Los principales organismos de derechos humanos reclaman hoy en público por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Le exigirle a la Justicia que flexibilice las restricciones impuestas a la ex presidenta en el marco de su prisión domiciliaria, a través de una conferencia en el anexo A de la Cámara de Diputados.

El planteo parte de una comparación directa: sostienen que a represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario no se les aplicaron condiciones tan estrictas como a la ex mandataria. “A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, afirmaron en un comunicado conjunto.

La convocatoria lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia, entre otros espacios. Está prevista la participación de referentes históricos como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, además de abogados y dirigentes vinculados al movimiento de derechos humanos.

La defensa de la ex presidenta ya había solicitado una revisión de las condiciones de detención, sin éxito. Entre los pedidos figuran la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de autorizaciones judiciales reiteradas para visitas habituales, la ampliación en la cantidad y duración de los encuentros y el levantamiento del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside, en el barrio de Constitución.

El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó el año pasado un régimen que limita las visitas a tres personas por encuentro, durante un máximo de dos horas y hasta tres veces por semana. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que esas restricciones impactaron en su actividad política y redujeron al mínimo sus apariciones públicas y pronunciamientos en redes sociales. La semana pasada la ex mandataria recibió a Miguel Pichetto, ex jefe de su bancada en el Senado durante su gestión.

En paralelo, la situación judicial de la ex presidenta volvió a colarse en la interna del peronismo bonaerense. La diputada y referente de La Cámpora Mayra Mendoza cuestionó que el gobernador Axel Kicillof no haya hecho referencia explícita a una “proscripción del peronismo” en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense.

“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad”, afirmó Mendoza. Y volvió a marcar diferencias con el mandatario provincial por el desdoblamiento electoral del año pasado: “Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025”, sostuvo.

MC

“Soy una fusilada que vive”, declaró Cristina Fernández de Kirchner apenas unas horas antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La noticia empezó velozmente a recorrer el mundo: los principales medios internacionales se hicieron eco del fallo que por primera vez en la historia democrática del país lleva a una expresidenta condenada por corrupción a prisión.

El caso, conocido como Causa Vialidad, gira en torno a la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, un empresario cercano al matrimonio Kirchner cuando estaba en el poder. La Corte Suprema desestimó este martes todos los recursos de la defensa y dejó firme el fallo que ya había sido confirmado por la Cámara de Casación. Lo hizo de forma unánime, con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, en una decisión que según El País de España rompió la regla no escrita de evitar fallos de alto impacto durante procesos electorales.

Fernández de Kirchner se enteró del fallo rodeada de dirigentes y militantes del PJ en la sede del partido. Desde allí lanzó una fuerte denuncia: “Este desgobierno de Javier Milei le pone cepo al salario y la Corte le agrega el cepo al voto popular”. Para El Mundo de España, el fallo contra Cristina fue tan esperado como devastador. “Contra lo que podría pensarse, la salida de Fernández de Kirchner perjudica al gobierno de Javier Milei”, señala el artículo. “Milei se sentía cómodo polarizando con ella. Su inhabilitación le quita a su némesis perfecta”.

También la BBC recogió ese efecto: la sentencia deja a la principal líder opositora sin chances de competir y, aunque por su edad accederá a la prisión domiciliaria, su carrera política quedó truncada. El medio británico enfatizó que la Corte desechó incluso el pedido de la fiscalía de duplicar la pena e incluir asociación ilícita. No obstante, recordó que durante el proceso judicial no se aportó ninguna prueba directa que vinculara personalmente a la expresidenta con la adjudicación de las obras.

Ese punto fue recogido también por elDiario.es, que subrayó que los peritajes no detectaron sobreprecios ni demoras excepcionales y que no se hallaron propiedades, cuentas ni testaferros que conectaran los contratos con los Kirchner. En cambio, la narrativa del lawfare cobró fuerza en ese medio, que citó a la investigadora Silvina Romano: “Esto es un disciplinamiento. No es solo contra Cristina, sino contra cualquier actor que pretenda alterar el statu quo”. Romano también remarcó el contexto del caso Lago Escondido, donde jueces y fiscales implicados en la causa se reunían con funcionarios del macrismo y el Grupo Clarín.

Los artículos en los principales periódicos del mundo dan cuenta de la dimensión internacional del caso. The New York Times destacó que Cristina Kirchner fue “una figura constante y divisiva” durante tres décadas y que el fallo probablemente profundice la tensión política del país, especialmente en un contexto donde los sindicatos amenazan con paros y los seguidores de la expresidenta ya salieron a las calles. En ese marco, el diario señaló que la condena podría verse como el certificado de defunción del kirchnerismo, dejando al peronismo ante una nueva lucha interna por el liderazgo.

Desde el entorno de Cristina Kirchner, según El Mundo, ya contactaron al equipo de Lula da Silva para que se pronuncie en su favor. El líder brasileño, que pasó 581 días preso antes de volver al poder, es el espejo en el que busca reflejarse la expresidenta argentina. Quien sí habló fue el Grupo de Puebla, que publicó un comunicado con la firma de José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, entre otros, donde afirma que “el objetivo de expulsar a CFK de la política obedece al miedo a que ratifique su liderazgo en las urnas”.

El escenario político argentino entra ahora en una nueva fase. Como señala El País, la condena tiene efecto inmediato: Cristina Kirchner no podrá presentarse como candidata a diputada bonaerense el próximo 7 de octubre, una elección que podía marcar su regreso triunfal. Tampoco podrá aspirar a ningún otro cargo en lo que le reste de vida. El peronismo habla de proscripción de por vida y compara la situación de su lideresa con el exilio de Juan Domingo Perón.

“No hay solución para el país con esta política”, dijo Cristina Kirchner, quien anticipa que la movilización popular será la respuesta. “El pueblo siempre regresa”, sentenció. La historia argentina está por poner esa frase a prueba.

JJD

Ariel Lijo se presenta en el Senado ante un oficialismo quebrado por su candidatura a la Corte Suprema, dardos directos de Victoria Villarruel, un decidido rechazo de un puñado de aliados a La Libertad Avanza y el silencio sugestivo del kirchnerismo, el bloque que tiene la llave para que avance su pliego. La exposición del juez federal este miércoles desde las 10 en el salón Azul será el foco de atención pública por la trama de relaciones políticas que sintetiza su figura.

