Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró las “más de 200 áreas del Estado” que se cerraron, en un mensaje difundido por redes sociales en el que se valió de datos de su funcionario Maximiliano Fariña, que publicó un listado de dependencias que fueron eliminadas. El informe contiene 127 áreas dadas de baja, de las cuales casi el 25% corresponde a sectores que se desempeñaban en temáticas de género y diversidad.

“En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables. Gracias al secretario de Transformación @MaxiFarina que junto a cada una de las áreas de gobierno (imposible mencionarlas todas acá) logró estas adecuaciones”, escribió en su cuenta de la red social X el ministro Sturzenegger, el sábado según replica La Nación.

En el mensaje de Fariña, se cuentan 127 áreas que fueron eliminadas por el ministerio que conduce Sturzenegger. Al menos 31 de ellas (el 24,4%) pueden ubicarse dentro del rubro de género y diversidad. En segundo término, con 22 dependencias eliminadas (17,3%), aparece el sector de la pequeña economía, o economía social.

Entre las áreas que dejaron de funcionar en temáticas de género se cuentan 23 direcciones y 8 coordinaciones, muchas de las cuales compartían buena parte de sus denominaciones.

La segunda fuente de recortes en el mensaje que difundió el ministerio de Sturzenegger es el de las áreas vinculadas a la inclusión económica, la pequeña economía y la economía social, con 22 sectores dados de baja. El resto de los rubros evidencian un menor recorte (de siete dependencias o menos). Entre los que tienen siete organismos eliminados figura el turismo; con seis, aparecen el medio ambiente, los derechos sociales y humanos, y las áreas legales.

Los recortes que aplicó Sturzenegger

Porcentajes por áreas

El Gobierno publicó este viernes el decreto 950/2024, mediante el cual autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender inmuebles públicos considerados “ociosos” o sin destino operativo. En la Casa Rosada lo presentan como una medida de eficiencia administrativa. Sin embargo, la ubicación estratégica de algunas propiedades invita a pensar en posibles negocios inmobiliarios y, además, la sola enajenación de estos bienes pone en evidencia el retiro del Estado de espacios donde antes operaba y prestaba servicios a los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, permite a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevar a cabo la venta de estas propiedades y tiene como objetivo reducir gastos de mantenimiento y generar ingresos a través de activos subutilizados.

Según el decreto, la venta de inmuebles ociosos permitirá un “mejor funcionamiento de la administración pública” y ayudará a enfrentar la crisis económica. No obstante, esta justificación omite un aspecto fundamental: muchos de estos inmuebles fueron y en algunos casos siguen siendo centros de actividades y servicios del Estado. La medida se presenta como una acción para optimizar recursos pero la venta de estos inmuebles podría señalar una renuncia a la función del Estado en determinadas áreas y la transición hacia una mayor dependencia del sector privado, pero sin que hasta ahora el gobierno de Milei haya cumplido la promesa de bajar impuestos. 

El texto del decreto cita antecedentes desde 2016, con sucesivos intentos de venta y desafectación de inmuebles que no llegaron a concretarse, y excluye del proceso de venta a los establecimientos militares y a inmuebles ubicados fuera del país.

El decreto incluye un anexo con el detalle de todas las propiedades del Estado que el gobierno de Milei quiere vender: son 309 y están ubicadas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires; Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán. Se trata de 17 de los 24 distritos del país.

Los cinco inmuebles de mayor superficie que figuran en el listado oficial son los siguientes:

1. Mendoza, Malargüe: Campo Potreros de Cordillera, con una superficie aproximada de 130,927,163.43 m².

2. Mendoza, San Carlos: Estancia de Llaucha, con una superficie de 51,068,095.40 m².

3. Corrientes, Capital: Sección Rural 1 - Campo de Instrucción Santa Catalina, con aproximadamente 813,855.74 m².

4. Corrientes, Curuzú Cuatiá: Ex Batallón Logístico N° 3, con una superficie de 970,992.00 m².

5. Santa Cruz, Punta Loyola: Ruta de acceso a Complejo Ferroportuario, con 150,000.00 m².

Si bien la resolución incluye un anexo detallado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que el total de inmuebles a enajenar alcanza la cifra de 1.200, es decir cuatro veces más que el listado publicado este viernes. “Se van a subastar más de 400 inmuebles y se van a poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de US$800 millones”, señaló el vocero de Milei.

