En jornadas de intensa movilización sindical que arrancaron hace dos semanas, cuatro provincias argentinas cuyos gobernantes mantienen abierto su apoyo al presidente Javier Milei vieron a sus empleados estatales salir a las calles para reclamar mejoras salariales y denunciar la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Los conflictos en Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz pusieron en evidencia la creciente presión social sobre los mandatarios provinciales que respaldan la gestión nacional pese a que la Casa Rosada retacea los fondos federales para educación, salud, asistencia social y la obra pública.

Catamarca: mesa de negociación fracasa

En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil –uno de los gobernadores más cercanos a Milei en el norte–, el conflicto docente escaló este último miércoles 11, durante la noche, cuando las columnas de maestros y profesores se concentraron frente a la Casa de Gobierno en una marcha de antorchas. La movilización tuvo replicas en las ciudades más importantes de esta provincia, como en Santa María. “El Ejecutivo liderado por el gobernador Raúl Jalil tiene literalmente un plan sistemático de destrucción de la educación pública”, aseguró el docente Marcos Castro durante la movilización. Su colega Bruno Corzo, también referente del sector de los autoconvocados, apuntó contra el reciente viaje de Jalil a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial de Javier Milei: “Es muy grave lo que hace con la situación que hay acá. El gobernador pide prudencia en la política salarial para los trabajadores pero él se va de gira con la comitiva presidencial”.

Pese a que el gobierno no tenía en sus planes abrir el diálogo, elDiarioAR supo que el mandatario catamarqueño –que todavía no retornó del exterior– bajó la orden de reiniciar las negociaciones. La primera reunión se concretó este último jueves al mediodía, en la que estuvo la Intersindical Docente, que integran los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, pero terminó sin acuerdo, lo que profundiza la crisis que ya lleva semanas. 

Mientras las conducciones gremiales mantenían el encuentro con funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno, los docentes autoconvocados permanecieron en la calle frente al edificio, rechazando de antemano cualquier propuesta que no cumpliera con sus exigencias. El Ejecutivo de Jalil había ofrecido llevar el salario básico docente a $800.000 por cargo (posteriormente mejorado a $850.000), más un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y actualización bimestral del punto índice según la inflación. Sin embargo, los docentes exigen $1.300.000 de salario básico, denunciando que Catamarca tiene el tercer salario docente más bajo del país, solo por encima de Misiones y Mendoza, según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación.

El fracaso de la mesa abre un escenario de mayor conflictividad: los docentes autoconvocados –que no participaron de la reunión– ya convocaron una nueva marcha para este viernes y advierten que no aceptarán cualquier acuerdo que surja de la paritaria sin su participación directa.

Jujuy: el conflicto policial que encendió la mecha

En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, afín a la Casa Rosada, la actual ola de protestas estatales se originó en un conflicto salarial policial que estalló con violencia días atrás y terminó por contagiar a todo el sector público provincial. Comenzó cuando efectivos de la Policía iniciaron reclamos por mejoras salariales, exigiendo la actualización del salario básico y mejores condiciones de trabajo. La situación se agravó cuando trascendió que la plana mayor de la fuerza había recibido aumentos del 70%, mientras que sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) accedían a beneficios excluyentes. Este trato diferenciado profundizó el malestar entre los agentes de menor rango, que se sintieron discriminados. La reacción oficial fue dejar sin efecto los aumentos pero el enojo ya se había instalado. 

El conflicto escaló hacia disturbios frente a la Casa de Gobierno el lunes por la noche, con una manifestación que derivó en ataques al edificio gubernamental. Las autoridades presentaron denuncias penales contra los responsables y el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio, calificando los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada” por sectores “sin representatividad” en la fuerza. Lejos de calmar los ánimos, estas decisiones no amedrentaron al sector rebelde y se incrementó el malestar.  

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial se vio obligado a presentar una propuesta que incluía aumentos escalonados y un piso salarial de $1.150.000 para agentes recién incorporados desde marzo, más adicionales por presentismo y mejoras en títulos y posgrados, en un intento de calmar las aguas internas. Cuando trascendió el contenido del ofrecimiento, el grupo de policías activos que protagonizó los reclamos lo rechazó por insuficiente y cuestionó a los interlocutores que eligió el gobierno por “no contar con el aval para tomar decisiones”. La tensión interna escaló tanto que presentó su renuncia el secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. El militar retirado ya se había desempeñado como ministro de Seguridad en Salta, durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

Como efecto dominó, el conflicto policial encendió los reclamos del resto de los gremios estatales. Los docentes jujeños, encabezados por el gremio combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), marcharon este miércoles durante la noche para reclamar la restitución del abono docente y una nueva negociación salarial. “Hay una situación económica asfixiante, con $800.000 no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó en la marcha Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.

La presión en las calles, a la que se sumaron estatales enrolados en una decena de sindicatos de la administración pública, obligó al gobierno provincial a reabrir las paritarias, aunque la situación permanece tensa. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores. “Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó.

La paradoja salarial en Jujuy resulta llamativa: mientras el gobierno ofrece 30% de aumento a la policía, los docentes y empleados estatales denuncian que se les impone un porcentaje inferior, lo que genera una brecha creciente entre las fuerzas de seguridad y resto de los trabajadores públicos. 

San Juan: antorchas en la calle logran abrir mesa de diálogo

La provincia cuyana gobernada por Marcelo Orrego, que integró Juntos por el Cambio como diputado nacional y hoy cultiva sintonía fina con la Casa Rosada, vivió este miércoles por la noche horas de alta tensión porque los gremios docentes marcharon con antorchas en reclamo de mejoras salariales, en una potente demostración de fuerza. 

La columna multitudinaria estuvo encabezada por la secretaria general del gremio educativo UDAP, Patricia Quiroga, y contó con la participación de distintos sindicatos docentes y estatales. Se sumaron los sindicatos UDA, AMET y SADOP, y también adhirieron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo. Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.

El conflicto en San Juan había escalado con cuestionamientos al paro médico por parte de funcionarios provinciales, quienes aseguraron que los salarios “le ganan a la inflación”, una afirmación que contrastaba con la realidad que denunciaban los trabajadores en las calles. Sin embargo, la presión de la movilización docente logró revertir la intransigencia inicial del Ejecutivo. Como resultado directo de las protestas en las calles, el gobierno accedió a sentarse a negociar este jueves 12 con los representantes gremiales, abriendo una instancia de diálogo que busca destrabar el conflicto salarial. La apertura de la mesa representa una victoria parcial para los docentes, que lograron forzar al gobierno aliado de Javier Milei a escuchar sus reclamos.

La situación evidencia la dificultad del gobierno de Orrego para sostener simultáneamente el apoyo al presidente y la paz social en su territorio, mostrando que incluso las manifestaciones más tradicionales pueden doblegar la resistencia inicial de administraciones que intentan aplicar austeridad fiscal, de igual modo que la Casa Rosada.

Santa Cruz: acampe gremial y ley de emergencia que busca “reorganizar el gasto público”

En Santa Cruz, provincia gobernada por el gremialista Claudio Vidal –quien si bien pertenece al PJ no kirchnerista se muestra cercano a la gestión de Milei–, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura desde el pasado miércoles para repudiar que la Legislatura debata un proyecto de ley de emergencia económico-financiera y administrativa que presentó el Poder Ejecutivo.

La presión en las calles, con momentos de tensión, provocó que el proyecto sea devuelto este jueves al Ejecutivo por los diputados, decisión que fue votada por unanimidad. La iniciativa contemplaba facultades extraordinarias para el gobierno provincial. Según los artículos claves, la emergencia alcanzaba a toda la estructura estatal, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos, institutos, organismos de previsión social, tribunales de cuentas y la Legislatura misma. Pero lo que encendió la chispa de los reclamos fue que el texto también establecía que durante la vigencia de la emergencia, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, “no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos, ni mejoras remunerativas, si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos”.

El rechazo de los diputados a avanzar con la ley –en medio de un acampe gremial– evidenció las dificultades para implementar medidas de ajuste estructural, en un contexto de creciente conflictividad social. Los trabajadores estatales temen que la “emergencia” se traduzca en despidos, suspensiones y reducción de derechos laborales, mientras el gobierno provincial busca herramientas para cumplir con las metas fiscales que exige la coordinación con la Nación.

El dilema de los gobernadores aliados

Las cuatro provincias comparten una característica común: sus gobernadores han manifestado en distintos grados apoyo o alineamiento con la gestión de Javier Milei, en términos de coordinación fiscal y, sobre todo, un respaldo político que permitió la aprobación de proyectos libertarios en el Congreso, como fue la reforma laboral. Sin embargo, esta alianza con la Casa Rosada les presenta un desafío creciente: el Gobierno nacional ha reducido significativamente el envío de fondos federales a las provincias, lo que les impide atender las demandas salariales de sus empleados estatales.

La situación genera una paradoja política porque mientras los mandatarios respaldan al jefe de Estado, son precisamente quienes más sufren las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. En Catamarca, Jalil fracasó en la mesa de negociación de hoy; en Jujuy, Sadir tuvo que ceder ante la presión policial para evitar un colapso institucional; en Santa Cruz, Vidal no logró avanzar con su ley de emergencia; y en San Juan, Orrego se vio obligado a abrir el diálogo tras las protestas.

Los conflictos docentes y estatales en estas cuatro provincias evidencian que el costo político del apoyo a Milei está comenzando a cobrarse en las calles, con gobernadores aliados obligados a enfrentar la ira de sus propios trabajadores mientras la Casa Rosada retiene los recursos necesarios para calmar las aguas. Las protestas de las últimas horas sugieren que la tensión social podría profundizarse en los próximos días, con mandatarios atrapados entre su lealtad al Presidente y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios.

DC/MG

Docentes de Catamarca llevan adelante un acampe y una vigilia frente a la Casa de Gobierno provincial en medio de un conflicto salarial que se profundiza con el gobernador Raúl Jalil, uno de los mandatarios provinciales aliados del presidente Javier Milei. La protesta, que incluyó marchas y paro docente, reclama una fuerte recomposición salarial y cuestiona las propuestas oficiales, que los educadores consideran insuficientes frente a la inflación.

La movilización se concentró este miércoles en la capital provincial y culminó con la instalación de un acampe frente a la sede de la Casa de Gobierno. Los docentes autoconvocados exigen un salario básico cercano a $1.300.000 y denuncian que la propuesta del gobierno provincial —que incluye un piso salarial de $800.000 y un bono de inicio de clases— no alcanza para recomponer el poder adquisitivo perdido.

El conflicto se desarrolla en un clima de tensión luego de que el Ejecutivo dictara la conciliación obligatoria para intentar frenar el paro docente, medida que fue rechazada por los manifestantes. En distintos puntos de la provincia también se registraron cortes de ruta y movilizaciones, mientras el acampe frente a la Casa de Gobierno se convirtió en el centro de las protestas y en un símbolo del malestar del sector educativo.

La protesta catamarqueña se da en un contexto nacional marcado por el deterioro de los salarios docentes y por el recorte de fondos educativos desde la Nación, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que durante años complementó los ingresos del sector y que el gobierno nacional decidió discontinuar.