Lijo enfrentará el test de los senadores en la comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri, del PRO. Se espera que el juez federal haga primero una presentación sobre su candidatura y que luego se someta a las preguntas de los legisladores. La exposición no tiene horario de finalización, pero fuentes al tanto de la organización estimaron a elDiarioAR que podría durar al menos unas tres horas –ya está programado un cuarto intermedio para las 13–. 

“La audiencia va a llamar la atención por lo propositiva que será su exposición. Va a dar sus propuestas para un nuevo funcionamiento de la Corte, sobre su gestión y adelantar los cambios que quiere introducir”, recogió este medio de fuentes de la Justicia sobre qué se puede esperar de Lijo en público. Luego será el momento del cruce con los senadores.

El magistrado es consciente de las polémicas que lo rodean, como ciertas sospechas sobre su patrimonio –se señala en ese sentido la lujosa vida de su hermano Alfredo “Freddy”– o su rol en causas sensibles como la expropiación de Ciccone que involucró a Amado Boudou, la deuda del Correo Argentino y la investigación por el encubrimiento en la causa AMIA. “Tiene respuesta para todo”, adelantaron a elDiarioAR. Lijo sí evitará contestar sobre las causas judiciales que permanecen abiertas para –explicó una de las voces consultadas– no entorpecer el debido proceso. El juez ya respondió algunos cuestionamientos a su postulación a través de un escrito que remitió al Senado, luego de que se formalizaran 34 impugnaciones. También es cuestionado porque su postulación es para reemplazar a Elena Higton de Nolasco, por lo que no se cumpliría un criterio de equidad de género.

En el escrito enviado días atrás a la comisión de Acuerdos Lijo acusó de un “prejuicio estereotipado de impugnación al sistema institucional” las críticas recibidas por su supuesta falta de idoneidad moral y consideró “meras aseveraciones sin ningún tipo de sustento fáctico ni documental” las denuncias por su patrimonio. Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura (32 veces, aunque nunca fue sancionado) y es de los que más dilata los expedientes (solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que tuvo a cargo). Elisa Carrió ya lo ha denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.

Si hay apoyo, hay silencio

La candidatura de Lijo llega en medio de un silencio que ensordece: no cosechó ninguna voz pública de apoyo entre los senadores. Solo salieron a hablar los que admitieron que votarían en contra: el libertario Francisco Paoltroni (Formosa) y algunos sueltos de la UCR como Carolina Losada (Santa Fe) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). La crítica más resonante fue ayer la de Villarruel, con la salvedad de que la vice no tiene voto en el debate parlamentario. 

La cruzada de la vice contra el magistrado parece tener más que ver con profundizar el divorcio con Javier Milei. Ayer afirmó que Lijo “no tiene los pergaminos necesarios”. Horas después, su equipo de comunicación en el Senado dio a conocer un micrositio para que la ciudadanía pueda seguir el proceso de nominación de los jueces al máximo tribunal.

Lijo expone hoy y en una semana hará lo propio el catedrático conservador y antiabortista Manuel García-Mansilla, a quien espadas parlamentarias señalaron como el “verdadero” candidato del Gobierno para la Corte. El secreto a voces que recorre los pasillos del Congreso es que Lijo llegó a ser postulante gracias a un acuerdo entre Ricardo Lorenzetti con Karina Milei y Santiago Caputo. Además de ser el propio Lijo el que habría estado juntando sus votos –y los de García-Mansilla–, estuvo operando Javier Amerio, segundo de Mariano Cúneo Libarona en Justicia, pero sobre todo hombre de Caputo en el ámbito judicial. 

El kirchnerismo y la UCR, claves

La llave para la designación de los jueces la tiene el kirchnerismo, que es la primera minoría en la comisión de Acuerdos (siete de 17) y también en el recinto (33 de 72). Una espada parlamentaria ligada a Cristina Kirchner aseguró a este medio que nadie la contactó para pedirle su apoyo a Lijo, y dejó entrever que condicionaría su voto a que haya un acuerdo más amplio con el Gobierno por otros cargos vacantes en la Justicia o que a lo sumo en la dupla de candidatos se incorpore a una mujer. La Casa Rosada apuesta a que sean “los dos candidatos o ninguno”.

También será importante el rol de la UCR, que en las últimas horas sumó un resorte de poder importante: quedó al frente de la sensible bicameral de Inteligencia, que puede controlar cómo se gastan los fondos reservados de la SIDE. Ahí fue nominado Martín Lousteau, que acompañaría la candidatura de Lijo, según ya adelantó su socio Emiliano Yacobitti. El radicalismo tiene cuatro firmas en la comisión: Lousteau, Blanco, Losada y Mariana Juri (Mendoza).

El PRO ostenta dos sillas en la comisión que debería dictaminar sobre los nuevos jueces, y una de las representantes es Tagliaferri, quien está alejada de Mauricio Macri, quien pidió a los amarillos que voten en contra. La otra firma macrista es la de Beatríz Ávila, referenciada en Luis Juez y aliado del expresidente. El oficialismo apenas tiene un miembro –Ezequiel Atauche, que en caso de llegar al recinto votará a favor, junto con otros seis libertarios–, como los espacios provinciales Unidad Federal, Cambio Federal y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones. 

Los pliegos tienen primero que ser aprobados por la comisión para que luego se voten en el hemiciclo. En ese momento se necesitan dos tercios de los presentes para nominar a un supremo de la Corte; es decir que también importan las ausencias. Ayer fuentes especializadas calculaban que la votación del pleno del cuerpo recién podría llegar en un mes. “Si hay quórum, hay Lijo”, comentó una fuente.

“No hay manera de que Lijo no junte el consenso necesario para ser ministro de la Corte. El apoyo que tiene es transversal”, apuntaron en los tribunales. “Cualquier senador que esté pensando en no votarlo se está comprando la posibilidad de nunca más poner un juez en ningún lado. Políticamente no conviene”, completó la fuente. Las preguntas y el modo en que los senadores se dirijan hoy a Lijo también serán sugestivas para entender cómo se está negociando su candidatura al máximo tribunal. 

MC/JJD

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó hoy que se condene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “jefa de asociación ilícita” y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa “Vialidad”.

Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que “se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita”, delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.

La exvicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita. El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.

Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex Presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por “administración fraudulenta”.

Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos exfuncionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner;, que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo “una verdadera asociación criminal” integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron “desviar fondos hacia ellos mismos”.

Lo hizo al comenzar a exponer ante la Sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pediría que también recibiera pena por “asociación ilícita”.

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro De Vido, también apelada por la fiscalía. “Cada ministro es responsable de los actos que legaliza”, es decir “que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia”, remarcó Villar.

“Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez”, sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.

La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado 12 años al incluir la “asociación ilícita”.

En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita “realizó los desvíos” de dinero y “se organizó para realizar estas defraudaciones”

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando “funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado” hacia el dueño de Austral Construcciones.

“Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido”, el exministro que resultó absuelto en el juicio por el TOF 2 pero que la fiscalía pidió ahora condenar.

Báez “se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto”, dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.

Subrayó que para lograr “el fin delictivo” se “construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz” y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un “razonamiento arbitrario” al descartar la asociación ilícita “a los cinco miembros”

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de “asociación ilícita”: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de “administración fraudulenta” en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas “Austral Construcciones”, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó “un hecho de corrupción estatal” que derivó en un “perjuicio descomunal” a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta “asociación ilícita agravada por su calidad de jefe” y “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.

Las audiencias ante Casación continuarán el 29 de febrero con el inicio de la exposición de las defensas, en tanto los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán el 7 de marzo desde las 10.

MM con información de la agencia Télam.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy dar marcha atrás en la Causa Hotesur-Los Sauces y resolvió revocar el  sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Así, la vicepresidenta, junto a su hijo, Máximo Kirchner, y unos treinta imputados serán juzgados en un juicio oral y público por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles que pertenecían a la familia. 

Los jueces resolvieron también sobreseer a Florencia Kirchner.

Pero además, la Cámara también decidió que la ex presidenta deberá someterse a otro juicio oral, en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos.

Cristina Fernández tiene como último recurso la posibilidad de poder apelar las resoluciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hotesur-Los Sauces podría ser el segundo juicio oral y público contra la vicepresidenta, quien ya fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad. Esta vez, su hijo y su sobrina, Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner- también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

El caso se basa en supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner. Además de lavado de activos, se investigó a Fernández de Kirchner, sus hijos -la Cámara entendió que no había elementos para enjuiciar a Florencia- y el resto de los acusados por supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

Sobre la situación de Florencia, los jueces entendieron que al momento de constituirse las sociedades “ella tenía doce años e ingresa a las compañías tras el fallecimiento del padre”.

La causa gira en torno a los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner y el resto de los acusados fueron sobreseídos por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los jueces debían realizar el juicio oral y público pero antes de fijar fecha de inicio analizaron una serie de planteos de las defensas, entre ellas, la de CFK, y decidieron hacer lugar a los sobreseimientos anticipados por presunta inexistencia de delito.

Antecedentes recientes

El caso tenía una tercera jueza en la Sala I, Ana María Figueroa, pero tras varias semanas de idas y vueltas por la falta de aprobación de su pliego en el Senado tras haber cumplido los 75 años el último 8 de agosto, la Corte Suprema ordenó que la magistrada dejara su cargo. El capítulo no está cerrado y se analiza en el Consejo de la Magistratura.

Figueroa dejó su voto sobre el caso Hotesur-Los Sauces, que venía analizando desde diciembre último, pero los jueces Petrone y Barroetaveña no lo incorporaron al fallo. Tampoco recurrieron a un tercer juez para desempatar ya que sus votos son coincidentes. 

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Los sobreseimientos

“El objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur- comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio, pero quedó en minoría.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias contables a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio ante la Cámara Federal de Casación, que debía tomar una decisión desde fines del año pasado.

Pacto con Irán

La misma Sala I de Casación penal ordenó también que Cristina Fernández deberá ser juzgada en la causa por la firma del Memorándum con Irán. Es la causa que inició en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien consideraba que este acuerdo buscaba encubrir a los acusados del atentado a la AMIA ya que de esta manera perdían vigencia las las alertas rojas de Interpol contra los involucrados iraníes.

En su fallo, los jueces de la Cámara señalaron: “Ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”.

ED/MG

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, es clave en el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero su propio destino profesional está ahora en manos de un Senado, en donde la expresidenta no logró los votos necesarios para garantizar la continuidad de la magistrada como jueza.

Figueroa informó este martes a sus colegas de la Casación que permanecerá provisoriamente en el cargo, aunque sin firmar fallos ni decisiones administrativas, hasta que el Senado decida si le da acuerdo para que siga ejerciendo la magistratura por cinco años más.

La magistrada cumple 75 años este miércoles y necesita que los senadores renueven su pliego por cinco años más para poder seguir ejerciendo, como marca la Constitución Nacional. Figueroa ha votado en coincidencia con los pedidos de la defensa de Fernández de Kirchner y sostiene que en los tribunales se practicó el lawfare o “guerra mediático-judicial” contra la expresidenta.

Con la próxima sesión frustrada, ahora el oficialismo buscará conseguir el senador número 37, necesario para lograr el quórum y aprobar la permanencia por cinco años de Figueroa, quien debe decidir junto a sus colegas si confirma los sobreseimientos de la causa de lavado de activos o si ordena la realización del también frustrado juicio oral.

La jueza interviene en al menos tres causas clave para la vicepresidenta: Hotesur-Los Sauces; Memorándum con Irán; y Cuadernos. En la primera causa, es una de los tres jueces a cargo de revisar los sobreseimientos de CFK, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por presunto lavado de dinero.

La utilización o no de esos votos quedará bajo la decisión de sus colegas de sala, según explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales. Esta decisión será central en el caso Hotesur-Los Sauces: Figueroa ya emitió y firmó su voto; también sus colegas de la Sala I, Petrone y Barroetaveña. Sin embargo, el falló aún no vio la luz.

Comunicación

Figueroa comunicó su situación a sus colegas en el marco de una reunión de Superintendencia de la que participaron los presidentes de las distintas salas que conforman la Casación: Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La jueza se los comunicó a 24 horas de cumplir los 75 años, edad máxima para permanecer en el cargo sin necesidad de recurrir a un nuevo acuerdo de la Cámara alta, oportunidad en la que también les informó que sus votos para causas en las que ya se realizaron las audiencias previas a las decisiones quedarán firmados en la caja fuerte de la Sala I del tribunal.

