenazas, integradas por la deforestación, la pérdida y fragmentación de su hábitat, la cacería y el atropellamiento de la especie y de sus presas, entre otras, parecen estar ganando por goleada. Sin embargo, el partido aún está en juego y hay esperanzas de revertir esta situación, para ello es necesario que gobiernos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y comunidades se sumen para cambiar el estado actual del jaguar catalogado como “Casi Amenazado” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Salvar al jaguar requiere de una respuesta coordinada y multinacional. Es por ello que WWF trabaja en 14 países de América Latina -Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, Surinam, Guatemala, México, Paraguay y Perú- en la implementación de actividades para reducir y mitigar el conflicto humano-jaguar, principalmente con ganaderos que habitan territorios clave para el felino y con ello evitar la cacería en represalia y el tráfico ilegal de sus partes. Además, monitorea a sus poblaciones y de sus presas a través de cámaras trampa a fin de conocer las tendencias poblacionales y diseñar estrategias de conservación a largo plazo; y promociona prácticas productivas sustentables, con la finalidad de crear un corredor biológico que conecte sus hábitats desde el sur de México hasta el norte de Argentina.

Por otro lado, WWF también trabaja para catalizar la cooperación regional e internacional, crear condiciones habilitadoras en los países del rango, crear alianzas con sector privado y movilizar el apoyo público, y así contribuir a la implementación de acciones de conservación del jaguar y su hábitat.

“Conservar al jaguar significa proteger los bosques tropicales, los humedales y otros ambientes cruciales para el bienestar humano y de muchas otras especies. Las acciones que se tomen en el presente serán decisivas para acordar un futuro positivo para la naturaleza, en beneficio no solo de los jaguares, sino también de las generaciones venideras”, comentó María José Villanueva, líder de la Iniciativa Jaguar WWF-LAC.

Qué dice el plan regional de protección al jaguar en Latinoamérica

WWF anunció en 2020 la Estrategia de Conservación de Jaguar que establece una red continental de 15 paisajes prioritarios en 14 países de América, cuyo objetivo es garantizar la recuperación de este felino que se halla en la categoría de especie “casi amenazada” de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de sus hábitas y a la cacería furtiva, entre otras causas.

El plan considera el rescate de los hábitats que ocupa el jaguar así como la preservación de los servicios ecosistémicos que estos lugares proveen en beneficio de las comunidades humanas que coexisten con esta especie. Además, promueve entre esas poblaciones actividades económicas sustentables, como la agroforestería y la reforestación comunitaria.

“El jaguar puede convertirse en un símbolo de desarrollo sostenible en Latinoamérica, y los esfuerzos dirigidos a su conservación podrían ayudar a los países a cumplir sus metas de desarrollo sostenible”, dijo Maria José Villanueva, Directora de Conservación de WWF México y líder regional de la iniciativa de conservación de jaguar de la organización.

Se trata de una estrategia de 10 años que guía las acciones de WWF en favor del felino más grande del continente y las zonas que habita. Busca asegurar Unidades de Conservación del Jaguar (JCU, por sus siglas en inglés) que son áreas de prioridad para la protección de la especie. De estos 15 paisajes, identificados por científicos a lo largo de 20 años, 7 son transfronterizos:

Especie paraguas

 La base teórica de la Estrategia parte del concepto “especie paraguas”, el cual considera que la conservación de una especie y su hábitat podría beneficar a otras especies. Al proteger al jaguar se conservan grandes extensiones de hábitat, con lo cual se aseguran servicios ecosistémicos importantes. Se estima que el rango del felino proporciona globalmente 12% de la captura de CO₂, 10.5% de la producción de madera y 9.8% de la pesca comercial.

“La Estrategia delinea las dos metas que WWF planea alcanzar para el año 2030: estabilizar o incrementar las poblaciones de jaguar e incrementar o estabilizar la distribución del felino, las poblaciones de sus presas y la conectividad de sus hábitats dentro de los 15 paisajes prioritarios”, explicó Roberto Troya, Director Regional de WWF en Latinoamérica y el Caribe.

 Este gato, el tercer felino más grandes del planeta, habita en 18 de los 21 países de América Latina, desde México a Argentina, y se considera extinto en Uruguay y El Salvador. De acuerdo con la UICN, solo quedan 64,000 ejemplares en vida silvestre, el 90% de ellos en la Amazonía.

La Estrategia de Conservación de Jaguar 2020-2030 se lanza cuando la conexión entre nuestra salud y la de la naturaleza es más evidente que nunca. Hoy sabemos que la pérdida de biodiversidad está ligada a la aparición de virus como el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. “Al conservar al jaguar y su hábitat, WWF contribuye a revertir la pérdida de especies y disminuir la probabilidad de aparición de nuevas enfermedades de origen animal”, dijo Troya. 

El documento también delinea las contribuciones de WWF a otros esfuerzos internacionales de conservación, como el Plan Jaguar 2030, lanzado en la COP-14 del Convenio sobre Diversidad Biológica en 2018. Entre las contribuciones, destacan el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza, el impulso a modelos de desarrollo sostenible compatibles con la conservación del jaguar en los paisajes prioritarios y mejorar la sostenibilidad financiera de las acciones dirigidas a la conservación del jaguar y su hábitat.

“Desde hace varios años WWF apoya esfuerzos de conservación de jaguar en sitios críticos a lo largo del rango de la especie”, comentó Maria José Villanueva, al explicar que “la Estrategia estará usando herramientas de conservación que ya han sido exitosas en la protección de otras especies, como el tigre asiático”.

Se estima que en las últimas décadas, la especie ha perdido 50% de su distribución histórica debido a la expansión desmesurada de la agricultura y ganadería industrial, la ampliación de la mancha urbana, la deforestación por tala ilegal y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020 – 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia, lanzó en 2020 el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020-2025, que guiará la implementación de acciones estratégicas, articuladas y retroalimentadas a todo nivel, para lograr la conservación de este felino. En Bolivia, como menciona este plan, la especie enfrenta dos amenazas principales: una la destrucción de los hábitats naturales, sólo en el chaco se estima que las áreas núcleo de los jaguares se han reducido en 30%. Por otro lado, la cacería, al ser esta especie considerada dañina para el ganado y otras especies domésticas. La cacería por el valor de sus colmillos, garras, piel y otros productos para el tráfico internacional, es una amenaza que se ha sumado recientemente. Se espera que la Estrategia de Conservación del Jaguar, también contribuya a los objetivos de este plan.

 Acerca de WWF

WWF es una de las organizaciones de conservación independientes más grandes y respetadas del mundo, con una red global activa en más de 100 países. Su misión es detener la degradación del entorno natural de la Tierra y construir un futuro en el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo inútil.

La publicación de un documento crítico sobre la explotación minera en Mendoza desató un conflicto interno en el Conicet, el organismo científico más importante del país. Investigadores y becarios denuncian que las autoridades censuraron un informe publicado en las últimas horas que ponía en discusión el avance del emprendimiento minero San Jorge, que avanzó este miércoles en la Legislatura local.

El documento titulado Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino llegó a publicarse en la web pocas horas hasta que su link de acceso fue desactivado. El texto reúne observaciones técnicas sobre el emprendimiento minero San Jorge y había sido consensuado por especialistas de múltiples institutos y aprobado por los equipos técnicos del centro científico.

La acusación es que se trató de un intento de censura en medio del fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei sobre la ciencia, además de que revela la connivencia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, con la Nación. Ayer el mandatario provincial festejó que la Cámara de Diputados local aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa antes conocida como San Jorge, que busca explotar cobre en Uspallata.

Qué dice el comunicado que quisieron frenar

El documento, finalmente publicado por vías alternativas, advierte que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre los puntos más importantes, el Conicet Mendoza señaló en su comunicado que:

• Existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.

• En términos generales, la información utilizada en el Informe de Impacto Ambiental presentado resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta.

• En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados.

• La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Qhapaq Ñan. El deterioro de estos valores podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado.

• Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario.

• Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza.

• Se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia.

La denuncia de censura

Según recogió elDiarioAR de trabajadores del Conicet Mendoza, la dirección del organismo habría ordenado bajar la publicación y así evitar conflictos con el gobierno provincial. El episodio generó malestar y una reacción inmediata dentro de la comunidad científica, que interpretó la maniobra como un intento de disciplinamiento político en un área donde la independencia técnica es un principio básico.

Para robustecer la denuncia de censura, investigadores y becarios lanzaron un formulario de adhesión pública donde reclaman:

El formulario —abierto a firmas de la comunidad científica y la ciudadanía— busca reforzar la legitimidad del comunicado y evitar que situaciones similares se repitan en próximos dictámenes vinculados al ambiente, un área especialmente sensible en Mendoza tras décadas de movilización social contra la megaminería.

MC

A Javier Milei le podría gustar Azerbaiyán: el clima es frío, los autos de alta gama ya reemplazaron a casi todos los Lada de la era soviética, hay un exacerbado culto a la personalidad y la sociedad que creció en los años 90’s tiene una fascinación indeclinable por los Estados Unidos –tanto es así que existe una cadena de cafeterías llamada Friends, en homenaje a la serie televisiva de amigos que se juntaban a pasar las horas en el Central Perk—.

Sin embargo, el Presidente dio la orden este miércoles de retirar de manera intempestiva la delegación oficial argentina en Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde se lleva a cabo desde el lunes la 29° conferencia de las partes (COP) de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Para Laura Baron Mendoza, abogada consultora en derecho Internacional y medio ambiente, magister de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra y doctoranda de la Universidad de McGill, la reciente retirada de la delegación de Argentina de la COP 29 es, sin duda, un evento lamentable aunque no inesperado.

“Esta decisión sigue un patrón preocupante que comenzó con la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y las continuas amenazas de abandonar el Acuerdo de París. Al dejar de lado la agenda ambiental, no solo se evade la responsabilidad política; se evade una realidad palpable que trasciende la ideología en relación con los argumentos de que la emergencia climática es una mentira socialista”, dice Baron Mendoza.

Con la victoria de Trump, casi todos los analistas están discutiendo nuevamente qué pasará con los estados que deciden retirarse de las negociaciones en Bakú o del Acuerdo de París, pero no pueden retirarse del planeta en ebullición. Cuesta mucho creer el argumento de que tal o cual decisión unilateral de un país pone en riesgo la estabilidad el acuerdo de Paris, ya que, aunque que lo ponga o no, la emergencia climática no da tregua —los huracanes siguen azotando a los votantes republicanos del estado de Florida— y las obligaciones ya existen.

“Desde la perspectiva del derecho internacional el retiro anunciado tiene poco o ningún efecto jurídico en término de obligaciones macro. A pesar de las decisiones tomadas el día de hoy, las obligaciones de anticipar, adaptar, mitigar y reparar el daño medio ambiental permanecen intactas. Estas responsabilidades existen a la luz del derecho internacional de los derechos humanos independientemente de las negociaciones sobre ”el cómo“ acatarlas. Las obligaciones en materia de derechos humanos trascienden las maniobras políticas; es un imperativo jurídico en cabeza de actores estatales y no estatales”, agrega Baron Mendoza.

La Argentina sigue siendo parte de tratados regionales e internacionales en donde se establecen obligaciones como la protección al un medio ambiente limpio y saludable. Y aunque no fuese parte, los derechos humanos medio ambientales son normas imperativas de derecho internacional que no admite derogación o negación caprichosa política alguna.

Un silencio sepulcral

Por lo general, la delegación argentina tiende a ser efusiva y fácilmente identificable en las COP: en la cumbre de Egipto en 2022, y por primera vez, nuestro país contó con una oficina propia y con una participación moderada en las negociaciones. El año pasado en Dubai se logró acercar posiciones con los otros bloques negociadores de América Latina, ofreciendo por primera vez en mucho tiempo una postal de integración regional que todavía dista mucho de la fortaleza ofrecidas por las naciones de África, Asia y las Islas del Pacífico Sur. 

Con Milei recién electo, se decidió sobre la marcha enviar a la diplomática de carrera Marcia Levaggi para que representase a la Argentina durante el traspaso de mando a principios de diciembre pasado. Levaggi, quien cuenta con amplia experiencia en materia ambiental y climática, fue removida del cargo de subsecretaria de Política Exterior tras la salida de Diana Mondino. Cabe resaltar que este tipo de decisiones extravagantes no son algo nuevo cuando se mueven las piezas al interior del Palacio San Martín: en 2021, Alberto Fernández decidió remover a Felipe Solá de su cargo como Canciller cuando el mismo se encontraba a mitad de camino hacia la cumbre de la CELAC en México, donde Argentina recibiría la presidencia para el año subsiguiente.

Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente entre 2019 y 2023, comentó que “Milei retiró su ínfima delegación de la COP29 confirmando su negacionismo, en un grave gesto simbólico, mientras desde algunos sectores de la sociedad civil se guarda un silencio atronador”.

Pasada la medianoche del miércoles, el silencio en las calles de Bakú es sepulcral: la policía cortó varias avenidas por motivos de seguridad, y la falta de circulación vehicular se asemeja mucho a la casi nula comunicación oficial argentina. Son varios los consultores, diplomáticos y activistas que prefieren no dar notas por miedo a posibles represalias una vez que aterricen en Ezeiza, ignorando tal vez que “no darle publicidad al gobierno, porque en definitiva busca llamar la atención” puede tener consecuencias irreversibles para nuestra política tanto doméstica como interna.

