El presidente de Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, se iba a tomar licencia una semana desde el lunes próximo y su lugar iba a quedar en manos de otro miembro de ese tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, ligado al expresidente Mauricio Macri y cuestionado reiteradamente por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner por su cercanía, no solo con el líder del PRO, sino con Diego Luciani, el fiscal de la causa por la que fue condenada la exmandataria.

La licencia estaba prevista desde antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a la expresidenta en la Causa Vialidad.

Gorini es el encargado, como presidente del Tribunal, de las decisiones vinculadas a la ejecución de la pena de los nueve condenados.

Desde la semana próxima, si se concretaba la licencia de Gorini, la presidencia quedaba a cargo de Giménez Uriburu, y del restante integrante del Tribunal, Andrés Basso. Tras una mañana de marchas y contramarchas, Gorini recalculó y decidió quedarse para estar al frente de la decisión del TOCF2.

El 19 de junio a las 9:30 se vence el plazo para la presentación de la exmandataria y los demás condenados en Comodoro Py y se debe resolver si se les otorga arresto domiciliario o se los envía a un penal federal.

CFK confirmó este viernes que se presentará un día antes, el próximo miércoles, en sede judicial.

La relación Giménez Uriburu-Macri

En pleno jucio por la Causa Vialidad, en agosto de 2022, el abogado defensor de CFK, Carlos Beraldi, había pedido la recusación del juez Giménez Uriburu y del fiscal del caso, Diego Luciani, basado en las fotografías publicadas en aquel momento por Página/12, en las que se ve a ambos integrando el mismo equipo de fútbol “La Liverpool” y jugando un torneo que se realizó en Los Abrojos con dirigentes de Cambiemos durante 2017. La quinta es propiedad del expresidente Mauricio Macri, a quien Fernández de Kirchner atribuye la motorización del juicio en su contra en 2019.

En el caso de Giménez Uriburu, las defensas alegaron “falta de imparcialidad”, una cualidad exigida a todos los jueces para garantizar el derecho de defensa. Esa imparcialidad la pusieron en duda por la supuesta amistad que uniría al magistrado con el principal acusador del juicio -el fiscal Luciani-, quienes rechazaron las acusaciones y el pedido recusastorio no prosperó.

Cristina se presenta el 18 en Comodoro Py

El miércoles próximo Cristina Kirchner quedará oficialmente detenida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La propia expresidenta confirmó este viernes que irá a los tribunales federales de Comodoro Py la semana que viene, luego del feriado y al filo del plazo máximo de 5 días hábiles para presentarse a ser notificada de su situación judicial.

En ese marco, el peronismo está organizando una masiva caravana para acompañar a la jefa del PJ desde su casa, en el barrio porteño de Monserrat, a los tribunales ubicados en Retiro. Fuentes al tanto de la movilización apuntaron a elDiarioAR que la convocatoria podría reunir al menos a 100.000 personas.

“El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, escribió Cristina en un tuit que publicó esta mañana desde su departamento en la esquina de San José y Humberto Primo, donde permanece desde el martes pasado.

Cristina cuestionó que la Justicia le rechazara su pedido para cumplir la prisión domiciliaria de manera automática. Por eso debe presentarse sí o sí en los tribunales federales. La marcha que organiza el peronismo en su apoyo es para evitar cierto escarmiento público por parte del Gobierno o el aparato político-mediático antikirchnerista, recogió este medio. “Cristina no está sola, la vamos a acompañar a donde vaya. No queremos que la humillen”, afirmó un dirigente al tanto de los detalles de la movilización.

Aún hay dudas sobre cómo serán esas primeras horas post detención. Puede que el tribunal le acepte su pedido de domiciliaria, por lo que volverá a su casa acompañada por la militancia, pero puede que no. Y es lo que más teme el peronismo: que primero la confinen en un calabozo una o dos noches. En ese caso fuentes del PJ aseguraron que la vigilia será permanente, donde ella esté, hasta tanto regrese a su casa.

La expresidenta hizo público el pedido de sus abogados ante el Tribunal Oral Nro. 2 para la detención domiciliaria en su casa de Monserrat. Cuestionó el rápido rechazo por parte del juez Jorge Gorini, que le exigió cumplir la obligación de presentarse en los tribunales. Cristina explicó que la domiciliaria “no se trata de un privilegio”. “Obedece a estrictas razones de seguridad personal”, planteó, a raíz de su carácter de haber sido dos veces presidenta y una vice, por lo que está custodiada las 24 horas del día: “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

Pero Cristina también planteó cuestiones personales. Una trascendental: el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. En ese punto la expresidenta recordó que el juicio por ese episodio aún está en desarrollo, aunque no se investigan los autores intelectuales del hecho: “La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Entonces apuntó, sin nombrarlos, a Mauricio Macri y Javier Milei, y recordó implícitamente a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exoperador macrista que recientemente fue sobreseído en una causa por extorsión, decisión por la que volvió de Uruguay, donde estaba prófugo. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”, concluyó CFK.

La decisión final sobre la domiciliaria la tomará el juez Gorini, quien deberá definir el lugar de cumplimiento efectivo de la condena, tanto de Cristina como de los otro ocho acusados: Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich.

Con información de agencias.

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

El juez Andrés Basso pasará parte de la feria judicial escribiendo sus argumentos sobre por qué el Tribunal Oral Federal número 2 debería haber condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y elevar su pena por encima de los seis años de prisión, confirmó a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado.

Basso integra el tribunal que juzgó a la expresidenta y a otros doce acusados por el caso Vialidad y que determinó que la vicepresidenta administró de forma fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante sus dos presidencias al formar parte de una maniobra para direccionar 51 obras viales a su socio comercial, el empresario Lázaro Báez. Por este delito, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en imponer la pena máxima a Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo públicos.

Sin embargo, los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, consideraron que la fiscalía no había demostrado que la vicepresidenta haya sido la jefa de una asociación ilícita o que los hechos incluso probaran la conformación de una organización especialmente pensada para delinquir.