Figueroa delegó los actos administrativos que le competen como presidenta de Casación en el vicepresidente del tribunal, Mariano Borinsky, explicó una fuente judicial.

La jueza invocó para su decisión un reglamento confeccionado por el Consejo de la Magistratura en 2017, en el que se establece que podrá seguir en el cargo “provisoriamente” hasta que se expida el Parlamento o pase el año parlamentario, siempre que su pedido haya sido remitido al Senado, como sucede en su caso.

ED/JJD

Con información de Télam

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé, mantuvo la apelación contra la sentencia de en la causa Vialidad, presentada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para revocar la absolución de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y demás imputados por el delito de asociación ilícita. La ex mandataria, a pesar de esto último, ya había sido condenada a seis años de prisión por defraudación y exigió su absolución también respecto a este delito.

El fiscal Luciani también reclamó a Casación la revocación de las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

Casación ya recibió las apelaciones de todas las partes involucradas y, ahora, el veredicto deberá ser revisado por la sala IV de Casación. Sin embargo, uno de sus integrantes, el juez Javier Carbajo, se excusó de intervenir dado que su participación podría poner en jaque la garantía de imparcialidad.

El magistrado había confirmado la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa de “Austral Construcciones”, en la que sostuvo que dicho delito tenía como precedente el direccionamiento de la obra pública que se juzga ahora en el caso por el que fue llamado a intervenir.

A pesar de la decisión de Carbajo, los abogados defensores de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, lo recusaron junto a los otros dos jueces que integran la sala IV de Casación. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recursar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo ─más allá de la inhibición ya postula por este último─, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron.

Carbajo fue recursado por haber adelantado su opinión sobre el tema mientras que esgrimieron dos argumentos contra Hornos y Borinsky: por un lado, que ya intervinieron en la causa y, por otro, su falta de independencia y parcialidad resultantes de sus encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando todavía se encontraba en funciones.

La defensa, además, exigió la absolución de la ex mandataria en la causa por defraudación ya que consideran que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades”. “Nos hallamos en presencia de un supuesto enorme de gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, explicaron.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá ahora resolver las presentaciones realizadas contra la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por las distintas partes, quienes deberán presentar los fundamentos cuando Casación convoque a audiencias antes de tomar una decisión.

ACM con información de Télam

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, convocó a la marcha que se realizará esta tarde frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500 en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  “La democracia se defiende en la calle, con un pueblo movilizado. Hace 7 años fuimos a acompañar a Cristina a Comodoro Py. Hoy todos y todas a Tribunales”, aseguró vía Twitter.

A las 16 horas, en Plaza Lavalle, se movilizarán organizaciones políticas, sociales y sindicales en repudio a la “proscripción” y situación judicial de la mandataria del Frente de Todos, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Nos estamos poniendo al frente de una demanda que viene desde abajo: la gente nos pide romper con la proscripción de Cristina”, expresó Mario Secco, intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande a nivel nacional, quién estará presente en la marcha.

El juez Juan María Ramos Padilla también asistirá a la movilización como muestra de apoyo a “todas las acciones y luchas que se dan en el país contra la proscripción de Cristina”.

La movilización también buscará brindar apoyo popular al pedido de juicio político a la Corte Suprema y “ponerle un freno a esta Justicia adicta”, tal como anunció Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande. “La Justicia últimamente hace más política que justicia, algo que nada tiene que ver con la democracia, justo en este año de elecciones en el que quieren impedir la candidatura de Cristina, y justamente al cumplirse en 2023 ya 40 años de democracia”, aseguró. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado del Frente de Todos, llamó a luchar por la remoción de los miembros de la Corte.

Su par Leopoldo Moreau, en la misma línea, destacó la necesidad de llevar a la calle la batalla contra la Justicia y la defensa de la figura política con mayor imagen positiva y capital político de su partido. “Lo peor que uno puede hacerle a la mafia es sacarla del anonimato y el pedido de juicio político está cumpliendo esa función. Esta batalla no se resuelve solo entre cuatro paredes, sino también en las calles, generando conciencia popular que los arrincone en cada lugar donde haya que arrinconarlos”, detalló.

ACM con información de Télam

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, presidido por Jorge Gorini e integrado también por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, presentarán el próximo jueves a las 9 los fundamentos del fallo por el que condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por la causa de la obra pública en Santa Cruz.

El tribunal, que estuvo trabajando en los fundamentos durante la feria judicial, no realizará una nueva audiencia sino que cargará los argumentos del fallo al sistema Lex 100, que será de libre acceso para las partes.

La ex presidenta no fue la única condenada en el juicio con el veredicto dado a conocer el pasado 6 de diciembre. Otras ocho personas recibieron sentencias de culpabilidad, entre ellas el empresario ex contratista del Estado Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López. El ex ministro de Planificación Julio De Vido y otras tres personas, por otro lado, quedaron absueltas.

Se trató de la primera condena a una vicepresidenta en ejercicio en la historia argentina, y el tribunal también dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos. Fue condenada por defraudación al Estado, aunque desestimaron la imputación de jefa de una asociación ilícita.

Desde el kirchnerismo interpretaron la condena contra Fernández de Kirchner como un eslabón más en la cadena de persecución a quien consideran la dirigente política más influyente del país, y la propia Vicepresidenta acuñó la idea de la “proscripción” política, pese a que la condena está lejos de quedar firme y podría inscribirse como candidata si quisiera.

El mismo 6 de diciembre en que recibió la sentencia, la jefa del kirchnerismo anunció que no sería “candidata a nada” y que el 10 de diciembre se quedaría sin fueros. Justificó su paso al costado de la puja electoral al señalar que no quería condicionar a su fuerza política a que la señalen por llevar en sus listas a una dirigente condenada.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, dijo.

Pese a que fue bastante clara en su autoexclusión de la competencia electoral, desde distintos sectores del kirchnerismo buscan revertir esta decisión a través de un operativo clamor que ya está en marcha.

Este operativo tendrá un nuevo capítulo el sábado próximo en un acto en Avellaneda en el que la agrupación “La Patria es el Otro”, La Cámpora y otras agrupaciones oficialistas anunciarán la lucha por el fin de la “proscripción”, y pedirán por la candidatura de su máximo referente con la histórica consigna “Luche y Vuelve”.