De lo global a lo local

Delegaciones de casi todos los países del mundo llegaron a esta COP para discutir financiamiento a los planes de transición energética que permitirían una descarbonización de la economía global a gran escala, permitiendo que quizás así la humanidad llegue a fines del siglo XXI con un aumento de la temperatura no superior a los 2°C por encima de los valores preindustriales –la meta de quedar por debajo de los 1,5°C de calentamiento global ya resulta casi inalcanzable—.

Hacer catarsis sobre la crisis climática desde este rincón del planeta no es nada fácil: el país anfitrión no se caracteriza exactamente por ser referente de las libertades democráticas, y los grupos de la sociedad civil se manifiestan por lo bajo, casi susurrando sus críticas al actual gobierno.

La Francia de Macron también boicoteó la COP con la ausencia de la ministra de Transición Energética, pero por otros motivos geopolíticos y sin retirar a su delegación. Esto agita aún más el debate de las libertades civiles en un momento en el que el activismo climático alcanzar la trasversalidad y dejar claro su mensaje de que “no puede haber justicia climática sin derechos humanos”.

“La solidaridad está suspendida”, señaló un activista de la red de Acción Climática para América Latiana (Canla), en relación a la restricción por parte de la ONU para que las distintas ONGs presentes en Bakú puedan hacer mención a los crímenes de guerra en Gaza y a resaltar la contradicción de que desde el norte global exista presupuesto para financiar guerras, pero no para un fondo de Daños y Pérdidas que permita a los países más vulnerables como Filipinas de recuperarse de huracanes e inundaciones, o de que países de ingresos medios puedan tener acceso a una transferencia de recursos para dejar de extraer combustibles fósiles y tener una matriz energética más sustentable.

JR/JJD/DTC

–¿En serio [me estás preguntando] cuánta plata está invirtiendo ahora Patagonia Gold? Todavía no empieza a trabajar, tiene nueve empleados. Cortá, cortá, cortá. Perdoname, pero me estás haciendo preguntas que no sé responder. Si querés hablar, flaca, yo laburé mucho tiempo en periodismo, 28 años, y a veces sé cómo son las “preguntas” que uno quiere hacer. 

Así respondía el intendente de la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci, José Mellado, ante la consulta de elDiarioAR sobre el dinero invertido y el reparto de regalías en torno a un debatido proyecto de megaminería metalífera, que propone cambiar la matriz productiva de la zona. Fue poco después de la audiencia pública realizada el 30 de agosto, en el gimnasio municipal, donde las escasas voces disidentes fueron abucheadas por asistentes y miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que se encontraban afuera, con el aval silencioso de autoridades y moderadores.

El “Proyecto Calcatreu”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad, persigue la explotación de oro y plata a cielo abierto (17% y 83%, respectivamente), en un área de 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.

Según el cronograma establecido en el texto presentado por la firma, la ejecución constaría de tres instancias: seis meses de construcción, cinco años de operación y doce años de cierre de la mina. Se estima la generación de un total de 463 de puestos de trabajo (entre empleados propios y “contratistas en servicios varios”), distribuidos a lo largo de las tres etapas. 

La iniciativa –propiedad de diferentes empresas mineras hasta su adquisición total por Patagonia Gold S.A. en 2018)– encontró apoyos y resistencias desde el comienzo. Se realizaron exploraciones, análisis, escritos. Casi tres décadas más tarde, el fuerte aval de los gobiernos nacional, provincial y local le dio un impulso fundamental a la actividad.

Los funcionarios que respaldan el plan –el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente Mellado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y la secretaria de Energía y Ambiente en Río Negro, Andrea Confini– aseguran que implicaría un impulso para la región. Hablan de “un nueva oportunidad”, que permitiría compatibilizar los rubros minero, turístico, ganadero y comercial, “con sustentabilidad ambiental”. El presidente de la cámara minera utilizó la palabra “revancha”. Expertos, ambientalistas, vecinos y miembros de las comunidades originarias plantean serias dudas.

El debate se circunscribe solo en apariencia a Jacobacci. Ya hay decenas de iniciativas de explotación de distintos metales, hidrógeno verde, uranio y litio a lo largo de todo el territorio, capaces de reconfigurar biomas, economías y formas de vida. Si bien el punto de partida es local, el corazón del debate lo ocupa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación, así como las nociones y los “costos” del desarrollo.

Un dato curioso: el expediente del Proyecto Calcatreu incluye un reporte técnico de 233 páginas, escrito enteramente en inglés, preparado para Patagonia Gold S.A. por la consultora australiana Cube Consulting Pty Ltd.  

El trabajo y la esperanza

“Tenemos que apoyar a todos los proyectos mineros, no solo en Calcatreu y en la Provincia de Río Negro. Cuando hablamos de energía renovable y de transición energética, estamos hablando de apoyarnos en minerales”, plantea Confini, a cargo de la cartera de Energía y Ambiente provincial. 

“Sufrimos diez años de sequías y la explosión de los volcanes chilenos, aunque ocurrió en 2011, sigue afectando de manera muy seria a la región. La recuperación del stock ovino es muy difícil de sostener. La gente joven se ve obligada a emigrar, muchas veces a los cordones urbanos de las ciudades más grandes de la provincia. La minería, con respeto a la tierra, a la ciudadanía, al agua y a las comunidades originarias, con mucho compromiso y control del Estado, es posible y puede ser una solución posible a este problema”, asegura.

Sin embargo, los números provistos por la empresa no parecen muy prometedores para transformar la configuración laboral. Aun si se aceptan las proyecciones de Confini, quien refiere a “300 puestos directos” en un “primer anillo” –directamente afectado por la explotación de la mina– y “450 puestos indirectos”.

De acuerdo con el censo de 2022, Ingeniero Jacobacci contaba con 8.112 habitantes. La ministra menciona 12.000. Para ella, se debe tener en cuenta que cada trabajador ganaría “el doble” respecto de los salarios actuales (es decir, pasaría a cobrar un promedio de $600.000) y podría así “formar una familia”, por lo cual se beneficiaría “un 10% de la población”. El cálculo resulta forzado. Especialmente, considerando la corta duración del proyecto, la habilitación a contratar mano de obra calificada proveniente de afuera y la cantidad de personas que llevan la ilusión de ser contratados por la minera.

Luciana es empleada de casas particulares y hace changas para mantener a sus tres hijos. Es madre soltera, trabaja por hora y se las arregla –aclara– para pasar el día a día. “Estaría bueno tener un trabajo fijo, aunque sea por unos años”, dice. ¿En qué le gustaría desempeñarse? “Lo que más hago es cocina y, después, limpieza”. Se movilizó para apoyar a la mina con una bandera de la UOCRA.  

Hace un año, el sindicato de la construcción se hizo presente en la audiencia de Sierra Grande a favor del puerto petrolero de Vaca Muerta Sur, impidiendo el ingreso de los opositores. Esta vez también llevó sus estandartes. No hubo violencia física, aunque sonaron bombos durante las pocas disquisiciones discrepantes de la audiencia. 

Mario Pichiman es el referente de UOCRA en Jacobacci. Luego de expresarse públicamente, comentó a elDiarioAR: “Las medidas que tomó el gobierno de Milei hizo que los pueblos de toda la provincia, especialmente en la Región Sur de Río Negro, nos quedemos sin trabajo, porque dependemos de la obra pública. Esto no es Bariloche, acá no hay obra privada. Por eso apoyamos el Proyecto Calcatreu”. 

Sabe que la contaminación es una posibilidad. “La gente eligió autoridades a través del voto popular y nosotros tenemos que apostar a que ellos sean los responsables de la seguridad, de la educación pública, y, en este caso, del control de una mina, no el trabajador que tiene que ir a ganarse el pan”. Ha tenido conversaciones con la empresa y con el gobierno, donde le aseguraron cien puestos de trabajo, durante un año o un año y medio, lo cual sirve “para sobrellevar la situación”. De todas formas, no piensa en la minería como una solución: Pichiman señala que el Estado tiene que generar además otras obras, otros empleos.

La Asociación de Obreros Mineros (AOMA) congregó a trabajadores de distintas localidades para dar el “sí” afuera del gimnasio. Entre ellos, Carlos García, de Cipolletti, obrero de corazón, familia y pueblo minero. “Queremos que florezca bienestar, salud”. Es consciente de las contradicciones subyacentes. Su mamá era mapuche, también sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. “No conozco bien la región o qué necesidades tiene cada población, por ahí falta agua, no hay buena vegetación, ni energía”, reflexiona. Considera que debería haber un diálogo entre la empresa y los pueblos que rechazan la actividad, para “beneficiarse mutuamente”.

La ilusión de Carlos se refleja en muchos habitantes de Jacobacci –desocupados, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, laburantes pobres–, que genuinamente ponen sus esperanzas en el oro y en la plata. Algunos, desinteresadamente, se expresaron en una audiencia que, igualmente, dejó cierto halo de montaje. 

No casualmente, días atrás, el obispo de General Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente”, renegando de los eventos que funcionan como “obras de teatro en el que todos los actores están pagos”. En ese sentido, remató: “Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra”.

Un territorio con historia

Anticipando el repudio que genera el proyecto en un sector de la sociedad, el gobernador Weretilneck reivindicó por Twitter la presencia de policía montada, unidades antiexplosivos y vallas en la antesala de la audiencia pública. Los controles vehiculares también se multiplicaron. En total, había al menos 200 uniformados.

Aquellos que defienden el agua y los recursos naturales contra la explotación minera, realizaron reuniones pacíficas. El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones y activistas: la Asamblea Wawel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, que actúa desde el terreno como parte de las Asambleas de Curru Leufu; el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Antimegaminería de Bariloche; y la Coordinadora de Jubilados y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.

“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se pregunta Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la Provincia de Río Negro. En vez de acudir a la audiencia, con apoyo de la militancia, la Coordinadora realizó un acto propio, en una plaza. Un cuerpo de la policía montada dio vueltas por el lugar.

“Estamos en una jornada de reclamo, de protesta, rechazando un proyecto extractivo que se quiere poner en marcha en un terreno comunitario indígena. Denunciamos el proceso de militarización de estos días, que busca atemorizar, para defender un proyecto que no tiene consenso ni licencia social y, lo que es peor, que se ha hecho sin la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, reforzó el werken. 

Junto a sus compañeros, están en contacto con Francisco Calí Tzay, el relator de Naciones Unidas. Ya enviaron cartas al Gobierno y a la empresa para hacer cumplir la legislación que los respalda. “Ñuke Mapu no los perdones, ellos saben lo que hacen”, se leía en uno de los carteles. En otro, “no es tierra fiscal, es territorio ancestral mapuche”. El emprendimiento minero afecta a cuatro comunidades que habitan la reserva Lipetren (creada en el 1900) y otras colindantes, aunque el gobierno solo mantiene intercambios con Peñi Mapu, la única que apoya el proyecto. 

La explotación minera de metales está inscrita en los orígenes de la colonización y el genocidio de los pueblos originarios de Sudamérica. La pancarta “La ‘plata’ de hoy es hambre para mañana”, tiene una significancia histórica.

“Nosotros trabajamos los proyectos, sean mineros o de cualquier otro tipo, con la comunidad que está afectada directamente con el emplazamiento del proyecto. Hoy esa comunidad está acá, compartiendo con nosotros, a favor del proyecto. Con ellos hemos hablado, ellos han participado tanto de la consulta libre, previa e informada. Entendemos su necesidad de trabajar”, respondieron desde Energía y Ambiente.

Sed de agua, sed de oro

“El agua vale más que el oro” es una consigna que los ambientalistas han levantado por décadas. Los voceros de Patagonia Gold, al igual que investigadores –geólogos, ingenieros–, funcionarios y legisladores prominería aprovecharon la audiencia para explicar que los ríos no se verían afectados.

“El sistema contempla un mecanismo de agua en circuito cerrado, donde el agua del proceso y la mina es reciclada, sin vuelco de efluentes al medio. También existe pérdida de agua por evaporación, por lo que se requiere agua agregada, proveniente principalmente del desagüe de las obras en mina y pozos existentes habilitados para uso industrial”, indica el informe de la empresa. Y concluye: “Considerando una vida útil de cinco años del proyecto, y teniendo en cuenta los consumos de agua, estos representan 31% de la recarga estimada para la Microcuenca alta, por lo que, con esa tasa de extracción, no se generaría sobreexplotación del recurso hídrico”.

Pese a que el propio texto apunta a que el “transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas”, el “retiro de suelo y capa vegetal”, los “derrames accidentales”, “el aumento de sólidos que origina el desmonte”, la “disminución de cobertura vegetal” y la “pérdida de hábitat de las comunidades vegetales” son peligros potenciales, minimiza el asunto, por la corta duración de cada etapa del plan y la falta de lo que denominan “impactos críticos”. Esto no fue explicitado en la audiencia.

Tampoco se mencionaron las consecuencias sobre el variado ecosistema, consistente de pastizales, arbustos, mallines y premallines, donde viven reptiles, anfibios, aves y mamíferos característicos, como el choique (o “ñandú patagónico”), el guanaco y chinchillón. Las huellas antropológicas y arqueológicas fueron otro tema silenciado.

De local, sin visitantes

El evento del viernes pasado no fue vinculante, ni resolutivo, pero reflejó el tratamiento que el gobierno busca dar a los proyectos de megaminería, más allá de aquel día: sugirió un nuevo plan de ruta, en forma y contenido. 

