El escritor Javier Gómez Santander, que fue jefe de guionistas y coproductor ejecutivo de la exitosa serie española La casa de papel acaba de lanzar el podcast Relojeros, los ladrones del lujo, una serie realizada a partir de una investigación periodística internacional. En cada capítulo de los seis que integran la saga se presentan historias vinculadas a bandas que se dedican con gran sofisticación a robar relojes de lujo, una modalidad delictiva en auge en las grandes ciudades del mundo.

“Javier Gómez Santander regresa a una historia de robos, pero esta vez periodística, en la que hablan de cómo trabajan y cómo son sus vidas los mejores ladrones del mundo. Junto al periodista argentino Nahuel Gallotta, Gómez Santander ha viajado por Colombia, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia y España para escuchar las vidas de asaltantes especialistas en el robo de relojes de alta gama. El resultado es la primera investigación periodística internacional sobre estas bandas: se descubre cómo funcionan, cómo son las escuelas de ladrones, qué los motiva a seguir robando cuando no tienen necesidades económicas y las rutas de estos relojes, que en el 90 por ciento de los casos se venden a miles de kilómetros de donde fueron robados”, adelantó La Pegaso Entretenimiento, la productora del escritor, en un comunicado.

Con una mirada puesta en los mecanismos pero también en los curiosos personajes que integran estos grupos de delincuentes, Relojeros, los ladrones del lujo tiene seis episodios de alrededor de 20 minutos cada uno, que ya están disponibles en las principales plataformas de podcast.

El podcast recorre el mundo en un viaje que va de los barrios más conflictivos de América Latina a los restaurantes más caros de Madrid o Ibiza, de las calles sin asfaltar donde se forman los ladrones hasta las casas de reventa de Abu Dabi o Miami donde se ofrecen Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega y todo tipo de relojes robados.

Una de las curiosidades de la producción es que cuenta con testimonios de David Bolton, presentado en la serie como “el único detective privado de relojes robados del mundo y residente de Miami, uno de los grandes destinos de estas joyas”.

Según informaron los productores del ciclo, los grupos de “relojeros” suelen estar compuestos por tres integrantes: el piloto, el bajador y el marcador. “El marcador es el líder, el cerebro, ha estado años estudiando relojes, porque el reloj tiene una particularidad, se muestra un segundo y se esconde”, afirma uno de los entrevistados.

Muchas veces, se trata de una mujer marcadora. “Yo he sacado relojes mientras los tipos se me hacían los gatos; cuanto más me miraban el escote, más relojes sacaba yo”, dice en uno de los episodios La Señora, una de las ladronas de este rubro más célebres quien, después de una vida dedicada al robo como miembro de una de las bandas de “relojeros” más activas de Buenos Aires, en la actualidad es una abuela con buen pasar.

Según cuenta en la serie, después de tantos años en esta actividad delictiva hizo mucho dinero, pudo poner negocios, pagar su casa, su camioneta, una moto, pero seguía robando. “Yo no podía parar. Me sentía bien robando. Era orgullo. Yo no soy la mujer de un chorro, yo no le digo a nadie que vaya a robar para darme. Voy yo, me muevo la rama yo”, dijo ante los micrófonos de Relojeros.

La serie también reconstruye, con testimonios exclusivos, la historia de la llamada “Banda de los trajes”, una de las más exitosas del rubro, que supo expandirse de Argentina hacia Europa.

“Durante los seis capítulos de Relojeros conoceremos historias de ladrones chilenos y colombianos que viajan por todo el mundo en busca de entrar a las mansiones de los coleccionistas de relojes. También, cómo trabajan los policías y cómo han llevado a cabo algunas de sus grandes detenciones, como la llamada Operación Marenostrum, que terminó con la detención de la banda de relojeros especializada en millonarios que le había robado relojes y joyas al futbolista Marco Verratti, un botín valorado en más de tres millones de euros que se recuperó en tiempo récord”, afirmaron los productores del ciclo.

Según afirman los productores de Relojeros, el robo de relojes de alta gama es uno de los tipos de robo que más ha crecido después de la pandemia. “¿Por qué? Hay más relojes en la calle. Se han puesto de moda y no es difícil cruzarse con gente que lleva más de 10.000 euros en la muñeca. Esto hace que haya mucho mercado para la segunda mano, donde nadie pregunta si la mercancía es robada. Sucede otra cosa: es el mejor robo que se puede hacer por la calle. Ya nadie lleva efectivo. Los teléfonos móviles se geolocalizan y no se pagan bien. Lo mismo sucede con los coches. Pero el reloj es una mercancía de alta demanda que entra en el mercado de segunda mano sin levantar sospechas y sin que nadie pregunte”, aseguran. 

Según The Watch Register, la empresa de Londres que colabora con Interpol y registra cada robo denunciado por sus víctimas, solo en 2022 se robaron 6815 relojes. El total de relojes denunciados supera los 80 mil, cuyo valor sería de unos 1190 millones de euros. De ese total, el 44 por ciento son Rolex. 

AL/DTC

Debajo de la espuma que generó su preocupación explícita sobre la estación aeroespacial de China en Neuquén y la inversión del gigante asiático en la construcción de un puerto multipropósito en Tierra del Fuego, la generala Laura Richardson aprovechó su visita en Buenos Aires para interiorizarse sobre un tema aún más sensible para la gestión libertaria: la reforma legislativa que impulsa el Gobierno para habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior en el marco de su llamada “lucha contra el narcoterrorismo”.

El timing de la jefa del Comando Sur en conocer detalles sobre la polémica reforma a la ley de Seguridad Interior no es casual, ya que la Casa Rosada está terminando de escribir el proyecto legislativo que anunciaron hace ya más de dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri. No por nada todavía esa iniciativa no fue girada al Congreso, específicamente a las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa de Diputados, ámbitos en los que deberá ser tratada y discutida como primera instancia. 

La máxima autoridad militar de Estados Unidos para Latinoamérica buscó aproximarse al paquete de leyes que involucra a las Fuerzas Armadas locales el miércoles, durante sus primeras reuniones con funcionarios nacionales, supo elDiarioAR. Anteayer, luego de haber arribado al país el lunes a la noche, se encontró con Petri, con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori, y hasta con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Julián Isaac.

Anoche Richardson se vio con el presidente Javier Milei en una llamativa bilateral en Ushuaia, adonde el Presidente no viajó a inicios de la semana para encabezar las conmemoraciones por el Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas. Ese encuentro en el el extremo sur del país ocurrió casi en paralelo a que la ministra Bullrich tuviera en Capital Federal, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, una nueva reunión del Comité de Crisis de Rosario. En ese comité actúan las fuerzas federales pero también hay asistencia logística de las Fuerzas Armadas. 

El tema Rosario es trascendental para entender el alineamiento de la Casa Rosada con la Casa Blanca. El Gobierno quiere darle más prerrogativa a los militares para que puedan realizar tareas de patrullaje en la ciudad santafesina azotada por el narco, una de las preocupaciones que la generala Richardson suele manifestar en sus giras por el continente. Rosario tiene toda la atención de Estados Unidos porque su puerto es clave para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una verdadera autopista fluvial tanto de las exportaciones de soja como del tráfico de drogas. 

En ese sentido es un dato que en las tareas de dragado de la hidrovía trabajan ingenieros norteamericanos contratados por el Pentágono. Están en funciones técnicas allí desde la gestión de Alberto Fernández. Otro hecho sugestivo es que en Paraguay existe una base militar de EEUU con cierto control sobre la llamada “Triple Frontera”.

Rosario tiene toda la atención de Estados Unidos porque su puerto es clave para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una verdadera autopista fluvial tanto de las exportaciones de soja como del tráfico de drogas

La generala Richardson habló con el Gobierno sobre “la reforma de la ley de Defensa”, apuntó una fuente extraoficial a elDiarioAR. En las conversaciones, la militar norteamericana planteó su “cooperación en las reformas”. “Hay un alineamiento en la defensa internacional. Seguridad tiene mucho para hacer en el combate contra el terrorismo”, agregó un vocero consultado al respecto. No trascendió que la jefa del Comando Sur se haya reunido con Bullrich en las últimas horas. 

La ministra sí anunció en la noche del jueves que viajará a EEUU el sábado próximo para tener encuentros con funcionarios del FBI y de Homeland Security, nombre que lleva la cartera de seguridad de aquel país. Además, la ministra asumirá al frente de una comisión especial sobre delitos complejos y supranacionales en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El lunes pasado el embajador de Estados Unidos Marc Stanley admitió en diálogo con el diario La Nación que una de las preocupaciones de la generala Richardson eson “las amenazas del terrorismo” y reveló haber tenido conversaciones “muy serias” al respecto con Bullrich y la canciller Diana Mondino.

El diplomático dijo además que la Argentina “está en contacto nuevamente” con la Guardia Nacional de Georgia, una fuerza de reserva norteamericana que tiene más 400.000 miembros. Dicha cooperación militar data de la administración de Mauricio Macri, cuando también Bullrich fue ministra de Seguridad: se firmó en diciembre de 2016 para permitir que oficiales argentinos viajen a recibir entrenamiento. El mileísmo la reflotaría ahora.

El control político civil de las Fuerzas Armadas y su prohibición de que intervengan en asuntos políticos internos tras la última dictadura está contemplado no sólo en la Ley 24.059 de Seguridad Interior –principalmente el artículo 27–, sancionada en 1991, sino también en la Ley de Defensa Nacional de 1988 y de Inteligencia Nacional de 2001, así como el decreto reglamentario 727/06. Esos pilares buscan modificar Bullrich y Petri. Su reforma contempla otros proyectos como una ley “antimafias” basada en normas similares de EEUU, Italia y El Salvador; el establecimiento de un registro de ADN para los delincuentes, la baja de la edad de imputabiliad, la figura de la reiterancia y la legalización de la doctrina Chobocar.

La reforma a la ley de Seguridad Interior no solo ya fue criticada por organismos de derechos humanos, sino que recogió un rechazo particular de Victoria Villarruel. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado semanas atrás. Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura. Tampoco transcendió que la vice se haya reunido con Richardson, que sí se encontró con Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara alta en 2022.

Bullrich recogió en su momento el guante de Villarruel y dijo estar abierta al debate. De hecho tuvo reuninoes con los bloques del PRO y la UCR. Ayer incluso fue más allá y planteó estar dispuesta a convocar hasta al kirchnerismo. “Estamos en un proceso de conmoción social”, dijo anoche en la conferencia de prensa junto a Pullaro para justificar las leyes de mano dura que busca que apruebe el Congreso. Adelantó que las iniciativas están a disposición de Milei para su envío inmediato a Diputados, en simultáneo con la nueva versión de la ley Bases. “Las Fuerzas Armadas solo van a poder actuar en caso de terrorismo”, aseveró Bullrich como garantía de la iniciativa parlamentaria libertaria.

En la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, que preside el macrista Alejandro Bongiovanni (PRO-Santa Fe) afirmaron a elDiarioAR que “aún no llegó nada del paquete de reformas”. Tampoco conocen la letra chica en la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, ventanilla donde las leyes bullrichistas deberán ser discutidas si logran la media sanción de Diputados. Esa comisión se constituyo ayer presidida por Carolina Losada, senadora de la UCR por Santa Fe y quien durante las elecciones provinciales del año pasado fue precandidata a la gobernación con apoyo explícito de Bullrich. Los textos definitivos de la reforma en defensa y seguridad se conocerían recién la semana próxima, ya cuando la generala Richardson haya dejado la Argentina.

