El empleo formal no solo cae en los sectores históricamente complicados, como la industria manufacturera, sino también en aquellos que hasta hace poco eran motores del crecimiento económico, como el petróleo y la minería. Según datos de la Secretaría de Trabajo procesados por Fundar, en noviembre de 2023 había 94.600 personas asalariadas registradas en estos rubros. En septiembre de 2025, la cifra bajó a 87.500. Más de 7.000 empleos formales se perdieron en menos de un año.

El fenómeno alarma porque se da en actividades que el propio Gobierno considera “estratégicas”. Pero el repunte en la producción no está derramando en puestos de trabajo. Desde mayo de 2024, el empleo en petróleo y minería cae de forma sostenida, pese a que el país muestra signos de reactivación macroeconómica.

En el caso del petróleo, la expansión de Vaca Muerta no logra compensar la declinación de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz, donde la producción se encarece, las inversiones se retraen y se aplican procesos de reducción de costos. Así, aun con mayor volumen de extracción, hay menos trabajadores perforando, trasladando o procesando hidrocarburos.

En minería, la situación es similar. A pesar del optimismo que genera el litio, el empleo que crea no alcanza a cubrir el que se pierde en otras ramas, como la minería no metalífera, muy vinculada a la obra pública y a la construcción privada. Con obras paralizadas y proyectos congelados, la demanda de áridos, cal y cemento se desploma, y con ella los puestos en canteras y plantas de procesamiento.

La caída en la industria también se agrava. En octubre, la utilización de la capacidad instalada bajó a 61%, dos puntos por debajo del mismo mes de 2024. El sector textil fue el más golpeado, con apenas un 32,5% de sus máquinas funcionando, una señal directa del freno en el consumo interno. Según el Indec, la producción de hilados de algodón cayó un 34,7% y la de tejidos, un 34,1% interanual.

A contramano de lo habitual, el país crecerá en 2025, pero con destrucción de empleo formal. Es una anomalía que no se registraba hace al menos tres décadas. La explicación está en la composición del crecimiento, que se apoya en sectores que no demandan mano de obra intensiva, como petróleo, minería y finanzas.

El crecimiento sin empleo es posible, y ya sucede. Mientras los sectores que podrían generar trabajo genuino —como industria y construcción— siguen estancados, los que lideran las exportaciones reducen personal bajo lógicas de eficiencia y automatización.

“El problema no es cuánto crece la economía, sino cómo crece”, escribió Daniel Schteingart, investigador de Fundar y curador del sitio Argendata. Su advertencia resume una paradoja que golpea directamente a los trabajadores: los sectores más dinámicos producen más con menos gente, y los sectores más intensivos en trabajo están paralizados.

JJD

Cumplir con los objetivos del cambio climático requiere avanzar en la transición energética. Avanzar en la transición energética requiere acelerar la sustitución de vehículos tradicionales, propulsados por combustibles fósiles, por vehículos eléctricos. Sustituir los vehículos tradicionales por eléctricos demanda la producción de baterías eléctricas capaces de almacenar energía. Y las baterías eléctricas necesitan de un insumo fundamental: el litio. De toda esta cadena de demandas se derivan las oportunidades económicas de nuestro país: Argentina tiene grandes reservas de un mineral fundamental para mitigar el cambio climático.

Sin embargo, contribuir con la mitigación del cambio climático global tiene como contrapartida riesgos ambientales y sociales a nivel local, puntualmente en los sitios de extracción de los minerales en el noroeste argentino. Los componentes de litio que se utilizan para la producción de baterías no se producen solos: primero hay que extraer el mineral de los salares de la Puna argentina, en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Esta extracción, y su posterior procesamiento, conlleva riesgos relevantes, como la alteración del balance hídrico de las cuencas donde se ubican los salares; la afectación a la biodiversidad de estos ecosistemas; el desplazamiento de pueblos indígenas y la afectación a otros sectores productivos que utilizan los mismos recursos (agua y recursos humanos, por ejemplo).  Atender estos impactos no sólo es un fin en sí mismo, sino también una condición para la sostenibilidad de la actividad en el tiempo.

¿Cómo se logra esto? La respuesta por excelencia es: con regulaciones. Con reglas que digan qué se puede y qué no se puede hacer, cómo hay que hacer ciertas cosas y qué consecuencia hay por no cumplir los requisitos para hacerlas. En primer lugar están las leyes que sanciona y controla el Estado para regular la vida social en general y las actividades económicas en particular. Pero las regulaciones públicas no son las únicas que organizan la actividad minera: también existen los llamados estándares privados. Los estándares privados son un conjunto de reglas, pero escritas y controladas por actores no estatales, como empresas y ONGs.

Simpatías y diferencias entre las regulaciones públicas y privadas

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las regulaciones privadas y las regulaciones públicas? ¿Unas y otras tienen las mismas exigencias con las empresas mineras? ¿Convergen o divergen? Tomemos, por ejemplo, el estándar de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés), que es el que se está utilizando para certificar el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, operado por la empresa estadounidense Arcadium Lithium (ex Livent). 

IRMA es una iniciativa transnacional que surgió de una alianza entre diversos actores: empresas mineras, empresas demandantes de minerales para usos industriales, ONGs, comunidades locales afectadas por la actividad, asociaciones sindicales y entidades financieras. La certificación, en particular, consiste en desarrollar una auditoría externa que evalúa el cumplimiento de varios requisitos a lo largo de una serie de dimensiones, como la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social y la integridad empresarial. El resultado de la auditoría se refleja en un puntaje en una escala de 0 a 100 y refleja el desempeño de la empresa. Es decir, es un mecanismo por el cual se acredita que una empresa minera, en un proyecto determinado, cumpla con ciertos requisitos deseables para el desarrollo responsable de la minería. 

¿Qué vemos si comparamos IRMA con la normativa que regula la actividad minera en Catamarca, compuesta tanto por normas nacionales (como la Ley General del Ambiente) como por provinciales (por ejemplo, la resolución ministerial 74/2010)? En principio, vemos que se parecen bastante en materia de evaluación de impacto ambiental, que es un mecanismo clave de control y rendición de cuentas en materia ambiental. Ambas exigen a la empresa minera un informe de impacto ambiental previo al comienzo de las distintas etapas de un proyecto minero y el contenido de ese informe es muy parecido. En este aspecto, IRMA y la regulación pública convergen.

En materia de participación ciudadana y comunitaria, otro mecanismo clave en el control y la rendición de cuentas, la regulación pública e IRMA también tienden a parecerse, aunque con algunas diferencias. Ambas regulaciones prevén formas de participación temprana, continua e informada para la ciudadanía y la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, mientras la legislación pública se basa principalmente en instancias de consulta, IRMA exige involucramiento, que representa una forma más intensa de participación. En este punto, convergen parcialmente.

Pero las divergencias más grandes aparecen en la consulta previa, libre e informada (CPLI) a los pueblos indígenas: mientras la normativa pública habla de llevar adelante una consulta a los pueblos indígenas afectados, IRMA exige a las empresas obtener el consentimiento de esos pueblos. Esta es una diferencia sustancial. En un caso, el resultado importa. En el otro, no. IRMA detalla a su vez cuestiones procedimentales que no están presentes en la legislación local: el gran problema con la CPLI es que no está claro cómo debe llevarse adelante el proceso de consulta ni cuál es la consecuencia de no llevarla adelante, ni mucho menos de no obtener el consentimiento. Aquí hay un gran vacío legal por cubrir.

El mercado y el Estado: complementar, no reemplazar

Hasta acá, expusimos una paradoja: los estándares privados voluntarios pueden ser más completos y exigentes que la regulación pública. Es decir, las empresas (o el mercado) se (o le) imponen estándares sociales y ambientales más exigentes que los que impone el Estado. Aunque esto se vuelve menos paradójico si pensamos que las empresas mineras tienen sus propios motivos para demostrar el cumplimiento de estándares sociales y ambientales de calidad. No sólo es una exigencia del mercado (en particular, de demandantes de litio, como las empresas automotrices), sino también es importante para contar con la aprobación de la sociedad y de las comunidades, y de esa forma operar sin riesgo de conflictos que pongan en peligro el normal desarrollo de la actividad.

¿Está bien tener regulaciones privadas más robustas que las públicas? En principio, no parece ser, por sí solo, algo negativo. Pueden complementar a la legislación estatal generando un esquema doble de rendición de cuentas que garantice mayor seguridad. Y este tipo de certificaciones muchas veces son necesarias no sólo para contribuir a la sostenibilidad social y ambiental de la actividad, sino también por motivos económicos, dado que permiten mantener mercados, acceder a nuevos y diferenciar productos. El problema está en apoyarse exclusivamente en los estándares privados que son iniciativas voluntarias cuyo incumplimiento no tiene consecuencias operativas: en todo caso, el incumplimiento de ciertos requisitos se traduce en una mala calificación, lo que empeora la imagen de la empresa frente a sus accionistas, posibles inversores y consumidores. No es poco, pero es insuficiente.

Estos incentivos de mercado no son despreciables en absoluto: las preferencias de accionistas, inversores y consumidores pueden incentivar comportamientos positivos por parte de las empresas mineras y ser un mecanismo de procesos de sostenibilidad social y ambiental. Pero no pueden ser el único mecanismo. El fin último debe ser fortalecer la regulación pública, es decir, las normas que son sancionadas y aplicadas por autoridades directa o indirectamente elegidas por la ciudadanía y que deben rendir cuentas ante ella por sus acciones. Normas cuyo incumplimiento acarrea consecuencias operativas concretas, como la denegación de un permiso, la paralización de un proyecto o la obligación de restaurar o indemnizar un daño ambiental, y cuya aplicación es respaldada por la fuerza pública. Para decirlo claramente: no se trata de descartar las certificaciones privadas (por el contrario, impulsarlas puede traer beneficios tanto en materia social y ambiental como económica), sino de no apoyarse exclusivamente en ellas. Deben complementar, no suplir. 

Las iniciativas privadas podrán reemplazar sólo transitoriamente la falta de iniciativa de un Gobierno nacional que —en el mejor de los casos— parece no tener interés en liderar una estrategia de sostenibilidad social y ambiental de la actividad o que, en una mirada más detenida, parece ir a contramano de ese objetivo. Pero más temprano que tarde debemos fortalecer la regulación pública y garantizar su implementación efectiva si queremos tener una minería de litio responsable y sostenible, que le permita a Argentina aprovechar las oportunidades que brinda el contexto internacional.

El autor es investigador de Recursos naturales de Fundar.

TA/DTC

La transformación de nuestras economías y formas de vida para proteger el ambiente no es opcional: es transformar o perecer. Sin embargo, las acciones ambientales a mediano y largo plazo colisionan con los tiempos de la política y, aún más, con los ciclos electorales. Por eso es fundamental que lo ambiental se convierta en una demanda ciudadana que penetre las agendas políticas. Pero, ¿sabemos qué piensan las y los argentinos sobre el ambiente? ¿Sabemos cuánto les importa?

La verdad es que sabemos relativamente poco. 

Si nos guiamos por lo que vemos y escuchamos en los medios, parece ser un tema de importancia oscilante. Llega a la agenda cuando escalan conflictos vinculados a la explotación de un recurso natural, cuando hay algún desastre natural tipo sequía, inundación o incendio, o aparece ligado a eventos internacionales de categoría como las conferencias de cambio climático.

La discusión ambiental argentina vio momentos intensos a partir de la irrupción de la figura de Greta Thunberg en 2019; entre 2020 y 2022 debatimos fuertemente sobre la instalación de granjas porcinas, la cría de salmones en Tierra del Fuego, la minería en Mendoza y la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino. Sin embargo, desde 2023 para acá el interés ha disminuido considerablemente. Incluso, frente a las expresiones de relativización y degradación de la agenda por parte del actual gobierno nacional, hay escasa reacción por parte de la ciudadanía.

Pero eso es lo que se ve en la superficie, ¿qué pasa cuando le preguntamos directamente al ciudadano qué piensa sobre estos temas? Si nos guiamos por las —pocas— encuestas argentinas que buscan comprender la importancia que le dan los ciudadanos a lo ambiental, encontramos que tienden a expresar un alto interés y preocupación cuando se les pregunta directamente por temas ambientales. 

Por ejemplo, en mayo de este año se presentó el trabajo del PNUD “Acción ambiental: Creencias, expectativas y participación ciudadana”. Allí encontramos que el 90% de las personas encuestadas se dicen interesadas en temas ambientales. Asimismo, el 80% entiende que el cambio climático se genera por la actividad humana, mientras que solo el 15% piensa que se produce por ciclos naturales. Esto marca una diferencia con Estados Unidos, donde en un estudio del Pew Research Center de 2023 sólo el 46% respondió que el cambio climático tiene origen antrópico.

Datos similares provee una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos: al 82% de los encuestados le preocupa mucho el ambiente al pensar en las futuras generaciones y el 84% considera que es muy o algo urgente tomar medidas para detener el daño ambiental.

Frente a esta preocupación, la ciudadanía argentina incluso se manifiesta dispuesta a hacer sacrificios: el 58% estaría de acuerdo con pagar un 20% más por un producto menos contaminante, como muestra la encuesta de 2023 de Latinobarómetro.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando buscamos entender su importancia relativa? Siguiendo con los datos de Latinobarómetro, vemos que cuando se le pregunta a argentinos y argentinas por el problema más importante del país, mencionan principalmente temas vinculados a la economía y la seguridad. Lo ambiental no aparece, cuando en otros países de la región sí llega a asomarse, aún si con muy baja frecuencia, entre las principales preocupaciones. Es decir, encontramos una ciudadanía a la que le importan los temas ambientales, entiende de dónde provienen y que piensa que se debe actuar con urgencia frente a ellos. 

Pero, ¿avizoran un camino? ¿Encuentran discursos que los inviten a creer en que un desarrollo sostenible es efectivamente posible? Decíamos al principio que para proteger el ambiente debemos transformar nuestras economías y formas de vida, ¿las personas ven alguna forma de avanzar en esta transformación y conectar las preocupaciones ambientales con otras de orden socioeconómico?

