Néstor Yuyo García es el padre de Micaela, la joven de 21 años asesinada y violada en 2017 en Gualeguay, cuyo femicidió provocó masivas manifestaciones en todo el país que empujaron la ley que lleva su nombre. La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y en los tres poderes del Estado. El crimen se produjo durante una de las salidas transitorias del asesino, Sebastián Wagner, quien cumplía una condena a nueve años por dos violaciones. El pasado 23 de enero, luego del polémico discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el Gobierno anuncio que enviará al Congreso un proyecto para derogar la ley Micaela y las penas por femicidio.

“Nos parece una locura”, le dice Néstor García a elDiarioAR sobre la intencion del oficialismo anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 “La eliminación de la figura de ‘femicidio’ va a tener que ser tratada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, porque es un concepto que fue incorporado por Ley”, sigue García.

Con discursos homofóbicos y recortes en áreas claves de género y diversidad, el gobierno de Javier Milei mostró especial interés por atacar a mujeres y el colectivo LGBT. Por caso, en un informe difundido por el propio Federico Sturzenegger, , el pasado 24 de diciembre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró las “más de 200 áreas del Estado” que se cerraron. El informe contiene 127 áreas dadas de baja, de las cuales casi el 25% corresponde a sectores que se desempeñaban en temáticas de género y diversidad. Algunas de ellas fueron las direcciones de Políticas de Género, de Género y Diversidad, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género y la Dirección Nacional de Prevención de las Violencias por Razones de Género.

“Intentaron modificar lo que tenía que ver con la Ley Micaela cuando se trató la Ley Bases, pero lo sacaron, y ahora con este discurso del presidente en Davos, pareciera retomarse la idea”, señaló García, y agregó que desde la Fundación que lleva el nombre de su hija, van a trabajar con los legisladores “frente a todo esto que sinceramente nos parece una locura”. 

En este sentido, García señaló que muchos de los legisladores que integran las Cámaras, son los mismos que votaron la Ley Micaela, la incorporación de la figura de femicidio, o el cupo laboral trans, entre otras leyes en defensa de las mujeres y las disidencias. 

Desde la Fundación Micaela han participado en todas las jurisdicciones para garantizar los procesos de implementación de la Ley. “En casi todas las provincias, los cursos son dictados por trabajadores del estado, sin cobrar un adicional o extra” explica para reforzar que el hecho de querer retrotraer o negar la violencia de género es un tema ideológico.

El asesinato de Mica en 2017, fue una vez más el disparador de una manifestación pública que movilizó a todo el país en contra de la cultura patriarcal que sostiene que un hombre pueda decidir sobre la vida de una mujer. En “Crímenes Menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa”, escribí sobre la trama de la violencia de género a partir del caso del feminicidio de Micaela García y cómo se construye y se replica desde el Estado ese mecanismo que refuerza la violencia. De allí la necesidad de impulsar una ley que capacite a los tres poderes del Estado en materia de género, para evitar que se repitan situaciones en las que se vuelve a victimizar a las víctimas y a sus familias, y no se pone en contexto el trasfondo político y social que habilita esas formas de violencias. 

El término ‘crímenes menores’ acuñado por la antropóloga Rita Segato, explica cómo esos delitos perpetrados hacia las mujeres son considerados como un suceso menor, algo que no tiene importancia. Y esto se pudo comprobar en las primeras instancias del juicio por la muerte de Micaela, donde el proceso judicial llevado a cabo en Entre Ríos careció de perspectiva de género.

La familia García, como tantas otras personas del entorno de las víctimas de la violencia extrema hacia las mujeres, que han tenido que hacer frente a los mecanismos de resistencia sobre todo de la justicia a la hora de juzgar con enfoque de derechos estos crímenes de odio, trabaja por hacer visible un problema estructural que en la última década, en nuestro país arroja un registro de unos 2500 feminicidios.

En los 31 días de este enero de 2025, el Observatorio Lucia Pérez, lleva registrados 29 femicidios, uno cada 25 horas. En el 2024 las víctimas fueron 291, de los cuales en el 36 por ciento de los casos se trató de asesinatos cometidos por la pareja, el 16 por ciento por parte de un familiar y el 13 por ciento por parte de la ex pareja. Esa realidad es la que no se puede negar.