MB con información de agencia de noticias NA

Condenada en la causa Vialidad, Cristina Kirchner busca hacer una demostración de apoyo cerrado de todo el aparato oficialista y de sus aliados regionales. La vicepresidenta reaparecerá en público el lunes en un acto organizado por Alberto Fernández y el Grupo de Puebla en el CCK. Aún no está confirmado que se muestren juntos, pero sí habrá en la calle una importante movilización de organizaciones kirchneristas.

Está previsto que Alberto Fernández, actual líder del bloque regional progresista, abra el primer panel y luego se quede a escuchar el discurso de cierre de la vicepresidenta. La expectativa es que haya una foto en conjunto, ya que la última vez fue en el centenario de YPF, en junio, aunque en el Senado dejaron abierta esa posibilidad, según recogió elDiarioAR.

Además de sus intervenciones, habrá mesas de debates encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz; y los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Pepe Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), y Ernesto Samper (Colombia).

Será la primera vez que la titular del Senado hable en un acto público tras la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que este martes la condenó a seis años de cárcel y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

Además, será una nueva postal de unidad del Frente de Todos y el primer mensaje de Cristina hacia adentro del oficialismo luego de haber anunciado que el año que viene no será candidata a ningún cargo electivo.

Según comunicó oficialmente el Grupo de Puebla, el encuentro, que llevará como nombre “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, buscará denunciar que la vicepresidenta “ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”.

Apoyo interno

La participación de la vice en el acto del lunes se terminó de confirmar luego de que anoche cenara junto a su círculo más íntimo en Ensenada. “Llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo”, fue el mensaje de la vicepresidenta, según reveló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En declaraciones radiales, el mandatario bonaerense consideró que el encuentro “fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”.

En Punta Lara estuvieron también el diputado y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, y el intendente local, Mario Secco. “La vi como siempre (a Cristina Kirchner), con capacidad para enfrentar los problemas de la Argentina. Estaba lo mejor de la dirigencia kirchnerista, todos los compañeros que tenían que estar”, dijo el anfitrión.

También participaron el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto; la directora de Anses, Fernanda Raverta; Cristina Álvarez Rodríguez; y intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó) y Gustavo Barrera (Villa Gesell); y los sindicalistas Roberto Baradel (Suteba), Sergio Palazzo (La Bancaria), Abel Furlán (UOM), Mario “Paco” Manrique (Smata) y Omar Plaini (canillitas), entre otros.

Se espera que las distintas tribus oficialistas movilicen el lunes por la tarde al CCK. “La intención es movilizar ese día para que la militancia la pueda acompañar”, argumentó un vocero cristinista. Además en el kirchnerismo se está gestando una serie de actividades para este sábado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Habrá actos en distintas plazas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

MC

En un estadio Único de La Plata con un cerco de seguridad de cuatro cuadras a la redonda, el kirchnerismo pone a punto el primer acto multitudinario de Cristina Kirchner tras el intento de magnicidio y en coincidencia con el 50 aniversario del regreso de Juan Perón.

“Cristina presidenta”, es el cántico furor entre las 50 mil personas que, según los organizadores, colman la cancha. Lo acompañó un grito ensordecedor cuando los locutores anunciaron a las 19 que “la compañera Cristina” estaba arribando a la capital bonaerense.

La vice tendrá un auditorio VIP frente suyo con 2000 invitados especiales, entre ellos el camionero Pablo Moyano, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el Nobel Pérez Esquivel, Taty Almeida y un sinfín de dirigentes de todas las tribus oficialistas que ya están.

En las tribunas, la principal la ocupa La Cámpora, que desplegó una bandera con la leyenda: “Era tan diferente cuando estabas tú”. A los costados se desparraman militantes con banderas de intendentes y sindicatos. En el campo, organizaciones sociales. 

“Volvió Perón y vuelve Cristina. No significa que sea su candidatura, pero va a ser un lindo reencuentro con su gente”, dijo un diputado entrando al estadio.

Bajo la consigna “La fuerza de la esperanza”, CFK dará un discurso que se prevé para después de las 19:30. Se dispusieron importantes medidas de seguridad, con dos anillos de controles con dispositivos tecnológicos detectores de metales, según supo elDiarioAR. En ese marco, hay una fuerte expectativa en el kirchnerismo sobre las señales que la vice podría dar de cara al 2023, profundizando las ideas generales que ya soltó en su presentación en la Unión Obrera Metalúrgica.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”, dijo hace dos semanas ante un auditorio principalmente de extracción sindical –más reducido al que tendrá hoy–, que coreó la consigna “Cristina Presidenta”. Los palcos, tribunas populares y el campo que la escucharán hoy estarán colmados de militantes de La Cámpora, intendentes, movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones de todo el país. 

Las caras de los dirigentes que se vean en La Plata marcarán el pulso de la plataforma política que podría sostener una eventual candidatura de la ya dos veces presidenta de la Nación, en medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos. No estarán en el acto las otras dos patas del oficialismo Alberto Fernández y Sergio Massa, que estarán regresando de su viaje a la cumbre del G20 en Indonesia.

“El acto se enmarca en la idea de generar las condiciones para que Cristina sea candidata. Se va a ir fortaleciendo esa idea, en línea con otros sucesos que seguramente habrá el año que viene y los dos actos que ya hubo, el de la UOM y el de Máximo Kirchner con Pablo Moyano del 17 de octubre”, plantearon a este medio desde La Cámpora. En el círculo de la vice señalaron que “la expectativa es muy positiva” y que “la militancia tiene muchas ganas de escucharla”. 

Más que dar un mensaje contundente sobre si jugará en las próximas elecciones, es más esperable que CFK refuerce las líneas discursivas que planteó ante los metalúrgicos: la situación económica y la necesidad de que los salarios le ganen a la inflación, y su disputa con el Poder Judicial. Retomado el diálogo directo con Alberto hace pocas horas luego del episodio de salud que sufrió el jefe de Estado en su viaje, habrá qué ver si envía algún mensaje hacia su figura. Una de las situaciones que hace crujir al oficialismo es qué hacer con las PASO y la posibilidad de que el propio mandatario quiera presentarse a la reelección.

Anillos de seguridad

A partir del atentado que sufrió CFK, todas las alarmas están encendidas por su movimientos. “La seguridad es primordial para cuidar a Cristina”, sostuvieron desde la organización en la previa al acto de esta tarde. 

