Este miércoles, el Gobierno intentará conseguir con la reforma de la ley de Glaciares lo que no consiguió con la baja del índice de pobreza, el fallo por la expropiación de YPF o la persecución de periodistas bajo la excusa de una supuesta red rusa de espionaje: una victoria que le permita romper con el relato de la crisis política que lo acecha hace un mes. La sesión está convocada para las 15, y Martín Menem confía en que tendrá el número para sancionar el proyecto que flexibiliza la ley de presupuestos mínimos ambientales. Pero no es el número lo que genera preocupación, sino otra cosa. El temor es lo que pueda pasar cuando abra las puertas del recinto y la oposición tome la palabra. 

“Nos entran todas las balas”, se lamenta, irritado, un diputado libertario que asegura, como gran parte del cosmos oficialista, que está “harto” del tema Adorni. Hace un mes que la imagen del Gobierno no para de caer en todas las encuestas y, pese a los intentos de Javier Milei de mostrar fortaleza, el monotema del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete comienza a hacer mella hasta entre los más fieles karinistas. 

El oficialismo está en la búsqueda de una salida a la crisis autoinfligida. Todavía no están en condiciones de nombrar un reemplazante del ministro coordinador, así que la búsqueda está centrada en pasar a la ofensiva y marcar agenda. Busca cerrarle la puerta a todas las “balas” que no paran de entrar.

La expectativa, por estas horas, está puesta en la sesión del miércoles por la reforma de la Ley de Glaciares, que dejará en manos de las provincias la definición de si un glaciar o zona periglaciar cumplen una función hídrica. La iniciativa, que es impulsada por las provincias mineras de la cordillera, apuesta a blanquear un puñado de proyectos mineros –en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca– que están a la espera de que una modificación de la ley les permita explotar zonas hoy protegidas. 

La reforma, si se sanciona, será con los votos de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados. Como se observó con la media sanción en el Senado, que salió con 40 votos a favor y 31 en contra, pesó más la lógica territorial que la partidaria. Además de LLA, el PRO y las fuerzas provinciales de Misiones, Salta, San Juan y Catamarca, el oficialismo aspira a romper la bancada peronista de Unión por la Patria. El ojo está puesto en lo que harán los peronistas sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino. 

Este martes, sin embargo, el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, coordinará para presentar un único dictamen de rechazo. El oficialismo confía en que tendrá el número para dictaminar y es por ello que ya convocó la sesión para mañana, pese a no haber dictaminado aún el proyecto en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La reunión de comisión es hoy a las 14: están agendados expositores a favor y en contra de la ley, entre los que se encontrará el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El desafío para el peronismo, más que evitar el dictamen, será evitar fugas que expongan una fractura en el bloque. 

El oficialismo, mientras tanto, aprovechará para preparar el terreno para la sesión de este miércoles. El objetivo original de generar una gran mesa de respaldo de los gobernadores mineros no pudo llevarse a cabo, así que tendrá que contentarse con las firmas para el dictamen. Menem sospecha que tiene unos 130 votos a favor de la ley y no está muy preocupado por el quórum. 

La atención del jefe de la Cámara baja, que era uno de los nombres que estuvo circulando como posible reemplazo de Adorni en la Jefatura de Gabinete, está puesto en el accionar opositor. Sabe que los frentes abiertos son infinitos, y buscará limitar el margen de acción de la oposición en la reunión de labor parlamentaria. 

Los escándalos del Gobierno, al banquillo

“Entre Adorni, los créditos del Banco Nación y la guerra precisamos una sesión solo para putear”, ironizó, tarde a la noche, uno de los armadores opositores que están trabajando para llevar todos los temas que incomodan al Gobierno al recinto el día de la sesión. 

Los ítems se acumulan. Por un lado, están los pedidos de interpelación contra Adorni, por el tema de sus irregularidades patrimoniales –cuando la sesión se esté llevando a cabo, a unos kilómetros, en Comodoro Py, la escribana Adriana Nechevenko estará declarando como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito– y por el criptoescándalo $LIBRA. Hay, además, pedidos de interpelación contra Karina Milei por las últimas revelaciones periodísticas en el celular de Mauricio Novelli, que detectaron un supuesto contrato por 5 millones de dólares por promocionar el token $LIBRA. 

El socialista Esteban Paulón presentó, además, un pedido de informes sobre el presunto otorgamiento preferencial de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y referentes de LLA. Un tema espinoso, ya que el listado de deudores incluye a varios diputados libertarios, como Santiago Santurio (296 millones), Mariano Campero (279 millones), Lorena Villaverde (296 millones) o Marcos Patiño Brizuela (159 millones). Incluye, además, al sobrino y asesor de confianza de Menem, Sharif Menem, que tiene 24 años y fue beneficiado con un crédito de $357.000.000.

El otro tema es el alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. A un mes de iniciado el conflicto bélico, y a unas horas de que venza el ultimátum de Donald Trump respecto a la posibilidad de bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no libera el estrecho de Ormuz, la oposición analiza salidas para diferenciarse del Ejecutivo. Hay varios proyectos presentados, de Paulón, Eduardo Valdés y de la izquierda, y todos plantean un “No a la guerra”. 

Pese a la debilidad del Gobierno, sin embargo, la oposición no logra terminar de articular una estrategia unificada. Hasta ahora las conversaciones son informales, ya que no todo el peronismo coincide en que haya que salir a correr al Gobierno desde el Congreso. “No es momento de entusiastas. El desgaste que se esta comiendo el Gobierno no es tema de Diputados. Prefiero que se desangren”, analiza un peso pesado de UxP, que advierte que cualquier iniciativa, para prosperar, necesitará dos tercios del recinto (ya que, como los escándalos no forman parte del temario, solo se podrá avanzar con apartamientos del reglamento, que requieren una mayoría especial).  Este martes, cuando se reúnan para dictaminar la reforma de la ley de Glaciares, la oposición trazará su plan de acción.

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El Congreso amaneció vallado y con un enrevesado dispositivo de seguridad, como si fuera el 1 de marzo y el presidente fuera a hablar ante la Asamblea Legislativa. No era la apertura de sesiones ordinarias, sin embargo: era el primer día de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Más de 100 mil personas se anotaron, pero solo 360 tendrán la oportunidad de exponer en la Cámara de Diputados. Por eso, muchos quedaron afuera del vallado, exigiendo poder participar y denunciando, a modo de advertencia, que la audiencia era una “farsa” y que la ley, de aprobarse, será rápidamente judicializada. 

