Más de la mitad de todas las emisiones mundiales de CO₂ provienen de solo 32 grandes compañías petrolíferas, de carbón y gas. Y la gran mayoría de ellas (17 del top 20) son, además, controladas por gobiernos nacionales que se oponen a atajar el uso de combustibles fósiles en las cumbres internacionales sobre el cambio climático, según el estudio Carbon Majors conocido este miércoles.

La lista está encabezada por Aramco que acumula el 4% de las emisiones globales. Aramco es la empresa de Arabia Saudí, punta de lanza del bloqueo internacional al freno a los combustibles fósiles. El segundo puesto lo ocupa, Coal India, la tercera la compañía estatal china CHN, a la que le sigue National Iranian Compay (propiedad del estado de Irán). El quinto puesto es para la rusa Gazprom (principal beneficiaria del deshielo del Ártico donde perfora para producir gas y petróleo). La lista completa puede consultarse aquí.

Entre las compañías privadas más contaminantes, Carbon Majors señala a Exxon y Chevron. La española Repsol aparece en el puesto 93 de 166 compañías analizadas con datos de 2024.

El estudio avisa de que, a la luz de sus recuentos, queda patente que “la responsabilidad de las emisiones está altamente concentrada en un pequeño número de compañías productoras”. De hecho, si se mira la responsabilidad histórica del cambio climático (debido a la emisión de gases), los expertos del informe aclaran que “más de la mitad del CO₂ desde 1750 puede ser atribuido a solo 81 empresas”.

La tendencia de concentración (muchas emisiones con pocos responsables) se está acuciando: si en el periodo 2005-2013 el grupo que concentraba la mitad de emisiones sumaba 40 compañías, en 2023 ya fueron solo 38 y en 2024 todavía menos: 32 grandes emisores.

Si las empresas privadas fósiles como Chevron, Exxon o BP son enemigos naturales de la reducción en el uso de petróleo, gas y carbón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las empresas estatales se muestran “todavía más opuestas a la regulación climática”, recuerda este informe.

Aramco, Gazprom, Coal India, Pemex, CHN, ADNOC (de Abu Dabi), lideran el rechazo y el trabajo de lobby para socavar los esfuerzos internacionales para reducir la dependencia de los fósiles. Una labor que ha quedado evidenciada en las últimas cumbres del clima, las COP, y en los propios planes estatales de producción de petróleo, gas y carbón revelados por los gobiernos de muchos de estos países que prevén un incremento de extracción, no una reducción, para los próximos años.

La concentración de emisiones en un grupo pequeño de compañías tiene consecuencias. “Los grandes productores continúan causando un incremento de emisiones”, concluye el trabajo. “La concentración no es solo provocada por la consolidación empresarial sino también por el continuado crecimiento de la producción”.

En resumen, el estudio revela cómo “un pequeño número de compañías están dando forma a las emisiones totales” y eso, insisten, “hace medible la responsabilidad de esas compañías” lo que, a su vez, permite acciones “legales, políticas y científicas para mitigar el cambio climático”.

Activistas de Futuro Vegetal vandalizaron la vivienda del jugador Lionel Messi en la ciudad española de Ibiza donde lograron acceder y dejaron una frase relacionada a salvar al planeta.

“Help the Planet-Eat the Rich-Abolish the Police” (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la Policía), fue la frase que escribieron en el frente de la casa del capitán argentino.

Al rato, el presidente Javier Milei se hizo eco en redes sociales y apuntó a “los comunistas” y el presidente español, Pedro Sánchez, por el acto de vandalismo: “En España, los comunistas que quieren asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia. Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España. El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado”, apuntó el mandatario argentino, que aprovechó la situación para continuar con su disputa con su par español.

Por su parte, Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, se refirió a la casa de Messi y dijo: “Se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros”.

“Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todas”, remarcó.

“Esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago”, añadió.

De este modo, el activista considera que “son políticas al servicio de quienes más tienen y que atentan directamente contra los derechos del resto de la población”.

Por otra parte, este suceso lo dio a conocer el propio colectivo ecologista, que con esta acción quiere denunciar el “continuismo” del Gobierno “en las políticas que agravan la crisis climática, así como la desigual responsabilidad en la misma”.

En este sentido, Futuro Vegetal argumentó que el informe de 2023 de Oxfam señala que “el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis”.

Con información de agencias.

IG

Es hora de sumar una nueva palabra al lema olímpico: más rápido, más alto, más fuerte, más verde — Juntos.

Los Juegos Olímpicos de París se comprometieron este año a reducir a la mitad su huella de carbono con respecto a ediciones anteriores.

A modo de comparación, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 emitieron 3,3 y 3,6 millones de toneladas de CO2 respectivamente, según los comités organizadores. Incluso los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que no hubo espectadores debido a la pandemia de Covid-19, generaron 1,96 millones de toneladas de carbono.

París 2024 usó un enfoque “ERC” para alcanzar el objetivo de emisiones, que significa evitar y reducir las emisiones, y compensar las que no pueden evitarse ni reducirse. Los organizadores afirman haber desarrollado una herramienta “pionera” para anticipar las emisiones y orientar así sus decisiones, como la de utilizar un edificio existente o construir uno nuevo.

Las competencias deportivas atraen a miles de millones de espectadores en todo el mundo. Su gran influencia socioeconómica y cultural significa que su impacto ambiental va mucho más allá de las emisiones directas.

Por ello, la sostenibilidad se convirtió en una consideración cada vez más importante, tanto en los Juegos Olímpicos de París como en acontecimientos futbolísticos como la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar y la próxima Eurocopa 2024 en Alemania. En China, en los últimos años se introdujeron iniciativas de reducción de las emisiones de carbono con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, los Juegos Mundiales Universitarios de Chengdu y los Juegos Asiáticos de Hangzhou.

Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre la exactitud del cálculo de las emisiones de algunos eventos y la eficacia de las compensaciones de carbono.

¿Qué impulsa a las emisiones de los eventos deportivos?

La reutilización de los residuos y la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables son esenciales para reducir las emisiones en los grandes eventos deportivos.

Aproximadamente el 95% de las sedes de los Juegos Olímpicos de París serán instalaciones preexistentes o temporales, y se espera que solo este factor reduzca las emisiones de carbono en un millón de toneladas en comparación con los edificios nuevos. En los Juegos Asiáticos de Hangzhou también se dio prioridad al uso de instalaciones ya existentes, y solo 12 de las 56 sedes de la competencia se construyeron desde cero.

París 2024 también se comprometió a utilizar un 100% de energías renovables, principalmente eólica y solar, pero también biogás. En comparación con los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en los que se quemaron cuatro millones de litros de diésel para producir electricidad, París espera ahorrar el equivalente a 13.000 toneladas de emisiones al evitar el uso de este combustible.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022 también tuvieron una política de energía 100% renovable. La zona de competición recibió energía eólica, solar fotovoltaica y de bombeo de las instalaciones recién construidas en la vecina región de Zhangjiakou. Después del evento, esta infraestructura ha seguido suministrando a Beijing unos 14 teravatios hora de electricidad limpia al año, lo que supone una décima parte de la electricidad de la ciudad.

Sin embargo, la mayor huella de carbono de los acontecimientos deportivos suele proceder de los desplazamientos aéreos y por carretera de participantes y espectadores. La ausencia de espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio a causa de la pandemia de Covid-19 redujo las emisiones. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, la ausencia de espectadores extranjeros hizo que la asistencia se redujera de los 2,29 millones de personas previstas a 1,58 millones, lo que evitó 512.000 toneladas de emisiones de carbono.

Con la recuperación de los viajes y el regreso de los espectadores a los estadios, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) prevé que más del 80% de la huella de carbono de la Eurocopa 2024 se atribuya al transporte de los aficionados, según datos del Ministerio de Medioambiente alemán. Alemania ha respondido introduciendo “pases de viaje Euro 2024” para instar a los hinchas a utilizar el transporte público y viajar en tren entre las ciudades anfitrionas.

Freddie Daley es investigador asociado de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y dirige The Cool Down, una red que anima al deporte a liderar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Daley dijo a Dialogue Earth que, aunque los organizadores de acontecimientos deportivos siempre desean llegar a un público más amplio, a veces es necesario limitar la escala de un evento. El anfitrión también debería animar a los espectadores a utilizar formas de transporte más sostenibles, agregó.

La organización conjunta de eventos deportivos internacionales por parte de distintos países se ha convertido en una práctica habitual en los últimos años, pero puede tener un costo para las emisiones del transporte. La Eurocopa 2020, aplazada a 2021 debido a la pandemia y coorganizada por 11 países, fue muy criticada por el impacto climático de los viajes internacionales asociados.

Daley expresa su preocupación por la Copa del Mundo de 2026, que acogerán conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México: “La red ferroviaria de Norteamérica no permitirá opciones de transporte con bajas emisiones de carbono durante los torneos. Los espectadores tendrán que volar”.

Según la evaluación de impacto ambiental de los organizadores, los viajes internacionales hacia y desde Norteamérica representarán el 51% de las emisiones totales del torneo. Los viajes dentro de los tres países anfitriones y entre ellos generarán otro 34% de las emisiones.

Polémica por las compensaciones de carbono

Cuando no se pueden evitar las emisiones, las compensaciones pueden ser el último recurso para un evento deportivo que desee ser neutro en carbono.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que se declararon neutros en carbono, compensaron sus emisiones principalmente mediante proyectos de forestación en Zhangjiakou y Beijing, neutralizando un total de 1,1 millones de toneladas de CO2, según los organizadores.

Los Juegos Asiáticos de Hangzhou también recurrieron a las compensaciones para alcanzar laneutralidad de carbono. El acontecimiento generó 882.900 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, tras lo cual el comité organizador recibió aproximadamente 1,10 millones de toneladas en donaciones de compensación de diversos contribuyentes.

La plantación de bosques como sumideros de carbono es el método preferido por China para intentar que los eventos deportivos sean neutros en carbono. Según las directrices de aplicación publicadas en 2019 por el Ministerio de Ecología y Medioambiente, los organizadores de este tipo de eventos deben “neutralizar las emisiones reales de gases de efecto invernadero generadas por los eventos a gran escala mediante la compra de derechos de emisión de carbono, créditos de carbono o bosques sumideros de carbono de nueva creación. Debe fomentarse la recepción de créditos de carbono de zonas empobrecidas, o el desarrollo de bosques sumideros de carbono en dichas zonas”.

Sin embargo, las compensaciones de carbono forestal son muy controvertidas. Como señala Daley, un estudio realizado por científicos el año pasado reveló que más del 90% de las compensaciones de carbono de los bosques tropicales de Verra, la mayor certificadora de créditos de carbono del mundo, “no representan reducciones genuinas de carbono”. Verra discutió estas conclusiones, alegando que los métodos utilizados por los científicos no pueden reflejar el verdadero impacto sobre el terreno. También se descubrió que muchos acuerdos de créditos de carbono no habían beneficiado a las comunidades indígenas, e incluso algunas se vieron obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia.

Jin Lei, investigadora del Instituto Internacional de Finanzas Verdes de la Universidad Central de Finanzas y Economía de Beijing, explicó a Dialogue Earth que los proyectos de forestación de sumideros de carbono se ven afectados por factores naturales como la geografía local y la diversidad de especies. Al evaluar y medir cada proyecto, y también a la hora de determinar las metodologías, debería prestarse más atención a las condiciones locales, afirma. Además, añade que una autoridad independiente debería participar plenamente en la medición, el seguimiento y la verificación de un proyecto.

En el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, la información pública del comité organizador indica que hubo un proceso riguroso y exhaustivo que garantizaba la veracidad y el cumplimiento en la contabilidad de los proyectos forestales sumideros de carbono, afirmó Jin Lei.

“Lo más importante es reducir las emisiones y no depender de las compensaciones”, dijo Daley, y añadió que se debería indagar más cuando un acontecimiento deportivo afirma ser neutro en carbono, y preguntar a los organizadores cuánto CO2 están compensando. Cuanto mayor sea el porcentaje que compensan, menor será su esfuerzo por evitar o reducir las emisiones reales.

En opinión de Jin Lei, las prácticas de compensación de carbono de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing fueron razonablemente equilibradas, justas y transparentes. Sin embargo, reconoce que la compensación de emisiones tiene sus limitaciones, genera controversia y puede ser acusada de “lavado verde” o “greenwashing”. En su opinión, las medidas para lograr la neutralidad en carbono deben seguir centrándose en la reducción absoluta de las emisiones, y la compensación debe desempeñar un papel más complementario.