SM/MG

Javier Milei prepara un proyecto de ley con el que promete patear el tablero. En un contexto social profundamente polarizado, la Casa Rosada buscará reconfigurar el marco normativo en materia de derechos y perspectiva de género en Argentina, un debate que pone en juego cuestiones de fondo sobre los derechos adquiridos. Desde el entorno presidencial confirmaron a elDiarioAR que la iniciativa, que llevaría el nombre de “De igualdad ante la ley”, será enviado al Congreso durante las sesiones ordinarias que comienzan en marzo. 

El proyecto tiene como eje central la derogación de normativas que, según el oficialismo, “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas”. Como ítems clave, propone eliminar la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos; y barrer con los cupos laborales y legislativos del Estado, como el Travesti Trans, sancionado en 2021, o la Ley de Paridad de Género, que garantiza representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos electivos. En ese paquete también estarían incluidos los cupos para discapacitados.

Pero hay más: el texto además buscaría terminar con el otorgamiento del DNI no binario —iniciativa que, según había trascendido en noviembre, Milei pretendía concretar vía decreto— y reformar el Código Penal para eliminar la figura del femicidio como agravante en casos de homicidio por razones de género. El argumento libertario es que “la Justicia debe juzgar a todos por igual, sin distinciones basadas en características personales o identitarias”. Los únicos derechos que por el momento se salvan de la avanzada “anti-woke” de Milei son la Ley de Matrimonio Igualitario, vigente desde 2010, y la ley de Aborto Legal, aprobada por el Congreso en 2020.

El debate se anticipa tenso. En Casa Rosada subestiman el ruido que podría generar una iniciativa tan radical, tanto en la opinión pública como en las negociaciones que por estas horas mantiene el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los bloques opositores en el Congreso de cara a las sesiones extraordinarias.

En el marco de un debate legislativo donde La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para eliminar las PASO ni para aprobar los pliegos de sus dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, la estrategia del oficialismo es clara y lleva el sello inconfundible del asesor presidencial Santiago Caputo: lanzar un globo de ensayo para tantear la reacción social en pleno verano.

Agenda “anti-woke”

El trascendido oficial llega justo luego de que, durante su intervención de este jueves en el Foro de Davos, Milei calificó al “wokismo” como “la gran epidemia de nuestra época” cargando duramente contra conceptos como feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo e ideología de género que representarían, según el Presidente, “cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado”.

En agosto, en tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, dijo durante una exposición en la Cámara de Diputados que “se acabó el género” para el Estado, que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos” y que el objetivo de su gestión es preservar la familia, como “núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos”. Sus declaraciones causaron un fuerte revuelo político y social.

“No toleramos un Estado opresor y dirigista. Creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada”, sostuvo Cúneo en su momento. Y cuestionó, en alusión al kirchnerismo, la “hipocresía” de “muchos parlanchines” que “decían que se iba a acabar el patriarcado”. Ese día, quedó claro que el ministro de Justicia había ajustado su mensaje. No sólo por lo que dijo, sino porque en un momento, cuando se refirió a las diversidades sexuales como “inventos” y estallaron los comentarios en la sala, se le acercó un abogado que había ido con él, Marcelo Ruiz, le dijo algo al oído y Cúneo, por lo bajo pero con el micrófono prendido, le respondió: “Boludo, esto está textual del discurso de Milei”.

Milei fue siempre muy explícito contra el feminismo y las políticas de género. En el inicio de su gobierno, en su visita primera visita a Davos en 2024, también cuestionó la agenda feminista y la presentó como “la pelea ridícula y anti natural entre el hombre y la mujer”. En ese alocusión, al igual que el de este jueves, dijo: “El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad”.

Y se manifestó en contra de la intervención del Estado en la materia: “En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”.

Retroceso en derechos y negacionismo

En la Argentina que alumbró el mundo con el grito de “Ni una menos” hubo entre 255 y 294 femicidios en 2024, según diferentes organizaciones, datos que contradicen las cifras oficiales y alertan de un retroceso en las políticas de género durante el primer año de gobierno de Milei.

Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 femicidios -un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023, y 604 intentos de femicidio, frente a 572 en 2023; mientras que el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista. Los datos aportados por las organizaciones feministas contradicen a los que ofrece el Gobierno, que hablan de un descenso anual del 10 % de las muertes por esta causa en 2024.

“La tasa de femicidios de Argentina es de uno cada 100.000 mujeres y no varió en los últimos tres años, no bajaron. Además, hay 604 víctimas de intentos de feminicidios”, aclaró este mes Victoria Aguirre, portavoz de Mumalá, cuyo informe anual da cuenta de otras 37 muertes violentas en proceso de investigación y 22 niños que se quedaron sin madre.