MC/JJD

El anuncio de Patricia Bullrich y Luis Petri de que el Gobierno impulsará una reforma legislativa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en operativos de seguridad interior encendió las alarmas sobre el rol de los militares bajo la gestión de Javier Milei. Con posturas muy disímiles, desde organismos de derechos humanos hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionaron la iniciativa oficial.

Los ministros instalaron el tema la misma jornada en que la agrupación H.I.J.O.S denunció que una militante fue abusada y violentada en su domicilio, y que en su casa dejaron como insignia la firma libertaria “VLLC”. Todo a solo tres días de una nueva conmemoración del 24 de marzo, cuando se espera una masiva marcha a Plaza de Mayo en repudio a la dictadura, mientras la Casa Rosada tiene en agenda emitir un spot sobre su propia visión del Día de la Memoria.

Bullrich y Petri justificaron la actuación de las FFAA a partir de la grave crisis que atraviesa la ciudad de Rosario por la violencia de las bancas narcos. Por eso el mote de “terrorismo”. Pero los cambios a la Ley de Seguridad Interior que plantea el Gobierno libraría el accionar de los militares en todo el país, cuando hoy están abocadas exclusivamente al control de las fronteras.

Aunque la letra chica de la reforma que plantea el oficialismo se conocería recién la semana próxima, supo este medio de fuentes allegadas a Bullrich, el corazón de la iniciativa será la modificación del artículo 27 de la Ley 24.059, más conocida como Ley de Seguridad Interior, sancionada en 1991. En ese apartado se explicita que el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea sólo pueden asistir logísticamente a situaciones internas a pedido de un comité de crisis, pero no realizar tareas de patrullaje, control de personas o detenciones. Es lo que sucede actualmente en Rosario, donde se conformó una instancia de emergencia que encabezan el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Bullrich y Petri. Seguridad envió agentes federales, mientras Defensa proveyó vehículos y, esta semana, helicópteros.

“En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”, reza el artículo 27 mencionado.

Además de la Ley de Seguridad Interior, el control político civil de las FFAA y su prohibición de que intervengan en asuntos políticos internos tras la dictadura está contemplado en otras normas, como son la Ley de Defensa Nacional de 1988 y de Inteligencia Nacional de 2001, así como el decreto reglamentario 727/06. “A nuestras Fuerzas Armadas se las ha perseguido y demonizado por un sesgo ideológico. No se las utilizó como corresponde”, afirmó ayer Petri, a lo que Bullrich agregó: “Las Fuerzas Armadas han sido también las fuerzas armadas de la libertad del país”.

Ayer el oficialismo avanzó en lo que será el derrotero parlamentario de su iniciativa al constituir en Diputados las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior. Los libertarios, que son minoría en la Cámara baja, le concedieron a sus aliados encabezar esos dos cuerpos de trabajo. Defensa será presidida por Ricardo López Murphy, que forma parte de Hacemos Coalición Federal, el heterogéneo bloque que conduce Miguel Pichetto. Y Seguridad Interior lo encabezará Alejandro Bongiovanni, del PRO.

En la reunión de la comisión de Seguridad Interior hubo un repudio generalizado entre todas las bancadas al ataque a la militante de H.I.J.O.S. De hecho, a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la UCR hasta se plegó el diputado de LLA Álvaro Martínez. Pese al consenso verbal, no hubo acuerdo para emitir una declaración por escrito conjunta, como propuso el peronismo. Se negaron los libertarios y el PRO. El cuerpo de trabajo se volvería a reunir el miércoles de la semana que viene, con esta iniciativa en agenda.

Los cambios y críticas al proyecto

De acuerdo a lo que sostuvo este jueves en conferencia de prensa el ministro de Defensa, la modificación a la ley vigente busca habilitar a las FFAA a partir de considerar la violencia del narcotráfico como “actos de terrorismo”. Según dijo Petri, la intención es que los militares puedan “realizar tareas de seguridad interior como patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez o fiscal”.

Además, también el Gobierno quiere que se les permita usar “medios coercitivos” en base a las mismas normas de las fuerzas de seguridad: “Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza”, agregó Petri. El titular de Defensa confirmó que, en estos casos en los que las FF.AA. utilicen la fuerza de forma justificada, “sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en el uso del poder”. Finalmente, el funcionario agregó que serán capacitadas para actuar de esta forma en busca de cuidar a la sociedad civil de forma interna y prevenir delitos y tragedias.

La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas (...) abre la puerta a escenarios de mayor violencia

CELS

La propuesta oficialista generó rechazo en organizaciones especialistas en la materia. “La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales, y en cambio abre la puerta a escenarios de mayor violencia”, denunciaron ante elDiarioAR desde el CELS. “El Gobierno presenta este problema como lucha contra el terrorismo pero en la práctica, en Rosario, es una intervención contra el crimen organizado, es decir, un problema de seguridad interior para el que las FFAA no están preparadas. Este anuncio termina siendo una coartada para no mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la investigación judicial”, agregó la organización a través de un comunicado.

“¡Paren de reprimir!”, exigió desde las redes sociales la Correpi, que calificó que las medidas anunciadas oficialmente están “prohibidas por la legislación interna y los convenios internacionales que la Argentina se comprometió a respetar”. La organización consideró que el Gobierno lleva adelante una “avanzada represiva sin parangón desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica”.

La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho

Victoria Villarruel

Inesperadamente, y con argumentos totalmente opuestos a los de los organismos de derechos humanos, por la noche la que le bajó el pulgar a la iniciativa de Petri y Bullrich fue de Villarruel, quien dio una explosiva entrevista al canal TN. Luego de admitir que tuvo ceder ante la decisión de Milei cuando asumió el gobierno de no dejarle a su cargo las áreas de Seguridad y Defensa, la vice arremetió: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado.

Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura. “Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo o terrorismo o crimen organizado o cualquiera de las nuevas amenazas, van a tener el respaldo del Estado en la orden que se les está impartiendo”, afirmó, para luego concluir con una polémica defensa a los jefes militares de la represión: “Un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados y hoy, por ejemplo, tenés gente que está pagando penas de prisión más gravosas que las que pagó en su momento [los dictadores Jorge Rafael] Videla o [Emilio] Massera”.

MC/JJD

Rosario empezó esta semana totalmente paralizada por voluntad del crimen organizado, como nunca antes. El domingo a la noche, tras los violentos crímenes de los últimos días, con sello narco, se había convocado a una protesta en el Monumento a la Bandera, a la que fue muy poca gente porque la mayoría no se anima a salir a la calle. No hay transporte público, no hay taxis, no se puede cargar nafta. Y al menos este lunes no hubo clases porque los docentes decidieron que no se debe mandar a los chicos al colegio por la situación permanente de riesgo de vida. No hay atención en los centros de salud. “Es como estar en pandemia”.

La descripción es de Germán de los Santos, periodista especializado en delito y mafias, autor del libro Los Monos y corresponsal en Rosario del diario La Nación. En una conversación con los periodistas Juan José Domínguez, Hernán Cappiello y Ariel Cohen en Gambito de Datos (Radio Con Vos), analizó la dura situación de una de las principales ciudades del país frente a la violencia asociada al tráfico de drogas, sostuvo que la causa de la ola de violencia de los últimos día fueron ciertas acciones de endurecimiento del gobierno del radical Maximiliano Pullaro y subrayó que esa ola es producto de un trabajo mancomunado de las organizaciones.

—Últimamente, ¿hubo mayor presencia de fuerzas federales en las calles?

—No, todavía no llegó nada, y van a tardar los gendarmes en llegar a Rosario. La ministra de Seguridad [Patricia Bullrich] y el ministro de Defensa [Luis Petri] hasta ahora han hecho actos para mostrar gendarmes pero no para que realicen tareas operativas. De hecho, hay menos gendarmes que el año pasado. Y, sobre todo, hay un problema estructural en la Gendarmería: no tienen móviles. Hasta la semana pasada había acá 11 patrulleros de gendarmería. Incluso la Provincia de Santa Fe le prestó autos a la Gendarmería. Esto, además, admitido por la propia ministra, que no tienen autos. Por eso, esta participación de las Fuerzas Federales es en la cesión y el apoyo de vehículos, porque estamos hablando de que la principal fuerza federal de la Argentina no tiene patrulleros.

—Germán, recordemos que hasta ahora se han contabilizado en esta última oleada de ataques contra la población civil, la muerte de dos choferes de taxis, la muerte de un chofer de colectivos y el asesinato a mansalva de un playero de una estación de servicio.

—Claro, con cosas muy llamativas en el medio: en los casos de los dos taxistas que asesinan el martes y el miércoles se usó la misma pistola. Las balas fueron compradas por la Policía de Santa Fe, tenían una inscripción de la Policía de Santa Fe, con lo cual, eso es muy llamativo. La investigación no llegó a una hipótesis muy depurada. Hay unos 20 detenidos en las en las últimas horas pero llama mucho la atención.

—¿Esas detenciones son para ser número o está ahí alguien responsable verdaderamente?

—Bueno, esa es lo que ahora la Justicia tiene que depurar: de todas esas personas detenidas, quiénes habrían tenido una participación real en esto. La Justicia, cuando actúa con estos espasmos, muchas veces hacen detenciones así, sin mucho, sin mucha precisión. Pero llama mucho la atención esto y también cómo lo matan al colectivero: un joven para el colectivo, se sube y automáticamente le dispara a la cabeza.

—De locos...

—O sea, sube a matar al colectivero. Como el sábado en en la estación de servicio: un sicario que entra a una pequeña oficina de la estación de servicio y lo ejecuta a un joven de 25 años de forma bestial. Son asesinatos que no tenían otro móvil que el de generar pánico y terror.

—Los narcos, en mensajes que han dejado después de estos crímenes, dicen que esto es contra el gobernador, el ministro de seguridad, pero en reclamo de qué, de mejores condiciones de detención...

—Ni bien asumió, Maximiliano Pullaro hizo toda una reestructuración entre los presos de alto perfil en la cárcel de Piñero, que es la principal penitenciaría de Rosario, y ahí se restringieron las visitas, del uso de teléfonos celulares, se hacen requisas muy exhaustivas, y esto generó respuestas en la calle que empezaron con amenazas al gobernador, algunos ataques a un hospital, a un banco, a una escuela, pero después esto fue subiendo de tono. Y el detonante fue una requisa que se hizo el sábado pasado en la cárcel de Piñero, muy fuerte, que incluso se filmó; fueron esas imágenes que publicaron muchos medios de comunicación con esa estética de lo de Bukele en las cárceles. Y automáticamente empezaron estos crímenes. En esos carteles que se dejaron hablan de humillación y ahí hay un dato ahí muy importante: se habla de una unión de bandas de narcos.

—¿Es para creerle a esos mensajes, que hay esta alianza entre las organizaciones de narcos? Porque hasta ahora se mataban entre ellos. Competían.

—En el gobierno estaban manejando desde antes esta hipótesis porque estaban sospechando, incluso, sobre participaciones de distintas bandas en hechos que tienen, todos, la misma relación. Entonces se analizó que están actuando de forma mancomunada. Posiblemente se sigan matando, pero en esto están todos juntos.

—¿Qué solución le ves vos a esto? ¿Pasa por generar una mayor intervención sobre las organizaciones? ¿Despenalizar el consumo de estupefacientes? ¿Por dónde va la cosa, si tuvieses vos que ensayar velozmente alguna solución?