Los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluyen propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios y terrenos sin construcciones.

Entre los inmuebles a la venta está la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que disolvió Milei, valorada en US$12,5 millones, y la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA), que será relocalizado. Se trata, en este último caso, de un terreno de 919 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño 3101, en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más ricas del país. Allí funciona también la empresa capitales mixtos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A (INTeA).

Las primeras subastas de edificios públicos se harán antes de finales de este año.

La medida se inscribe en las políticas de severo ajuste que el Gobierno lleva adelante para achicar el Estado y lograr el equilibrio en las cuentas públicas. En el decreto se alega que, en función de las medidas para dar mayor eficiencia, “se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Según el Gobierno, “mantener ociosos” los inmuebles considerados “innecesarios para la gestión” del Estado “genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”.

Como parte de su política para achicar el peso del Estado, Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.

Con información de la agencia EFE

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, pondrá en venta el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Así lo anunció este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de la red social X. La comunicación se hizo un día después de que la ex primera dama Fabiola Yañez denunciara al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

“Se decidió vender el edificio donde funcionaba el 'Ministerio de las mujeres'. El mismo tiene un valor aproximado de 12,5 millones de dólares y se encuentra en virtual estado de abandono. En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron. Final. Fin”, escribió.

El inmueble se encuentra ubicado en Cochabamba N° 40/44/54 y Av. Ingeniero Huergo N° 1321/31 y Azopardo Nº 1310 cuenta con una superficie total de 18.000 m2 construibles y 7.000 m2 construidos.

“Se trata de un edificio abandonado y en peligro de derrumbe donde trabajando los más de mil empleados que ya fueron desvinculados. A pesar de que en 2021 se iniciaron obras para su reparación, estas nunca fueron concluidas, dejando el edificio en un estado de deterioro avanzado”, agregó el Gobierno en un comunicado oficial.

MM.

Ni siquiera será una secretaría. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, redujo la categoría del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a “subsecretaria de protección contra la violencia de género”. No es sólo una cambio de nombre, significa una pérdida total de independencia del área creada hace cuatro años, tiempo en el que asistió a 1,6 millones de personas víctimas de violencia machista. Hay un dato en el recorte del nombre: compactar el territorio de acción a “violencia” anticipa un posible cambio en el enfoque y acciones.

Aun no está definido el presupuesto 2024, pero dado el nuevo rango, en el ex Ministerio de las Mujeres se preparan para una partida menor, lo que posiblemente impacte en el funcionamiento de los programas de asistencia. En una reunión de transición, la nueva gestión de Gobierno mostró voluntad para darle continuidad a la serie de políticas públicas, pero renovó los contratos que se vencían el último día del año sólo por tres meses. La ahora subsecretaria sigue descabezada: no designaron autoridad. Tampoco fue aprobado la estructura del nivel inferior, es decir, las direcciones que componen la subsecretaría.

“Menos jerarquía es menos competencias, también. Ahora el ministerio va a ser una subsecretaría que depende de una ministra que, a su vez, es ministra de muchas cosas. Un ejemplo: si hay que ir a un foro internacional de Género, hay que mandar a la máxima autoridad. En nuestro caso ahora va a ser una subsecretaría y no una ministra”, dijo a elDiarioAR un empleado del área. Agregó: “El efecto es político-institucional”. Desde el vamos, quien representa a una subsecretaría no puede sentarse a la mesa de ministros.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) fue una promesa cumplida del expresidente Alberto Fernández, quien pensó el Presupuesto 2021 con perspectiva de género. El MMGyD planteó desde sus comienzos un cambio de paradigma: de actuar en la emergencia a proponer un abordaje integral. Hay 50 equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social distribuidos en el país y 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad proyectados, de los cuales se inauguraron tres, once están en ejecución. El resto, en licitación o en trámite.

Noticia en desarrollo.