En paralelo, en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof logró ayer encauzar la negociación salarial con los gremios docentes. Tras un paro al inicio del ciclo lectivo, la administración provincial ofreció un aumento del 9% acumulado hasta abril, compuesto por un 1,5% ya otorgado en febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril.

La propuesta bonaerense también incluyó un bono cercano a los $28.000 para compensar la eliminación del FONID, además de cláusulas de monitoreo y reapertura de la negociación salarial en los próximos meses. Los gremios estatales ya aceptaron el esquema y los docentes lo trasladaron a sus bases, en un contexto en el que el salario inicial de un maestro de grado podría ubicarse cerca de los $850.000 en abril.

MC

*Esta nota fue publicada originalmente en el sitio de la agencia de noticias Tierra Viva acá.

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves 18 por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestra agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este 'mate' del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

MC

Raúl Jalil, cumplió con su promesa. Después de semanas de negociaciones, el gobernador de Catamarca mandó a sus diputados a romper con el bloque peronista en la Cámara baja y le regaló al Gobierno la primera minoría. Reunidos durante más de seis horas en el tercer piso del Congreso, la conducción cristinista de la bancada intentó evitarlo, pero no hubo manera: Martín Menem había ganado. 

La carta oficial apareció en las pantallas de los diputados peronistas cuando llevaban reunidos discutiendo hace más de tres horas. Los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot anunciaban que se iban de Unión por la Patria y creaban el bloque “Elijo Catamarca”. Solo Claudia Palladino, del riñón de la cristinista Lucía Corpacci, había decidido rebelarse a Jalil y quedarse. Fue la única catamarqueña que participó de la reunión de bloque. 

En el peronismo predominaba la resignación. La maniobra de Jalil le había dejado servida en bandeja la primera minoría en la Cámara de Diputados a Menem, ya que con la pérdida de los tres catamarqueños, el peronismo se había quedado con 93 integrantes. El riojano, en cambio, había dedicado el último mes a robar diputados de las filas del PRO y la UCR y logró cerrar la jornada con una postal de fortaleza insólita: con 95 diputados propios, LLA se había convertido en la fuerza más grande del recinto. 

Era la cosecha de un trabajo pormenorizado y puntilloso. Menem quería la primera minoría no solo para hacerse de más lugares en las comisiones y en los organismos públicos –como la Auditoría General de la Nación o el Consejo de la Magistratura–, sino también por el efecto político. LLA era un partido nacional y, ahora, además, un bloque mayoritario: una demostración de fuerza que compensaba el backlash negativo que podía recibir de sus ex aliados a los cuales había robado. Especialmente de Cristian Ritondo, que está furioso y promete venganza.

Menem estaba exultante. Sus asesores y dirigentes de confianza se movían por los pasillos de la Cámara de Diputados como si acabaran de ganar las elecciones de nuevo. La confirmación de la victoria les llegó del propio peronismo, cuando se enteraron que el puntano “Gato” Fernández, que había amagado con sumarse a UxP, dejó de responderle los mensajes a Cecilia Moreau. Era game over para el peronismo.  

Por si acaso, Menem robó un último diputado tarde a la noche. Los últimos habían sido los santafesinos del PRO, Verónica Razzinni y Alejandro Bongiovanni. Y, el martes a la noche, en la previa de la sesión preparatoria del miércoles, se anotó uno más: el entrerriano Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio, anunciaba su pase a las fuerzas del cielo. 

Peronismo roto

Después de la fuga de los catamarqueños, en el peronismo intentaron desdramatizar la ruptura, alegando que era una crónica anunciada. El malestar de los gobernadores con la conducción cristinista será un dolor de cabeza en el futuro. Y Germán Martínez, que fue ratificado como jefe de UxP, lo tiene bien claro. 

El desafío, por estas horas, es evitar mayores fugas. Los peronistas del “interior” vienen acumulando críticas contra el “ambacentrismo” de la conducción cristinista hace años y sostienen conversaciones sobre la posibilidad de armar un subbloque propio por fuera del ámbito de influencia del kirchnerismo más duro. 

Martínez intenta hacer equilibrio junto a la camporista Paula Penacca y la massista Cecilia Moreau –los tres integrantes de la conducción del bloque–, pero su objetivo principal es ganar tiempo. Dilatar las nuevas rupturas para después de marzo, cuando los debates de las principales reformas de Javier Milei –Presupuesto, reforma laboral o modificación de la Ley de Glaciares– hayan terminado. 

Su propuesta fue crear una “mesa federal” en donde incluir a legisladores de todos los espacios del panperonismo. Una estrategia que, en el pasado, nunca le ha funcionado muy bien al peronismo. Pero el objetivo es ganar tiempo, por lo que en la conducción esperan poder aplazar, así, las nuevas internas por un rato. Solo por un rato.

MCM/CRM

“Te empiezan a respetar cuando tenés capacidad de daño. Si delante tenés a dos bebés y uno está llorando, ¿a quién levantás?”, deslizó uno de los emisarios del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, unas horas antes de dinamitar la sesión opositora que el titular de la bancada peronista, José Mayans, estaba preparando para el jueves. No hubo manera: la rebelión de los gobernadores llegó a su punto de mayor tensión y el peronismo ya no logra moverse como un todo en el Congreso. La ruptura está a la vuelta de la esquina y, tras largas jornadas de negociaciones subterráneas, más de un cristinista empezó a gritar: “Que se vayan”.  

Mayans viene queriendo impulsar una última sesión con la vieja composición del Senado hace un par de semanas. La excusa era darle sanción a la reforma de la ley de DNU, que limita la facultad del presidente a emitir decretos sin control del Congreso, pero el objetivo real era otro: darle un último tortazo al Gobierno antes de que comenzara la era del oficialismo en la Cámara alta. 

El jefe del peronismo en el Senado especulaba con poder sumar el apoyo de varios senadores díscolos que están por abandonar el Congreso -como Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri o Martín Lousteau- e, incluso, con el de la propia Victoria Villarruel. El formoseño tiene algo que Villarruel necesita y no duda en recordárselo cada vez que se ven: el número para designar al secretario administrativo del Senado. El lugar quedó vacante hace medio año, luego de que Emilio Viramonte Olmos pegara el portazo furioso con Villarruel, y la vice lo quiere para sí. 

Villarruel necesita de Mayans, con quien sabe que tiene mayores chances de negociar que con su propio espacio. Especialmente luego de que Patricia Bullrich desembarque oficialmente y pretenda, como aventuran en el bloque libertario, hacerse con todos los lugares del Senado. En el Gobierno lo saben, y es por eso que están intentando negociar con la vice vía Ezequiel Atauche, quien fue desplazado por Bullrich de la jefatura del bloque y está a la espera de que la ministra cometa su primera equivocación. 

Atauche busca convencer a Villarruel de que se puede votar al secretario administrativo en la sesión del 28 de noviembre cuando juren los senadores electos. Será la misma sesión en la que el peronismo buscará impugnar la jura de la rionegrina Lorena Villaverde, denunciada por tener vínculos con “Fred” Machado, y en la que La Libertad Avanza buscará cobrarse su venganza haciendo lo mismo con el chaqueño Jorge Capitanich y el rionegrino Martín Soria. Una guerra campal que el peronismo no sabe, aún, cómo terminará.

Capitanich está furioso con Soria, que fue el impulsor de la estrategia de impugnar a Villaverde (con quien compitió en las elecciones), y con Mayans por cómo terminó saliendo el plan de querer echar a la senadora libertaria. Llamó por teléfono a un senador peronista y, a los gritos, se quejó de que podría quedar afuera del Senado por culpa de una estrategia mal diseñada. 

Rebelión de gobernadores

El problema de Mayans, sin embargo, comenzó cuando se dio cuenta de que los que no estaban confirmados para la sesión del jueves no eran los radicales, sino los propios peronistas. La rebelión surge dentro del corazón mismo del interbloque de Unión por la Patria, por parte de cuatro senadores que rompieron a principio de año para armar su propio bloque. Son el puntano Fernando Salino, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y el riojano Fernando Rejal. 

El enojo de los cuatro senadores es de larga data y siempre por el mismo motivo: la resistencia a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Ya en junio se habían distanciado del bloque que conducía Mayans, aunque no habían roto con el interbloque. Tras la derrota electoral de Fuerza Patria, sin embargo, el escenario cambió. 

El principal impulsor de la ruptura es el gobernador de Catamarca, Jalil, quien ya adelantó que acompañará las reformas de Javier Milei. El catamarqueño viene amenazando con llevarse a sus diputados y a su senador de los bloques peronistas con el objetivo de armar un gran interbloque con otros gobernadores. El salteño Gustavo Sáenz es otro de los impulsores de este armado, y viene manteniendo conversaciones con el misionero Hugo Passalqcua y el santiagueño Gerardo Zamora.

La principal operadora de Jalil en el Senado es la jujeña Moisés, quien dialoga seguido con la salteña Flavia Royón, la senadora electa que responde a Saénz. Moisés está furiosa con la conducción cristinista, a quien acusa de haber sido responsable de la ruptura y derrota del peronismo en Jujuy. La provincia está intervenida desde los tiempos del Frente de Todos, y la jujeña acusa a La Cámpora de haber querido expulsar a su padre, el referente peronista Julio Moisés, del PJ.

Los senadores díscolos habían sido invitados a la reunión del consejo del PJ que había organizado Mayans el martes -la primera desde la derrota-, pero no fue ninguno. Un gesto en el marco de la interna. Al finalizar la cumbre, sin embargo, Mayans anunció que se unificaría el interbloque de UxP y que pasaría a llamarse bloque “Justicialista”. Se refería a los dos bloques kirchneristas - Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- que se habían dividido artificialmente hace unos años solo con el objetivo de conseguir una silla más en el Consejo de la Magistratura.

El anuncio cayó pésimo en Convicción Federal, que lo tomó como una afrenta personal. “Siguen declarando 'unidad' sin convocar a nadie. Siguen imponiendo sin consensuar ni una idea”, se quejó Moisés, a través de sus redes sociales. Como respuesta, 24 horas después, el bloque decidió retacearle el quórum a Mayans: no los habían convocado, no se habían sentado a negociar, entonces no habría sesión.

En el kirchnerismo, sin embargo, denuncian que el motivo de la rebelión es por lugares. Acusan a Convicción de querer una silla en la Auditoría General de la Nación (AGN) y que por eso presionan con romper. “Se quejan de la conducción de Cristina pero no les molestó cuando esa conducción los puso como candidatos. ¿Son solo 4 y quieren un lugar en la AGN?”, se quejó una senadora cercana a la ex presidenta.

La línea de CFK es sostener la unidad de los bloques, por lo que Mayans continúa trabajando para llegar a un acuerdo. Pero día a día cada vez hay más senadores cristinistas que observan irritados las maniobras de Jalil y Moisés y mascullan: “Que se rompa y blanqueamos de una vez dónde está parado cada uno”.