Hubo inscriptos que recibieron la citación de la Cámara de Diputados a los que no dejaron ingresar. Otros pensaban que habían sido citados para el jueves, de manera virtual, y se enteraron, gracias al comentario de un diputado, que aparecían en el listado de oradores del miércoles. Las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, no comunicaron el listado de expositores hasta iniciada la audiencia pública, por lo que la oposición –que está diseñando la estrategia legislativa con las organizaciones ambientales– decidió impugnar la convocatoria. 

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100 mil personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país. Y, en lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, denunció el lilito Maximiliano Ferraro, uno de los diputados opositores que presentó la impugnación, junto a la peronista Sabrina Selva y el radical Pablo Juliano. El objetivo era sentar las bases para la judicialización futura.

De los 180 inscriptos que pudieron participar de la primera jornada de debate de la reforma de la ley de Glaciares, la inmensa mayoría coincidió en un punto: la ley, de sancionarse, abriría la puerta a un largo litigio y, probablemente, sería declarada inconstitucional por la Justicia. 

“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores. Pero sepan que la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, que va a haber litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacarle la reserva estratégica de agua se van a presentar miles de denuncias”, advirtió Andrés Napoli, el director de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), al comienzo de la audiencia pública.

No hubo casi expositores que quisieran defender la reforma. De 180 expositores, menos de una decena hablaron en favor del proyecto que apunta a dejar en mano de las provincias la definición de si un glaciar cumple o no función hídrica relevante (y habilita, por lo tanto, a realizar una actividad productiva en la zona).

La audiencia pública: Día 1

Una de las primeras expositoras fue Marta Maffei, la impulsora de la ley de Glaciares que se sancionó en 2010. “Mi participación acá no convalida esta falsa audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan”, advirtió, al comienzo, con un disclaimer que se repitió, luego, en todas las intervenciones críticas a la reforma de la ley. Era una estrategia judicial pensada de antemano que tenía como objetivo impugnar, luego, la audiencia pública. 

“No hay federalismo cierto si el agua que es interjurisdiccional la administra la provincia que está más cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca. Eso no es federalismo”, cuestionó Maffei, valiéndose de un argumento que se repetiría en la mayoría de las exposiciones: las decisiones de una provincia tenían impacto sobre otras y no se podía dejar en manos de una provincia el establecimiento de un criterio particular sobre si un glaciar cumple o no una función hídrica relevante o no sin tener en cuenta el impacto sobre otras provincias. 

“Tiempo, tiempo”, la empezó a apurar el karinista Sebastian Pareja, acusándola de haberse pasado de los cinco minutos que las autoridades de las comisiones habían habilitado para cada expositor. “Dejala hablar”, le respondió el peronista “Paco” Manrique, quien empezó a discutir cada vez más fuerte con Pareja hasta que, en un momento, ambos se pararon y amagaron con pechearse. Los tuvo que parar la camporista Paula Penacca. 

“Las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no son señores feudales. Porque lo que puede ser reserva estratégica para uno es la muerte para otro. Preguntenle a La Pampa con Mendoza”, agregó, luego, Napoli, quien señaló que el proyecto era “inconstitucional” porque “cambia la regla de que los presupuestos mínimos ambientales los establece la Nación y son uniformes”.

“El proyecto tiene un propósito claro: permitir actividades que hoy están prohibidas. Para hacer esto proponen un cambio aparentemente científico, pero que en realidad no propone un informe técnico uniforme. No podemos tener 24 criterios distintos para definir una reserva hídrica, tenemos que tener uno”, señaló Antonella Riso, la presidenta de Ambiente Sano. Como cada vez que intervenía un expositor que cuestionaba la reforma de la ley de Glaciares, el salón del Anexo de la Cámara de Diputados –semivacío por las duras limitaciones en el ingreso– estallaba en aplausos.

Por el contrario, frente a las pocas intervenciones que buscaron respaldar la ley, los expositores presentes estallaron en gritos y silbidos. “Se dice que viola el principio de no regresión, es falso. Cuando hay grandes beneficios socioeconómicos que se logran a cambio de alteraciones poco significativas del recurso hídrico entonces no estamos ante una verdadera regresión”, argumentó Horacio Franco, abogado que asesora a empresas mineras, pero fue interrumpido por los gritos. 

“Vení a Jáchal, hay cientos de familias contaminadas. Niños con cáncer. Más de cinco derrames de cianuro”, le gritó, furioso, uno de los ambientalistas presentes, haciendo referencia al más grave derrame de cianuro y mercurio de la historia argentina, que ocurrió en San Juan en 2015 en la mina Veladero. 

Hubo, además, varios cruces con las diputadas libertarias que estaban ubicadas en la primera fila. Karen Reichardt filmaba algunas interlocuciones y les hacía comentarios, llevando a que varias de las expositoras se cruzaran a los gritos. “Sí, Karen, tené miedo. Sabé que en tanto no nos dejen soñar no los vamos a dejar dormir porque vamos a ser su pesadilla, la ley de glaciares no se toca muchachos”, la cruzó Jesica Gentile, de la Coordinadora Nacional de la Red Ecosocialista. 

Algunos, como el abogado ambientalista Enrique Viale, fueron más allá y denunciaron a los senadores que habían votado la reforma de la ley de Glaciares de trabajar para el lobby minero. Viale apuntó contra la salteña Flavia Royón, a quien acusó de haber trabajado en una consultora que asesoraba a Río Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo. Viale anunció que iba a denunciarla penalmente por “incompatibilidad en la función pública”.

El abogado, después, se dio vuelta y lo miró a Peluc: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Peluc no respondió.

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Hay casi 20.000 inscriptos en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares y el Gobierno está en una encerrona. Obligado a abrir una convocatoria a la sociedad por miedo a una futura judicialización, el oficialismo se enfrenta ahora a la decisión de definir un mecanismo de selección que no abra, nuevamente, la puerta a otro tipo de guerra judicial. Martín Menem quiere apurar los tiempos y sesionar el 7 u 8 de abril, pero la oposición presiona para convocar más días de audiencias públicas. La puja es por la lectura jurídica del día después: el poroteo en Diputados se inclina en favor del Gobierno y las provincias mineras, pero las empresas advierten que, sin “seguridad jurídica”, será difícil invertir. 