Cuando el PNUD les preguntó a los encuestados por su grado de acuerdo con la frase “ya es demasiado tarde para frenar el cambio climático”, el 45% respondió que estaba de acuerdo con lo que expresaba la sentencia. En la misma sintonía, ante la pregunta de Sentimientos Públicos “¿crees que nos acercamos a un colapso ambiental?”, el 65% respondió que sí y que ese colapso sucedería en menos de 20 años. 

Probablemente sea la gente a la que más le importe, la más dispuesta a movilizarse, a accionar. Esa gente piensa que ya es tarde. Y además, no encuentra forma de vincular las soluciones a la situación económica y social con la salida a la crisis ambiental.

¿De dónde surge esta sensación de fatalidad en torno al colapso ambiental? En parte, de cuatro hechos objetivos: i) la temperatura global sigue en aumento, batiendo récords de días y años más cálidos desde la Revolución Industrial, ii) la mayor incidencia climática la tienen China y Estados Unidos, iii) la transición no está sucediendo a la velocidad necesaria y iv) hay muchos actores poderosos que se resisten al cambio. A estos cuatro hechos objetivos debemos sumarle un error no forzado: una comunicación ambiental centrada mayoritariamente en la alerta y la denuncia. Esto es comprensible y necesario, ya que hay un problema urgente que requiere atención, y a menudo hay alguien—generalmente con poder y/o dinero—que no está tomando las medidas necesarias.

Sin embargo, la reducción de la comunicación ambiental a esto trae consecuencias negativas. En primer lugar, refuerza la sensación de fatalidad, creando la impresión de que nada positivo está ocurriendo en el ámbito ambiental. En segundo lugar, nos aleja de la acción directa y del protagonismo en la transformación: si nuestra participación se limita a denunciar y exigir a otros, nuestras acciones se reducen a protestas, firmas de peticiones, etc., siempre en un lugar defensivo. En tercer lugar, nadie vive pensando que mañana va a morir; por eso, la vida continúa más allá de la amenaza del colapso inminente, relegando lo ambiental a una preocupación secundaria mientras la vida cotidiana, el trabajo y la economía ocupan un lugar prioritario.

Por eso, es importante saber y contar que la transición está sucediendo, en el mundo y también en Argentina. En nuestro país desde 2017 hasta 2023 la participación de las energías renovables no convencionales (solar y eólica principalmente) pasaron de aportar menos del 1%  al 11,5% de la matriz eléctrica. Estas energías se suman así  a la capacidad que ya teníamos en nuclear e hidroelectricidad para avanzar hacia una generación de energía con cada vez menos emisiones asociadas. En el mismo sentido, según el Índice de Reciclado de Plásticos de Ecoplas, gracias al avance de la conciencia y las técnicas y hábitos de separación y gestión de residuos, hoy se reciclan 6 veces más plásticos que en 2003. También, con la ley de bosques se redujo la deforestación y con el 9% del área terrestre y el 12% del territorio marino  protegido, avanzamos en la conservación de la biodiversidad. 

Y además de esos números, existen innumerables experiencias e iniciativas impulsadas por personas, instituciones públicas y privadas, organizaciones y empresas que, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen con innovación y compromiso a la transición hacia un desarrollo sostenible. Desde empresas que fabrican productos a partir de plásticos reciclados, hasta consultoras especializadas en la remediación de la contaminación; personas que investigan cómo generar energía a partir del oleaje del mar, y científicos que desarrollan métodos agrícolas más eficientes en el uso de agroquímicos. También están las organizaciones que promueven el vínculo con la naturaleza a través de la observación y el turismo sostenible, y comunidades que protegen sus espacios de vida mediante prácticas responsables. Y los docentes que educan a sus alumnos en prácticas sostenibles, estudiantes universitarios que eligen carreras como ciencias ambientales o gestión de energías renovables, funcionarios que trabajan para conseguir mayores fondos destinados a la adaptación climática y la limpieza de basurales, arquitectos que diseñan edificios energéticamente eficientes, y activistas que promueven el uso de bicicletas y la mejora del transporte público. Cada uno de esos esfuerzos contribuye a que la transición suceda.

No se trata de contraponer la denuncia y los cambios estructurales con una visión ingenua del aporte individual, sino de reconocer que las transformaciones profundas, en última instancia, también dependen de cada uno de nosotros. Todas estas iniciativas —y tantas más— están estrechamente ligadas a los desafíos socioeconómicos que enfrenta nuestra sociedad y, al mismo tiempo, contribuyen a impulsar la transición hacia un futuro sostenible.

¿Quién dijo que estamos hablando de una causa perdida? La transición está sucediendo, hay esfuerzos individuales y colectivos, privados y públicos, para que no solo aporte a la reducción de nuestros impactos ambientales, sino también al desarrollo de nuestro país. Esto no significa que haya que hacer plancha porque las cosas ya están sucediendo, pero sí que hay que hablar de estos esfuerzos porque reconocer su impacto es una invitación a multiplicarlos. Hace falta esa invitación.

EM/DTC

En tiempos de pretendida refundación nacional, la necesidad de explotar los recursos no convencionales de Vaca Muerta se presenta como un consenso de la política en Argentina. El amplio espectro partidario acuerda en que el yacimiento de la Cuenca Neuquina es condición necesaria para salir del estancamiento. Y no es para menos. En un país que se enfrenta a una restricción crónica de divisas, la potencialidad de Vaca Muerta plantea un giro de 180° en el mapa exportador: el desarrollo del 50% de los recursos disponibles de petróleo y gas generaría más de US$30.000 millones anuales. Esta no es una oportunidad en abstracto, sino una transformación en marcha: en mayo pasado, el 52% del petróleo y 65% del gas fue no convencional. 

Pero este consenso es un punto de partida: quedan muchas cuestiones a abordar cuando hablamos de la explotación de Vaca Muerta. La más urgente: cómo promover las inversiones privadas necesarias para realizar su potencial. Pero no es la única. También es necesario discutir cómo maximizar la renta que captura el Estado, cómo garantizar que su explotación conduzca el bienestar de todos los argentinos, o cómo hacer partícipes a las comunidades aledañas de los beneficios de la actividad, entre otras. Hoy, nos concentramos en una de ellas: ¿qué pasa con el impacto de Vaca Muerta sobre el cambio climático? ¿Debe Argentina explotar sus recursos de petróleo y gas en plena transición energética? 

La respuesta simple es conocida: es hipócrita exigirle a los países en desarrollo que no exploten sus recursos fósiles, mientras Estados Unidos, principal responsable histórico de las emisiones, es actualmente el mayor inversor global en petróleo y gas. Argentina representa menos del 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono, tiene serias deudas sociales y más de una década de estancamiento económico. No puede resignar la explotación de recursos que siguen siendo demandados a nivel global. Todo esto es, en rigor, cierto. Sin embargo, adherir al consenso sobre Vaca Muerta no puede llevarnos a anular la pregunta sobre el cambio climático. La transición energética está en marcha y transforma al mundo de forma irreversible. Hay al menos tres temas a tratar en relación con nuestros recursos hidrocarburíferos y el cambio climático. 

1. ¿A dónde destinar los recursos fiscales que genera Vaca Muerta?

Argentina es un país con una inserción internacional fuertemente orientada a los recursos naturales y una riqueza minera e hidrocarburífera subexplotada. Por eso, la discusión sobre cómo lograr que la explotación de nuestros suelos sea una palanca para el desarrollo es central. Una fracción de este debate se centra en la recaudación fiscal, y cómo darle un uso estratégico a la renta que surja de la explotación de los recursos. La lógica indica que, si el recurso es finito, debemos financiar bienes y servicios que contribuyan a sostener el bienestar económico cuando el recurso no esté: obras de infraestructura, inversión en educación, salud, ciencia y tecnología, entre tantas otras. 

Ahora bien, el contexto del cambio climático le agrega una nueva dimensión a esta discusión. El impacto de las sequías, las olas de calor, los incendios, y las inundaciones obligan a los países a hacer grandes enormes inversiones para adaptarse a condiciones adversas. Y esto es caro. Según un cálculo conservador del Ministerio de Ambiente de 2022, la inversión necesaria en adaptación para sólo una de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Cambio Climático ascendía a US$118.000 millones. Y sólo si consideramos 19 de las 28 medidas previstas, en solo una de las 6 líneas estratégicas del plan.  

No podemos afirmar hoy de dónde van a salir esos fondos, y el dinero es fungible, por lo que en última instancia será el poder político quien deberá captarlos internacional y nacionalmente. Sin embargo, la cuantía de recursos fiscales asociados a Vaca Muerta y la exportación de GNL —aunque significativamente reducidos en el marco del RIGI— y una inversión —mayormente pública— tan grande y concentrada como la que demanda la adaptación al cambio climático, hacen pensar en la necesidad de unir los puntos y abrir una conversación.

2. ¿Qué pasa con las emisiones de Vaca Muerta y los compromisos climáticos de Argentina?

Argentina tiene compromisos internacionales de reducción de emisiones: prometió no sobrepasar las 349 millones toneladas de CO2 equivalente a 2030. Y hay buenas razones para pensar que el cumplimiento de esta promesa será crecientemente escrutado en el terreno internacional, por ejemplo como condición para acceder a mercados de exportación y a financiamiento. Cabe preguntarse, entonces, en qué medida la explotación de los recursos de Vaca Muerta supone el riesgo de incumplir las promesas climáticas. Argentina emitió en 2020 376 millones toneladas de CO2 equivalente, por lo que la meta parece cumplible. Pero esto es producto fundamentalmente del estancamiento económico: si el PBI crece —y ojalá que así sea, porque sino tendremos otros problemas más graves— el cumplimiento será un desafío.

Detengámonos en una cuestión técnica y normativa. Si el grueso de la explotación incremental de Vaca Muerta es destinada a la exportación, las emisiones producto de la combustión de ese petróleo y gas no serán computadas a nuestro país sino al que los consuma. Esto es así porque los inventarios de gases de efecto invernadero registran las emisiones en los países en donde estas se producen. No obstante, entre el 10 y el 20% de las emisiones de la industria del petróleo y el gas corresponden a la etapa de producción y transporte de los hidrocarburos, las llamadas “emisiones fugitivas”. Eso va a la cuenta del país productor. Por ejemplo, las fugas de metano, la quema en antorchas (flaring) y las emisiones de los equipos de perforación y transporte.

Sobre estas emisiones debemos hablar. Si hay un “boom” de producción en Vaca Muerta, las emisiones fugitivas, que representaron un 5% del total nacional en 2020, podrían aumentar significativamente. Estas emisiones pueden y deben ser mitigadas, ya que el 40% de las iniciativas de descarbonización en la producción son rentables. Sin embargo, esto requiere un compromiso activo por parte de las empresas, los gobiernos subnacionales y el Estado nacional. 

3. ¿Vaca Muerta tiene fecha de vencimiento?

El cambio climático nos exige pensar en mañana, pero también en pasado mañana. En el largo plazo, el sector hidrocarburífero argentino se expone a un riesgo claro: en la medida en que se acelere la transición energética, su negocio se va a achicar. Conforme las tecnologías limpias logren sustituir a los combustibles fósiles, la demanda de petróleo y gas podría reducirse de manera estructural. En este escenario, en donde la demanda entrará en un declive sin retorno, los productores de combustibles fósiles podrían inundar el mercado en la búsqueda de capitalizar sus recursos, generando una caída aún mayor en los precios, quiebras generalizadas y activos varados. 

En el caso del petróleo, este futuro no es tan lejano. Las proyecciones de diferentes agencias sitúan el pico de demanda de petróleo antes de 2030, momento después del cual la demanda comenzará a descender. En el caso del gas, el horizonte temporal es más largo, pero su perspectiva a futuro dependerá de la velocidad que adopte la transición. ¿Cómo se para Vaca Muerta frente a esta amenaza? Si bien los costos de producción son competitivos a nivel global, la mala noticia es que no lo son tanto como aquellos de los países históricamente petroleros, como los de la OPEP. Si estos, preocupados por la caída de la demanda y quedarse con el petróleo bajo tierra, inundan el mercado con sus productos, difícilmente Vaca Muerta pueda competir. Además, a diferencia de los hidrocarburos convencionales, el shale requiere de un flujo continuo de inversión para producir, por lo que el costo de salida es bajo: si una empresa decide retirarse del negocio, deja poco capital hundido. Esto hace a Vaca Muerta muy sensible a un eventual cambio estructural de demanda. 

¿Durante cuánto tiempo podremos explotar petróleo? ¿Qué inversiones vale la pena hacer y cuáles no? En el caso particular del GNL, ¿estamos a tiempo? ¿Qué costo del GNL necesitamos para ser rentables y amortizar las inversiones, y durante cuánto tiempo? En muchos de los casos, será el sector privado el que deberá hacer sus cálculos, tomar decisiones y afrontar los riesgos frente a sus accionistas. Sin embargo, en aquellos en donde sea el Estado quien invierta, ¿cómo evaluará estos riesgos? Y, dado el enorme rol que juegan en los ingresos fiscales nacionales y provinciales estos recursos, ¿está planificando su adaptación a este futuro post fósil? Muchas preguntas quedan en el aire. 

Las luces del futuro promisorio que Vaca Muerta augura para Argentina no deben encandilarnos. El cambio climático se hace sentir cada vez más, la transición energética avanza a pasos acelerados, y urge pensar más allá del optimismo. 