MCM/CRM

El debut de Diego Santilli en el Ministerio del Interior reflejó la nueva prioridad política de Javier Milei: asegurar apoyo para las reformas estructurales que el Gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre. Todavía sin haber jurado formalmente, el flamante ministro recibió este viernes en la Casa Rosada a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Lo hizo junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en lo que fue su primer gesto de gestión y una señal de continuidad en la línea de diálogo con las provincias que firmaron el Pacto de Mayo.

Santilli, que renunciará en las próximas horas a su banca en Diputados para asumir la cartera política más estratégica del Gabinete, será, en los hechos, el encargado de construir los consensos que necesita Milei para aprobar las reformas tributaria, laboral y del Código Penal. “El Colo va a tener el vínculo directo con los gobernadores, pero todo pasa por la Secretaría General”, dicen en Balcarce 50, donde la centralidad de Karina Milei sigue intacta.

Antes de las reuniones, Santilli almorzó en el despacho de Eduardo “Lule” Menem junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luego bajó al Salón de los Escudos, donde lo esperaban Torres y Jalil. En la Casa Rosada evaluaron el debut con satisfacción. “Buen clima, sin reclamos, con agenda productiva”, resumió un funcionario.

Torres fue el único en hablar al salir del encuentro. “La preocupación nuestra era si se iba a sostener el acuerdo para la eliminación de las retenciones, y nos vamos con la tranquilidad de que no solo está vigente, sino que en breve se va a firmar el decreto”, dijo el gobernador chubutense, quien explicó que el entendimiento entre Nación, provincias y operadoras petroleras —que contempla la baja de regalías, la reinversión del ahorro fiscal y un acuerdo de competitividad con los gremios— “va a ser muy bueno para la Argentina, porque necesita producir más crudo pesado”.

El mandatario provincial destacó además la “vocación de diálogo” del nuevo ministro. “Tengo relación con el Colo hace varios años, es una persona de consensos. Me parece una decisión acertada tener a alguien con experiencia, que conoce a los distintos actores de la política y que sabe generar los acuerdos que necesitamos en este momento”, apuntó.

En ese sentido, consultado sobre los debates que vienen en el Congreso, Torres fue claro: “Presupuesto tiene que haber, pero debe ser federal y quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo. Una reforma laboral tiene que existir, porque tenemos 50% del empleo no registrado. Hay que blanquear trabajos garantizando derechos adquiridos”.

A diferencia del chubutense, Jalil evitó declaraciones a la prensa, aunque fuentes de Catamarca confirmaron que habrá una reunión ampliada del bloque norteño la próxima semana.

La llegada de Santilli al Ministerio del Interior se inscribe en la reconfiguración que siguió al triunfo electoral del 26 de octubre y que consolidó el poder de Karina Milei. Su designación fue interpretada como un gesto hacia los gobernadores aliados y como la apertura de una nueva etapa de negociación política orientada a las reformas. “Habló con todos, incluso lo llamaron varios primero”, repiten cerca del Presidente.

El lunes, el ministro recibirá a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), otros dos de los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. La meta oficial es construir un acuerdo político que le permita al Ejecutivo debatir en diciembre el paquete de reformas sin depender del Presupuesto 2026.

PL/MG

Cristina Fernández de Kirchner no se hace grandes ilusiones. Está convencida de que, tras el resultado del domingo, Javier Milei tendrá el número en el Congreso para avanzar con las reformas que le pide el FMI. Y que la oposición, frente a esa mayoría, tendrá que ser pragmática y propositiva. Y flexible, sobre todas las cosas. CFK observa que habrá gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca) u Osvaldo Jaldo (Tucumán), que buscarán tender puentes con el Gobierno. Y también ve que el peronismo, si desea consolidarse como alternativa de poder, tendrá que contenerlos a todos.

Así se lo comenta a los interlocutores que, cotidianamente, la visitan en su domicilio en San José 1111. Y así lo expuso ella misma en la misiva que publicó este viernes. El tema va colándose entre los pases de factura y la caza de culpables por la derrota electoral del domingo: ¿y ahora qué? Una pregunta que, por momentos, es catártica y estructural, y refiere a la ruptura del vínculo del peronismo con la sociedad a la que dice querer representar. Pero que también es pragmática: ¿qué rol debe tener el peronismo, como principal bloque opositor, frente a la nueva relación de fuerzas en el Congreso?

El principal desafío, sostienen cerca de CFK, es evitar la ruptura. Con 98 diputados y 28 senadores, Unión por la Patria –o como se llame en el futuro– continuará siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. “Es cuestión de reposicionarse sabiendo que ya no todas las votaciones van a ser unánimes”, reflexiona un dirigente de La Cámpora. 

El ojo está puesto en los gobernadores peronistas, muchos de los cuales ya han ayudado al Gobierno con ausencias en votaciones clave en el pasado. Algunos, como Jaldo, prefirieron romper con el bloque peronista oficial, que preside Germán Martínez, y blanquear, así, su alineamiento con el Gobierno. Otros, como Jalil o Gerardo Zamora (Santiago del Estero), optaron por quedarse en el bloque y aportar a la estrategia de La Libertad Avanza en silencio. Una actitud que, en más de una ocasión, derivó en acaloradas discusiones internas y amenazas de expulsión.

Los gobernadores son, sin embargo, los únicos que salieron triunfantes de la elección del domingo. En todos lados menos en provincia de Buenos Aires, en donde el cristinismo y el kicillofismo se acusan mutuamente de la derrota. En Catamarca, por ejemplo, Fuerza Patria salió primero con el 45% y más de 10 puntos de diferencia con LLA. En Tucumán, donde se logró cerrar un acuerdo de unidad con Jaldo, el peronismo le sacó más de 15 puntos a LLA. En Santiago del Estero, mientras tanto, Zamora logró meter a todos los diputados y senadores: no quedó ni una silla para LLA. 

Frente a la crisis del peronismo, CFK apuesta a proteger la territorialidad. Aunque terminen votando con el Gobierno. O sacándose fotos con Milei en Casa Rosada. 

Fernández de Kirchner buscará replicar este mismo pragmatismo cuando comience el debate de la reforma previsional y laboral. La presidenta del PJ sospecha que Milei tendrá los votos para aprobarlas, por lo que el desafío del peronismo será plantear una alternativa. “No podemos quedarnos atrapados en el ‘no, no, no’. No podemos dejar que nos pongan en el lugar de ‘anticapitalistas’ o ‘antiempleo’. Tenemos que tener una postura clara, y votar algunas cosas si corresponde”, analiza un dirigente del riñón de CFK. 

El pragmatismo de la expresidenta no es, sin embargo, inocente. La jefa del PJ se sabe en inferioridad de condiciones, y no solo por el triunfo de Milei en las elecciones. Sino por la guerra interna que la derrota despertó en el peronismo. Con Axel Kicillof, por un lado. Pero también con varios referentes provinciales, que acusan a CFK de haber intervenido en los armados locales y cerrado listas que terminaron saliendo terceras. Este es el caso de Misiones, Salta y Jujuy, en donde Fuerza Patria no logró sacar más de 15 puntos.

En ambos casos –Buenos Aires y las provincias intervenidas por el PJ nacional– los cañones apuntan contra CFK. Y la responsabilizan por la derrota. 

El debate por la Corte Suprema (Vol. 2)

“Nosotros somos personas racionales. Si vienen con cosas razonables atendemos. Pero si aparecés como un emperador, como Calígula, entonces no. Hay un límite”, le advirtió el jefe de bloque peronista, José Mayans, a un dirigente libertario la semana previa a que el Senado le rechazara, en abril, los dos pliegos de la Corte Suprema de Justicia.

El peronismo nunca escondió lo que exigía a cambio de sus votos para aprobar el nombramiento de Ariel Lijo: una mesa amplia de negociaciones, que incluyera el nombramiento del Procurador General de la Nación y la posibilidad de ampliar la Corte Suprema para poder poner a una candidata propia. Santiago Caputo encabezaba, entonces, las negociaciones con el peronismo junto a Sebastián Amerio, y terminó optando por salir a confrontar. Rechazó el pedido de UxP, avanzó vía decreto y se chocó, meses después, con el primer rechazo del Congreso a los pliegos de la Corte en la historia. 

La puerta para seguir negociando, sin embargo, quedó abierta. Y ahora, tras las elecciones, volvió a abrirse.

Fernández de Kirchner dio el visto bueno para dar inicio a las conversaciones, pero todavía falta definir los interlocutores. Desde el kirchnerismo, ese rol lo ocupó Wado de Pedro, pero en los últimos días comenzó a surgir el nombre del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena. Un hombre que la expresidenta busca colocar, a su vez, como ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

El cristinismo siempre ha mantenido, en secreto, vasos comunicantes con Caputo por los temas judiciales. Fue así que negoció, por ejemplo, el derrumbe del proyecto de Ficha Limpia. Pero, tras el resultado electoral, el peronismo no termina de tener en claro con quién tendrá que negociar: si con Caputo o, en cambio, con el tándem Karina Milei y Lule Menem. 

Es una incógnita que, incluso, ni el propio Gobierno puede responder por estas horas. En las fuerzas del cielo admiten que el resultado del domingo allanó el camino para volver a discutir todas las vacancias en la Justicia, y no solo en la Corte Suprema. Esto es así porque, tras el recambio legislativo, el peronismo y LLA tendrán, por sí solos, los dos tercios del Senado. “Es más fácil cuando no hay que meter al PRO. Somos más parecidos al peronismo en estos temas”, admite un dirigente del caputismo.

El problema, sin embargo, es que el Gobierno aún no ordenó su frente interno. Hasta que el mapa de poder de Casa Rosada no quede claro, el peronismo no tendrá interlocutor. Mientras tanto, la ex presidenta espera.

MCM/MG

La vicepresidenta Victoria Villarruel reacomoda su estrategia. Durante el último año se había llamado a silencio para evitar que escalara la confrontación con su propio gobierno. En las últimas semanas, impulsada por el enojo, tiró por la borda lo acordado con su equipo y salió a responder los ataques de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se metió de lleno en la interna con los hermanos Milei, criticando las políticas del Ejecutivo que integra. Ahora, cuando todavía la pelea está caliente, debe barajar y dar de nuevo. “Perdió el miedo”, le dicen en su entorno a elDiarioAR. El miedo a enfrentarse abiertamente al Presidente y pagar las consecuencias.

¿Cómo sigue Villarruel tras la crisis política e institucional que desató su interna con Javier Milei? “Victoria no quiere parecerse a Cristina Kirchner, no quiere mostrarse obstaculizando al Gobierno al que pertenece y que eso funcione además como excusa para tratarla de traidora”, explican cerca de Villarruel. “Hasta la pelea de los últimos días, ella ponía la otra mejilla” ante los embates presidenciales, es la lectura que hacen en su entorno.

Ahora, intenta retomar esos ánimos casi bíblicos. Mientras Milei la llamaba “bruta traidora” en el Derecha Fest –lo mismo hizo en el acto en la Sociedad Rural–, Villarruel se mostraba en Catamarca y Santiago del Estero, posando en las montañas, acariciando perros de la calle y rezando en capillas.