La oposición y las organizaciones ambientales se saben en desigualdad de condiciones y apuestan todas sus fichas a una estrategia: dilatar el debate a la espera de que la buena racha legislativa de Javier Milei termine y los aliados automáticos de hoy, que son mayoría en ambas cámaras, empiecen a rebelarse. No tienen los números para dar la batalla en el recinto, y lo saben. No todavía al menos, pero trabajan con un Excel de indecisos que, esperan, se amplíe si la imagen del presidente cae. 

La oportunidad apareció cuando el número de inscriptos para participar de las audiencias públicas superó las 18 mil personas. “Si Menem quiere que la audiencia se cumpla como marca la Constitución Nacional y no convertirla en un mero trámite administrativo, que se haga público el registro de participantes y se garantice la participación de todos. Que dure meses la audiencia pública si es necesario”, advirtió la diputada peronista Sabrina Selva, que viene trabajando en equipo, con el lilito Maximiliano Ferraro, el socialista Esteban Paulón, la radical jujeña María Inés Zigarán y otros diputados, para voltear la reforma. 

Los diputados presentaron una nota al presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), y de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, exigiéndoles ampliar el número de jornadas para la audiencia pública. El argumento es que, si se convoca sólo para el 25 y 26 de marzo, solo llegarán a participar unas 200 personas. “El Acuerdo de Escazú obliga a que esa participación sea abierta, informada y real, no meramente formal”, les advirtió Ferraro.

Menem, sin embargo, no tiene ningún interés en aplazar más el debate. El único motivo por el cual el presidente de la Cámara de Diputados aceptó convocar a una audiencia pública fue porque sabía que la amenaza de la oposición estaba basada en hechos reales: el Acuerdo de Escazú, que establece que la ciudadanía debe participar del debate cuando se afectan leyes ambientales, así lo obligaba. “Patricia quiso meter el gol rápido, pero en Diputados vamos a hacerlo”, se jactó un dirigente del riñón de Menem, quien está trabajando en intervenirle el Senado a Patricia Bullrich a pedido de Karina Milei. 

Es la otra interna libertaria de la que casi no se habla: la secretaria general de la Presidencia comenzó a desconfiar de Bullrich poco después de la media sanción de la reforma laboral. A Karina le disgustó el protagonismo de la ex candidata del PRO durante el debate, y no le perdonó el video que publicó, con Bullrich caminando por el Congreso al ritmo de Madonna, poco después de la aprobación del proyecto en el Senado. La hermana presidencial le dio vía libre a Menem para expandir su ámbito de influencia en el Senado, y los pases de factura ya comenzaron. Ahora, con la Ley de Glaciares. 

Pese al interés de Menem de diferenciarse de Bullrich, el riojano también responde a la directiva de Casa Rosada de sancionar la ley cuanto antes. Quiere sancionarla la segunda semana de abril y no aceptará sumar nuevos días para la audiencia pública. Todavía se está analizando el criterio, pero el objetivo del riojano es priorizar a las personas jurídicas –es decir, a los representantes de gobiernos, organizaciones ambientales e instituciones jurídicas– a costa de no convocar a la gran mayoría de los inscriptos. 

“Vamos a hacer como las colas en los recitales de Taylor Swift: el primero que llega es el que entra”, ironizó un dirigente libertario. 

Lobby minero

El proyecto de reforma de la ley de Glaciares es impulsado por las provincias mineras de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, que apuestan a flexibilizar la legislación vigente para habilitar nuevas inversiones en zonas periglaciares (que se caracterizan por la presencia de suelos congelados permanentes debajo de superficies rocosas). La iniciativa lo que hace es dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar cumple o no con una función hídrica relevante, es decir: si se puede habilitar una actividad productiva en la zona o no. 

Los gobiernos provinciales denuncian que la ley sancionada en 2010 propone una definición demasiado amplia e inexacta del ambiente periglacial, lo que ha impedido desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciales que no cumplen una función hídrica relevante. Las organizaciones ambientales, así como muchos de los glaciólogos y científicos que integran el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), advierten que debe existir una legislación nacional de presupuestos mínimos que defina el área a proteger. Porque, de lo contrario, cada provincia establecerá su propio criterio, que irá modificando en base a los millonarios proyectos mineros en carpeta. 

El temor de las organizaciones ambientales es que la reforma lleve, de hecho, a una competencia entre las provincias para ver quién flexibiliza aún más sus condiciones ambientales para atraer inversiones. 

Las provincias mineras, mientras tanto, reivindican su derecho “constitucional” sobre los recursos naturales y advierten que, en tiempos de cierre de empresas y crisis de empleo, las inversiones mineras –se habla de casi 50 mil millones de dólares como parte del RIGI– resultan cruciales para la actividad económica local. De eso conversaron, incluso, todos los gobernadores cordilleranos que participaron de la Argentina Week en Nueva York.

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La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, enumera los presupuestos y medidas mínimos para el cuidado de los glaciares y las zonas circundantes. Pero el Gobierno nacional intenta dar marcha atrás esa ley y envió al Congreso un proyecto para reformarla, aprovechando la nueva conformación que logró tras las elecciones de octubre y luego del éxito con el que hasta ahora viene llevando la reforma laboral. 

Los cambios propuestos modificarían la ley de glaciares y permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales —que se caracterizan por sus climas fríos, no glaciares, el permafrost y los ciclos de congelación-descongelación—, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Según el Gobierno, los cambios tienen como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Hay dos bandos en esta controversia: uno defiende la importancia de preservar estos recursos naturales desde el Estado por diversas razones, entre ellas la vitalidad humana y la prevención del cambio climático. El otro da prioridad a los beneficios económicos de la minería y otras actividades en las reservas de agua dulce andinas, buscando más claridad y sintiendo insatisfecho con la ley actual.

La posibilidad de derogar la Ley 26.639 podría cambiar por completo la forma en que se utilizan legalmente estas reservas de agua, ya que hasta ahora se han considerado bienes públicos. La ley original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y otros fines, desde la agricultura hasta la protección de la biodiversidad. 