Las organizaciones advierten sobre los efectos del retroceso en las políticas públicas de atención y protección de las mujeres desde que Milei llegó a la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, y puso en marcha un severo plan de ajuste.

El informe de Mumalá apunta a que sólo el 12 % de las víctimas de femicidios en 2024 había denunciado a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Este descenso no se explica por una bajada real de los casos sino por el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado.

Milei manifestó en reiteradas ocasiones su oposición a lo que él denomina de forma despectiva “ideología de género” y a la Agenda 2030 -entre cuyos objetivos figura el de la igualdad entre hombres y mujeres-. Y una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado sería de unos 300 millones de dólares anuales. Sin ese ministerio y sin ese gasto, se lograron bajar en más de un 10 % los crímenes de mujeres. Hoy a los delincuentes se los enfrenta siendo implacables en las penas”, afirmó recientemente el portavoz presidencial, Manuel Adorni, para justificar las decisiones del Gobierno.

La Libertad Avanza también disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que daba asistencia a las víctimas, y rebajó la jerarquía de la dirección a cargo de la Línea 144 para denuncias de casos de violencia machista y de otras áreas de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Con el Gobierno de Milei hay un retroceso marcado en las políticas públicas para mujeres y diversidades, y para niñas, niños y adolescentes. Milei tiene una mirada sumamente conservadora, despectiva y violenta hacia las mujeres”, afirmó Norma López, del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, que eleva a 294 femicidios en 2024.

PL/MC

La noche anterior a su desaparición, Micaela García, de 21 años, habló por teléfono con su madre. Charlaban con facilidad sobre cualquier cosa, aquel día hablaron de la compra, de los estudios de Micaela y de un regalo que estaban cosiendo para el bebé de una amiga. Fue la última vez que Andrea Lescano escuchó la voz de su hija.

El 1 de abril de 2017, a la salida de un club nocturno en Gualeguay, a 185 kilómetros al norte de Buenos Aires, García fue secuestrada, violada y asesinada. Una semana más tarde, su cuerpo, desnudo y en estado de descomposición, fue hallado en un campo a las afueras de la ciudad. “Es un dolor desgarrador”, dice Lescano. “Todavía me cuesta entender que se haya ido”.

Sebastián José Luis Wagner –que ya había pasado tiempo en la cárcel por haber abusado sexualmente de dos mujeres en 2010– fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de García “en un contexto de violencia de género”. “Todavía no puedo afrontar lo mucho que sufrió ella antes de que él le quitara la vida, sé que debe haber luchado”, dice Lescano. “Por las mañanas siempre le escribía a Micaela un mensaje que decía ‘Buenos días, hija, te quiero mucho’. Me ha costado mucho acostumbrarme a no mandarle esos mensajes”.

Cifra récord en 2023

En 2023, en Argentina se registraron 322 femicidios. El término se define como el asesinato misógino de mujeres o, en palabras de la feminista Diana Russell, “el asesinato de mujeres por parte de hombres por el hecho de ser mujeres”. La cifra es récord y supone un aumento del 33% en comparación con 2022, año en el que fueron cometidos 242 femicidios, según un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según ese informe, 61 de las víctimas habían presentado denuncias por violencia de género, mientras que 22 habrían sido violadas antes de ser asesinadas. Los asesinatos dejaron a casi 200 niños sin madre y algunos de los hijos presenciaron los ataques. La Defensoría del Pueblo calificó el aumento de “alarmante” y señaló que las cifras superan a las de 2020, un año marcado por la pandemia que registró el récord, hasta ese momento, de 295 feminicidios.

“Los femicidios han experimentado un crecimiento constante, a pesar de las medidas y políticas de protección a las mujeres que el Estado argentino ha intentado implementar”, señala la Defensoría. “ Estas estadísticas reflejan una dolorosa realidad que destaca la persistencia de la violencia de género en la sociedad argentina”. De acuerdo con la Defensoría, una arraigada cultura patriarcal, la impunidad en muchos casos y la persistencia de estereotipos de género también contribuyeron a la alta prevalencia de femicidios.