Los organizadores pidieron que la gente concurra con tiempo para garantizar un ingreso ágil, sobre todo porque habrá una serie de controles de seguridad similares a los de un recital de concurrencia masiva: cacheos, revisión de bolsos y detectores de metales. Habrá dos anillos de seguridad distintos y, a su vez, habrá controles dentro del estadio durante el mismo discurso de la vice.

La entrada es libre y sin pulsera o entrada –como fue el acto de la UOM–. Las personas que vayan al estadio deberán ingresar por la intersección de la avenida 32 y calle 26. Las puertas estarán abiertas desde temprano.

Además de La Cámpora y del sinfín de organizaciones vinculadas al kirchnerismo, al acto de hoy también convocan sindicatos de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma más el foro de empresarios del sector pyme “Producción y Trabajo”. El lunes ya hubo una conferencia donde participaron el diputado Hugo Yasky, la diputada y secretaria de los judiciales, Vanesa Siley; el jefe del gremio de los canillitas, Omar Plaini, y el secretario adjunto del Smata y secretario gremial de la CGT, Mario “Paco” Manrique. 

Sin el resto del triunvirato de la CGT, hay expectativa por la presencia de Pablo Moyano, cada vez más cercano al kirchnerismo. Entre los intendentes, es esperable que den el presente los jefes territoriales del conurbano, como Fernando Espinoza de La Matanza o Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, hoy funcionario de Axel Kicillof. Además del gobernador bonaerense, también podría haber otros mandatarios provinciales cercanos al ideal cristinista, como el chaqueño Jorge Capitanich. 

Entre los movimientos sociales oficialistas no se espera la presencia del jefe del Evita, Emilio Pérsico, que tiene su propio encono con La Cámpora, pese a que en los últimos días afianzó cierto diálogo con Máximo Kirchner “para bajar los decibeles de la interna”, según supo elDiarioAR.

El acto se transmitirá desde el YouTube de Cristina, que esta semana lo promocionó desde sus propias redes sociales. “Este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio –escribió en un tuit–. Nos vemos en La Plata #LaFuerzaDeLaEsperanza”.

MC

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este lunes en sus redes sociales el título de hoy lunes de una columna del diario Clarín que dice “la bala que no salió”, en referencia al intento de magnicidio que sufrió en la puerta de su domicilio y, al mismo tiempo anticipó un fallo condenatorio en su contra en el juicio por la causa Vialidad: “El fallo que sí saldrá”.

Se trata de la primera publicación de la exmandataria desde que fue víctima del atentado la noche del jueves 1 de septiembre, hecho por el cual hay hasta el momento dos personas detenidas: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. La misma no tiene palabras, sólo la foto de la tapa de Clarín con el resaltado de la fecha en amarillo y la columna redondeada en rojo.

La nota fue publicada este lunes al reanudarse las audiencias en la causa Obra Pública, en la que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de condena e inhabilitación permanente para que la Vicepresidenta ejerza cargos públicos. La columna sostiene que “el relato del 'discurso del odio' funciona a esta altura como paraguas ante una eventual condena por corrupción de la Vicepresidenta”.

Luego de la publicación de Kirchner, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, replicó esa imagen en su cuenta de Twitter con el texto “Magnetto y su obsesión”, en referencia al CEO de Grupo Clarín.

LC con información de agencia Télam

Apenas cantó el himno nacional y se fue del recinto. Cristina Kirchner tuvo un fugaz paso este jueves en la sesión del Senado, en la polémica sobre su situación judicial ganó los primeros momentos, con acusaciones cruzadas entre los bloques oficialistas y opositores.

Rápida de reflejos, la titular de la Cámara alta abrió la sesión, comandó el izamiento de la bandera nacional y, cuando comenzaba el momento de las cuestiones privilegios, se retiró para dejar su lugar al frente del estrado principal a la presidenta provincial del Senado, Claudia Ledesma de Abdala. Dejó abierta la sesión a las 14.28 y se retiró del recinto cinco minutos después. Tenía su propia agenda: de hecho, antes de bajar al hemiciclo había recibido en su despacho al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.

Entonces fue la senadora kirchnerista por Santiago del Estero quien le dio la palabra a Martín Lousteau (JxC - Ciudad de Buenos Aires), el primer legislador del arco opositor que salió a polemizar los dichos de Cristina sobre la autonomía de la Capital Federal. “Solamente quiere distraer la atención del pésimo desempeño de este gobierno, del que la presidenta de este cuerpo no es la vicepresidenta, sino que lo diseñó y se ocupó de vetar ministros hasta cambiarlos”, lanzó el senador, quien se pasó en los cinco minutos reglamentarios para las cuestiones de privilegio.

“Cristina Fernández fue convencional constituyente, incluso vocal de la redacción de la Constitución. Es difícil comprender que diga que la Ciudad no es autonómica”, se quejó Lousteau. Buscaba confrontar con los dichos de la vice de la noche del sábado, cuando la policía porteña instaló vallas para impedir una manifestación en su apoyo en Recoleta, pero principalmente del miércoles pasado. En el salón Azul, rodeada de legisladores oficialistas, la referente del Frente de Todos problematizó el estatus jurisdiccional de la Capital Federal. “Lo hace para distraer la atención sobre la inflación, las tasas de interés, la suba de tarifas, la falta de divisas, la brecha de 110%, la devaluación del tipo de cambio, el controles de importaciones y el ajuste”, se despachó el economista.

“Pasaron de ser una municipalidad a una república independentista”, se le burló a Lousteau el senador Martín Doñate (FdT - Río Negro), cuando le tocó su turno y usó más de diez minutos para hacer una defensa cerrada de la vicepresidenta. Acusó a los fiscales de la causa de Vialidad Diego Luciani y Sergio Mola de montar “un show mediático y patético” y los consideró parte de una operativa “golpista” contra el Gobierno. 

“Pidieron un año de condena por cada año de gobierno kirchnerista. La derecha y el golpismo siempre buscan este tipo de símbolos. Arrasaron siempre atacando a los líderes populares porque son el símbolo de esas mayorías populares. Lo hicieron con Yrigoyen, con los Perón y ahora con los Kirchner. No quieren que nazcan más Cristinas”, completó el legislador.