VDM/MG

En el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) esperan, desde hace semanas, algún tipo de contacto de parte de Capital Humano, el superministerio a cargo de Sandra Pettovello. No ha habido, hasta el momento, transición alguna. En menos de diez días hábiles, el 31 de diciembre, se vencen los contratos de unos mil empleados que son los que en estos momentos llevan adelante los programas de atención a víctimas de violencia. Lo hacen como pueden, en medio de la incertidumbre. Los contratados y los monotributistas son mayoría en el área. Un calculo de los trabajadores indica que apenas 17 personas son “planta permanente”. De no renovarse esos contratos, además de la pérdida de empleo, corren peligro los programas que asisten a personas vulnerables por motivo de género.

“No tenemos novedades. Estamos a la espera porque no designaron a nadie. Nosotros en la Línea seguimos como siempre, pero hay otras áreas no tienen a quién responder”, dice a elDiarioAR una persona que atiende en la Línea 144. La 144 funciona desde hace diez años. Brinda escucha, contención y asesoramiento a mujeres y el colectivo LGBTQ+ de todo el país las 24 horas de todos los días del año. Allí trabajan 140 profesionales que atienden, en promedio, 340 llamados al día.

A fines de noviembre, luego del resultado electoral que coronó a La Libertad Avanza, sufrieron dos amenazas de bomba. Tuvieron que evacuar la sede y dejar los teléfonos sin atender. “No sólo se encuentran en peligro nuestros puestos de trabajo y proyectos de vida, sino que están obstaculizando el acompañamiento a aquellas personas que lo necesitan”, señalaron los trabajadores de la Línea en un comunicado.

“El Ministerio, como cualquier organismo, funciona gracias a sus trabajadores. La gran mayoría de quienes sostienen los programas y políticas de este ministerio son contratados, no son planta permanente. En algunos casos tienen muchísimos años de antigüedad. El 31 (de diciembre) se vencen esos contratos anuales que en la gestión pública se renuevan anualmente. No hubo ninguna resolución firmada por la nueva ministra (N. de la Re.: Pettovello), ni ninguna declaración, mucho menos una comunicación formal sobre qué decisión tomaran con esos contratos”, dijo a elDiarioAR Sofía Veliz, directora de Articulación Integral de Políticas y Cuidados.

Esta situación, la de trabajadores idóneos y con trayectoria, también da cuenta de que no existe una política clara respecto de la incorporación permanente a la planta del Estado. Es un problema que atravesó a todas las gestiones de Gobierno. En el caso del MMGyD, de acuerdo a un cálculo de los mismos empleados, hay 339 contratados bajo el decreto 1109, que regula el régimen de contratación; 609 están contratados bajo la “ley marco”; 181 ingresaron durante este año. En un ministerio que asistió de manera directa a 1,6 millones de personas en casi cuatro años de gestión, sólo 17 son empleados de “planta”.

La cúpula del Ministerio presentó su renuncia días antes del traspaso de mando. Sin el nombramiento de nuevas autoridades, el área está a cargo de un puñado de directoras de Secretarías. “Aunque la gestión saliente lo intentó y sigue intentando, no nos han recibido formalmente y no tenemos información oficial. Solo silencio. Lo único que me importa hoy a mí y a varies compañeres es que haya información sobre la situación laboral de las trabajadoras. Estamos a disposición para colaborar en su protección”, sigue Veliz. elDiarioAR consultó al área de Comunicación de Capital Humano si harían contacto, pero las dos personas consultadas no hay devuelto respuesta.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) fue una promesa cumplida del expresidente Alberto Fernández, quien pensó el Presupuesto 2021 con perspectiva de género. El MMGyD planteó desde sus comienzos un cambio de paradigma: de actuar en la emergencia a proponer un abordaje integral. Hay 50 equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social distribuidos en el país y 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad proyectados, de los cuales se inauguraron tres, once están en ejecución. El resto, en licitación o en trámite.

El MMGyD es uno de los cinco ministerios con menor dotación de personal: emplea a 1.242 personas. Es el 0,53% de la dotación total de personal de toda la Administración Pública . Son datos del Indec. Como contó elDiarioAR, parte del plan de La Libertad Avanza al menos en campaña era “atacar” al Ministerio de las Mujeres. Un argumento consistía en que el presupuesto destinado a Género iba a re-dirigirse a las áreas de Seguridad y Defensa.