En tres de cada cuatro casos ocurridos en 2023, la víctima tenía una relación con el presunto agresor, mientras que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su casa o en el trabajo, señala el informe. “Las mujeres siguen muriendo a manos de personas con las que tienen una relación cercana”, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El país incorporó en 2012 la figura de femicidio a su Código Penal, estableciendo la pena de cadena perpetua para los asesinatos motivados por violencia de género. Sin embargo, las cifras se han mantenido altas durante más de una década. Para Belski, Argentina está fallando: “Se minimizan los testimonios de las mujeres que denuncian, se evalúa indebidamente el riesgo al que se expone la mujer y falta perspectiva de género entre las autoridades judiciales y policiales”.

América Latina sufre desde hace tiempo altos índices de violencia de género. En 2022, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en toda la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Las tasas más altas de femicidios por cada 100.000 mujeres se registran en Honduras (seis por cada 100.000 mujeres) y Trinidad y Tobago (5,5). Argentina ocupa el puesto 16 de 32 (un caso por 100.000), pero tiene la cuarta cifra absoluta más alta, con 232, después de Brasil, con 1.437, México, con 976, y Honduras, con 309.

El nuevo Gobierno niega la violencia de género

El aumento se produce en un momento en que el Congreso argentino debate polémicas reformas de las leyes de género, bajo la dirección del recién elegido presidente, el ultraderechista Javier Milei. “Javier Milei ganó con un discurso que niega las problemáticas de género”, dice Raquel Vivanco, feminista y fundadora de la ONG Ahora que sí nos ven. “Una vez más, tendremos que construir la solidaridad entre las mujeres en ausencia del Estado”.

Tras llegar a la presidencia en diciembre de 2023, Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Su Gobierno sostiene que “la violencia no tiene género”.

Además de estudiante, García era activista de Ni Una Menos, un movimiento de protesta argentino contra la violencia de género que nació en 2015 y se extendió por toda América Latina. Su violenta muerte reavivó las protestas en todo el país y en 2019 fue sancionada la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñen una función pública en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Pero Milei ha comenzado a diseñar planes para reducir el alcance de esta ley, restringiendo la capacitación únicamente a cuestiones de “violencia familiar”. Según Amnistía Internacional, las enmiendas de Milei también limitarían la formación sólo a aquellos que trabajan en organismos del Estado “competentes en la materia” y “dejarían de abordar la violencia de género como un problema estructural”.

El nuevo Gobierno sostiene que la Ley Micaela “no ha dado resultado”, pero Amnistía considera que estas enmiendas son “regresivas” y asegura que pueden profundizar las barreras de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. La madre de García, por su parte, dice que las modificaciones a la ley son “casi lo mismo que derogarla”.

“Si hay un crimen es porque llegamos tarde. La ley es preventiva, nos hace ver la violencia y el cambio en lo cotidiano, ya sea en casa, en un club, caminando por la calle, creo que por eso es tan resistida”, dice Lescano. “Pero no debemos esperar a tomar la iniciativa una vez que pasa algo, como lo que me pasó a mí, que perdí a mi hija a sus 21 años”.

Traducción de Julián Cnochaert

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizó ayer una nueva jornada de debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que contó con la presencia de organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil.

En ese marco y en relación con la Ley Micaela, esta norma establece que solo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Vale recordar que la Ley Micaela postula que todos los organismos del Estado deben brindar capacitaciones gratuitas acerca de perspectiva de género y violencia de género. Las capacitaciones son obligatorias para las personas que trabajan en el Estado. Como autoridad de aplicación de la Ley Nº 27.499, lo que se propone es lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, expresó su preocupación sobre los posibles cambios que podrían limitar el alcance y la efectividad de esta ley, cuyo objetivo es transformar la manera en que los agentes del Estado abordan diversas problemáticas.

Según Gherardi, la intención de restringir la ley únicamente a la violencia familiar y limitarla a ciertos organismos específicos, sería contraproducente. En sus palabras, “es no entender para qué existe”. La directora ejecutiva resaltó que el propósito real debería ser mejorar lo que ya está en marcha, sin necesidad de reformar leyes existentes. Además, enfatizó que la Ley Micaela cuenta con un recorrido de cinco años, durante los cuales se han elaborado materiales y llevado a cabo capacitaciones que han contribuido a su implementación.

“Reemplazar la ”temática de género“ por ”violencia familiar“ es retroceder tres décadas en avances conceptuales. No hay crisis económica que justifique borrar a las mujeres de lugares de representación política. Por eso solicitamos que se rechacen esas reformas”, dijo en su exposición Gherardi.

También se refirió a la reforma de la Ley de 1000 días y el impacto de la reforma política sobre la paridad.