—Yo soy periodista, cuento. Si no, me propondría para otra cosa. Pero lo que veo es que el fracaso es recurrente y que pasan los distintos gobiernos y las estrategias son las mismas, que es enviar gendarmes a Rosario, que mayormente lo que hacen son controles vehiculares, patrullajes en algunos barrios. En algún momento baja un poco la violencia y después vuelve a activarse todo, porque la raíz nunca termina de afectarse. Y hoy el problema está en las cárceles, que eso es un fenómeno también nuevo en la Argentina, que hasta ahora el Estado, cuando investigaba, condenaba a una persona porque había cometido un delito y se desligaba porque iba a la cárcel. Ahora empieza otro problema en los penales, que es que los presos se organizaron y esto pasa en otros países también.

JJD

El domingo, Rosario amaneció desolada. Tras cuatro muertes de inocentes en una semana a manos de bandas narco, sus habitantes tienen un justificado terror a salir a las calles. El silencio dominical rosarino es la otra cara del ruido ensordecedor del pedido de su ciudadanía a la política: “Que alguien haga algo; así, ya no podemos ni salir de casa”. La forma en que los gobernantes, tanto nacionales como provinciales, encaren estos reclamos determinará el futuro de la amenaza narco.

Por ahora, el Gobierno nacional tomó el camino del populismo penal. En criminología, el populismo penal es caracterizado como la adopción de respuestas emocionales, en lugar de técnicas, ante el delito. A diferencia del populismo en general, que puede ser tanto de derecha como de izquierda, el populismo penal siempre es de derecha, porque la reacción emocional que propone es la de la mano dura. Patricia Bullrich recayó en su muletilla de “guerra sin cuartel” y prometió duplicación de penas y la aplicación de sanciones a personas por “participar de la banda” que no se entiende cómo funcionarían. Javier Milei, por su parte, habló de “ellos contra nosotros”. La semana pasada, el Gobierno provincial también había optado por el populismo penal al difundir imágenes bukelianas de las cárceles santafesinas y explicar que los narcotraficantes la iban a pasar cada vez peor.

El populismo penal puede servir para fines políticos a corto plazo, pero no va a resolver el problema del narcotráfico: lo va a empeorar y, de yapa, va a generar problemas paralelos. La retórica de la guerra contra las drogas tiene su antecedente más conocido en la campaña que llevó a Nixon a la presidencia en 1968. Una vez en el poder, Nixon aumentó penas, desplegó fuerzas de seguridad y bajó estándares probatorios para condenar gente. El resultado, cuarenta y cinco años después, es una multiplicación de la población carcelaria norteamericana del 500%, que convierte a Estados Unidos en el país occidental con más presos cada 100.000 habitantes. Estos presos son, en su mayoría, pertenecientes a minorías y a clases desaventajadas económicamente (hay 4.8 afroamericanos presos por cada persona blanca presa). El delito, mientras tanto, continuó su crecimiento. La retórica y las técnicas de la guerra contra las drogas luego se extendieron a todo tipo de delitos, lo que exacerba la utilización de la prisión como método de exclusión social, y no como resolución de problemas. Esta dinámica, además de crear un complejo carcelario cada vez más caro, retroalimenta la delincuencia: quienes son encarcelados por ofensas menores, luego son incapaces de reinsertarse en la sociedad. 

La retórica de la guerra contra las drogas tiene antecedente en la campaña de Nixon de 1968. Aumentó penas, desplegó fuerzas de seguridad y bajó estándares probatorios para condenas. El resultado, 45 años después: se multiplicó 500% la población carcelaria

La contracara de la expansión del Estado represivo suele ser el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que es precisamente lo que está sucediendo en Argentina. La criminología comparada revela que los países con mayor contención social y mayor igualdad de oportunidades son los que mejor controlan el delito. Suecia, Noruega o Japón tienen tasas de encarcelamiento hasta veinte veces menores que países que desmantelaron su estructura de contención social estatal, como Estados Unidos, Inglaterra y Gales o Nueva Zelanda. En el caso de Rosario, el recorte del Estado Nacional al Estado Provincial posiblemente genere un aumento de la cantidad de personas cuya vulnerabilidad las lleve optar por el delito como vía de ganarse su sustento. Al mismo tiempo, situaciones como la desfinanciación de comedores generan vacíos que pueden ser ocupados por el narcotráfico, que puede brindar contención social como modo de legitimación popular. La experiencia de Pablo Escobar en Medellín es una muestra de esa realidad.

Con todo esto no pretendo decir que no sean necesarias la presencia policial ni la severidad penal para combatir al narcotráfico. Por mucho tiempo, la izquierda recayó en visiones ingenuas que planteaban a la cárcel y al derecho penal como mecanismos de disciplinamiento que había que abolir en nombre del pueblo. Pero estas posturas venían desde universidades y profesores de élite, sin contacto con las realidades urbanas. Los estudios disponibles reflejan que los lugares más azotados por el crimen suelen ser los barrios carenciados, y que sus habitantes reclaman, y con razón, presencia policial y castigo a los delincuentes.

El desafío es cómo compatibilizar el despliegue de mecanismos de seguridad con otro tipo de políticas y enfoques, para poder erradicar el narcotráfico. En Medellín, por ejemplo, parte de la solución consistió en incluir a los barrios carenciados en la ciudad, a través de programas de asfaltado e iluminación de las calles, de construcción de edificios públicos en esos barrios y de inclusión a través de transporte público. Otra vía a explorar es la legalización de ciertas sustancias. En Holanda, la legalización de la marihuana fue una vía para desincentivar el consumo de otras sustancias más peligrosas. Hoy, Holanda tiene un promedio de consumo de drogas menor a la media europea, y el narcotráfico, con legalización, pierde su razón de ser. Estas son sólo algunas muestras de que hay otros caminos que el ya gastado y sistemáticamente fracasado del populismo penal.

Otra vía a explorar es la legalización de ciertas sustancias. En Holanda, la legalización de la marihuana fue una vía para desincentivar el consumo de otras sustancias más peligrosas. Hoy tiene un promedio de consumo de drogas menor a la media europea

Si el gobierno quiere, realmente, terminar con el narcotráfico, tiene que plantearse alternativas serias, con sustento científico, y no para la tribuna. Además, debe frenar con el señalamiento a otras fuerzas políticas como responsables del narcotráfico, porque un problema de esta índole requiere de un trabajo mancomunado tanto de las distintas fuerzas políticas como de los distintos niveles estatales. Por ahora, también en este tema, las medidas de LLA parecen apuntar más a Twitter que a mejorar la vida de los rosarinos.

MA/JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó al Comité de Crisis por los aumentos de casos de delitos terminados en homicidio y la violencia que sufre la ciudad santafesina de Rosario, como consecuencia de la penetración del narcotráfico.

En una resolución publicada este viernes se indica que la funcionaria y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su carácter de copresidentes del Comité de Crisis, le solicitarán al ministro deDefensa, Luis Petri, “el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad de Rosario”.

El Comité de Crisis, de acuerdo con la Resolución 127/2024, “será presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido” por Pullaro, “y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich y Pullaro, dice la disposición oficial, “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. “El Comité de Crisis funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse por decisión de los copresidentes”, se agrega.

En los consideración de la resolución se subraya que “en los últimos días se han producido en la ciudad de Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

El jueves, en efecto, un chofer de la línea K de trolebuses de Rosario fue baleado en la cabeza por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor se fue internado y se encontraba en grave estado. Frente a este caso de inseguridad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado.

Este hecho se produjo horas después de que mataran a dos taxistas en Rosario. La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino.

Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon.

El corresponsal del diario La Nación en Rosario, Germán de los Santos, especializado en temas de narcotráfico, marcó un dato relevante: ambos ataques se cometieron con sello mafioso y usando balas de la policía.

JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la ciudad que desde hace unos años es infelizmente asociada al crimen y al narcotráfico, más que a sus atractivos: Rosario. Allí se mostró con el gobernador y la vicegobernadora de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y Gisela Scaglia (PRO), y con el intendente Pablo Javkin (Creo Rosario). Con ellos presentó un programa oficial contra el delito al que se denominó Plan Bandera.

Durante el anuncio oficial, que se realizó en el Monumento a la Bandera, Bullrich subrayó que la actual gestión de gobierno actuará “con mucho más énfasis, mucha más decisión, mucha más operatividad para lograr que Rosario sea una ciudad liberada de esta nueva policriminalidad que tenemos hoy en esta ciudad y en las ciudades de alrededor, que se va expandiendo a partir de la laxitud que ha habido durante estos años”.

“Lamentablemente, estos años nos han dejado un sabor amargo por el hecho de haber dejado a los ciudadanos menos libres en las ciudades como Rosario, donde directamente el Estado ha perdido la soberanía sobre parte de la ciudad, no por la tarea del intendente (Javkin), que ha sido permanente, que ha pedido, que ha gritado, que ha implorado que lo ayuden en lo que estaba sucediendo, sino por la mirada al costado de quienes piensan que la inseguridad o el delito o el narcotráfico no es un problema”, planteó.

La funcionaria del presidente Javier Milei dijo que “no puede haber un solo milímetro del territorio argentino donde no rijan la ley y la Constitución y los narcos, los sicarios, crean que esto es una tierra donde pueden hacer lo que quieran”. “Nosotros venimos a decirles que no, juntos venimos a decirles: acá no se hace lo que se quiere, acá sólo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz para poder vivir en libertad”, sostuvo.

Bullrich señaló que “cuidar el patrimonio y la libertad es de los temas más importantes” y destacó que “las cuatro fuerzas federales están aquí trabajando, con gobierno y con gobernador, bajo un comando que va a ser total y absolutamente operativo”.

Definiciones sobre el plan Bandera

“Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando esta tarea para que la operatividad de las fuerzas sea una operatividad con resultados concretos, sin dispersión, al lado de los que les va a tocar conducir los operativos día a día. Cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas que estén abocados al operativo Bandera van a tener la responsabilidad de estar atentos, de estar en operaciones todo momento que les toque estar haciendo la tarea que tienen que hacer. Queremos que la operatividad sea al máximo”, dijo la ministra.

Señaló, al respecto, que “los delincuentes salen a cualquier hora, en cualquier lugar, de cualquier manera, dispuestos a todo” y dijo que para eso “es importante poner en marcha los artículos de la ley de Seguridad Interior que permiten el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para hacer una logística que nos permita que el operativo sea un operativo de toda la Nación contra el delito, de toda la Nación contra la narcocriminalidad, de toda la Nación contra los asesinos, de toda la Nación contra aquellos que destruyen el futuro de los rosarinos”.

En qué consiste el plan Bandera anunciado por Patricia Bullrich, punto por punto

• Comando conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales. 

• Apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en función de lo contemplado en la ley de Seguridad Interior. 

• Programa de reducción de armas.

• Proponen cambios en la legislación penal sobre legítima defensa de efectivos de fuerzas de seguridad.  

• Perseguir la venta de precursores químicos.

• Grupo de elite de las cuatro fuerzas federales para luchar contra el narcotráfico. 

• Programa de presos de alta peligrosidad en cárceles federales. 

• Terminar de construir pronto la cárcel de Coronda.

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El clima enrarecido que se registró durante el fin de semana en algunas provincias del interior del país -donde hubo intentos de saqueo y también circularon videos viejos- se trasladó en las últimas horas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En un contexto plagado de rumores y versiones, se registraron saqueos y hechos de violencia en varios municipios del Conurbano bonaerense. Además, circularon videos y rumores sobre saqueos en las zonas comerciales de Once y Flores, Ciudad de Buenos Aires, pero hasta el momento no se confirmó ningún hecho. En la Ciudad se produjeron incidentes en el barrio 1-11-14 en la noche del lunes.

En esta nota, te contamos qué se sabe sobre las filmaciones y las noticias que circularon.