Luego fue el turno de la santafecina Carolina Losada (Jx) de la criticar muy duro a la vicepresidenta. Lamentó la Cámara alta no debata otros temas como la cuestión de seguridad de su provincia y le apuntó directamente a Cristina por su situación judicial: “La vice tiene que rendir cuentas, les guste o no les guste”. “No merecemos dirigentes que se creen semidioses, sino que se sometan a la ley como todos los ciudadanos”, completó.

Después se despachó Julio Martínez (UCR - La Rioja) con un discurso cargado de ironía contra el oficialismo. “Ustedes no son Evita ni Cristina es Perón. Más que un 17 de octubre parece un cumpleaños, o un 28 de diciembre con unos pocos inocentes”, descargó en el recinto. “Están viendo una realidad que no ven: lamento decirles, en la calle hay más gente preocupadas por conseguir figuritas que por la impunidad de Cristina”, agregó. “Fueron a hacer una revolución a Recoleta, y flasheaban con que estaban en Sierra Maestra. Para la próxima revolución que haya, no lo lleven a Máximo que parece que le tiene miedo a la policía”, completó, apuntando contra el hijo de la vice que sufrió parte de la represión de los efectivos de las fuerza de seguridad porteña.

Luego de las cuestiones de privilegio, a mano alzada se aprobó discutir dos iniciativas de declaraciones contrapuestas: una del oficialismo, para repudiar el operativo policial en Juncal y Uruguay, y otra JxC, para repudiar las palabras de Alberto Fernández cuando relacionó en el canal TN lo que le pasó al fiscal Alberto Nisman con Luciani: “Se suicidó y no encuentro motivo para que eso pase con Luciani”.

La tensión que copó las primeras horas de debate en el Senado ya se presentía en la previa por el contexto político, pese a que fue una sesión con temas acordados entre el FdT y JxC. Por fuera de la polémica por CFK, luego de las numerosas cuestiones de privilegio pedidas, el debate debería transitar sobre carriles exentos de grandes discusiones.

En rigor, el temario incluía la sanción de un régimen de promoción para la industria automotriz y otro que modifica la ley de promoción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, dos iniciativas que tienen media sanción de Diputados y que fue parte del paquete de leyes que pidió Sergio Massa al desembarcar en Economía.

La orden del día se completa con la designación, nuevamente, como embajador en Brasil a Daniel Scioli, así como un conjunto de pliegos judiciales. También hay proyectos de declaración de bienes inmuebles y monumentos, un proyecto de ley por el que se instituye el Día Nacional del Síndrome de Dravet y otro para instituir el Día y la Semana Nacional del Árbol.

Noticia en desarrollo

MC

La ampliación de indagatoria sui generis de Cristina Kirchner en el juicio de “Vialidad” pareció dejar una conclusión: detrás de cada licitación nace un negocio, crece un corrupto, se desarrolla una causa y muere un relato. No importa si la narrativa pertenece a la tradición republicana o la épica nacional-popular porque en la Argentina “así funcionan las cosas”. Antes de la noche de furia en la que José López salió endemoniado y “con lo puesto” (nueve millones de dólares y una ametralladora) hacia el famoso convento de las carmelitas calzadas, las relaciones personales con el secretario de Obras Públicas eran un viaje al fin de la grieta. Los abundantes intercambios de mensajes con empresarios macristas que la vicepresidenta ventiló en su defensa —tan familiares como “encontrémonos los dos”, “cenemos los tres” o “seamos felices los cuatro”— eran en el mismo acto una denuncia y una autoincriminación. Porque si bien es cierto que para bailar el tango de la manganeta hacen falta dos y, por ende, es necesaria la participación de los empresarios que coimean, también es verdad que todas las tropelías que le adjudicó al agitado José López tuvieron lugar bajo su administración. En síntesis, en su cadena nacional de hecho, Cristina Kirchner no se limitó a redireccionar las imputaciones hacia sus adversarios políticos, sino que dejó en evidencia la íntima relación de altos funcionarios de su gobierno con poderosos empresarios vinculados al macrismo. El famoso poder detrás del poder concentrado en un teléfono rojo.

Pese a todo, el contragolpe desplegado con un gran olfato táctico por parte la vicepresidenta se apoyó en las fragilidades de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que estaban desbordados de intereses políticos, vínculos íntimos con los jueces y revolcones deportivos en la quinta de Mauricio Macri. Allí se amontonaron todos los cracks que no llegaron y tuvieron que conformarse con un Liverpool de cabotaje y con aire de familia.

El “lucianipalooza”, alentado desde las tribunas por los dirigentes de Juntos por el Cambio y el rabioso aparato mediático junto al pedido de doce años de cárcel para la vicepresidenta e inhabilitación para ejercer cargos públicos dejaron ver groseramente todas sus costuras que fueron aprovechadas por Cristina Kirchner para su contraataque.

Entre sus tantas imágenes metafóricas, Marx desarrolló una que puede ser útil para comprender este proceso judicial y sus precursores: “La anatomía del hombre es una clave para entender la anatomía del mono” escribió en los Grundrisse. Se refería a que los procesos sociales y políticos desplegados hasta su etapa superior podían contener las claves para entender sus formas menos desarrolladas o embrionarias. En la experiencia judicial del subcontinente, ese hombre fue Sergio Moro, el exjuez que en Brasil encabezó desde 2014 la operación conocida como “Lava Jato”, operó en la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, en la proscripción y cárcel de Luiz Inácio Lula da Silva, asumió como ministro de Jair Bolsonaro y terminó como candidato a senador, luego de que la Corte Suprema brasileña dictaminara —una vida después— que no fue “imparcial” durante todo el proceso.

En el cenit de la operación “Lava Jato” se hizo famosa una frase del procurador Deltan Dallagnol cuando presentó un Power Point con las presuntas conexiones de la trama y afirmó: “No tenemos pruebas, pero tenemos convicciones”.

Si Luciani y Mola no llegaron a tanto se debe una relación de fuerzas diferente, a procesos judiciales distintos y momentos políticos disímiles, pero eso no quiere decir que no los muevan las mismas convicciones y, sobre todo, los mismos métodos.

Esa pasión desaforada por erigirse en portadores de la justicia eterna, fogoneada por algunas fracciones de las clases dominantes, los condujo a cometer unos cuantos errores. El más importante: dejar en evidencia la parcialidad de todo el proceso por la simple razón de excluir a sus aliados en el poder real cuando todas las pruebas estaban a la vista. El carácter persecutorio se caía de maduro y así lo hizo notar la vicepresidenta durante su exposición de una hora y media.