Eliminar el MMGyD para destinar esos fondos al fortalecimiento financiero de las fuerzas de seguridad es irrisorio. Basta analizar las partidas presupuestarias y la ejecución de esos presupuestos, información actualizada y disponible en Presupuesto Abierto. El presupuesto inicial asignado este año al MMGyD fue de $55.102.400.000, mientras que a Seguridad (ministerio y fuerzas de seguridad) fueron más de un billón de pesos ($1.125.328.000.000) y a Defensa, $882.410 millones. Ambos Ministerios recibieron, sumados, más de dos billones. El presupuesto del Ministerio de las Mujeres representa menos del 2,7% de la partida asignada a los servicios de Defensa y Seguridad.

VDM/DTC

Las integrantes del Consejo Federal y el Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, conformado por representantes de 24 jurisdicciones de la Argentina, señalaron hoy la importancia de la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas que den “respuesta concreta a los problemas de la desigualdad que aún persisten del país”, donde 2 de cada tres mujeres son asesinadas por razones de género, a cuatro días de la asunción del nuevo Gobierno.

A través de un comunicado, las integrantes del Consejo advirtieron que según la encuesta de prevalencia e incidencia de violencia, 1 de cada 2 mujeres atravesaron “alguna de las formas de violencia en el ámbito doméstico” y destacaron que “cada año, más de 500.000 denuncias se reciben en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar”. Alertaron que “se trata de la principal causa de muerte violenta de mujeres: 2 de cada 3 mujeres asesinadas en Argentina lo son por razones de género”.

Además hicieron hincapié en que “son necesarias políticas de abordaje integral que incluyan la prevención, el fortalecimiento de la autonomía económica, el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias y familiares, el acceso a la justicia y la reparación”.

También remarcaron la importancia de trabajar en políticas de Estado que aborden la desigualdad estructural que sustenta la violencia por motivos de género.

En este sentido precisaron que las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones a tareas de cuidado; 1 de cada 2 mujeres en edad productiva está fuera del mercado laboral formal.

“Existen en nuestro país 1.600.000 mujeres que crían solas a 3 millones de niños y niñas. Sostener políticas públicas tendientes a reducir brechas de desigualdad en materia de participación económica, representación política, acceso a la educación, a la salud y a la justicia, son importantes; garantizar vidas libres de violencias, es urgente”, añadieron.

Precisaron que, en los 40 años de Democracia ininterrumpida del país, todos los gobiernos desplegaron políticas de género para promover la igualdad y atender y prevenir las violencias por razones de género, en cumplimiento de leyes nacionales y compromisos internacionales de rango constitucional asumidos por el Estado Argentino.

Como ejemplo, recordaron a nivel internacional la Convención Belém Do Pará, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW), mientras que en el plano nacional, la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, la Ley 27.499 para la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes (Ley Micaela); la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, entre otras normas.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se creó en 2019 para cumplir con este compromiso, subrayaron, y remarcaron que, en cuatro años de gestión y articulación con provincias y municipios, la cartera alcanzó a 1.810.000 mujeres y LGBTIQ+ de todo el país con diferentes políticas y programas para promover la igualdad y garantizar vidas libres de violencia de género.

Entre los principales programas de alcance federal, mencionaron el Programa Acompañar que logró fortalecer la independencia económica de más de 350.000 mujeres y LGBTIQ+, para que puedan salir de una situación de violencia; y la Línea 144, que brindó atención, contención y asesoramiento a más de 1 millón de personas en situación de violencia de género.

Esta línea de atención gratuita, que lleva 10 años funcionando, es el primer servicio de atención a Personas Sordas e Hipoacúsicas del mundo y brinda respuesta en 5 lenguas indígenas y 5 idiomas extranjeros y se conformaron 59 equipos interdisciplinarios en todas las provincias para llegar a cada mujer y LGBTIQ+. Además, fueron incorporadas al trabajo formal en el Estado a 955 personas travesti-trans.