Por otro lado, ayer también expuso el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydó, quien cuestionó el DNU y la Ley Ómnibus y advirtió: “Si se desregulan todos los órdenes de la vida social y económica va a haber menos y peor mercado”.

Y sobre los cambios en el sistema de salud, Leandro Cahn expuso la posición de Fundación Huésped. “El sistema de salud atraviesa una crisis. ¿Cuál de sus múltiples problemas resuelven esta ley y el DNU? Ninguno. Por el contrario, los agrava”, dijo el Director Ejecutivo.

El padre de Micaela García, niña víctima de femicidio en 2017, expuso hoy ante la Cámara de Diputados durante el debate de la ley ómnibus en comisiones y rechazó las modificaciones que impulsa el Gobierno a la ley sobre violencia de género que lleva el nombre de su hija. Para él, la reforma del Poder Ejecutivo Nacional “es como prácticamente derogar la ley” que busca capacitar a los trabajadores de la función pública en materia de violencia contra la mujer.

A través de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el presidente Javier Milei propone reducir el rango de aplicación de la ley Micaela. En lugar de ser para todos los empleados estatales, de aprobarse la normativa, las capacitaciones pasarían a ser obligatorias únicamente “para las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

En este sentido, Néstor García cuestionó que se pretenda solo capacitar a aquellas personas que ya están interiorizadas en la temática, mientras se suspende la difusión de información entre los demás funcionarios y empleados. También reclamó por la reforma que equipara la violencia familiar a la violencia de género, siendo estas dos formas de maltrato y vulneración de los derechos distintas.

En el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, recordó que la ley Micaela surgió del consenso de todo el arco político y sólo tuvo un voto en contra: el del exdiputado nacional Alfredo Olmedo. “De los diputados actuales, hubo 44 que votaron a favor de la Ley Micaela, y de esos 44 hubo 12 que dieron discursos”, expresó para presionar a los legisladores que planean acompañar la ley ómnibus.

Además, apuntó contra el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, quien había asegurado que se había realizado una gran inversión de fondos públicos para la aplicación de la ley Micaela. “La mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras del Estado Nacional que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante”, indicó.

Y concluyó: “No creemos que los problemas económicos en nuestro país tengan que ver con desarmar la Ley Micaela, una le que tiene tan solo cinco años. A pesar de un montón de fallas en su implementación, logró cambios”.

ACM con información de agencias.

La mamá y el papá de Micaela García, la joven asesinada por un femicida en 2017 y, en conmemoración se sancionó una Ley que lleva su nombre destinada a capacitación en perspectiva de género y prevención de las violencias al personal de la administración pública, pidieron al Congreso que no modifique la normativa, tal como lo propone la Ley ómnibus presentada esta semana por el Gobierno.

“Muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia”, señalaron a través de un comunicado.

El proyecto intenta modificar seis artículos de la Ley Micaela. “Lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley”, manifestaron Andrea Lescano y Néstor 'Yuyo' Gracía, mamá y papá de la joven a través de un comunicado emitido desde la Fundación Micaela García “La Negra”, en el que también participaron personas voluntarias y profesionales de la organización.

La modificación propuesta en el Artículo 535 de la ley ómnibus propone substituir ese articulo con el texto: “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.”

El artículo aún vigente de la Ley Micaela dice: “Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.”

“Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas '…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia', y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes”, resaltaron en la comunicación.

La Ley Micaela (N° 27.499) “se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran”.

“Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años”, recordaron en la comunicación de la Fundación. Además, resaltaron que “estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia”.

El equipo de la Fundación, y la mamá y el papá de Micaela también alertaron que “no es lo mismo la violencia familiar que la violencia por motivos de género”. “Todo esto sucede a unos pocos días de sentir muchísima emoción y orgullo al cumplirse 5 años de la sanción de la Ley Micaela”, añadieron.

Todas las provincias han adherido a esta normativa y muchos municipios del país, además del sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas.

“En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza”, dijeron Andrea y Néstor.

“Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias”, agregaron.

Dijeron que la violencia de género “no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan en las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre”.

La ley se sancionó en diciembre de 2018 con 230 votos a favor y uno en contra.

“Todas las fuerzas políticas acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan 'borrar con el codo lo que escribieron con la mano'”.“, resaltaron.

Y concluyeron: “Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras. En defensa de la vida, la libertad y la justicia”.