¿Cómo tienen que cambiar los países y las personas para atravesar la crisis ambiental? Esta pregunta estructura el gran desafío que enfrenta la humanidad en el siglo que corre. Y esa pregunta son muchas preguntas juntas, sobre el cambio climático, la transición energética y la pérdida de biodiversidad, pero también sobre el impacto de las nuevas tecnologías, barreras ambientales al comercio y reglas de mercado. Más cerca, más inmediatas, aparecen las preguntas sobre el lugar que tiene que ocupar nuestro país en este concurso de esfuerzos: ¿cómo conciliar Vaca Muerta y la minería con los impactos socioambientales que genera su explotación? ¿Qué papel juega el federalismo en la gestión de recursos naturales? ¿De qué forma financiamos la adaptación a los impactos de las sequías, inundaciones y olas de calor? Por eso, debemos hacer el esfuerzo de ensayar posibles respuestas y de ecualizar las voces en juego. Sobre todo, si tantas cosas nos hacen ruido cuando se habla de ambiente en el debate público. 

Nos hace ruido la insularidad del ambiente como tema. Que se presente la crisis ambiental como una problemática aislada, reservada únicamente a la pericia de los expertos y especialistas. Desde ya no es su culpa: no ha habido oídos atentos por parte de los actores económicos y políticos para escuchar lo que se viene alertando: que lo ambiental impacta sobre nuestra calidad de vida diaria, nuestras decisiones, nuestra economía e infraestructura. Que será determinante en el devenir futuro de todos los países en el mundo, y especialmente en países como Argentina, ricos en recursos naturales, vulnerables a los impactos del cambio climático, y sin un sendero claro en el camino hacia el desarrollo.

Cuando discutimos sobre la explotación de litio o de cualquier mineral estrella del siglo XXI, tenemos que discutir sobre cómo la explotación de un recurso redunda en una vida mejor para la comunidad, para la provincia y para el país. Cuando pensamos cómo abordar el problema de la deforestación, se juega no sólo el impacto sobre personas y ecosistemas, sino también la inserción de nuestras exportaciones agropecuarias en mercados cada vez más exigentes en estándares ambientales. Cuando se planifica una obra de infraestructura con fondos públicos, debemos analizar cómo impactará sobre ella el cambio climático, y si esta ayuda u obstaculiza hacer frente a esas consecuencias. Para identificar estos y otros cruces entre ambiente y desarrollo, queremos hacer esta columna.

Nos hace ruido que al hablar de ambiente se haga hincapié sólo en la denuncia. La denuncia es necesaria, y muchas veces es efectiva en llamar la atención y movilizarnos, pero no es suficiente. Sí, la situación es dramática y sí, se puede enumerar diariamente un dato sobre la inminencia de alguna catástrofe, pero la evidencia no hace que las decisiones a tomar sean autoevidentes. El litigio sobre la verdad o no de una evidencia se resuelve finalmente en nuestra capacidad de poner en práctica políticas capaces de ir en una dirección distinta a lo que indica esa evidencia. Sí, los principales responsables del estado de cosas actuales son las potencias mundiales que protagonizaron la Revolución Industrial y contaminaron los suelos y los cielos. Y también sí, deberían llevar la principal carga de enmendar esta situación. Jugamos con las cartas marcadas, en un juego donde no pusimos las reglas. Es necesario decirlo, pero con decirlo no basta. Para que la denuncia se nutra de política pública, o las políticas públicas se nutran de la denuncia, hacemos esta columna. 

Nos hace (mucho) ruido la coyuntura política. Cualquiera de las razones anteriores se podía esbozar antes del 10 de diciembre del año pasado. A esas razones, ya contundentes para escribir esta columna, sumamos una más: la llegada de un negacionista del cambio climático y de la agenda 2030 al poder en nuestro país. Como se ha dicho, su victoria es un testimonio más de la enorme decepción de la sociedad para con la política y el Estado, herramientas irremplazables para hacerle frente al desafío de la crisis ambiental y a tantos otros que tiene nuestro país por delante. Por ahora, en poco más de medio año, vemos la degradación de los organismos públicos nacionales vinculados al ambiente y el intento de modificar normativas clave para la sostenibilidad ambiental, como la Ley de Bosques. De proseguir en este camino, los impactos del gobierno de Milei sobre la la agenda ambiental serán de largo alcance, años valiosos perdidos en una carrera contra el tiempo. Hay, como no podía ser de otra manera, resistencias activas. En la política y en la sociedad civil. Resistencias que hay que alimentar y que hay que llevar al conjunto de la sociedad, para que dejen de ser resistencias y sean agenda. Para que la crisis ambiental sea una de las claves cuando se decide un voto. Como no lo fue en la pasada elección. 

Uno, dos, tres ruidos y van. Por eso, queremos comunicar de manera clara y propositiva los temas vinculados al ambiente como universo ampliado. Lejos del nicho, cerca de la antena. De hacer nuestro aporte a que se vuelvan habituales en el debate público. De construir un vocabulario común para el momento que atravesamos: conceptos nuevos para una realidad movediza. Informar no basta aquí: es necesario aprender a difundir. Para esto también, vamos a hacer Ruido Ambiente, la columna verde de Fundar para elDiarioAR. Sale los miércoles, cada 15 días.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizó ayer una nueva jornada de debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que contó con la presencia de organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil.

En ese marco y en relación con la Ley Micaela, esta norma establece que solo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Vale recordar que la Ley Micaela postula que todos los organismos del Estado deben brindar capacitaciones gratuitas acerca de perspectiva de género y violencia de género. Las capacitaciones son obligatorias para las personas que trabajan en el Estado. Como autoridad de aplicación de la Ley Nº 27.499, lo que se propone es lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, expresó su preocupación sobre los posibles cambios que podrían limitar el alcance y la efectividad de esta ley, cuyo objetivo es transformar la manera en que los agentes del Estado abordan diversas problemáticas.

Según Gherardi, la intención de restringir la ley únicamente a la violencia familiar y limitarla a ciertos organismos específicos, sería contraproducente. En sus palabras, “es no entender para qué existe”. La directora ejecutiva resaltó que el propósito real debería ser mejorar lo que ya está en marcha, sin necesidad de reformar leyes existentes. Además, enfatizó que la Ley Micaela cuenta con un recorrido de cinco años, durante los cuales se han elaborado materiales y llevado a cabo capacitaciones que han contribuido a su implementación.

“Reemplazar la ”temática de género“ por ”violencia familiar“ es retroceder tres décadas en avances conceptuales. No hay crisis económica que justifique borrar a las mujeres de lugares de representación política. Por eso solicitamos que se rechacen esas reformas”, dijo en su exposición Gherardi.

También se refirió a la reforma de la Ley de 1000 días y el impacto de la reforma política sobre la paridad.

Por otro lado, ayer también expuso el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydó, quien cuestionó el DNU y la Ley Ómnibus y advirtió: “Si se desregulan todos los órdenes de la vida social y económica va a haber menos y peor mercado”.

Y sobre los cambios en el sistema de salud, Leandro Cahn expuso la posición de Fundación Huésped. “El sistema de salud atraviesa una crisis. ¿Cuál de sus múltiples problemas resuelven esta ley y el DNU? Ninguno. Por el contrario, los agrava”, dijo el Director Ejecutivo.

El matemático argentino, presidente de Fundar y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, Sebastián Ceria, consideró que “una salida de un régimen de alta inflación implica que los actores se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo”, al tiempo que remarcó la necesidad de “tener incentivos para invertir en pesos y no en dólares” para que “el peso le gane en mediano y largo plazo al dólar como inversión para que la gente apueste a los pesos y no siga apostando los dólares”. “Ojo con la trampa de que exportando más todo va a andar bien, no es así”, advirtió. Las elecciones de este domingo, la dolarización y el subrégimen industrial de Tierra del Fuego son otros de los temas que analizó en esta entrevista.

‒¿Cuándo y por qué empezaste a pensar en involucrarte de alguna manera en el debate público? La organización Fundar puede ser una de las vías para participar de eso, pero quizás empezaste antes. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué?

‒Es una muy buena pregunta. En general, me gusta hacer las cosas que hago en cuanto a filantropía porque en el fondo lo que tratan de demostrar es un profundo agradecimiento con la Argentina. En este caso, financio las operaciones de todo lo que tiene que ver con Fundar, pero no me meto mucho. Puse una carta de introducción que está en el sitio de web, cualquiera lo puede ver, pero más allá de eso no me quiero involucrar, y lo que noto es que la gente entonces empieza a hacer preguntas, a decir de dónde viene y por qué. Y también que un poco mi visión es distinta sobre la realidad argentina y sobre el futuro, que es promisorio para mí. Entonces, me dan ganas de involucrarme porque no escucho voces parecidas a la mía, gente que diga cosas como las que yo pienso. Eso me lleva un poco de pasar de la sombra a la luz. Y eso es algo que de a poco se convierte en una constante en mi vida. No tratar de hacer todo desde la oscuridad, sino desde la plena luz. No hay nada que esconder. La transparencia es una de las cualidades de Fundar. Podemos decir lo que pensamos. No le debemos nada a nadie, con lo cual podemos atacar cualquiera de los problemas de la realidad argentina, con una visión independiente, con evidencia, con números, con datos y que en el fondo trata de resolver los problemas sin tener en cuenta ninguno de los intereses particulares. Eso es un poco lo que me lleva a salir a la luz.

‒Fundar tiene dos o tres años.

‒Casi tres. Este año cumplimos los tres.

‒Desde siempre planteaste tu agradecimiento a la universidad pública, que te permitió comenzar la carrera que hiciste después en el exterior. Sin embargo, ese interés de generar debates y hablar con distintos actores del sistema político y de las elites argentinas en el sentido amplio es más reciente, ¿no?

‒Sí, en parte porque cuando empezamos Fundar no quería hacer un think tank clásico. No me gustaba esta idea de gente prestigiosa, que escribe papers, después se quedan en un policy brief, y andá a saber a dónde pasan a la realidad, si es que un día lo hacen. Me pareció siempre muy importante esta idea de la incidencia, y lo que descubrí es que para tener incidencia hay que hablar con los actores políticos. No hay ninguna otra manera. Dado que era un lugar nuevo y que la gente no conocía, ese rol en gran parte me tocó a mí. No era necesariamente trabajar con los técnicos, pero sí trabajar con los líderes para que ellos lleven a sus técnicos la idea de que Fundar está haciendo cosas piolas y que vale la pena hablar con nuestra gente.

‒Estamos a nada de las elecciones presidenciales. Muchos dicen son las más importantes de los últimos 20 años y tenemos datos que son contundentes. La semana pasada, la inflación fue 138% interanual y creciendo, además hay reservas negativas, aumento de pobreza, aumento de la desigualdad, una devaluación en el horizonte que nadie sabe cuándo situarla, pero aparece como parte de un plan de estabilización. ¿Qué es lo que más te llama la atención en este contexto? ¿Qué percibís cuando venís?

‒A mí me viene pasando con la Argentina hace mucho tiempo es una mezcla de sentimientos. Es muy difícil vivir en el exterior. Yo hace más de 35 años que vivo afuera y tengo en el corazón la camiseta argentina. Lo que hago constantemente es ver los datos objetivos sobre el país, y trato de ver un poco lo que pasa en la realidad. Y veo una disonancia total entre lo que debería ser y lo que es. Viajo por muchos países, estoy con muchas sociedades, conozco a mucha gente con recursos humanos de todos los países del mundo, y veo que no tenemos nada que envidiar a lo que hay en otros lugares. Mi sensación es un poco de oportunidad perdida, ¿no? De las oportunidades que pierde la Argentina una vez tras otra vez de cambiar el rumbo y volverse a poner un sendero de crecimiento que genere riqueza y que permita lograr un mejor estado. Estado en el buen sentido de la palabra para todos. Cuando veo lo que está pasando en este momento, trato de hablar poco de la coyuntura, sino un poco más del mediano y largo plazo. Alguien que vive afuera y que no necesariamente ve el ruido de todos los días, no le interesa mucho el ruido. O sea, muchas de las cosas que pasan. No te voy a decir que la inflación del 140% es ruido. No, eso es señal preocupante. Pero hay muchas cosas que pasan que realmente me parecen que las tengo que dejar de lado porque no son importantes. Pero volviendo un poco a tu pregunta, una cosa que veo en la Argentina es que no hay una conciencia de la Argentina dentro del entorno global. Es decir, los argentinos somos muy insulares, hablamos de problemas locales y vivimos en un mundo globalizado y eso me parece que está mal. ¿Por qué? Porque si la Argentina va a salir en algún momento de su situación, que hoy en día es acuciante en muchos sentidos, lo va a tener que hacer con una inserción inteligente en el mundo, y para eso hay que entender el mundo. Los argentinos no entienden el mundo. Yo digo que los argentinos vienen en dos sabores: los que son de cabotaje, que piensan que todo acá vamos a inventar todo y se nos van a ocurrir las ideas del futuro; y los que son turistas que van a Miami y creen que porque van a Miami realmente conocen el mundo. Y ninguna de esas dos cosas son realidad. Es decir, la verdad es que hay que entender el mundo porque hay que entender cómo insertarse. En Fundar hablamos de la pregunta japonesa y es, ¿Qué le vamos a vender al mundo? Tengo este sentimiento de oportunidad perdida porque lo que veo en el mundo es una geopolítica totalmente favorable para Argentina. No puede ser más favorable de lo que es ahora. A Javier Milei le gusta hablar mucho del principio de siglo pasado y todas las cosas buenas que pasó en Argentina. Tenemos un contexto geopolítico que es todavía más favorable para la Argentina que lo que pasó al principios del siglo pasado. Y eso que es un mundo que demanda las cosas que tiene naturalmente la Argentina para proveer, que son los alimentos, la energía y los minerales críticos. Ahí tenés una base sólida para realmente generar un crecimiento a futuro. ¿Y qué es lo que noto cuando veo acá y escucho las discusiones? Nadie habla de eso. No se habla de un futuro promisorio, cómo se podría llegar a él, cuál es la visión de país que tenemos y qué tenemos que hacer para lograr que esas riquezas naturales que tenemos se conviertan en riqueza para todos para generar trabajo. No lo veo.