El sábado por la tarde, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta hizo su gracia y sumó su provocación colocando vallas y fuerzas policiales frente a la casa de Cristina Kirchner para evitar la concentración de personas que se movilizaron para respaldarla. Llevó adelante una repudiable represión que incluyó detenidos (entre ellos legisladores y funcionarios). La interna en la coalición opositora y el cambio general del escenario político a partir del giro en el Frente de Todos, está “halconizando” a las distintas fracciones del PRO.

Massanomics

Mola y Luciani también lograron interrumpir a Cristina Kirchner cuando se estaba equivocando a bordo de su último experimento político. Cuando iba entregando una a una las banderas que siempre dijo defender de la mano del empoderado Sergio Massa que —junto a su flamante “mano derecha”, Gabriel Rubinstein— encaraba el ajuste fiscal más agresivo que se haya conocido hasta ahora (tarifazos y recortes del presupuesto en áreas como Salud, Educación y hasta en los créditos para las Pymes). Martín Guzmán quedó como un tibio gradualista frente al nuevo tijeretazo. Junto con la enérgica suba de tasas de interés y los “regímenes especiales” para la patria sojera, petrolera o minera configuran el cuadro de las massanomics a la medida de las demandas del Fondo Monetario Internacional.

Pese a esta hoja de ruta de alumno muy aplicado, Massa padece las mismas contradicciones que sus antecesores: considera que su ajuste es necesario, pero nunca es suficiente y aparece el síndrome de la sábana corta. Todo el mundo asegura que hay que ajustar, pero también que “el ajuste es el otro”: la Liga de los Gobernadores pide que no disminuyan sus partidas, lo empresarios del transporte exigen subsidios, los sojeros demandan concesiones, los aparatos sindicales que no recorten los fondos para los obras sociales, y así.

Todo mientras el famoso “ordenamiento de la macro” no ha tenido lugar. El último informe de la consultora PxQ que dirige Emmanuel Álvarez Agis asegura que en lo inmediato, las medidas anunciadas por Massa tuvieron como consecuencia una mejora en el margen de las expectativas que se vio reflejada en “una caída del riesgo país, reducción de la brecha cambiaria desde 160% a 120% y normalización del mercado de deuda en moneda local. Sin embargo, la falta de resultados en el frente externo genera que toda la estrategia esté en duda. En la medida en que los anuncios no se materialicen en un aumento de las reservas internacionales no se van a disipar las expectativas de devaluación”. Además, los pagos de importaciones ponen en duda la continuidad de la recuperación económica, le ponen un piso a la brecha cambiaria y mucha presión a los precios domésticos. Ante el principal problema que tiene la economía (la inflación), el informe considera que: “El Gobierno busca evitar un salto discreto del tipo de cambio oficial porque con una inflación mensual en la zona de 7% hay riesgos de una espiralización. Sin embargo, dentro de las políticas anunciadas no se incluyeron medidas concretas para atacar la reciente aceleración de la inflación. Al contrario, tras el 7,4% mensual registrado en julio, en las primeras semanas de agosto se observaron aumentos en regulados (GNC, transporte público, medicina prepaga, gas envasado y naftas). A su vez se registraron subas en el marco de precios cuidados. La quita de subsidios empezará a impactar en las facturas en septiembre. Además, hay presión desde las centrales de trabajadores para reabrir paritarias.”

En el contexto de esta precaria situación económica, el escándalo del juicio revitalizó la “grieta” en el terreno político. Cortó con tanta dulzura en ese clima de unidad nacional que se reflejaba en el furor por el “extremo centro” que invadía a casi todo el Círculo Rojo. Tan entusiasmados estaban que Marc Stanley, el embajador de EEUU en Argentina, se animó a exigir públicamente aquí y ahora la tan ansiada amplia coalición en su discurso en la reunión del Consejo de las Américas en el lujoso Hotel Alvear. Un Moncloa exprés y a la carta para imponer el ajuste.

Las acusaciones cruzadas por corrupción y el bochinche callejero inquietaron también al establishment que —una vez más— se vio salpicado por las declaraciones en las que aparecieron nombres emblemáticos de la “patria contratista” que prefieren el anonimato. Además, preocupa la dilución de “efecto Massa” devorado por una grieta que meta ruido en el clima de negocios.

Tiempo pasado

Finalmente, la revitalización política de Cristina Kirchner puede conducir a una autopercepción equivocada. Poca atención se prestó a los tiempos verbales en la reivindicación de su itinerario: «Si volviera a nacer veinte veces, veinte veces haría lo mismo», agitó la vicepresidenta. No dijo que lo estaba haciendo como parte del Gobierno que integra ni prometió que lo hará en el futuro. Mira el presente con ojos de espanto porque el experimento actual es la deconstrucción de su relato histórico. Un desarme pieza por pieza de lo que considera su obra. Por lo tanto, la batalla contra el Poder Judicial parcial, políticamente contiene una épica de la nostalgia. Una epopeya de reivindicación del pasado, una melancolía impotente por los tiempos idos. Precisamente, cuando la Argentina está hambrienta de muchas cosas, pero sobre todo de futuro.

En este contexto, el éxito táctico —unidad del peronismo incluida y movilización militante del “pueblo kirchnerista”—, también puede contener un declive estratégico. El respaldo para el combate contra sus enemigos judiciales tiene el costo de la capitulación definitiva ante sus adversarios económicos. El agotamiento de la “dirección moral” del kirchnerismo —que tuvo como fundamento el rescate de la cuestión social— es el trasfondo de las operaciones judiciales. Porque el show judicial está en la agenda y en los medios, pero el ajuste está en las cosas. El “resistiendo con ajuste” es una contradicción en los términos. Los teóricos del lawfare siempre dijeron que el objetivo no eran las personas, sino la intención deliberada de condicionar el proceso político e imponer el programa económico. Desde ese punto de vista, el lawfare ya ganó. El disciplinamiento está relativamente logrado con un gobierno que asume el ajuste como único horizonte de lo posible.

Cuando el debate nacional se reduce a distintas estrategias de contención de la disolución social a cualquier costo, esto es indicativo de una metamorfosis en la política misma que la conduce a su negación. En esas condiciones, el debate público deriva en sórdidas e interminables crónicas judiciales.

CC