El fondo climático de la UEFA es un importante ejemplo del apoyo del fútbol a una reducción significativa de las emisiones. Por cada tonelada de emisiones de CO2 “inevitables” producidas en relación con la Eurocopa 2024, la UEFA ingresará 25 euros en un fondo climático. El fondo, que se espera que alcance los 7 millones de euros, apoyará a los clubes aficionados alemanes que lleven a cabo proyectos medioambientales en los campos de la energía, el agua y la gestión de residuos.

Global Sustainable Sport es una consultora con sede en el Reino Unido que desarrolla programas de sostenibilidad para las partes interesadas en el deporte. Aunque el proyecto incluye un enfoque compensatorio, no pretende ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono. En su lugar, la conversación pasa de los pagos compensatorios a las acciones concretas y el compromiso de la comunidad.

Pero Daley cuestiona la adecuación del fondo, pues considera que la cifra de 25 euros es demasiado baja. La Agencia de Protección del Medioambiente de EE.UU. cifra el costo social del carbono en 190 dólares por tonelada. En teoría, financiar a los clubes pequeños para reducir las emisiones es atractivo, pero su impacto real aún no se conoce, por lo que es necesaria una mayor transparencia, afirma Daley.

¿Siguen siendo necesaria la neutralidad de carbono en el deporte?

La Copa del Mundo de 2022, celebrada en Qatar, afirmó ser la “primera Copa del Mundo neutra en carbono”. Sin embargo, el organismo regulador de la publicidad, la Swiss Fairness Commission, dictaminó posteriormente que la FIFA había hecho declaraciones “falsas y engañosas” sobre el impacto ambiental del evento. La Comisión afirmó que las compensaciones no solo carecían de credibilidad, sino que la huella de carbono de 3,6 millones de toneladas era una subestimación burda. Algunas mediciones situaban la cifra real en más de 10 millones de toneladas. La FIFA declaró que estaba revisando las conclusiones de la Comisión y que podría estudiar la posibilidad de apelar, aunque todavía no ha tomado medidas.

“Esto refleja el problema de transparencia de las compensaciones de carbono en la industria del deporte”, afirmó Daley. “Los eventos deportivos deben divulgar la información relativa a las emisiones de carbono y los sistemas de compensación, tanto antes de un acontecimiento como después, y ponerla a disposición del escrutinio público”.

En 2018, el Comité Olímpico Internacional publicó una nueva metodología para medir la huella de carbono, que se hizo obligatoria para los comités organizadores de todos los Juegos. Daley opina que deberían establecerse metodologías igual de estrictas para otros grandes acontecimientos deportivos. Los organizadores también deberían ser más cuidadosos a la hora de afirmar que son neutros en carbono para no engañar al público.

Jin Lei afirma que las grandes ocasiones deportivas suelen brindar la oportunidad de sensibilizar a espectadores, concursantes, personal, organismos asociados y otras partes interesadas. La “neutralidad en carbono” y la “sostenibilidad” son temas que pueden ayudar a promover e impulsar el interés por un evento, afirma.

Para “predicar con el ejemplo” en términos de neutralidad de carbono, los organizadores de grandes acontecimientos deportivos no solo deben establecer y comprometerse plenamente con un sistema integral de gestión del carbono, sino que también necesitan disposiciones bien desarrolladas y apoyo externo profesional, explicó Jin Lei a Dialogue Earth. Esto significaría, por ejemplo, disponer de una evaluación y verificación completas por terceras partes de la gestión integral del carbono de un acontecimiento, incluida la contabilidad de sus emisiones y la reducción de las mismas.

Los acontecimientos deportivos tienen el poder de unir más allá de las culturas, y eso es exactamente lo que se necesita para la acción por el clima

Freddie Daley — Investigador de la Universidad de Sussex y director de The Cool Down

Los Juegos Olímpicos de París introducen una innovación en materia de reducción de emisiones, aprovechando el atractivo popular del evento para movilizar a la gente en favor de la acción climática. “Los acontecimientos deportivos tienen el poder de unir más allá de las culturas, y eso es exactamente lo que se necesita para la acción por el clima”, dijo Daley. “Si los organizadores dieran ejemplo, comprometiéndose a reducir sus propias emisiones de carbono y animando a los espectadores a actuar, el impacto sería enorme”.

Sin embargo, un informe de 2021 de Badvertising, un proyecto en el que participa Daley y que pretende acabar con la publicidad y el patrocinio con altas emisiones de carbono, publicó más de 250 acuerdos mundiales de patrocinio entre grupos deportivos e industrias con altas emisiones de carbono, como el petróleo y el gas, la aviación y el sector automotriz. El informe señala que las marcas están dispuestas a derrochar dinero en acontecimientos deportivos por su poder de atracción. El patrocinio permite a las marcas ganar credibilidad mediante la asociación con una experiencia que tiene un fuerte significado cultural y usualmente una conexión emocional para los espectadores. Esto podría ayudar a las marcas a normalizar en la sociedad comportamientos destructivos para el medioambiente.

Daley argumenta que si se ha hecho un gran esfuerzo para reducir las emisiones de un partido, por ejemplo, pero todos los anuncios alrededor del campo promocionan compañías aéreas y petroleras, o algunas marcas controvertidas desde el punto de vista medioambiental, entonces esos esfuerzos pueden haber sido en vano. “Deberíamos ver la influencia que tiene el deporte en su conjunto. No solo nos estamos fijando en las emisiones de carbono de un acontecimiento deportivo”.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

A pesar de la creciente toma de conciencia de que las emisiones de gases de efecto invernadero generan el cambio climático, las emisiones alcanzaron un máximo histórico en 2022. Las emisiones de dióxido de carbono han recibido históricamente más atención, pero para limitar el calentamiento global a medio plazo también será clave una reducción rápida y sostenida de la contaminación por metano. Sin embargo, establecer una visión fiable y global de las emisiones de metano de la industria de los combustibles fósiles es un problema constante.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que las emisiones de metano son responsables de alrededor del 30% del aumento constante de la temperatura media mundial desde la revolución industrial. El metano atmosférico es más potente a la hora de atrapar el calor que el dióxido de carbono ―al menos 80 veces más potente a lo largo de 20 años―, pero se disipa mucho más rápidamente. Dada la urgencia de la crisis climática y los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero a corto plazo del Acuerdo de París, las emisiones de metano son una preocupación urgente.

Las fugas de metano ―el escape del gas de las tuberías de combustibles fósiles y los sitios de perforación y producción― también son un problema importante. “Los índices de fuga de metano muy pequeños de los sistemas de gas rivalizan con las emisiones de gases de efecto invernadero del carbón”, afirma Deborah Gordon, directora del programa de Inteligencia Climática del Rocky Mountain Institute, que formó parte de un equipo responsable de un estudio publicado en julio sobre las fugas de metano en los sistemas de gas y carbón. Su investigación reveló que incluso una tasa de fuga de metano de tan sólo el 0,2% a lo largo de 20 años puede generar emisiones e impactos climáticos equivalentes a los de la minería del carbón.

El metano suele ser un subproducto desperdiciado en sectores como la agricultura, pero un bien valioso en otros: la industria del gas premia el metano, que constituye hasta el 90%de lo que vende como “gas natural”. La industria de los combustibles fósiles es responsable de cerca del 35% de todas las emisiones de metano de origen humano.

El año pasado, Shell fue el séptimo productor mundial de petróleo por volumen y la quinta empresa petrolera por ingresos. Sus operaciones se extienden por 70 países e incluyen la exploración, producción y comercialización de gas. Shell también ha liderado los esfuerzos del sector por controlar las emisiones de metano. Shell informó una disminución de las emisiones totales de metano de sus operaciones en un 27% en 2022, de hasta 40.000 toneladas, frente a las 55.000 toneladas de 2021. La empresa también afirma haber cumplido su objetivo de mantener la intensidad de sus emisiones de metano por debajo del 0,2%.

Sin embargo, se está cuestionando la forma en que gigantes de los combustibles fósiles como Shell calculan sus emisiones de metano. Según Dominic Watson, experto en metano del Fondo de Defensa Medioambiental (EDF por sus siglas en inglés), “las emisiones de metano procedentes del petróleo y el gas se subestiman sistemáticamente”.

Watson afirma que prácticamente no se realizan mediciones directas en los lugares de extracción de petróleo y gas ni en las infraestructuras. En su lugar, los productores de petróleo y gas se basan en cálculos “basados en factores”, realizados con programas de contabilidad comerciales. Además, según Watson, estas empresas llevan décadas declarando sus emisiones de metano y fijando objetivos de contaminación de forma independiente.

¿Qué es la intensidad de emisión del metano?

Las cifras de intensidad de emisión del metano están diseñadas para hacer un seguimiento de los niveles de contaminación por metano de los productores de petróleo y gas. La cifra se calcula controlando el metano emitido por cualquier gas que se venda y expresando después esas emisiones como porcentaje del total vendido por la empresa. Esta métrica relativamente nueva fue estandarizada por una coalición de las principales compañías de petróleo y gas (incluida Shell) llamada Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). En 2018, la OGCI anunció que todas sus empresas miembros se proponían reducir su intensidad de emisión de metano al 0,25 % para 2025.

“En casi a todo lugar al que vamos, encontramos metano”

El metano puede escaparse a lo largo de la cadena de valor del petróleo y el gas, emisiones que también se dice han sido subnotificadas, incluso en jurisdicciones en las que los reguladores supuestamente son más rígidos.

Un estudio de 2018 sobre las instalaciones de petróleo y gas de Estados Unidos descubrió que los índices de contaminación por metano eran más de un 60 % peores que las propias estimaciones del gobierno. Al abarcar casi el 30% de la producción de gas de Estados Unidos, los investigadores utilizaron mediciones terrestres validadas con observaciones aéreas para descubrir que más del 2,3% de todo el metano producido simplemente era liberado a la atmósfera.

Otro estudio realizado por la Clean Air Task Force (CATF) a lo largo de dos años estudió 430 instalaciones de petróleo y gas en 15 países europeos. Publicado a principios de 2023, el estudio identifica 881 fuentes de emisiones.

“En casi todos lugar al que vamos, encontramos metano”, afirma Theophile Humann-Guilleminot, termógrafo que recogió pruebas para el estudio del CATF.

El papel de Shell en las emisiones de metano

Shell anunció por primera vez su intención de reducir las emisiones de metano en 2018, y la empresa se comprometió a reducir la intensidad de estas emisiones por debajo del 0,2% para 2025, mediante el uso de equipos avanzados de detección de metano, la reparación de fugas y la sustitución de equipos obsoletos.

Una semana después, la Oil and Gas Climate Initiative anunció el mismo objetivo para sus miembros de entonces: BP, Chevron, China National Petroleum Corporation, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Pemex, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell y Total.

Estos objetivos también han dado lugar a iniciativas del sector del petróleo y el gas como la Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP por sus siglas en inglés), cuyo órgano de gobierno incluye a la Comisión Europea, a EDF, a CATF y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La OGMP pretende establecer un marco de notificación de emisiones de metano global, exhaustivo y basado en mediciones. Más de 100 empresas han firmado desde 2020.

En el informe de 2022 del OGMP, Shell fue la empresa mejor calificada de la iniciativa por sus esfuerzos durante 2021. Sin embargo, esta calificación simplemente indica que Shell está en el camino de proporcionar informes más sólidos y precisos de sus datos de emisiones de metano en el futuro.

Según Manfredi Caltagirone, director del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del PNUMA, los datos comunicados por Shell se basan principalmente en “factores de emisión”. Se trata de valores representativos que intentan relacionar la cantidad de un contaminante liberado a la atmósfera con otra unidad de actividad o proceso. Caltagirone describe la reducción del 27% de las emisiones de metano en 2022 comunicada por Shell como “no del todo creíble todavía”, pero admite que la compañía está “empezando a obtener algunas mediciones de mejor nivel”, lo que llevará a una mayor precisión en los informes.

Informar no es el único obstáculo

Si la industria del gas quiere reducir las emisiones de metano, los operadores tienen que saber dónde se producen las fugas y poner fin al “venteo” deliberado de metano. Las fugas se producen por el mal funcionamiento de válvulas, compresores y tanques de almacenamiento, mientras que los tanques de almacenamiento están diseñados para liberar metano a propósito si se presurizan demasiado.