‒Últimamente se viene hablando más de eso. Nace de los funcionarios del gobierno, algunos incluso dentro de JxC y obviamente empresarios que tienen intereses en estos sectores estratégicos, como puede ser el litio, el petróleo y los hidrocarburos. El tema es que contrasta muy fuerte esa idea de una Argentina que tiene un futuro promisorio con una una Argentina que vive en emergencia.

‒Sí, tenés razón hasta cierto punto. Es decir, no se habla de esos recursos naturales en el contexto de un proyecto de desarrollo. Se habla de recursos naturales como si alguien nos hubiese dado gran riqueza y esa riqueza la tenemos que explotar. Claramente nosotros no logramos desarrollarnos con la riqueza a principio del siglo pasado, y para hacerlo ahora vamos a tener que hacer cosas muy distintas de las cosas que hicimos. O vamos a tener que profundizar en caminos que no supimos mantener en el tiempo. Pero más allá de eso, ¿por qué es importante hablar del futuro? Porque está claro que la Argentina se aproxima a una etapa muy difícil, como un desierto. Y alguien tiene que venir a hablarnos de la tierra prometida y nos tiene que venir a decir por qué vale la pena atravesar ese desierto. No creo que sea un desierto de 40 años para nada, pero va a ser una etapa difícil. Y yo creo que si vos lográs ordenar la macro, dado a lo que está pasando en el resto del mundo, en poco tiempo las cosas pueden empezar a estar un poco mejor. Pero si hacemos las cosas mal otra vez? Vamos a volver diez casilleros para atrás.

‒¿No es Milei el que habla de la tierra prometida hoy? Cuando habla de dolarización y que el problema son los políticos y la casta.

‒Eso no es la tierra prometida, eso es echarle la culpa a alguien del hecho de que estás en el desierto, pero no te dice a dónde vas. Él te dice que podemos ser como Estados Unidos en 35 años, pero eso no es un plan para el desarrollo. Yo no veo en Milei una propuesta concreta de cómo llegar a esa tierra prometida, sino muchas ideas grandilocuentes que no han funcionado en ningún lado, que él propone como la panacea para resolver los problemas argentinos. No creo que ninguna de ellas esté basadas necesariamente en evidencia o en estudios serios de cómo resolver los problemas del país.

‒Si una de las ideas fundamentales de Milei es la dolarización y es impracticable, ¿dónde está la fuerza de mi ley para ser el más votado en las PASO, sacar 7 millones de votos, aparecer como favorito y como un eventual presidente?

‒No soy politólogo, pero lo que sí te puedo decir es que obviamente hay un cansancio totalmente explicable de la población con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos al menos diez años de estancamiento. Y si lo pensás más allá, muchos años más o décadas más de que la Argentina no prosperó, ni siquiera prosperado como sus vecinos. Es decir, no es que no prosperó a niveles chinos o de otros países que se han desarrollado mucho más velozmente. Se quedó atrás con respecto al progreso de sus vecinos. En esa fatiga que existe, el buscar algo nuevo es totalmente natural. La gente tiene todavía la memoria del gobierno de Cambiemos, que fue hace cuatro escasos cuatro años. Como vos sabés, hay dos años de los últimos cuatro que no recordamos muy bien porque pasó la pandemia, con lo cual la gente tiene fresca esa experiencia de lo que ocurrió en estos cuatro años y ante eso, se inclina por el outsider, porque es diferente, pero hasta ahí nomás. Ahora, Milei hizo una cosa que le funcionó, con la que yo no estoy para nada de acuerdo, que es el hacerse parecer como el gran experto sobre políticas económicas. Habla en difícil, ¿no? Jorge Sábato, que fue un gran pensador y habló mucho en sus estudios sobre la ciencia y la tecnología. Él habla del concepto de chantócrata, uno muy bueno para alguien que te habla en difícil. Yo acá te podría decir que la economía argentina no avanza porque no cumple con las condiciones de Kuhn-Tucker. Vos no tenés ni idea de qué estoy hablando. No suena complicado. Es un tipo que por ahí sabe de lo que está hablando. Es una pavada total decir que la condición de transversalidad no se cumple y que por eso la economía argentina no funciona. Entonces él logró aparecer en mucha gente como alguien que es un tecnócrata, pero en el fondo es un chantócrata, porque realmente no habla de cosas que sabe. Las cosas que pregonan no funcionaron en ningún lugar del mundo. No están ni suficientemente pensadas ni validadas por evidencia. Hay gran parte de la población que no sabe y le parece, como habla en difícil, que realmente tiene razón, pero no es así.

‒Vino Haa-Joon Chang, un economista de nacido en en Seúl, en Corea del Sur, que fue profesor durante muchos años en Cambridge, invitado por Fundar y por el Consejo Federal de Inversiones. Es muy reconocido por sus aportes al a la economía del desarrollo y uno de los temas centrales fue la dolarización. Contá un poco cómo fue esa visita y qué es lo que te parece que dijo Chang que aplica a este momento.

‒Primero me gustaría que cualquiera que pudiera ver esa entrevista la viera para contrastar como habla un real experto contra como habla Milei. Es un tipo que escribió libros. Nadie lo acusó de plagio como a Milei. Estuvo en las universidades más prestigiosas del mundo. Ahora está en el Soho, que es una de las universidades de Londres y una de las más importantes del mundo. Para explicar los fenómenos como la dolarización utiliza términos que cualquiera puede entender. Lo dice muy simple: la dolarización implica dejar de lado una libertad que uno tiene como Estado al tener su propia moneda. Tener tu propia moneda es importante, porque vos tenés que utilizar herramientas para lidiar con fenómenos que ocurren en tu economía y esas herramientas se utilizan a través de la moneda. Si vos dolarizás, la política monetaria de tu país queda determina por Estados Unidos, y salvo que vos logres alinear tu ciclo económico exactamente con el de ese país, se te hace muy complicado que lo que hacen ellos -que obviamente no nos va a pedir permiso a nosotros para decidir su política monetaria, si sube o baja las tasas de interés- te puede afectar la economía local de una manera muy severa. Lo hemos visto en Ecuador. El otro problema que vos tenés es que, si vos sos un estado de Estados Unidos, lo que hace la Reserva Federal y la política monetaria americana es tratar de compensarte. Acá no corre eso, salvo que queramos ser una colonia, lo que sería el dejar de lado nuestra libertad máxima de nación soberana. No vamos a poder hacerlo. Me parece un disparate. O sea, a Chang le parece un disparate, y a mucha gente le parece un disparate.

‒Cuando estuvo, Chang se reunió con el presidente Alberto Fernández, estuvo con gobernadores y dirigentes de la oposición. Cristina Fernández de Kirchner también lo mencionó en alguna de sus clases magistrales. Una de las cuestiones centrales que también dice en esa entrevista que le hiciste es que la inestabilidad económica es producto de que no se generan suficientes exportaciones. Ese para mí es uno de los consensos que existe. Si vos escuchás por lo menos a los economistas o a los dirigentes de JxC y a los dirigentes del peronismo te dicen hay que aumentar las exportaciones. Ahora, Argentina tuvo durante el experimento de este gobierno un dato que contradice un poco esta idea y es que tuvo un superávit comercial excepcional, producto de que por la pandemia no había tantos dólares que salían turismo emisivo y por otro lado, por los precios de los commodities, unos 45 mil millones de dólares de superávit comercial, de acuerdo a los números que difundió la Vicepresidenta. Incluso hasta (el ex ministro de Economía) Martín Guzmán tenía números parecidos. El tema es, ¿qué tipo de exportaciones? ¿Cómo se hace para cuidar cuando tenés un superávit comercial y que no se evapore, como decía Álvarez Agis aquí la semana pasada?

‒Es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque en la Argentina hoy en día hay una demanda infinita de dólares. Cuando vos más exportas, más demanda va a haber de dólares y esa demanda se puede ir retroalimentando a punto tal de que se te vuelvan a acabar los dólares, a pesar de que exportes dos o tres veces más. Lo que necesitas es una macroeconomía ordenada. Necesitás una economía fuerte, como dice también Álvarez Agis. Necesitas tener incentivos para invertir en pesos y no en dólares. Necesitas que el peso en el mediano y largo plazo le gane al dólar como inversión para que la gente apueste a los pesos y no siga apostando los dólares. Ojo con la trampa de que exportando más todo va a andar bien, no es así. El otro tema, no sé si lo ibas a traer, pero el otro tema que habla Chan, que es el tercero de esa pata es la inflación.

‒Sí. Él habla de que es una respuesta perezosa.

‒La puja distributiva es una respuesta perezosa. Sí. Y eso es muy importante que entendamos. Un proceso virtuoso de salida de un régimen de alta inflación implica que los actores se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo. Álvarez Agis habla del experimento israelí, pero hay muchos experimentos que han funcionado bien que implican que esa puja distributiva al menos se toma una cierta pausa. Que todos se pongan de acuerdo de que durante un tiempo las condiciones van a ser éstas y las vamos a respetar independientemente de quién esté en el gobierno. Eso también es importante porque es la tercera pata de la macroeconomía.

‒Ahí tengo una pregunta porque vos conocés a los actores de la política y el poder local. Estuviste en el coloquio de IDEA del año pasado en una presentación que tuvo mucha repercusión junto a Juan Carlos Torres. Se llamaba Ceder para crecer. Ahí mucha gente te conoció porque planteaste que los empresarios eran los primeros que tenían que ceder. Pero aparte te reunís con economistas de la oposición y del Gobierno. Conocés a la Vicepresidenta. ¿Está en esa dirigencia transversal la idea de vamos a un pacto para salir de esta crisis?

‒Déjame citar a un periodista famoso que se llama Diego Genoud, quien dijo que el delito es perder. Siempre y cuando el delito sea perder, estamos mal. Si logramos superar ese trauma, que no creo que sea tan difícil, obviamente se puede sentar a la dirigencia. Hay que tener un plan y una visión de futuro, y tenemos que entender que los argentinos nos tenemos que hacer cargo de nuestra patria. Eso significa que los líderes políticos tienen que asumir esa responsabilidad máxima que es ser fiduciarios de los destinos del país y que la gente les dio esa herramienta para eso. Entonces sí es posible, pero tenemos que solucionar ese pequeño temita del que vos hablaste. Porque si el miedo de los políticos es ir preso porque cambia de gobierno, y los van a perseguir con carpetazos y con procesos judiciales, va a ser muy difícil lograrlo.

‒Sería para hablar un programa entero del Frankenstein de Comodoro Py, que se alumbró durante el menemismo y hoy parece que nadie puede controlar o no todos pueden controlar. ¿Es una especie de ruleta rusa, no?

‒Sí, o que los políticos juegan de jueces y los jueces juegan de políticos. Yo siempre digo que uno de los graves problemas de la Argentina es que no somos lo suficientemente profesionales. Es decir, cada uno de nosotros tiene su propia profesión, la tiene que poder hacer o saber hacer de la mejor manera posible. Y lo que también tiene que hacer es a los que hacen mal la profesión, uno los tiene que indicar y los tiene que poner bajo el foco y decir esa persona no es un buen profesional. Cuando lleguemos a eso también vamos haber logrado un gran progreso.

‒Uno de los informes también de Fundar de este año habla del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, el cual dice que más del 50% de las ventas están concentradas por dos empresas Mirgor SA, de Nicolás Caputo, y Newsan, de Rubén Cherñajovsky, dos empresarios, uno más ligado al macrismo, otro más ligado, uno se supone al peronismo. El informe dice que ese subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de mil millones de dólares, un poco más equivalente al 0,22 del PBI, más del doble del presupuesto del CONICET y 40% del gasto público anual que se destina a la Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo. ¿Por qué se mantiene ese régimen?

‒Nadie se quiere meter con el régimen de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de conflictos de interés, y porque parte del sistema financia la política y ahí se crea esa casta empresaria entre comillas de la que habla Milei. Hay unos privilegios que de alguna manera hay que atacar. ¿Por qué a Fundar le importa hablar de Tierra del Fuego? Nosotros como think tank creemos que el Estado haciendo política industrial inteligente es una de las herramientas importantes para el desarrollo. El Estado es un gran apalancador de la economía y que sí determina, como determinamos en el 2002 o 2003, no me acuerdo el año exacto, que la industria del software iba a ser una industria promisoria y le ponemos una ley que mantenemos en el tiempo para que las compañías que han invertido puedan continuar. Yo siento mucha bronca cuando uno dice política industrial y lo segundo que le dicen es Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego no es política industrial.

‒¿Qué es?

‒Cuando empezó fue pensado como política industrial. Esto es en los años '70. Es decir, llevamos mucho tiempo. Fue pensado como una política inteligente para poblar una región del país que necesitaba ser poblada. Y se crearon ciertos mecanismos para tratar de generar los incentivos para que empresas se radicarán allá. Pero esos incentivos no se revisaron. No es que a medida que esas empresas se desarrollaron y se hicieron potentes, empezaron a cambiar y dijeron “muchachos, ahora no vamos a dejar de ensamblar, que es lo que estábamos haciendo y nos vamos a dedicar a hacer verdadera política industrial, vamos a hacer manufactura, nos vamos a dedicar a otra cosa, vamos a generar ciencia y tecnología local, vamos a invertir en ciencia y tecnología o en desarrollo”. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque una política industrial que está bien diseñada se va adaptando a medida de que lo que uno subsidia o lo que uno favorece va evolucionando.

‒¿Qué repercusión tuvo el informe?