Si se modifica, el Congreso también podría eliminar el Inventario Nacional de Glaciares, que recopila datos sobre todos los glaciares y geoformas periglaciales del país, y eliminar ciertas protecciones de las que actualmente gozan estas formaciones geológicas. Según la ley actual, cualquier actividad que se realice en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, salvo en casos de rescate, determinadas investigaciones científicas o deportes no motorizados. El incumplimiento de la ley actual podría dar lugar a multas, que finalmente se utilizan para proteger y recuperar los paisajes afectados.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó la capacidad de los gobiernos provinciales para “favorecer intereses mineros y vulnerar el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional” en caso de que la ley actual sea revocada. También podría dar lugar a inconsistencias en la aplicación de la ley, con menos regulaciones a nivel estatal.

Los grupos ambientales consideran que este retroceso es una política medioambiental regresiva en un momento en el que se intensifican las tensiones climáticas, que se manifiestan en desastres naturales como los incendios forestales de la Patagonia. El presidente Javier Milei, quien dijo que no cree en el cambio climático, recortó los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al mismo tiempo ha estado abogando por la derogación de la ley sobre glaciares.

Según las Naciones Unidas, “los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo”. 

Además, un informe de febrero de varias organizaciones ecologistas señaló que más de la mitad de las especies vertebradas de Argentina viven en regiones de aguas glaciales, y que una proporción aún mayor de especies amenazadas depende de estos mismos sistemas.

Pero algunas fuentes afirman que la flexibilización de las restricciones podría dar lugar a mejores resultados en la extracción de cobre, lo que impulsaría la ya inestable economía argentina. En este contexto, la inminente decisión del Congreso no solo definirá el alcance de una norma técnica, sino el rumbo de la política ambiental y económica argentina en los próximos años. 

RG/MG

Dos muestras llegadas de los Alpes sirvieron este miércoles para la inauguración de un espacio de conservación de hielo de glaciares de todo el mundo junto a la estación científica francoitaliana Concordia en la Antártida, que pretende preservar pruebas que puedan servir para la investigación en el futuro.

“Los glaciares deben ser reconocidos como una herencia de la humanidad” que “están desapareciendo a un ritmo sin precedentes” y que “hay que preservar” por su carácter “irremplazable” como testigos de cientos o incluso miles de años, subrayó el príncipe Alberto de Mónaco, en una presentación en línea del proyecto.

Alberto de Mónaco, que está implicado como presidente de honor a través de su propia fundación en esta iniciativa francoitaliana que busca socios en la comunidad internacional para poder perdurar en el tiempo, insistió en que “es un proyecto científico pero también de interés público”.

El llamado “santuario de la Memoria del Hielo” es, por el momento, un túnel de 35 metros de largo y cinco metros de diámetro construido directamente en el casquete glaciar a unos 800 metros de la estación Concordia, donde se colocaron las cajas con cilindros de hielo tomados como muestras en el macizo del Mont Blanc en Francia y en del Grand Combin en Suiza, ambos en los Alpes.

Próximamente se deberían añadir las muestras que la Fundación de la Memoria del Hielo ha ido recopilando desde 2016 en otros ocho glaciares de todo el mundo: Illimani, en los Andes bolivianos; Col du Dôme, en los Alpes franceses; Colle de Lys, en los Alpes italianos, Colle Gniffeti, en los Alpes suizos, Elbrus, en el Cáucaso ruso, Belukha, en el Altai ruso; Kon Chukurbashi, en el Pamir de Tayikistán; Kilimanjaro, en Tanzania; y Holtedahfonna, en el archipiélago noruego de Svalvard.

El vicepresidente de la fundación, Carlo Barbante, destacó que el interés es poder conservar todos esos cilindros en las condiciones especiales que ofrece esa bodega de hielo en la Antártida, con una temperatura constante de unos 55 grados centígrados bajo cero, porque en unas decenas de años podrán haberse desarrollado tecnologías que permitirán explotarlos científicamente mucho mejor.

Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de los actuales glaciares habrán desaparecido o estarán en peligro, de forma que los metros de hielo recopilado permitirán aumentar el conocimiento sobre las condiciones que hubo en esos glaciares cientos e incluso miles de años atrás.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, la argentina Celeste Saulo, hizo hincapié en que “la información que se pierde no se puede recuperar nunca más”, de ahí la importancia de esta iniciativa, sobre todo conociendo la velocidad a la que se funden los glaciares por el calentamiento global: cada año se pierden 273.000 millones de toneladas de hielo.

Más allá de los retos logísticos para el mantenimiento de ese particular túnel de hielo (se calcula que con su concepción actual puede durar al menos 70-80 años) y para el transporte de las muestras manteniendo la cadena del frío, los más importantes son de orden político y de organización.

La Fundación de la Memoria del Hielo es una entidad por ahora básicamente francoitaliana con financiación esencialmente de esos dos Estados y de algunos donantes privados, que se ha marcado el objetivo de recoger muestras de una veintena de otros glaciares en 20 años.

Pero su presidente, Thomas Stocker, puso el acento en que hace falta “una gobernanza de largo plazo” para garantizar su utilidad científica en el futuro, y para eso querrían un acuerdo internacional, algo para lo que ya cuentan con el apoyo de la Unesco.

EFE

Micaela Camino es doctora en Biología e investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET). Sus esfuerzos para salvar de la extinción al pecarí quimilero (Catagonus wagneri) trabajando a la par de las comunidades indígenas y criollas en el Chaco Seco ya habían recibido en 2022 el afamado premio Withley.

En 2025, el National Geographic/Buffet Awards la galardonó por su liderazgo “en la gestión y protección de los recursos naturales”, calificándola como “inspiradora de un modelo a seguir”. Consultada por Mongabay Latam sobre la actual situación del ambientalismo en la Argentina de 2026 apela a una metáfora: “Estamos escalando el Everest por la pared más difícil y con muy poco equipamiento”.

La frase resume con exactitud la mirada de quienes se empeñan en sostener en pie leyes, proyectos y programas ante la renovada ofensiva en dirección contraria lanzada desde el Gobierno de Javier Milei, a partir del triunfo logrado en los comicios legislativos de octubre pasado. La presentación ante el Parlamento de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares para ser tratada en sesiones extraordinarias fue el 15 de diciembre la última andanada de un ataque que abarca todos los frentes. El Ejecutivo busca disminuir el área de protección de estos cuerpos de hielo para facilitar la explotación minera.