La AIE afirma que más del 70% de las emisiones de metano del sector de los combustibles fósiles pueden reducirse con la tecnología existente. Además, ha calculado que aproximadamente el 40% de esas emisiones generadas durante las operaciones de petróleo y gas pueden evitarse sin costo neto, debido al valor del gas ahorrado.

Diálogo Chino habló con Tania Meixus Fernandez, asesora principal de OGMP: “Al final, la única forma de reducir las emisiones es comprobar que están ahí. Hay que usar la tecnología para comprobar dónde están las emisiones. Y a partir de ahí, desarrollar una estrategia de mediación. Pero sin salir a la calle, solo sentándose frente a una computadora, no es posible”.

Al final, la única forma de reducir las emisiones es comprobar que están ahí

Tania Meixus Fernandez — OGMP

Las estructuras de gestión del sector del petróleo y el gas son otro obstáculo: hay grandes diferencias en los esfuerzos de mitigación de emisiones entre los activos explotados por las grandes empresas de combustibles fósiles y los que simplemente son de su propiedad y aún no han sido explodatos. Según James Turrito, director de campañas de la CATF, las grandes petroleras y empresas de gas poseen “un capital significativo” en activos no explotados, sobre los que no informan ni se comprometen públicamente a reducir las emisiones de metano.

Los activos no explotados suelen gestionarse mediante estructuras empresariales complejas, como las empresas conjuntas: cada una tiene su propio consejo, que no rinde cuentas a los accionistas, mientras que muchas son explotadas conjuntamente por compañías petroleras nacionales. “Hasta la fecha, no hemos visto tantas compañías petroleras nacionales que intenten abordar realmente el problema del metano. Hay razones para ello y barreras que van más allá de ser simplemente malos actores”, afirma Turrito. 

Extracción de gas y fugas de metano en Vaca Muerta

En junio, Sebastián Sánchez, vocero de Shell, intervino en un taller sobre metano convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. Dijo que Shell Argentina, que tiene intereses en el yacimiento de gas de Vaca Muerta, había reducido su intensidad de metano en un 72% desde 2019. Sánchez atribuyó esta reducción a la eliminación de la quema rutinaria y a un mejor monitoreo.

Situada en Neuquén, la vasta formación de Vaca Muerta contiene algunos de los mayores yacimientos de gas no convencional del mundo. Con un tamaño similar al de Bélgica, es actualmente la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda de gas de esquisto. En Vaca Muerta se explotan cientos de pozos, divididos en bloques que son propiedad y están explotados por la petrolera estatal YPF o por alguna de las aproximadamente 12 empresas internacionales.

Shell gestiona un área de 769 km2 en Vaca Muerta, operando cuatro bloques(Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste y Bajada de Añelo). También es accionista de otros tres bloques. Por otra parte, la compañía inauguró este año el oleoducto de 105 kilómetros, en asociación con Pan American Energy y Pluspetrol, para transportar petróleo desde Vaca Muerta hasta la vecina provincia de Río Negro.

El gobierno argentino quiere aumentar sus exportaciones de gas, y en junio firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación energética con la Unión Europea. En el documento, ambas partes acuerdan reducir las fugas de metano en la cadena de suministro de gas fósil “al máximo nivel técnicamente viable”.

Los combustibles fósiles representan actualmente más del 80% del mix energético de Argentina, pero el país aún no regula las emisiones de metano de su sector energético: un proyecto de ley que proponía dicha regulación se estancó en el Congreso durante 2020. Sin embargo, durante el taller sobre metano celebrado en junio, la secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royon, afirmó que el Estado está trabajando actualmente con los gobiernos provinciales en un “marco nacional” en este ámbito.

En contraste con las afirmaciones de Sánchez sobre el historial de reducción de metano de Shell Argentina, el ex secretario de Energía del país, Gerardo Rabinovich, afirma que es probable que las empresas de Vaca Muerta no estén declarando todas las emisiones. “Las áreas en las que trabajan son muy grandes y los inspectores no las visitan muy a menudo. Si hay una fuga, tardará mucho tiempo en arreglarse”, dijo Rabinovich a Diálogo Chino. “Cada vez se presiona más a las empresas para que hagan un mejor seguimiento de las emisiones”.

En 2018 y 2023, un equipo de EarthWorks, una organización medioambiental estadounidense, visitó Vaca Muerta para rastrear fugas de metano. Utilizando cámaras infrarrojas, pudieron establecer que al menos el 5% del gas producido en Vaca Muerta se filtra y se desperdicia, a menudo intencionadamente si es necesario liberar presión.

Shell Argentina no respondió a la solicitud de comentarios de Diálogo Chino sobre sus emisiones de metano en Vaca Muerta.

El auge de los datos por satélite

En el ámbito de la detección de emisiones de metano, cada vez se dispone de más herramientas. Entre ellas se encuentran los dispositivos portátiles, la tecnología aérea y nuevos satélites de monitoreo del metano.

En 2021, el proveedor de datos por satélite Geofinancial Analytics utilizó su herramienta MethaneScan para monitorear las concentraciones de metano en el aire en América del Norte, Europa y Brasil con el fin de rastrear las emisiones generadas por las empresas de combustibles fósiles. El estudio comparó los resultados de MethaneScan con los datos de emisiones de metano autodeclarados por los productores de petróleo y gas, y llegó a la conclusión de que esos datos subestimaban el problema.

Según la AIE, en 2022 los satélites detectaron 3 millones de toneladas de metano procedentes de fugas “muy grandes” en explotaciones de petróleo y gas. Estos eventos se detectaron en 20 países diferentes; por ejemplo, un “evento de ultraemisión” de metano de 17 días en México, causado por el mal funcionamiento de una antorcha de gas.

En 2022, una investigación de la BBC utilizó datos de satélites del Banco Mundial para identificar millones de toneladas de emisiones de metano no declaradas procedentes de la quema de gas en yacimientos petrolíferos. Las grandes petroleras BP, Eni, ExxonMobil, Chevron y Shell estaban implicadas.

Como señaló la AIE en 2022, la cobertura por satélite dista mucho de ser completa: aún no se hace un seguimiento de las regiones ecuatoriales y de alta mar ni, por ejemplo, de las principales zonas productoras de petróleo y gas de Rusia.

Hay planes para lanzar una serie de satélites de última generación con resoluciones significativamente mejoradas en los próximos años: el Fondo de Defensa Medioambiental lanzará MethaneSat a principios de 2024, que afirma será el satélite de seguimiento de metano más avanzado del espacio; Carbon Mapper, una ONG con sede en Estados Unidos, afirma que desplegará una “constelación” completa de satélites en 2025 para impulsar los esfuerzos de seguimiento; y Kayrros, una empresa de análisis de datos, ha firmado un acuerdo para proporcionar datos de fugas globales al PNUMA, de modo que pueda presionar a los mayores emisores.

“Históricamente, ha habido poca transparencia en los seguimientos de los resultados de las empresas en materia de metano”, afirma Caltagirone . “Pero los medios para medir, notificar y verificar las emisiones, incluso a través de satélites de detección de metano de nueva generación, están evolucionando rápidamente”.

Este reportaje se ha realizado con el apoyo económico de Clean Energy Wire (CLEW), que ofrece becas para periodismo climático relacionado a empresas.

Fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

EEUU se proyecta a ser el mayor culpable de exceso de emisiones de dióxido de carbono (CO2) también en el año 2050, según un estudio reciente. “Los países del Norte Global tienen una ”responsabilidad apabullante“ por la crisis climática y deberían pagar 170 mil millones de dólares en compensación para 2050 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del clima”, señaló el estudio publicado el lunes en la revista científica Nature Sustainability.

Una propuesta de compensaciones fue realizada en el estudio por un equipo de investigadores, liderados por Andrew Fanning, para calcular el dinero que los países con exceso de emisiones deben a quienes las mantienen bajas en concepto de “apropiación atmosférica y daños relacionados con el clima”.

EEUU, según muestran los resultados, tiene la mayor deuda climática, aproximadamente 80 billones de dólares, con los países de bajas emisiones, la India y China incluidas, dijo Fanning, investigador visitante en la Universidad de Leeds y jefe de investigación y análisis de datos del Doughnut Economics Action Lab en Oxford.

“No todos los países son igualmente responsables del consumo de los presupuestos de carbono. Algunas naciones han contribuido más a esta crisis que otras”, indicó el estudio.

Esta responsabilidad históricamente desproporcionada es problemática desde una perspectiva de justicia climática, que reconoce a la atmósfera como “un bien compartido”, sobre la cual todas las personas tienen derecho al uso justo y equitativo, apuntó.

Sin embargo, los países desarrollados han sido pasivos a la hora de facilitar asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo, y todavía no han entregado la financiación prometida de 100 mil millones de dólares al año.

El 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebró en noviembre de 2022 en el balneario egipcio de Sharm El Sheikh.  

Como punto destacado del evento, la COP27 acordó establecer un fondo de “pérdidas y daños” para dar asistencia financiera a los países vulnerables golpeados con fuerza por los desastres climáticos, pero esto es solo un primer paso.

Todavía hay asuntos clave en fase de negociación durante este año 2023, como la estructura del fondo, países participantes, métodos de asignación y objetivos de asistencia. 

AGB con información de agencias y medios

Es una historia de treinta años que se cifra en miles de millones de euros. Treinta largos años que no quedarán en los anales de la Unión Europea (UE) como los más memorables frente al cambio climático. Durante estas tres décadas, las industrias más contaminantes como el acero, el cemento, el petróleo o el aluminio recibieron de forma gratuita cuotas de emisión de CO2, una especie de derecho a contaminar, para incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La idea general era que estos derechos a contaminar descenderían con los años. En realidad, las industrias más contaminantes recibieron estas cuotas en grandes cantidades, muy superiores al CO2 que emitían, por lo que acabaron teniendo excedentes que pudieron revender.

El sistema se desvió así de su objetivo original y se convirtió en una herramienta financiera que permitió a los beneficiarios aumentar sus ganancias comerciando con las cuotas. Solo entre 2013 y 2021, según estima el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las industrias emisoras más grandes obtuvieron 98.500 millones de euros y solo destinaron una cuarta parte de esta cantidad (25.000 millones) a la acción climática.

Tras una investigación que se desarrolló durante ocho meses, con el apoyo financiero del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), elDiario.es y el periódico francés Le Monde revelan las zonas oscuras de un sistema que pretendía ser beneficioso para la transformación sostenible de la industria y ha acabado alimentando la rentabilidad de las empresas más contaminantes. Las pesquisas se centran en las siderúrgicas y cementeras en Francia y España, dos de los sectores que más se han beneficiado de estas cuotas, e implican a compañías como Arcelor Mittal, Cemex, Cementos Portland Valderrivas, Holcim o Heildelberg Materials.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas han revendido parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros

El análisis detallado de sus transacciones financieras registradas en el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas revendieron parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros, e incluso miles de millones en algunos casos.

En 2009 la operación Blue Sky destapó un fraude millonario a través del IVA de estas cuotas de emisiones. De hecho, la Audiencia Nacional va a juzgar a ocho grupos internacionales por el desfalco que, se calcula, causó una pérdida de 6.000 millones de euros a los países de la UE. Ese caso ha acabado en la justicia, algo que no sucederá en esta ocasión. El negocio de las empresas con la venta de los derechos de emisiones se lleva a cabo de manera completamente legal.

Las cuotas gratuitas, una mina de oro para contaminadores

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Para el acero y el cemento, en millones de toneladas de CO₂

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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ

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Para el acero y el cemento, en millones de toneladas de CO₂

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El sistema de cuotas gratuitas, lanzado el 1 de enero de 2005, aún está vigente. Está destinado a desaparecer en 2034. El pasado 18 de abril, el Parlamento Europeo adoptó un nuevo plan climático que prevé reemplazarlo gradualmente por un “mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras” de la Unión, con el objetivo de hacer más verdes las importaciones de los sectores con mayores emisiones de CO2. Optar por un sistema más simple es una especie de mea culpa de la UE, aunque oficialmente no haya admitido su error.

Río de Janeiro, Kyoto, Al Gore...

El origen de esta historia se remonta a la cumbre de Río en 1992. Fue en aquel momento cuando surgió la idea de un impuesto al carbono al cual estarían sujetas las industrias europeas para hacer que la economía fuera más responsable frente al medio ambiente. La iniciativa no obtuvo unanimidad entre los Estados miembros. Francia, entre otros, bloqueó esta decisión.