Saqueos confirmados en al menos 6 municipios del Gran Buenos Aires

Los primeros rumores del martes 23 de agosto giraron en torno a zonas comerciales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la mayor parte de los hechos vandálicos, al menos los confirmados, ocurrieron en diversos municipios del Conurbano bonaerense. Según pudo averiguar Chequeado, en base a consultas a fuentes oficiales y alternativas, se registraron saqueos y hechos de violencia en al menos 6 municipios del Gran Buenos Aires.

Tanto Aníbal Fernández (Frente de Todos), ministro de Seguridad de la Nación, como Sergio Berni, su par bonaerense, hicieron foco en lo ocurrido principalmente en 2 municipios: José C. Paz y Moreno. Ambos funcionarios confirmaron hechos de violencia en ambos distritos. Sobre José C. Paz (municipio gobernado por Mario Ishii -Frente de Todos), circularon durante la tarde del martes varios videos que daban cuenta de saqueos y violencia en un supermercado Día ubicado en la intersección de la Avenida Croacia y la calle Adolfo Alsina.

En cuanto al municipio de Moreno (gobernado por Mariel Fernández -Frente de Todos), circularon varias filmaciones. Una de ellas da cuenta de un saqueo al supermercado Derqui, ubicado en la avenida del mismo nombre, cerca del límite entre Moreno y José C. Paz. También se viralizaron imágenes de violencia en un local de la marca de indumentaria Narrow, ubicado frente a la estación de Moreno, y en el supermercado Reconquista, en el barrio Casasco, en la zona sur del municipio. Todos estos hechos, virales en redes sociales, fueron confirmados a Chequeado por el secretario de Seguridad municipal, Juan Manuel Cuicio.

Por su parte, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo (Frente de Todos), confirmó que en este partido también se registraron incidentes. El comunicado oficial del municipio habla de “5 robos a comercios” ocurridos cerca de las 19 horas y de 4 personas detenidas. En la misma línea, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (Frente de Todos), informó en su cuenta de Instagram que, “cerca de las 19.15 horas, un grupo de jóvenes intentó entrar en forma violenta al supermercado Día de Maquinista Savio”.

El Municipio de Tres de Febrero (gobernado por Diego Valenzuela -Juntos por el Cambio-) emitió un comunicado en el que informó que “se detectaron intentos de vandalismo en comercios (...) que fueron disuadidos y neutralizados por agentes de fuerzas especiales provinciales. Hay detenidos por estos hechos y ya se encuentran a disposición de la justicia”.

Durante la jornada del martes, el Municipio de Malvinas Argentinas (gobernado por el Frente de Todos) había emitido un comunicado negando la existencia de desmanes en ese territorio. En la mañana del miércoles, la intendenta Noelia Correa informó que, “luego de las 20 horas, se recibieron 2 denuncias (...) sobre episodios de robos organizados en manada”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof (Frente de Todos) habló con la prensa e informó un total de 94 detenidos en la Provincia hasta el momento.

Ciudad de Buenos Aires: incidentes en la 1-11-14 y rumores en zonas comerciales

En la noche del lunes se dieron a conocer incidentes en el barrio 1-11-14, ubicado en el denominado “Bajo Flores”, en la Ciudad de Buenos Aires (jurisdicción que gobierna Horacio Rodríguez Larreta -Juntos por el Cambio-). “Hemos tenido un hecho en la 1-11-14, con la intención de robar un local, que fue impedido por vecinos y donde la Gendarmería reaccionó con rapidez y detuvo a estas personas”, señaló el ministro Aníbal Fernández.

Ya en la jornada del martes comenzaron a circular rumores, principalmente focalizados en 2 zonas comerciales en las que abundan los comercios que dan a la calle y el trabajo de manteros: el barrio de Once y la calle Avellaneda, en el barrio de Flores. En esta línea, circularon videos que muestran locales con persianas cerradas.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se confirmó que hayan existido saqueos en estos barrios, pero sí muchos comercios cerraron sus negocios ante los rumores de saqueos. La Asociación de Comerciantes de la Avenida Avellaneda (ACOMA) informó el martes que “los informes de violencia son sólo rumores infundados” y que los comercios seguían “operando con total normalidad”.

Saqueos y robos en distintas provincias durante el fin de semana

El sábado circularon informaciones que daban cuenta de incidentes en Mendoza y Neuquén. En la ciudad mendocina de Las Heras se registraron intentos de saqueos que fueron confirmados por el ministro de Seguridad provincial, Raúl Levrino (Juntos por el Cambio).

“Alrededor de las 17 comenzaron a realizarse varios allanamientos. Como resultado del procedimiento, se detuvo a Leonardo Brian Alejandro Gil Arce, quien está siendo investigado por ‘instigación a la violencia’, luego de ser identificado como el creador del grupo de WhatsApp donde se organizaban saqueos. También hay 2 personas más que se encuentran identificadas y están siendo buscadas para su detención”, informó la provincia en un comunicado en el que detalló, además, que fueron detenidas 17 personas, entre ellas, 2 menores de edad.

En ese contexto, circuló un video de un saqueo a un supermercado que los posteos asociaban a estos hechos ocurridos en Mendoza el sábado 19 de agosto. Sin embargo, según verificó Chequeado, las imágenes viralizadas como actuales son de 2018 y corresponden a un saqueo a una sucursal de la cadena de supermercados Átomo, en la ciudad mendocina de Guaymallén.

El mismo video también fue utilizado para denunciar saqueos en Neuquén (ver acá y acá). Pese a que el video no era actual, sí es cierto que en esta provincia también se registraron incidentes en diferentes ciudades. El gobernador Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) informó que “fueron grupos minúsculos que tienen antecedentes delictivos”.

En la noche del domingo y en la madrugada del lunes, por su parte, se registraron robos y actos vandálicos en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Esto fue confirmado por el municipio que informó que fueron 15 los locales comerciales afectados.

Por último, en la noche del martes también se registraron robos en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) señaló que “hubo un grupo de personas que se manifestó en las calles de la ciudad, sobre todo en la zona de la rotonda frente a Diarco, que fue repelida por la policía alrededor de la 1.30 de este miércoles”.

Este artículo fue elaborado por Chequeado

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La muerte de Morena, de 11 años, tras ser asaltada cuando caminaba hacia su escuela, reflejó, una vez más, la falta de respuestas de la dirigencia política en materia de seguridad. Todos los partidos políticos suspendieron sus actos de cierre de campaña, a modo de duelo, pero, probablemente, también como forma de no tener que decir mucho sobre un crimen que salpica a todos. El mal manejo municipal es evidente ya en el hecho de que está en funciones un intendente interino, Diego Kravetz, debido a que el intendente electo, Néstor Grindetti, se tomó licencia para presidir un club de fútbol. La reacción de Kravetz ante el hecho consistió en señalar como responsable del delito a un chico de 14 años, pero la participación del menor fue desmentida rápidamente por la fiscal del caso. Al nivel del gobierno provincial el delito también representa un problema, dado que sucedió en jurisdicción de la policía bonaerense. En el plano nacional, está claro que el abandono de zonas carenciadas no puede escindirse de la situación económica del país. Ante la dificultad para dar explicaciones serias, lo que proliferó fueron los pedidos genéricos de justicia, fácilmente traducibles como “castigo a los responsables”.

Este tipo de reacción genérica no es una novedad. Hace tiempo que los principales partidos políticos convergen en discursos de mano dura ante los delitos más frecuentes en barrios carenciados: hurtos y robos (el garantismo penal aparece cuando hay que defender a algún empresario amigo o respaldar la violencia policial). Que la mano dura sea la respuesta, por ejemplo, del bullrichismo, no sorprende: al fin y al cabo, la suya es una plataforma expresamente de derecha. Lo que quizás sí es más llamativo es cómo dirigentes políticos con otras ideologías también se suben al tren punitivista en materia de seguridad.

La desesperación de Larreta por mostrar que su intransigencia con el delito es igual a la de Bullrich quedó clara cuando le dio el primer lugar en la lista de senadores por PBA a un candidato que defiende la pena de muerte. Otro exponente de que puede haber diversidad de enfoques en muchos temas, pero no en seguridad, es Martín Lousteau. El candidato a jefe de gobierno de la UCR se define como liberal de izquierda, pero propone una ciudad 100% vigilada por cámaras de seguridad: extraño el liberal que propone vivir monitoreado por el Estado. También en la CABA, Leandro Santoro propone mejorar la seguridad con “políticas de shock en zonas calientes”.

La derechización del discurso sobre el delito no es una excepción argentina. Hace tiempo que la criminología detectó cómo partidos en competencia comparten discursos de mano dura y cómo, en muchos casos, fue la izquierda la que llenó las cárceles. Blair y Clinton son los ejemplos clásicos. Una explicación posible de este fenómeno sería que la ciudadanía exigiera unanimemente más dureza penal: castigos más largos, más incapacitaciones, prisiones preventivas por motivos de seguridad. Sin embargo, los estudios disponibles desacreditan esa lectura. Cuando la gente participa en escenarios deliberativos en los que se le da información de calidad, suele pensar políticas públicas y leyes menos severas que las existentes. Además, cuando cuentan con la información real de una causa, las personas suelen ser menos críticas de la labor judicial que al leer los medios de comunicación. A esto se suma que la mayoría de las personas entienden que cuando alguien que delinquió tiene un valor asociacional alto (capacidad de reincorporarse a la sociedad) debe buscarse resocializarlo, y no excluirlo. Naturalmente, hay sectores que piden por soluciones de mano dura, pero nada indica que se trate de toda la población.

Otra explicación del enfoque punitivo hacia el delito por parte de la dirigencia política podría tener que ver con que, más allá de lo que piense la ciudadanía, aumentar el castigo penal funciona como respuesta al delito. Sin embargo, esto no es así. Los estudios empíricos sobre el tema reflejan que aumentar las penas no genera un impacto disuasivo relevante sobre el crimen. Además, el aumento de las tasas de prisionización que se experimentó a nivel mundial a partir de 1970 y que dejó atrás políticas de rehabilitación e inclusión no llevó a una baja del delito, sino más bien lo contrario. En este sentido, un paso por la cárcel excluye a una persona del sistema y le hace difícil reintegrarse a la sociedad al recuperar la libertad, lo que ya de por sí fomenta el delito, al tiempo que facilita la generación de vínculos criminales.

Pero si no es la presión ciudadana y ni la eficiencia de la mano dura, ¿qué fomenta la unificación del discurso político en el punitivismo penal? Una posibilidad es una mala lectura de la realidad. Esto se daría, por ejemplo, si la dirigencia política supusiera que todos pedimos más penas cuando no es así. Algo de esto puede haber, pero tiendo a pensar en que el punitivismo es consecuente con el debilitamiento del Estado, fenómeno que es evidente en la Argentina de hoy. La incapacidad del Estado para abordar muchas temáticas que en algún momento reguló con éxito es evidente. Por ejemplo, hace años que queda clara la incapacidad estatal, más allá de los gobiernos, para controlar la inflación o para redistribuir la riqueza.

En el plano educativo, la educación pública sigue siendo enorme, pero la educación privada, en todos los niveles, se ha convertido en una opción que consideran cada vez más sectores. Lo mismo sucede con la salud, donde la diferencia entre contar con una prepaga y no hacerlo es muy notoria. En este contexto, la seguridad es, quizás, el espacio en el que el Estado aun conserva un dominio más claro: a pesar de la proliferación de mecanismos de seguridad privada, como los barrios cerrados, todavía el Estado es el único que puede imponer un castigo penal y el único apto para brindar seguridad a gran escala. Solo en seguridad el Estado puede justificar con contundencia su existencia y decir “acá estoy yo y te voy a brindar un servicio que no puede brindarte otro”.