“Bajo pretextos ideológicos se obstaculizó el desarrollo del país [con una disposición] que contiene graves falencias”, expresa el comunicado oficial como argumento para reformar una ley aprobada en 2010, luego de arduos debates y sostenida por múltiples fundamentos técnicos, científicos y jurídicos, sumando voluntades desde todos los sectores políticos.

Un mes antes de la presentación del proyecto, el secretario de Energía de la Nación había declarado: “La actual ley genera un grado de incertidumbre demasiado grande para proyectos de inversión de envergadura”. El propio presidente Javier Milei afirmó: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”. Una vez presentada la propuesta, desde la Mesa del Cobre, formada por cuatro provincias mineras (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy), subrayaron que la modificación permitirá destrabar inversiones extractivas por USD 35.000 millones.

La posible marcha atrás en las restricciones a la explotación minera en la Cordillera de los Andes es un excelente botón de muestra para explicar los retos que aguardan al medioambiente del país en los próximos años. El tema glaciares permite apreciar la visión general de desarrollo que expresa el Estado, el valor que se le otorga a la opinión de los científicos, la “batalla cultural” que las autoridades nacionales libran a través de sus decisiones y el respeto institucional a normas locales o internacionales.

“Esta flexibilización es un retroceso hecho y derecho, va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla de un ‘ambiente sano’ y de tratados como el de Escazú, aprobado y ratificado por el país, que establece que no se puede ser regresivo en material ambiental”, indica sobre el último punto Agostina Rossi Sierra, bióloga y especialista en glaciares de la organización Greenpeace.

“Es imposible lograr el desarrollo de un país si no incluye las variables ambientales y sociales. La idea de que lo ambiental se opone a lo productivo ha quedado vieja. Hemos demostrado y tenemos ejemplos de que lo ambiental y lo social potencian y ordenan la verdadera producción, que es la sustentable”, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Lo que ocurre con la ley de glaciares puede anticipar, además, una medida semejante con la Ley de Bosques, sobre la que presionan los lobbies de las industrias forestal y agropecuaria. “Tenemos que defender estas leyes por las que tanto hemos peleado y que, incluso sin haberse implementado del todo, han resultado positivas”, reflexiona Camino.

1. Falta de fondos, desmotivación y miedos

El presupuesto nacional para 2026 que el Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso antes de Navidad expresa con claridad las ideas del Gobierno. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el apartado “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0.14 % del total de los fondos. Además, existe una reducción generalizada de los recursos asignados. Mongabay Latam intentó comunicarse con Fernando Brom, titular de la Subsecretaría de Ambiente, pero el funcionario no respondió los pedidos de entrevista.

La Subsecretaría de Ambiente recibirá un 33.8 % menos de dinero que el año pasado; el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, al que debería destinarse un 0.3 % del Producto Interior Bruto (PBI), apenas recibirá un 0.0107 %; el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contará con un 53.6 % menos de ingresos que en 2025; y así en todos los rubros.

Mientras que en 2023 se habían programadas 5100 horas de vuelo contra los incendios —solo se concretaron poco más de 3000—, para este año se proyectan apenas 3100. También se disminuyeron los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios de 2310 informes previstos en 2025 a 1850 en 2026.

Además, el presupuesto 2026 incluye la derogación de una vía de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que afectaría directamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), una institución internacionalmente reconocida.

“Están desarmando todas las herramientas e instituciones que los investigadores usamos para trabajar”, subraya Camino, para añadir: “La ciencia es un trabajo colectivo. Yo puedo conseguir financiación internacional para mi proyecto, pero necesito interactuar, consultar y pensar con colegas que llevan adelante otros proyectos y lo que vemos es un vaciamiento del Estado: no se abren nuevos puestos, se eliminan programas, se anulan los apoyos económicos”.

La primera consecuencia es la desmotivación. “Más allá de la técnica y la disciplina, un científico requiere poder abstraerse, imaginar, pensar, y es muy difícil hacerlo cuando las principales preocupaciones pasan a ser la financiación de tu proyecto o intentar que te alcance el sueldo hasta final de mes”, analiza Camino.

La escasez de dinero para iniciar o continuar investigaciones, programas de conservación o estudios de campo encuentra, además, dos obstáculos adicionales. “El cierre de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decisión del Gobierno de Donald Trump] impacta en organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú o Ecuador a las que apoyaba y que ahora compiten con nosotros en la búsqueda de donantes para la defensa del ambiente”, comenta Jaramillo.

Por otro lado, el Gobierno argentino decidió no avalar pedidos de cooperación que aborden temas de género o de pueblos indígenas, lo cual complica aún más conseguir fondos. “Las agencias internacionales consideran que no se puede trabajar en asuntos ambientales o productivos sin respetar las salvaguardas sociales que incluyen temas de pueblos originarios, género, equidad, juventud o inclusión, lineamientos opuestos a la posición del Gobierno en su declarada batalla cultural”, comenta Jaramillo.

La agresividad con la que suelen exponer sus ideas las autoridades nacionales, con el presidente Milei a la cabeza, incorpora un nuevo factor: el miedo. “La gente no quiere hablar, ni siquiera escribir un paper, muchos se cuidan por prevención o temor a perder sus ingresos. Es algo que nunca había visto”, informa Camino.

“Hay una profundización de la persecución de quienes piensan distinto. Las críticas no solo van dirigidas a la oposición política sino a los medios que preguntan o cuestionan algunas de las políticas referidas a los movimientos ambientales, sociales o de pueblos indígenas”, señala a su vez Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Para las comunidades indígenas, en cambio, las agresiones, los desalojos, los encarcelamientos y hasta los asesinatos son parte de la vida cotidiana. “Tenemos claro que habrá represión porque ya la hubo antes. Hay una criminalización permanente de todas las luchas y el pueblo mapuche está definido como enemigo, cuando no de terrorista. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo”, asegura Hugo Aranea, werkén de la coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de la provincia patagónica de Río Negro.

2. El agua, de los Andes al Paraná

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. El Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 5769 kilómetros cuadrados repartidos en doce provincias, apenas el 1 % del área cordillerana en el país. Sin embargo, su importancia como reguladores de la naciente de cuencas hídricas ha hecho que el anuncio de modificación de la Ley de Glaciares sacudiese el final de año ambiental en el país.