En 1997, el Protocolo de Kyoto volvió a poner este tema sobre la mesa. Al Gore, en aquel entonces vicepresidente de los Estados Unidos, consideró la idea interesante, pero dijo que los republicanos no la aceptarían. Por lo tanto, era necesario imaginar algo más compatible con el modelo capitalista para complacer a los estadounidenses y preparar una posible integración de los mercados transatlánticos en el futuro.

El Viejo Continente creó entonces un mercado europeo de carbono en el cual las industrias podrían comprar y vender cuotas para regular sus emisiones de CO2. “La UE creó desde cero un mercado que nunca antes había existido. Es la primera vez en la historia de la humanidad ”, señala Thomas Pellerin-Carlin, director del programa Europa en el Instituto de Economía para el Clima (IC4E). Hoy en día, este mercado es el más grande de su tipo en el mundo, aunque están surgiendo otros, como en China.

Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento

Eric Bourdon — Director general adjunto de la cementera francesa Vicat

“Desde el principio, se plantearon cuestiones centrales. ¿Bajo qué modelo se asignarán las cuotas que las empresas intercambiarán entre sí? ¿Deben ser otorgadas de forma gratuita o vendidas? ¿Quiénes estarán cubiertos por el mecanismo? ¿Las empresas podrán ahorrar cuotas de un año para otro?”, enumera Julien Hanoteau, profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille.

El modelo se desarrolló rápidamente, aunque no de manera uniforme. Cada año, la Unión Europea decide asignar de forma gratuita a las industrias cuotas de CO2, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que estiman que generarán en los siguientes doce meses. Una cuota equivale a una tonelada de CO2. Al final del año, las instalaciones industriales deben devolver la cantidad de cuotas equivalente a las emisiones de CO2 que realmente han realizado.

Si han emitido más CO2 de lo previsto, pueden comprar cuotas adicionales a empresas que no han utilizado todas las suyas, siguiendo el principio de “contaminador-pagador” ideado por los creadores de este mercado. Por el contrario, si han emitido menos CO2 de lo previsto, pueden revender las cuotas sobrantes. Las cuotas asignadas a una instalación –una planta, una fábrica...– no tienen fecha límite de venta. Una vez vendidas, se convierten en simples activos financieros que las empresas pueden utilizar sin contrapartidas reales.

La fase piloto comenzó en 2003 y la distribución de cuotas se inició realmente en 2005, con una lógica inicial que resulta sorprendente a posteriori: cuanto más CO2 prevé emitir una instalación industrial, más derechos a contaminar recibe. A partir de 2008 y hasta 2012, se añade otra rareza: las cuotas se asignan refiriéndose a los años de producción anteriores a la crisis económica, cuyas cifras son mayores. Como resultado, los industriales reciben muchas más cuotas de las que realmente emiten. Cuotas que, como se decía más arriba, luego pueden vender a terceros.

“Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo”

Algunas empresas expresaron rápidamente reservas sobre los métodos del sistema EU-ETS, como la española Cementos Tudela Veguín, de Asturias, o la francesa Vicat. “Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento”, admite Eric Bourdon, director general adjunto de la cementera francesa.

Ciertamente, las reglas de asignación se modificaron en 2012 y luego en 2018. Pero los abusos continuaron, como muestra el último informe sobre el estado del sistema EU-ETS publicado en 2022 por la Asociación Mesa Redonda Europea sobre Cambio Climático y Transición Sostenible (ERCST). Los excedentes acumulados de cuotas gratuitas solo se estabilizaron en 2013 y aun así, a un nivel muy alto. Solo en 2017 las emisiones de CO2 comenzaron a disminuir significativamente en todos los sectores.

El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, permitió que las empresas operaran libremente

Julien Hanoteau — Profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille

Para el diputado europeo ecologista Yannick Jadot, quien ha estado exigiendo la eliminación de las cuotas gratuitas durante años, el diagnóstico resulta amargo. “El poder público creó un mercado desde cero, aceptando de antemano todos los abusos inaceptables de la financiarización de la economía”, denuncia el antiguo candidato a las elecciones presidenciales de 2022 en Francia. El investigador Julien Hanoteau comparte este análisis: “El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no se tomó esta decisión, sino la de permitir que las empresas operaran libremente”, lamenta.

Un sistema financiero complejo y opaco

Las cuotas se subastan todos los días a las 11 de la mañana. Al principio, las transacciones representaban diariamente alrededor de un millón de toneladas de CO2. Desde entonces, el mercado ha ganado profundidad y se ha vuelto más sofisticado. Se extiende a cerca de 18.000 instalaciones y los industriales, a través de bancos, fondos de inversión, corredores y una docena de sociedades mercantiles, ahora intercambian entre 20 y 30 millones de toneladas de CO2 al día, anticipando las futuras fluctuaciones en el precio del carbono.

“El mercado se ha vuelto muy interesante para los inversores. Hay que decir que el precio del carbono era inicialmente de 7 euros por tonelada, luego subió a 24 euros en agosto de 2008 y ahora ronda los 100 euros. Algunos predicen que alcanzará los 150 euros en 2030 y, mientras tanto, más del 80% de las transacciones son especulativas y ya no se relacionan con problemas medioambientales”, indica Ismael Romeo, director de SendeCO2, una sociedad mercantil con sede en Barcelona.

Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas: en 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros

Ivan Pavlovic, especialista en transición energética de Natixis, lo confirma: “Estas cuotas son un inventario, un activo que se puede monetizar. Son intercambiables y no tienen límite de uso en el tiempo. Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas, aunque por el momento siguen siendo minoritarios”, explica. En 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros, según la empresa británica de análisis financiero Refinitiv.

Muy rápidamente, el sistema se reveló defectuoso. Las transacciones son difíciles de rastrear, incluso para los expertos en el sector. “El sistema es bastante opaco. En todos los niveles, incluida la Comisión Europea, nadie tiene una visión global y unánime. Es una caja negra. Solo los directores financieros o los directores industriales de las empresas involucradas saben exactamente qué se hace con dichas cuotas”, reconoce el líder de una empresa de comercio de cuotas de CO2.

Valores que dependen del clima o del precio del gas

A veces, las transacciones no están justificadas únicamente por razones financieras. “También pueden estar inspiradas en eventos climáticos o políticos. Los proveedores de energía, excluidos del sistema de cuotas gratuitas desde 2013 porque lo utilizaban para aumentar el precio de la electricidad, ahora se ven obligados a comprarlas por su cuenta. A veces las revenden al final del invierno si la temperatura ha sido más alta de lo esperado y, por lo tanto, sus emisiones de CO2 han sido menores. Lo mismo ocurre si hay inflación en los precios de la energía, como durante el verano de 2022, cuando el precio del gas se disparó”, señala Gregory Idil, comerciante en Vertis Environmental Finance, una empresa con sede en Bruselas.

En cualquier caso, las empresas se resisten a divulgar esta información, la consideran confidencial para su competitividad industrial. “Las transacciones son un reflejo de la actividad económica. Si una empresa dice que ha vendido cuotas, potencialmente está reconociendo que su producción ha disminuido”, explica el trader barcelonés Ismael Romeo.

Vendedor, comprador... No todos son iguales en cuanto a los derechos a contaminar. El acerero británico British Steel lo aprendió a su costa. Después de deshacerse de sus cuotas gratuitas para compensar sus pérdidas financieras, tuvo que volver a comprarlas a un precio muy alto para poder seguir emitiendo carbono. Al final, se endeudó en exceso y se declaró en quiebra en 2019.

'Minas de oro' de varios millones de toneladas

Las empresas adoptan diversas estrategias frente a las cuotas gratuitas. Algunas han vendido en gran parte sus excedentes para obtener beneficios, otras han optado por conservarlas y otras las han recomprado. “Vendimos un poco al principio, pero pronto dejamos de hacerlo. Ahora tenemos 4,5 millones de toneladas de cuotas de CO2. Tendremos que tomar decisiones sobre su buen uso”, explica Eric Bourdon, subdirector general del fabricante de cemento francés Vicat.

Las empresas que vendieron cuotas a discreción tampoco se quedaron atrás, especialmente cuando las recompraron. Solicitada en el marco de nuestra investigación, la organización internacional de periodistas Finance Uncovered, con sede en Londres, confirmó el fenómeno de la financiarización aplicada a estas cuotas de CO2, tras examinar la base de datos global Orbis, que proporciona acceso a información empresarial pasada o reciente. ArcelorMittal, por ejemplo, indica en su informe anual de 2022 que tenía 154 millones de euros en “activos financieros intangibles” relacionados con cuotas de CO2 al 31 de diciembre de 2021 y 691 millones de euros al 31 de diciembre de 2022. Según explica la empresa, esto es resultado de compras que han “madurado”, lo que le ha permitido fortalecer el activo de su balance con cantidades considerables.

Aunque se espera que los volúmenes de cuotas disminuyan con el tiempo, estas existencias pueden convertirse potencialmente en auténticas minas de oro, dado que el precio del CO2 alcanzó los 100 euros por tonelada en febrero de 2023. Algunas previsiones incluso lo sitúan en 700 euros por tonelada en unos años.

Sin fracking no hay Vaca Muerta y las consecuencias de esta forma de extraer petróleo y gas en la Cuenca Neuquina está alterando todo lo que toca. Basureros petroleros a cielo abierto, emisiones de gases contaminantes que podrían evitarse y contaminación del aire que respiran los neuquinos y del agua que toman son sólo tres de los principales problemas socioambientales que generan, de acuerdo a la consulta a expertos, denunciantes, vecinos, empresas y exautoridades realizadas por elDiarioAR. Las autoridades de la provincia no quisieron responder las consultas de este medio.

Argentina espera que este conjunto de yacimientos de petróleo no convencional en la provincia de Neuquén dupliquen en los próximos años la producción de crudo del país para alcanzar el millón de barriles diarios. De acuerdo con las estimaciones de la petrolera argentina YPF, en 2026 podrían alcanzarse exportaciones por 18 mil millones de dólares anuales. En cuanto al gas, “la Argentina podría autoabastecerse y exportar gas a Chile y Brasil”.

elDiarioAR viajó durante tres días a Vaca Muerta, en un viaje organizado por Periodistas por el Plantea, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), y financiado por Earthworks, una organización ambientalista de Estados Unidos que milita contra la contaminación provocada por la industria de hidrocarburos y la minería en su país y el mundo. 

Al contradictorio y desigual escenario social, se suma la convivencia forzada de los habitantes de Vaca Muerta con la alteración del medioambiente provocado por la técnica del fracking. Sobre Vaca Muerta, la inflación argentina tiene inflación extra con “precios petroleros” en alimentos y alquileres que se trasladan a todos los vecinos del área, sin importar si cobran o no un sueldo de la industria. El progreso trajo prostiución, desigualdad y más personas fuera del sistema. Aquí la tierra comenzó a temblar en 2015 por los sismos provocados por el fracking y se rajaron las casas de un pueblo entero.

Aquí también se montó uno de los basureros petroleros más importantes del país y los residuos denunciados como contaminantes forman montañas a 11 kilómetros del centro de la ciudad capital y las autoridades no quieren hablar de daños al medioambiente. 

En esta provincia históricamente petrolera, el boom del fracking comenzó hace una década. Esta técnica, también denominada fractura hidráulica, es mucho más compleja que la tradicional o convencional, que se realiza mediante el bombeo. El fracking consiste en la inyección de millones de litros de agua, arena y aditivos químicos a alta presión en la roca del sedimento. Al inyectar estos materiales se generan nuevas fracturas en la roca y se amplían las ya existentes. Eso permite finalmente la extracción del gas y el petróleo.

En Tratayen, uno de los territorios neurálgicos de Vaca Muerta, no sólo se extrae petróleo y gas de Vaca Muerta. También se construye el gasoducto Néstor Kirchner, los oleoductos y una planta de transferencia de Transportadora Gas del Sur (TGS), que transporta el gas que consumimos en Buenos Aires. Allí vive una veintena de familias, muchas de ellas productoras locales y criadoras de animales de pastoreo, como vacas, cabras, ovejas. También tienen caballos. Los Mardones y los Rosales son dos de esas familias, emparentadas entre sí. Son descendientes del pueblo Mapuche a través de su abuela.

Los Mardones son titulares del territorio donde se instaló la planta de fracking de Shell. Los Rosales reclaman el territorio donde opera YPF y el gasoducto. Ninguna de las familias que viven y trabajan aquí puede tomar el agua de pozo que solía consumir. La petrolera de bandera argentina les informó en los últimos años que debido a “una filtración” ya no deberían consumirla y les entrega bidones de agua potable para consumo familiar. “A los animales no nos queda otra que darles agua de pozo”, dijo Diego Rosales a elDiarioAR.