Su paso por ambas provincias implicó además reuniones con los gobernadores Raúl Jalil y Gerardo Zamora, en medio de la pelea del Presidente con los mandatarios provinciales por el reparto de fondos públicos. Villarruel se calla pero se mueve, resaltan en su equipo. No está paralizada ante la interna. El plan original de activar su proyecto político después de las elecciones de 2025 y con miras a 2027 parece haberse adelantado.

Algunos sondeos publicados en los últimos días destacan un impacto negativo de la pelea con Milei en la imagen de la Vicepresidenta. En su equipo, sin embargo, creen que puede capitalizar la embestida oficial en su contra. Atrás quedó la frase que repetían hace tan solo semanas: “Para romper hay tiempo”.

El divorcio con Milei

Lo que la Vicepresidenta vivió como un divorcio, ya fue superado, aseguran en su entorno. ¿Será así? Mientras tanto, sumó a dos personas clave para su construcción política por fuera de La Libertad Avanza (LLA): el consultor político Mario “Pato” Russo y Claudia Rucci, quien se había ido en enero y regresó en mayo al Senado.

Russo y Rucci son peronistas, de la provincia de Buenos Aires y de la batalla cultural contra el progresismo. Russo piensa candidatos y campañas electorales. Fue el consultor político de Milei en la elección legislativa de 2021, que llevó al economista y a Villarruel a la Cámara de Diputados. Trajo el concepto de la “casta” a la campaña, ha asegurado en entrevistas. Estuvo en las reuniones con los gobernadores de los últimos días y analiza sus posibilidades.

Rucci construye alianzas con la política tradicional, una herramienta clave de lo que los libertarios llaman “la casta” o la “vieja política”. Construye también en los barrios, con la gente. Uno de los objetivos es quitarle el tufillo militar, algo que cuando se trata de Villarruel es una odisea, debido a su relación directa con las Fuerzas Armadas y acusados de delitos de lesa humanidad durante los años 70 y las familias poderosas que apoyaron la última dictadura cívico-militar.

No sólo hay coqueteos con el peronismo sino también con los heridos de LLA, aseguran en el Senado. “Se les dio libertad de acción a los aliados en las legislativas de este año, se va a jugar más adelante”, aseguran.

En el villarruelismo replican los señalamientos de Patricia Bullrich y Milei que asociaron a la Vicepresidenta con el kirchnerismo y critican tres características del mileísmo, que, dicen, los asemeja al kirchnerismo: es un proyecto hegemónico, tiene un componente familiar en el poder -por la hermana del Presidente, Karina Milei-, y tienen a su propio Julio De Vido, por Santiago Caputo, asesor presidencial. Y se guardan una carta que no terminan de blanquear pero que apunta a Sergio Massa. Se preguntan: “¿Quién bancó la campaña de Milei en 2023? ¿Quién le impuso candidatos en la provincia de Buenos Aires?”. “Victoria eligió no ir al corazón”, aseguran sobre su silencio con respecto a la supuesta alianza con el candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones de 2023.

Reinsertarse

“No hace falta construir una estructura propia por ahora”, aseguran en el villarruelismo. “Victoria puede insertarse en estructuras ya formadas y generar un negocio compartido con otros espacios políticos porque ella tiene alto conocimiento en la gente, peso propio, perfil atractivo y hoy con los celulares haces una campaña e instalás un candidato”, sostienen.

“Ella entra bien en zonas del peronismo, tiene buena relación con el campo, la provincia es una opción que se está pensando para 2027”, afirman. “¿Renunciar? No está en ninguno de sus análisis por el momento”. “Por el momento”, remarcan porque saben que la Vicepresidenta es cambiante. En el último año y medio modificó tres veces a sus equipos y tuvo cuatro manos derechas.

“Está entusiasmada en la etapa que viene y en la transición de vicepresidente a dirigente política para lo cual el Gobierno la está ayudando porque la convirtió en la principal opositora. Lo que la hacía llorar hace meses, ahora la fortalece”, explicó a elDiarioAR un hombre de su espacio. “Hay llamados de gente de la oposición, que pregunta qué va a hacer”. Si no le va como espera en 2027, hay tiempo, apenas cumplió 50 años el 13 de abril último. “Tiene una carrera por delante”. Y ambiciones presidenciales. Y quiere un bloque propio en Diputados.

“Cuando ella diga ‘juego’, los aliados van a estar ahí”, se convencen en su equipo. Ella nunca se sintió dentro del Gobierno. “Ahora tiene más libertad, está suelta. Ya está”. Mientras tanto, se ocupa de los partidos de paddle los fines de semana para descansar de las recorridas por las provincias y de los actos para suplir las ausencias del Presidente.

Emilia Delfino es autora de La Generala, la biografía no autoridaza de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei (editorial Planeta).

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó hoy a Catamarca y se reunió con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil.

Según el comunicado oficial de prensa difundido, Villarruel participará del acto de inauguración del Festival del Poncho, donde también recorrerá la Feria de Artesanos y los distintos pabellones del evento“.

Villarruel fue recibida la mañana de este viernes por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

Luego se trasladó a Casa de Gobierno para una visita protocolar con Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, y otras autoridades provinciales.

“Es una fiesta a la que le tengo mucho cariño y espero poder venir todos los años, me encanta el espíritu de la gente”, dijo la titular del Senado.

Este jueves, Villarruel se despegó en su cuenta de Instagram de una página web que lleva su nombre. Fue en medio de los embates públicos que protagonizó en los últimos días con el presidente Javier Milei.

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional y la provincia de Catamarca firmaron el primer convenio de intercambio de información impositiva, en el marco del Plan Colchón. Poco después, le siguió la provincia de Tucumán.

El gobernador provincial, Raúl Jalil, suscribió el acuerdo en un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Catamarca es el primer distrito que manifiesta formalmente su adhesión, luego de que el Gobierno nacional realizó una reunión virtual con autoridades de 17 provincias, en la que muchas ya expresaron su respaldo a las nuevas medidas enmarcadas en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, indicó ARCA.

Este acuerdo busca garantizar la implementación plena del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que preserva la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos.

El Gobierno nacional advirtió que aquellas provincias que no adhieran a ese Régimen “perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”.

De esta manera, el Gobierno nacional dijo garantizar la “decisión histórica de devolverle a los ciudadanos de todo el país la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

Para Guillermo Francos, el Gobierno nacional “avanza en una transformación profunda: dejar atrás décadas de sospecha sistemática y devolverle a cada argentino la libertad de disponer de su dinero. Para ponerlo en claro: no se perseguirá a los contribuyentes. Los consumos mensuales por debajo de los 50 millones de pesos no serán informados. Quienes ahorraron su dinero en dólares podrán utilizarlo sin temores”, aseguró el jefe de ministros en sus redes sociales.

Poco después, se comunicó que el Gobierno nacional firmó un convenio con Tucumán para fortalecer el intercambio de información fiscal. Catalán, Caputo y Pazo; junto al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmaron el segundo convenio de cooperación con ARCA, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para avanzar hacia un nuevo esquema tributario más libre.

Tucumán se convierte así en la segunda provincia en adherir formalmente al plan de colaboración promovido por ARCA, luego de Catamarca.

“En línea con el mandato del Presidente Javier Milei, con la firma de este convenio seguimos trabajando para que el Estado no persiga a los ciudadanos, sino que garantice la libertad para disponer del dinero obtenido con su trabajo”, aseguró Catalán.

Por su parte, Caputo sostuvo que “este acuerdo dará un gran impulso a las provincias, sobre todo a pequeños empresarios, pequeños ahorristas y al consumo”, lo que “ayudará a una reactivación y una mayor recaudación”.

A su turno, Jaldo afirmó que la Reparación Histórica de los Ahorros “es una de las medidas que más va a ayudar a dinamizar la economía de la provincia”, a la vez que remarcó que “estas últimas resoluciones que ha tomado el Gobierno nacional van a permitir que muchas personas que tienen un ahorro, tengan la posibilidad de hacer las inversiones o gastarlo en lo que ellos lo consideran necesario”.

La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires piden “seguridad jurídica”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, piden la aprobación de leyes como condición para que sus distritos adhieran al Plan Colchón, destinado a tentar a los argentinos para utilizar los dólares no declarados y volcarlos al consumo.

Así se planteó en reuniones que funcionarios porteños y bonaerenses mantuvieron, por separado, con el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Los encuentros se realizaron tras los cruces del gobierno nacional con Kicillof y el desaire a Jorge Macri por parte del presidente Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo, cuando evitó saludarlo.

Desde ARCA dijeron que las reuniones fueron “positivas” pero reconocieron que no hubo avances concretos.

En la reunión con Pazo, la provincia de Buenos Aires pidió seguridad jurídica no solo para las personas que ingresen, sino también para los responsables de los entes encargados de recaudar los tributos locales, con el fin de evitar que a futuro puedan ser cuestionados judicialmente.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, solicitaron que haya una ley del Congreso Nacional para que el plan funcione.

Por parte del Gobierno porteño estuvieron el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el jefe de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Gustavo Krivocapich.

Por el Gobierno provincial participaron el ministro de Economía, Pablo López, y el director ejecutivo de la agencia de Recaudación ARBA, Cristian Girard.

Girard consideró que hasta ahora lo anunciado es “la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”.

Recordó que no se modificó todavía “ni el régimen penal tributario, ni el código fiscal, ni la normativa de prevención de lavado de activos”, por lo que consideró apresurado el anuncio del Gobierno.

“Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva que se genera por no haber declarado esos ingresos. Les guste o no, es así por ley”, afirmó.

Girard sostuvo que “cualquier esquema de blanqueo debería contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso Nacional”.

Por su parte, Arengo, el ministro de Hacienda porteño, dijo que fue “una buena reunión” con el titular de ARCA y que la Ciudad mantiene una “actitud propositiva”.

“Vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica y eliminen burocracia”, explicó.

Pero sobre el plan de los dólares del colchón, aclaró que primero pretenden “analizar los detalles de la propuesta acerca del convenio de intercambio de información fiscal”.

El Gobierno nacional busca reducir a dos años el plazo de prescripción de las deudas con el fisco, en el marco de los proyectos que serán enviados al Congreso la semana próxima.

Más allá de las reuniones con representantes de los gobiernos porteño y bonaerense, ARCA firmó el primer convenio de colaboración con una provincia, en el marco del plan para el uso de dólares. Se trata de Catamarca.

Los tres puntos clave de ese acuerdo son el fortalecimiento de la colaboración en el intercambio de información, la garantía por parte de la provincia de implementar el régimen simplificado de Ganancias y el compromiso de revisar los regímenes de información existentes y no establecer nuevos que impliquen una carga burocrática y administrativa.

Con información de NA.

IG

El ida y vuelta entre la Casa Rosada y los gobernadores está al rojo vivo. La tensión escaló en los últimos días, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. Desde que Javier Milei desplegó el ajuste “más grande la historia”, las transferencias no automáticas prácticamente se evaporaron. Una decisión que puso contra las cuerdas a los mandatarios provinciales que, como si la motosierra no los hubiera alcanzado, también deberán lidiar, en caso de que prospere, con el corset fiscal impuesto en el artículo 1 del Presupuesto 2025: si hay superávit, habrá para repartir; de lo contrario, todos deberán seguir recortando.