“Todos estamos a la defensiva, pero el Gobierno y los medios subestiman al movimiento socioambiental, que ya ha tenido grandes triunfos en el verano. Creo que no lo van a tener fácil, será voto a voto”, se ilusiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Manuel Jaramillo no comparte del todo el optimismo: “Hoy no hay una masa crítica que apoye la lucha por los recursos naturales y los espacios que benefician la calidad de vida de todos los argentinos. Un desafío para 2026 es recuperar y reforzar la licencia social que en parte se ha perdido en favor de los sectores empresariales y extractivistas”, afirma.

El proyecto contempla dos cambios fundamentales. Si para la ley original todos los glaciares y ambientes periglaciales son “reservas estratégicas de recursos hídricos” que necesitan ser conservados, la modificación solo incluiría a “los glaciares y geoformas periglaciales que constituyan una reserva estratégica de recursos hídricos o provean agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”.

Dicho de otro modo, mientras la ley vigente prohíbe de manera genérica las actividades que “alteren de manera relevante” las funciones de glaciares y ambientes periglaciales -como la explotación minera o de hidrocarburos-, el nuevo texto deja sujeto a un estudio de impacto ambiental la relevancia de esas alteraciones. Además, se otorga a las provincias la facultad de efectuar dichos estudios.

De acuerdo con la Constitución Nacional, las 24 jurisdicciones en las que se divide el país son dueñas de sus recursos naturales. “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía”, dijo el presidente Milei ante empresarios mineros. Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente de Chaco y actual asesora de diferentes ONGs ambientalistas, enciende una alerta: “Con la coartada de la federalización nos vamos a quedar sin el gran avance que significaron las leyes de presupuestos mínimos”.

Este tipo de normas establecen un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero en ningún caso perforar con sentencias regresivas. Pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2019 que los presupuestos mínimos no vulneran el federalismo, sino que lo ordenan, parece inevitable que el destino de los glaciares acabe dirimiéndose en la Justicia. “Vamos a dar todas las batallas necesarias para que sea anulada cualquier disposición que esté en contra de la Constitución”, anuncia Marchegiani.

El debilitamiento de la severidad y neutralidad de los estudios de impacto ambiental, así como del cumplimiento cabal de las audiencias de consulta con las poblaciones afectadas por algún proyecto productivo, son parte de la ruptura del marco institucional que denuncia el sector ambiental. “Además de desconocer el Acuerdo de Escazú, como sociedad civil dejaríamos de tener nuestra herramienta de poder, el único documento que mide lo que puedan producir la minería o las deforestaciones a nivel local. Nos quedaríamos sin opinión, sin democracia, sin nada”, explica Soneira.

Si el hielo centra la atención en los Andes, al otro lado del mapa el agua es protagonista en estado líquido. En 2026 se licitará la concesión de mantenimiento y control de la Vía Troncal Navegable Paraná-Paraguay, mal conocida como Hidrovía, arteria fluvial por donde circula el grueso de las exportaciones de granos, ganado y otros productos que exporta el país.

“Es una oportunidad para evaluar cuáles fueron los impactos socioambientales que se generaron durante los 29 años en los que el río se transformó en canal navegable”, dice Nadia Boscarol, coordinadora nacional del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands, quien cree imprescindible “realizar una evaluación ambiental estratégica que permita analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”.

En el pliego técnico de la licitación se prevé la profundización del dragado del canal navegable para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la incorporación de los brazos inferiores del río, lo que facilitará la apertura de nuevos puertos en la orilla oriental.

“Un exceso de obras puede alterar los ciclos naturales de los humedales asociados al corredor fluvial, así como la biodiversidad que albergan, la calidad del agua y la conectividad natural del sistema”, señala Boscarol, antes de repasar los daños posibles: “Aumento de sedimentos en suspensión y de turbidez del agua; mayores derrames de hidrocarburos y otras sustancias que provoquen contaminación; riesgo de introducción de especies exóticas; mayor erosión costera y desmoronamiento de barrancas; impactos en la biodiversidad que afectará a las pesquerías artesanales; y alteración del régimen hidrológico con su consecuencia de inundaciones y sequías”.

Enrique Viale, quien se opone incluso a la utilización del término “hidrovía”, resume la situación: “La pretensión del Gobierno es entregar una concesión por 30 años, sin evaluación de impacto ambiental, priorizando solo lo económico y olvidando que se trata de un río que le da vida y trabajo a 14 millones de argentinos, atraviesa algunas de las ciudades más importantes del país y genera un amor muy especial en quienes habitan su litoral. Será otro tema que dará que hablar”.

3. Multiplicar áreas protegidas, una asignatura pendiente

En diciembre de 2024, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) aseguraba que el 16.61 % del espacio continental y el 7.11 % del marino estaban bajo conservación. Ocho meses después, un estudio propio de la Asociación Argentina de Ecología, apoyado en una base de datos actualizada, reducía la estimación de la protección terrestre a un 10.41 % y apenas aumentaba la marina a un 8.49 %, aunque los valores caían aún más drásticamente -2.22 % y 5.76 %, respectivamente- si se tomaban en cuenta solo las categorías que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considera más estrictas.

En cualquiera de los tres casos, las cifras están muy alejadas del Compromiso 30x30, meta global del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (COP15), que busca conservar y proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo en el año 2030.

“Argentina está cada vez más lejos de cumplir ese compromiso que firmó, y hoy solo la sociedad civil desde algunas ONGs vinculadas a la biodiversidad están sosteniéndolo para que no muera”, subraya Paula Soneira. La creación de parques nacionales es una de las materias que el Gobierno nacional desechó desde el primer momento. Los nuevos espacios pasan de esta manera a depender del interés de las autoridades provinciales.

“Jujuy creó en mayo el parque provincial La Reina, en las Yungas [14 000 hectáreas]; y Entre Ríos puso en funcionamiento Islas y Canales Verdes del Río Uruguay [4000 hectáreas], pero el único de estos proyectos subnacionales que se encuentra realmente vivo es el parque provincial Jaaukanigás [‘gente del agua’, en lengua abipona], un sitio Ramsar al norte de la provincia de Santa Fe que protege la planicie de inundación del río Paraná en ese sector y ayuda a mantener en pie la cadena pesquera”, resume Soneira.

La actividad para cerrar la brecha con el Compromiso 30x30 es muy escasa por fuera de estos intentos. En Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), antigua capital del petróleo patagónico sobre el Mar Argentino, un grupo de organizaciones civiles con el apoyo de National Geographic propugna la creación de una zona protegida marina basada en la recuperación en la zona de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Una película documental, La ballena desconocida, sirve para difundir la idea de convertir el lugar en un destino turístico.