Esto, de todos modos, podría explicar por qué la seguridad suele ser un eje constante del discurso público, pero no por qué ese discurso es, a su vez, punitivo: lógicamente, podría enfocarse la seguridad desde otras miradas. Sin embargo, la explicación a la convergencia punitiva es parte del mismo problema: dar respuestas al delito alternativas a la mano dura y de probado éxito requiere una estructura estatal hoy no disponible. A nivel global, lo que más correlación tiene con la baja del delito es la inclusión económica y social: en sociedades con igualdad de oportunidades el crimen es mucho más infrecuente.

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema. En cuanto a lo que hace específicamente a la seguridad (porque delito siempre hay) lo más eficiente son sistemas que priorizan una alta detección del delito y condenas cortas dictadas con rapidez: lo que disuade no es el miedo a una pena alta, sino el miedo a que te agarren (el caso argentino refleja bien por qué: podemos subir las penas todo lo que queramos, pero es difícil disuadir cuando menos del 1% de los delitos investigados judicialmente, que, a su vez, son muchos menos que los cometidos, terminan en condena). Esto se logra con policías y jueces provistos de recursos y altamente capacitados. Pero, claro, proponer que no haya más crímenes como el de Morena bajando la inflación, redistribuyendo y creando una justicia eficiente sería casi lo mismo como decir “voy a prevenir el delito arreglando el país”. Eso no está en el menú. Lo que por ahora pueden ofrecernos es caerle a los pocos que agarremos con todo el peso posible. Con esto, tal vez todavía nos convenzamos de que el Estado nos cuida y podamos dormir tranquilos un ratito más.

La primera información que circuló tras el crimen de Morena Domínguez, la niña atacada la mañana del miércoles cuando entraba a su escuela en Lanús, fue que entre los culpables había un menor. Si bien el dato fue rectificado poco después, esa primera información imprecisa alcanzó para que volviera a escena un viejo debate sobre cómo combatir la delincuencia en las calles; si la ley penal es adecuada es necesario aplicar “mano dura”.

A solo cuatro días de las PASO nacionales y en la provincia de Buenos Aires, referentes del oficialismo y la oposición manifestaron sus opiniones, entre las que se contaron posiciones punitivistas y la clásica demanda de bajar la edad de imputabilidad, que en la Argentina es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el crimen de la nena de 11 años en Lanús es la “clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad”, y volvió a mostrarse a favor de un nuevo régimen penal juvenil entre los 14 y los 18 años.

Sostuvo que es necesario “consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades, para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y otras en las que se vive inseguro” y planteó como soluciones “las cámaras, los móviles, los botones de pánico, el sistema satelital y de prevención en las casas”.

Sobre la edad de imputabilidad, Massa aseguró que él tiene una postura “pública” que es que entre “los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil”.

A su vez, Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, señaló que desde “hace años” viene “peleando por bajar la edad de imputabilidad” desde una posición “de absoluta soledad”. “Tenemos un delito simple y los mecanismos del Estado son insuficientes”, enfatizó el funcionario de Axel Kicillof que, sin embargo, aclaró que “los dos que cometieron el delito”, en alusión al asesinato de Morena Domínguez, “son mayores [de edad] y están detenidos”.

“Nadie investiga, nadie se preocupa. Cuando sale, vuelve a robar”, dijo también Berni, quien consideró que “si el Estado pone en funcionamiento todas las herramientas que tiene para hacer cumplir las leyes se puede solucionar”, aunque señaló que “nadie lo hace” y que “ninguno de todos los candidatos lo solucionaría”.

Larreta: “Hay que sacar el famoso régimen penal juvenil”

Por la noche fue el turno de su rival, Horacio Rodríguez Larreta, quien en TN dijo que “hay que sacar el famoso régimen penal juvenil, que existe en toda América menos en la Argentina” y, también, “modificar el Código Procesal Penal, para terminar con la puerta giratoria”.

Antes, en su cuenta de Twitter, había posteado: “No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla”.

Ya este jueves, el alcalde porteño aseguró que esperaba “que caiga todo el peso de la ley sobre esos asesinos. No tenemos que resignarnos a esto, podemos vivir sin miedo. Lo digo porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema de decisión política”. Además, pidió que todos los policías tengan “su entrenamiento” y reclamó por la renovación del código procesal penal “que genera la posibilidad de la puerta giratoria”, al tiempo que pidió “avanzar en el régimen penal juvenil”. “Hay que actuar”, concluyó.

En sintonía, Diego Santilli, precandidato a la gobernación bonaerense, dijo: “Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena. Seamos muy respetuosos del dolor y le pido a la justicia que actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley”.

Bullrich: “Transformaron a la Argentina en un país invivible”

Desde Córdoba, y tras anunciar la suspensión de su acto de cierre de campaña, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich señaló que los involucrados en el crimen de Morena “es gente que tiene antecedentes, y estos antecedentes hacen que sea gente que debería estar fuera de la sociedad, pero sigue dando vueltas”. “Lo primero es que tenemos que cambiar leyes muy importantes, el Código Penal que no se terminó de cambiar, aunque lo presentamos en 2018, la imputabilidad de menores, aunque no estoy diciendo que en este caso haya un menor involucrado”, dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Bullrich dijo que “hay que tener no sólo la reincidencia, sino la reiterancia, como lo tiene Mendoza”. “La reiterancia es que cuando comete una persona su segundo delito, al reiterar ya comienzan a regir las condiciones de la condena que debe tener por ser reiterativo el delito. Y esa persona es apartada de la sociedad, y no es un peligro, como está sucediendo”, señaló.

En Twitter, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, posteó: “Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”.

Milei pidió una “reforma completa de las leyes”

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, culpó por el crimen de Morena a la “clase política que desde hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento y zaffaronismo que genera delincuentes sin ningún respeto por la vida”.

“Décadas de poner a las víctimas en el lugar de los victimarios, y a los delincuentes en el lugar de las víctimas”, dijo el economista liberal. “Por esa razón nosotros estamos proponiendo una reforma completa de las leyes de seguridad interior, defensa, inteligencia, del servicio penitenciario, todo basado en una nueva doctrina de seguridad nacional: el que las hace las paga”, planteó.

Milei llamó a “terminar con este modelo que defiende a los delincuentes y volver al único modelo que funciona: la represión del delito sin titubeos”. “Hasta que los asesinos, violadores y delincuentes no sepan que cometer un delito tiene consecuencias directas para toda su vida seguiremos viviendo bajo este flagelo que es la inseguridad”, remató.

Grabois pidió terminar con “el flagelo de la droga y la complicidad policial”

En un largo comentario en Twitter, el precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois resaltó que los autores del crimen de Morena son “dos adultos” que robaron y abandonaron herida a la niña en las cercanías de la escuela donde estudiaba.

“Como es moneda corriente en nuestros barrios populares, la zona estaba liberada por la policía que tardó 30 minutos en llegar con un patrullero local”, sostuvo el dirigente social, que culpó a la Municipalidad de Lanús, de la que dijo que “lejos de asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia, fue a pasearse por los medios y comunicar a las redacciones de los principales portales noticias falsas, señalando personas que no participaron del hecho”.

Aludió a declaraciones que había realizado Kravetz en TN diciendo que conocía “con nombre y apellido” a los victimarios y que “son siempre los mismos, 15 mocosos que entran y salen de prisión”. “Comenzaron a detener personas a mansalva, muchas sin relación alguna con el hecho”, dijo Grabois.

El dirigente y postulante del oficialismo nacional sostuvo que “el accionar criminal de los individuos que participaron en el hecho está íntimamente vinculado al flagelo de la droga y la complicidad policial con el delito que arruina la vida de cientos de miles de personas en todo el país desde hace décadas” y que “el círculo de violencia se acelera cuando la policía, después de detener y golpear a personas que delinquieron, de todas las edades, las extorsiona y recluta para que cometan delitos tanto en la narcocriminalidad como robos, con el objetivo de abultar las cajas negras que existen en casi todas las comisarías de la Argentina”.

También denunció la “complicidad que existe entre policías y jueces con el narcotráfico” y que “en el caso de los menores de edad perdidos en las adicciones hacen caso omiso a los gritos desesperados de las familias y las organizaciones barriales para que se otorguen las llamadas medidas de coacción que permitan su internación y desintoxicación”.

Kicillof: “Estamos en un estado de conmoción”

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió “que la justicia actúe con celeridad”. “Es un día muy doloroso, muy trágico lo que pasó; estamos en un estado de conmoción”, indicó Kicillof durante una entrevista con Radio 10.

El gobernador indicó que desde que se enteró del fallecimiento de la niña se ocupó “personalmente y también los funcionarios” de atender la cuestión.

“Se actuó coordinadamente”, indicó y detalló que el Ministerio de Salud se ocupó de la asistencia psicológica de la familia, Educación de asistir a la escuela, Justicia de asistir a la familia y la cartera de Seguridad de buscar a “los delincuentes desde el primer momento”.

En este sentido, indicó que a lo largo del día se comunicó en varias ocasiones con el ministro de Seguridad, Sergio Bierni, quien le comunicó que se “identificó a los responsables directos de la acción”.

“Hay que dejar actuar a la justicia porque la policía es auxiliar de la justicia, y la fiscal decidió las detenciones”, precisó, y confirmó que las personas detenidas “son dos mayores de 25 y 33 años”

Kicillof destacó que se comunicó con la abuela de Morena y que se puso a “disposición de lo que la familia necesitara”.

Pidió que “la justicia actúe rápidamente, que se castigue a los responsables y desde que ocurrió estamos con el tema, por eso suspendimos actividades de campaña”, explicó Kicillof, y reiteró: “Estamos conmocionados”.

Diego Kravetz: “El delito no empieza a los 15, el delito empieza a los 9, 10 años”

Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, donde mataron a Morena Domínguez, sostuvo que “el principal problema es la Justicia de Menores”. “En los barrios más vulnerables nuestro de conurbano, el delito no empieza a los 15, el delito empieza a los 9-10 años”, señaló el funcionario municipal. Aclaró que no estaba proponiendo “bajar la imputabilidad a 9-10 años” sino que, “ante el inicio delictual de los jóvenes, los jueces, en vez de agarrar y tomar otro temperamento, los vuelven a dejar libres”.

“Ese chico se acostumbra a una forma de vida que es la entrada y salida de la comisaría. En general, son familias enteras que viven de la cultura del delito. A esta problemática nosotros la sabemos porque la vemos todos los días, y los jueces la saben porque todos los días le notifican de la comisaría que volvió a entrar el mismo chico, que es, por ejemplo, el chico que está en el video de hoy, que dice los voy a matar a todos”, dijo Kravetz.

Aludía a imágenes que transmitieron algunos canales de televisión sobre un adolescente que era llevado detenido por la policía y a quien se vinculó con el crimen de Morena. “Ese chico tiene no menos de 60 entradas en comisaría”, enfatizó.

El jefe de Kravetz, Néstor Grindetti, intendente en licencia de Lanús y precandidato a la gobernación bonaerense por Juntos por el Cambio, responsabilizó a “la ausencia patética del Estado” por la muerte de Morena en su distrito y dijo que “es necesaria una mesa de coordinación de todos los niveles de gobierno”.

JJD

-Estamos en una campaña electoral. Suelen aparecer temas ligados a la agenda de la seguridad, a la violencia urbana. Te pregunto por qué hay temas que aparecen divorciados en la discusión política general y en las campañas en particular. El delito, los bajos salarios, la desigualdad y el voto a Milei. Te pongo yo esos temas de manera antojadiza. Pueden faltar otros. ¿En qué medida dirías que están vinculados entre sí? ¿En qué medida faltan otros |para pensar la situación social? 