YPF sostiene que el agua de pozo en la zona no es apta para el consumo humano debido a contaminación en la década de 1970, que no tiene que ver con efectos del fracking y que el problema se está remediando junto a las comunidades mapuches de la zona. La empresa afirma que cuenta con un sistema de prevención y control de derrames y que tiene un plan de inversiones para mejorar las instalaciones y ductos, que muchas veces son viejos y no están adecuados. También afirman que alertan a la autoridad ambiental a través de un sistema de comunicación informática. “En 2021, el volumen de derrames de hidrocarburos mayores a un barril fue de 2.911 barriles, 49% menos que en 2020”, aseguró la compañía.

Basura

El fracking genera desechos o residuos. Son lodos de perforación, es decir, barro y sedimentos que se extraen cuando se fractura la tierra y que también contienen petróleo y los químicos que se utilizan para fracturar.También hay residuos del agua de retorno del fracking, es decir, del agua limpia de los ríos de Neuquén que se utilizaron para inyectar en el subsuelo y fracturar la tierra. El agua también vuelve con los químicos utilizados en el proceso de perforación y fractura.

Además, tanto el lodo como el agua de retorno suelen tener metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) y materiales radiactivos de origen natural (uranio, radio torio y radón), explicó el Observatorio Petrolero Sur (Opsur) en un informe elaborado en base a la información oficial obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) por medio de pedidos de informes dirigidos a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén en enero de 2021.

Como existen pozos muy profundos, de entre 4 y 6 kilómetros de extensión, la cantidad de residuos es importante. “Buena parte de los líquidos que cada pozo produce son descartados con algún tratamiento menor, en el mejor de los casos, en ‘pozos sumideros’. Es decir, pozos que llegan a formaciones permeables del subsuelo donde esos millones de litros son depositados a la espera de que no generen inconvenientes mayores. Por otro lado, los residuos sólidos, semisólidos y líquidos son tratados”, dice el informe.

¿Dónde tratan estos residuos? En plantas privadas, que en el caso de los lodos utilizan hornos que queman los residuos para disminuir el contenido de hidrocarburos que posee esa tierra. La primera de ellas fue instalada en el Parque Industrial de Neuquén, en las afueras de la ciudad capital de la provincia. Es manejada por la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa).

“Hay información como mínimo sesgada sobre el impacto ambiental de la industria y el fracking porque informan algunos de los incidentes en los campos petroleros pero no informan sobre el impacto en el suelo”, afirmó Blanco.

El primer basurero de Comarsa está bordeado por muros de concreto. El frente de la planta se ve en buen estado pero es muy fácil llegar a la parte de atrás, donde los muros de concreto están caídos y cualquier persona puede ingresar a las montañas de residuos sólidos. “No existe evidencia que indique que esta tierra con restos de hidrocarburos representen un riesgo para la salud y el ambiente, siempre que estén confinados en espacios debidamente acondicionados para tal fin como se encuentran en nuestra planta, emplazada en un parque industrial destinado para tal fin”, afirmó Comarsa ante la consulta de elDiarioAR.

La empresa fue denunciada por presuntos delitos ambientales por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la supuesta apropiación de tierras públicas, el presunto acopio ilegal de residuos peligrosos y el trabajo con máquinas clausuradas por la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Sus denunciantes sostienen que acopió más del doble de lo permitido, enterró residuos sin tratar y no cumple con los plazos que ella mismo se impuso en el plan de remediación de su planta en el Parque Industrial Neuquén.

La planta terminó fuera de operación por un decreto de la Subsecretaría de Ambiente de 2016, en el que se obligó a la compañía a trasladar las operaciones a otra planta en Añelo, fuera del ejido urbano, explicó Comarsa. El plazo para el traslado definitivo está vencido pero la planta sigue allí. 

“El material (que se ve en las montañas negras del basurero clausurado) es tierra con hidrocarburos estabilizada y sin líquidos libres caracterizada por laboratorios habilitados, y monitoreada de forma permanente por las autoridades de aplicación tanto nacionales como provinciales y municipales”, respondió la compañía, y aseguró que “todo el material se encuentra estabilizado sin líquidos libres” y que se aplicaron “productos de bioremediación que aceleran su proceso natural de degradación”. 

Por aire

Durante el viaje entre Neuquén capital y Vaca Muerta, a lo largo de las rutas 7 y 17, los campos de extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales pueden verse a la vera de los caminos, incluso en zonas habitadas, como en el caso de las cigüeñas que extraen petróleo al lado de las casas de vecinos o de los patios de jugo de los niños.

Patricia Rodríguez, chilena de nacimiento, brasileña de crianza y actualmente viviendo en Arizona, Estados Unidos, es miembro de la organización Earthworks y está de visita en Neuquén con una cámara FLIR GF320. Parece una cámara de video pero tiene la capacidad de detectar compuestos orgánicos volátiles (VOC), incluyendo agentes cancerígenos conocidos y gases de efecto invernadero. Se utiliza para identificar emisiones y fugas durante las operaciones cotidianas de la extracción de petróleo y gas, o debido a equipos en mal estado, accidentes y descargas programadas por parte de los operadores.

Rodríguez coloca la cámara frente al ingreso de plantas de tratamiento, compresores y campos de extracción y miden las “emisiones fugitivas” de las empresas.

“Además de las emisiones de CO2 por el uso, se generan emisiones en los pozos de extracción y en el transporte del gas, llamadas en la jerga ‘emisiones fugitivas’ y que están compuestas en su mayor parte por metano con alto potencial de calentamiento global. Estas emisiones fugitivas representan entre un 8% y un 12% de las emisiones totales por el uso del gas”, explicó a elDiarioAR Gabriel Blanco, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y ex Director Nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno de Alberto Fernández.

En Neuquén y Vaca Muerta, Eartheworks midió esas emisiones en las plantas de YPF Loma Campana, la refinería de Complejo Industrial Plaza Huincul, set de fractura de Área Bandurria Sur y la planta de tratamiento de crudo Río Neuquén. También tienen imágenes de emisiones en la planta de procesamiento de gas de Tecpetrol en Fortín de Piedra (Grupo Techint), en la planta de tratamiento de crudo Aguada Pichana Este, de la francesa Total; en la central térmica Agua del Cajón, de Capex; y en plantas de Yacimiento Centenario, de Pluspetrol.

No sólo se detectan emisiones de estos gases contaminantes por las mechas que emiten llamas. La cámara de Earthworks permite ver emisiones que el ojo no ve a simple vista o a la distancia. Chimeneas que parecen apagadas están emitiendo metano a la atmósfera. Lo mismo sucede con compresores que están cubiertos por depósitos.

Qué dicen las petroleras

Estas emisiones están reguladas por la provincia de Neuquén, pero no están prohibidas por completo. Existen estrategias para reducirlas esas emisiones, como disminuir o eliminar la fuente de las emisiones mediante operaciones efectivas o redirigirlas a un dispositivo de control para evitar la emisión directa de metano a la atmósfera, sostiene la organización Methane Guiguing Principles.

En YPF, sostienen que la gestión de la petrolera “está orientada a minimizarlas y hacer un tratamiento adecuado a la legislación local”. ¿Qué emite YPF? De acuerdo a su último informe de sustentabilidad: dióxido de azufre (SO2 ), óxidos de nitrógeno (NOX ), compuestos orgánicos volátiles (COVNM), monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM10). La empresa sostiene que sus emisiones cayeron un 3,4% entre 2020 y 2021 y un 24% entre 2018 y 2021. 

Shell aseguró a elDiarioAR que “tiene el compromiso global de convertirse en una compañía neta de emisiones de carbono para 2050”. “En Argentina estamos implementando hace tiempo un Plan de Descarbonización para reducir las emisiones de nuestras operaciones en Vaca Muerta. Una de las múltiples iniciativas en ese sentido fue la electrificación de nuestras plantas de Sierras Blancas, conectando las instalaciones a la red nacional de energía eléctrica para reemplazar la energía previamente generada a través de generadores de diésel y de gas”, aseguró la multinacional.

En Pluspetrol, que opera en Yacimiento Centenario, donde extrae tight gas utilizando fracking aseguraron a este medio: “Cumplimos con todas las regulaciones en el tema de referencia y no hemos tenido multas de la provincia por incumplir con la regulación”. El área concesionada a este empresa coincide con algunos de los barrios más pobres de las ciudades de Neuquén y Plottier.

Tecpetrol, de Techint, declinó responder sobre sus políticas de emisiones, entre otras consultas de elDiarioAR sobre sus operaciones en Vaca Muerta. Este medio consultó en la web el informe de sustentabilidad de la compañía en 2021 (último publicado) en el que sostiene que “una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector es la cantidad de gas emitido a la atmósfera por venteo”. “Esta práctica se lleva a cabo por razones operativas asociadas a procesos específicos, como, por ejemplo, ensayos de pozos, purgas y tareas de mantenimiento”. 

La otra fuente de gases de efecto invernadero “es la combustión de combustibles, principalmente, gas natural y, en proporciones menores, gasoil y diésel para los procesos propios de la actividad”, dice la compañía. Tecpetrol mide emisiones de CO2 y metano y no incluye otros gases como óxidos de nitrógeno y de azufre, hidrocarburos sin metano o  gases refrigerantes.  

Sin embargo, Tecpetrol no especifica cuánto emite en Vaca Muerta sino a nivel global como compañía y aseguró, en 2021, que sus niveles de emisiones venían disminuyendo lentamente durante los últimos años.

Las emisiones fugitivas son apenas un porcentaje de las emisiones ligadas directamente a Vaca Muerta, aunque las emisiones fugitivas no sean menores. Blanco afirmó que “la proyección de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por el consumo interno de gas y otros hidrocarburos en Argentina tiene una tendencia creciente hacia 2030”. “Esto incluye el consumo en tres grandes sectores: el residencial, el transporte y el industrial, incluyendo la generación de electricidad”. 

“Utilizando proyecciones oficiales de la producción de gas de Vaca Muerta, se pueden calcular las emisiones que se producirían por su uso, tanto dentro del territorio argentino, como por su uso en aquellos países a los que se exporte ese gas. Estas últimas emisiones, podrían duplicar las emisiones que se producirían por el uso dentro de nuestro territorio”, agregó el experto. Es decir, la exportación futura de gas a Chile y Brasil, como mínimo, van a duplicar el efecto invernadero que ya provocamos dentro del país por el uso interno de este combustible fósil.

Al cierre de esta nota, elDiarioAR aguardaba la respuesta de Total, que adelantó que la empresa realiza trabajos permanentes “en pos de la disminución concreta de emisiones” y que responderá las consultas. Este medio no pudo comunicarse con ningún representante de Capex. 

ED/MG

Un nuevo método presentado en 'Science' para convertir residuos plásticos en combustible y materias primas promete ayudar a cerrar el ciclo del carbono a baja temperatura y con alto rendimiento.

Las mascarillas, las bolsas de la compra y los envoltorios de alimentos usados contienen muchas materias primas potencialmente útiles, pero ha resultado mucho más barato seguir fabricando más de estos plásticos de un solo uso que recuperarlos y reciclarlos.

Ahora, un equipo internacional de investigación dirigido por el PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) ha descifrado el código que bloqueaba los intentos anteriores de descomponer estos plásticos persistentes.

Normalmente, para reciclar los plásticos hay que “romper” los enlaces resistentes y estables que los hacen tan persistentes en el medio ambiente. Este proceso requiere altas temperaturas, por lo que resulta caro y consume mucha energía.

La novedad consiste en combinar el craqueo con una segunda fase de reacción que completa inmediatamente la conversión en un combustible líquido similar a la gasolina sin subproductos indeseados.

La segunda fase de reacción utiliza lo que se conoce como catalizadores de alquilación. Estos catalizadores proporcionan una reacción química utilizada actualmente por la industria petrolera para mejorar el octanaje de la gasolina.

En el estudio actual, la reacción de alquilación se produce inmediatamente después de la etapa de craqueo en un único recipiente de reacción, a temperatura ambiente (70 ºC).

“El craqueo sólo para romper los enlaces da lugar a que éstos formen otro de forma incontrolada, y eso es un problema en otros enfoques --explica en un comunicado Oliver Y. Gutiérrez, autor del estudio y químico del PNNL--. La fórmula secreta aquí es que cuando se rompe un enlace en nuestro sistema, inmediatamente se forma otro de forma dirigida que nos da el producto final que queremos. Ése es también el secreto que permite esta conversión a baja temperatura”, añade.