Luego de palabras oficiales, la empresa abrió el juego con ochenta minutos pautados, que se extendieron sin peros. Luego vinieron una seguidilla de discursos (casi trescientos) que se autoafirmaban a través de aplausos a los propios y escraches a quienes atinaban a la crítica, acaso moderada.  

El momento más tenso ocurrió cuando le tocó exponer a Maristella Svampa, doctorada en Sociología e investigadora superior del CONICET, reconocida autora y rionegrina. 

Luego de agradecer la posibilidad de participar (turno 113), compartió los resultados de décadas de estudio multidisciplinario y comparativo sobre la minería. “Estamos ante un modelo de ocupación territorial que utiliza sustancias químicas contaminantes y, de la mano de grandes empresas, suele violentar procesos de decisión ciudadana”, comenzó.

A la vez, explicó que científicos de distintas áreas han demostrado que la megaminería no resuelve el desempleo. “La impresión que tengo es que hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”, pronunció la experta. Inmediatamente, comenzaron a sonar los redoblantes de militantes de UOCRA, que seguían el discurso desde afuera, a través de altoparlantes.

“La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, continuó Svampa, ante un público cada vez más irritado. 

Cuando se adentró en la pobreza característica de provincias mineras como San Juan y Catamarca, la percusión fue acompañada de gritos desaforados, frente al mutismo de la organización. Desde la primera fila, comenzaron los gestos. Para cuando la especialista se refirió a la falta de pruebas de los circuitos cerrados (como el propuesto por Patagonia Gold S.A.) y mencionó la crisis climática, costaba escucharla. Sin más, procedieron a cortarle el micrófono. 

Una moderadora hizo mención del reglamento: la realidad es que la mayoría de los oradores se excedieron de los cinco minutos previstos sin problemas. El incidente no fue el único momento desconcertante de la noche. Un minero que habló hacia el final de la jornada, aseguró que, con 70 años, era la prueba viviente de que “el cianuro no mata”. El intendente aplaudió.

La audiencia cerró con abrazos de los funcionarios. Sobre el escenario, veinte minutos tras haberse apagado los micrófonos, continuaban las fotos oficiales, selfies, palmadas en la espalda, aplausos. Hacia la noche, con el mismo cielo oscuro con el que arrancó la jornada, la policía comenzó a desconcentrar lentamente. Las vallas –decoración desentonada para las tranquilas calles de Ingeniero Jacobacci– fueron desmanteladas. En la ciudad, en apariencia desierta y dormida, las autoridades y empresarios anticipaban un nuevo ciclo; también las comunidades originarias, los activistas, los productores y pobladores opositores al proyecto. La explotación minera se asoma como realidad pronta, pero la última palabra no está dicha. Los vientos patagónicos, vigorosos, persistentes, inevitables, anuncian silenciosamente su llegada.

El viaje a Río Negro para realizar esta nota fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Nota: este artículo se corrigió el 4 de septiembre a las 21:19 para modificar una referencia errónea al curriculum de Svampa.

JB/DTC

El obispo de Rawson, Chubut, monseñor Roberto Álvarez, apuntó a las autoridades provinciales sobre el megaproyecto petrolero que abarca la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en Neuquén y Río Negro, que atravesará la meseta patagónica y terminará en un puerto en Punta Colorada, sobre las costas del Golfo San Matías, a unos 30 kilómetros de Península Valdés. 

Haciéndose eco del reclamo de diversas ONG, ambientalistas y vecinos de Chubut, Álvarez le envió una carta el pasado 31 de julio al gobernador Ignacio Torres en la que le pregunta al mandatario o demás autoridades provinciales si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península de Valdez que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

Para el pastor de la iglesia chubutense, “ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, pregunta Álvarez.

Además, cuestiona si “el asunto” es exclusiva responsabilidad de Río Negro, que modificó leyes para darle vía libre al proyecto; o si Chubut también debería estudiar “si el emprendimiento gasífero atenta contra el artículo 99” de la Constitución provincial“.

Según el obispo, “el único objetivo es ayudar a los poderes del Estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial”.

Asimismo, en la carta que, además de tener como destinatario a Torres, también dirige al vicegobernador, Gustavo Menna; al procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena; y a diversos legisladores provinciales, el sacerdote avanza con sus dudas con respecto a vaca Muerta: “¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden?”.

Y concluye: “En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: ”Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente“.

Los reclamos de Álvarez van en sintonía con los que expresó días atrás el obispo de Alto Valle de Río Negro, Alejandro Benna, en el marco de la peregrinación anual a la localidad rionegrina de Chimpay, donde nació el beato Ceferino Namuncurá, cuando, ante la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, les pidió “a quienes no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra, que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

La respuesta de Torres y la insistencia del obispo

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

Además, Torres plantea: “Los intereses sectoriales y las inquietudes que puedan generarse deben encauzarse dentro de estos procedimientos y pautas. No es legítimo imponer una visión por fuera de la institucionalidad y de las normas que organizan el poder del Estado”.

Ante este argumento, en su respuesta del pasado 26 de agosto, el obispo Álvarez parafrasea un fragmento de una encíclica del papa Francisco al sostener que “el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos”, al tiempo que reclama que, como dice el documento del vaticano, “en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida”.

Según el líder de la iglesia de Chubut, “la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, y aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear.”

Más planteos de la Iglesia de Chubut

IG

¿Qué temas estudia la historia ambiental? ¿Qué aporta a otras ramas de la disciplina? ¿En qué escalas espaciales y temporales se despliega? ¿Qué tiene de particular la historia ambiental latinoamericana respecto a la de otras regiones?

Sobre estas y otras cuestiones conversamos con la historiadora Stefania Gallini y con el geógrafo Carlos Reboratti en este episodio de Historiar.

Conduce: Santiago Bestilleiro Lettini

Edición y producción de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

HistoriAr es un podcast creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

Cine para ver de manera gratuita, legal y sin necesidad de descargar ningún complemento. En las últimas semanas fueron anunciados distintos ciclos online disponibles desde Argentina, con películas diversas y muy interesantes para mirar en formato hogareño.

A continuación, un repaso por lo más destacado de cada uno de ellos.

1. Ciclo Leonardo Favio. “Lumiton presenta una imperdible selección de films de Leonardo Favio, director de cine, actor y cantautor de canciones románticas y populares que lo lanzaron vertiginosamente a la fama internacional. En sus películas Favio supo representar lo humilde y lo marginal a través de una estética lírica muy personal. La tensión entre lo popular y el cuidado plástico de la imagen hicieron que se convirtiera en un aclamado y estudiado director”, informan desde la plataforma gratuita argentina Lumiton. 

La selección cuenta con seis largometrajes de Favio que estarán disponibles hasta el 1 de julio: Crónica de un niño solo (1965), El dependiente (1969), Juan Moreira (1973), Nazareno Cruz y el lobo (1975), Soñar, soñar (1976) y Aniceto (2008), último largometraje ideado por Favio a pesar de su precaria salud. 

Las seis películas del ciclo Leonardo Favio se pueden ver desde Argentina en la plataforma gratuita Lumiton. Más información, en este enlace.

2. Festival del cine japonés online. Hasta el 2 de julio tiene lugar de manera gratuita una nueva edición del Festival de cine japonés online, un ciclo con películas y series japonesas que se pueden ver con subtítulos desde 27 países del mundo en formato hogareño.

Según informaron los organizadores, en esta oportunidad forman parte de la programación 23 películas y dos series. Bajo el lema “Cine japonés cuando quieras y donde quieras”, el festival ofrece una selección rotativa de materiales audiovisuales recientes y de géneros diversos como el terror, la comedia, el animé, el drama y la ciencia ficción. El único requisito para poder acceder es crearse un usuario en la página oficial del evento.

La programación del festival de cine japonés online gratuito se puede encontrar en este enlace.

3. Finca Online, cine ambiental. Hasta el 12 de julio estará disponible para ver online una selección de documentales que participaron del Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA), un evento cinematográfico internacional que se celebra en Argentina desde 2010 con el propósito de generar un espacio de reflexión crítica sobre el vínculo entre el ambiente y la sociedad a través del cine. En su séptima edición, el festival presentó películas de 27 países, que se proyectaron en varias salas y siete de ellas, todas documentales, se pueden ver online desde Argentina a través de la plataforma Lumiton. Toda la información sobre el festival se puede leer en este enlace. 

La selección de películas del Festival Internacional de Cine Ambiental está disponible para ver online desde Argentina en este enlace hasta el 12 de julio.

AL/JJD

La era de los colapsos localizados ha comenzado, escribimos hace muy poco tiempo en este diario. No es ninguna buena noticia, aun si creo ineludible el punto de partida para poder pensar y abrir a otros horizontes de futuro. Por eso hoy quisiera volver sobre el colapso ecológico y sus rostros actuales; porque el colapso está entre nosotros, sin que eso signifique que el planeta se acabará de un día para el otro o en el corto plazo, en una suerte de black out o apagón energético generalizado. Sin dudas, la crisis energética afectará severamente a nuestros países y nuestras vidas, pero ésta es de mediano plazo, si bien algunos países -Cuba, Ecuador, Venezuela y numerosos estados de Africa, entre otros-, por diversas razones, ya están siendo afectados por cortes generales de energía, con las consecuencias que todo ello conlleva. 

Hecha esta primera aclaración, en el “mientras tanto”, somos cada vez más conscientes de lo que significa la aceleración de la crisis climática en los territorios. Ahora, hoy, en el corto plazo, como seres humanos que atravesamos estos nuevos tiempos del Antropoceno/Capitaloceno Postpandémico, vemos con claridad que sufriremos cada vez más los embates letales de los colapsos localizados, producidos por eventos extremos catastróficos (e incluso por cadenas de eventos extremos que se refuerzan entre sí) tales como las fuertes lluvias, inundaciones, sequias, incendios, tornados, fuertes vientos, olas de calor y/o de frío, entre otros.

Y lo que sucede ahora en Rio Grande do Sul es una ilustración tremenda y devastadora de un colapso localizado, sin duda; lo cual debe ayudarnos a pensar y preguntarnos a conciencia acerca de cuáles pueden ser nuestras respuestas como sociedad ante los desastres climáticos. En esta línea, me gustaría avanzar algunas ideas, que nos ayuden a comprender el desafío que afrontamos y nos sitúen en un plano no solo local, sino también multiescalar, porque después de todo, la crisis climática es global pero tiene decididos impactos locales.

La visualización trágica y letal que proporciona Rio Grande do Sul sobre los colapsos localizados nos muestra cómo estos pueden amplificarse y adoptar la gran escala. Para el caso de Brasil, no se trata solo de una gran ciudad colapsada (Porto Alegre), sino de unos 497 municipios afectados. Al día de hoy se contabilizan más de 163 fallecidos; más de 80 personas sin localizar; más de 640.000 personas que se han visto obligadas a dejar sus casas, incluidas 65.000 que están refugiadas en escuelas y gimnasios. La destrucción no solo continúa -porque la lluvia ha vuelto- sino que es inconmensurable, incontable y para millones de personas que lo han perdido todo o casi todo, ya nada volverá a ser como antes. Son, de ahora en más, vidas dañadas.

En términos alimentarios, las pérdidas son enormes y pueden afectar la soberanía alimentaria del gran país vecino. “Rio Grande do Sul aporta 12,6% del PIB agrícola de la nación, de acuerdo con Bradesco. Casi 70% del arroz y 13% de los productos lácteos de Brasil provienen de ese estado, según un informe de la corporación estadounidense S&P Global divulgado el 13 de mayo” dice un artículo reciente de AP. En términos económicos, grandes y pequeños productores rurales, numerosas empresas -desde automotrices, con sus maquinarias, hasta la industria cárnica- se han visto afectadas. La reconstrucción será lenta y requerirá toda la colaboración entre gobiernos regionales y el gobierno nacional, a cargo del presidente Lula da Silva.

En términos geopolíticos, no cabe duda de que lo sucedido en Rio Grande do Sul está ligado a la crisis climática, y debería colocar en el ojo de la tormenta la cuestión de la deuda climática o ecológica

Es aquí donde resulta oportuno y al mismo tiempo complejo, preguntarse sobre las responsabilidades políticas y geopolíticas de este desastre. Primero: en términos geopolíticos, no cabe duda de que lo sucedido en Rio Grande do Sul está ligado a la crisis climática, y debería colocar en el ojo de la tormenta la cuestión de la deuda climática o ecológica, que los países del Norte global tienen para con el Sur global. Verdad de perogrullo, no sólo los países del Norte y sus empresas petroleras –Estados Unidos, Europa-, potencias emergentes como China, hoy principal emisora de Co2 en el mundo y Rusia, potencia primario-exportadora (pónganla en la categoría geopolítica que mejor le corresponda), son los grandes contaminadores de nuestra atmósfera. No solo han generado las condiciones de la crisis climática actual, tal cual la conocemos hoy, sino que se han venido desresponsabilizando de modo sistemático en el plano internacional de la deuda ecológica que vienen arrastrando para con los países más pobres y periféricos, que además de no ser los responsables de la contaminación, son los que más padecen hoy los múltiples impactos del cambio climático, bajo la forma de los eventos extremos. Por caso, la región latinoamericana, es responsable solo del 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y Africa apenas roza el 3%.

Para completar las vueltas del modelo imperial de la deuda ecológica, resulta ser que son los países centrales los que luego deciden los “préstamos” y “ayudas” y sus modalidades de implementación, a través de organismos internacionales, a los países del sur, afectados por colapsos localizados, para intentar reconstruir sus sociedades y economías siempre “vulnerables”, engrosando así la odiosa deuda externa. Así, al calor de la crisis climática, el círculo perverso entre deuda ecológica y deuda externa entra en una suerte de reproducción ampliada.