Por esa razón, el tribunal condenó a 9 de los 13 acusados a penas de entre 3 y 6 años y por dos votos a uno absolvió a todos por la presunta asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación junto a su colega Sergio Mola, había solicitado en agosto último penas de entre 2 y 12 años de prisión para los trece acusados por dos delitos: asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

A partir del 9 de marzo, cuando los jueces presenten los argumentos del fallo, Luciani acudirá a un tribunal superior para recurrir (apelar) la absolución de la vicepresidente y del resto de los enjuiciados por asociación ilícita, lo que implica reclamar al tribunal revisor de la sentencia que eleve las penas. 

voto Basso

“El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”, sostuvieron los fiscales Luciani y Mola en un artículo publicado tras la sentencia en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal. “Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”, aseguraron en relación al delito por el cual el tribunal absolvió a todos los acusados.

“En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”, anunció la fiscalía en el mismo artículo.

Fernández de Kirchner, López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) y el empresario Báez (beneficiado en el direccionamiento de las obras) fueron condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.

Los jueces condenaron por el mismo delito a Juan Carlos Villafañe y Rául Gilberto Pavesi ( ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. José Rául Santibáñez (otro ex director general del organismo provincial) y Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito en Vialidad) recibieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Cómo sigue

¿Quiénes son los jueces que deberán revisar la sentencia? Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que se encarga de revisar las decisiones de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones. Es el paso previo a la Corte Suprema. 

La Sala IV está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros han sido denunciados públicamente por la vicepresidenta y acumulan presentaciones en su contra por haber visitado al expresidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno (en el caso de Hornos) o por haber compartido partidos de tenis en la Quinta de Olivos (en el caso de Borinsky).

La defensa de la vicepresidenta ha realizado planteos en los que sostiene que el caso Vialidad debe ser analizado por otra sala de la Casación, integrada por otros jueces, pero la Corte ya falló sobre esa disputa y confirmó a la Sala IV. Beraldi ya planteó que los dos jueces cuestionados por CFK deberían apartarse del caso. Si lo hicieran, otros integrantes de la Casación deberán acompañar a Carbajo en el caso.

De Vido

Además, los fiscales recurrirán la absolución por ambos delitos del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ex titular de la cartera que dirigió las políticas de obras públicas entre 2003 y 2015 no sólo fue absuelto por la presunta asociación ilícita sino también por defraudación a la Administración pública. 

Después de Fernández de Kirchner, el tribunal atribuyó la mayor responsabilidad penal por el direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz al ex secretario de Obras Públicas José López (en la práctica, el segundo de De Vido) en el ministerio. Sin embargo, la fiscalía le había asignado a De Vido un rol central en la maniobra. Sólo entre 2007 y 2009, el exministro firmó 25 resoluciones que terminaron garantizando a las empresas de Báez obras por $509 millones de ese momento, de acuerdo con la documentación pública analizada por la fiscalía y a la que accedió elDiarioAR.

Los fiscales analizarán también los argumentos de los jueces para absolver de este último delito a otros exfuncionarios de menor rango: Abel Fatala (ex subsecretario de Obra Pública) y Héctor René Garro (uno de los cuatro exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz juzgados por este caso.); y para declarar prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner. El exfuncionario encargado del control de las operaciones fue sobreseído por el incumplimiento de sus deberes.

La absolución de De Vido es una carta central para la defensa de Fernández de Kirchner, según explicó el principal abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, en una entrevista con C5N. Si el ministro a cargo del diseño de la obra pública a nivel nacional durante 15 años no es considerado culpable por el direccionamiento de las obras a Báez, ¿cómo puede el tribunal encontrar culpable del mismo hecho a la Presidenta, quien supuestamente, por su función, no intervenía directamente en la toma de decisiones del ministerio?

La defensa solicitará que Fernández de Kirchner sea también sobreseída por el delito de administración fraudulenta, como De Vido, y evitará así que la sentencia quede firme.

La principal diferencia entre la acusación contra De Vido y la de Fernández de Kirchner es que el exministro fue acusado por sus decisiones en el cargo que habrían estado dirigidas a beneficiar al empresario Báez. Pero en el caso de la expresidenta, los fiscales resaltaron que, entonces, la unía a Báez un vínculo directo comercial, a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

“Eran negocios legales”, afirmó Beraldi durante su alegato en el juicio. ¿Con qué argumento? “Estaba todo bancarizado”. Sin embargo, el resultado más evidente de esa relación es que el empresario más beneficiado en la provincia de los Kirchner por la asignación de licitaciones públicas en obras viales era el socio de la Presidenta en ejercicio, sin contar las explicadas irregularidades en la asignación de esos contratos: procesos públicos en los que Báez competía contra Báez, por ejemplo.

La fiscalía tuvo bajo la lupa varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Fernández de Kirchner para fondear a Vialidad o para la designación de un hombre de Báez en el organismo. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, Fernández de Kirchner firmó siete DNU que permitieron el movimiento de al menos $1.447 millones investigados por la maniobra, según la información que analiza la fiscalía para su recurso ante Casación.

Beraldi también sostuvo que, técnicamente, la fiscalía no debería recurrir la sentencia, basándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal. “Pidió 12 años de pena y el tribunal le impuso 6 años. Entonces como sólo puede recurrir cuando la pena que se le impone es inferior a la mitad de la solicitada, no puede recurrir. Pero si quiere recurrir, que recurra”, dijo Beraldi tras la sentencia.

En el noveno piso de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal Luciani, hacen una interpretación muy diferente ante la consulta de elDiarioAR sobre las declaraciones de Beraldi. Sostienen que la fiscalía sí puede recurrir al tribunal revisor de la sentencia por los jueces dictaron absoluciones.

ED

La última vez que la Asociación de Magistrados, principal entidad de jueces del país, había celebrado su cena de fin de año, fue en diciembre de 2019, en el Hotel Plaza, en Retiro, muy cerca de los tribunales federales de Comodoro Py. Alberto Fernández acababa de ingresar a la Casa Rosada. Marcela Losardo, recién asumida como ministra de Justicia, era la invitada de honor, junto al entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Hubo fotos conjuntas, mensaje de conciliación y mesa compartida junto a otros funcionarios y representantes del Ejecutivo, como el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. 

Tres años más tarde, unos 500 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales volvieron a congregarse este jueves por la noche en un salón del Golden Center, en Costanera norte, para el mayor evento social del poder Judicial, aunque en el fondo, siempre es político. Pero esta vez, no hubo funcionarios del Ejecutivo presentes. 

El mensaje fue de unidad hacia adentro, el abroquelamiento frente al kirchnerismo. Aunque el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo una salvedad durante su discurso: la unidad tiene límites. “Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte”. Los “buenos”, dijo.