-La seguridad es un tema que aparece y desaparece todo el tiempo. De hecho, lo único que le ha ganado a la inseguridad en la última década fue la inflación y el temor a la desocupación. La inseguridad reaparece de la mano de la oposición, cuando no se les cae una idea. No pueden hacer política a través del trabajo, porque es llevar malas noticias a la gente. No pueden hacer política a través de la vivienda, porque implica llevar malas noticias, entonces tienen muy pocos lugares para presentarse como merecedores de votos. Tenemos a una oposición que hace política con la desgracia ajena, aferrándose al dolor del otro.

Tenemos a estos candidatos prometiendo más policías, más penas, más cárceles a cambio de votos. Ha sido una constante en las últimas décadas. En estas elecciones, la inseguridad reaparece muy fuerte al lado de la desocupación, pero porque es cierto que la gente se siente vulnerable y referencia a la inseguridad como problema. No se siente cuidada por las policías y tampoco siente que su problema esté siendo tomado por la justicia. Si uno revisa rápidamente la pantalla de Crónica TV, ahí todas las noches puede presenciar una protesta social disruptiva, más o menos violenta, protagonizada por vecinos que intentan tramitar su problema en una alianza con el periodismo, que consiste en ir transformando al periodismo en una caja de resonancia porque se encuentra cada vez más sola frente a estos problemas.

Ahí es cuando aparecen las derechas sabiendo interpretar ese sentimiento que, aunque sea un sentimiento -no estoy hablando de una mera ficción- tiene efectos de realidad muy concretos. Modifica los horarios, la manera de estar en el barrio, de circular por la ciudad, porque nos enclaustra, porque constriñe nuestro universo de relaciones. Entonces cuando hablamos de sentimiento de seguridad no debería subestimarse, porque produce efectos. Ahí es donde me parece que, muchas veces, las derechas saben captar ese sentimiento de indignación. Estamos en una época de declive de la razón, donde la indignación es la manera de estar en el espacio público y el odio es la manera de estar en las redes sociales, ambos son la expresión de que se han roto algunos contratos.

-En tu última nota en El cohete a la Luna, que titulaste “Delito y felicidad: El trabajo como fuente de angustias y frustraciones para los jóvenes”, hay una serie de ideas muy interesantes. Decís que el mercado reemplazó el lugar que tuvo el Estado alguna vez; que la vida se mercantilizó y el mercado es la gran institución que genera sentido, gobierna los lazos sociales y aporta identidad, pertenencia social. ¿Cómo impacta esa realidad de un mercado desplazando a otras instituciones en la subjetividad de las nuevas generaciones? 

-El lugar que tuvieron alguna vez la escuela y el trabajo lo ocupa hoy en día el mercado. Una periodista me preguntaba si la escuela estaba en crisis. Yo le decía que la escuela estaba en crisis en el 2000, y que hoy esa institución implosionó. No es una institución forjadora de sentido que componga lazo social, sino que se caracteriza por su impotencia, por la incapacidad para estar cerca y acompañar el mundo de los jóvenes. Es decir, para los jóvenes hoy en día el trabajo ya no dignifica, lo que no significa que no busquen trabajo y lo que no significa que no tengan trabajo. Pero no cargan a la cuenta del trabajo una identidad.

El trabajo no es el acceso a la felicidad, para ellos el trabajo es un empleo chatarra porque está hecho con mucha precariedad. No solamente no agrega capital económico, tampoco te agrega capital social. No te agrega capital simbólico: no es que vos vas a estar en mejores condiciones el día de mañana, después de haber trabajado de barrendero o después de haber limpiado baños en una terminal. No va a facilitarte conseguir un empleo de mejores condiciones. Hay jóvenes que crecieron viendo a sus viejos durante 20 años, que no paraban de laburar ocho o diez horas -porque desempleo no significa que no tengan trabajo, sino que están sobre-empleados-. Veían, entonces, cómo los padres, en vez de ir para adelante, iban para atrás.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la experiencia del trabajo que ellos vivieron a través de sus padres es desde un lugar de quilombos, de violencia familiar y violencia doméstica, de peleas constantes, interminables. Que aparezcan funcionarios, que aparezcamos nosotros -los adultos- o los partidos tradicionales, diciendo “Vamos a convertir tu plan social en un trabajo” es, de mínima, una broma pesada, porque el trabajo ya no los identifica. En esa nota que vos mencionabas, cito una canción de Los Redondos, de fines de los 80, que decía: “Están llamando a un gato con silbidos”, es decir, están queriendo interpelar a los jóvenes con las palabras equivocadas, cuando el trabajo no los dignifica, cuando hay un fuerte rechazo al trabajo. Proponerles a los jóvenes el trabajo me parece, de mínimo, una broma pesada.

En cambio, el mercado, a diferencia del trabajo -porque el trabajo era la puerta a la felicidad, pero la felicidad se desplazaba para tiempos mejores, porque el presente estaba hecho de esfuerzo, de sacrificio- aparece como la oportunidad de acceso a la felicidad hoy. Para decirlo con otra canción del Indio Solari: “Nike es la cultura”. Hoy, no mañana, pasado mañana. Hoy yo quiero las zapatillas, los pibes quieren las zapatillas hoy. Desde el momento en que se ha expandido el consumo de los sectores populares y la bancarización los ha endeudado a todos ellos, podemos comprar las zapatillas en cómodas cuotas o incómodas cuotas. El acceso a determinados bienes es la oportunidad de acceder a la felicidad. Entendamos esto: un par de zapatillas no es solamente un par de zapatillas, es mucho más. Tener las Nike es ser canchero, ser exitoso, jovial. Es la garantía de que los pibes y las pibas te van a dar pelota. Más en la vida de un joven de 15, 16, 20 años.

Esas mercancías están encantadas y, a través de sus consumos fetichizados, los jóvenes pueden imprimirle un look a esa existencia llena de aburrimiento, de ansiedad y de angustia que implica una vida cada vez más compartimentada en los barrios, donde los pibes se tienen que medir con esa claustrofobia territorial y no pueden salir porque tienen a la yuta pidiéndoles documentos y cacheando. En esa zapatilla, entonces, se juega también la identidad.

-¿Por qué no se vincula justamente la idea de las pautas que impone el mercado, las demandas que imprime el consumo sobre la sociedad, con el delito? Parecen caminos separados.  

-Yo cito siempre el nombre del artículo de un amigo que se llama Sergio Toconoff, que es maravilloso. El artículo se llama: “Tres movimientos para explicar por qué los pibes chorros usan ropa deportiva cara”. Él dice: “Si los mal llamados pibes chorros cambian el botín por plata y con la plata se compran ropa deportiva, se compran las Nike, eso quiere decir que los pibes chorros son más pibes que chorros”. Estos jóvenes, a través del delito, intentan adecuarse a esos estilos de vida que el mercado les está reclamando. Es decir, no hay contracultura en esos delitos, no hay resistencia política. No romanticemos a estos pibes. En realidad hay una sobre-identificación con los valores del merc ado.  

-Sí, es súper interesante. La misma pregunta que vos te hacés en el artículo es: ¿cómo competir con el consumo? ¿Cómo evitar que los jóvenes deriven hacia el delito para alcanzar una felicidad que no se las va a dar el trabajo? ¿Cómo hacés para evitar que muchos pibes vayan hacia el delito como un atajo hacia el consumo?

-En el 2000-2001, cuando estudiamos estos temas, uno veía que muchas veces los jóvenes pendulaban, como decía Gabriel Kessler, entre el trabajo precario y el delito. Participaban, al mismo tiempo, de dos lógicas de prohibición. Todavía esos jóvenes -que choreaban de vez en cuando al voleo de manera desplanificada, que se movían todavía como cazadores furtivos por la por la ciudad, aprovechando las oportunidades que se le presentaban- eran jóvenes que sabían que el trabajo era lo que les daba reputación en el barrio y honorabilidad de cara a las generaciones mayores. Pero hoy en día el trabajo es justamente lo que ha implosionado.

El delito ya no se vive como una estrategia de sobrevivencia para resolver determinados problemas materiales, sino sobre todo como una estrategia identitaria. Es decir, el delito y las violencias que rodean muchas veces al delito se viven sobre todo de manera expresiva y emotiva. No es solamente el delito, hay que pensarlo al lado de la violencia, al lado de las motitos tuneadas, al lado de otras prácticas juveniles a través de las cuales los jóvenes van respondiendo a la pregunta con la que se mide cualquier joven, que es justamente: “¿Cuál es mi lugar en el mundo?”, o “¿Quién soy yo?”. Eso ya no está a la escuela. Para responder esa pregunta ya no está el trabajo como proyecto vital biográfico a través del cual uno puede proyectarse y organizar su vida.

La cultura de la dureza no es algo que se aprende mirando un tutorial en YouTube o descargando una aplicación en tu celular, ni se compra en el quiosco de la esquina, sino que la cultura de la dureza se aprende estando en la calle, pateando la calle, haciendo frente a la policía, haciendo frente a otro grupo de pares y a través de distintas prácticas que son las que les permiten ir tallando a ese tipo duro que es el que necesitan después para estar en ese espacio público y no ser tajeados, verdugueados ni humillados por el resto de los vecinos. 

-¿Y qué pasa en este contexto cuando aparece la política en campaña electoral? Pero si no es en campaña electoral es cuando hay un hecho traumático, cuando hay un hecho que conmociona. Lo decías o citabas a algún autor: cuando las clases dirigentes no pueden dirigir ni ganarse la adhesión de los sectores subalternos, se busca un chivo expiatorio para generar un consenso alrededor del castigo. ¿Por qué sigue eso rindiendo en la política? ¿Por qué no hay escapatoria de eso? 

-En primer lugar, no es casual la derechización de los jóvenes. Lo digo de una manera general, y esto merecería muchos matices y leer la letra chica. Me parece que la derechización de estos jóvenes hay que leerla al lado de la deriva emotiva o expresiva con la que es vivido el delito, porque son jóvenes que están rabiosos.

Hannah Arendt decía una cosa muy interesante. Ella decía: “La rabia es algo que uno tiene cuando las cosas podrían ser de otra manera y sin embargo no lo son”. Muchas veces los jóvenes pueden transformar al delito en esa caja de resonancia de la que hablábamos. Es la oportunidad de decir “Yo existo, tengo este problema”. Cuando un periodista o un encuestólogo te pone la pregunta: “¿A quién vas a votar?”, decir “Voy a votar a Milei” es la oportunidad de ponerle otro revólver en la cabeza. Es una manera de seguir asustando, de expresar ese odio. El odio en sí mismo no es ningún problema, yo me la paso odiando, pero lo que pasa es que uno desactiva el odio, no lo guarda ni le da de comer. El problema es cuando hay una decisión de guardar el odio, y no lo desactivamos, porque después esos bancos de odio que se van construyendo en las sociedades, basta que sean gatillados ideológicamente por cualquier expresión y se transformen en cualquier cosa: en escrache, en linchamiento, en justicia por mano propia, en una quema intencionada de una vivienda con la posterior deportación del grupo familiar del barrio; en un intento de magnicidio. Se pueden transformar en cualquier cosa.