“Se acabó esto de que los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires”, dijo Milei esta semana en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a los giros en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, desde el comienzo de su gestión, el Presidente no dudó en echar mano a la clásica fórmula del “látigo” y la “chequera” con el fin de lograr sus objetivos el Congreso.

A lo largo del 2024, el Gobierno distribuyó a cuenta gotas, entre sus mandatarios más cercanos, una mínima parte del fondo general de transferencias discrecionales: $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles, según el cálculo que realizó elDiarioAR a partir de un informe de Politikon Chaco. Se trata de dinero pensado para desembolsar en casos de catástrofes, pero que todos los oficialismos utilizan para “premiar” a sus aliados.

Son diez las provincias que recibieron ATN en lo que va de gobierno de La Libertad Avanza. Misiones lidera el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos, que obtuvo $6.800 millones. Las otras beneficiarias fueron Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones).

El Gobierno no entregó ATN entre julio y septiembre. Fue recién en octubre, luego de tres meses, que el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió un poco el grifo y giró $3.000 millones a Entre Ríos debido a una gestión realizada por Rogelio Frigerio, del PRO. En tanto, entre el 1° y el 12 de noviembre, tres provincias aliadas recibieron un trato privilegiado: Catamarca embolsó $3.000 millones, Misiones $4.000 millones, Salta $4.500 millones y Tucumán otros $4.500 millones. Sus cuatro gobernadores, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían cenado con Milei en Olivos el pasado 21 de octubre tras el apoyo legislativo de sus diputados al blindaje al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Rosca legislativa

El sinuoso camino del Presupuesto 2025 dejó expuesto el toma y daca que pretende el Gobierno con las provincias. Es que uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con ATN, es que el Gobierno coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. De esa demanda se había hecho eco el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto: a través de un dictamen propio, pensaban presionar a la Casa Rosada para que se comprometa a repartir el dinero cada tres meses si no lo utiliza.

Pero esa idea quedó desechada rápidamente: desde la bancada dialoguista confirmaron esta semana que acompañarán el dictamen del oficialismo, pero con disidencias. Fue el fracaso de la sesión del martes lo que generó malestar entre los diputados. Además de echarles en cara que no contribuyeron al quorum, en el bloque del que también forman parte Emilio Monzó y Nicolás Massot hubo enojo por considerar que los gobernadores “se cortaron solos” en la negociación con el oficialismo.

La cumbre que tuvo lugar el jueves en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) escenificó el clima de incertidumbre. Mandatarios de todos los colores –desde Axel Kicillof (Buenos Aires) hasta Ignacio Torres (Chubut)– debatieron qué hacer con el proyecto de presupuesto enviado por Milei. Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.

Los gobernadores son conscientes de que si no se logra consenso legislativo, continuará vigente la ley sancionada a fines de 2022 y Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje oficial es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia con la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos y le permitiría al libertario seguir con su plan de ajuste sin necesidad de algún tipo de negociación.

Por eso, en Balcarce 50 la impaciencia no abunda. El “Plan A” es que la discusión del Presupuesto 2025 no prospere y continuar administrando discrecionalmente las partidas, esquivando compromisos fiscales con las provincias. En el oficialismo ven esta opción como un arma poderosa para que los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, continúen alineados. El escenario sigue abierto, pero las agujas del reloj ya comenzaron su cuenta regresiva.

PL/JJD

“Yo primero quiero decir que no soy de La Cámpora. Segundo quiero decir que no soy kirchnerista, por lo tanto una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajando con un colega gobernador, como es [Ricardo] Quintela, y por eso el presidente del Bloque Justicialista de la Legislatura, Roque Tobías Álvarez, integra a la [candidatura a la] vicepresidencia cuarta de esa lista y no hay duda de que nuestro espacio político, el Partido Justicialista del Distrito Tucumán, salvo aquellos que no lo quieran o decidan hacer, va a apoyar esa lista”.

La afirmación le pertenece al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, un peronista que asumió en 2023 como sucesor de Juan Manzur y rápidamente se alineó con el gobierno de Javier Milei, separando a sus diputados del bloque Unión por la Patria, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, y votando las leyes pedidas por la Casa Rosada, así como convalidando los vetos presidenciales.

Jaldo salió a fijar postura de cara a la elección interna por las autoridades del PJ nacional, que el 17 de noviembre, de no mediar un acuerdo por una lista de unidad (que es lo común en el verticalista partido fundado por Juan Domingo Perón), tendrá como protagonistas a Quintela y a Cristina.

Sin mencionarlos, pero adjuntando una publicación del diario Página/12 con sus fotos, la expresidenta había cuestionado a Jaldo y a otro gobernador del peronismo, el catamarqueño Raúl Jalil, por colaborar con el gobierno de Milei. Los acusó de incurrir en “transfuguismo político”.

Jaldo confirmó hoy su apoyo a Quintela, quien había anunciado su candidatura a presidente del PJ varias semanas antes que CFK, quien de manera sorpresiva salió posteriormente a lanzar la suya. El gobernador riojano, apodado “El Gitano”, lejos de retirarse frente a la confirmación de la mujer fuerte del espacio, ratificó su postulación. Ambos postulantes ya presentaron sendas listas y sería la primera vez en décadas que el PJ defina quiénes serán sus autoridades por el voto de los afiliados y no por la decisión de las elites partidarias del momento.

Manzur integra la lista de Cristina. Tras confirmar su apoyo a Quintela, Jaldo le dedicó una chicana a su antecesor: “Yo simplemente voy a repetir las palabras que dijo hace algún tiempo atrás el doctor Juan Manzur: el ciclo de la expresidenta, doctora Fernández de Kirchner, estaba cumplido”.

JJD

Un mes después del polémico asado que encabezó Javier Milei con diputados nacionales en la quinta de Olivos, con el fin de agasajar a los “héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio, el Presidente recibió este lunes por la noche a cuatro de los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada. La cita fue nuevamente en la residencial oficial y los invitados son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

La cita fue convocada a las 21 y el presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo.

El catamarqueño Jalil remarcó al arribar que llegó dispuesto a “escuchar y pasar un rato de camaradería”. Mientras que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo aclaró que él fue a la cena “sin tarjeta y sin plata, pero con muchos pedidos”.

A diferencia del asado que Milei brindó a los “87 héroes” que lo acompañaron en la Cámara baja en el rechazo a la reforma jubilatoria, en esta ocasión los invitados no tuvieron que pagar por lo consumido. 

Desde la Casa Rosada consideran que estos mandatarios provinciales, al haber apoyado al Gobierno en decisiones legislativas clave, merecen un reconocimiento especial. Pero la cita no fue solo para agradecerles el respaldo al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, sino que también tendrá implicancias políticas más amplias: la administración de Milei busca asegurarse el apoyo de estos mandatarios al Presupuesto 2025, con la confianza de que actuarán como obturadores de las modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Jaldo

Entre los cuatro gobernadores invitados a Olivos, el que resalta por su cercanía con Milei es Osvaldo Jaldo. Anfitrión del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio pasado en “el jardín de la República”, el primer gesto fuerte del tucumano hacia la Casa Rosada tuvo lugar durante el verano, cuando pactó el acompañamiento de los diputados que le responden a la primera versión de la ley Bases, a cambio de que la industria azucarera tucumana siguiera protegida fiscalmente. Ese posicionamiento derivó en la primera escisión del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja y la formación de uno propio, bautizado “Independencia”, integrado por Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla.

Hace dos semanas, esos tres legisladores, a las órdenes del gobernador, fueron fundamentales para que Milei sostuviera el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. Una postura que, al día siguiente de la multitudinaria marcha federal universitaria, Jaldo había matizado al expresar su intención de que haya “un mayor presupuesto para los sueldos de los docentes, para mejoras edilicias y para disponer de los elementos necesarios”. Sin embargo, en conferencia de prensa, también advirtió acerca del supuesto “impacto financiero” de la medida en el presupuesto nacional o en el PBI. “El déficit cero no lo debemos perder”, apuntó, para después añadir que, si eso sucede, “quiere decir que estamos asumiendo compromisos que no podremos cumplir”.

Lo cierto es que los miembros de la bancada Independencia no definieron su voto hasta bien entrada la mañana del día de la sesión especial, quizás conscientes del costo político que podría acarrearles la decisión acompañar la voluntad de Milei. De hecho, consumada la ratificación del veto, los legisladores “jaldistas” fueron repudiados por la comunidad académica de la provincia. El diario La Gaceta dio cuenta de cómo en tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán se pegaron carteles con las fotos de Fernández, Medina y Fernández de Mansilla, con una leyenda clara: “Votar a favor (del veto de Milei) es traicionar a la universidad”.

Además de los rostros de los tres representantes del PJ, también aparecía en los afiches Mariano Campero, el radical que cambió su voto con la movilidad jubilatoria y acercó a otros cuatro de su partido a la Casa Rosada para defender al oficialismo. El mensaje era contundente: “¡Alerta de ratas! Diputados los estamos mirando”, decía la consigna.

Sáenz

“Vamos a buscar resolver los problemas de cada una de nuestras provincias y es la oportunidad que tenemos de algo que venimos reclamando, un diálogo con el gobierno nacional”, sostuvo este lunes el gobernador salteño Gustavo Sáenz al ser consultado por la cena que compartirá esta noche junto al presidente Milei. “Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, inistió el mandatario en una entrevista con Radio Mitre, aunque se atajó al apuntar que “acá nadie es héroe ni hay que festejar nada”.

Sáenz se declara “ferviente defensor de la universidad pública”, algo que logró ratificar con la votación de dos de sus tres diputados en el recinto. El bloque Innovación Federal, integrado por los oficialismos provinciales de Salta, Río Negro y Misiones, tomó caminos distintos a la hora de posicionarse ante el veto de Milei. Su jefa de bancada, la salteña Pamela Calletti, que es docente universitaria, votó en contra de la decisión oficial, al igual que su coprovinciano Pablo Outes. Curiosamente, quien estuvo ausente fue Yolanda Vega, que se excusó en un malestar físico.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz, que estuvo de gira por Europa, comentó que su idea es “contarle al Presidente acerca de las inversiones que conseguimos y que hay que apurarse con algunas cuestiones provinciales o nacionales”. No es que haya “trabas”, aclaró, pero sí “burocracia propia del Estado que hace que se demore [la implementación del RIGI] y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”. En ese sentido, indicó que “Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres”. “Los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Sáenz forma parte del conjunto de gobernadores que más dispuestos está a prestarle gobernabilidad a La Libertad Avanza. Ese grupo también lo constituyen el catamarqueño Rubén Jalil, el misionero Hugo Passalacqua y el tucumano Osvaldo Jaldo. No por causalidad, en febrero, los cuatro encabezaron una reunión con el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que lograron expresarle sus quejas respecto al rumbo de la relación del gobierno nacional con las provincias. Ese encuentro, que tuvo lugar en Salta y del que también participó el jujeño Carlos Sadir, fue clave para acercar posiciones entre las partes luego de un verano tormentoso en la relación de la Casa Rosada con las provincias.