Primera conclusión, entonces: en la era de los colapsos ambientales localizados, la deuda ecológica y la deuda externa requieren de modo urgente ser revisitadas con nuevas propuestas internacionalistas desde el Sur global. Es necesario cortar este nudo gordiano antes de que sea demasiado tarde. Ni siquiera estamos hablando todavía de la transición socioecológica, sino de la adaptación a la crisis climática. Y no hay posibilidad alguna de pensar en respuestas efectivas y a gran escala a la crisis climática desde la periferia global, si no es incorporando la deuda climática y externa en el centro de nuestras agendas públicas.

La deforestación de la Amazonia combinada con el cambio climático global tiene consecuencias muy devastadoras

Segundo. Cabe preguntarse también, ¿son acaso nuestros países completamente inocentes frente a la gravedad de los colapsos localizados, asociados a la desesperante crisis climática? Arrastramos una larga historia de extractivismo, producto de nuestra inserción en el sistema de división internacional del trabajo. Mucho hemos escrito sobre esto. Como sostienen F. Cantamutto y M. Schoor, esto ha dado origen a un “mandato exportador” que fuerza a nuestras economías a convertirse en exportadora de commodities o productos primarios. No obstante, como decían los buenos dependentistas en los años 70, la dependencia tiene un “afuera” (dominación externa) pero también un “adentro” (elites cómplices y un sistema de relaciones de poder -políticas y económicas- acorde a ello).

La deforestación de la Amazonia combinada con el cambio climático global tiene consecuencias muy devastadoras. Asimismo, a nivel regional, los cambios en el uso del suelo y la expansión de la frontera del agronegocios es uno de los grandes responsables del desastre. Entre 1985 y 2022, Rio Grande do Sul, uno de los centros de la actividad sojera del país, perdió 3,6 millones de hectáreas de vegetación nativa, un 22%, según una red liderada por Eduardo Vélez, de MapBiomas, un consorcio climático de oenegés y universidades brasileñas. Esto se ha extremado en el contexto del gobierno bolsonarista y sus continuidades. Por ejemplo, Rio Grande do Sul es una región gobernada por sectores extremos -no todos ellos bolsonaristas-, que niegan el cambio climático. Sabemos que desde 2019 hubo un desmantelamiento agresivo de políticas ambientales por parte del gobernador Eduardo Leite, del centro derechista PSDB, para favorecer a los señores del agronegocios, entre otros grandes empresarios terratenientes. Sabemos que esta no fue la primera inundación tampoco, sino la cuarta en menos de un año, tras las inundaciones de julio, septiembre y noviembre de 2023, que produjeron la muerte de 75 personas. Finalmente, el actual gobernador fue advertido: el diputado local Adão Pretto Filho, del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo que “En su opinión, las severas inundaciones que afectan a Rio Grande do Sul podrían haberse evitado o haber tenido un impacto menor, si el Gobierno local no hubiese ignorado un informe elaborado por la Comisión de Representación Externa de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul. Finalizado en agosto de 2023, este documento presentaba distintas propuestas para combatir los efectos del cambio climático en varios municipios del estado”.

Segunda conclusión, entonces: a la hora actual, quien mira hacia el costado y crea que la crisis climática está disociada del extractivismo, sobre todo, de la expansión de la frontera petrolera (y ahora del fracking), así como de los desmontes de millones de hectáreas y los cambios en los usos del suelo en favor del agronegocios, no solo obra de mala fe o ejerce un cinismo de patas cortas, sino que contribuye a impulsar el ecocidio en ciernes. Más simple: vistos los estragos múltiples y de largo aliento que producen los colapsos localizados, la asociación entre crisis climática y extractivismos cobra ahora rasgos criminales.

Ojalá lo sucedido en Rio Grande do Sul no se lo trague el ojo miope de la desmemoria y del tiempo acelerado

Y, sin embargo, vemos que el extractivismo encuentra un impulso cada vez mayor. En Argentina, de ser aprobado el RIGI (Regimen de Incentivo a Grandes Inversiones), incluido en la Ley Bases, que tiene entre sus manos el Senado de la Nación, promoverá un extractivismo recargado en todas sus formas, a través de la transnacionalización y el otorgamiento de privilegios a mineras y petroleras que, entre otras cosas, tendrán más derecho al agua que cualquier ciudadano común. Con la aprobación del RIGI, nuestra pregunta ya no será con qué herramientas públicas afrontar la crisis climática –porque no las habrá, no estarán disponibles- sino más bien cuál será el próximo colapso localizado en el país de “la libertad individual” y del sálvese-quien-.pueda.

Una reflexión final. Todo indica que los colapsos localizados irán multiplicándose, afectando ciudades y regiones enteras, tal como sucedió y continúa sucediendo ahora en Rio Grande do Sul, una de las áreas más ricas y poderosas de Brasil. No obstante, en tiempos de memoria corta, el olvido todo se lo traga de modo acelerado. En septiembre de 2023 hubo un colapso localizado en Libia.  Las fuertes lluvias de la tormenta mediterránea Daniel causaron inundaciones letales en el este de ese país y dos represas se desbordaron. Una pared de agua de varios metros de alto arrasó con la ciudad de Derna, en la costa, causando la muerte de más de 11.000 personas. La consternación internacional fue mayor. Durante días, el mar estuvo devolviendo lodo y cadáveres. Hoy nadie recuerda lo ocurrido en Libia, ya no aparece en los portales de noticias. Sin embargo, cuando los reflectores se apagan, y los medios de comunicación dejan de mirar, a oscuras el daño persiste, amplificado por la normalización de la catástrofe.

Ojalá lo sucedido en Rio Grande do Sul no se lo trague el ojo miope de la desmemoria y del tiempo acelerado. Y que esta dolorosa tragedia sea la plataforma latinoamericana para invocar y reclamar más que nunca la enorme deuda climática que los países del Norte tienen para con los del Sur, así como para cuestionar el criminal negacionismo climático que hoy se difunde en nuestros países, de la mano de sectores de derecha y ultraderecha. Urge tomar conciencia de que vivimos en un planeta dañado y que por ello nuestra meta debe ser proteger del daño mayor, con toda la energía individual y solidaridad colectiva, todo aquello que existe: vidas humanas y no humanas, territorios, ecosistemas y bienes. Nuestro imperativo de época es repensar los modelos de desarrollo e instrumentar políticas públicas con un Estado presente (un Estado ecosocial), para hacerlos sostenibles para la vida

MS/MF

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron en las últimas horas un documento que analiza las consecuencias en materia ambiental y social en caso de aprobarse en el Senado el proyecto de ley que este martes obtuvo media sanción en Diputados.

En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica que a diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en materia ambiental. 

Sin embargo, FARN advierte que la ley Bases impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.

“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN. 

¿Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente?

Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral 

El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.

“Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN. 

Además, agregan que esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y protección del ambiente.

Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos

El nuevo proyecto de la ley contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.  

Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).

De esta forma, “el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho”, enfatiza FARN. 

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos

El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

En el último documento publicado por FARN explican: “ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.

“La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo en detrimento del ambiente

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuída de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.

El pago de la deuda y los subsidios a las empresas hidrocarburíferas limitan las partidas ambientales

Días atrás, la FARN denunció en un comunicado que la falta de sanción de una ley de Presupuesto para este año y la prórroga del anterior “implicó, en un contexto de alta inflación, una caída en términos reales del 53,01%. Las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, a la Administración de Parques Nacionales, a los Sistema de Áreas Marinas Protegidas y las referidas al Manejo del Fuego se encuentran entre las más afectadas”.

De acuerdo a los ambientalistas, “a lo largo de los primeros tres meses del 2024, el presupuesto destinado para la Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07% de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda”. 

Según el Monitor ambiental de Presupuesto, una publicación de carácter trimestral que analizará las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas ambientales durante el año, “la falta de Presupuesto o la existencia de una prórroga del anterior oficia como un mecanismo de ajuste sobre la población y una reducción de derechos por la vía explícita del achicamiento del Estado”. 

Esta primera entrega del Monitor ambiental del Presupuesto está centrada en el análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del año, con particular foco en lo destinado al pago de los servicios de deuda y los subsidios a la oferta de hidrocarburos, que son recibidos de forma directa por las empresas de este sector. 

De acuerdo al informe, el pago de servicios de deuda ganó preponderancia dentro del Presupuesto Nacional vigente, alcanzando el 13,2 por ciento del total. Este mayor volumen de ejecución presupuestaria destinado al pago de la deuda se realizó, durante enero, febrero y marzo del 2024, en desmedro de las partidas destinadas a políticas y programas vinculados al ambiente. 

Entre los principales datos que se desprenden del Monitor, se destacan:

Subsidios a los fósiles: se sostienen los beneficios a las empresas hidrocarburíferas

A contramano de lo que planteó durante la campaña del 2023, el Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la prórroga del Presupuesto, mantiene $150.112 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos. En los primeros dos meses del año se ejecutaron $11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas. En cambio, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores.

Mientras se mantiene este subsidio, que tiene como objetivo fomentar las exportaciones y ganancias de las empresas hidrocarburíferas, sin disminuir el precio de la energía para las y los consumidores, se achican los presupuestos destinados a la promoción de las energías renovables. El Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables tiene un presupuesto de $310 millones, es decir, 484 veces menos de lo que se destina a subsidiar fósiles. 

Por su parte, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) tiene asignados, luego de sufrir un recorte de $387 millones en marzo, un total de $5.595 millones. Este programa tiene como objetivo instalar 10.000 paneles solares en zonas rurales, contemplados como instalaciones eléctricas en casas, escuelas, hospitales, entre otros. Solo con lo destinado a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se podrían ejecutar 26 veces el PERMER.

“El acceso a un ambiente sano, junto con otros derechos culturales, sociales, ambientales y económicos, se ven comprometidos por un fuerte achicamiento del presupuesto destinado a las áreas involucradas en su promoción y cumplimiento. A través de contrastar los montos vigentes y ejecutados entre las diferentes partidas presupuestarias, se reconoce que plata hay, pero sólo se destina a las petroleras y al pago de servicios de deuda”, concluye el Monitor ambiental del Presupuesto.

Con información de FARN.

IG

La primera perforación en busca de petróleo y gas en la Cuenca Norte del mar Argentino está cada vez más cerca, confirmó a elDiarioAR una fuente directa del proyecto a cargo de la empresa noruega Equinor. Aún no está definida la fecha de inicio de la perforación, aclaró. La semana última, las organizaciones Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas alertaron sobre la inminente llegada del buque perforador Valaris 17, que se encuentra rumbo a la ciudad de Mar del Plata.

La perforación tiene como objetivo determinar la existencia de hidrocarburos en el pozo Argerich-1, a  unos 350 kilómetros de las costas bonaerenses. 

Las organizaciones afirmaron que la perforación se realizará en una zona clave para la cría y reproducción de especies en el área marítima llamada el talud continental. Ambas entidades realizaron el 4 de abril una nueva presentación ante el juzgado federal número 2 de Mar del Plata para solicitar que la Justicia reconsidera dictar una medida cautelar que ya fue rechazada en diciembre último y que busca frenar la perforación exploratoria en esta época del año. 

La perforación exploratoria del pozo Argerich-1 sería la primera operación realizada en aguas ultraprofundas en el mar Argentino. Las organizaciones sostuvieron en un comunicado que “estas empresas —por Equinor y sus socias YPF y Shell— están yendo a ciegas a perforar el fondo marino del talud continental”. “Hay una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos que la actividad puede generar hacia dicha fauna y flora”, alertaron. 

Ambas entidades afirman que existen “incongruencias y expresos reconocimientos de ausencia de información fundamental para el procedimiento” y que “muchos de ellos surgen de los propios documentos presentados por Equinor, YPF y el Estado Nacional”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Equinor, a cargo de la perforación, no hizo declaraciones.

Bombardeo acústico

La perforación exploratoria llega después de que Equinor haya realizado la prospección sísmica o bombardeos acústicos para determinar las zonas donde podrían hallarse gas y petróleo. 

Durante el último trimestre de 2023, Equinor realizó esta operatoria con un barco equipado especialmente con cañones de aire comprimido, que crean ruidos a través de explosiones (entre 240 y 260 db) que provocan impactos en más de 300 mil kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires. Los expertos de Greenpeace detallaron que algunos de estos sonidos son audibles a cientos de kilómetros. 

El ruido que genera la explosión de un solo cañón es comparable al generado por el lanzamiento de un cohete o una explosión de dinamita submarina. Esos ruidos penetran a través del océano y se adentran en la profundidad hasta el fondo marino. Altera, así, a todo lo que vive en el mar Argentino, desde las distintas especies de mamíferos marinos, como la ballena franca austral -Monumento Natural de Argentina-, delfines y tortugas hasta peces e invertebrados.

ED/JJD

En la Cámara de Diputados hubo prioridades y cuestiones “secundarias” para la mayoría de los legisladores que este miércoles se reúnen para votar o rechazar la ley ómnibus de Javier Milei. El resultado de lo que es prioridad y de lo que no para los diputados es que las leyes ambientales están en riesgo y, con ellas, todo lo que protegen y garantizan. Así surge de las conversaciones y consultas realizadas por elDiarioAR en los últimos días.

Entre otras normativas que protegen el ambiente, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, la Ley de Quema y la ley de manejo del fuego están en peligro de perder sus artículos centrales, en caso de que se apruebe el proyecto de ley Bases tal como figura en el dictamen de mayoría.