‒Poca en el sentido de los medios. Fue difundido, pero no fue altamente difundido. Nosotros creo que proponíamos una solución constructiva del problema. Es decir, no era que decíamos hay que cerrar la fábrica y hay que echar a todos los empleados a la calle. Decíamos que esta es la manera en que el régimen de Tierra del Fuego evoluciona, se reconvierte y se reconvierte a algo positivo. Eso es un poco en lo que Fundar se mete. Nosotros no creemos que la transformación de la Argentina pase a través de la destrucción. La idea que tiene la gente o que tiene, por ejemplo, en este caso algunos de los candidatos, de que una hiperinflación es buena porque te permite arreglar los problemas mejor es totalmente falsa. Es decir, una crisis te tira 20 casilleros para atrás. Está bien que empezás de una cosa un poco más aplanada pero 20 escalones abajo. Eso no es una buena manera de empezar. Nosotros creemos que los problemas de Argentina se pueden solucionar de manera evolutiva. Tenemos que crear los incentivos correctos para que la gente tenga los comportamiento correctos y eso se hace de una manera evolutiva, en la que tenés que proteger alguna de las cosas que se han creado y hacerlas evolucionar pidiéndole algo a cambio. Es decir, no puede ser que el Estado brinde y no pida nada a cambio, tiene que pedir algo a cambio por los beneficios que uno le da.

Entrevista realizada por Diego Genoud en su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos).

Por más que el discurso recalcitrante sostenga que hay vagos que viven de las asignaciones universales por hijo (AUH), estas sirven cada de menos. En los últimos ocho años, la AUH, que cobran desempleados y trabajadores informales padres de menores de 18 años, perdió un tercio de su valor, según un reciente informe del mercado laboral del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que elaboraron Mariana González y Cecilia Garriga. En lo que va de 2023 retrocedió 12%.

“La AUH ha seguido en los últimos años una evolución relativamente similar a la del haber mínimo, ya que se rige por la misma fórmula de movilidad”, señalan González y Garriga en su documento. “La excepción la constituyen momentos en los cuales se dispusieron desde el Poder Ejecutivo aumentos diferenciales por sobre esta fórmula. Así es que en términos generales el poder adquisitivo de la AUH ha sufrido un importante y constante deterioro con posterioridad a 2015. En el promedio de los ocho primeros meses de 2023 su poder de compra resultó 34,9% inferior al de ese año. En otros momentos, el otorgamiento de diversos bonos elevó relativamente el monto efectivamente percibido por las y los destinatarios de esta asignación, pero no se han determinado políticas de este tipo en 2023. En el reciente paquete de medidas destinado a recomponer ingresos tras la devaluación de agosto, el eje para los hogares de menores ingresos con niños y niñas se puso en la Tarjeta Alimentar, sobre cuyos montos se determinó un refuerzo tanto en septiembre como en octubre de entre $ 5.000 (+29,4%) y $ 11.500 (+33,8%), según la cantidad de hijos”, advirtieron las economistas de Cifra-CTA.

Otro informe también advierte sobre la pérdida de poder de compra de la AUH. En “Los ingresos populares en un régimen de alta inflación”, Sebastián Etchemendy, Federico Pastrana y Joan Manuel Vezzato, del centro de investigación Fundar, señalan que “la capacidad de defender el poder adquisitivo en un contexto de aceleración inflacionaria es disímil”. “Las coaliciones partidarias, sindicales y sociales son clave para explicar estas diferencias. Quienes contaron con instancias institucionales de determinación del salario más activas, como paritarias sectoriales privadas, estatales y paritaria nacional docente, pudieron defenderse mejor. Aquellos colectivos con una representación institucional difusa o inexistente, como los jubilados, beneficiarios de Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar/AUH y no asalariados, resultaron perjudicados”, concluyeron.

En 2021, a los beneficiarios de la AUH no les fue mal, pero en 2022 perdieron más que nadie respecto al año anterior: un 20,6%, es decir, un quinto de su poder de compra, según Fundar. “Uno de los ingresos de las familias que tienen como jefe/a de hogar a un trabajador informal es la Asignación Universal por Hijo/a, a la que en 2020 se agregó la Tarjeta Alimentar, beneficiando a fines de 2022 a más de 4,2 millones de niños y niñas. Durante 2022, se produjo un importante deterioro en los ingresos agregados de ambas políticas (AUH más Tarjeta Alimentar). El mecanismo de actualización de la AUH es el mismo que el de las jubilaciones; sin embargo, la cantidad de bonos fue mucho más restringida, por lo que se ejecutó un fuerte recorte en términos reales (incluso si se consideran los aumentos que tuvo la Tarjeta Alimentar)”, advierten Etchemendy, Pastrana y Vezzato.

“Las deficiencias de la fórmula jubilatoria se hicieron notar, tanto en las jubilaciones como en la AUH, dado que estos ingresos corrieron muy por detrás de la inflación”, continúan el reporte. “En el caso de las jubilaciones mínimas, los refuerzos de suma fija permitieron empardar la inflación en el promedio anual, pero no así en el de las AUH, donde los bonos fueron más limitados”, insiste. “El Gobierno amplió institucionalmente el Estado de Bienestar con dos políticas clave, la Tarjeta Alimentar (para beneficiarios de la AUH y otros grupos más acotados) y el programa de medicamentos gratis para jubilados. Sin embargo, esos dos grupos (personas en el sector informal receptoras de la AUH y jubilados sin bono) no pudieron defender sus ingresos frente a la inflación en la pospandemia. Los ingresos no salariales vinculados a la AUH y la Tarjeta Alimentar, por la ausencia de bonos compensatorios, evidenciaron un fuerte recorte. En síntesis, se nota una contracción del poder adquisitivo en los segmentos más bajos, lo cual puede haber contribuido a explicar el aumento de la tasa de pobreza en 2022”, señala. El 39% de los argentinos era pobre el año pasado. En 2023 puede haber empeorado.

El trabajo de Fundar saca tres conclusiones.“Primero, las coaliciones partidarias y sociales y las instituciones laborales siguen importando en un régimen de alta inflación, al punto de ser vitales para entender la matriz de ganadores y perdedores en materia de ingresos. Contra ciertas visiones de la ortodoxia económica que minimizan o ignoran el rol de las instituciones laborales, o incluso proclaman un simplista 'en inflación pierden todos', este trabajo muestra cómo algunos colectivos como los trabajadores bajo convenio (en promedio) o los docentes pudieron, a diferencia de lo que sucedió bajo el gobierno de Cambiemos, defender sus ingresos en a la crisis. Lo hicieron en gran medida gracias a su alianza con el Frente de Todos, a las decisiones del Gobierno en materia de política fiscal, y a instancias colectivas de determinación del ingreso refundadas o diseñadas en los años 2000, como las paritarias sectoriales o la Paritaria Nacional Docente”.

En segundo lugar, el trabajo plantea que “las instituciones laborales son también claves para entender las heterogeneidades en el interior de los sectores populares. Quienes mejor defendieron sus ingresos en el régimen de alta inflación que se consolida en la pospandemia fueron aquellos grupos que cuentan con instancias institucionales de determinación del salario más activas, como las paritarias sectoriales, de empleados públicos, las paritarias docentes nacional y provinciales y, hasta cierto punto, la del servicio doméstico. Quienes no cuentan con instancias de negociación colectiva del ingreso (no asalariados precarios, jubilados, beneficiarios de la AUH/Tarjeta Alimentar) o tienen una representación deficiente en las mismas, como los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo en el Consejo de Salario, vieron mermar sus ingresos reales sensiblemente. A estos sectores habría que agregar aquellas paritarias privadas que perdieron sustancialmente más allá del 'empate' en el promedio general. En definitiva, subyace una lógica de 'supervivencia del más fuerte' que afecta a los actores populares en un régimen de alta inflación, aun con un gobierno cercano. Estas desigualdades dificultan cualquier estrategia política y electoral consistente del espacio progresista en el corto, mediano y, por supuesto, largo plazo”

Por último, en análisis de Fundar, concluye que “ante un contexto de alta inflación es necesario promover ámbitos de acuerdo y coordinación salarial, una política de ingresos que, en el marco de un programa de estabilización heterodoxo, ataque la inflación de manera contundente y definitiva, punto de partida necesario para la recuperación sustentable del poder adquisitivo del conjunto de trabajadores y trabajadoras.”

AR/MG

Ha-Joon Chang ya volvió a la tranquilidad de la Universidad de Cambridge, fundada en 1209, en una ciudad de 100.000 habitantes, de los cuales un quinto son estudiantes, a dos horas de Londres. Dejó atrás varias semanas por la Argentina, desde Buenos Aires hasta Resistencia, invitado a una serie de encuentros con políticos y académicos organizados por el Consejo Federal de Inversiones y el centro de investigación Fundar, que creó y preside el empresario Sebastián Ceria. Chang es un economista surcoreano, de los más destacados en la corriente heterodoxa, autor de best-sellers como 'Retirar la escalera. La estrategia de desarrollo en perspectiva histórica', que cuenta cómo los países ricos usaron una receta para enriquecerse, pero les recomiendan otra a los demás; '¿Qué fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres', el deslumbrante '23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo' y 'Economía para el 99% de la población'.

-¿Qué opinión se llevó sobre la situación económica de la Argentina, con un crecimiento por la alta inflación y la sequía, y un gran potencial en sectores como gas, litio o alimentos?

-A corto plazo, los problemas económicos de alta inflación y crecimiento lento son un problema menor que las debilidades estructurales a largo plazo de la economía argentina. De una forma u otra, comenzarás a estabilizar la situación macroeconómica, es decir, renegociarás con el FMI, obtendrás más dinero de los chinos, venderá petróleo de Vaca Muerta, cuando termine la sequía en la agricultura, las exportaciones volverán a aumentar. Realmente es el largo plazo lo que me preocupa. En 2001/2002 tuviste mucha crisis, reiniciaste la economía y desde 2004 hasta 2010/11, pudiste crecer decentemente, generaste suficiente exportación para ayudar al superávit en cuenta corriente. Pero desafortunadamente, eso no ha sido traducido a la inversión, al crecimiento de la productividad, a una mayor capacidad de exportación. Básicamente has desperdiciado esa oportunidad de poner la economía en un camino diferente.

Esta vez, de nuevo, ya sea a través de una terapia de shock o un pacto social, tomando prestado de los chinos o lo que sea, aunque resuelvas los problemas macroeconómicos, a menos que inviertas, a menos que eleves tu productividad, a menos que aumentes tu capacidad económica para exportar, vas a tener una repetición de este problema de nuevo cinco años después, siete años después. Puedo mostrarte algunos cuadros con cifras muy preocupantes entre 2004 y 21: Argentina ha estado invirtiendo solo el 16% del PBI. El promedio de los países de renta media alta, a los que pertenece Argentina, es del 31%. Puede que la cifra está distorsionada por China, que tiene una inversión extremadamente alta, entonces compáralo con los países de ingresos medios bajos: están invirtiendo el 27%.

Incluso países de altos ingresos que no necesitan tanta inversión como Argentina están invirtiendo el 22%. El único consuelo es que tienes dos amigos en el mismo barrio: Brasil y Sudáfrica. ¿Cómo espera que su economía crezca de manera sostenible, respondiendo a todos los nuevos desafíos? Otra cifra preocupante es la cifra de investigación y desarrollo (I+D). Hay muchas cosas que están mal en Corea del Sur, pero al menos en términos de desarrollo productivo lo está haciendo muy bien: están invirtiendo el 4,6% del PBI en I+D. La Argentina, solo el 0,5%. La Argentina realmente necesita algún tipo de paquete social y un plan de desarrollo industrial a largo plazo que permitirá al país mejorar constantemente su estructura económica. A menos que controles la tecnología, a menos que controles cómo se organiza la industria, siempre serás víctima de otro.

-Como en el caso del litio...

-En este momento, Chile, Bolivia y la Argentina están muy contentos porque tienen litio, que se supone que es el futuro con las baterías de automóviles. Lo siento, pero hace unos días vi este artículo que decía que los chinos han desarrollado tecnologías muy creíbles usando sodio en lugar de litio para las baterías de los automóviles. Sal de sodio puedes conseguirla en cualquier lugar. Cuando eso suceda, tu litio no será tan valioso. Así que necesitas encontrar una manera de mejorar tu economía de manera sostenible. En un país pobre con un ingreso per cápita de 3.000 dólares el 20% de las personas va a la universidad. Ustedes son un país donde casi todos van a la universidad, han sido reconocido internacionalmente en investigación, ciencia e ingeniería, tienes unos pocos sectores donde está logrando estándares internacionales como automotriz y de turbinas eólicas, pero de alguna manera no pueden convertir esas capacidades en un modelo económico que sea capaz de generar a largo plazo crecimiento sobre la base del aumento continuo de las capacidades productivas que aumentan la productividad y la innovación.

Esa es la verdadera preocupación, porque la inflación es solo un síntoma de este problema más profundo. La inflación es una forma muy cómoda y perezosa de resolver el conflicto distributivo subyacente. A menudo lo comparo con una sala de cine donde algunas personas comenzaron a ponerse de pie. Tal vez en algunos casos sus sillas están rotas. Pero algunas personas pueden ser simplemente egoístas y quieren tener una mejor vista. Una vez que algunas personas se ponen de pie, luego otras también tienen que ponerse de pie. El resultado es que todos siguen teniendo la misma vista, pero todos se sienten más incómodos. Algunas personas no solo se quedan de pie sino que pueden traer la escalera y luego la situación se sale de control. Quien tenga algún poder para manipular sus precios y salarios más que otras personas lo hará. Cuando eso sucede, comienza esta dinámica macroeconómica muy peligrosa de alta inflación. De alguna manera necesitas hacer un plan a largo plazo para desarrollo productivo. La estabilización macroeconómica es necesaria, pero no suficiente.Y a tuviste eso muchas veces eso a lo largo de los años.

-¿Cómo puede la Argentina reducir este problema de inflación? Porque algunos líderes de la oposición están sugiriendo un fuerte ajuste fiscal y otros, la dolarización...

-La dolarización es una idea loca. Sé que hay algunos países que se han dolarizado como Ecuador, pero esta es una muy mala idea porque significa que dejes que los estadounidenses manejen tu política macroeconómica sin tener el beneficio de ser parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una recesión en la Argentina y hay un auge económico en los EE. UU., el gobierno de los EE. UU. decide frenar el auge debido a la presión inflacionaria y, cuando hagan eso, la Argentina irá a una recesión más profunda porque los estadounidenses restringirán su oferta monetaria. Por el contrario, la Argentina podría estar en la situación inflacionaria, pero el gobierno de los EE. UU. decide liberar más dólares porque quiere lidiar con la recesión y pondrá aún más presión inflacionaria sobre la Argentina. A menos que tu ciclo económico esté completamente sincronizado con el de los Estados Unidos, básicamente comenzarás a tener situaciones contra tu interés.