Passalacqua

La relación de Hugo Passalacqua con la Casa Rosada es otro ejemplo de buena vecindad. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el “misionerista” Frente Renovador de la Concordia, liderado por el exgobernador Carlos Rovira, decidió volver a levantar la consigna que ya es un leitmotiv del oficialismo misionero: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. El último ejemplo de ello fue la votación del veto a la ley universitaria: los cuatro diputados que responden a Rovira, y que conforman el bloque Innovación Federal junto a los salteños de Sáenz, se abstuvieron.

Sin embargo, el único en quedar en offside fue Alberto Arrúa, secretario general del PJ local. Sucede que el diputado no solo había votado el financiamiento universitario en el recinto, sino que en las horas previas a la sesión en la que se decidía el futuro del veto de Milei llegó a prometer públicamente que iba a rechazarlo. “A mí y a mis compañeros de bloque no nos van a encontrar apoyando las políticas de este gobierno”, dijo en una entrevista con Futurock, exhibiendo una intransigencia opositora que se le desconocía. Arrúa fue el principal apuntado por la expresidenta Cristina Kirchner, que acusó a los gobernadores, ahora invitados por Milei, de “transfuguismo político”.

No son tiempos precisamente tranquilos para el misionero Rovira. Los reclamos salariales de trabajadores estatales que en mayo tuvieron en vilo a la provincia, y que pusieron a Misiones en el foco de la atención pública nacional, mostraron como nunca antes las fragilidades de su construcción hegemónica, además de las consecuencias del ajuste llevado adelante por La Libertad Avanza. Sin embargo, el cimbronazo no perjudicó en lo más mínimo el plan de acercamiento a Milei ensayado de antemano por el líder provincial.

Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, el plan trazado por Rovira es explícito: consolidar una corriente “libertaria” propia dentro de su espacio político para, de esa manera, monopolizar la representación de ese espectro ideológico en las elecciones de 2025. Para lograrlo, Milei debería de prescindir de disputarle el poder en su territorio con un candidato competitivo el año que viene. Un favor que, según deslizan fuentes misioneras a elDiarioAR, Rovira confía que podrá cobrárselo a partir de los apoyos de sus diputados a las iniciativas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Jalil

El catamarqueño Raúl Jalil es otro de los mandatarios provinciales que hace gala de una relación pragmática con el gobierno de Javier Milei. Este enfoque se hizo evidente en la reciente votación sobre el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario: el gobernador le ordenó a la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, integrante de la bancada de Unión por la Patria, que no bajara al recinto y permaneciera en su despacho durante la sesión del veto para que su ausencia en el recinto permitiera que no cayera le decisión de Milei.

Jalil fue uno de los primeros mandatarios que se sentó a firmar convenios con Guillermo Francos en el marco del plan de traspaso de obras nacionales a las provincias. Durante ese encuentro, se acordó un desembolso de 25.000 millones de pesos para obras de infraestructura. Sin embargo, esas promesas se encuentran hoy atadas a lo que se resuelva tras el debate del Presupuesto 2025 en el Congreso.

El primer gran guiño del gobernador a Milei fue cuando los tres diputados de Unión por la Patria de la provincia votaron a favor de la ley Bases, lo que posteriormente se tradujo en la firma de Jalil al Pacto del Mayo. “La gente eligió. Si uno ve la elección, mucha gente votó a intendentes, a mí y a Milei de manera muy transversal”, sostuvo en junio el mandatario en una entrevista con Clarín.

Pero el impacto del ajuste de Milei sobre la provincia es notorio. El porcentaje de pobreza del primer semestre registrado en el Gran Catamarca es de un 55,9%, superando en tres puntos los porcentajes nacionales del 52,9%, según revelaron las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Del informe oficial también se desprende otro dato alarmante: 25.888 catamarqueños pasaron a ser pobres durante la gestión de La Libertad Avanza.

PL

El presidente Javier Milei se reúne este lunes en la residencia de Olivos conmlos gobernadores dialoguistas que fueron clave en el apoyo que necesitó el oficialismo en el Congreso para respaldar el veto contra la ley de Financiamiento Universitario. Los invitados a una nueva cena de “héroes” son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ), y contará con la presencia de colaboradores libertarios cercanos al Ejecutivo.

Pero el encuentro tiene una intencionalidad que va más allá del agradecimiento, porque el mandatario busca también asegurarse el respaldo de los gobernadores norteños no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Entre los acompañantes de Milei en la cena se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresó este fin de semana de su gira por Francia; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su mano derecha, Lisandro Catalán: del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y no se descarta, tal como ocurriera en la anterior “cena de héroes” con los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria, las presencias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (si regresa a tiempo de Bariloche, donde participará de la apertura de la VI etapa del “Curso avanzado en la lucha contra el Narcotráfico”); y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni, además del asesor estrella, Santiago Caputo.

Quien no estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que junto a los secretarios de Política Económica, José Luis Daza, y de Finanzas, Pablo Quirno, viajaron a Washington DC donde participarán de las Reuniones Anuales 2024 del FMI y del Banco Mundial.

Gustavo Sáenz: “No somos héroes y no hay nada para festejar

“Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, destacó el gobernador Gustavo Sáenz al recordar que la reunión de este lunes nació de una conversación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus colegas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a partir de la necesidad de abordar los problemas de esas provincias e intentar resolverlos.

No obstante, Sáenz dejó en claro que “nosotros no somos héroes y no hay nada para festejar. Soy ferviente defensor de la universidad pública”, enfatizó el mandatario salteño en declaraciones al diario Clarín.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres y los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz detalló que la idea de los gobernadores dialoguistas “es contarle al Presidente el tema del RIGI y cómo cayó en la gira por Europa, las inversiones que conseguimos que hay que apurarlas con algunas cuestiones provinciales o nacionales. No es que hay trabas, pero sí burocracia propia del Estado que hace que se demore y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a radio Mitre.

“Tuvimos una reunión con el ministro Caputo, donde planteamos cuestiones como las universidades. Las universidades del interior tienen presupuestos paupérrimos y mínimos y realmente son una salida para la gente que no tiene donde estudiar. Los del Interior son presupuestos mucho más bajos que los del centro del país. Hay que mirar el país no desde la capital Federal y provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Ya en junio pasado Milei había recibido a gobernadores peronistas y radicales en Casa Rosada tras el acto del Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe.

Pero Sáenz no siempre se mostró alineado con el Gobierno libertario. En marzo pasado, el salteño apuntó que, así como el Gobierno “dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”.

En aquella oportunidad, el gobernador salteño afirmó que, hasta ese momento, el Gobierno “está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra”, en referencia al recorte de fondos aplicados a las provincias.

“Está logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya”, aseguró, al tiempo que criticó al Gobierno nacional por “disciplinar a los gobernadores” mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de “látigo y billetera”.

Hace seis meses, Sáenz consideraba que la metodología de la gestión libertaria , no era “una nueva forma de hacer política”, sino que en otro momento también fue aplicada por “otros gobiernos centralistas” para que los gobernadores fueran “delegados” del Ejecutivo nacional.

“Una cosa es servir y ser útiles para darles herramientas al Gobierno nacional y otra es ser serviles”, dijo sobre la gestión de Milei y agregó: “Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan”.

“La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica”, opinó.

Al respecto, consideró que es “fundamental que el Presidente entienda que lo que necesita es un gran acuerdo” que, actualmente, “se hace difícil” de alcanzar por “la desconfianza que hay entre el Gobierno y los gobernadores”.

“Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado”, indicó.

El rechazo de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había acusado días atrás a los gobernadores Jalil, Jaldo y Passalacqua, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de respaldos, abstenciones y ausencias de parte de los legisladores que les responden, al momento de la votación.

En aquel momento, la expresidenta apuntó que: “Esta realidad que ya es inocultable, nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación”.

Con información de agencias.

IG

Javier Milei está preparando una nueva cena política para el próximo lunes en la residencia de Olivos, con un enfoque particular en gobernadores del norte del país. Esta vez, la lista de invitados incluye a mandatarios clave como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ) y a fuerzas locales. Desde la Casa Rosada consideran que estos gobernadores, al haber apoyado al Gobierno en decisiones clave, merecen un reconocimiento especial.

El motivo oficial es agradecerles su respaldo al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, pero la reunión tiene implicaciones políticas más amplias. En particular, la administración de Milei busca asegurarse el respaldo de estos mandatarios no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Según pudo saber elDiarioAR, la invitación ya fue cursada. Y aunque en las provincias aún no han confirmado oficialmente su presencia, en los pasillos de Balcarce 50 se especula con que los gobernadores asistirán. Entre los acompañantes de Milei en el encuentro se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresa este fin de semana de su gira por Francia.

También podrían estar presentes funcionarios clave del ala política como Guillermo Francos y su mano derecha, Lisandro Catalán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En la anterior cena, participaron además la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor estrella Santiago Caputo.

La dinámica de cenas con funcionarios y legisladores que respaldan al Gobierno se está convirtiendo en un sello de la gestión de Milei. La primera y más resonante de ellas fue el asado que encabezó Milei a mediados de septiembre con diputados nacionales en la quinta de Olivos. Con la idea de agasajar a los “héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio, el Presidente se ubicó en la cabecera de una larga mesa en U desplegada en la residencia oficial, una foto que no hizo más que sembrar malestar al punto de motivar protestas en las inmediaciones de la residencial oficial. 

“Transfuguismo político”

La semana pasada, la expresidenta Cristina Kirchner acusó a los gobernadores, ahora invitados por Milei, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X titulado “El veto y el voto”, la actual candidata a la jefatura del PJ apuntó contra los mandatarios “de nuestro partido” por “influir” sobre “algunos legisladores de sus provincias” para plegarse a la estrategia oficial.

La extitular del Senado se refirió a la abstención del misionero Alberto Arrúa, secretario general del PJ local, quien no sólo había votado el financiamiento universitario en el recinto, sino que en las horas previas a la sesión había prometido públicamente rechazar el veto de Milei. “Sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los 5 votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”.

“Las razones de este verdadero transfuguismo político las explica, mejor que nadie, el título y contenido de la nota publicada hoy por el portal Infobae: 'El gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores' (el resaltado en negrita me pertenece)”, continuó Cristina Kirchner en su escrito. Y remató: “Esto es lo que está destruyendo las representaciones políticas y sus instituciones. Y todavía hay algunos que se preguntan por qué ganó Milei…”.

PL/DTC

Victoria Villarruel quedó en el centro de las discusiones políticas luego de que en la Casa Rosada la desautorizaran por defender los cánticos racistas de la Selección contra los jugadores de Francia. La figura de la Vicepresidenta, con agenda propia y vínculo aceitado con los gobernadores, genera un malestar creciente en la cúpula del oficialismo y abre discusiones entre algunos dirigentes del peronismo que, como dijo públicamente Guillermo Moreno, consideran que tiene cualidades para “destacarse” en el futuro.