En su estudio, el equipo de investigadores, codirigido por científicos de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), señalaba otros avances recientes de la industria petrolera para comercializar la segunda parte del proceso aquí descrito para el tratamiento del petróleo crudo.

Johannes Lercher, autor principal del estudio, director del Instituto de Catálisis Integrada del PNNL y catedrático de Química de la Universidad Técnica de Múnich, apunta que “el hecho de que la industria haya utilizado con éxito estos catalizadores de alquilación emergentes demuestra su naturaleza estable y robusta”.

Según señala, “este estudio apunta a una nueva solución práctica para cerrar el ciclo del carbono de los residuos plásticos que está más cerca de aplicarse que muchas otras que se están proponiendo”.

En su estudio, los investigadores señalan una limitación en sus resultados. El proceso funciona con productos de polietileno de baja densidad (LDPE, código de resina plástica nº 4), como películas de plástico y botellas estrujables, y con productos de polipropileno (PP, código de resina plástica nº 5) que no suelen recogerse en los programas de reciclaje al borde de la acera en Estados Unidos. El polietileno de alta densidad (HPDE, código de resina plástica nº 2) requeriría un tratamiento previo para permitir que el catalizador acceda a los enlaces que necesita romper.

Los residuos plásticos derivados del petróleo son un recurso sin explotar que puede servir como material de partida para materiales duraderos útiles y para combustibles. Más de la mitad de los 360 millones de toneladas de plásticos que se producen cada año en el mundo son los plásticos objeto de este estudio.

Pero mirar una montaña de plástico y ver su valor requiere la mentalidad de un innovador, el ingenio de un químico y la comprensión realista de los aspectos económicos. Estos científicos intentan cambiar la dinámica aplicando sus conocimientos para romper eficazmente los enlaces químicos.

“Para resolver el problema de los residuos plásticos persistentes, tenemos que llegar a un punto crítico en el que tenga más sentido recogerlos y volver a utilizarlos que tratarlos como desechables --afirma Lercher--. Aquí hemos demostrado que podemos hacer esa conversión rápidamente, en condiciones suaves, lo que supone uno de los incentivos para avanzar hacia ese punto de inflexión”.

Europa Press.

IG

El Parlamento Europeo dio el visto bueno definitivo al acuerdo alcanzado con la Comisión y el Consejo Europeo para prohibir la venta de coches y furgonetas diésel y gasolina a partir de 2035. Se trata de la primera propuesta del paquete “fit for 55” -con el que la UE pretende reducir el 55% de las emisiones para 2030- que se aprueba formalmente. El plan salió adelante a pesar del rechazo del PP europeo y la extrema derecha. Fue aprobado con 340 votos a favor, 279 en contra -entre ellos los de PP, Vox y PNV- y 21 abstenciones.

La regulación establece dos plazos para la reducción de las emisiones de los vehículos particulares: el primer objetivo de reducción de CO2 es del 55% para automóviles nuevos y del 50% para furgonetas nuevas para 2030 en comparación con los niveles de 2021; y el segundo es del 100% para autos y furgonetas nuevos para 2035. Eso le da, según los defensores del acuerdo, un margen de maniobra suficiente a la industria para adaptarse.

Ese es uno de los argumentos que empleó el eurodiputado liberal Jan Huitema, quien fue el encargado de elaborar el informe, al asegurar que el plan da “seguridad a los inversores y fabricantes”, además de hacer a la UE “más independientes de combustibles fósiles de terceros países” en un momento en el que la guerra en Ucrania dejó claras las debilidades del mercado energético europeo y su dependencia de Rusia, entre otros.

El actual mecanismo de incentivos para vehículos de emisión cero o de baja emisión recompensa a los fabricantes que venden más vehículos de este tipo, con unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 más bajos. Se trata de los vehículos con emisiones entre cero y 50 g de CO2/km, como los vehículos eléctricos e híbridos enchufables con buen rendimiento. De 2025 a 2029, el índice de referencia de los vehículos de emisión cero o de baja emisión queda fijado en el 25 % para las ventas de automóviles nuevos y en el 17 % para las furgonetas nuevas. A partir de 2030, este incentivo desaparecerá.

“Esta medida facilitará la evolución del mercado”, defendió la socialdemócrata, Sara Cerdas, quien aseguró que “se reducirán los precios”. “El sector nos ha transmitido el mensaje de que está preparado. Ha llegado el momento de que la UE se responsabilice por sus emisiones”, afirmó.

“Lo hemos conseguido. Es un acuerdo histórico que articula la industria con el clima. Es un logro porque normalmente son términos antitéticos”, expresó Karima Delli, de Los Verdes, que se mostró especialmente orgullosa del acuerdo en su calidad de presidenta de la Comisión de Transportes. “Se ha dicho que acaba el coche de combustión, pero se sustituye por el coche eléctrico”, dijo.

La derecha rechazó el acuerdo bajo la premisa de que pone en riesgo la industria europea. “Es un tremendo error estratégico”, señaló el diputado belga del PP Pascal Arimont sobre el objetivo de prohibir los vehículos diésel y gasolina para 2035: “Nadie duda de que el coche eléctrico es importante para reducir las emisiones, pero apostarlo todo a una carta no tiene que ver con perspicacia estratégica”. Así, planteó que sería necesario diversificar las tecnologías.  

PP, Vox y PNV, en contra

“Los grandes defensores del frente roji-verde, nutridos por el consumidor, tan panchos nos piden cosas que no hacen más que desplazar millones de empleos a terceros países”, cargó la representante de la extrema derecha de Identidad y Democracia, Sylvia Limmer, quien aseguró que “no hay movilidad con emisión cero”.

El grupo de La Izquierda mostró algunas dudas respecto al acuerdo alcanzado, al plantear que “los objetivos intermedios podrían tener más ambición”. “Los cochazos de lujo quedan exentos con esto de que se venden menos de 1.000”, reprochó Cornelia Ernst. Los fabricantes con una producción reducida (entre 1.000 y 10.000 automóviles nuevos o entre 1.000 y 22.000 furgonetas nuevas al año) podrán beneficiarse de una exención hasta finales de 2035. Los que declaren menos de 1.000 vehículos nuevos al año seguirán estando exentos.

Su compañera de bancada, Marine Mesure, tachó de “irresponsables” los objetivos dado que advirtió que los vehículos eléctricos son caros por lo que “la gente va a acudir a los térmicos”. También avisó de que no se atiende al proceso de fabricación dado que el litio “es muy contaminante”.

PP, Vox y PNV votaron en contra de la propuesta, que fue apoyada por PSOE, Ciudadanos -a excepción de José Ramón Bauzá- Podemos, IU e ICV. En España, la ley de cambio climático establecía un periodo de 20 años (hasta 2040) para la desaparición de los vehículos de combustión, por lo que tendrá que adaptar ligeramente la regulación a lo acordado en el seno de los 27. El PNV defendió que la rebaja de las emisiones sea del 90% en 2035 y no del 100% como se decidió en Bruselas.

Bruselas plantea una senda de reducción de emisiones a camiones y autobuses

Varios eurodiputados apremiaron a los colegisladores a poner sobre la mesa una propuesta para limitar las emisiones en los casos de camiones y vehículos pesados, que por ahora quedaron fuera del marco legislativo. Genera más suspicacias dado que se trata de material de trabajo en muchos casos de personas autónomas, es decir, por cuenta propia.

Justo el día en que la Eurocámara dio luz verde definitiva al plan para los coches y furgonetas, la Comisión Europea publicó su plan para los vehículos pesados a los que plantea una senda de reducción de gases contaminantes: 45 % en 2030 para los camiones y autobuses de larga distancia; 65 %, en 2035; y 90%, en 2040, respecto a los niveles de 2019. Para los colectivos municipales, establece que los que se comercialicen a partir de 2030 sean de cero emisiones (no en el caso de los interurbanos, que tendrán la misma consideración que los camiones).

“Es ambicioso, pero es absolutamente posible”, afirmó el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, al presentar el plan con el que Bruselas pretende reducir la contaminación de ese tipo de transporte, que es responsable del 25% de los gases de efecto invernadero de la UE. La propuesta tiene que acordarse ahora con los estados miembro y el Parlamento Europeo.

Los Verdes cuestionaron la propuesta, que ven poco ambiciosa. “Es una mala noticia para todos los ciudadanos y envía una señal equivocada a los fabricantes. Con esta propuesta, la Comisión cuestiona el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en 2050. Al hacerlo, intenta complacer a la derecha europea, ala que está intentando, por todos los medios, obstaculizar la aplicación efectiva del Pacto Verde”, dice en un comunicado Yannick Jadot, quien lamenta que se reconozca de esta forma que los camiones puedan seguir circulando con combustibles fósiles más allá de 2050.

LC

Argentina se comprometió en 2020 a no superar la emisión anual de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (MtCO2e) para 2030, lo que implica una baja del 4,6% respecto de las emisiones registradas en 2018, último dato disponible. El nuevo “Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático” del país es una hoja de ruta para conseguirlo. 

El plan incluye 250 medidas de política pública que deberán aplicarse de aquí a 2030 y da prioridad al gas natural como combustible de transición. También busca reducir las emisiones en la actividad agrícola y ganadera, y se centra en gran medida en mejorar la gestión del agua. 

¿El costo? Más de 185.000 millones de dólares, equivalentes al 40% del PBI de Argentina en 2021. El gobierno ya adelantó que buscará financiamiento internacional para implementarlo. 

“Uno de los principales objetivos del plan era hacer transversal a todas las áreas del Gobierno nacional la mirada del cambio climático. Esto es un punto de partida”, explica Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El plan incluye iniciativas novedosas para la agenda pública del país, como la agroecología, reducción de pérdidas de alimentos, el control sobre la deforestación, la conservación de ecosistemas naturales y la mejora de las prácticas ganaderas.

Sin embargo, especialistas advierten que el plan sufre carencias a la hora de definir suficientes indicadores para su evaluación a lo largo del tiempo. “De las 122 medidas de mitigación, solamente 18 tienen cuantificado el potencial de reducción de emisiones”, explica Belén Alejandra Silva, consultora ambiental argentina. “Hay 36 medidas que no tienen metas definidas y otras 56 sin indicadores”.

El gas, ¿un activo varado?

El sector de la energía, excluyendo el transporte, contribuye en 37% a las emisiones de Argentina. Para reducirlas, el plan plantea al gas natural como uno de sus ejes prioritarios. “Se implementarán medidas tendientes a gasificar consumos energéticos hoy abastecidos por medio de combustibles líquidos derivados del petróleo,” se afirma en el documento.

Vaca Muerta -uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo, en la provincia de Neuquén, en el noroeste de la Patagonia argentina- se considera clave para aumentar la producción de gas natural en el país.

“Con el nivel de pobreza que hay en la Argentina, hay una enorme cantidad de gente que necesita consumir más energía [pero actualmente no puede acceder a ella]”, indica Diego Roger, investigador de la Universidad de Quilmes y especialista en energía. “No es posible disponer de esa mayor oferta solo con renovables, a causa de temas de costos, estabilidad de la red e infraestructura. El gas es una alternativa relativamente limpia”.

El plan también hace referencia a expansión de las energías renovables y cita a la ley N° 27.191, la cual establece que al fin de 2025 el 20% del total del consumo de energía eléctrica deberá provenir de fuentes limpias. De acuerdo a datos oficiales, el sector de las energías renovables representó el 13,5% de la demanda energética argentina en el tercer trimestre de 2022. Si bien el peso de las renovables viene en ascenso (representaba el 2,5% de la demanda en 2018), las inversiones se ralentizaron desde 2019 a raíz de la crisis económica. 

A pesar de ello, estimaciones oficiales indican que la participación de las fuentes térmicas en la generación eléctrica pasaría de alrededor del 60% en la actualidad a un rango de 30- 40% en 2030. Esa mejora podría apoyarse en la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos como Aña Cuá, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner y Chihuido I, que permitirían un aumento de la generación de energía sin emisiones.

“Actualmente, el 64% de la población tiene gas y el 94% cuenta con electricidad [en sus hogares]. Por ello, más viable que ir hacia una gasificación masiva es mejorar la infraestructura eléctrica y así evitar que en 15 años haya activos varados asociados al gas”, sostiene Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional.