Fue el cierre de un año en el que la tensión entre ambos poderes alcanzó un punto máximo con la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación a la Administración pública y su renunciamiento posterior a la posibilidad de ser candidata en 2023.

En la cena de este jueves, los invitados de honor fueron los jueces de la Corte, aunque sólo acudieron los miembros de la mayoría tripartita del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti; Rosenkranz; y Juan Carlos Maqueda, quien asistió al encuentro por primera vez en los 20 años que integra el tribunal. Rosatti pidió durante su discurso un especial aplauso para su aliado y colega.

Faltó Ricardo Lorenzetti, quien había confirmado su asistencia pero a último momento les comunicó a sus colegas que le diagnosticaron Covid-19, según informaron tres fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR. Ante la consulta de este medio, los voceros del magistrado aún no han respondido.

Los cuatro jueces habían estado reunidos presencialmente esa tarde para firmar el fallo que confirmó la condena a la dirigente Milagro Sala a trece años de prisión por el delito de asociación ilícita. Es el tercero de los cortesanos que comunica haber contraído recientemente el virus. Los otros dos son Maqueda y Rosenkrantz.

Sin embargo, en el entorno de Rosatti la explicación de Lorenzetti les sonó a excusa, según pudo saber este medio. Es que si bien el mensaje del presidente de la Corte y de sus colegas fue un llamamiento a la unidad, los cortesanos tienen su propia fisura.

“Que no nos hagan perder de vista que nos debemos a la sociedad”, dijo Rosatti a los comensales, y les pidió ser “un poder Judicial fuerte”. “Esta Corte no negocia fallos” y sus “integrantes no se cuecen con el primer hervor”, afirmó.

Hubo otros ausentes que solían acudir a la cena anual de los magistrados. Pocos jueces y fiscales federales de Comodoro Py son activos en la Asociación de Magistrados (ninguno de los jueces de primera instancia acudió y los fiscales tienen su propia entidad, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal De La Nación). 

El juez federal Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación, y uno de sus hijos y jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, habían sido de los más saludados en la cena de 2019. En pleno rebote del caso Lago Escondido, que los tiene como protagonistas, esta vez, no estuvieron presentes.

El caso fue la comidilla de las conversaciones sottovoce y unos comentaron su pesar por algunos de los involucrados en el viaje a la propiedad del magnate Joe Lewis y el intento por borrar la supuesta dádiva y la denuncia judicial en Bariloche.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo durante su discurso: “Ningún juez o jueza puede pretender que se repete su decisión jurídica si no ajusta su conducta a los estándares de ética que la sociedad espera”.

Hubo otros invitados que este año recibieron saludos y felicitaciones: los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. Los ubicaron en las mesas próximas a los jueces de la Corte.

Rosatti, Maqueda y Rosenkranz compartieron mesa con Gallo Tagle; el procurador general de la Nación y jefe de los fiscales, Eduardo Casal; y los jueces que representan a sus colegas en el Consejo de la Magistratura, uno de los ámbitos de disputa con el kirchnerismo. Entre ellos estaba Javier Barroetaveña, uno de los integrantes de la Sala I de la Casación Federal, que debe decidir si confirma los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán u ordena que los juicios orales y públicos suspendidos en 2021 se ejecuten en pleno año electoral. 

En otra mesa próxima el fiscal Mario Villar, también de la Casación, acompañó al nuevo presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Rafael Toranzos (fiscal federal de Salta). Villar es el fiscal que solicitó en noviembre que la vicepresidenta y sus hijos, además del resto de los acusados en Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vayan a juicio oral y público.

Sólo se escucharon quejas de los comensales funcionarios del poder Judicial, como peritos y auxiliares de los jueces y fiscales, quienes al finalizar la cena cuchicheaban que no habían sido reconocidos por su labor en el discurso de Rosatti y el brindis de Rosenkranz. Será para la próxima.

ED

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

“Mentiras”, “mala praxis”, construcción de una “fábula” y de una “fantasía”, prevaricato, desconocimiento del Derecho. Son algunas de las réplicas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su defensa al alegato de la fiscalía en el juicio oral y público por el caso Vialidad.

En un debate que ha girado en torno a “verdades” y “mentiras”, una fuente allegada a la fiscalía que encabeza Diego Luciani dijo a elDiarioAR que “el alegato de la fiscalía se mantiene inalterable e incólume” y que el Ministerio Público Fiscal no ha podido ser contradecido con argumentos válidos. 

“Se asistió a una tergiversación del alegato de los fiscales y de las pruebas documentales y testimoniales del juicio, que la defensa expuso de forma parcializada y segmentadas”, como cuando refirió que los fiscales habían sostenido que todo lo actuado por los gobiernos kirchneristas eran acciones de una asociación ilícita, agregó la fuente consultada ante las críticas de los abogados de la vicepresidenta y de la propia funcionaria. 

La defensa de Fernández de Kirchner, que alegó alrededor de 20 horas durante tres audiencias (lunes, martes y este viernes), sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola fueron los que tergiversaron las pruebas y solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que “saque testimonio” de esas supuestas “mentiras” que la fiscalía sostuvo como verdades durante su alegato, es decir, planteó formalmente a los jueces que denuncien penalmente a ambos fiscales por la comisión de un presunto delito: actuación infiel a sus funciones.

Los alegatos de la fiscalía y la defensa han girado durante decenas de horas en torno a aspectos jurídicos, de Derecho administrativo, vericuetos del funcionamiento de la Administración pública, la ley de Presupuesto, los procesos de licitaciones públicas, las reglas y normas del Estado y las competencias de los funcionarios públicos. Un compendio teórico que para la fiscalía fue utilizado en la práctica como herramienta del delito. Para la defensa, en cambio, garantizó la legalidad de los actos cuestionados porque la práctica no se alejó de la teoría. El intento de dilucidar quién miente y quién dice la verdad refleja la complejidad del juicio. Serán los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quienes deberán establecer en su sentencia quién mintió.

A pesar de la acusación a los fiscales de haber cometido un delito (prevaricato), ni la vicepresidenta ni sus abogados solicitaron este viernes la nulidad del alegato de la fiscalía, lo que habría implicado la apertura de un nuevo capítulo en el juicio, en el que los fiscales deben responder a las críticas y supuestas mentiras y exponerlas en una audiencia pública. La expresidenta enfrenta un pedido de sentencia de doce años de prisión e inhabilitación perpetua.