Micaela García fue asesinada por Sebastián Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, y el juez Carlos Rossi le había dado el beneficio de la libertad condicional. Finalmente, Wagner fue condenado a 30 años de prisión.

MB con información de agencia de noticias Télam

El proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente Javier Milei ha generado la reacción de gran parte de las organizaciones sociales defensoras de los derechos de mujeres, de las identidades diversas y de las niñas, los niños y los adolescentes. A 48 horas de su ingreso al Congreso, sus referentes siguen sosprendidos por los alcances del megaproyecto y los retrocesos en la conquista de derechos, pero confían en la capacidad del Poder Legislativo para frenarlos.

elDiarioAR consultó a referentes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Aralma, y a abogadas e historiadoras, quienes coincidieron en que la reforma impulsada por Milei borra rotundamente las conquistas de los últimos años.

“Estamos totalmente preocupadas por la negación de la desigualdad de géneros que intenta imponer el nuevo gobierno”, señaló Sonia Almada, psicóloga fundadora de Aralma, una organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes, para quien “la degradación del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación a subsecretaría es un nueva forma de disciplinamiento hacia las mujeres, las infancias y las diversidades”. Almada vaticinó que “la feminización de la pobreza se profundizará y aumentarán los actos de violencia hacia las mujeres, las diversidades y los niños y niñas porque se intenta cambiar la narrativa”. 

Sobre las nuevas reglamentaciones acerca de las jornadas laborales, flexibilización laboral y licencias, dijo: “Nos dejan, una vez más, empobrecidas, precarizadas y sin redes de contención”. Señaló que la pretensión del cambio con relación a licencias hasta de hijas e hijos prematuros y con discapacidades también dejará a los niños y niñas sin amparo, y que perjudica a las mujeres, que están en su gran mayoría a cargo de las tareas de cuidado.

“No se han querido meter con la legalización del aborto porque hubiera sido un escándalo internacional”

En referencia la legalización del aborto, que fue sancionada hace tres años, y la ley de los Mil Días, que también rige desde el mismo momento y que se propone fortalecer el cuidado de la salud en la primera infancia, la ley ómnibus de Milei deja de lado conceptos claves, como el de persona gestante, para pasar a mencionar solo a “madres embarazadas”, “mujeres y sus hijos por nacer”.

La historiadora y socióloga Dora Barrancos afirmó que “no se han querido meter de lleno con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y lo han hecho con la Ley de los Mil Días” porque de otro modo hubiera significado “un escándalo de alcance internacional”. Dijo que el cambio propuesto a la ley de los Mil Días “es una forma para controlar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para que abandonen cualquier tentativa de aborto”. “Es un dispositivo por sobre la Ley IVE, un control estricto sobre embarazadas vulnerables para que desistan de cualquier idea de aborto voluntario” afirmó.

Agustina Ramón Michel, abogada integrante del CEDES, por su parte, dijo que “aunque no afecten la legalidad del aborto, las propuestas dan cuenta de la nula intención de este gobierno de distribuir y garantizar insumos para la interrupción segura del embarazo entre hospitales y centros de salud, y podrían generar un contexto donde legisladores locales propongan medidas desorbitadas y profesionales de la salud se sientan autorizados para actuar de forma arbitraria o violenta, limitando opciones para las pacientes”.

La activista Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, afirmó que “en lo que tiene que ver con la ley de los Mil Días, las personas gestantes no están, las mujeres sólo son consideradas en su rol materno y las infancias se extienden al momento de la concepción. En el cruce de la ‘detección’ y el ‘niño por nacer’, encontramos un rol proactivo del Estado, que puede avasallar en nombre del ‘niño por nacer’, la voluntad de la persona gestante”.

De la Vega advierte que la figura del “niño por nacer” no tiene una definición en nuestro cuerpo legal. “No es una figura legal y su definición es brumosa. Por otra parte, si la intención es proteger la vida en gestación, a través de la gestante, ya lo hace la Asignación Universal por Hijo (AUH) para personas embarazadas en el marco de las asignaciones familiares. Entonces, una ley que viene a cuidar las infancias como la de los Mil Días, ampliamente debatida por representantes de distintos partidos, se encuentra con modificaciones que cambian su objetivo, sus sujetos de protección y el rol de las y les usuaries ante ese derecho”, sostuvo.

Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH hizo hincapié en lo que suponen estas modificaciones que incorporan el concepto de la vida desde la concepción, “algo que estaba superado”, por lo cual para el abogado “implica el cuestionamiento a la IVE”.