Cuando a principio de año, dieron las perpetuas a los a los pibes que habían matado a Fernández Báez Sosa, algunos colegas progresistas pusieron el grito en el cielo indignándose por los pedidos de perpetua de la sociedad en general, pero en realidad hay que desentrañar ese pedido de perpetua, porque cuando la gente pedía perpetua no estaba a lo mejor diciendo que se muera en la cárcel, lo que estaba diciendo era “la justicia no está tomando mi problema”, “la policía mira para otro lado”. Perón decía: “La política aborrece el vacío”; los espacios que no se ocupan oportunamente, después a llorar a la Iglesia. Uno puede decir lo mismo: la política aborrece el vacío. Si vos no interpretás, no desentrañas ese relato, ese sentido común, después aparece Clarín, o viene TN o La Nación y te dice “la gente está harta”, “hay hartazgo social”. No le podés regalar la narrativa a estos otros actores que después le ponen megáfono a ese odio, haciéndole decir lo que ellos quieren escuchar.  

-Vos también hablaste de la paliza que se comió Berni, como un síntoma de cierta clase política que no termina de leer lo que pasa a nivel social. 

-El peronismo en general y el progresismo en particular estaban mirando otro canal, creo que el peronismo se mueve como pez en el agua con todos los temas del siglo XX, pero lo sacás de ahí y deja de respirar, no se le caen muchas ideas, se queda sin oxígeno para todos los temas del Siglo XXI.

La problemática de la vida en la gran ciudad, con todo lo que eso implica, la contaminación ambiental, el problema de la inseguridad, el problema de las nuevas conflictividades sociales en los barrios, las violencias interpersonales e encabalgadas arriba de las violencias por el control del territorio son temas para los cuales el peronismo no tiene respuesta tampoco. Entonces esa piña que dejó grogui a Berni fue una manera de despabilar. Es una piña que no fue dirigida a Berni, sino a todo el progresismo. De hecho, Kicillof aceptó el golpe y salió a bancarlo con información equivocada y le costó repuntar de vuelta en la tapa de los diarios.  

-Vos decías que el que viaja en tren se da cuenta de que hay un caldo social complicado, y a veces parece que la política está muy lejos de eso.

-Para no transformarlo en un problema que tiene nombre y apellido, cabe decir que es un problema del Estado que tenemos hoy día. El Estado que tenemos todavía es el Estado pensado por las generaciones pasadas para problemas que no son los nuestros, es decir, es un Estado que no está a la altura de los problemas que tenemos. La división de tareas que tiene el Estado hoy en día no colabora para abordar la complejidad que tiene la conflictividad social en los barrios.

En el siglo XX, en 1970, tenías un problema y de alguna manera podías identificar su raíz, tirar del piolín, y determinar si era un problema de educación, de vivienda, de infraestructura o equipamiento urbano. Hoy en día, vos vas a cualquier barrio del conurbano bonaerense y no sabés de qué naturaleza es el problema que hay ahí. ¿Por dónde tenés que entrarle? Esto lo trabajé en un texto que se llama “El Ministerialismo”: la fragmentación institucional con la que trabaja el Estado no colabora para abordar estos conflictos. Hay una incapacidad para articular no sólo entre los distintos poderes, sino entre los distintos ministerios del mismo gobierno; incluso las distintas secretarías de un mismo ministerio tienen dificultades para articularse entre sí.

La multiagencialidad es generar mesas de trabajo donde estén los distintos operadores para actuar en conjunto, pero tenemos un estado donde las jurisdicciones de los distintos ministerios no son las mismas. Vos querés sentar a gente de seguridad y de justicia y las jurisdicciones no se corresponden. Tenemos un Estado que no está preparado para articular. Si a eso le sumás el internismo, tenés razones para decir que las cosas van a seguir así, porque la realidad no se puede setear, no se puede parcializar en fetas. 

Entrevista realizada por Diego Genoud para su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos)

DG

El cantante de cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, negó las acusaciones en su contra tras haber sido detenido por amenazar y privar de la libertad a dos personas en el mes de mayo, luego de una pelea a la salida de un boliche de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. “Dio una explicación detallada. Explicó todo. Dio detalles y aportó pruebas de video”, indicó su abogado defensor, Alejandro Cipolla.

El artista fue indagado, esta tarde, por “privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público”, “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma” y “tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor”.

L-Gante brindó su versión de los hechos, pero se negó a contestar preguntas del fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez. De acuerdo con las declaraciones de Cipolla a la salida de la sede judicial, el cantante explicó que los hechos se generaron por “unos problemas que hubo en la puerta de su casa” en los que hubo “disparos, de no se sabe quién”. Respecto de la privación de la libertad, el letrado aseguró que las dos presuntas víctimas “se subieron solos” al auto de Valenzuela porque lo conocían.

El abogado también aseguró que es posible que uno de los denunciantes haya sido “coaccionado” durante su primera exposición, por lo que pedirá una nueva declaración. Además, solicitará ante la Justicia de Garantías, de forma subsidiaria a la excarcelación, el arresto domiciliario para el cantante. L-Gante ahora se encuentra detenido en Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

La madre del artista, Claudia Valenzuela, sostuvo que la detención de su hijo es “un tema de dinero y política” y que se trató de una traición. “Es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano, con la otra mano te esté clavando un puñal. El denunciante es el papá de amigos de Elián. Amigos de antes, de la vida”, indicó.

La denuncia que llevó a la detención de L-Gante fue realizada el pasado 27 de mayo por Gastón Torres, un vecino de la familia de Valenzuela en el barrio bonaerense de General Rodríguez.

ACM con información de agencias

El impacto del anuncio de la recompra de deuda duró 24 horas. Después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, comunicara el miércoles a las 9 que iba a adquirir sobre todo bonos Globales, los mismos con los que operan los dólares MEP (Mercado Electrónico de Pago) y CCL (contado con liquidación o liqui), tanto estos dos tipos de cambios legales como el blue o ilegal reaccionaron a la baja después de semanas en alza. Pero el jueves ya empezó a rebotar el CCL y este viernes subieron los tres. El efecto del anuncio se esfumó rápido. “Las medidas fueron humo”, opina un operador bursátil.

El contado con liqui se elevó hoy a $ 361,04, un 1,6%. El dólar MEP o bolsa se incrementó a $ 352,52, un 5,9%. Por efecto contagio aumentó también el blue, a $ 376, un 0,5%. El mayorista, en cambio, avanza lento, 0,1%, a $ 183,45. El dólar turista, para las compras con tarjeta en el exterior por debajo de los US$ 300 mensuales, está a $ 333,64 y Qatar, para las operaciones por encima de US$ 300, a $ 381,30.

“La utilización de US$ 1.000 millones para dicha recompra presenta sus interrogantes”, advirtió ayer la sociedad Invertir en Bolsa (IEB) en su informe semanal. “En un momento en el que el valor de los dólares parece estar despertándose (a pesar de las intervenciones por parte del Gobierno), en el que la sequía amenaza con reducir sensiblemente la oferta de divisas que aportaría el agro (en un escenario base puede representar una caída en el ingreso de divisas de US$ 10.000 millones y unos US$ 3.000 millones menos de recaudación para el Tesoro , e importaciones pisadas fuertemente con su correlato negativo en el nivel de actividad suena temeroso destinar ese monto a este programa. En este sentido creemos que el ministro aún conserva un as bajo la manga: nunca intentó renegociar con el Fondo (Monetario Internacional, FMI) las metas de reservas, aún cuando los precios que debió pagar la Argentina por las importaciones de gas se dispararon luego de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Cabe recordar que la balanza energética representó en 2022 una salida de aproximadamente US$ 7.200 millones. En este sentido creemos que el desenlace queda abierto en cuanto al efecto neto que terminen teniendo estas medidas. Lo que sí termina siendo claro es que se confirma una preocupación oficial por los movimientos de los diferentes dólares y que esta operación, que ya se venía realizando para contener a los dólares financieros (el Banco Central compra bonos contra dólares y luego los vende contra pesos), ha quedado ahora blanqueada”, concluyó IEB antes de la suba de hoy de los dólares paralelos.

En cuanto al blue, un cuevero cuenta que “hay varias empresas que venden producto y no lo pueden reponer y para resguardarse compran dólares”. “Otras que tienen que importar y el Central les pide los billetes para poder girar. Igualmente sigue siendo un mercado chico, más aún en enero”, aclara el operador del blue.

Mientras, continúa la polémica sobre la presunta filtración de información privilegida que llevó a que los bonos que iba a ser recomprados fueran demandados este lunes y martes. Se trata de un supuesto delito. “Parece una operación diagramada con anticipación y de la cual algunos sectores pudieron haber tomado conocimiento del anuncio y beneficiarse”, presentó un escrito el senador de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero. Diputados de la misma alianza también formularon sus reclamos. “Junto con varios diputados de la oposición, ayer presenté un pedido de interpelación al ministro @SergioMassa para que explique los fundamentos de la recompra de bonos y su sospechoso efecto en los mercados”, explicó por Twitter Fernando Iglesias. Su colega Maximiliano Ferraro no se unió a ese pedido, está analizando el caso, pero tuiteó: “El Ministerio de Economía debe informar quiénes compraron bonos previo al anuncio. Todo huele a que algunos vivos tuvieron información privilegiada”.

AR/MG

Al segundo día del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de que recompraría títulos públicos, los mismos que se utilizan para hacerse de dólares de manera legal, los tipos de cambio reaccionaron con comportamientos disímiles. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que se consigue comprando un día y vendieron 24 horas después bonos como el Global de legislación local, cayó 2,2%, a $ 332,83. En cambio, el contado con liquidación o liqui (CCL), que se adquiere con papeles de legislación extranjera para depositar las divisas en el exterior, subió 1%, a $ 355,41. El blue o ilegal se contagió del MEP y descendió 0,8%, a $ 374.

En línea con la suba del CCL, los bonos argentinos que cotizan afuera se cayeron fuerte después de la suba de ayer y por eso se disparó el índice riesgo país un 7,2%, a 1.938 puntos básicos. Las acciones de empresas locales en Nueva York también mostraron comportamientos contrapuestos: Grupo Financiero Galicia se apreció 3,9%; Despegar, 3% y Banco Macro, de Delfín Carballo y Jorge Brito, 2,2%, mientras que Transportadora Gas del Sur retrocedió 5,1%; Central Puerto, 5% y Edenor, 4,7%. Es decir, arriba el sector financiero y abajo el energético.

Mientras, en el mercado crecían las especulaciones sobre cómo los dos días previos al anuncio de la recompra aumentó en forma considerable la operación del bono Global 2030, uno a los que apunta la operación propuesta por Massa. Uno de los que lo comentaban era el twittero con pseudónimo Osvaldo Beto Mendeleiev, el mismo que había encabezado la campaña de denuncia contra Generación Zoe.

Consultados por eventuales filtraciones de información privilegiada a determinados inversores, los funcionarios de Massa respondieron que en el mercado influyeron las compras de las tarjetas de crédito, que ahora pueden cambiar los dólares de sus clientes en el MEP. Incluso el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay alimentó la hipótesis por otro tuit: “Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente”. Se trata de elucubraciones sobre un comportamiento que constituye un delito.

Un avezado operador bursátil reflexiona sobre el rumor: “Si se filtró algo es leve. Estas cosas siempre se conversan con los bancos. De hecho, hace dos semanas estuvieron reunidos en el piso 5 del Ministerio de Economía (donde está el despacho de Massa) hablando de la deuda en pesos, instrumentos e incluso de las Leliq (Letras de Liquidez). No tengo dudas que algo se conversó de la recompra. Lo que me intriga es algo que me llegó en diciembre: que Massa iba hacer un anuncio y estaba buscando dólares para eso. Esto vino de una cueva amiga. Inside information (información privilegiada) hubo, pero no me haría los rulos... esto pasa siempre y esta bien que ocurra, la información debe fluir, esto ayuda a mejorar precios. Fijate que ayer todos salieron a vender”.