La estrategia de defensa se centró en dos ejes centrales que Fernández de Kirchner planteó en su exposición de poco más de una hora este viernes: primero, desmentir la existencia de una supuesta asociación ilícita creada para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de obras viales al empresario Lázaro Báez, socio y amigo de su familia; segundo, establecer que además, no tuvo como presidenta competencia para tomar las decisiones que terminaron favoreciendo al empresario Báez en la adjudicación de obra pública.

La vicepresidenta pudo alegar en su propia defensa por ser abogada y expuso como tal en un tramo de su alegato:dijo que la causa Vialidad es anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal.

ED

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expondrán este martes el segundo capítulo de su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación de 51 obras viales a su socio comercial y amigo de su familia, Lázaro Báez.

En esta segunda jornada de alegatos de su defensa, los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy se dirigirán al Tribunal Oral Federal número 2 para argumentar que la acusación de la fiscalía, que pidió doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, se basa en “cuestiones inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de la Nación”, adelantó Beraldi durante la audiencia de este lunes. 

El principal abogado de Fernández de Kirchner también anunció que buscará derribar “otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con mentiras y calumnias”: el plan “limpiar todo” o “plan huída”. 

A finales de 2015, tras una reunión entre Cristina Fernández y José López en la Quinta de Olivos, el entonces secretario de Obras Públicas “bajó la orden” de comenzar el “plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral del kirchnerismo. “Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó el fiscal Diego Luciani durante su alegato en base a las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.

Tras dicha reunión, que había sido antecedida por otro encuentro entre López y el entonces presidente de Austral Construcción, Julio Mendoza, en un hotel porteño, el funcionario ordenó “limpiar todo” al ejecutivo de Báez. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó López. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.

“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal Luciani durante las audiencias del juicio en agosto último.

“Les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean el ‘plan limpiar todo’, no van a salir de su asombro”, prometió Beraldi a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Han pedido 89 años de prisión” con “pruebas apócrifas”, dijo Beraldi este lunes.

Lunes

Durante la primera jornada de su alegato, la defensa ya comenzó a separar a Fernández de Kirchner de uno de los puntos centrales de la acusación. La fiscalía sostiene que la entonces presidenta lideraba la toma de decisiones. Beraldi se centró este lunes en sostener que las resoluciones, decretos y leyes que permitieron que las 51 obras fueran adjudicadas a Báez tuvieron la participación del gabinete de ministros, órganos del Ejecutivo, del Congreso y de órganos de control.

El alegato de la defensa acumulaba este martes más de 106.000 vistas en YouTube y la segunda audiencia también será transmitida al público por esa misma plataforma. El viernes, además, Fernández de Kirchner participará de su propio alegato y expondrá ante los jueces, ya que la ley la autoriza por ser abogada.

Juicio técnico

El juicio de Vialidad tiene un componente técnico de alta complejidad: requiere del análisis de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), fondos de fideicomisos, decisiones administrativas, elaboración del presupuesto y proceso del proyecto hasta su sanción en el Congreso, y reasignaciones presupuestarias, que en este caso fueron dispuestas por el ministerio de Planificación y la Dirección nacional de Vialidad (DNV).

La fiscalía sostiene que estos componentes técnicos fueron instrumentos de la asociación ilícita, torcidos para defraudar al Estado a través de sus propias reglas. El abogado de la vicepresidenta concentró su defensa en los argumentos técnicos que, sostiene, desterrarían esa acusación.

“Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo Beraldi. El abogado también hizo una breve defensa sobre las acusaciones contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero aclaró: “No se puede imputar a un muerto”.

Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto.

Carlos Beraldi — Abogado de Cristina Fernández de Kirchner

Beraldi habló de “dos hechos inventados” por la fiscalía: “El apagón informativo” y “el plan limpiar todo”. Este lunes se centró en el primero de ellos.

También dijo que desde 2008 “se replican a partir de denuncias en los medios de comunicación hasta que se llega al juicio y se conoce la verdad”.

Ante los jueces, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y la construcción de una “fantasía”.

“No bajamos los brazos en ningún momento”, remarcó Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”, y fue “falsa y sin fundamentos”, afirmó.

Luego, Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter: “¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

“Política de Estado”

“Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible”, dijo Beraldi este lunes a los jueces.

El penalista criticó que la fiscalía haya sostenido que las leyes de presupuesto fueron instrumentos de la asociación ilícita, es decir, “los vehículos con los que se cometieron los planes criminales”.

“Santa Cruz no tenía rutas y por eso se hizo esa inversión”, afirmó Beraldi tras mostrar un cuadro de distribución de las obras de pavimento en el país en 2003. Sólo el 42,5% de las rutas en la provincia estaban pavimentadas el año en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia, según la Red Nacional de Caminos.

Tierra del Fuego era la provincia menos favorecida en la distribución: tenía el 7,4% de sus caminos pavimentados. El resto de las provincias, entre el 48% (Jujuy) y el 100% (Buenos Aires). Santa Cruz era la segunda menos beneficiada en la distribución de obras viales, según los datos expuestos por el abogado.

Además, Beraldi afirmó que “la cantidad de empresas constructoras que participaron en obra pública se incrementó de 12.000 en 2003 a 24.000 en 2015, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Entre 1990 y 2002, el Estado invirtió US$18.711 millones en obra pública mientras que los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015) casi sextuplicaron esa cifra, con US$107.825 millones, explicó el abogado para justificar que Báez pasó de empleado bancario a empresario de la construcción y que la inversión en rutas de Santa Cruz fue parte de una política a nivel país.

“Era una política de Estado de hacer inversión pública para que el país creciera. Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto. Es objetivo”, dijo.

“En el gobierno siguiente esa prioridad se desplazó para pagar la deuda pública. Los recursos que se obtuvieron de la recaudación en vez de hacer obra pública se pagaron al exterior”, agregó Beraldi.

“Ustedes me pueden decir está bien, está mal, pero en las elecciones eso se decide, no es un proceso judicial. No se puede criminalizar este tipo de decisiones como pretende hacer acá de una manera absolutamente ilegal”, aseguró Beraldi.

El penalista también remarcó, en base a testimonios del juicio, que “no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias”.