Existen varios temas que se desprenden de la ley ómnibus, como por ejemplo en relación a la red que constituía la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la producción de medicamentos. “El cierre de este organismo y la modificación de la ley de fabricación estatal de medicamentos sin dudas afectará la producción de misoprostol y desfinanciará políticas públicas”, dijo Soledad Deza, abogada especialista en Género, Sociedad y Políticas y directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo.

Qué pasará con el cumplimiento de la Ley Micaela

Micaela García fue asesinada por una persona que no conocía, Sebastián Wagner, luego de atacarla sexualmente. Tras ese femicidio, el Congreso sancionó por unanimidad una ley que lleva su nombre y que obliga a las y los trabajadores de los tres poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género. A esta ley adhirieron las provincias. El gobierno de Milei planteó una restricción en su aplicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, señaló que se trata de un “retroceso” y una “falta de respeto” a la memoria de las víctimas de femicidio. Deza subrayó que al sacar de la Ley Micaela la palabra “género” y circunscribirla sólo a la violencia familiar “se despolitiza el conflicto y nos retrotrae décadas”.

“Otro tanto ocurre con las referencias normativas a ‘madres’ e ‘hijos por nacer’ de la modificación de la 27611, que es mucho más que semántico: es reconocer una personalidad jurídica fetal que no existe con la cual imponer maternidades forzadas. El giro biologicista también es innegable cuando sacan ‘persona gestante’”, explicó la abogada.

Por su parte, Lucía de la Vega aseguró que las modificaciones en torno de la Ley Micaela son contrarias a su objetivo. “Las capacitaciones se reducen a la violencia familiar y sólo van a recibir formación las autoridades estatales ‘competentes’ y no todas las personas en función pública de los tres poderes del Estado. La decisión de reemplazar la noción de violencia de género por ‘violencia familiar y contra la mujer’ invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ+. También desanda años de desarrollo teórico y legal, y diluye responsabilidades estatales. Por otra parte, naturaliza una desigualdad estructural y las jerarquías sociales ordenadas en razón del género de las personas. Esto último deriva de confundir ‘igualdad ante la ley’, como escuchamos en toda la campaña, con la igualdad real y la equidad”, indicó.

Los cambios al sistema electoral son otro eje que preocupa a las organizaciones por la reducida representación que pudieran tener las mujeres. Ahora resta ahora ver el rol que cumplirá el Congreso respecto de este megaproyecto.

SM/JJD

Reformar los Códigos Penales no es suficiente para disminuir los delitos de mujeres por razones de género. Lo muestra la experiencia de los países de América Latina que sancionaron leyes nacionales de femicidio o feminicidio (se llama de distintas maneras en los diversos países) para incorporar este delito, ya sea como figura autónoma o como un agravante del homicidio. “En los últimos diez años, casi veinte países de la región aprobaron esta legislación y sin embargo lo que muestran los datos es que los femicidios no disminuyen”, dijo Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), y agregó: “Hacen falta otras políticas y promover otros cambios para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En un encuentro regional realizado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, aquel que es ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se desarrolló un debate enfocado en las estrategias para luchar contra el femicidio, en particular desde el acceso a la justicia como pieza clave para prevenir, sancionar y erradicar la violencia femicida. El evento estuvo organizado por el MESECVI, el organismo de la OEA creado para evaluar la implementación de la Convención de Belém Do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, junto con la Oficina de la Mujer de la CSJN, la Corte Suprema de México y ELA. El paso de un enfoque punitivo a un abordaje integral de la problemática fue planteado como uno de los principales desafíos en la región.    

A la jornada de trabajo fueron convocados los poderes judiciales de las provincias de Argentina, y la casi absoluta participación de mujeres fue una de las llamadas de atención recurrentes en los distintos paneles. El dato no pasa desapercibido en un evento en el que se abordó la urgencia de incorporar la perspectiva de género en las sentencias para deconstruir conceptos como el de pareja, ya que, según explicó Gherardi en base a estudios realizados, en algunos casos se lo limita únicamente a las uniones matrimoniales, en lugar de reconocer los vínculos de confianza de otra naturaleza que deben dar lugar a estándares de protección agravada, lo mismo ocurre con la interpretación del concepto de violencia de género, su contexto y características. “Eso muestra la forma limitada en que las mujeres feministas llegan a los espacios de decisión de la justicia”, dijo la representante de ELA.