MM

Información de Agencia Télam

De asumir el mando del Gobierno, los ministerios de Seguridad y Defensa estarán bajo la órbita de Victoria Villarruel, actual diputada y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. Primero auditará ambas áreas “para saber con qué recursos cuentan”. En segundo lugar, quiere re-direccionar fondos de los ministerios que su compañero de fórmula, Javier Milei, pretende eliminar. Uno de ellos es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, una promesa cumplida del presidente Alberto Fernández, quien pensó el Presupuesto 2021 con perspectiva de género. De ahí Villarruel tomará los fondos para lograr el objetivo que se plantea: recomponer gradualmente el presupuesto militar para que pase del 0,6% del PBI al 2%.

Una fuente del entorno inmediato de Victoria Villarruel aseguró a elDiarioAR que el Ministerio de las Mujeres sería unos de los primeros en ser “atacado”. “La Seguridad y la Defensa nacional son prioridades en este momento”, dijo la fuente y mencionó de inmediato a Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años al que mataron de un puntazo en el pecho para robarle el celular. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, en Palermo. Villarruel designará a dos ministros para que tomen el mando de los ministerios de Seguridad y Defensa, pero mirará de cerca ambas carteras. La otra novedad es que quiere que el Servicio Penitenciario, que actualmente forma parte del Ministerio de Justicia, pase a Seguridad.

Los ministros aun no están confirmados. Anteayer circuló que Juan José Gómez Centurión iría a Seguridad, pero el mismo Gómez Centurión lo desmintió elDiarioAR: “No me lo ofrecieron. Pero además hace más de un año que no hablo con ellos”, dijo. A todo esto, en una intención de retener “el voto militar”, Defensa y Seguridad fueron beneficiados por el decreto de necesidad y urgencia emitido esta semana. Incrementaron el presupuesto vigente en $440.778,6 millones a Defensa y a Seguridad, $517.046,9 millones. Fue una de las modificaciones del oficialismo más grandes del año.

¿Un tema de plata o una cuestión de símbolo?

El ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es uno de los cinco ministerios con menor dotación de personal: emplea a 1.242 personas. Es el 0,53% de la dotación total de personal de toda la Administración Pública . Son datos del Indec.  Eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades (MMGyD) para destinar esos fondos al fortalecimiento financiero de las fuerzas de seguridad es irrisorio. Basta analizar las partidas presupuestarias y la ejecución de esos presupuestos, información actualizada y disponible en Presupuesto Abierto. El presupuesto inicial asignado este año al MMGyD fue de $55.102.400.000, mientras que a Seguridad (ministerio y fuerzas de seguridad) fueron más de un billón de pesos ($1.125.328.000.000) y a Defensa, $882.410 millones. Ambos Ministerios recibieron $2.007.738.000.000 aproximadamente. El presupuesto del Ministerio de las Mujeres representa menos del 2,7% de la partida asignada a los servicios de Defensa y Seguridad.

En cuanto a la ejecución de esos presupuestos -es decir, cuánto dinero gastaron del que les dieron- no hay grandes diferencias. Según datos provistos por el área -que fueron comparados por el elDiarioAR en Presupuesto Abierto-, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades es uno de los organismos estatales con mayores índices de ejecución de su presupuesto, superior al 80%. El año pasado, de acuerdo a la cartera, ejecutaron el 99%. El 83% está destinado a acompañar de manera directa con apoyo psicológico, legal y económico a personas en situación de violencia de género. El ministerio acompañó en la salida del círculo de la violencia a más de 300 mil mujeres y LGBTI+. La ejecución de los presupuestos en Defensa y Seguridad promedia el 70%.

Un lugar común en el discurso de todos los candidatos de La Libertad Avanza es que el “Estado es elefantiásico”: demasiado grande. En su Plan de Gobierno adelantaron que “lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023” y avisaron que “a los empleados de carrera en el Estado no los van a echar”. Para La Libertad Avanza hay un grueso de trabajadores sobrantes en el Estado. Veamos cómo se reparte el pago de los sueldos en los ministerios en cuestión. El Ministerio de las Mujeres destina $3.538.038.711 a salarios de los empleados: el 6,4% del total de la partida.