“Mala praxis”

“La fiscalía no sólo no pudo cumplir con su derrotero de probar que había una situación fraudulenta de obra pública, ni siquiera lo buscó”, dijo Beraldi cuando se refirió a “la mala praxis de la fiscalía”.

Dijo que la acusación es “carente de prueba” y que es mentira que el 11% del presupuesto de obra pública se haya destinado a Santa Cruz, como la fiscalía dijo que sostienen los datos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Beraldi mostró otros números, en base a la información que le otorgó la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía. De acuerdo a esas cifras oficiales, la provincia de los Kirchner recibió un promedio de 7% del presupuesto anual destinado a obras viales entre 2004 y 2015.

Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible.

Presupuestos

La fiscalía sostiene que la política presupuestaria de la obra pública fue diseñada por el Ejecutivo con una participación “marginal” del Congreso en la decisión de distribución de los fondos, pero Beraldi llamó “fantasía” a la acusación de que “Néstor y Cristina hacían un presupuesto para que gane Lázaro Báez”, “obviando la autonomía con la que el Congreso se manejaba, la complejidad de la ley de leyes” (Ley de Presupuesto), que “puede ser debatida, modificada, eliminada por el poder Legislativo”, en palabras de la propia Fernández de Kirchner durante su indagatoria en el juicio, en 2019.

Beraldi también citó los testimonios de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, ambos diputados opositores que declararon durante el juicio, y negaron conocer la existencia de presiones a los legisladores para sancionar las leyes de presupuesto con los montos destinados a las obras en Santa Cruz.

“El Congreso de la Nación validó todos los DNU que se nombraron en esta causa como instrumentos del delito”, dijo el abogado, en referencia a algunos de los documentos que la fiscalía citó para destacar la participación de Fernández de Kirchner en la toma de decisiones.

“Los ministros nunca cuestionaron la validez de estos DNU (que se usaron para reasignar partidas presupuestarias para financiar las obras que se adjudicaron a Báez), tampoco los servicios jurídicos de cada ministerio”, incluidos “quienes se pasaron a la oposición”, como la exministra de Salud Graciela Ocaña, dijo Beraldi. Los ministros siempre acompañan la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

“Todos los gobiernos hicieron uso de esos decretos porque es necesario. No es excepcional ni arbitrario y mucho menos instrumentos de una asociación ilícita”, argumentó Beraldi.

Jefes de Gabinete

El defensor también citó varios tramos de los testimonios que dieron en el juicio los ex jefes de Gabinete de Fernández de Kirchner: Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Los cuatro explicaron ante el tribunal que las reasignaciones de partidas presupuestarias son “procedimientos normales” que se realizan desde 1994 y que el presupuesto es un pre-supuesto de los gastos que realizará el Estado al año siguiente, es decir, que puede ser modificado con ciertos límites legales.

Las obras de Báez se financiaron con fondos de un fideicomiso. Mientras que la fiscalía sostuvo que el manejo de esos fondos nunca fue transparentado al Congreso, los abogados de Fernández de Kirchner sostuvieron lo contrario, en base a los testimonios de Massa y un funcionario de Vialidad.

También remarcaron las palabras de la vicepresidenta durante su indagatoria en el juicio: “Son los jefes de Gabinete los responsables de ejecutar el presupuesto, no los presidentes”.

Beraldi y su colega Llernovoy remarcaron que los hechos que se exponen en el juicio ya fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron los abogados.

Fernández de Kirchner “es perseguida cinco veces por el mismo delito”, afirmó Beraldi.

Con información de Télam.

ED

El alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad comenzó este lunes a las 8 y se desarrollará durante tres jornadas. El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, arremetió contra el Poder Judicial al considerarlo el “menos democrático” de los tres poderes.

“El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, indicó, citando un trabajo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Están intentando sustituir la voluntad popular”, profundizó.

Por otra parte, insistió en que la ex Presidenta ya fue investigada, con sentencia a su favor en esta causa. “Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.

Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, para que investiguen la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Por un lado, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Por el otro, señaló “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto” haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del ex Presidente, Ángelo Calcaterra.

La defensa por parte de los letrados de la titular del Senado se realizarán entre este lunes y martes ante el Tribunal Federal 2, en tanto que el viernes se prevé que Cristina Kirchner exponga de manera remota por la plataforma Zoom.

“Mañana, a partir de las 8 horas, el Dr. (Carlos) Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como 'Vialidad'. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, publicó la funcionaria este domingo en su cuenta de Twitter.

Las tres audiencias son virtuales y Beraldi liderará la exposición de la defensa técnica, como ya adelantó en una de las últimas audiencias de agosto al tribunal. La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Está acusada de haber sido la supuesta jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar a la Administración pública con la adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario y socio de su familia Lázaro Báez.

En agosto, la expresidenta había solicitado a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria en agosto, luego del pedido de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el planteo por considerar que en la etapa actual del juicio -los alegatos de las partes- los acusados sólo pueden defenderse a través de sus defensores y cuentan con la siguiente etapa del proceso para dirigirse ante el tribunal antes del veredicto, conocida como “últimas palabras”.

Fernández de Kirchner hablará a los jueces a tres semanas de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla apuntando y gatillando un arma a centímetros de su cara.

La vicepresidenta salvó su vida porque el proyectil no salió. Las causas de este desenlace fortuito aún no se esclarecieron pero el atacante y al menos tres supuestos cómplices están detenidos. Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en tentativa.

Alegatos

A lo largo de nueve audiencias, los fiscales Luciani y Mola acusaron a Fernández de Kirchner y otros doce acusados de haber participado de “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al tribunal que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos, y penas de entre dos y seis años para el resto de los imputados, que ocupaban cargos de menor responsabilidad política.

Los alegatos de las defensas comenzaron el 5 de septiembre y hasta ahora expusieron los abogados de cinco de los trece acusados, quienes reclamaron absoluciones y cuestionaron las acusaciones de la fiscalía.

Esta semana, las defensas del ex ministro De Vido y del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala reclamaron absoluciones por inexistencia de delito.

La defensa de De Vido argumentó que un gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una “asociación ilícita” y recusó a uno de los jueces del tribunal, Giménez Uriburu, por temor de parcialidad, luego que el magistrado usó el reinicio de la audiencia dedicada al alegato tras un breve cuarto intermedio para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las jornadas de juicio exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur “Liverpool”, explicó la agencia Télam.