El MESECVI es un mecanismo creado por la Comisión Interamericana de Mujeres para darle seguimiento a los Estados que forman parte de la Convención de Belém Do Pará y generar una plataforma de cooperación internacional para evaluar su implementación. Luz Patricia Mejía, la secretaria técnica del organismo, explicó que el acceso a la justicia es el corazón de la implementación de las obligaciones del Convenio y que el intercambio entre Estados resulta clave en una región profundamente violenta como América Latina. Mejía destacó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y la Oficina de la Mujer de la CSJN como ejemplos positivos, sin embargo, dijo en diálogo con elDiarioAR: “Argentina es un país de luces y sombras. Tiene un movimiento social importantísimo, la sociedad civil es fuerte y formada, es activa y tiene impacto. También tiene leyes muy importantes, pero hay un sistema patriarcal que sigue funcionando con mucho peso en la cultura, en las normas sociales. Las periodistas argentinas feministas han tenido un rol protagónico también en el levantamiento de una manera distinta de ver la violencia contra las mujeres, pero definitivamente la cultura patriarcal sigue arraigada en la institucionalidad, en espacios de poder y de decisión”, y como parte de los desafíos que atraviesa el país, agregó: “Hay una arremetida conservadora que busca desmantelar, desinformar, generar dudas respecto de estos procesos de avance en el repensamiento de las relaciones desiguales de poder, que en definitiva es parte también del corazón de la discriminación y la violencia”. 

La formación es un eje clave pero pendiente

En Argentina, la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Sin embargo, un informe publicado meses atrás por organizaciones feministas relevó que hay un retraso en el inicio de las capacitaciones y que sólo el 25% de las jurisdicciones de todo el país ha completado la capacitación enmarcada dentro de la Ley. “En la medida que haya institucionalidad de género fuerte, profesionalizada, financiada, con capacidad política para exigir, probablemente sea un facilitador para la aplicación de esa norma. Me parece que el monitoreo social, del activismo, de la academia y de otros poderes del Estado respecto del cumplimiento de las obligaciones son elementos que favorecen ese cumplimiento”, dijo al respecto la Natalia Gherardi. Y, en el marco del carácter regional del evento, indicó: “El MESECVI periódicamente pide a los Estados información acerca de cuál es el grado de cumplimiento de sus normas, programas y planes y, en definitiva, del cumplimiento de los estándares internacionales a los que se comprometieron al suscribir a la Convención de Belém do Pará”. 

Durante el evento en la CSJN la formación en perspectiva de género fue mencionada como uno de los componentes claves en la prevención de los femicidios. En el panel “Desmontando estereotipos para una justicia de género” se advirtió sobre la falta de capacitación del funcionariado del Poder Judicial como una barrera de acceso a la justicia, y que la presencia de estereotipos de género en los procesos de investigación invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos. Como parte de las oradoras de ese panel, la jueza Analía Monferrer, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal, citó algunos estudios de casos relevados por la Oficina de Violencia Doméstica: “Al inicio muchas mujeres hacían la denuncia y en el mismo día, o esa misma semana, intentaban levantarla. En el 100% de los casos ese ir a levantar la denuncia era una coacción o amenaza por parte del agresor. Hay que tener en cuenta esa característica de las víctimas de violencia para saber cómo avanzar”, y sumó: “Las contradicciones en el relato pueden deberse a los hechos traumáticos que atravesaron. La mujer está dispuesta a decir que mintió porque no quiere que su esposo o ex esposo vaya detenido porque es el padre de sus hijos”. Los datos más recientes de la Oficina de Violencia Doméstica informan que en el segundo trimestre de 2022, las denuncias de violencia doméstica en CABA crecieron un 36%. Según el Informe estadístico de ese periodo, de las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica, 8 de cada 10 son mujeres y niñas.  

Las representantes de los organismos que convocaron al evento coincidieron en la necesidad de avanzar en los desafíos y las estrategias de prevención más allá de la cuestión meramente punitiva para lograr una transformación social. Gherardi destacó la importancia de aplicar una perspectiva interseccional que considere factores y circunstancias -como características socioeconómicas, origen migratorio, identidad de género, discapacidad- que tienen un impacto en las posibilidades de ejercer derechos y que deben ser consideradas en el análisis de los hechos, en la recolección de las pruebas y en la aplicación de las figuras penales a los casos concretos: “En un momento en el que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo, es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y para pensar en el futuro porque claramente no hay democracia sin vidas libres de violencia”. 

JLC