La efectividad de la primera experiencia de Argentina con el Fondo Verde para el Clima, por el cual el país recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 83 millones de dólares por haber frenado la degradación forestal en el período 2014-2016, es otro aspecto a observar. “Las provincias son las principales interesadas en estos fondos. De hecho, están yendo a pedirlos por su cuenta a las COP [cumbres climáticas de la ONU]”, comenta Soneira.

La deforestación, de la cual el Gobierno dejó de ofrecer cifras oficiales desde hace dos años, sigue avanzando en el Gran Chaco, en menor medida en la selva paranaense de Misiones, y debido a los periódicos incendios estivales. Es un foco permanente de atención, aunque por el momento, y al menos hasta que no haya un avance concreto sobre la Ley de Bosques, no ocupa el centro de la escena.

Enero comenzó con la extensión de incendios en la Patagonia. El medio Chequeado informó que desde el lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en las localidades de Epuyén y El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Se sumaban otros cuatro focos activos en esa región.

Los expertos locales en prevención de incendios ya alertaban en diciembre del riesgo, debido a la falta de nieve en invierno, la consecuente sequía y las altas temperaturas del verano.

Entre 2019 y 2024, en Chubut se quemaron 148 000 hectáreas, lo que ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizados por Chequeado.

El 95 % de los incendios son provocados por la acción humana, de acuerdo al organismo, cuyos efectos se agravan por factores naturales y el cambio climático.

4. Unirse, la fórmula elegida para afrontar el año

La lista de desafíos a la que se enfrenta el ambientalismo argentino en 2026 impacta por su frondosidad. Los interrogantes acerca de qué hacer y cómo hacerlo sobrevuelan el aire y en la mayoría de los casos hallan en la unión y la colaboración su punto de encuentro.

“El camino es la unidad de todos los que queremos un mundo distinto. Hay que armar un gran bloque con comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales para defender el agua y el territorio. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado para los grandes bloques, y dentro de él nosotros somos el territorio de sacrificio”, propone y denuncia Hugo Aranea.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos actuar como una coalición donde todas aporten contenido técnico para alcanzar posiciones comunes, aunque después cada una implemente su forma particular de trabajo”, dice Jaramillo.

“Si hay menos recursos habrá que ver cómo seguir adelante trabajando de manera colaborativa. Compartir gastos para las salidas al campo, pensar en conseguir juntos fondos en el exterior o becas para los estudiantes. Y no perder energías en pleitos y discusiones improductivas. Hay que centrarse solo en lo que resulte efectivo”, sostiene Micaela Camino.

Argentina comienza un año que se prevé muy difícil, pero el movimiento ambiental está dispuesto a dar pelea. “Hay que sostener los debates y las agendas de interés público en los temas ambientales y de derechos humanos. No podemos dejar que las soluciones vengan a través de las buenas prácticas de sectores corporativos que gozan de mucha impunidad”, afirma Pía Marchegiani.

Este 2026 amanece turbulento en el sur de América, casi tan complejo como escalar el Everest por su pared más difícil.

ED

El proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares tuvo dictamen este jueves durante el plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado tras un debate en el que ambientalistas y empresarios mineros expusieron sus diferencias, y quedó listo para ser tratado en el recinto el próximo 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, que tiene como foco central la reforma laboral.

Las comisiones continuaron este jueves el debate del proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, en una reunión plenaria presidida por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), que se desarrolló en el Salón Arturo Illia en continuidad con el cuarto intermedio dispuesto en la jornada anterior.

Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones ambientales, del ámbito científico y del sector empresario minero, quienes aportaron distintas miradas sobre el alcance de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Entre los oradores se encontraron Andrés Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales - FARN); Hernán Casañas y José Esaín (Aves Argentinas); Agostina Rossi (Greenpeace); Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Alfredo Vitaller (Cámara Argentina de Empresarios Mineros - CAEM); Manuel Benítez (Cámara Argentina de Proveedores Mineros - CAPMIN); Pablo E. Villagra (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales - IANIGLA); Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas); Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre Argentina); y Gabriela González Trilla (investigadora del CONICET, especializada en ecosistemas azules).

Andrés Nápoli, director de FARN, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación “por vía de la interpretación”, alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente. En tanto, José Esaín, de Aves Argentinas, sostuvo que la propuesta implicaría la creación de un inventario basado en un esquema de concertación nacional.

Desde el ámbito científico, Pablo E. Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), destacó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió elogios de la comunidad glaciológica internacional y que, hasta el momento, no se detectaron errores significativos. Además, indicó que actualmente se encuentra en proceso de actualización.

En tanto, Hernán Casañas, de Aves Argentinas, remarcó que los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos y advirtió que flexibilizar la ley no atraerá inversiones. Señaló que las empresas serias requieren estabilidad jurídica y no depender del “humor político de turno”, y afirmó que los glaciares no frenan el desarrollo, sino que constituyen la base que lo hace posible.

Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.

Por último, Agostina Rossi, de Greenpeace, sostuvo que los glaciares son aliados fundamentales frente a la crisis climática y remarcó que su protección es una prioridad a nivel internacional. Aclaró que las organizaciones ambientales no se oponen a la minería, sino a su desarrollo sobre glaciares, y reclamó un nivel de participación pública similar al que tuvo la sanción de la ley original. En la misma línea, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó la celeridad del tratamiento del proyecto y sostuvo que responde a intereses del sector minero.

Finalmente, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el tratamiento como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de aprobarse, generaría mayor incertidumbre jurídica, al tiempo que sostuvo que resulta “totalmente inconstitucional” y que “todos los glaciares están en peligro”.

Luego de las exposiciones, se dispuso un cuarto intermedio por unos minutos y, al retomarse la reunión, expusieron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego señaló que en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación.

Por su parte, el gobernador de Catamarca destacó la importancia de evaluar de manera integral el impacto ambiental, social y económico de la actividad minera, y subrayó el crecimiento del empleo formal en el sector, al señalar que en la provincia se registran cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 empleos en otras actividades, lo que representa un factor clave para la economía local y la diversificación de la matriz productiva.

Finalmente, el proyecto obtuvo dictamen y se prevé su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.