Para Villarruel hay mucho territorio y poco presupuesto

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, es abogada y se especializó en temas de Seguridad. Su padre fue jefe compañía de Comando 602, el segundo de Aldo Rico durante la Guerra de Malvinas. Se retiró como teniente coronel en 1997 y murió en 2021. El abuelo de Villarruel era contraalmirante. Villarruel fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), desde donde encaró una fuerte defensa de los militares acusados por delitos de lesa humanidad. Esta semana fue vinculada a Miguel Etchecolatz: su nombre apareció en el cuaderno en el que el represor preparaba su defensa antes de afrontar el primer juicio en el que debió sentarse en el banquillo después la reapertura de los procesos contra los genocidas en 2006.

Villarruel sostiene que “Argentina es la octava extensión territorial del mundo” y sin embargo “tiene el menor presupuesto en Defensa de la región”. Ambos postulados son ciertos: menos del 1% del presupuesto, abajo de los países vecinos, Brasil y Chile, incluso cuando Chile tiene menos de la mitad de los habitantes que la Argentina. “Argentina es como una caja fuerte con un diamante y dejan abierta la caja fuerte”, le dijo Villarruel a Alejandro Fantino unos días después de las PASO. Se refería a los recursos naturales del país, que lo exponen (al país) a una situación de posible peligro. Curioso contrapunto con su compañero de fórmula, Javier Milei, que en el cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural, aseguró que el valor del agua es “cero” y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados.

Villarruel también se manifestó en contra de interrumpir una gestación. El derecho al aborto se sancionó en el Congreso a fines de 2020, cuando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades llevaba un año funcionando. Es un símbolo de la actual gestión de Gobierno en materia de políticas públicas. Desde la creación del Ministerio, el Gobierno Nacional invirtió en las políticas de género y diversidad 20 veces más que lo asignado al Instituto de la Mujer -organismo creado en 2017- durante todo el Gobierno de Juntos por el Cambio. En tres años de gestión, el MMGyD asistió de manera directa a más de 1,6 millones de personas en situación de violencia de género o vulneración de sus derechos, con un cambio de paradigma: de actuar en la emergencia a proponer un abordaje integral. Hay 50 equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social distribuidos en el país y 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad proyectados, de los cuales se inauguraron tres, once están en ejecución. El resto, en licitación o en trámite.

VDM/DTC

La cuenta de correo electrónico del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue hackeada este sábado y tanto desde ese mail como de la línea telefónica 40004 enviaron mensajes discriminatorios a la base de datos del organismo, informó la cartera, que también aclaró que trabajaban para solucionar el problema.

“Estimadxs, les informamos que la cuenta de mail de prensa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación ha sido hackeada. Además se están enviando mensajes desde el número 40004 a nuestra base de datos”, indicó el Ministerio en un comunicado.

La dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de esa cartera junto a la Dirección Nacional de Ciberseguridad “están trabajando para solucionarlo”, agregaron.

Además, desde la Dirección de Prensa del organismo pidieron “disculpas por las molestias ocasionadas”.

Cerca de las 12.30, la lista de contactos del área de prensa del Ministerio recibió correos con contenido discriminatorio hacia poblaciones vulnerables, y también se enviaron mensajes de texto desde la línea 40004.

MB con información de agencia de noticias Télam

El Gobierno nacional reglamentó hoy la Ley N° 27.696 que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de prácticas preventivas y terapéuticas para un abordaje integral de las personas que son víctimas de violencia de género.

A través del Decreto 409/2023, firmado por el presidente, Alberto Fernández; el jefe de gabinete, Agustín Rossi; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la titular de la cartera de Género, Ayelén Mazzina, se aprobó la reglamentación de la Ley de Abordaje Integral de Personas Víctimas de Violencia de Género.

La normativa, sancionada el 27 de octubre de 2022, contempla la inclusión en el PMO de las obras sociales nacionales “un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas”.

En esa línea se incorporarán todas las “terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente”.

A partir de esta ley, deberán brindar cobertura como prestación obligatoria las obras sociales, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

También el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y reglamentación de la normativa, por lo que deberá elaborar un Protocolo para la Atención Integral de la Salud de las personas ante situaciones de violencia por motivos de género.

Además, dictará las medidas complementarias que resulten necesarias para hacer efectiva la cobertura total de las prestaciones, principios activos y dispositivos médicos.

Junto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la cartera de Salud llevará adelante las medidas necesarias para la capacitación y efectiva implementación del Protocolo.