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Fernández de Kirchner y otros abogados de acusados ya habían recusado a Giménez Uriburu y a Luciani cuando se supo de esta circunstancia pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación.

Acusación

La maniobra investigada en la causa, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras. 

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%). 

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.

“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

Con información de la agencia Télam.

ED

Un paquete sospechoso fue encontrado este jueves en el acceso al garaje de la vivienda del presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, en el barrio porteño de Villa del Parque, y cuando efectivos del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad realizaron una detonación controlada establecieron que contenía frutos, informaron fuentes de esa fuerza.

El hallazgo se produjo a las 7.30 en la puerta de la casa del magistrado que preside el tribunal que, entre otros casos, tiene a cargo el juicio por el caso Vialidad.

Los voceros detallaron que la custodia, perteneciente a la Comisaría Vecinal 11, fue quien detectó el paquete y alertó a las autoridades de la fuerza, por lo que un grupo de efectivos desplegó un cordón de seguridad a la espera de la llegada del Escuadrón Antibombas, que cerca de las 8.30 ya trabajaba en el lugar.

Las fuentes dijeron que el paquete, un cilindro envuelto en cinta negra, fue sometido a una detonación controlada por los especialstas, quienes determinaron que en su interior contenía frutos.

Los voceros policiales añadieron que el juez y sus hijos están ilesos y que personal del Grupo de Alta Presencia (GAP) de la fuerza permanecía en el lugar para brindar contención.

Con información de agencias.

IG

En una audiencia cargada de tensión que definirá el destino del juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola respondieron las recusaciones de cinco de las defensas que pidieron apartarlos del caso y declarar la nulidad de todo lo actuado por ambos magistrados en el caso por presunta asociación ilícita y defraudación a la administración pública en la adjudicación de 51 obras viales a Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner.

Los fiscales no sólo solicitaron que se rechace lo planteado por las defensas en duros términos sino que además expusieron acusaciones de presiones, campañas de desprestigio, intentos de “debilitar psicológicamente” y maniobras para disuadir a jueces y fiscales de cumplir su función “desde hace 16 años”, en explícita referencia a los gobiernos kirchneristas y las posteriores acusaciones de lawfare o guerra judicial contra la vicepresidenta. “Las artimañas empleadas para intentar callarnos o debilitarnos no sólo se repiten conmigo sino con otros colegas”, aseguró Luciani este viernes. Con estas “falsedades malintencionadas” que buscan “desprestigiar”, “con esta porquería se ensucia a magistrados desde hace 16 años”, respondió Mola.

El abogado Carlos Beraldi redobló sus críticas y puso a los jueces del tribunal en un problema: exigió que un tribunal independiente decida sobre todas las recusaciones de manera conjunta; advirtió que llevará sus planteos a tribunales superiores e incluso a instancias internacionales si no hacen lugar a ese pedido; y sumó una nueva recusación contra un segundo integrante del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Gorini. Gorini se encontraba presidiendo la audiencia y le respondió en vivo al abogado por cuestionar dos visitas del magistrado a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El defensor de Fernández de Kirchner ya había solicitado el lunes último la recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu. Al sumar la recusación de Gorini, pidió el apartamiento de dos de los tres jueces del tribunal que deben dar un veredicto hacia finales de este año.

Otras defensas, como los abogados del exministro Julio De Vido, solicitaron que el tribunal suspenda el desarrollo del juicio hasta que se decida si se hace lugar al apartamiento de los fiscales y de Giménez Uriburu. 

En los próximos pasos, ambos jueces deberán responder las recusaciones de las defensas por escrito. Luego, los argumentos deberían ser analizados por sus colegas, miembros del mismo tribunal, pero queda pendiente qué decidirán los jueces frente al pedido de Beraldi y otros defensores de que intervenga otro tribunal oral federal para analizar todas las recusaciones juntas (contra los fiscales y los jueces). Al haber sido cuestionados dos de los tres jueces, sólo uno de los integrantes del TOF 2 no está señalado por presunta “imparcialidad” por lo que la defensa entendió que no pueden decidir uno por el otro.

Una vez que este u otro tribunal decida sobre las recusaciones, las defensas o los fiscales podrán recurrir lo decidido ante la Cámara Federal de Casación. 

Las recusaciones contra el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu se basan en las fotografías publicadas el domingo último por Página/12, en las que se ve a ambos magistrados integrando el mismo equipo de fútbol “La Liverpool” y jugando un torneo que se realizó en Los Abrojos con dirigentes de Cambiemos durante 2017. La quinta es propiedad del expresidente Mauricio Macri, a quien Fernández de Kirchner atribuye la motorización del juicio en su contra en 2019. 

En el caso de los jueces, las defensas alegan “falta de imparcialidad”, una cualidad exigida a todos los jueces para garantizar el derecho de defensa. Esa imparcialidad estaría en duda por la supuesta amistad que une a Giménez Uriburu con el principal acusador del juicio -el fiscal Luciani- y en el caso de Gorini por sus visitas a una funcionaria que ha solicitado públicamente la detención de Fernández de Kirchner.

Beraldi y otros abogados recalcaron este viernes que Giménez Uriburu tenía vencido el plazo para dar sus explicaciones a las defensas por la integración del equipo de fútbol pero Gorini sostuvo que su colega aguardaba a la audiencia de este viernes para escuchar a los abogados y responder la semana próxima. Se estima que deberá ser el lunes, ya que el reglamento otorga 24 horas desde el momento de las quejas.

En el caso del fiscal, las recusaciones se basan en sospechas de “falta de objetividad”, es decir, de su capacidad para adecuarse a la ley, debido a la concurrencia a la quinta Los Abrojos cuando sus funciones implican acusar e investigar a funcionarios del Ejecutivo. También se les achaca no haber informado a las defensas sobre el vínculo con el juez Giménez Uriburu. 

Además, la expresidenta publicó en Twitter artículos de archivo de los diarios La Nación y Clarín en los que se relata un partido de fútbol en el que Macri jugó contra el equipo que integraban entonces el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu.

Beraldi aseguró este viernes que la trascendencia de las fotografías filtradas en esta instancia del debate oral y público “ha herido de muerte la credibilidad de este juicio”.