El futuro de la ley ómnibus es incierto: todo indica que la mayoría de los bloques, tanto oficialistas como aliados y opositores, darán quórum y habrá una sesión maratónica para tratar artículo por artículo o capítulo por capítulo del proyecto de Milei.

Los bloques UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), que suman 57 bancas consideradas parte de la oposición “dialoguista”, anunciaron este martes que bajarán al recinto y votarán a favor, pero sólo en general. Para la votación en particular, habrá libertad de acción, ya que los diputados de ambos bloques tienen posturas divididas. Al menos hasta ahora, una de las razones que los divide es qué prioridad dar al capítulo ambiental. 

“En la votación artículo por artículo es cuando los diputados tienen la oportunidad de fijar postura sobre los artículos ambientales de la ley ómnibus. Va a ser el momento en que los diputados demuestren sus convicciones. Estamos a tiempo de frenar esto y son los diputados, como representantes de la voluntad popular, los que tienen la oportunidad de hacerlo”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, una de las ONGs que expuso ante los diputados en el plenario de comisiones. La organización se reunió con casi todos los bloques menos el de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que rechazaron el diálogo.

Otras prioridades

Las negociaciones encabezadas por diputados de los bloques aliados con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental. “Somos pocos los que tenemos compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos relacionados con la protección al ambiente”, se lamentó un diputado de la oposición en diálogo con elDiarioAR.

El nivel de desconocimiento sobre el capítulo ambiental que mañana votarán los diputados es otro punto de conflicto. Mientras unos pocos intentaron instalarlo en la agenda de negociaciones con el Ejecutivo, otros ni siquiera saben cuáles son las modificaciones a las leyes ambientales que votarán este miércoles. Así lo admitieron en el bloque de la UCR ante la consulta de este medio.

“Dentro de cada bloque (de los aliados que mantienen diálogo con el Gobierno) hay sólo dos o tres diputados que empujan para que el capítulo ambiental no sea votado en el recinto”, explicó un diputado. “Es muy triste”, agregó. “Estamos tratando de que entiendan pero somos pocos”, afirmó el legislador.

Para los diputados comprometidos con la legislación ambiental las modificaciones que plantea la ley ómnibus son inconstitucionales, violan principios básicos de la Carta Magna y del sistema democrático, como el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades. 

Pesca, sí

El capítulo sobre la pesca, que tiene alcance ambiental, sí estuvo entre las prioridades de los gobernadores de las provincias afectadas por la propuesta del Gobierno. El destino fue completamente distinto porque había un interés económico que afectaba a una región en particular, las provincias con actividad pesquera y puertos. El caso demostró que cuando quieren, los diputados pueden. O mejor dicho, cuando los gobernadores quieren, los diputados pueden. “No se dimensiona que el daño ambiental no tiene marcha atrás”, aseguró un diputado.

“Todos los diputados con los que pudimos hablar entendían que no existe urgencia para tratar el capítulo ambiental en sesiones extraordinarias, con apuro, sin brindar un debate como corresponde en las comisiones correspondientes”, afirmó Jaramillo.

“Los diputados también dijeron entender que la ley ómnibus implica la modificación sustancial de leyes de protección al ambiente que se lograron con años de lucha, de participación y esfuerzo ciudadano”, agregó el director de Fundación Vida Silvestre.

Jaramillo explicó que, de hecho, la comprensión existe porque el único dictamen que mantiene las modificaciones a las leyes ambientales es el de mayoría, que presentó el oficialismo, y entre las disidencias de quienes los apoyaron se encuentran menciones a los temas ambientales. “Entonces no se entiende cómo el oficialismo insiste con llevar al recinto un proyecto de ley que mantiene el capítulo ambiental. Seguimos conversando con los diputados sobre esto. El pedido es diputado por diputado, confiamos en quienes han expresado su compromiso con la naturaleza y las personas”, aseguró Jaramillo.

ED/JJD

Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen realizar el gobierno de Javier Milei en la Ley Ómnibus. La nueva legislación libertaria complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (DNU), ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa, sostuvieron las organizaciones en un comunicado. 

Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de una página web y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus. La petición puede firmarse online en salvalasleyesambientales.org. 

“Las reformas a las leyes de Bosques, Glaciares y Control de Actividades de Quema que propone el proyecto de ley representarían evidentes retrocesos a la protección ambiental”, aseguró Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La única justificación válida para modificar estas normas es para brindar una protección mayor. Nunca para empeorarla. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados es ilegal e inconstitucional”, agregó Nápoli.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección”, afirmó Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos”, agregó Salas. “Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró.

 Las organizaciones que promueven la iniciativa son Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. Además, participan Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales y Sin Azul No Hay Verde.

También impulsan el petitorio Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.

Ley de Bosques

Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) la deforestación bajó un 40% comparado a la década anterior. Gracias a la norma, en el 80% de los bosques del país se prohíben autorizar desmontes (Categorías rojo y amarillo), informaron las organizaciones en un comunicado.

Se deben hacer estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte (en Categoría verde), y no se permite deforestar en territorios indígenas. Sin embargo, la mitad de los desmontes son ilegales.

Las multas no están sirviendo para frenarlos. Ante esto, en 2023, mediante una Consulta Popular iniciativa de Greenpeace el 99% de un total de 260 mil argentinos se manifestó a favor de penalizar desmontes ilegales e incendios.

¿Cómo podría afectar el proyecto de Ley Ómnibus si se aprueba? Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus permitirán que los gobiernos provinciales autoricen desmontes donde hoy está prohibido, y las topadoras podrán arrasar impunemente bosques para producción agropecuaria (soja y ganadería) y desarrollos inmobiliarios.

Además se desfinancia la ley, lo que repercutirá seriamente en los controles al desmonte ilegal y los incendios forestales, y en el fomento de actividades sustentables en los bosques. Por otra parte, se eliminarán mecanismos de acceso a información de comunidades indígenas y campesinas, explicaron las ONGs.

Ley de Glaciares

La Ley Nacional de Glaciares sancionada por el Congreso en el año 2010 tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos también en su potencial turístico, afirma el comunicado de las organizaciones.

¿En qué afecta el proyecto de Ley? El proyecto ley ómnibus cambiaría los artículos 1 y 2 de la ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Se realizaría una modificación en la ley a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglaciar, es decir, el entorno que se encuentra alrededor del glaciar y que permite que éste exista, sostienen los detractores de la iniciativa gubernamental.

La actual protección prohíbe la actividad minera y petrolera en zonas periglaciares. Este proyecto de ley ómnibus, elimina esa prohibición, con lo cual, no garantiza la protección de un ambiente complejo, que es resguardo de agua dulce y al que ya el calentamiento global puso en jaque, aseveraron las ONGs.

ED/JJD

Sabemos que muchas y muchos estamos enfrascados en la micromilitancia, en la recta final, empeñados en erigir un muro democrático para evitar el arribo de la ultraderecha en Argentina, representado por la dupla libertaria-militar Milei-Villaruel. Estamos viviendo momentos de honda angustia y dramatismo, una encrucijada no sólo política sino también ética, civilizatoria, para nuestro país, instalados ya en una tensa e interminable espera. Por eso mismo, quisiéramos invitarlos a cerrar los ojos un momento y tomarnos con ustedes un respiro para comentar un potente acontecimiento vivido el domingo pasado en un pequeño pueblo del sur de Córdoba, San Marcos Sud, situado en el corazón de la pampa sojera.

Allí se llevó a cabo el primer gran Festival Musical Socioambiental del país, “Canciones Urgentes para mi Tierra”, el “Woodstock Ambiental” como bien se dijo en las redes sociales, entre las 14 y la medianoche, en el cual pasaron reconocidas bandas musicales, muchas de ellas también de diferentes provincias argentinas, para acompañar la conmovedora experiencia de los y las niñas de escuelas rurales, dirigidos por el maestro y músico cordobés Ramiro Lezcano. Allí fuimos testigos del hecho político-ecológico más potente del que tengamos recuerdo en los últimos años.

Quisiéramos contarles sobre todo lo que sucedió en el horario central cuando subió al escenario Ramiro Lezcano, el maestro rural y músico que desde 2018 lleva a cabo este maravilloso proyecto, el de organizar un coro de niñes cantores que provienen de una veintena de escuelas rurales de la provincia, niñes que cantan sus propias canciones, compuestas colectivamente, donde se denuncia la crudeza e injusticia del agronegocio. Canciones ya grabadas (que ya van por el tercer disco), junto con famosos cantantes de toda América Latina (desde Rubén Blades, de Panamá, y Aterciopelados, de Colombia, hasta el cubano Pablo Milanés antes de su muerte; desde Chizzo Napoli de La Renga y Juanse hasta Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu y Juan Carlos Baglietto).

Habían pasado ya muchas bandas y casi siete horas de concierto. La gente bailaba, mientras los puestos de comida locales se multiplicaban al costado del predio, en una San Marcos Sud superada por las casi diez mil personas que pasaron ese día por el concierto. Con la noche y el frío, eran miles y miles los que se apretujaban de pie frente al inmenso palco central. Y el público seguía allí, firme e indesmayable, aguardando la llegada de los y las niñas cantoras.

Fue entonces, a eso de las 21, que subieron unos 40 niñes con sus guardapolvos blancos, junto con su maestro Ramiro Lezcano. Subió también el elenco estable de la orquesta sinfónica del teatro Libertador de Córdoba; aparecieron el gran, enorme León Gieco y el talentoso Lito Vitale. Y el público rugió de alegría y comenzó a conmoverse cuando el coro de niños alzó su voz, alta y potente, en el cielo de la noche cordobesa. 

El maestro Ramiro contó la anécdota, refiriéndose a un periodista que le había preguntado si el festival “era un concierto contra el campo”. Él respondió: “¿Cómo va a ser contra el campo, si nosotros somos el campo? Son alumnos de escuelas rurales”. Dejó así en evidencia la mirada hegemónica del denominado “campo”, emparentada de modo lineal sólo con el agronegocio.   

En la segunda o tercera canción, una decena de esos niñes se plantó en la primera línea del escenario, frente al público, desafiantes, con máscaras antigas cubriendo sus rostros. Imposible no ver esas máscaras negras sobre los guardapolvos de les infantes que además aparecían proyectadas en enormes pantallas al costado del palco.

La música comenzó con un “seño, seño, mirá el avión”. Entonces se escuchó el inquietante bramido de las avionetas fumigadoras de agrotóxicos. Y les niñes, en una sola voz alta que nos puso de inmediato la piel de gallina, arrancaron con la estrofa: “Caranchos de metal, caranchos de metal... Soldados de la muerte”. Imposible no conmoverse, mucho menos no llorar mientras todos escuchamos por segunda vez la canción (es, creemos, el mismísimo León Gieco que concentrado, pregunta a los y las niñas: “¿Repetimos la canción?”). Ramiro Lezcano, ese joven maestro rural tocado por la magia y la bondad, sigue acompañando con su guitarra, mientras el coro vuelve a cantar “Caranchos de metal”. Y las madres de todos esos niños y niñas al lado del escenario, donde nosotros seguimos apretujados, ya sin tratar de ocultar nuestras lágrimas, también cantan y rugen con ellos...

Basta escuchar esta canción y la que le sigue, “Bichitos de luz”, que habla de la desaparición y exterminio de las luciérnagas en los campo de soja, para comprender que no existe un hecho más potente, más revolucionario que las voces de estas niñeces amenazadas, que cantan a voz en cuello, para despertar la adormilada conciencia ambiental de la sociedad argentina.

Cerremos los ojos otra vez y pensemos: Niñeces amenazadas. Adultocentrismo, ruptura del llamado Pacto intergeneracional. Tres cuestiones que nos llevan a abrir los ojos para pedir perdón en público a esos niños y niñas del campo argentino, a todas esas niñeces amenazadas de nuestro país. Perdón niñes por haber roto nuestra parte del pacto intergeneracional, ese que decía que debíamos garantizarles un ambiente sano, un mundo vivible y respirable, como el que conocimos nosotros en nuestras infancias. Perdón por todos aquellos que creen que se trata solo de crecer y crecer, de extraer y producir infinito, apostando a modelos de desarrollo devastadores, mientras desertifican los territorios y les dejan un planeta roto, herido por el colapso. Perdón por todos aquellos que se quejan de la sequía, mientras siguen creyendo que no es la economía la que debe adaptarse al clima y a la naturaleza; sino la naturaleza y el clima a la economía. Perdón por todos aquellos que siguen pensando que los caranchos de metal son un símbolo del progreso y del desarrollo del campo argentino.

Gracias por generar un lugar de (re) encuentro con compañeros y compañeras de todo el país. Un momento de esperanza con risas, de cariño y ternura, importantísimo en épocas de individualismos y encierros prolongados en la postpandemia. Necesitamos vernos en persona, salir de nuestra zona de confort, de nuestro ombliguismo y nuestra apatía, y coincidir, apostar al amor y abrazarnos más, porque la salida es colectiva.  

Tenemos la obligación de escucharlos, de apoyar a estos niños y niñas, expresión de la ruralidad, “del interior del interior”, como dice Lezcano, con sus voces multicolores, voces que nos cantan, nos gritan, nos impulsan a realizar transformaciones sociales y ecológicas de modo urgente.