Movilidad sostenible

El 13% de las emisiones de Argentina corresponden al sector de transporte. 

En Argentina hay casi 15 millones de vehículos, de los cuales 7 de cada 10 son nafteros, 2 funcionan a diesel y 1 utiliza Gas Natural Comprimido (GNC), según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Los vehículos eléctricos e híbridos representan entre ambos menos de 10 mil unidades.

El plan apunta a la renovación del 9,5% de los vehículos utilitarios livianos a diesel y nafta por vehículos eléctricos para 2030, mientras que el porcentaje de unidades convertidas a GNC respecto al parque total pasaría del 9% al 15%. Además, se espera renovar el 6,8% de los utilitarios pesados a diesel y nafta por eléctricos, y el porcentaje de unidades a GNC respecto al parque total subiría de 3,5% a 10,7%. Se prevé también el recambio de 13 mil vehículos de la administración pública nacional por tecnologías eléctricas y hasta 146 mil unidades en compras con otras jurisdicciones.

“La medición energética completa, desde el pozo hasta la rueda del vehículo, ofrece una ventaja para los vehículos eléctricos, especialmente para el uso urbano, frente a los motores tradicionales. Y a medida que avance la participación de la energía renovable en la generación eléctrica, va a aumentar la diferencia a favor del eléctrico. En el caso de la comparación entre las naftas y el GNC, el gas es más conveniente,” explica Gabriel Correa Perelmuter, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET)

El Plan también apunta para 2030 a la renovación del 22% de los buses urbanos por buses eléctricos (8.847 unidades) y la incorporación de más de 7 mil buses a GNC a la flota urbana regular. Para el transporte de larga distancia de pasajeros, se incorporan casi 4 mil buses a GNC y 2.722 buses a GNL (gas natural licuado). Hoy el transporte público en Argentina funciona mayormente con combustible nafta diesel.

Fernando Canedo, Director Ejecutivo de Adefa, entidad que agrupa a las empresas automotrices, explica que “en una primera etapa, vamos camino hacia los motores híbridos. También es posible el recambio de la flota de buses urbana, de carga y de mediana y larga distancia si existiera un buen financiamiento. En camiones de carga las terminales ya están trayendo unidades con GNC y GNL, que emiten mucho menos que los gasoleros”.

Asimismo, el Plan menciona medidas para fortalecer el sistema ferroviario y a la mejora del desempeño energético y ambiental de los buques utilizados para el transporte marítimo. Argentina exporta a través de grandes buques cargueros su producción agropecuaria, incluyendo soja, maíz, trigo y cebada, entre otros.

Uso de la tierra: control de la pérdida de bosques

Las emisiones asociadas a cambios del uso de tierras forestales, de cultivo y pastizales, a la gestión de ganado y la aplicación de fertilizantes significaron en 2018 el 39% de las emisiones totales de Argentina. La deforestación libera el carbono almacenado en los ecosistemas y reduce la capacidad del suelo de absorber carbono de la atmósfera.

De acuerdo a datos oficiales, Argentina es el sexto país del mundo en términos de tierra cultivada, con 39 millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la fértil llanura Chaco-Pampeana. La contracara de este hecho es que está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015.

“Hoy en día, lo más importante es cómo evitar que se sigan convirtiendo ecosistemas naturales en tierras para la agricultura y ganadería”, advierte Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de FARN. El capítulo de uso de la tierra es uno de los componentes del plan con con menos detalles en cuanto a líneas de base, metas e indicadores, advierte Gonda.

Lo más importante es cómo evitar que se sigan convirtiendo ecosistemas naturales en tierras para la agricultura y ganadería

En el caso de la ganadería, que representa 16% de las emisiones totales del país, el plan propone reducir la intensidad de gases de efectivo invernadero (emisiones por cada kilo de carne) por medio del aumento de la eficiencia del sistema de producción. 

También se contempla la promoción de la ganadería agroecológica, que consiste en sistemas basados en pasturas perennes con carga animal moderada. Pero Gonda advierte que la mejora de la eficiencia puede ir acompañada de un aumento de las emisiones totales, si sigue creciendo la cantidad de ganado.

Adaptación: gestión del agua

“El componente de adaptación tiene como principal capítulo a la gestión del recurso hídrico, ya sea para enfrentar nuevas situaciones de escasez, como por ejemplo a causa de sequías, o también por exceso, es decir ante inundaciones. Aquí aparece la necesidad de realizar obras públicas para mejorar el acceso al agua de poblaciones y sistemas productivos y rotación de cultivos para incrementar la captura de agua del suelo”, indica Florencia Mitchell. 

La mayor partida presupuestaria del plan, de US$68 mil millones, corresponde a la ampliación de la cobertura de agua segura y saneamiento. Actualmente, más del 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable y un 56% a saneamiento, con un menor acceso en las zonas rurales comparado con las zonas urbanas. 

El plan también apunta al fortalecimiento de los programas de conservación de los bosques nativos, el desarrollo de sistemas de alerta temprana de incendios y acciones para la conservación, manejo y restauración de los humedales. Desde 2013 se debaten en el Congreso proyectos de ley para proteger los humedales, todavía sin lograr un consenso, a pesar de los continuados incendios forestales. 

Financiamiento: ayuda internacional

Los 185 mil millones de dólares que tendría que invertir el sector público de acuerdo a las cifras plasmadas en el plan representan un gran desafío en el contexto de restricción fiscal que sufre el Estado. Argentina tiene una deuda externa de US$271 mil millones con organismos internacionales (56% de su PBI) y debe reducir su gasto público como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno argentino ha resaltado en varias oportunidades el rol del país como proveedor de servicios ecosistémicos al resto del mundo, por ejemplo en la forma en que los bosques autóctonos del Gran Chaco ayudan a capturar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el gobierno ha pedido el desarrollo de sistemas de canje de deuda por acción climática, los cuales permitan cumplir con metas ambientales a cambio de reducir pagos de deuda.“Una de las prioridades para 2023 es identificar cuánto dinero ya se está invirtiendo en la crisis climática”, sostiene Mitchell. “Otra clave es definir una estrategia internacional de financiamiento climático, porque los fondos propios no van a alcanzar”.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

En enero de 2019, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el lanzamiento de lo que llamó un Gran Debate Nacional como parte de su respuesta ante las protestas de los llamados chalecos amarillos. En este marco, se lanzó también la convención ciudadana sobre el clima, en la que 150 franceses elegidos al azar trabajaron durante meses sobre cinco temas: alojamiento, transporte, alimentación, consumo, producción y trabajo. De la convención salieron 149 proposiciones “para conseguir una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2030, con un espíritu de justicia social”. Entre ellas estaba la supresión de los vuelos nacionales para los que exista una alternativa en tren en menos de cuatro horas.

Aunque el Gobierno francés incluyó esa medida en su ley sobre el clima, la limitó a trayectos que puedan hacerse en menos de dos horas y media, una medida que acaba de recibir el espaldarazo de la Comisión Europea.

“La reducción fue el resultado del incesante trabajo de lobby del sector aéreo francés, combinado con la timidez del Gobierno, más preocupado por lo simbólico, el efecto publicitario, que por una medida verdaderamente ambiciosa”, dice a elDiario.es Thomas Gelin, portavoz de movilidad en Greenpeace. En principio, solo tres de las conexiones interiores que transportan más pasajeros se verán afectadas: las que unen el aeropuerto de París-Orly con Burdeos, Lyon y Nantes.

De hecho, según denuncian las asociaciones ecologistas, con el límite de dos horas y media, la medida ofrece beneficios muy limitados, al excluir las conexiones desde París-Charles de Gaulle con los otros grandes centros urbanos franceses (el trayecto en avión de París a Nantes, que provocó este año una polémica con el PSG, se podrá seguir haciendo en vuelo comercial). Además, el Ejecutivo galo también excluyó los vuelos Lyon-Marsella y París-Rennes, para los que el transporte público “no permite un acceso suficientemente temprano al aeropuerto por la mañana, ni una salida suficientemente tardía por la tarde”.

La medida excluirá las tres conexiones más frecuentadas: París-Niza (que supone seis horas en tren), París-Toulouse (cuatro horas y 15 minutos) y París-Marsella (tres horas). En particular, con más de tres millones de pasajeros anuales, la conexión de la capital con Niza genera unas 225.000 toneladas de CO2 cada año, con un 20% más de viajeros desde 2015. Por pasajero, eso representa 82,3 kilogramos de CO₂ (39 veces más que el tren), según los cálculos de Greenpeace. En comparación, París-Burdeos, la línea más contaminante afectada por la prohibición aprobada por el Ejecutivo, solo es responsable de 89.000 toneladas de CO₂.

Visto bueno de Bruselas

Greenpeace proponía ampliar la supresión de todos los vuelos para los que exista una alternativa en tren sin transbordo en menos de seis horas. Las estimaciones de la ONG apuntaban que, en ese caso, la reducción sería del 83,5% respecto al total de emisiones de los vuelos nacionales. De manera similar, la ONG Réseau Action Climat (RAC) calcula que la ampliación del alcance del cierre de rutas a menos de cuatro horas en tren reduciría las emisiones de CO₂ de los vuelos metropolitanos en un 33,2%, un impacto tres veces superior al que estiman para la actual medida.

Los ecologistas defienden que la mayoría de los vuelos interiores (excluyendo Córcega y los departamentos de ultramar) podrían sustituirse fácilmente. Consideran que el tren es una alternativa para casi todos los desplazamientos con procedencia y destino París, gracias a la red de alta velocidad que enlaza con la capital.

“En general, el ferrocarril podría acoger el excedente de usuarios vinculado a la supresión de las conexiones aéreas, para trayectos con alternativas en tren de menos de dos horas y media o cuatro horas”, dice Aurélien Bigo, investigador sobre la transición energética del transporte en el Institut Louis Bachelier de París. “No obstante, eso puede resultar más complicado en las horas punta, aún más en los fines de semana y en las salidas de los días festivos, cuando los trenes ya suelen estar saturados. Los informes sobre el tema sugieren que se puede incrementar la provisión de trenes de mayor capacidad y, posiblemente, añadir nuevos cuando sea posible”.

Si la medida no es suficientemente ambiciosa a ojos de los ecologistas, su carácter pionero en Europa puede compensar, en parte, sus debilidades. Desde diciembre de 2021, la Comisión Europa estuvo revisando la medida, después de que la Unión Francesa de Aeropuertos (UAF) solicitase su anulación. El pasado día 2, Bruselas dio el visto bueno a la disposición, lo que abre la puerta a otros Estados a adoptar medidas similares.

“Finalmente, este es el principal efecto de esta medida”, dice el representante de Greenpeace. “Al comparar cada elemento de la propuesta francesa con las disposiciones del Reglamento sobre servicios aéreos, y concluir que la medida francesa es legal, la Comisión está proporcionando las instrucciones a otros Estados miembros para medidas similares”.

Vuelos intracomunitarios

El reglamento europeo de servicios aéreos establece que un Estado miembro podrá “limitar o denegar el ejercicio de los derechos de tráfico aéreo, en particular cuando otros modos de transporte presten un servicio satisfactorio […] cuando existan problemas medioambientales graves”. No obstante, especifica que estas medidas deben ser “no discriminatorias” y no deben “distorsionar la competencia entre compañías aéreas”. París tuvo que renunciar a una excepción prevista por la ley para los vuelos de conexión, ya que la Comisión consideró que penalizaba a aquellas “cuyo modelo de negocio no se basa en los pasajeros en conexión”.

Las ONG también subrayan la necesidad de ampliar el reglamento a los vuelos intracomunitarios, para los que a menudo existe una alternativa en tren. Según los datos de Réseau Action Climat, los vuelos nacionales solo representan el 22% de los gases de efecto invernadero emitidos por el tráfico aéreo interior de la UE, la gran mayoría procede de vuelos internacionales. En el caso de Francia, el think tank The Shift Project ha elaborado una lista con líneas como París-Londres, París-Ginebra, París-Zúrich, París-Fráncfort, París-Ámsterdam y París-Bruselas, que pueden hacerse en tren en menos de cuatro horas y media.

Queda por ver cuándo se aplicará la medida. El proyecto de ley aún deberá ser objeto de una consulta pública, antes de ser sometido al examen del Consejo de Estado francés, que deberá darle forma concreta mediante un decreto.