Para acceder a esta cobertura, quienes la requieran deberán contar con constancia de persona asistida en las áreas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la atención de personas en situación de violencia por motivos de género de las jurisdicciones nacionales, provinciales y locales, o la constancia de registro en el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg).

El decreto

Qué es el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género

En el marco del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dispuso la creación de un Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG).

El SICVG es una aplicación que funciona en la web y tiene como objetivo sistematizar la información sobre consultas y/o denuncias por violencia de género de todo el país, con el fin de aportar datos relevantes para el diseño y monitoreo de políticas públicas vinculadas a la materia.

El sistema prevé generar un padrón de consultas y casos identificados por el tipo y número de documento de la persona en situación de violencia, evitando la duplicación de datos en el mediano plazo y permitiendo hacer el seguimiento correspondiente.

El SICVG tiene la doble funcionalidad de recopilar información dispersa y ser una herramienta de registro para todos los organismos que lo requieran. A su vez, una de sus principales innovaciones es que la información ingresada está asociada a un sistema de indicadores para la medición del riesgo.

A partir de un modelo de ponderación elaborado en conjunto con los indicadores diseñados con ese objetivo, en lo inmediato se puede caracterizar el nivel de riesgo en el que se encuentra una persona para la pronta intervención, mientras que en el largo plazo se podrá establecer cuáles son los contextos en los cuales es más probable que la violencia se incremente y ponga en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas.

La iniciativa se basa en sistematizar las mediciones de riesgo, para avanzar hacia la predicción. En la base de datos quedará asentado el historial de registros e intervenciones que se hayan hecho desde los distintos programas/bocas de ingreso de la información y el resultado de la medición de riesgo, con la validación y anotaciones de los profesionales que hayan asistido el caso. 

El módulo de carga de un registro de una situación de violencia de género en el SICVG se compone de cuatro bloques que permiten cargar datos sobre diferentes aspectos: información sobre las personas en situación de violencia, las personas agresoras, las circunstancias de la o las situaciones de violencia y la respuesta e intervención estatal brindada con anterioridad al registro.

Pueden registrarse tantas personas o situaciones cómo correspondan.

El sistema aborda una serie de dimensiones por cada bloque que son determinantes del nivel de riesgo. Si bien no todas las variables son obligatorias, cuanto más detalle se conozca de la situación de violencia mejor será el desempeño de la medición de riesgo.

Las dimensiones se estructuran en cuatro bloques con sus correspondientes sub- bloques:

1. Persona/s en situación de violencia

2. Persona/fs agresora/s

3. Situación/es de violencia

4. Respuesta e intervención estatal 

Definición de niveles de riesgo

Según la OPS (2018) “un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica oO exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”.

El término riesgo tiene muchos sentidos dependiendo del área de estudio que se trate, una definición posible es: la posibilidad de experimentar determinados eventos y las consecuencias derivadas de dichos eventos.

Los riesgos pueden tener un sentido positivo o negativo, pero en general tienen una relación de pérdida.

El riesgo se define como la probabilidad de un resultado sanitario adverso, o un factor que aumenta esa probabilidad. Y la evaluación del riesgo se define como un método sistemático para estimar y comparar la morbilidad debida a diferentes riesgos.

El método tiene que ser lo suficiente maleable para poder medir características sociales y psicosociales muchas veces con un espacio a la subjetividad, así como otras medidas cuantificables de manera más evidente. 

Construcción de la medición de riesgo

La elaboración del sistema de indicadores de riesgo se realizó luego de un análisis de los procedimientos de medición de este fenómeno implementados por organismos nacionales e internacionales, el cual fue organizado en ejes y sub-ejes, replicando el diseño en el sistema informático.

Se propuso un modelo de medición de riesgo que permita, en el mediano plazo, medir tanto el riesgo de letalidad y/o la posibilidad de que puedan darse nuevos ataques como el aumento en la intensidad de los actos violentos, a partir de dos dimensiones principales:

Cada dimensión está dividida a su vez en subdimensiones que son medidas a partir de un conjunto de variables que resumen y cuantifican a los elementos que las componen. 

Es importante resaltar que los indicadores no se analizan de manera aislada, sino que existe una asociación entre las variables que tienen que ser interpretadas de manera conjunta.