Y gracias, sobre todo, por abrirnos la puerta de la esperanza, por ser esos “bichitos de luz” que todavía aletean con alegría en medio de la oscura noche de la pampa sojera. Gracias por abrir la posibilidad de pensar que otro campo es posible. Gracias por devolvernos la idea de que todavía es posible construir un mundo mejor. Porque a la hora de agitar la conciencia ambiental, un concierto como el del 12 de noviembre realizado en un pequeño pueblo rural vale más que todos los libros que podamos escribir sobre el tema. Necesitamos uno, dos, tres, infinitos conciertos urgentes para nuestra tierra.

MS/EV/JJD

El Ministerio de Economía envió al Congreso –por segundo año consecutivo– una “separata” junto al Proyecto de Ley de Presupuesto que sugiere revisar beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que favorecen, particularmente, a grandes firmas y corporaciones por tener un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Paralelamente, el pasado 11 de octubre obtuvo media sanción un régimen de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que se suma a un extenso listado de beneficios tributarios que hoy representan un 4,7% del PBI.

Los gastos tributarios son tratos fiscales diferenciados que benefician determinadas actividades, zonas, sujetos y/o consumos. Fueron y son utilizados con el objetivo de atraer inversiones, pero se desconocen sus impactos económicos, sociales y ambientales. Muchos de estos beneficios, como los que promueven la industria minera o el régimen de Tierra del Fuego, se aprobaron respondiendo a coyunturas específicas y/o a la presión de determinados grupos de poder, sin participación ciudadana ni justificaciones adecuadas.

Este es el caso del Proyecto de Promoción del GNL que tuvo un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados/as y fue cuestionado por la falta de diálogo. De hecho, de las sesiones informativas sólo participaron autoridades del Ejecutivo y de YPF (esta última con una extensa participación en la elaboración del proyecto) y, apenas transcurridos tres meses de iniciado el tratamiento, se convocó a una última sesión para dictaminar, sin que haya habido ninguna instancia en la que se escuche a las comunidades de las zonas afectadas, organizaciones ambientalistas u otros actores interesados.

La falta de debates genuinamente participativos y plurales es moneda corriente en la definición de este tipo de regímenes. Este proyecto en particular se da en un contexto en el que Vaca Muerta ha sido señalada como una “salvación” ante la falta de dólares y de gas, y en el que –sin importar de qué gobierno se trate– se apuesta  a incentivar la llegada de capitales para la explotación de hidrocarburos. 

El proyecto que tuvo media sanción la semana pasada da beneficios a empresas que realicen inversiones destinadas a la licuefacción de gas natural y actividades asociadas. Entre otros beneficios establece la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la compensación de quebrantos, la estabilidad fiscal por 30 años y el acceso al libre mercado de cambios de hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto. 

En el debate parlamentario se argumentó que la estabilidad fiscal es necesaria para compensar la inestabilidad económica del país, dar previsibilidad al desarrollo de la actividad y equilibrar la balanza del intercambio comercial. A su vez, el mensaje que acompaña el proyecto indica que éste “permitirá la generación de trabajo genuino”. Sin embargo, estas previsiones no cuentan con parámetros ni mecanismos para verificar su cumplimiento, ni con líneas de base para evaluar sus impactos ambientales y a la salud de las personas que habitan en los territorios donde operan las empresas. Tampoco se solicitó un informe sobre el impacto fiscal del proyecto a la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el debate en el recinto sólo se introdujeron exiguas modificaciones relativas al cumplimiento de obligaciones ambientales y a la aprobación de permisos ambientales pero poco se dijo sobre interrogantes fundamentales, como por ejemplo: ¿cómo se medirá el desarrollo productivo y económico?, ¿qué herramientas institucionales existen para asegurar que el régimen sea efectivo?, ¿cómo se van a medir los costos fiscales y extrafiscales?, ¿hay instancias de monitoreo y rendición de cuentas?.

Organismos de derechos humanos advirtieron acerca de  los impactos negativos de la industria hidrocarburífera sobre los derechos de las comunidades y llamaron a transparentar esta información. También señalaron las consecuencias negativas de los beneficios tributarios injustificados a este sector, dado que aumentan la regresividad de los sistemas fiscales y limitan la capacidad de los Estados para recaudar los recursos necesarios para financiar la transición energética. De hecho, aspectos como la estabilidad fiscal por 30 años y el desarrollo de infraestructura hidrocarburífera podrían limitar la sustitución de energías fósiles y el desarrollo de una matriz energética compatible con la neutralidad de emisiones, en detrimento de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.

En un contexto en el que las discusiones públicas se centran en la austeridad y la reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo que se exacerban opiniones que desconocen el rol que el Estado debería tener para garantizar los derechos, es clave que la política fiscal se discuta como lo que verdaderamente debe ser: una herramienta para transformar y mejorar la realidad y para definir en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a los derechos.

Es necesario condicionar los gastos tributarios al logro de objetivos comprobables y limitarlos en el tiempo. Si bien el proyecto del GNL establece que la Autoridad de Aplicación tendrá facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios/as del régimen, no prevé una evaluación sujeta a resultados que constituya un verdadero monitoreo constante y justifique los fondos dejados de recaudar. Este caso es un ejemplo paradigmático de las contradicciones e inequidades de nuestro sistema fiscal y refleja claramente los déficits democráticos con que se aprueban y sostienen los gastos tributarios. Sin embargo, sigue su trámite sin que la sociedad cuente con información precisa y confiable sobre sus impactos. 

La preocupación por los costos fiscales y socioambientales de los beneficios fiscales y el derecho de las comunidades interesadas –y de la ciudadanía en general– a ser partícipes en la construcción del modelo de desarrollo de sus territorios, constituyen aspectos centrales que deben tener su lugar en el debate legislativo.

La autora es abogada y consultora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Está en Albania y se llama Vjosa, como la presidenta de Kosovo y otras muchas mujeres que nacen cerca de su orilla. Este río, que como una espina dorsal recorre de un extremo a otro este pequeño país de Europa, uno de los más pobres del continente, ha pasado de ser un símbolo nacional y un nombre propio femenino, a convertirse en uno de los pocos ríos del mundo en ser declarado parque nacional.

Con 80 kilómetros al otro lado de la frontera con Grecia, la protección incluye, por ahora, los 190 kilómetros por los que discurre en territorio albanés, donde el agua fluye de manera salvaje, sin ningún tipo de barrera ni obstáculo artificial.

Firmado en marzo de 2023, el acuerdo supone un hito en la historia del conservacionismo y de la protección ambiental. Hace del Vjosa el modelo a seguir para otros ríos de la región balcánica. Esta zona de Europa concentra el mayor número de aguas fluviales no intervenidas del continente, algo que organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y activistas ambientales están decididos a preservar.

“Ningún joven europeo sabe cómo es un río vivo, en estado salvaje, porque en el resto de Europa ya no existen”, afirma Ulrich Eichelmann, fundador de la organización Riverwatch y uno de los activistas que lleva una década trabajando para proteger el Vjosa y sus afluentes.

De un agua prístina y enclavado en un paisaje idílico de valles y montañas, este río, el segundo más largo de Albania, nace en los montes del Pindus, en Grecia, discurre por estrechos cañones, llanuras y bosques a lo largo de 270 kilómetros hasta que desemboca en la costa adriática albanesa, formando un amplio delta. Su hábitat registra más de 1.100 especies diferentes de flora y fauna, entre las cuales 15 se encuentran seriamente amenazadas.

Animales como la nutria, el alimoche o el lince balcánico, del que se calcula que solo quedan 15 ejemplares en el país, dependen de él, al igual que un tercio de la población nacional, la mayor parte habitantes de pueblos pequeños que viven de la agricultura y del pastoreo. “La gente que ha crecido a orillas de este río se siente muy orgullosa de él y no puede imaginar su vida sin el Vjosa”, relata Besjana Guri, cofundadora de Ecoalbania, una ONG creada con académicos de la Universidad de Tirana. Pero concede: “Es verdad que los albaneses, durante muchos años, no hemos sabido valorar el río tan especial que tenemos, no creíamos que fuese único en Europa”.

Ningún joven europeo sabe cómo es un río vivo, en estado salvaje, porque en el resto de Europa ya no existen

Ulrich Eichelmann — Fundador de RiverWatch

Besjana cuenta cómo todo empezó en 2010, cuando el Gobierno de Albania “decidió convertir el país en una potencia regional de la energía hidráulica”. Se planificó la construcción de unas 700 centrales  hidroeléctricas, 45 de ellas en el río Vjosa. “Nosotros comenzamos nuestras protestas en una de las más grandes, Kalivaç; la concesión se otorgó en 1997, las obras empezaron en 2002 y cuando iniciamos la campaña en 2014 el proyecto se había congelado, con un 20% de las obras ya acometidas”.

Siete años después, en 2021, el Ministerio de Medio Ambiente albanés ganó el juicio tras la demanda impuesta por la empresa promotora de la presa, la constructora turca Ayen y el proyecto se suspendió definitivamente. El Ejecutivo albanés alegó que la construcción, de 46 metros de alto y 445 metros de largo, con una producción de 366 gigavatios por hora al año, tendría consecuencias devastadoras e irreversibles sobre el ecosistema del río. En la actualidad, el 90% de la electricidad que genera Albania procede de la energía hidráulica.

Retrasos en las concesiones y en la puesta en marcha han provocado que solo un tercio de los proyectos planeados esté en marcha. Por otro lado, el país registra el mayor número de horas de sol al año de Europa –286 días–, pero solo un 1% de la producción energética proviene de la energía solar. “Después de muchos años de concienciación, la opinión pública se ha convencido de que la energía hidráulica no es tan limpia”, explica Basjana, en alusión a una encuesta que llevaron a cabo a nivel nacional y en la que un 94% de los albaneses se mostró a favor de la creación de un parque nacional para el río Vjosa. La organización ha llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización durante los últimos años, un movimiento al que se han ido sumando otras organizaciones internacionales y entre todas han logrado hacer de la protección del Vjosa una demanda global.

Tras una veintena de acciones por todo el mundo, peticiones online, estudios apoyados por 776 científicos, el apoyo de celebridades como Leonardo DiCaprio y el estreno de un documental sobre los ríos salvajes de los Balcanes en 2021, el gobierno albanés se mostró dispuesto a proteger el río. “Nosotros reclamábamos proteger todo el curso del río, tanto el cauce principal como sus afluentes, pero el gobierno insistía en otorgarle una categoría inferior, de parque natural y no nacional, y no para todo su recorrido”, denuncia Besjana.

Finalmente, el Ejecutivo albanés cedió y el pasado 15 de marzo el río Vjosa –y tres de sus afluentes principales– se convirtió en el primer parque nacional fluvial de Europa, tras un acuerdo entre el Gobierno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la marca de ropa deportiva Patagonia, que financiará la puesta en marcha del parque natural y también impulsó el documental The Blue Heart of Europe.

El corazón azul de Europa

Los ríos son el hábitat más amenazado del mundo. Según Riverwatch, la población de distintas especies de peces migratorios ha descendido en un 94% en Europa desde 1970. Una de ellas es la anguila europea, en peligro crítico de extinción tras décadas de pesca no regulada. El alarmante declive que sufría la población de anguilas tanto en la costa mediterránea como en los ríos europeos llevó a la Unión Europea a aprobar en 2007 una regulación específica para esta especie. Pero en el sur del continente, entre Eslovenia y Grecia, el escenario es diferente.

En el llamado corazón azul de Europa se pueden encontrar auténticos ríos vivos y salvajes, con una biodiversidad inimaginable unos cientos de kilómetros más al norte. “El 80% de los 35.000 kilómetros de río que hemos analizado está en condiciones buenas o muy buenas y el 30% es virgen; en el resto de Europa es al revés, el 80% está en malas condiciones”, detalla Ulrich Eichelmann.

Especies como la citada anguila, el salmón del Danubio, la rana albanesa, y otras amenazadas como el mejillón y el caracol de agua dulce han encontrado en estas aguas su refugio, ya que según Ecoalbania y Riverwatch, tres de cada cuatro de estas especies son muy vulnerables a la construcción de presas.

En países como Suiza o Austria, en los Alpes, “cada 900 metros hay una presa”, apunta Ulrich. Sin embargo, debido al aislacionismo de los regímenes comunistas de la región, y posteriormente a la guerra de Yugoslavia, este despliegue de obstáculos empezó a llegar a los Balcanes más tarde, a comienzos de la década de los años 2000. Albania, Macedonia y Serbia tienen prevista la construcción de 2.796 presas en los próximos años, algo que los integrantes de la campaña internacional Save the Blue Heart of Europe intentan frenar antes de que sea demasiado tarde. Su foco se centra en cuatro áreas particularmente valiosas: los ríos de Bosnia Herzegovina; el río Vjosa en Albania; el Parque Nacional Mavrovo, en Macedonia, el más grande del país; y el río Sava, que pasa por las capitales de Eslovenia (Liubliana), Croacia (Zagreb) y Serbia (Belgrado) hasta confluir en esta última con el Danubio.

“Supimos de esta región de Europa cuando nos contactaron las organizaciones que trabajan en el río Vjosa”, comenta Beth Thoren, de Patagonia, sobre el documental Blue Heart of Europe. “Los sucesivos conflictos y la guerra han provocado que esta región se haya desarrollado poco, algo tremendamente desafortunado para su población, pero que ha significado que la naturaleza se preserve de manera extraordinaria. Los Balcanes son la joya natural de Europa”.