La recusación contra el fiscal Mola, quien acompaña a Luiciani en el juicio, fue en base a una publicación del ministro de Justicia, Martín Soria, en la que se consignó que visitó el despacho de Pablo Lanusse, entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia de Macri; y a una foto oficial en la que se ve a la entonces ministra Bulrich junto al entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Cristian Ritondo, y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en la jura de Mola como fiscal.

Respuesta de Luciani

El fiscal calificó los argumentos de las defensas como “absurdos”, “ilógicos” y en el caso de los abogados de De Vido dijo que el planteo “es de mala fe, temerario”. “Mi voluntad es y será inquebrantable y solicitó que se rechacen las recusaciones de las cinco defensas”, dijo Luciani en su exposición.

“Me recusan cuando me encuentro desarrollando la etapa más importante del juicio”, afirmó luego de criticar a los defensores de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Paruolo, quienes “fueron más audaces” que otras defensas, aseguró, “y en su escrito dijeron que yo conformaría el brazo ejecutor de una supuesta persecución política y que no soy el fiscal natural de este caso”. Los abogados habían sostenido que Luciani fue designado en 2013 para ser fiscal federal en Rosario y luego trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal.

Luciani comenzó su defensa afirmando que los abogados no respetaron las causales de recusación que impone el artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación. En el reglamento, se establece que jueces y fiscales pueden ser recusados en caso de “amistad íntima o enemistad manifiesta con algunos de los interesados”, es decir, con los imputados.

“La ley es clara y restrictiva, y esto lo saben muy bien los letrados que me recusan. A tal punto es así que en el caso del doctor Beraldi deja constancia que actúa siguiendo instrucciones de su representada”, aseguró.

“No tengo ninguna vinculación con el expresidente” Macri; “no tengo ni tuve militancia política ni identificación ideológica”; “ni el presidente anterior ni el actual ni el que venga va a intervenir en mi trabajo”; “soy un fiscal de la Nación que actúa con libertad y objetividad, sólo analizamos hechos y pruebas”; y “la intención de recusarme se debe a que mi intervención es contraria a los intereses de los imputados”, afirmó esta mañana Luciani.

El fiscal se refirió a una “campaña en un sector mediático” para intentar “desacreditar nuestro trabajo”. “Existe una campaña, desconozco si está articulada o no, para debilitarme psicológicamente” y a su familia, aseguró. 

“Las artimañas empleadas para intentar callarnos o debilitarnos no sólo se repiten conmigo sino con otros colegas. Esta matriz la encontramos en otras causas”, agregó Luciani y citó que los exabogados de Báez -el empresario cambió a su abogado para este juicio- recusaron al fiscal Abel Córdoba, quien encabezaba la acusación por lavado de dinero contra el empresario en el juicio en el que terminó condenado a doce años de prisión.

“El lawfare es una herramienta para disuadir a los jueces y fiscales de cumplir su función”, afirmó.

Sobre el partido de fútbol

“Con el doctor Giménez Uriburu no me une ninguna relación de amistad íntima sino de afecto y respeto que no va a incidir” en su desempeño como fiscal, aseguró Luciani.

El abogado de Carlos Kirchner, primo del fallecido presidente Néstor Kirchner e imputado en la causa, afirmó en la audiencia que Giménez Uriburu había “favorecido” al fiscal en sus planteos. “En este juicio se rechazaron objeciones mías, se me impidió formular preguntas, convocar testigos e incorporación de prueba, y eso lo soslayan, no lo dicen”, le respondió Luciani. Los miembros del tribunal “han sido durísimos con esta fiscalía”, agregó.

“No tengo animosidad contra ninguno de los imputados”.“Si siguiéramos el absurdo de las defensas, estaría vedada cualquier actividad social, deportiva, académica. Es tan ilógico el argumento de la recusación. Jugar al fútbol en un mismo equipo, compartir una cátedra o una conferencia, ser socio de un club, sin importar si fue en el pasado, presente y futuro, implica” una falta de objetividad

También respondió sobre uno de los argumentos sostenidos por la defensa De Vido, que citó un ingreso de Luciani al Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano que había sido revelada por el actual titular de esa cartera, Martín Soria.

“Desde 2010, colaboro con el Ministerio de Justicia en la capacitación de fuerzas de seguridad sobre trata de personas” de manera gratuita, aclaró y dijo que el ingreso que le achacan al ministerio de Justicia se debió a una reunión con una funcionaria vinculada a la lucha contra la trata de personas. 

“Si su preocupación es si fui a ver al doctor Garavano, les doy la tranquilidad de que no lo conozco”, aseveró y dijo que lamentaba que “se hubiesen dejado llevar por lo que dijo el ministro Martín Soria, a quien conozco porque trabajó cinco años con el doctor (Juan José) Galeano”, juez del caso AMIA destituido y condenado por el presunto encubrimiento del atentado para quienes tanto Luciani como Soria trabajaron en los tribunales durante los años 90.

También mencionó a la vicepresidenta. “Un ejemplo claro de la libertad con la que trabajo es que en 2013 fui nombrado fiscal con acuerdo del Senado por quien hoy me recusa, la doctora Fernández”, afirmó.

Tienen comprometidos sus deberes de imparcialidad y objetividad.

Juan Villanueva — Abogado de Lázaro Báez.

La respuesta de Mola

El fiscal federal de Lomás de Zamora que colabora como adjunto en el juicio fue recusado por las defensas de De Vido y del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Los argumentos para pedir el apartamiento de Mola fue “en base a notas publicadas por El Destape y por el periodista Raúl Kollman en Página/12 que hacen referencia a una reunión que tuve en 2016 con el secretario Legal y Técnico y otro funcionario de Justicia”, dijo el fiscal. “Fue una reunión oficial, me identifiqué como corresponde con mi función oficial y mi documento en la Casa de Gobierno. Yo era fiscal subrogante, designado por (la entonces procuradora, Alejandra) Gils Carbó”, afirmó.

“No tenía ni idea de que varios años después me iba a encontrar trabajando en este juicio.

Fue por una cuestión relacionada al funcionamiento del aeropuerto de Ezeiza que se encuentra en la jurisdicción en la que yo trabajo. Nunca más volví a ver a ese funcionario“, aseguró Mola.