La última semana, Villarruel visitó por segunda vez la provincia de Catamarca y recibió un trato afectuoso del peronista Raúl Jalil. Concurrió a la Fiesta del Poncho y tenía una agenda cargada hasta el último domingo, con la idea de quedarse lunes y martes a descansar en la provincia. “El gobernador decidió invitarla a más actividades oficiales en esos días y ella accedió”, afirmaron a elDiarioAR desde el entorno de la vice, y ampliaron: “Tiene que ver con la calidez de las relaciones humanas, con la forma de expresarse que tiene Victoria”. Luego de defender el Pacto de Mayo, Jalil se mostró entusiasmado con la visita de Villarruel y blanqueó que no descarta que sus diputados abandonen el bloque de Unión por la Patria (UP).

Sin desautorizar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la vice sostiene una agenda paralela con los gobernadores. Durante el primer semestre, la vicepresidenta ensayó una especie de tour “institucional”, con visitas a las provincias en fechas patrias o eventos especiales, en contraste con Javier Milei, que se pasó la primera parte del año entre la Ciudad de Buenos Aires y los viajes internacionales. En sus visitas al interior, Villarruel se llevó como postal un abrazo con el salteño Gustavo Sáenz, que organizó un encuentro con otros cuatro gobernadores del norte; y también el gesto del puntano Claudio Poggi, que la distinguió como huésped de honor durante el mismo viaje en el que Adolfo Rodríguez Saá la agasajó con una cena en su casa junto a su familia. 

La directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, es uno de sus nexos más importantes con el peronismo. La hija del exsecretario general de la CGT asesinado en 1973 se convirtió en una militante de lo que llaman “memoria completa”, al igual que Villarruel, quien la designó en su cargo actual. Sus vínculos políticos se forjaron en el universo del peronismo antikirchnerista, que incluyó al fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, Francisco de Narváez, Eduardo Duhalde y José Manuel de la Sota. En 2019 fue electa senadora de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC) y dos años más tarde se sumó al peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto, junto con otros dirigentes como Joaquín De la Torre y Juan Carlos Romero. 

El exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma es otro peronista disidente con el que Villarruel mostró un vínculo aceitado desde la campaña presidencial. En rigor, se hablaba de que le ofrecería encabezar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ahora reconvertida en SIDE), pero no pudo elegirlo ya que Milei incumplió su palabra de darle el manejo de las áreas de Inteligencia, Defensa y Seguridad. 

La doctrina de Victoria 

Mientras que su discurso de defensa al federalismo la acerca a algunos gobernadores de la oposición, la postura nacionalista y conservadora de Villarruel tiene puntos de contacto con dirigentes de la derecha peronista. Uno de ellos es Guillermo Moreno, que en la última semana la elogió en los medios al considerar que la vicepresidenta “demostró ser una mujer que se va a destacar en el futuro”, aunque aclaró que “no tiene presente” por estar atada al gobierno de Milei. Si bien no superó las PASO, las palabras del dirigente de Principios y Valores tiene peso por haber sido legitimado por segunda vez esta semana como articulador de los equipos económicos del peronismo. Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof mandaron a sus referentes del área a una cumbre organizada por él. 

Villarruel no reniega del peronismo, aunque sí de su versión kirchnerista. Lo dejó claro en octubre de 2023, cuando en un almuerzo en el Rotary Club en el Hotel Libertador señaló que el peronismo tuvo unos valores que “no tienen nada que ver con el kirchnerismo”. Calificó, en esa línea, a la etapa de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como “la más nefasta de la historia argentina”.

Ya en la gestión, tuvo otro guiño al PJ disidente en mayo de este año, cuando encabezó un festejo propio por el Día del Trabajador en la sede porteña del gremio de gastronómicos junto a un grupo de sindicalistas enfrentados a la conducción de la CGT, invitada por Claudia Rucci. Allí pronunció un discurso con varios conceptos peronistas y defendió al trabajo como “el principal ordenador social de la comunidad organizada”. 

Los límites de su construcción y la distancia creciente con Milei

Los guiños de Moreno a Villarruel no son compartidos por muchos peronistas de centro, incluso algunos alejados de la actual conducción del PJ, que la consideran “cómplice ideológica” del terrorismo de Estado. Su posición respecto a la última dictadura y sus críticas a los organismos de Derechos Humanos aun simbolizan un límite para su construcción política por fuera de La Libertad Avanza (LLA). 

Hábil y estratégica, desde su desembarco en el Gobierno la vicepresidenta intenta esquivar los temas más ásperos y se concentra en su defensa a las instituciones. Por eso decidió no opinar sobre la excursión de seis diputados libertarios a visitar represores presos por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. Entre ellos estaba Guillermo Montenegro, exarmador de Villarruel, su mano derecha hasta hace unos meses, cuando la relación se quebró por cuestiones personales. “Ella con lo de los represores no se va a meter. El ámbito de Victoria es el Senado y ella no es la jefa política de ninguno de esos diputados”, afirmó a elDiarioAR un dirigente de trato con la vice.  

El malestar con Karina Milei arrancó temprano en la campaña y se profundizó cuando, antes del balotaje, Villarruel armó un acto en la Ciudad con bandera propia. Fue un punto de inflexión que la distanció también del Presidente, quien luego la relegó del Gobierno. La interna se volvió más virulenta en las últimas semanas a partir de los cruces públicos por su defensa a los cánticos xenófobos de la Selección. A Villarruel la atacó incluso el asesor principal de Milei, Santiago Caputo, a través de la cuenta de X que le atribuyen. Algunos dirigentes cercanos a la vice celebraron, en voz baja, que esos ataques se le volvieron en contra: muchos usuarios libertarios en las redes cuestionaron a Karina para defender a Villarruel. Ella todavía no habló con el Presidente sobre el tema; hasta ahora no lo consideró necesario. Sigue con el tuit fijado, como bandera de su victoria. 

LA/MG

El Gobierno nacional explora un nuevo sistema de alianzas con algunos gobernadores peronistas con los que tendió puentes durante las negociaciones por el Pacto de Mayo. La apertura de esta etapa de mayor “diálogo” con las provincias coincide con el enfriamiento de la relación con Mauricio Macri, decidido a rescatar al PRO y dar señales de “autonomía”. 

Desde el lugar privilegiado que le asignaron en primera fila, Macri escuchó a Javier Milei cuestionar a los gobiernos anteriores que llevaron a la Argentina a la crisis en la que está inmersa. El expresidente había puesto en suspenso su asistencia al evento en Tucumán, pero desde la Rosada le insistieron para que esté; luego lo dejaron afuera de la firma del acta, que además de los gobernadores suscribieron las autoridades parlamentarias y Karina Milei. 

El distanciamiento de Macri, del que ya se hablaba como un hecho a raíz de su jugada para desplazar a Patricia Bullrich de la conducción del PRO, podría ahora tomar mayor impulso por esa decisión, que en su espacio algunos interpretaron como un ninguneo, ya que apenas lo enfocaron en la transmisión oficial y lo hicieron firmar, como premio consuelo, el mismo libro de visitas que el resto de los 800 invitados.

“Fuimos siempre muy claros y Milei lo dijo sin eufemismos en su discurso en Tucumán: todo aquel que quiera ser parte de este proyecto será bienvenido, sin mirar para atrás, sin rencores. No obtuvimos sólo el apoyo del PRO, sino también el del radicalismo y el de varios peronistas”, dijo a elDiarioAR un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de minimizar el rol que hasta ahora tuvo macrismo. 

En rigor, Karina Milei está abocada desde hace tiempo a lograr que La Libertad Avanza sea un partido con sello nacional. La hermana del Presidente trabaja en sociedad con Martín y Eduardo “Lule” Menem para evitar que el PRO y otros partidos les condicionen el armado de listas en las próximas elecciones de medio término; y en la provincia de Buenos Aires se mueve en tándem con el armador Sebastián Pareja, de lazos aceitados con el peronismo y Emilio Monzó. En paralelo, el ascenso de Francos a la Jefatura de Gabinete posibilitó un mayor acercamiento de algunos gobernadores del PJ que quieren desmarcarse del kirchnerismo y son recibidos con los brazos abiertos en la Casa Rosada. 

La lista de los conversos

El anfitrión del evento del lunes por la noche, Osvaldo Jaldo, conforma con el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz un primer anillo sobre el que a partir de ahora se apoyará Milei, que llegó al poder sin mandatarios provinciales que le respondan. En el oficialismo los describen como tres peronistas desencantados con el rumbo nacional que tomó su propio partido, dispuestos a dialogar. 

Jaldo se alejó rápido de Juan Manzur, de quien fue vicegobernador, y sus diputados rompieron con el bloque de Unión por la Patria para apoyar la Ley Bases. Jalil, un peronista entusiasta respecto de Milei, dejó atrás su apoyo a Sergio Massa para dar gestos de gobernabilidad. Sin embargo, en el caso de Catamarca, el gobernador demostró tener menos peso en el Congreso. Con vaivenes, el salteño Sáenz fue el tercero en mostrar su predisposición a ayudar al Ejecutivo, pese a que también fue muy cercano a Massa. 

Luego de su discurso por el Día de la Bandera, Milei tuvo un gesto atípico al recibirlos a los tres en la Rosada, junto al radical jujeño Carlos Sadir. Hay quienes amplían la lista de aliados peronistas al cordobés Martín Llaryoa, quien participó con Jaldo, Jalil y Sáenz de una reunión con Francos y Karina en la que terminó de cocinarse el Acta de Mayo. 

Además de la necesidad concreta de fondos, una de las prioridades de los gobernadores es la reactivación de las obras paralizadas en sus provincias, un tema del que vienen conversando con Francos. En esas charlas también surge su preocupación política por cercar sus distritos para retener su poder local. Huérfanos de conducción nacional, la Rosada podrá encarar estas negociaciones de forma individual, sin necesidad de acuerdos amplios. El caso de Tucumán acaso sea el más avanzado: Milei relegó a quien fue su candidato local, el legislador Ricardo Bussi, y en la provincia hay quienes hablan de la posibilidad de un acuerdo electoral de cara a 2025.

La estrategia de sumar a estos dirigentes persigue dos objetivos distintos: por un lado, buscar nuevas alianzas para prescindir del PRO; y por otro lado dividir al peronismo y exponer como una minoría a los gobernadores que aún tienen lazos fuertes con el kirchnerismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los cinco que no firmaron el Pacto de Mayo. 

Cerca de Francos hablan de la predisposición inicial de este grupo de gobernadores y suman en la lista a varios más con los que tienen “buen diálogo institucional”. A través de dirigentes como el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, el primer autodefinido como “peronista libertario”, buscan sumar más dirigentes provinciales desencantados con el rumbo actual del partido. Sin embargo, omiten una dificultad: son nombres que ostentan poder territorial, pero sin demasiado peso en el Congreso. Milei todavía necesita al PRO encolumnado como hasta ahora, sin disidencias, para no ampliar su desventaja en ambas cámaras, un escenario que algunos hoy empiezan a poner en duda.

LA/DTC

El presidente Javier Milei recibió a gobernadores peronistas y radicales este mediodía en Casa Rosada tras el acto del Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, los mandatarios provinciales Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Osvaldo Jaldo (Tucumán); y Raúl Jalil (Catamarca) visitaron al mandatario para manifestar su respaldo a la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal. 