Si adoptas el dólar una vez, será muy difícil volver atrás. Para controlar esa inflación vas a renunciar a toda la independencia macroeconómica. Si quieres hacer eso, ¿de qué sirvió independizarse de España? Esto es ofrecerse como voluntario para ser una colonia sin tener al menos algunos beneficios de ser parte de ese país más grande. Así que esa idea es una mala idea. En cuanto a la terapia de shock de reducción fiscal, es algo en lo que puedes pensar, es un medio legítimo, pero déjame volver al ejemplo del cine. Es como tratar de hacer que todos se sienten y tú estás tirando una especie de pequeña bomba con descarga sónica para derribar a todos. El susto hace que todos se sienten, pero has dañado a la gente. Sabes que podrías matar a algunas personas. Si puedes evitarlo, la terapia de shock no debería usarse.

Sería mejor tener algún tipo de pacto social que asegure que todos se contengan el uso de la capacidad de aumentar sus precios, ya sea el precio de un producto o los salarios. De esa manera, puedes calmar la situación sin tener que usar una terapia de shock, que calmará la situación pero con muchas consecuencias negativas. No sé si la Argentina tiene esa democracia lo suficientemente madura como para llegar a algún tipo de pacto político. No entiendo por qué la gente descartar inmediatamente esa posibilidad y piensa en la terapia de shock o la dolarización. Realmente espero que trabajen para encontrar una manera de hacer este ajuste sin terapia de shock.

-¿No debería haber ningún ajuste?

-Al decir que no debes usar la terapia de shock, no estoy en contra del ajuste fiscal o la devaluación de ninguna medida. Lo que digo es que tienes que hacerlo, en primer lugar usa todas las medidas posibles. Si devalúas, aumenta tu exportación, pero también significa que no puedes importar cosas. Si la importación reducida es, por ejemplo, unas vacaciones en Miami o las carteras de Gucci, podría estar bien, pero si esto también significa que tu sector productivo no podrá importar repuestos de máquinas o el licenciamiento de tecnología, dañará tu capacidad a largo plazo para invertir y crecer. Así que tienes que hacer algo para compensar eso. Y para eso, necesitas algún tipo de plan a largo plazo que podría designar algunos sectores como biotecnología o inteligencia artificial como prioritarios. Es posible que dejes alguna concesión a estos sectores para importar las máquinas y las tecnologías a un precio más bajo, ya sea a través de subsidios o algún tipo de medida regulatoria. Un recorte fiscal puede ser necesario, pero también tienes que priorizar. Quiero decir, ¿vas a gastar dinero en construir y mejorar la infraestructura o vas a gastar dinero en comprar otro submarino para la Armada? De lo contrario, estás desperdiciando una vez más el espacio creado para un mejor camino de crecimiento. No estoy en contra de una medida sola, pero no deberías confiar en una sola medida. Si creo que es necesaria cierta devaluación, no puedes confiar completamente en la devaluación. Juzga cuidadosamente cuánto debes devaluar.

-¿Qué debe hacer la Argentina y el resto de América Latina para dejar de ser países de renta media y pasar al desarrollo? ¿Únicamente con recursos naturales o qué?

-Recursos naturales, si los tienes... Corea del Sur tuvo que explotar muy severamente a sus trabajadores en las décadas de 1960 y 1970 porque no teníamos nada más que vender. Así que básicamente tuvimos que vender mano de obra barata, los juguetes para los grandes almacenes estadounidenses, hacer camisetas, hacer pelucas con cabello humano. Pero lo importante fue que el país siguió reinvirtiendo el dinero que ganaba, especialmente las divisas, para crear constantemente mejores industrias y luego pases a la electrónica simple, madera contrachapada, luego te muevas al extremo inferior de la construcción naval, de automóviles, y luego pasas al extremo superior, la electrónica, los semiconductores. Así es como tienes que hacerlo. Si tienes una buena base de recursos naturales, ¿por qué no usarlos?

Pero ya sabes el problema con eso. Muchos países latinoamericanos que han estado bien en la mejora tecnológica y las industrias basadas en recursos naturales, pero no lo suficiente. Están haciendo lo mismo que han estado haciendo. Estás usando drones para controlar los cárteles y estás usando mejor los químicos para el trigo o lo que sea, pero no ha habido actualización tecnológica fundamental. Un hecho muy interesante que la mayoría de la gente no sabe es que en términos de valor de exportación agrícola, no por cantidad, el número uno es EE. UU., pero el número dos es Países Bajos, país con sólo 16 millones de habitantes, una de las densidades de población más altas del mundo, apenas hay tierra para la agricultura, pero tienen agricultura industrializada. Cultivan cosas en invernadero, en camas de agua, en la misma cantidad de tierra puedes apilar cuatro, seis capas de plantas. En el invernadero puedes cultivar cosas todo el año. Puedes controlar la alimentación con las computadoras, usas químicos agrícolas de alta calidad.

Los minerales que tienes, en lugar de solo extraerlos y enviarlos a China, Corea y Europa, debes procesar algunos. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, pero ni siquiera produce muchos cables de cobre ni placas de cobre, por no hablar de productos electrónicos más sofisticados que están usando cobre. El sector manufacturero es la fuente del crecimiento de la productividad, ahí es donde se realiza la mayor parte de la investigación y el desarrollo. Incluso en los EE. UU. y Reino Unido, donde la fabricación en estos días representa solo alrededor del 10 % del PBI, el 60 o 70 % de la investigación y el desarrollo es realizado en el sector manufacturero. En países como Alemania y Corea, donde la fabricación es más grande y fuerte, del 80 al 90% de la investigación y el desarrollo se realiza en la fabricación. Entonces, incluso mientras usas recursos naturales inicialmente, las divisas las usas en la mejora industrial, incluso mientras están mejorando los sectores agrícolas y mineros.

Tienes que desarrollar los sectores manufactureros utilizando tecnologías superiores si quieres salir de esta llamada trampa de ingresos medios. Corea escapó de ella, Singapur escapó de ella, Taiwán escapó de ella, en estos días Malasia podría escapar porque estos muchachos han usado mejores políticas industriales para mejorar sus economías. La razón por la cual países como Argentina, Brasil, Chile, Sudáfrica, están atrapados en la llamada trampa del ingreso medio es que están atrapados en la trampa neoliberal.

-Algunos economistas aquí dicen que la industria es parte del pasado, que tenemos que ir a la economía del conocimiento, que es más importante hacer el software y ya no más hacer el hardware. ¿Qué dice usted al respecto?

-Primero de todo, lo empírico: no es cierto. A escala mundial, la industria es tan importante como siempre. Gran parte se ha redistribuido principalmente a China y otros países asiáticos. El empleo en la manufactura a escala mundial ha estado alrededor del 20 % durante los últimos 40 o 50 años. Muchos países han experimentado la desindustrialización, pero no es porque la industria haya desaparecido. Sigue siendo necesaria. Pero algunas personas afirman que la mayor parte del valor agregado están en todos los servicios relacionados con la fabricación, en lugar de la fabricación en sí. Pero esto se basa en el gran malentendido de cómo ocurre el crecimiento de la productividad.

Los llamados sectores de conocimiento de alto valor agregado siempre han existido. Es solo que fueron hechos por las propias empresas de fabricación. Ahora están subcontratando esto, están transformando su división de diseño o de investigación en compañías independientes. Hay una ilusión óptica de que ahora sabes cosas como la consultoría y la ingeniería de diseño, pero son actividades que siempre se han hecho. Además, estas empresas no venden a consumidores comunes. Sus principales clientes son en realidad empresas manufactureras. Los países que tienen una fabricación sólida también desarrollaron estos servicios de alta gama con más éxito. El mejor ejemplo es Singapur. La gente piensa que países como Suiza y Singapur se han desarrollado sobre la base de los servicios, pero en realidad son los primeros y los segundos países más industrializados en el promedio mundial medido por el valor agregado manufacturero per cápita. Las empresas de servicios de alta gama en esos países están allí sólo porque su fabricación es sólida. Hay empresas que están escribiendo software para robots mineros y están ubicadas en los países con un fuerte sector minero como Canadá y Australia.

Esta idea de que la fabricación es la actividad del pasado muy equivocada. Los servicios son mucho menos comerciables. Si tu economía se vuelve demasiado dependiente de servicios, creará problemas con tu balanza comercial. Para la Argentina, conseguir la balanza comercial correcta es imperativo. Y al tratar de confiar en estos servicios, tendrá un problema. Además los servicios de gama alta en realidad son, en términos relativos, bastante pequeños. Gran Bretaña es uno de los países más avanzados en estos servicios de alto nivel, en gran parte debido a las finanzas, pero también a los servicios de consultoría, diseño, ingeniería, etc., pero no ha podido compensar el déficit comercial que tiene en la manufactura con el superávit comercial en los servicios. De alguna manera continúa sin tener una crisis monetaria porque es una economía relativamente rica. Pero el déficit de cuenta corriente es 6 o 7% del PBI con mucha frecuencia. El sector de servicios simplemente no es capaz de llenar el vacío. Hacer funcionar tu economía con estas cosas básicamente es estar soñando.

-¿Corea del Sur es un ejemplo para países como la Argentina, o es tan diferente su idiosincrasia que tenemos que buscar otros modelos?

-Todos los países son idiosincrásicos, pero siempre puedes aprender algo de todos los países, por muy diferentes que sean a ti. Habrá algunos problemas comunes y, a veces, realmente aprendes más de países que son diferentes que de países que son demasiado similares. Pero no creo en los modelos. Trato de llamarlos economías de referencia. Hay economías que tienen condiciones similares contigo, ya sea económica o políticamente, lo que te da una comparación más inmediata con tu caso. Llamarlos modelos da la impresión equivocada de que de alguna manera tienes que imitarlos.

Las mejores economías de referencia para la Argentina serán los países ricos en recursos naturales como Estados Unidos, Canadá, los países escandinavos, que inicialmente se desarrollaron sobre la base de los recursos naturales, pero luego desarrollaron las capacidades de fabricación y entraron en industrias muy sofisticadas. Finlandia dependía mucho de la silvicultura. Nokia es un gran ejemplo que comenzó como una empresa maderera y luego pasó a la fabricación de papel, luego comenzó a hacer las botas de goma para los leñadores, luego usaron el conocimiento de la goma y tecnología de caucho para comenzar con los cables eléctricos, y luego usan eso para entrar en las centrales telefónicas mecánicas que se ven en películas antiguas. Y luego usan esa tecnología para ingresar a la electrónica. Lo interesante es que Nokia Electronics no obtuvo un solo centavo de ganancia durante 17 años, por lo que tuvo que ser subsidiado por la empresa maderera, la de caucho, pero a través de este camino Finlandia se convirtió en una de las economías de más alta tecnología del mundo. Ese es el tipo de camino que quieres ver para la Argentina. De manera similar, Canadá.

Inicialmente se trataba de recursos naturales. En el siglo XIX, dos tercios de las exportaciones de los Estados Unidos eran algodón y tabaco. Por supuesto que tenían la competitividad internacional porque usaban los esclavos negros. Era una economía tan dependiente de los recursos naturales, pero siguió desarrollando industrias manufactureras para convertirse en el tipo de economía industrial más exitosa en la historia humana. Necesitas mirar esos países para aprender lecciones. Hay algunas cosas que nunca puedes replicar. No puedes traer de vuelta la esclavitud. Hay algunas cosas difíciles de replicar por razones económicas y políticas. Es difícil replicar un país tan grande con dominio militar. Así que olvídense de EE. UU., pero Canadá y Escandinavia deberían ser sus economías de referencia.

-Por último, ¿qué le preocupa de la economía mundial actual y qué soluciones propone a esos problemas?

-Los problemas actuales tienen sus raíces en la crisis financiera de 2008. El sistema financiero excesivamente desregulado que también creó la crisis de la Argentina en 2001 y la crisis financiera mundial en 2008 no ha sido debidamente resuelto. Cuando tuvieron la Gran Depresión en 1929, los estadounidenses implementaron una gran variedad de reformas. El llamado New Deal no se trataba solo de que el gobierno construyera represas. Se trataba de una reforma institucional. Así que introdujeron la ley Glass-Steagall, que separó la banca de inversión de la banca comercial, que desafortunadamente fue abolida en 1999. Y crearon una Comisión de Bolsa de Valores para regular el mercado de valores. Establecieron la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para proporcionar ese seguro de depósitos a los ahorristas para estabilizar la banca.

Pero después de 2008, ¿qué han hecho? Lo único que se me ocurre es aumentar el requisito de capital para los bancos. Así que, sin la reforma fundamental, nada estaba cambiando realmente. Básicamente tenían que mantener vivo el sistema, pero primero reduciendo la tasa de interés a cero. Pero incluso entonces la economía no se recuperó. Entonces comenzaron a hacer esta flexibilización cuantitativa, que era básicamente crear electrónicamente grandes cantidades de dinero para dar a los bancos. Lo ridículo fue que este dinero ni siquiera se entregó a empresas productivas y consumidores. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Crean una enorme inflación de precios de los activos en las bolsas de valores, los mercado de bonos, de bienes raíces. La prueba del absurdo de esta política se mostró durante la pandemia. En el punto álgido de la pandemia, la economía de EE. UU., la de Reino Unido, se estaban reduciendo a una tasa de diez, 12% por año. En un mundo cuerdo eso hubiera significado el desplome de la bolsa de valores y del mercado inmobiliario. Y no.