La película destaca la implicación de las poblaciones rurales para impedir la construcción de centrales hidroeléctricas, como los habitantes de Kuta, en Albania. El proyecto aprobado para la presa de Poçem dejaría sus casas bajo el agua, inundaría su pueblo. Junto con las organizaciones Euronatur, RiverWatch y EcoAlbania, los vecinos se unieron y denunciaron el plan de construcción ante los tribunales. En mayo de 2017, la Corte Administrativa de Tirana les dio la razón y la sentencia se convirtió en la primera causa judicial ambiental en la historia de Albania.

“La gente de un lugar se une y protesta cuando se trata de la construcción de presas pequeñas; para las más grandes la cosa cambia, si hay beneficio económico, la población no se levanta tan fácilmente”, incide Ulrich Eichelmann, de Riverwatch, quien estuvo implicado en el juicio de Kuta. “Pero lo cierto es que no he encontrado ningún otro lugar en Europa donde haya tanta concienciación acerca de la necesidad de proteger los ríos como en los Balcanes”, concluye este conservacionista alemán.

Desarrollo a través del ecoturismo

Albania es uno de los países más montañosos del sur de Europa. Su geografía ha vivido 47 años de dictadura comunista, hasta 1991, y guerras en la región, como la de Kosovo entre 1998 y 1999, en la que la población albano-kosovar se enfrentó a la serbia. Las décadas de ostracismo y de inestabilidad política aislaron a este pequeño país de apenas tres millones de habitantes del resto del continente. Actualmente su PIB per capita es de 8.187 dólares, el mismo que tenía España en el año 1987. En 2014, su candidatura para formar parte de la Unión Europea fue aceptada oficialmente, aunque todavía no hay fecha prevista para su incorporación. Este lento desarrollo socioeconómico hace que casi la mitad de la población siga viviendo en zonas rurales.

No he encontrado ningún otro lugar en Europa donde haya tanta concienciación acerca de la necesidad de proteger los ríos como en los Balcanes

Ulrich Eichelmann — Fundador de Riverwatch

“El aspecto cultural relacionado con la vida junto al río todavía se mantiene, el Vjosa pasa por ocho municipios donde viven agricultores y granjeros. Es como hace varios siglos en otras partes del mundo y eso es lo que hace única esta región”, describe Thoren.

“Nuestra intención es preparar todo de manera muy profesional, atraer a otros financiadores y que Patagonia, que ha previsto una inversión de casi dos millones de euros para los próximos tres años, pueda entonces desvincularse e iniciar el mismo proceso en otro río de la región, tomando este como modelo”, asegura. Se espera que el parque, de 12.727 hectáreas, entre en funcionamiento a partir de 2024. Mientras, el gobierno albanés asumirá los gastos operacionales –de personal, por ejemplo–, la compañía financiará proyectos para restaurar la flora y la fauna y desarrollar el ecoturismo y construir un centro de visitantes.

Impulsar el turismo de calidad es uno de los objetivos del Gobierno de Albania. Con una quinta parte de su territorio protegido –12 parques nacionales y 25 reservas naturales– el país busca atraer a un turista amante de la naturaleza, con dinero, y que planee pasar al menos una semana visitando tanto la costa como el interior. El sector turístico está en alza. Según un estudio publicado en 2022 por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el turismo representa más del 20% del PIB de Albania; solo el año pasado el país atrajo a 7,5 millones de visitantes, más del doble de su población. Si bien la mayor parte procede de países vecinos y se concentra en la costa, densamente construida, cada vez son más los visitantes de otros países europeos como España, Francia o Países Bajos que se sienten atraídos por el exotismo de un país poco visitado y con precios muy bajos si se comparan con Croacia y otros de la zona.

“Este es un momento histórico para la naturaleza y para el desarrollo social y económico”, declaró el primer ministro albanés Edi Rama, en la ceremonia de declaración del parque nacional de Vjosa en marzo. Añadió que los parques nacionales atraen un 20% más de turistas que las zonas no protegidas. Es la otra cara de la moneda de la protección ambiental. Organizaciones como Riverwatch y Ecoalbania, implicadas desde el inicio en la defensa del río, son conscientes de que esta categorización internacional, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección, sirve de reclamo para un nuevo modelo de negocio.

“Este tipo de parque nacional es muy excepcional porque protege todo el curso del río, sí, pero solo incluye su cuenca y algo más de terreno en caso de crecida, el resto del territorio está en manos de miles de propietarios particulares”, señala Ulrich Eichelmann.

“Construir un hotel, por mucho que sea eco, a la orilla del río, es absolutamente inaceptable”, afirma Beth Thoren. También habrá que regular muchas de las actividades que se realicen en el río, “se podrá hacer rafting pero de manera controlada, porque si mucha gente camina sobre el lecho de grava del río, empezará a destruirse el ecosistema”, advierte la experta.

En 2019, el actor Leonardo DiCaprio lanzó un tuit con una imagen de las aguas turquesas del Vjosa: “Este es uno de los últimos ríos salvajes de Europa, pero ¿por cuánto tiempo?”. El gobierno albanés acaba de iniciar conversaciones con su homólogo griego para ampliar la protección y crear un parque transfronterizo que proteja todo el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura.

El Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, dispuso no hacer lugar a la solicitud de desalojo del predio ubicado en avenida San Roque y Ruta 20, donde ambientalistas acampan desde el pasado lunes en rechazo a la construcción de la megaobra “Parque Acueducto Vulpiani” que pretende realizar el Gobierno provincial.

La medida había sido solicitada por la Fiscal de Instrucción Nº 4 de la 1º Circunscripción Judicial, Dra. María del Valle Durán y en sus considerandos el juez sostuvo que “no se encuentra claramente justificado e individualizado el o los delitos que provocan la competencia de este Juzgado de Garantías”.

Esta decisión judicial provocó el retiro de los trabajadores y de las máquinas de la empresa del lugar.

La “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani” recibió en la tarde de ayer el resolutorio judicial que distendió la protesta que continúa hoy con el objetivo de frenar la obras, hasta lograr los acuerdos de resguardo ambiental necesarios.

Esto es así porque los asambleístas sostienen que la obra diseñada por el Gobierno de la Provincia de San Luis, “destruiría el ultimo pulmón verde” que posee la citada localidad de Juana Koslay.

Asimismo, el Magistrado, que cuenta con formación en derecho ambiental, puso como obligatoriedad lo dispuesto por la Ley Yolanda para fundar su resolución con “perspectiva en desarrollo sostenible, con énfasis en el cambio climático, considerando la dimensión ambiental y los impactos secos sistémicos, económico-productivos y sociales de cualquier acto, sea este ejecutado por particulares o el Estado”.

Destacó la postura sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente de la CIDH en la Opinión Consultiva y su importancia “para todos los Estados del Planeta distinguiendo el derecho al medio ambiente sano como protector de otros derechos humanos como la vida, la salud y la integridad personal, estableciendo la necesidad de que los Estados realicen el correspondiente control de convencionalidad para la protección de derechos humanos”.

Finalmente, el juez dijo que existe la necesidad de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad de todo los estudios de impacto ambiental aludidos por la Fiscal de Instrucción, y los que pudieran practicarse en el futuro por la justicia especializada, a los fines de “evitar la posible conculcación de derechos de incidencia colectiva, de titularidad de futuras generaciones y amparados constitucionalmente como los del denunciante”.

Paralelamente a la resolución que trajo alivio a los y las asambleístas, quienes vivieron momentos de tensión bajo la amenaza de criminalizar la protesta, presentaron al jefe comunal de Juana Koslay, Jorge Videla, un proyecto de reserva natural comunal con el apoyo académico de geólogos y biólogos que colaboran con la asamblea.

En este proyecto, además, convocaron a la participación popular con propuestas a definir sobre el manejo del espacio común.

“No nos oponemos a que el espació sea intervenido”, afirmaron los asambleístas, y para ello solicitan que se haga “con racionalidad y consulta pública popular para garantizar la licencia social que requiere el espacio que es vital para la vida de nuestra comunidad”.

La Asamblea continúa acampando y deliberando en el lugar, con un flujo de personas que en forma permanente se acercan para brindar su apoyo, contribuir con alimentos diarios y participar de las deliberaciones que se dan para definir el futuro de un espacio, que desde hace una semana, se convirtió en un punto común del aporte ciudadano.

Con información de agencias.

IG

Un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y defensoras de los derechos humanos marcharán este miércoles a las 17, desde el Obelisco hasta la sede del Ministerio de Salud, en contra del “modelo del agronegocio, los transgénicos y el uso de agrotóxicos, que atenta contra la salud socioambiental y la soberanía alimentaria”, informaron los convocantes a la movilización.

Se trata de una nueva edición de la denominada “Marcha Mundial contra Bayer-Monsanto y los agronegocios”, que se realizó por primera vez 2013, en forma simultánea en distintos países y que iba a concretarse el último sábado en el centro porteño, pero fue reprogramada.

Según adelantaron los organizadores, se alertará sobre que en Argentina “se rocía con 500 millones de litros de agrotóxicos al año” y que “tiene el récord de ser el país que más glifosato por persona aplica del mundo”.

“La Argentina tiene el lugar de primer país colonizado por este modelo en Latinoamérica, con la rápida expansión de la frontera sojera y el abandono de cultivos alimentarios en pos de commodities o insumos de exportación para el mercado global”, aseguraron desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones.

Además, criticaron “la reciente aprobación del trigo transgénico HB4 en el país” y advirtieron que “ya son 25 las empresas que están comercializando esta molienda a la población en forma de pan, fideos y otros productos”, según denunciaron en un comunicado.

Con información de agencias.

IG

Todos los 22 de abril se celebra el Día Mundial de Tierra, una efeméride que nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta y preservar sus recursos para darle una mejor esperanza de vida a las generaciones futuras. Su objetivo es convientizar a la población sobre las cuestiones ambientales que ponen en peligro la vida en la Tierra.

Oficialmente, la fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2009. Sin embargo, se celebra desde el año 1970, cuando el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propuso la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de dos mil universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades.

Nelson buscaba crear una conciencia común a cuestiones que todavía no estaban en agenda, como la sobrepoblación, la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Junto a la presión social, colaboró para que el gobierno de los Estados Unidos creara la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente.

En 1972, se celebró la primera conferencia internacional sobre el medioambiente: la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales.

El primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana, para que estudiantes escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Actualmente se celebra alrededor del mundo, y para la ocasión se organizan actividades que consistan en acciones que reduzcan el daño ambiental.

El cambio climático, es decir los cambios provocados por el humano en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, aceleran el ritmo de deterioro del planeta.

LC

El 18 de enero, el presidente Guillermo Lasso reiteró en Suiza su oferta de que el archipiélago de las Islas Galápagos, a mil kilómetros de la costa, reconocido patrimonio cultural de la humanidad en 1978 y reserva de la biosfera en 1984, sea la sede de una conferencia diplomática para firmar en 2025 un nuevo acuerdo global contra la contaminación por plásticos. Desde entonces, ha ido dando detalles de un plan que declara el doble propósito de preservar mejor el medio ambiente del archipiélago y encontrar alivios para el ahogo de la deuda externa nacional.

Hay que decir que los detalles que aporta el Gobierno ecuatoriano representan precisiones, pero no significan sorpresas. Antes que el compromiso ambiental de la administración derechista que gobierna Ecuador desde 2021 son sus objetivos políticos, sin embargo, los que se advierten en un muy primer plano. No habría por qué considerar ilegítimas de por sí las voluntades de mejorar la imagen presidencial o la de situar mejor al país frente a la renegociación de su deuda externa. Pero la apropiación presidencial de las Galápagos, a un tiempo decidida y desenvuelta, como pieza de canje en los intercambios internacionales promete no sólo frustraciones sino resistencias regionales y populares aun más vivas que las que el presidente derechista, es banquero y supermercadista, ha encontrado en el curso de su primer año en el Palacio de Carondelet.  

Atún enlatado y exclusiones isleñas: naturaleza, pesca, riqueza ultramarina y miserias domésticas  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático / COP 26 celebrada entre el 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, el presidente Lasso anunció con solemne euforia que su gobierno incrementará la reserva marítima de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados. Los aplausos del jet set mundial presente fueron inmediatos: se oyó al multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, al premiado actor de Hollywood y activista ambiental Leonardo Di Caprio. La iniciativa de extender el área de reserva ya vigente preveía una división económica que dividía al archipiélago pacífico en dos zonas: 30 mil kilómetros cuadrados de no producción pesquera desde la Cordillera de los Cocos y otros 30 mil de zona de no palangre al noroeste de la reserva. En total, la reserva alcanzaría ahora una superficie de 190 mil kilómetros cuadrados.

La ampliación así programada – para un área del Pacífico cuya importante reserva de vida marina atrae año tras año más y más embarcaciones pesqueras de flotas asiáticas- originó encontradas opiniones.  

El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) ecuatoriana, Bruno Leone, sostuvo que el aumento anunciado de la zona de protección –y exclusión- de la navegación marítima alrededor del archipiélago de Galápagos redundará en un perjuicio “terrible” para las exportaciones de pescado nacionales. La pesca en la franja que se propone conservar  representa el 25% del total de producción anual de Ecuador; en particular, 280 mil toneladas de atún procesadas y enlatadas cada año.

Además, la constitución y gestión del fondo de conservación, según el proyecto, por mor de internacionalizar el conservacionismo, sería manejada desde EEUU. “Ahora queremos que gente de afuera administre nuestro mar territorial”, concluye Leone.