El intercambio tuvo lugar días antes de que la Cámara de Diputados vuelva a tratar el proyecto luego de los cambios en el Senado. En ese contexto, los representantes del norte encabezan los reclamos por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que el oficialismo y los bloques dialoguistas intentan reponer junto con Bienes Personales.

Otro de los temas de la reunión fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la letra de la ley, que impactará en la explotación del litio en sus territorios. 

Por su parte, aprovecharon la oportunidad para hacer entrega de una copia del Pacto de Güemes, un documento en el que le reclaman al Gobierno un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos y que contempla el proyecto del corredor Bioceánico.

Al respecto, el salteño Gustavo Sáenz, anticipó que el pacto “no aborda cuestiones políticas, sino lineamientos que son irrenunciables e innegociables para el futuro y el progreso del Norte Grande”.

El pasado 17 de junio, en un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, los gobernadores del norte hicieron entrega de una copia a la vicepresidenta Victoria Villarruel. 

El jefe de Estado regresó a Casa Rosada después del mediodía tras encabezar el acto en el Monumento a la Bandera para el encuentro con los representantes provinciales que trajeron algunos regalos. 

Lo hizo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El primero de los funcionarios participó del intercambio que duró poco más de 40 minutos y que tuvo lugar en el salón Eva Perón, mientras que la segunda se limitó a pasar a saludar a los presentes. 

Al llegar al edificio, lo estaban aguardando los gobernadores, quienes llegaron juntos a Balcarce 50 a las 12.15, con regalos de las distintas provincias. Al término del encuentro, evitaron dar declaraciones. 

Tras 40 minutos de reunión, el Presidente se retiró de Casa Rosada rumbo a la quinta de Olivos, no sin antes acercarse a la reja y saludar a los turistas que paseaban por la avenida Rivadavia. Allí, ultimará los detalles del viaje a Europa que iniciará esta noche.

Por su parte, el coordinador de ministros dedicó algunos minutos más para dialogar con los representantes de las provincias.

La reunión se dio inmediatamente después del anuncio de la nueva convocatoria a firmar el Pacto de Mayo en Tucumán el próximo 9 de julio en el Día de la Independencia.

“Quiero aprovechar este día, con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a todas la autoridades nacionales, los gobernadores, los ex presidentes, los miembros de la Corte Suprema, empresarios y trabajadores a que nos encontremos la noche del 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo”, planteó desde el Monumento a la Bandera, en la provincia de Santa Fe, Javier Milei.

En las últimas semanas, varios gobernadores estuvieron en Casa de Gobierno para negociar la Ley de Bases, pero en ninguno de los casos fueron recibidos por el Presidente.

DM con información de agencia NA

El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que “es muy importante que esta ley se apruebe en el Senado” porque en este momento “tan delicado” que está atravesando el país de Argentina es hora “de ayudar”. 

En declaraciones a Radio Rivadavia, expresó que “no hay que dramatizar tanto la política” y que “hay que darle al Presidente las herramientas” que necesita para gobernar.

“En nuestro espacio político tenemos que hacer una autocrítica después de la gestión nacional. Alberto nos ayudó mucho, pero hemos perdido una elección. La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al Gobierno y creemos que, si le va bien, también le va a ir bien a Catamarca”, aseveró Jalil.

Por otra parte, el gobernador confirmó que habló en la Mesa de Litio con los mandatarios Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta y que, a fines de mayo, hará lo propio en la “Expo Minera” de San Juan organizando el gobernador Marcelo Orrego.

“Cuando uno observa cuánto exporta Chile o Perú con la misma cordillera, las diferencias y las oportunidades son muy grandes. Ese era un capítulo que todas las provincias mineras habíamos quedado en acompañar. Creo que el crecimiento de la Argentina va venir por la inversión y esperemos que se pueda aprobar en el senado”, indicó.

Según Jalil, el del presidente Milei “es nuevo paradigma que está funcionando” y que se está logrando que muchos mandatarios de distintos arcos políticos dialoguen y se pongan de acuerdo.

“Un ejemplo es el del Norte Grande o de la Mesa de Litio en donde somos tres gobernadores de distintos partidos políticos, que formamos una región de litio y hablamos de políticas de Estado. Ese es el cambio que nos está pidiendo la sociedad”, resaltó.

Para finalizar, el mandatario consideró que el Gobierno “está en un periodo de aprendizaje” y “entendió” que la Ley Ómnibus que había presentado “era muy compleja en su principio” y debía “entrar en una etapa de negociación” que es positiva para la Argentina.

“Si no nos ponemos de acuerdo en 10 puntos básicos de lo que pretendemos para Argentina, y muchos países lo han hecho, va a ser muy difícil estabilizar la macroeconomía. Ayer se ha dado un paso importante”, concluyó.

El apoyo de Jaldo, en Tucumán

En sintonía con el mandatario catamarqueño, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aseguró que su espacio acompaña “la posición política institucional del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional”.

En un posteo en la red social X, Jaldo dijo que desde las provincias “buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país y que estas acciones redunden en beneficio de cada una de las provincias argentinas”.

“Son tiempos de dejar diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la Patria”, concluyó el dirigente peronista.

AB con información de agencia NA.

Lo que parecía que iba a ser un gran encuentro de gobernadores del Norte Grande en Salta, tal como se había dejado trascender la semana pasada, fue una cumbre devaluada de cinco jefes provinciales (de los 10 de la región) con la vicepresidenta Victoria Villarruel, primero, y luego con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Hay necesidades de ambos lados. Pese al trato de “traidores” que recibieron algunos jefes provinciales, tras el fracaso del proyecto de ley ómnibus, la Casa Rosada busca recomponer la relación, al menos con los dialoguistas. Estos últimos, por su parte, necesitan de manera imperiosa los recursos de la Nación para obras públicas, al menos, fondos que se cortaron de cuajo desde que Javier Milei se sentó en el Sillón de Rivadavia. Pretenden que se les reconozca de algún modo haber facilitado la aprobación en general del proyecto.

La excusa del encuentro fueron los actos de este martes por el 211° aniversario de la Batalla de Salta. elDiarioAr consultó a fuentes cercanas a mandatarios del NOA que reconocieron que no hubo una invitación oficial del gobierno salteño para participar de las actividades pero sí del Instituto Belgraniano. “Como no hubo nada oficial, el gobernador no tiene previsto viajar”, respondió un hombre de confianza de un mandatario del NOA ausente en la deslucida cumbre.

“Además, cada vez que se sentaron con Francos el presidente Milei lo desmentía y se caían los acuerdos con los jefes provinciales; no tendría mucho sentido propiciar que eso se repita”, agregó. Por estas razones, la concreción del encuentro se cocinó a través de llamados de teléfonos y mensajes entre algunos mandatarios. Otros, algunos de los más duros con la Casa Rosada, se enteraron por los medios. Por eso, junto al anfitrión Sáenz, solo estuvieron Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Carlos Sadir, de Jujuy. En el NOA, los de mayor distancia con Balcarce 50 son el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Gerardo Zamora, que no estuvieron. En el NEA también hay un opositor claro, el formoseño Gildo Insfrán, aunque también están el radical Leandro Zdero, de Chaco, y su correligionario Gustavo Valdés, de Corrientes, quien sí parece de buenas migas o al menos busca acercarse a la Casa Rosada, a juzgar por el dedicado recibimiento al presidente Milei, el lunes.

En principio, el propio Francos había señalado la semana pasaba que el interlocutor con los jefes provinciales, “para encontrar mecanismos para establecer la relación en un país fundido”, iba a ser él. Sin embargo, la vicepresidenta Villarruel se le anticipó dos días. El domingo llegó a Salta, mantuvo varias reuniones y se dejó ver en una tradicional peña de la capital provincial, durante esa noche. El lunes por la tarde fue recibida en la residencia oficial por Sáenz y un rato más tarde se sumaron los cuatro gobernadores que también participaron de los actos oficiales de este martes.

Trascendió que la charla fue amena, “para limar asperezas”, y que los mandatarios pudieron darle detalles de las consecuencias que produjeron en sus distritos los recortes de los fondos nacionales, tanto para las obras públicas, como para el costo del transporte público y también en el sistema educativo, con la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Nadie explicó oficialmente el motivo del viaje previo de la vice

Le anticiparon que insistirán en el Congreso para que se restituyan los recursos para educación y el transporte. Nadie explicó públicamente el motivo del viaje previo de la vice, que mostró un perfil dialoguista, pero está claro que esmerila la ya vapuleada imagen de Francos, quien no pudo cumplir casi ninguno de los acuerdos que asumió con los gobernadores y cuya palabra cada vez pesa menos. Villarruel, consciente que arrancará un breve una agenda legislativa intensa, buscaría tener llegada directa con la mayor cantidad de gobernadores posibles, puesto que los senadores representan a las provincias.

Los actos oficiales tuvieron dos escenarios, el Monumento 20 de Febrero y la cercana Plaza Manuel Belgrano. En el primero hubo una foto de familia, con el pleno de las autoridades, y en el paseo público se realizó un desfile cívico militar que fue presidido por Villarruel, Sáenz y el intendente de la capital, Emiliano Durand, aliado del gobernador.

A los lejos, debido al fuerte cordón de seguridad, estuvieron familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, que repudiaron la presencia de la titular del Senado de la Nación por su cercanía con condenados por crímenes de lesa humanidad; e integrantes de gremios de la educación, que se encuentran en medio de la paritaria. También hubo un pequeño grupo de libertarios que no dejó de cantar “Victoria presidenta”, ante la sorpresa de algunos.

En busca de fondos

Luego de los actos oficiales se produjo el encuentro de los gobernadores con Francos, asado mediante. El funcionario político del Gabinete nacional escuchó una descripción pormenorizada de lo que han provocado, hasta el momento, los recortes de los fondos nacionales a las provincias, desde la eliminación del FONID hasta la quita de subsidios al transporte público, entre otros. Solo en Salta esto implica una deuda de la Nación que se estima en $12.000 millones para obras públicas, desde diciembre, por lo que ya se han paralizado algunas de ellas. 

Trascendió que Francos no asumió ningún compromiso de respuesta inmediata sobre estos temas. De todos modos, sí señaló que las puertas de su despacho estarán abiertas para realizar las gestiones. El encuentro entre el funcionario y los mandatarios dialoguistas finalizó cerca de las 16. La Casa Rosada está particularmente interesa en mantener la mejor relación posible con Sáenz y Jalil debido a que en sus provincias se encuentran los yacimientos de litio más importantes del país y el Gobierno nacional promueve en el exterior la inversión de empresas extranjeras. En su radicación juegan un papel clave las provincias, al depender de ellas autorizaciones esenciales para la actividad minera.

Luego de la reunión, Sáenz sostuvo en la red social X: “Coincidimos en que el diálogo y el consenso son un camino esencial en la búsqueda de soluciones para todos los argentinos. Gracias por acompañarnos a los salteños en un nuevo aniversario de la Batalla de Salta”.

DC/JJD