Sobre la foto de su jura, dijo que los ministros de Seguridad Nacional y bonaerense así como el procurador Conte Grand asistieron a la ceremonia oficial para saludarlo. “No entiendo de qué manera esta situación puede comprometer la objetividad por la que pongo mucho esmero”. Catalogó los argumentos de las defensas como “elucubraciones disparatadas”. “Si hubiera jurado diez años antes hubieran venido funcionarios de otro gobierno”, agregó. 

“Yo trabajo en Lomas de Zamora, hablo permanentemente con distintos funcionarios a nivel nacional y provincial sobre el desempeño de oficiales policiales y penitenciarios, el aeropuerto, secuestros extorsivos, trata de personas, narcotráfico”, dijo Mola. “Un fiscal interactúa con todos los funcionarios con los que tenga que interactuar por sus funciones. Uno de los abogados que me recusa fue fiscal y tengo que estar explicando estas obviedades”, dijo en referencia a Rusconi.

Las recusaciones

Pese a algunos cruces de camaradería (el fiscal Luciani agradeció al abogado de Báez, Juan Villanueva, por “no personalizar” sus argumentos de recusación, por ejemplo), pero primó la tensión. El hecho de que Luciani y Giménez Uriburu no hubieran comunicado a las partes sobre su pertenencia mutua a “La Liverpool” fue uno de los principales cuestionamientos de las cinco defensas que presentaron impugnaciones. También la celebración de los partidos en la propiedad de la familia Macri.

Beraldi sostuvo en un escrito presentado este lunes que las fotografías publicadas por Página/12 “denotan una clara relación de amistad entre el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes integran el equipo de fútbol denominado 'Liverpool' o 'La Liverpool'”. “Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, afirmó Beraldi.

El abogado de la vicepresidenta afirmó que el “contexto” de las fotografías fue la “interferencia permanente del gobierno de Mauricio Macri en el funcionamiento de la Justicia”. “No cualquiera jugaba ahí”, en la quinta de Los Abrojos, dijo.

Beraldi sostuvo que ambos magistrados tenían “un doble deber de mantenerse ajenos” a la política. Además, el penalistas contó dos reuniones del juez Gorini, con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que también lo recusará por estos motivos. 

Gorini le respondiera durante la audiencia, asegurando que esas reuniones se debieron para solicitar que la Policía Federal no filtrara a la prensa fotos de los detenidos en el juicio de Once luego de que se dieran a conocer las imágenes del exvicepresidente Amado Boudou detenido en pijamas en su domicilio; y en segundo lugar, para discutir sobre la continuidad de su custodia personal por el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad, luego de amenazas a su seguridad y de sus hijos durante el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. 

Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas.

Escrito presentado por el abogado Beraldi.

Juan Villanueva, abogado de Báez, aseguró que tanto Luciani como el juez Giménez Uriburu “tienen comprometidos sus deberes de imparcialidad y objetividad (respectivamente)” y que al tener “el deber de juzgar o acusar a funcionarios y opositores políticos de Macri” no deberían haber concurrido a Los Abrojos. “Es un comportamiento que afecta sus deberes. En otro país sería inviable. No resulta razonable”, agregó.

El abogado hizo hincapié en que el propio poder Ejecutivo era parte querellante en este juicio e impulsó la acusación contra su defendida durante el gobierno de Macri; y que la denuncia que dio origen a la causa Vialidad fue presentada también por el Ejecutivo en 2016. “La denuncia fue realizada por el mismo poder Ejecutivo con el que jugaban al fútbol en la casa y era responsable directo de la denuncia. No se les puede pedir a quienes están siendo juzgados que lo vean como algo aceptable”, afirmó Villanueva. 

“Los magistrados tienen que extremar sus precauciones porque acá lo importante es, como dijo el fiscal, no solo el deber ser sino el parecer”, aseguró el abogado de Báez.

El co-defensor de De Vido, Maximiliano Rusconi, sostuvo que “lo que está en juego es el Estado de Derecho y las garantías constitucionales” y que “es mucho más oxigenante para la República decir que esto no puede pasar que seguir tapando este escándalo”. El segundo abogado del exministro, Gabriel Palmeiro, instó al tribunal a que “vuelva sobre sus pasos y anule todo lo actuado”. “Nos dicen que los expedientes hablan y gritan, ¿y estas fotos que dicen? Se nos ríen”, dijo.

ED

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner anunció que también recusará al juez Jorge Gorini, quien interviene en la causa por la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, por haberse reunido en dos oportunidades con la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich.

El letrado Carlos Alberto Beraldi planteó como “cuestión previa” a la celebración de la audiencia en la que se están tratando las recusaciones contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu por las fotografías en las que se los ve disputando partidos de fútbol en un escenario que –según el diario Página 12 y la Vicepresidenta-, es la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri.

“Cada uno puede ser amigo de quién quiera, el deber de ambos era informar sobre esa situación. Esta era una relación seguramente de amistad, de proximidad, que debió haber sido informada a todas las partes. El fiscal Luciani viene haciendo hincapié en la transparencia y yo coincido con eso”, dijo Beraldi, específicamente sobre las recusaciones presentadas anteriormente.

Pero a ellas sumó el anuncio de que recusará también a Gorini, por escrito en el curso de la jornada de hoy.

Gorini explicó verbalmente las razones de sus visitas a Patricia Bullrich. Sobre la primera reunión, sostuvo que “se habían difundido imágenes del ex vicepresidente Amado Boudou en pijamas al momento de su detención”.

“Ante la inminencia de que (ante un pronunciamiento de la Corte) hubiera que detener a los condenados por la Tragedia de Once, solicité una visita a la ministra para que no ocurriera lo que había ocurrido y trascendieran fotografías de los detenidos en esas condiciones. Aquí hay abogados que intervinieron en ese proceso y pueden dar fe que no ha trascendido ninguna imagen de esas personas en el momento de la detención”, reivindicó Gorini.

Sobre la segunda reunión, justificó que había sufrido un “hecho de inseguridad muy sugestivo” en su propia contra, “con motivo” de su participación en la causa por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Por ello, había pedido medidas de seguridad a la ministra de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, María Teresa Rodríguez.

“Cuando se produjo la transferencia de la Policía Federal eso quedó medio en el aire. Me reuní con la ministra (Bullrich) para que se mantuviera el dispositivo de seguridad. Y esta fue la motivación de ese encuentro”, indicó Gorini.

En desarrollo. Con información de NA