El mercado de valores en estos dos países estaba alcanzando récords cada semana. Así que ahora la economía financiera está completamente separada de la economía real. Mientras millones de personas perdían sus trabajos y la economía se contraía un 10%, el mercado de valores dijo que no, en realidad nuestra economía está en el mejor momento de la historia. La política monetaria ha creado estas enormes burbujas de activos que estaban bien mientras la tasa de interés aún era del 0% y los manuales de flexibilización cuantitativa estaban flotando, pero con la pandemia hubo una interrupción en la cadena de suministro global, con la guerra en Ucrania los precios de la nafta y de los alimentos subieron.

Cuando la inflación parte de estos factores del lado de la oferta, aumentar la tasa no es una solución fundamental. Pero tuvieron que hacerlo porque no hay otra forma de bajar la inflación. Y ahora que la tasa se disparó repentinamente del 0,30% al 5%, 6%, muchos de los activos se están convirtiendo en malos activos porque en los viejos tiempos se podía pedir dinero prestado al 1% o 2%, que significa 0% en la tasa del banco central. Lo que significa que si su activo le está dando 2% o 3 % de rendimiento, está bien. Ahora que nuestra tasa de interés es de hasta 5 o 6%, de repente tu activo tiene que generar 7 u 8%. Lo aterrador es que no sabes dónde están estos activos. El famoso banco de Silicon Valley, que quebró a principios de este año, no estaba invirtiendo en productos riesgosos como CDO (obligación de deuda colateral) y CDS (credit default swap). Como en la crisis de 2008, simplemente fueron a comprar demasiados bonos del gobierno estadounidense. Cuando la tasa de interés subió muy rápidamente a un nivel mucho más alto, los precios de los bonos colapsaron. Haber invertido en uno de los activos más seguros del mundo, el bono del Tesoro de EE. UU., y quebrar...

Así que no sé qué va a pasar el próximo año o dos. Podríamos tener una crisis financiera. Tal vez sigamos con un poco de suerte escapando de eso, porque no todos los bancos o no todos los proyectos inmobiliarios comerciales van mal al mismo tiempo. ¿Pero quién sabe? Así que creo que estamos en una situación muy peligrosa...

-Y además las tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia, la crisis climática...

-Hay muchas tensiones globales que están creando problemas. La guerra en Ucrania, la fricción entre China y Estados Unidos. Pero creo que el conflicto entre China y Estados Unidos no es la Guerra Fría versión II, como algunas personas creen. En la primera Guerra Fría entre los EE. UU. y la Unión Soviética, estas dos economías estaban completamente separadas. Ni siquiera comerciaban mucho entre ellos. Pero ahora China y EE. UU. son como los gemelos siameses unidos por la cadera porque, sin los bienes de consumo baratos de China, la economía de EE. UU. no puede sostenerse.

Los chinos poseen el 13% de los bonos del Tesoro de EE. UU. Si bien hay conflicto con los semiconductores de uso militar y otras áreas, no creo que hayan intención de destruirse entre sí. Pero que los dos mejores economías del mundo tengan estos conflictos y fricciones no es bueno. Así que el mundo se está volviendo más inestable. Y finalmente tenemos el desafío de la crisis climática. ¿Sabes cómo vamos a lidiar con esto? Es ese el gran desafío. Esto nos obligará a reinventar el sistema energético, reformar las ciudades porque necesitas mejorar el transporte público. Necesitas concentrar más a la gente. A los europeos les resulta muy fácil criticar a los estadounidenses por conducir demasiado.

Pero les digo: “Mira, no seas tan presumido porque podrías estar muy orgulloso de ti mismo por andar en bicicleta 20 millas todos los días para ir al trabajo, pero, ¿puedes hacer eso si eres un estadounidense atrapado en un suburbio de Florida o Texas? ¿Vas a poder andar en bicicleta 170 millas por día? De esa forma básicamente estarás viviendo en la carretera. Va a llevar mucho tiempo, pero concentrar más a la gente para que haya menos necesidad de conducir es lo que necesitamos. Hay que desarrollar tecnologías para mejores las baterías, necesitamos encontrar formas de fabricar acero sin usar carbón. Necesitamos mucho nuevas tecnologías. Estos desafíos cambiarán fundamentalmente la forma en que organizamos nuestra economía y los países en desarrollo tendrán que hacerlo.

Súmate cuanto antes a este nuevo paradigma tecnológico, porque de lo contrario acabarás convirtiéndote en los proveedores del próximo petróleo llamado energía renovable. En este país del sur de África, Namibia, que tiene el famoso desierto de Kalahari, los alemanes tienen han realizado inversiones masivas en granjas solares con las que planean producir hidrógeno. Si no hace nada, Namibia básicamente generará energía solar y la convertirá en hidrógeno y la exportará a Alemania, Corea o donde sea. ¿Cuál es la diferencia entre eso y simplemente extraer petróleo y venderlo a esos países? Entonces, sí, tenemos muchos desafíos por delante. Lo peor que puede pasar es que la gente ni siquiera se dé cuenta de que está ocurriendo esta crisis subyacente.

AR

“Lo que sucede con el litio en términos ambientales implica una paradoja: es un mineral crítico para la transición energética y la electromovilidad, pero se enmarca en una actividad que es altamente resistida en términos sociales”, dice Victoria Arias Mahiques, investigadora del área de Recursos Naturales de Fundar. Para obtener este insumo clave para construir baterías que almacenen la energía generada por fuentes limpias, es necesario explotar más recursos naturales, hacer más minería intensiva. 

Como elemento adicional, los recursos se encuentran concentrados en una región particularmente conflictiva. Según un informe elaborado por Arias Mahiques, Malena Galuccio y Carlos Freytes sobre “Gobernanza socioambiental de la minería de litio”, América Latina y el Caribe tiene la tasa más elevada de conflictos en el mundo vinculados a la minería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) identifica 264 conflictos a lo largo de la región, con más de 300 proyectos involucrados.

Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros, solo por detrás de México, Chile y Perú. Son conflictos con consecuencias productivas directas. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales. Un caso paradigmático fue el de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc en Jujuy, en 2010, en el que las 33 comunidades que habitan el territorio se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars y Bolera Minera SA, paralizando la actividad minera en la zona hasta hoy.

Por otra parte, en la Argentina hay actualmente seis provincias que prohíben la actividad minera metalífera por distintos motivos (Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). 

Los cuestionamientos, sin embargo, tienen argumentos razonables detrás. La extracción de los depósitos de litio se realiza actualmente a partir del bombeo de la salmuera, donde se concentra por evaporación en estanques solares. “Este método implica una enorme pérdida de agua y produce una salinización del agua dulce y se constituye como una amenaza para los humedales altoandinos”, detalló Arias Mahiques en una conferencia de prensa en la que fue presentado el informe. 

La explotación representa un riesgo para ecosistemas que ya son de por sí frágiles y muy áridos. Según detalla el informe, los sistemas hídricos de los salares están conectados con áreas de pastoreo y riego así como con humedales protegidos y su explotación tiene efectos secundarios en la dinámica natural de las cuencas hidrogeológicas. Por ejemplo, la modificación del flujo natural superficial del agua, la alteración del ciclo de precipitación de sales y la alteración del balance hídrico. 

“Acá entendemos por qué la cuestión del litio se metió también en la ley de humedales”, apuntó la investigadora. En efecto, los gobernadores de las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– intervinieron directamente para frenar el avance del proyecto en Diputados, porque entienden que podría condicionarlos en la explotación de los salares. 

Sin embargo, el rechazo de las comunidades a la minería suele provenir no solo de las preocupaciones por los impactos socioambientales, sino también de la percepción de modelos económicos en pugna o de débiles vínculos institucionales que generan desconfianza en la calidad y capacidad de garantizar la sostenibilidad y responsabilidad socioambiental.

En la revisión del marco regulatorio en las tres provincias con reservas de litio (Jujuy, Salta y Catamarca), la investigación dejó de manifiesto, en primer lugar, que la licencia ambiental de los proyectos mineros es otorgada por la cartera productiva, lo que genera desconfianza en el cumplimiento del control ambiental. 

Respecto a la información en materia ambiental, se identifica una falta de disponibilidad de información actualizada en los portales estatales. Por otra parte, la falta de reglamentación de las instancias de participación pública impacta en la credibilidad de la autoridad competente, al otorgar un amplio margen de discrecionalidad con respecto a los actores convocados, los tiempos y los resultados.

En un contexto de demanda creciente de litio, y con la previsión de que en los próximos años Argentina pase del cuarto al tercer lugar en el ranking de producción mundial —podría escalar de una producción para 2024 estimada en 100.000 toneladas a 115.000 toneladas en 2026—, “poner el foco en cuáles son y de qué forma las autoridades otorgan la licencia ambiental a estos proyectos es atender un tema que coincide en urgencia e importancia”, señala el documento. 

Como ocurrió en el caso de Chubut un año atrás, en el que la manifestación popular revirtió una norma emitida por la Legislatura provincial para habilitar la minería en la meseta, se suele hablar de que la actividad carece de “licencia social” un concepto que hace alusión no a un requerimiento jurídico, sino a la aprobación inicial y a la aceptación continua de la actividad extractiva por parte de las comunidades locales y los actores clave afectados por esas actividades. Para los investigadores de Fundar, atender a la construcción de esa licencia y disponer las herramientas necesarias para consolidarla es un desafío urgente si se quiere aprovechar el recurso demandado hoy por el mundo, que podría ser reemplazado por otro en el futuro. 

DT

“Argentina es la segunda reserva de litio del mundo y lo que tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, sino que además podamos industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo exporta como mineral que si se lo exporta como batería”, dijo, algunos semanas atrás, el presidente Alberto Fernández al visitar la obra civil de lo que será la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio (UniLiB), un proyecto conjunto de la Universidad Nacional de La Plata, Y-TEC y el Conicet. 

Sus declaraciones van en línea con una idea cada vez más evocada públicamente que, sin embargo, para algunos investigadores del área no coincide con el rumbo estratégico más razonable para el país, al menos en una primera etapa. “En el imaginario el litio aparece directamente vinculado al tema de las baterías pero las baterías hoy nos quedan bastante lejos”, resume Carlos Freytes, director del área de Recursos Naturales de la ONG Fundar y autor de una investigación sobre desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas en torno al litio. Para él, las oportunidades están en otro lado. 

Según explicó en una rueda con periodistas de la que participó elDiarioAR, hoy existen importantes barreras financieras, productivas y tecnológicas para el desarrollo de actividades “aguas abajo”, donde se incluiría el procesamiento de litio para la producción de  baterías de ion litio. “Estas son barreras que tienen que ver con la configuración de los mercados globales, que hace bastante improbable que Argentina logre en el corto, incluso a mediano plazo, insertarse exitosamente en ese segmento”, sostuvo el investigador, que trabajó en una serie de documentos junto a Martín Obaya, Víctor Delbuono, María Victoria Arias Mahiques y Malena Galuccio. 

La barrera financiera se explica por los montos de capital necesarios para establecer una gigafactory o megafactoría que produzca baterías. “En un mercado donde las ventajas comparativas están dadas por la escala productiva –señaló– se necesitan grandes plantas industriales que producen baterías para tener precios competitivos. Ese mercado está dominado por tres grandes productores asiáticos, que son básicamente Corea del Sur, Japón y China”. 

La Unión Europea y Estados Unidos, puntualizó, están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar la producción de ion litio con resultados inciertos. “Argentina, al menos en esta coyuntura, tiene un contexto de importantes restricciones fiscales y para acceder al financiamiento internacional, no queda claro de dónde provendrían los capitales para desarrollar ese tipo de actividades”.

Consultado por la planta de baterías que se está construyendo en La Plata, que visitó el Presidente, el investigador señaló que es un proyecto piloto que tiene como objetivo dominar la tecnología para la producción de baterías, o sea conocer el know how o cómo funciona una batería. “Tienen una escala pequeña y además un destinatario muy específico que es el sector de Defensa de la Argentina para producir baterías para el almacenamiento de energía, no son baterías para la electromovilidad, que es donde está la presunción de que existe una gran oportunidad de mercado para el desarrollo de baterías de ion litio”, precisó. 

De todos modos, consideró que el proyecto de Y-TEC es importante en una perspectiva de mediano y largo plazo. Es deseable que la Argentina tenga manejo de esa tecnología cuando se desarrolle el mercado de la electromovilidad a nivel regional y se den pasos certeros en la reconversión de la industria automotriz local. 

“En una perspectiva más cercana en el tiempo, las oportunidades concretas para la Argentina están más en el segmento aguas arriba, básicamente en el desarrollo de la minería de litio en salares y en la generación de capacidades productivas y tecnológicas vinculadas a ese segmento de la actividad”, señaló. Para el especialista, no son desarrollos “triviales” porque desde el punto de vista tecnológico tienen que ver con procesos productivos más sustentables, con la evaluación de los impactos de la actividad sobre la hidrogeología de los salares y después hay una posibilidad de hacer una política de ciencia y técnica sobre la gobernanza de la dimensión socioambiental de la actividad. “Esa es la realidad concreta del litio en la Argentina”, redondeó. 

De todos modos, la estrategia efectiva de la Argentina en lo que respecta al litio parece ir en sentido contrario a este diagnóstico aportado por Fundar. “Pese a las barreras, vemos que el mayor volumen de recursos presupuestarios y humanos del sistema de ciencia y técnica están focalizados en el segmento aguas abajo, o sea, están vinculados al desarrollo de tecnologías asociadas a la producción de baterías”, sostuvo Freytes. 

El litio y su posible declaración como “recurso estratégico”

Argentina tiene el 10% de las reservas globales de litio y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral, con solo dos proyectos activos. Si entraran en actividad los 17 proyectos que están en estado de avance, el salto productivo sería enorme.  Solo con la puesta en marcha de 7 nuevos proyectos y la ampliación de la capacidad de los dos que ya en funciones, pasaríamos de tener una capacidad de producción de 39.500 toneladas anuales en 2022 a 256.000 toneladas en 2026

El Presidente se refirió al litio en su último viaje a Estados Unidos, situado mentalmente en el marco global de un creciente interés por este mineral,  y habló de la posibilidad de declararlo “recurso estratégico”, sin precisar qué implicaría ese estatus. Para Freytes, hay dos interpretaciones posibles. 