Entre los colectivos que por el contrario ven con mejores ojos la iniciativa presidencial se cuenta Más Galápagos, que reúne a  156 organizaciones nacionales, regionales, y mundiales. Uno de sus referentes, Eliecer Cruz, asegura que la actual zona de protección ha ayudado a preservar el 95% de los leones marinos y el 99,6% del león peletero. En las especies migratorias donde la cobertura es baja, aumentaría. El 21% de los albatros protegidos con la extensión del área pasaría al 91 por ciento. El tiburón martillo ahora protegido en un 40%, subiría al 90 por ciento. Entre las especies en peligro de extinción que más se beneficiarían se encuentran el tiburón ballena y la tortuga laúd, cuya población ha disminuido en 95% durante los últimos 75 años.

Por detrás del anuncio oficial de Quito se advierten otros propósitos del gobierno, a más cercano o alejado plazo, en apariencia –pero sólo en apariencia según la presidencia Lasso- difíciles de conciliar conceptualmente de inmediato con aquel central y declarado de la conservación de las 13 islas ‘encantadas’ que conforman el archipiélago Galápagos per se. La conservación traería dinero, añade de inmediato la administración, porque favorecería un turismo de elite. Así lo expresó por tweet el ministro de Turismo Niels Olsen. Las exigencias mayores de la conservación, los gastos mayores que implicará el mantenimiento, control, atención y prevención y reparación de estragos (el más reciente, y más catastrófico, la erupción volcánica de 2019), se pagarían con un turismo exclusivo que pagaría mucho más: “cada día se vuelve más relevante e importante la sostenibilidad de los destinos para los turistas”. Hay otros fines económicos, reconocidamente más mediados pero abiertamente menos modestos. Así se infiere del anuncio del presidente Lasso, quien aseveró que adoptó esta decisión luego de consultar a representantes de los intereses pesqueros: los recursos que se obtengan servirán también para equipos tecnológicos que permitan la inversión  en infraestructura mínima en las tres principales islas del Archipiélago: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela .  

La propuesta de Lasso: naturalmente, nada nuevo bajo el sol

La propuesta de financiación de la iniciativa para lograr inversiones ambientales se basa en un canje de la deuda externa del Ecuador. Una iniciativa anterior fue presentada en 2007 por el ex presidente Rafael Correa: la protección del Yasuní-ITT. A cambio de un fondo común de millones de dólares, el gobierno de Ecuador se comprometía a no extraer petróleo y proteger a esa parte del Parque Nacional Yasuní, llamada Yasuní ITT.  En esa región, los depósitos de petróleo llegan a más de 1674 barriles, con un valor de 5.400 millones de euros. El destino de estos fondos se preveía para el ecoturismo y la construcción de escuelas para la población indígena. Sin embargo, el plan de derrumbó cinco años después por el incumplimiento de ambas partes, y comenzaron  las  perforaciones.  

El gobierno terminó autorizando la explotación en el corredor de bloques petroleros de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT)  en 2013 y fue rechazado el intento de consulta popular emprendido por el YASunidos  contra la extracción de crudo en ITT.

En febrero de 2021, Oceans Finance Company (OFC) y Robert Weary, consultor de The Nature Conservancy, a favor de la conservación propusieron una iniciativa similar al ex presidente Lenin Moreno, sucesor de Correa, y antecesor de Lasso: comprar 1.000 millones de bonos de deuda externa ecuatoriana, con un valor de 600 millones de dólares en el mercado secundario, para financiar los proyectos de protección de las Islas Galápagos. Con el rédito financiero de dichos papeles se buscaba conservar la nueva área marina que complemente a la actual Reserva de Galápagos. El Estado ecuatoriano administraría los recursos obtenidos. El proyecto se enmarcaba en la “economía azul”, preocupada por los océanos.

Carlos Larrea, director del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Jesús Ramos, rector de la Universidad USFQ, en 2021 relanzaron la propuesta de permuta. Un canje de deuda para intentar salvar 200.000 hectáreas de selva en 10 años, y aportar con un ahorro de 117 millones de toneladas de CO₂ en el mundo. 

En lugar de pagar la deuda con China usando dólares o petróleo, Ecuador destinaría los fondos del servicio de la deuda a una acción concreta que reduzca o al menos evite más deforestación. Los recursos serían administrados por un tercero para evitar los riesgos de la corrupción. Tanto Ecuador como  China contribuirían para reducir la pérdida de biodiversidad al proteger la Amazonía. Ecuador, altamente endeudado, dispondría de recursos para asumir esa tarea. China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el planeta, contribuiría a proteger la selva amazónica. 

El desvelo de la deuda externa y el sueño de los pagadores con prisa

El canje de deuda por territorios, antes sin ningún criterio ambiental citable como justificación, es parte de la historia de la “deuda eterna” ecuatoriana. A mediados del siglo XIX el gobierno ecuatoriano buscó una vía expedita para liberarse del yugo de la impagable deuda de la Emancipación nacional entregando en pago territorios en la Amazonía. No cualquier tierra: en la región del Pailón Esmeraldas, con el mejor puerto natural de Ecuador, y en la región de las actuales provincias de Cañar y Guayas. En paralelo, alentaban la inmigración europea para colonizar esas tierras.

Hace menos de 100 años, se cambió, por el Gobierno, el objeto de la permuta express. Sólo un cálculo a la baja de la rentabilidad de los dos enclaves verdes los salvó de la enajenación y degradación ambiental fatales. Porque en el siglo XX, Quito subió la apuesta, y ofreció el único territorio ecuatoriano sin par en el mundo, precisamente el archipiélago de Galápagos. Retrocediendo otros 100 años antes de ese comercio frustrado, en 1835 el naturalista británico Charles Darwin había desembarcado en las islas. Del estudio de tiburones, tortugas, pájaros y reptiles que conoció en el archipiélago volcánico derivó convicciones clave que tomaron forma en su teoría, de siempre vigente relevancia, de la selección nacional y la evolución de las especies. Las Galápagos siguen siendo un laboratorio viviente sin igual, ofreciendo condiciones únicas para las ciencias naturales, pero su valor es fatalmente superior a cualquiera de sus precios.   

La supervivencia de los descuentos más aptos para el lucro

Ya cuando la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980 fueron consideradas con progresiva atención y expectativa las posibilidades de obtener descuentos en el mercado secundario. Nuevas vetas de especulación desgastaban su novedad: bancos, financieras y financistas, grandes empresas y grandes empresarios concertaron matrimonios de conveniencia entre descuentos y lucros de la deuda: los primeros perpetuaban a los segundos, los segundos hacían hallar a los primeros. La vía mayor era la compra mayorista, con enormes descuentos, de títulos de deuda, luego transformados en significativas utilidades tras convertirlos en moneda nacional.

Análogamente, los grupos conservacionistas desbrozaron otros caminos para dotarse de recursos que les permitan impulsar y fondear inversiones en su área de preocupación interés. Thomas Lovejoy, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) propuso en 1984 la conversión de unidades de las deudas externas en otras tantas actividades de conservación de la naturaleza.

Antes de la dolarización que llegó con la aurora del siglo XXI, en el Ecuador el canje ‘natural’ se dio casi a la par de varias medidas monetaristas como la sucretización de la deuda externa. Este mecanismo sirvió para estatizar la deuda de los agentes económicos privados. Quienes se beneficiaron con estas operaciones ganaron enormes y desproporcionadas utilidades. Ante todo, de los beneficios de esta inequidad gozaron la banca privada y también varias empresas extranjeras. A la sombra de estas operaciones financieras poco difundidas o, cuando conocidas, presentadas al público como tan desesperadas como salvíficas, tan indeseables como en suma inevitables, empezó a ensancharse el horizonte de conversiones y trueques de deuda por proyectos sociales y ambientales. Ampliamente publicitados fueron estos bocetos. Lucía más fácil, y menos mendaz, la comunicación de beneficios para la sociedad en su conjunto, para la cual se diseñaba la imagen amena de un entorno futuro más verde y sustentable. 

Verde que te quiero verde, canje de deuda por naturaleza

Estas soluciones, sin embargo, también escabullen una solución genuina para el problema de la deuda externa. Y no sólo porque maquillen o camuflen algunos costados más brutalmente ‘financieros’ del asunto. Pero estas ‘soluciones’ tampoco representaron o produjeron aportes determinantes y durables para  enfrentar coordinadamente los retos complejos derivados de la destrucción de la naturaleza.

Aunque desmintieran la embriaguez de sus aspiraciones, sin embargo, vistas con sobriedad, acciones localizadas lograron consumar entornos de protección, no por aislados menos logrados, en algunas áreas naturales en Ecuador. 

El petróleo que ensucia la deuda, y viceversa

Entre 2017 y 2020, Ecuador ha pagado 24.445 millones de dólares, entre amortizaciones e intereses efectivos, de deuda externa. En el mismo período, el sector público no financiero ecuatoriano sumó 34.860 millones sólo en exportaciones petroleras. Es decir que durante estos años el servicio de la deuda externa representó más del 70% de todas las exportaciones de petróleo de Ecuador.

 La exploración y explotación petrolera constituyen un punto importante de la actual administración  de Ecuador, que necesita reprogramar su deuda con China que asciende a más de cinco mil millones de dólares. Y no solo ha pre vendido parte de esta producción -aun no extraída- al país asiático sino que la actual gestión desde su inicio ha acrecentado el extractivismo petrolero con la duplicación de la  tasa de extracción de crudo en la Amazonía, y minero con la flexibilización de la normativa ambiental por los decretos 95 y 151 del 7 de julio y 5 de agosto de 2021, respectivamente. En la práctica, queda en entre dicho la narrativa oficial de proteger las Islas Encantadas.

En suma, el petróleo ecuatoriano contribuye como ninguna otra fuente de recursos al pago de la deuda externa. Que absorbe voraz ese recurso que así consumido de ser tal. La magnitud de la explotación, de aumentar, irá pareja con la conducta del buen pagador de honrar esa deuda (o de premura por desendeudarse): más barriles negros, más drenaje verde. Pero no sólo marcha la extracción efectiva según el ritmo de ese paso. También el volumen de la producción de hidrocarburos marca, sin desarmonía posible. el compás de la degradación ambiental que conlleva.

Por ser tan gruesa y manifiesta, no deja de ser una paradoja la que surge de yuxtaponer política petrolera y política ambiental del gobierno del Guillermo Lasso. La de que un mismo Estado recurra al petróleo, y a la exploración y la ampliación de la extracción, como recurso mayor para el pago de la deuda externa. Y que busque y proponga, para alivio de esa misma deuda, en simultáneo con el programa de hidrocarburos, y en las áreas no degradadas de su territorio -las Galápagos son, como la Amazonia brasileña, uno de los mayores símbolos globales de preservación y biodiversidad-, proyectos de acción cambio ambientalista que involucran montos mínimos, en el mejor de los casos de buen éxito negociador, frente al total de endeudamiento.

AGB

Organizaciones ambientalistas y locales celebraron este miércoles el rechazo del Gobierno chileno al controvertido megaproyecto Dominga para la extracción de concentrado de hierro y cobre, que se ha valorado en 2.500 millones de dólares, pero pidieron más protección para la reserva natural única en el mundo donde se iba a emplazar la mina.

“Esperamos que a este rechazo del Gobierno se sume la declaración de un área protegida para todo el archipiélago de Humboldt y sus alrededores que permita blindar definitivamente este ecosistema de la ambición y corrupción que rodeó la creación este proyecto”, señaló el director de Greenpeace Chile, Matías Asun.

La ONG Oceana Chile aseguró por su parte en su cuenta de Twitter que es “necesario” y “urgente” declarar en la zona “un Área Marina Protegida libre de industrias de alto impacto”.

“Dominga es solo uno más de los muchos proyectos que buscan industrializar este prístino ecosistema”, añadió.

El Comité de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado también por los titulares de Salud, Minería, Agricultura, Energía y Economía, decidió de manera unánime emitir una “evaluación desfavorable” sobre el proyecto, que incluye una mina y un puerto.

La polémica construcción se ubicaría a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región norteña de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 % de esta especie de pingüinos.

La ministra explicó en rueda de prensa que el proyecto supone riesgos para la vida marina y la calidad del agua y el aire, entre otras razones.

“Han sido más de 15 años de vivir bajo amenazas, primero con la casi instalación de tres termoeléctricas a carbón, luego el puerto Cruz Grande y ahora Dominga, ya estamos cansados y necesitamos vivir tranquilos sabiendo que estamos protegidos de industrias de alto impacto”, dijo a medios locales Lucía Ossandón, presidenta de la comunidad indígena Changa Juana Vergara y Familia, en La Higuera.

“Queremos que, de una vez por todas, esta empresa se vaya de nuestro territorio, ya ha causado demasiado daño, nosotros queremos continuar con nuestro trabajo sustentable y seguir siendo los líderes en producción pesquera artesanal del centro-norte de Chile”, afirmó por su parte Gabriel Molina, de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

Desde su presentación hace una década, el proyecto ha estado envuelto en distintas polémicas, que incluso salpicaron al expresidente Sebastián Piñera.

La investigación periodística “Papeles de Pandora” reveló a finales de 2021 presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto de Piñera, quien se negó a declarar un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la mina.

La Fiscalía de Chile abrió una investigación días después de la publicación de los “Papeles de Pandora”, pero a día de hoy aún no han imputado cargos a nadie.

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-1018), el Comité de Ministros ya revisó el proyecto y lo rechazó, pero la empresa recurrió a los tribunales y Dominga volvió a la instancia gubernamental.

EFE.

IG