AR

Desde el primer día de su gobierno, Joe Biden hizo campaña con la humanidad de su política migratoria y la inhumanidad de su predecesor Donald Trump. También los republicanos. Convirtieron los fracasos de Biden en prueba de que mentía al electorado. Y en prueba de que en las fronteras se vive más peligrosamente, porque la migración indocumentada aumenta la tasa de crimen violento. Es falso. Los datos del FBI que refutan estas presunciones no alteran las convicciones de un electorado que repudia a un reformismo al que considera responsable de haber empeorado el escenario. Aun el electorado demócrata es conservador y cauteloso ante lo que percibe como una voluntad aleccionadora de una izquierda partidaria en cuyo accionar ve más calor que luz.

En el calendario electoral del año, la victoria progresista que más temprana y sostenidamente se ha dado por ganada es la del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en el balotaje presidencial del último domingo de octubre en Brasil.

Y la derrota más serena y rutinariamente prevista es la del oficialismo demócrata en las legislativas de la primera semana de noviembre en EEUU.

Sin embargo, ni en uno ni otro caso se dio nunca por sentado que la derecha brasileña con el presidente y actual candidato Jair Messias Bolsonaro a la cabeza ni la derecha republicana en EEUU con el ex presidente y futuro candidato Donald Trump a la cabeza pudieran obtener mandatos tan poderosos ni resultados tan favorables más acá de los números decisivos. Era una presunción falsa.

Bolsonaro y sus aliados ganaron el 2 de octubre el Congreso federal, los Congresos (o Legislaturas) estaduales, y las gobernaciones de la mayoría de los estados de Brasil, y de todos los más poblados y económicamente más importantes.

En las elecciones legislativas de mitad de mandato del 8 de noviembre en EEUU se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado, y las gobernaciones de 36 estados. En las primarias republicanas para definir las candidaturas partidarias, las precandidaturas más derechistas, a las que Donald Trump dio su bendición y su apoyo de campaña, se impusieron.

Estigmatizar más para ganar mejor

El Partido Republicano ha dedicado buena parte de sus mensajes frente a las elecciones primarias internas anteriores a las legislativas de noviembre 2022 a estigmatizar a la migración. En los anuncios televisivos proselitistas es uno de los gritos de batalla más reiterados. En particular, se ha desplazado a la vanguardia la palabra invasión, confinada hace unos años a los márgenes en el debate sobre esta materia. Durante años, fue ampliamente utilizada por los partidarios de la “teoría del reemplazo”, la falsa teoría de la conspiración que dice que los judíos o las élites están reemplazando deliberadamente a los estadounidenses blancos con inmigrantes y personas de color. Hasta hace poco, rara vez se la escuchaba, aun de la única boca que podía pronunciarla, la de candidatos políticos o funcionarios locales republicanos. Y respecto a los flujos ilegales que pasan la frontera, ahora se los hace responsables de que las comunidades fronterizas sean zonas 'sin ley'. Los datos más recientes del FBI sobre criminalidad muestran que varias comunidades en la frontera de EEUU con México tienen tasas de delitos violentos más bajas que otras ciudades estadounidenses de similar superficie y demografía.

Sin embargo, las ciudades de Brownsville, McAllen, Laredo, Eagle Pass y El Paso en el estado de Texas; Sunland Park en el estado de Nuevo México; Yuma en el estado de Arizona, y San Diego, en el estado de California presentan tasas de crímenes violentos y homicidios más bajas que el promedio nacional, según un análisis proporcionado por la agencia de noticias Axios Latino basada en los datos de delincuencia del  2021. La tasa promedio en esas ocho ciudades fronterizas es de 333 delitos por cada 100 mil habitantes mientras que la tasa nacional es de 388,5. Respecto a  la tasa de homicidios media, 4,5 por cada 100 mil habitantes, en comparación con 6,8 en el resto de EEUU.

En algunos casos, como en la ciudad de McAllen al sur de Texas, del otro lado de la frontera de la ciudad de Reynosa, una de las ciudades con mayor incidencia delictiva debido a la guerra por el territorio que libra el crimen organizado en México, las tasas son mucho menores: 180 delitos violentos por cada 100 mil personas.

¿La migración indocumentada aumenta el crimen violento?

El  expresidente Donald Trump  cuando anunció que se postulaba para presidente planteó en sus discursos como  problema primordial la migración, específicamente, la idea de una peligrosidad vinculada íntimamente con los migrantes indocumentados. “Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”, dijo el entonces candidato por Partido Republicano. 

Los  puntos de vista inquebrantables de Trump sobre la migración fueron directamente contradichos por un importante estudio de investigación “Does Undocumented Immigration Increase Violent Crime?” publicado en 2018 en la revista Criminology de la National Academy of Sciences USA. “Los aumentos en la población de inmigrantes indocumentados dentro de los estados se asocian con disminuciones significativas en la prevalencia de la violencia”, escribieron sus autores, Michael Light y Ty Miller en base a un  detallado conjunto de datos recopilados entre 2012 y 2018, que compara los nacidos en EEUU  con los migrantes indocumentados en Texas, quienes demostraron que los últimos tenían menos de la mitad de probabilidades de ser arrestados por delitos violentos o delitos de drogas y menos de una cuarta parte de la probabilidad de ser arrestados por delitos inmobiliarios.

La investigación realizada por los científicos Light y Miller quienes abordaron el problema en general porque muchas bases de datos de delitos de EEUU no recopilan información sobre el estatus de migración ha demostrado que las áreas con más migrantes no experimentan más delitos que lugares con menos de ellos y que el aumento de la migración no conduce a aumentar la actividad ilegal.

“En pocas palabras, descubrimos que los inmigrantes indocumentados tienen tasas de arresto por delitos graves más bajos que los inmigrantes legales y, especialmente, los ciudadanos estadounidenses nativos”, sostuvo el coautor del estudio Light, sociólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison. 

La investigación es uno de los primeros trabajos realizados que vinculan un estado de migración específico con las tasas de tipos específicos de delitos. Además de calcular las tasas de criminalidad de los migrantes indocumentados y legales, así como los estadounidenses nativos, Light y su equipo analizaron la relativa contribución de los migrantes indocumentados a los delitos graves en Texas durante el período estudiado. Descubrieron que la proporción de arrestos que involucraron migrantes indocumentados no aumentaban con el tiempo de ciertos delitos e incluso disminuyeron para los delitos de propiedad, drogas y tráfico. 

Otras investigaciones sugieren que las políticas de reducción de migración no previenen el delito. Después de que el gobierno federal introdujo, cuando el republicano George W. Bush ocupaba la Casa Blanca, el programa de “comunidades seguras”, que requiere que la policía local comparta información sobre personas con antecedentes penales con funcionarios federales de migración como un medio para expulsar a las personas “que presentan las amenazas más significativas para la seguridad pública”, aumentaron las deportaciones, pero el delito no decreció. 

Cuando en 2017 California se declaró “Estado santuario” contra las agresivas políticas de Trump respecto a la migración y limitó la cooperación de la policía estadual y local con las autoridades federales, las tasas de delito sin embargo no aumentaron. Ese mismo año 2017, el número de arrestos realizados por Control de Aduanas de EEUU (ICE) aumentó en un 30% después de una orden ejecutiva firmada por Trump, que le otorgó a esta agencia federal más autoridad para detener a los migrantes indocumentados.

Y en el año fiscal 2019, el número de personas detenidas en la frontera entre EEUU y México aumentó a su nivel más alto en 12 años, según el Centro de Investigación Pew. Con sede en Washington DC, esta institución decana de las estadísticas y las demoscopías brinda ordenada información cuantitiva sobre problemáticas de EEUU y del orden global. 

Razones nunca encontradas 

Los investigadores aún no tienen certezas que ofrecer acerca de por qué los inmigrantes indocumentados son menos propensos al delito que los documentados o que los propios estadounidenses nativos. Un factor contribuyente puede ser que las personas que emigran desde otros países a EEUU están altamente motivadas y resultan intrínsecamente menos propensas a cometer delitos. Posiblemente, los migrantes teman la deportación si son atrapados, por lo que tienen mayor propensión a observar la ley, y evitar infracciones. También se señala como posible razón a la alta presencia de fuerzas policiales en la región, desde la Patrulla Fronteriza hasta agentes antidrogas.

El mapeo de esta situación contempla que los departamentos de policía de las tres comunidades fronterizas Del Rio en el estado de Texas; Nogales en el estado de Arizona; y Calexico en el de California no enviaron al FBI estadísticas de delitos para 2021. A la vez, cerca del 40% de las agencias policiales en todo el país, incluidos los departamentos de policía de la ciudad de Nueva York y Los Angeles, no informaron sus datos de delincuencia de 2021, según datos proporcionados a Axios Local por The Marshall Project, periodismo en línea sin fines de lucro interesada especialmente en temas relacionados con la Justicia penal en EEUU.

AGB

Actualmente en Argentina hay cerca de 110.000 personas privadas de libertad y al menos otras 30,000 con medidas de restricción. En el país hay más de 200 unidades carcelarias y cerca de 50.000 personas trabajan en los distintos sistemas penitenciarios. El costo de manutención mínimo de cada PPL es de al menos 10.000 dólares por persona al año, lo que significa un costo de 1.100 millones de dólares al año. Además, hay un número significativo de fiscales, peritos, jueces y personal judicial para sancionar y ejecutar las penas.  Sin embargo, a pesar de este muy oneroso sistema de castigo, el Estado se desentiende de las personas que, habiendo cumplido la pena, recuperan su libertad. Una proporción indeterminada, pero muy importante, se enfrentará a serios problemas en su regreso al medio libre y volverá a delinquir, arrastrando también a su familia y la comunidad que lo rodea. En otras palabras, existe una maquinaria costosa para castigar, y muy poco se hace para evitar que las personas, después de haber cumplido su pena, desistan del delito y eviten regresar a las cárceles. 

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) presenta hoy el Informe 2022 Reincidencia en Argentina, una investigación realizada por Marcelo Bergman, Fernando G. Cafferata, Juan Ambrogi, Pablo Fernández y Facundo Pernigotti. 

El Informe 2022 ofrece una radiografía de la reincidencia en la Argentina y su impacto social.  Pretende llamar la atención en la necesidad de pensar en el día “después”, ya que el cumplimiento de la condena no termina con el problema delincuencial. Se basa en datos de fuentes oficiales –Registro Nacional de Reincidencia (RNR) y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)– y en los resultados de dos encuestas realizadas a la población privada de libertad por CELIV en 2013 y 2019.  

La presentación es hoy, miércoles 31 de agosto a las 17. Tendrá dos modalidades: presencial en la sede Rectorado Juncal 1319, CABA, y con entrada gratuita y online: solicitar acceso al Zoom en celiv@untref.edu.ar

Exponen: Leonardo Pitlevnik, María Virginia Barreyro, Eduardo Oderigo y Federico Fahsbender 

Presenta: Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Sobre los expositores:

Leonardo Pitlevnik: Doctor en derecho (UBA), Profesor adjunto regular (UBA) Director Académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal (UBA)

María Virginia Barreyro. Abogada, especialista en Magistratura Penal por la UNLaM, maestranda en Antropología Social (UNaM), Directora General de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal-DCAEP.

Eduardo Oderigo. Abogado penalista, fundador y director de la Fundación “Los Espartanos”

Federico Fahsbender. Periodista, editor de Policiales de Infobae, Licenciado en Comunicación Periodística por la UCA. Autor del libro “El trueno en la sangre: Biografía criminal de Banana Espiasse”.

Presenta:

Marcelo Bergman. Doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

PP