La primera es que el litio tenga algún tipo de legislación especial que aumente el control del Estado nacional sobre el recurso, referido al régimen de concesiones, la disponibilidad o incluso que el Estado Nacional controle directamente el recurso. 

“Ese es un camino que creemos que es muy difícil que se pueda recorrer exitosamente porque lo que hace un sistema federal es darle a la provincia capacidad de veto sobre cualquier modificación del statu quo legislativo que afecte sus intereses. Entonces nos parece que es muy improbable que una iniciativa de ese tipo logre prosperar”, precisó. 

Una segunda manera de entender la afirmación del Presidente es interpretar que el litio tiene una importancia económica estratégica y que por lo tanto Argentina debería articular una visión común, clara, productiva, de atención a los conflictos socioambientales que permita resolver algunas de las tensiones. Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros (después de México, Chile y Perú), sobre todo vinculados a la resistencia de comunidades y las consecuencias ambientales de su explotación. Según la misma investigación de Fundar, la extracción de litio implica una enorme pérdida de agua y produce una salinización del agua dulce y se constituye como una amenaza para los humedales altoandinos.

“Los países que lograron resolver exitosamente los problemas de gobernanza son países que en algún momento abrieron un proceso de discusión amplio que les permitiera saber hacia dónde querían ir y qué instrumento de políticas públicas podría acercarlos a ese objetivo –puntualizó–. En Argentina sería deseable que se dé esa discusión”. 

El investigador consideró que sería deseable también una revisión del régimen de promoción de la actividad minera. Sin embargo, anticipó que es una idea que tanto el sector productivo como las provincias miran sin mucha simpatía porque lo perciben como “abrir una caja de Pandora”. “Abrir una discusión legislativa sobre la ley de inversiones mineras, un régimen que tiene sus problemas pero que por lo menos es una palanca para el desarrollo de la actividad, podría potencialmente abrir una discusión con consecuencias incalculables”, señaló. 

DT

Entre una postura extractivista hasta una que no acepta bajo ningún concepto la explotación de los recursos naturales. El debate sobre la relación entre los recursos naturales, las estrategias de desarrollo y el ambiente siempre parece estar en tensión. En este nueve episodio de “Esto no es un tweet” llega un tema clave para el futuro argentino. Para ello dialogan la economista Verónica Roberts de la Escuela Idaes y el politólogo Carlos Freytes de Fundar y cuenta con la conducción de la periodista Silvina Heguy, de elDiarioAR.

El diálogo completo se puede seguir en el canal de Youtube de elDiarioAR y el video es parte de los siete diálogos para pensar el desarrollo argentino para los que se convocaron a académicos e investigadores.

Este ciclo de conversaciones surgió de la creencia de que hay debates en los que vale la pena detenerse. Por eso desde Fundar, IDAES y elDiarioAR se lanzó “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina”.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

En el capítulo de hoy intervienen:

.• Verónica Roberts: licenciada y doctora en Economía; Investigadora adjunta CONICET y directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de IDAES-UNSAM.

• Carlos Freytes: doctor y magíster en Ciencia Política; Director del Área de Recursos Naturales de Fundar; profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Nacional de Hurlingham.

• Silvina Heguy: escritora, periodista y editora. Es actualmente directora de Estrategia de elDiarioAR.

PP

El tema de la productividad de la economía argentina merece un debate maduro. Su bajo dinamismo tiene larga data, pero el problema se agravó durante la última década. Según datos del CEP XXI, entre 2011 y 2019 la productividad laboral cayó más de un 10% y la de la industria manufacturera casi un 20%. En un sector clave, el automotriz, la caída fue del 35%. Este no es un problema exclusivo de Argentina: los países de América Latina han ampliado su brecha de productividad no solo con los países desarrollados, sino también con el propio grupo de países de ingresos medios al que pertenecen. El desafío es construir una agenda orientada a incrementar la productividad y así lograr una mejora  genuina de la competitividad, que no esté centrada en las recetas ortodoxas de reducción de costos, en general asociadas a  flexibilización de las relaciones laborales y baja de salarios. Un camino alternativo a transitar es la generación conjunta —entre empresarios y trabajadores— de capacidades productivas. Un camino no exento de claroscuros y tensiones.

El desarrollo económico implica una transformación de la estructura productiva. Para ello, el aumento del nivel medio de productividad de las actividades y sectores existentes aparece como una condición necesaria. Pero el salto en productividad necesario en el presente es mucho más pronunciado que el que tuvieron que dar los países que se desarrollaron primero (Estados Unidos y Japón, apenas dos ejemplos paradigmáticos). Hacerlo implica entender los problemas concretos a los que se enfrentan empresarios y trabajadores en los contextos económicos, institucionales y políticos en los que se desenvuelven. Una cuestión tan seria como la productividad no puede quedar en voces de la ortodoxia, que suelen pronunciarse desde un corset ideológico y se reiteran en recetas y fórmulas mágicas de larga data. Es necesario pensar en alternativas prácticas para el país real que tenemos. 

La industria automotriz es una puerta interesante para ampliar el campo de debate. No solo por su relevancia en la economía argentina —representa un tercio de las exportaciones industriales y el 6% del empleo industrial—, sino también por los desafíos de competitividad que enfrenta el sector autopartista local en el contexto de una cadena global de valor que avanza cada vez más rápido hacia un importante cambio tecnológico —cambio que incluye, pero no se limita, a la electromovilidad—. Un país como Argentina debe considerarse afortunado en tener que afrontar esta clase de desafíos: economías vecinas como las de Chile o Uruguay no tienen que resolver este dilema ya que carecen de una industria automotriz a la cual transformar.

Para el archipiélago de empresas autopartistas que proveen a las terminales automotrices en Argentina –pero también en otros países de ingresos medios como Brasil, Sudáfrica, Turquía o Tailandia– el desafío es lograr una inserción inteligente en cadenas globales de valor que típicamente localizan la generación de innovación en el Norte Global. Una de esas empresas es Industrias Guidi (IG), autopartista ubicada en la Provincia de Buenos Aires, que emplea a más de 500 personas y se dedica al estampado de piezas de tamaño mediano y al ensamblado de conjuntos soldados, proveedora de Toyota Argentina desde mediados de la década de 1990. IG logró acompañar el ciclo expansivo de esta terminal, basado en la producción y exportación de camionetas pickups, respondiendo a sus requerimientos de aumentar la productividad y colocarse en la frontera internacional de costos para competir con las plantas tailandesas de Toyota y exportar a otros países de América Latina. El acompañamiento de la filial japonesa fue determinante para lograr el objetivo. 

Nada de esto puede entenderse sin bajar al llano. En reductos pequeños y atípicos dentro del paisaje corporativo de nuestro país podemos aprender algo interesante sobre el desafío de la productividad en Argentina del siglo veintiuno. El problema de una firma, el problema de un país: acercar la lupa, alejar la lupa. Por eso la importancia –la necesidad– de realizar estudios en enclaves industriales como Guidi: una política pública que quiera contribuir a que la Argentina produzca más y mejor debe ser capaz de identificar  aquellos elementos virtuosos en las experiencias que existen. Y los obstáculos que esos casos encuentran en el camino.

¿Cómo han hecho los y las dueñas, los y las gerentas y los y las trabajadoras de estas empresas domésticas para dar esos saltos de productividad que exige la integración en cadenas globales de valor, escapando al declive que caracteriza al conjunto del país? La respuesta requiere considerar las características del vínculo entre las empresas domésticas y las multinacionales, y también el contexto institucional local de las empresas proveedoras de estas cadenas que afecta las posibilidades de las firmas para adquirir, adaptar y mejorar su conocimiento productivo. El trabajo de campo en las plantas de IG en Burzaco y Zárate muestra que para integrarse al mundo y competir con empresas muy eficientes en costos y capacidades tecnológicas es importante no solo incorporar tecnología, sino también fortalecer las instituciones que promueven la cooperación de los trabajadores en relación con la mejora de la productividad y el desempeño de la empresa.

Pero, ¿en qué marco se articula esa cooperación? Las negociaciones sobre productividad deben considerar las especificidades de las firmas y eso implica cierto grado de descentralización de la negociación entre empresarios y liderazgos sindicales. Es un tema de máxima sensibilidad para el mundo del trabajo y para el progresismo argentino. Los derechos de los trabajadores —más aún, los cuerpos de los y las trabajadoras— deben ser especialmente protegidos en un contexto donde los sistemas de producción imponen exigentes procesos en términos de tiempos, metas y controles de productividad. La pregunta es cómo hacerlo: la respuesta, por supuesto, carece de soluciones enlatadas fáciles.  

Parece claro, por un lado, que las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresarios deben definir lineamientos comunes para la aplicación de instrumentos que impulsen mejoras de productividad a nivel de las empresas —por ejemplo, los sistemas de pago por desempeño—. Parece claro, por otro lado, que los sindicatos tienen que fortalecer sus capacidades de acompañamiento y monitoreo de la implementación de estos instrumentos en las plantas, esto es, responder al llamado del tiempo que corre. El salto de productividad es también un salto institucional a toda regla, y la responsabilidad puede no ser equivalente, pero es conjunta: propiciar espacios adecuados entre el Estado, el empresariado y los trabajadores para discutir una agenda de mejora la productividad que tengan legitimidad y generen un marco de confianza y de discusión de alto nivel técnico. Entonces, ¿es posible construir una agenda de mejora de la productividad que no esté centrada en la flexibilización de las relaciones laborales, sino en la construcción conjunta de capacidades productivas? Entrar en este debate incómodo es un primer paso urgente para que la respuesta sea afirmativa.  

Parece claro, por un lado, que las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresarios deben definir lineamientos comunes para la aplicación de instrumentos que impulsen mejoras de productividad a nivel de las empresas

Guidi ha sobrevivido y ha crecido –en el panorama desalentador de la última década– porque ha podido mejorar su productividad. Al final del día, es fundamental que empresas domésticas medianas como Guidi continúen en su senda de crecimiento y que sean un modelo cada vez más virtuoso para ofrecer trabajo de calidad a sus empleados. Pero ese modelo debe potenciar los pactos preexistentes en nuestro país: producir más y mejor no puede significar un retroceso sobre derechos adquiridos. Y una nota final, que surge al alejar la lupa una vez más. Como en otras dimensiones de la agenda de desarrollo inclusivo, la evidencia internacional muestra que cuando los actores progresistas en la sociedad y en el Estado supieron hablar con rigor técnico sobre productividad, hacer de este un tema suyo, las mesas de negociación se ampliaron. Lejos de quedar como un asunto de las derechas, la experiencia comparada indica que hacerse cargo del tema de la productividad desde el campo progresista vuelve posible la definición de estrategias para acelerar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la construcción de sistemas de protección social más generosos y de sociedades más igualitarias.

* Tomás Bril Mascarenhas es director del Área de Desarrollo Productivo de Fundar. 

** Jimena Rubio es investigadora asociada del Área de Desarrollo Productivo de Fundar.

TBM/JR

Argentina es uno de los países de la región que más invierte en políticas sociales. Sin embargo, a contramano de los que sucedió en otras naciones de América Latina, no logró resultados en la disminución de la pobreza. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede mejorar?

En este episodio de “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina” se trata de pensar el impacto de las políticas sociales junto al sociólogo Ariel Wilkis (Escuela Idaes) y el politólogo Andrés Shiapani (Fundar) y con las preguntas de Delfina Torres Cabreros, periodista de elDiarioAR.

Las siete conversaciones que integran el ciclo surgen de la creencia de que hay debates en los que vale la pena detenerse. Es así como académicos y especialistas de Fundar y IDAES cruzan ideas bajo las preguntas de periodistas de elDiarioAR. “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina” ya se puede seguir por el canal de Youtube de elDiarioAR.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

En el diálogo sobre políticas sociales participa Ariel Wilkis, decano de la Escuela IDAES, quien es sociólogo especialista en antropología del dinero y las finanzas, y Andrés Shiapani, quien es doctor en Ciencia Política, investigador asociado en Fundar, investigador en el Instituto Universitario CIAS e integrante del equipo que elaboró el documento de trabajo “Mapa de las políticas sociales en Argentina”.

GC

Cuando se piensa y debate sobre el desarrollo de la Argentina se abordan temas complejos, que no se resuelven en pocos caracteres. Bajo la creencia de que hay debates en los que vale la pena detenerse, a partir del próximo domingo Fundar, IDAES y elDiarioAR presentan “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina”. Un ciclo de conversaciones que se podrán seguir por el canal de Youtube de elDiarioAR.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

¿Cómo encaramos la transición energética? ¿Por qué las políticas sociales no logran reducir la pobreza? ¿Cómo impacta la crisis económica en el mercado laboral? ¿Qué implica transversalizar la perspectiva de género? ¿Cómo se relacionan el desarrollo y los recursos naturales? Son algunas de las preguntas sobre las que investigadores de ambas instituciones dialogarán desde el próximo domingo 24 de julio.

En este ciclo hablarán sobre Matriz energética argentina: Nicolás Arceo y Esteban Serrani; sobre Negociación salarial: Sebastián Etchemendy y Matías Maito; de la Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas conversarán Paola Bergallo y Laura Masson. Las Políticas sociales serían abordadas por Andrés Schipani y Ariel Wilkis;  la Ética en inteligencia artificial serán debatidas por Félix Penna y Germán Rosati. Carlos Freytes y Verónica Robert conversarán sobre Ambiente y Desarrollo y sobre Campo y progresismo pensarán Juan O’ Farrell y Valeria Hernández. Las charlas las conducirán por elDiarioAR: Martín Sivak, Silvina Heguy, Delfina Torres Cabreros y Natalí Schejtman.

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