Esta posibilidad de asociación y parametrización es parte de la programación el SICVG. Se trata de un sistema de indicadores flexible que se optimizará a partir del uso, se podrán incorporar y/o recortar dimensiones a los fines de considerar aspectos de la medición de riesgo que puedan no haberse contemplado.

El modelo para medición de riesgo consiste en asignar valores a las variables, en algunos casos esta puntuación es individual y en otros a partir de la combinación de variables.

Violencias abordadas

• Violencia de Género (genérico)

• Abuso sexual infantil (ASI)

• Maltrato a niños, niñas y adolescentes

• Trata

• Violencia contra la libertad reproductiva

• Violencia doméstica

• Violencia institucional

• Violencia laboral

• Violencia mediática

• Violencia obstétrica

• Violencia Sexual 

¿Para qué sirve?

Con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado y la eficacia de las políticas públicas frente a las violencias por motivos de género, el SICVG implementa un sistema de gestión de la información para conocer en profundidad las características de las violencias por motivos de género y determinar el riesgo.

Con esta herramienta, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas. 

¿Cómo se implementa?

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) reúne la información existente en diferentes fuentes de registro de casos, consultas y denuncias de violencias por motivos de género en todo el país.

Para ello, el MMGyD invita a organismos de todo el país con competencia en la temática a formar parte del sistema a través de la firma de convenios.

Al adherir al SICVG, se define la modalidad de ingreso: carga directa o transferencia de información desde bases de datos propias.

A través de la Dirección Técnica de Registros y Bases de Datos (DTRYBD), responsable del desarrollo e implementación del sistema, se instrumentan mesas técnicas, capacitaciones y pruebas piloto con los organismos para facilitar la articulación y la adhesión.

Los organismos que carguen datos en el sistema tendrán a disposición toda la información que en él se encuentra para el desarrollo de las políticas en materia de violencias por motivos de género que lleven adelante. 

¿Quiénes pueden adherir?

Organismos competentes para la atención de casos de violencia por motivos de género de todo el país. 

Antecedentes

A partir de lo dispuesto por la Ley N° 26.485, el MMGyD tiene el mandato de producir información periódica sobre los casos de violencias por motivos de género que ocurren en el territorio nacional (artículo 9, incisos k y l).

El ex Consejo Federal de las Mujeres transfirió dicho mandato al INDEC a través de un convenio que dispuso la creación del llamado “Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres” (RUCVM).

En octubre de 2019, dicho convenio fue revocado por las autoridades del INDEC y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Sin embargo, la revocatoria no implicó el traspaso de metodologías, personal, recursos o infraestructura técnica de ningún tipo.

En el año 2020, el MMGyD rediseñó la política de gestión de información en la materia y dispuso la creación del Sistema Integrado de Información de Casos de Violencia por motivos de Género (SICVG), formalizado a través de la Resolución 48/2021, que estableció el SICVG en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORXS del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

El objetivo principal es sistematizar la información disponible sobre casos de violencias por motivos de género y constituir una herramienta de consulta y seguimiento que permita el diseño de políticas públicas sobre el fenómeno de las violencias de género a nivel nacional con sustento empírico.

Entre sus principales características, pone a disposición de los distintos organismos productores de información una herramienta de articulación/reunión de información pero también de registro, procesamiento y análisis cuando así lo requieran.

Este resorte considera que la producción de información sobre las violencias de género implica articular fuentes diversas, con unidades de registro diferentes (denuncias, consultas, causas/ medidas judiciales) provenientes de instituciones que tienen lógicas y objetivos propios (criminales, judiciales, sanitarias, asistenciales) y, por lo tanto, difícilmente “unificables”.

En ese sentido, remite más al proceso y a la metodología (la integración) que a productos específicos (como un registro). De esta manera, la integración es una estrategia política y metodológica para la gestión de la información de una temática profundamente compleja.

A su vez, reconoce la especificidad de cada fuente como parte de la estrategia de integración de datos y las disparidades en la producción de información de los distintos organismos, buscando la construcción progresiva de indicadores comunes con perspectiva de género y diversidad en las formas existentes de registro.

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Con información de agencias y