“Hay un margen importante en su aplicación, debido al hecho de que, al mismo tiempo que cambian las prácticas de movilidad, se producen también fuertes cambios en la oferta”, dice Aurélien Bigo. “Por ejemplo, si se suprimen varias rutas aéreas, una parte de los desplazamientos dejará de realizarse, o lo hará con menos frecuencia o mediante otros modos de transporte distintos del ferrocarril (coche, autobús, etc.). No todos los usuarios se pasarán a los enlaces ferroviarios, lo que facilitará la capacidad del sistema para soportar mejor estos cambios”.

AH

El incremento acelerado de la capa de gases de efecto invernadero que recalienta el planeta es el resultado de las emisiones de CO2 –también metano u óxido nitroso– que han provocado las actividades humanas como quemar carbón para obtener energía o usar petróleo para los combustibles que utilizan los automóviles, los aviones y los barcos.

Estas emisiones comenzaron, básicamente, a partir de la revolución industrial del siglo XIX y no ha hecho otra cosa que aumentar. Si en 1950 las emisiones conjuntas mundiales eran unos 6.000 millones de toneladas de CO2, al acabar el siglo XX fueron de 25.000 millones. El pico se marcó justo el año pasado: en 2021 se superaron los 39.000 millones de toneladas de CO2.

Sin embargo, aunque se hable de emisiones mundiales, los causantes no se distribuyen de forma uniforme por el planeta. Países como Reino Unido –que lideró la revolución industrial–, luego EEUU al convertirse en superpotencia mundial, Europa, Rusia y actualmente China son los principales emisores.

Así han evolucionado las emisiones de CO2 en los principales países

Evolución anual de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) per capita y totales en cada país* desde 1790. Haz clic en los botones para cambiar de gráfico

Totales Per capita

A medida que países empobrecidos han conseguido desarrollar sus economías tras su pasado colonizado, se han incorporado a la obtención de energía a base de combustibles fósiles. El ejemplo de China, que se activó en la década de los 80 y ha acelerado de manera espectacular desde 2000, e India desde 2005 ejemplifican este fenómeno. 

Ninguno de los líderes de los cuatro países que más carbono (CO2) lanzan a la atmósfera se presentó este lunes a la jornada inaugural de la Cumbre del Clima de Egipto COP27. Los presidentes de China, EEUU y Rusia además del primer ministro de India se perdieron la llamada de auxilio de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. “No hace falta repetir el horror y la devastación que han golpeado la Tierra en los 12 meses que han pasado desde Glasgow. Pero sí por qué falta la voluntad política para cumplir las promesas”.

Las ausencias del chino Xi Jinping, el norteamericano Joe Biden, el indio Narendra Modi y el ruso Vladimir Putin responden a sus propios intereses y circunstancias locales. No significa que sus países no participen en las negociaciones, pero “es decepcionante que los líderes de los mayores emisores no hayan aprovechado la oportunidad para venir a Egipto a ocuparse de las muchas crisis globales que estamos afrontando”, analiza Alex Scott, experta en diplomacia climática y geopolítica en el think tank E3G.

Es cierto que el presidente ruso Vladimir Putin no es un habitual de estas citas. Rusia no niega el cambio climático, pero arrastra los pies. De hecho, el deshielo en el Ártico facilita sus proyectos de extracción de gas y petróleo. Los hidrocarburos suponen el 5% de su PIB y el 30% de sus exportaciones. La situación generada por la invasión rusa de Ucrania hizo muy sencilla la ausencia de Putin.

Que estos líderes no hayan aparecido mina las posibilidades de alcanzar un consenso global sobre qué es lo próximo que hay que hacer

Alex Scott — experta en diplomacia climática

Sin embargo, el tándem China-India protagonizó la primera línea de presión en la COP del año pasado para suavizar la petición de acabar con los subsidios públicos a los combustibles fósiles. “Que estos líderes no hayan aparecido mina las posibilidades de alcanzar un consenso global sobre qué es lo próximo que hay que hacer”, opina Alex Scott. Y en las cumbres climáticas, los compromisos o peticiones que aparecen en su documento final necesitan unanimidad. Si un solo país bloquea, la decisión decae.

Así que el plenario de jefes de Estado y Gobierno no escuchará qué tienen que decir en voz alta estos países. “Me pregunto qué más tiene que ocurrir”, lanzó este lunes la barbadense Mottley. Luego, en las salas de negociación sí dejarán oír su criterio: China e India mantuvieron la postura de que países como los suyos no son los principales responsables históricos del cambio climático y, por lo tanto, conservan el derecho a reducir y mitigar las emisiones de CO2 más lentamente que los países del Norte global.

Ambos países trataron de rebajar la presión internacional para abandonar el uso del carbón a la hora de obtener energía. Además, en agosto pasado, China dejó las negociaciones climáticas bilaterales con EEUU como parte de su protesta por la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán.

El presidente del principal país de ese Norte global, el estadounidense Joe Biden, tampoco fue a Egipto. Este martes se celebran las elecciones de medio mandato en su país. Sí confirmó que acudirá el 11 de noviembre. Pero ¿por qué importan estas presencias si las negociaciones de verdad comienzan la semana que viene?

Alex Scott lo explica: “El papel de la cumbre de líderes es inyectar energía política a las negociaciones. Subrayan la importancia que le otorgan”. Es recordado cómo el enviado especial de EEUU a Glasgow, John Kerry –ex candidato a la Casa Blanca– se afanaba en las últimas horas de la COP26 para evitar un bloqueo en las negociaciones y por tanto el fracaso de la Cumbre.

¿Cómo puede ser que las grandes compañías hayan tenido 200.000 millones de dólares en beneficios solo en los últimos tres meses y no esperen contribuir con al menos diez céntimos de cada dólar?

Mia Mottley — primera ministra de Barbados

La COP de Sharm-el-Sheik va a tratar en buena medida de dinero. De los fondos que los países desarrollados todavía no han aportado para que el Sur global mitigue y se adapte al cambio climático. Y, además, del dinero que piden los estados empobrecidos para compensar las pérdidas y daños que la crisis les causa –y causará– por más que se preparen.

La misma primera ministra de Barbados señalaba en la inauguración de esta cumbre “¿Cómo puede ser que las grandes compañías hayan tenido 200.000 millones de dólares en beneficios solo en los últimos tres meses y no esperen contribuir con al menos diez céntimos de cada dólar?”.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, exigió este lunes a “todos los gobiernos” la implantación de impuestos sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías de energías fósiles. “Pido a todos los gobiernos que tasen los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles. Reorientemos el dinero para la gente que sufre con el alza de los precios de la energía y los alimentos y para los países que sufren pérdidas y daños causados por la crisis climática”, enfatizó Guterres.

“Los líderes que están aquí sí pueden indicar que están preparados para sellar un acuerdo y financiar esas pérdidas y daños. Incluso que van a hacer lo necesario para cerrar la brecha existente entre sus planes de reducción de emisiones y el recorte que de verdad es necesario”, remata Alex Scott. 

La ONU busca frenar el llamado “greenwashing” con el que empresas o entidades financieras anuncian pomposos planes de emisiones cero de carbono, cuando en verdad apenas lo reducen. Por eso, anunció una serie de directrices contra este blanqueo ecológico.

Entre las proclamas que el grupo de expertos considera inaceptables están “declararse cero neto” a pesar de que continúan “invirtiendo o construyendo en proyectos relacionados con los combustibles fósiles”, utilizar de “créditos baratos” en el mercado de emisiones para computar como que redujeron el CO2 que lanzan a la atmósfera –en lugar de recortarlo– ejercer presión en los gobiernos para aguar las políticas climáticas (hacer lobby) o centrarse solo en una parte de sus emisiones en lugar de su volumen total a lo largo de la cadena de valor de sus productos.

“Se trata de reducir las emisiones reales sin hacer trampas”, explicó la presidenta de este grupo Catherine Mckenna. Su trabajo cuestionó las promesas que carecen de solidez. “Nuestro documento facilita una hoja de ruta crucial para la integridad de los compromisos”, insistió.

Estas líneas rojas lo que buscan, en definitiva, es acabar con el falseamiento a la hora de contabilizar cuánto CO2 emiten estas entidades en realidad con su actividad. No vale, por ejemplo, lucir un recorte por haber aislado los edificios de oficina o recurrir a un suministro de renovables al tiempo que se participa en la construcción de un oleoducto que sirve para utilizar más petróleo como combustible fósil.

O comprar derechos de emisión a bajo costo sin acometer directamente las emisiones que una corporación está liberando a la atmósfera para maquillar la contabilidad de CO2.

El informe llega a pedir que se pase de un modelo voluntario a considerar “la obligatoriedad de unos criterios mínimos” para dar un visto bueno a las declaraciones públicas de que una empresa concreta será de cero emisiones netas en un momento determinado. “Pasar de esas iniciativas voluntarias a un marco obligatorio que regule la neutralidad de carbono para las grandes empresas e instituciones financieras”.

Si la industria, las instituciones financieras, ciudades y regiones “realmente cumplen con sus promesas sobre las cero emisiones netas, adoptarán estas recomendaciones”, remarcó uno de los expertos que ha participado en este informe, Bill Hare.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, animó “a todos aquellos que se han comprometido con objetivos de emisiones netas cero, a adoptar las recomendaciones y así poder demostrar la integridad y seriedad de sus promesas”.

El presidente Alberto Fernández cuestionó este miércoles con dureza al ex mandatario estadounidense Donald Trump por desconocer los efectos del Cambio Climático y apuntó contra Estados Unidos y China por sus elevados niveles de emisión de dióxido de carbono.

Lo hizo en el marco de la presentación y capacitación de la Ley Yolanda en el CCK, en la que propuso además modificar pequeños hábitos de consumo para contribuir con el cuidado del planeta.

“Si bien científicos descubrieron el efecto invernadero y cómo se potencia negativamente con la presencia de gases como el dióxido de carbono y el metano, al día de hoy estamos discutiendo con líderes del mundo si eso es cierto o no es cierto. Hay que mirar los Estados Unidos en los días de Trump que eso era sistemáticamente negado, y hablamos de una de las principales potencias del mundo y uno de los mayores responsables de ese efecto invernadero potenciado”, denunció el Presidente junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y el viceministro, Sergio Federovisky.

Participaron del panel además, la senadora María Eugenia Catalfamo, y la vicepresidenta del panel intergubernamental de cambio climático Carolina Vera.

El mandatario planteó la necesidad de fomentar el desarrollo productivo con especial atención en los cuidados del ambiente, y reveló detalles de su participación en la cumbre del G7, en la que los principales líderes europeos manifestaron su desesperación por la falta de energía y de alimentos, luego de que Rusia suspendiera su abastecimiento a Europa producto de la guerra con Ucrania.

“Cuando escuchaba hablar a los líderes europeos su única preocupación era ver cómo seguir produciendo porque sin gas es muy difícil”, explicó al tiempo que indicó que el gas ha sido considerado “energía para la transición” para abandonar los combustibles fósiles y adoptar energías renovables.

De cara a varios de los funcionarios de su Gabinete, entre ellos, Juan Manzur (titular de ministros), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia) y Carla Vizzotti (Salud) ubicados en la primera línea del auditorio, el Presidente denunció la vuelta a la quema de carbón en Alemania para generar energía y responsabilizó al Cambio Climático por las sequías, los incendios naturales, los deshielos y la bajante del Río Paraná.

En la misma línea, subrayó: “La Argentina no es culpable de mucha de las cosas que pasan, emite 0.8% del carbono; los grandes responsables son China y Estados Unidos, los productores de grandes industrias”, y continuó: “No somos los causantes del problema, somos las víctimas y en alguna medida responsable porque seguimos cargando nafta, seguimos usando nuestros autos, y seguimos necesitando del petróleo”.

Por último, Alberto Fernández propuso modificar pequeños hábitos como disminuir el uso de plásticos y separar los residuos para “transitar con plena conciencia” la solución a los problemas generados por el Cambio Climático, y destacó también la sanción de la Ley Yolanda, inspirada en la doctora en Química Yolanda Ortiz.

“Tenemos deberes que cumplir como funcionarios, y tenemos que ser transmisores no solo del problema sino de la solución, y muchas veces empieza por uno mismo. Se habla de la crisis ambiental, y el uso de los plásticos es un problema enorme. Esta ley que con mucha justicia inspirada en Yolanda Ortiz es una ley muy valiosa, y es muy valioso que afrontemos estos debates y toemos el toro por las astas con nuestro ejemplo y nuestra prédica”, concluyó.

Ley N°27592 busca garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan dentro de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Con información de NA.

IG