“Sin agua, no hay desarrollo posible”

A comienzos de diciembre, más de 25 organizaciones de la sociedad civil hicieron público un documento en el que manifiestan su rechazo a cualquier intento de modificar la Ley N.º 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, las entidades remarcan la necesidad de sostener los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que respaldaron la sanción de la ley en 2010, y alertan sobre los riesgos de reducir los niveles de protección vigentes.

La norma, aprobada tras un extenso debate social y parlamentario, representa un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Su objetivo es resguardar reservas estratégicas de agua dulce esenciales para la vida y el desarrollo, especialmente en regiones áridas donde el acceso al recurso es crítico. Cualquier modificación podría habilitar actividades económicas —principalmente la minería a gran escala— en ecosistemas sumamente frágiles, con impactos ambientales severos, entre ellos la pérdida de agua almacenada en glaciares y ambientes periglaciales.

Las organizaciones recuerdan que los glaciares y el periglacial forman un sistema único indispensable para la regulación hídrica: alimentan cuencas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y a miles de comunidades. En un escenario global de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares, advierten que flexibilizar la ley significaría agravar un proceso ya crítico, poniendo en riesgo no solo reservas hídricas estratégicas sino también economías regionales y dinámicas sociales asociadas al agua.

El documento destaca el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como organismo técnico clave en la implementación de la norma. Las entidades subrayan la necesidad de fortalecer sus capacidades y presupuesto para profundizar las tareas de monitoreo y conservación.

Además, remarcan que la Ley de Glaciares no impide el desarrollo económico sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y el agua cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.

A la postura de las organizaciones se sumaron artistas y figuras públicas que difundieron videos bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. Entre quienes participaron se encuentran Lula Bertoldi, Locomotora Castro, Maitena Burundarena, Dolores Fonzi, Gabriela Cabezón Cámara y Rayo (alias Big Buda), quienes reclamaron la defensa del agua bajo el lema: “El agua vale más que todo”.

Qué busca el Gobierno con la reforma

Según el comunicado oficial cuando el Gobierno envió el proyecto al Congreso, la reforma apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con “interpretaciones arbitrarias” y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde con la Constitución Nacional. El texto sostiene que, a más de 15 años de su sanción, la norma vigente generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones y afectó las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

En su momento, el presidente Javier Milei remarcó que la minería ofrece “grandes oportunidades” y defendió un enfoque que, a su entender, combine protección ambiental y desarrollo económico.

La iniciativa reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la protección del ambiente y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En ese marco, según la mirada oficial, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y promueve una articulación con el Inventario Nacional de Glaciares.

Con información del Senado.

Se supone que la Argentina tendrá un boom de minería de cobre, por la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial, pero no sólo por ambos factores. Y que el proyecto más avanzado para empezar a producir, aunque recién en 2030, es Los Azules, en San Juan. El CEO de la empresa canadiense a cargo, McEwenCooper, el alemán Michael Meding, recibió a elDiarioAR este jueves, antes de viajar a la provincia, en el Campo Argentino de Polo, en pleno abierto.

Antes había trabajado en la principal mina sanjuanina, la de oro Veladero, a cargo de la también canadiense Barrick, de 2010 a 2017, primero como manager financiero y después del escándalo por el derrame de cianuro en el río Jáchal en 2015 fue ascendido para reogarnizar la defectuosa operación del yacimiento. De 2019 a 2022 trabajó en la petrolera Trafigura y luego volvió a San Juan por Los Azules.

–La automotriz Stellantis, dueña de las marcas Peugeot y Fiat, está en el proyecto....

–Los Azules pertenece a McEwen Cooper, una empresa canadiense que tiene distintos accionistas: 46% está en las manos de McEwen Inc, que es una empresa americana con casa matriz en Toronto y que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto. McEwen Cooper tiene además como accionistas a Stellantis, con poco más que 18%; Río Tinto, con poco más de 17% y el fundador, Bob McEwen, canadiense, con poco más que 12%.

–¿Por qué les interesa desarrollar este proyecto en Argentina?

–En Estados Unidos hay un slogan que es 'better in your backyard' (mejor en tu patio trasero). Y cuando uno con los así nombrados ambientalistas dicen “me encanta tu proyecto, ¿pero no lo puedes hacer en otro lado?”. Hay que decir que se hace la minería con los recursos. Los Azules se descubrió en 1998 y ha visto su mayor desarrollo en los últimos cuatro años. Nuestro proyecto vale US$3.200 millones. No hay informe técnico, pero como se conoce hoy día un proyecto como Vicuña –otro de cobre en San Juan– estaría en el doble o más. Entonces son proyectos que requieren mucho capital.

–¿Y por qué hace cuatro años se empezó a acelerar este proyecto? ¿En qué medida influyó la movilidad eléctrica, la transición energética, la inteligencia artificial, que ha elevado el precio del cobre?

–Hay una componente del precio, que es la demanda y la oferta de hoy, pero también la demanda y la oferta futura anticipada. En general, hasta el momento, la principal demanda de cobre está en construcción y urbanización. La electrificación de los hogares, la electromovilidad y la inteligencia artificial son todas demandas adicionales. Un auto eléctrico necesita el doble de cobre que un auto con combustión interna. Perú y Chile son los principales productores en conjunto con el Congo. Vos necesitás tener una previsibilidad de precios a largo plazo para desarrollar esos proyectos.

–Esa demanda adicional es la que empuja el precio, ¿no?

–Eso es parte, pero también es parte de la urbanización a nivel mundial. La principal demanda de cobre está en la urbanización en China, la gente que se mueve de los pueblos a los ciudades que tienen mejor estándar de vida. Por eso también tan complejo pensar cómo va a ser el futuro del cobre, porque depende mucho de las tensiones geopolíticas.

–La industria bélica también es demandante de cobre, ¿o no?

–Sí,

–Si aceleraron en 2021, ¿entonces podrían haber invertido sin el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones)?

–Cuando estuve conversando con el presidente (Javier) Milei en abril del año pasado, me preguntó: “Che, Michael, ¿cómo va con el tema del avance del proyecto?, ¿hasta cuándo se pueden financiar?”. Y dije que nosotros necesitábamos algo como el RIGI, un sistema de protección de inversión más fortalecido. La única forma que se podría haber hecho sin el RIGI es con precios mucho mayores.

–Cuando está muy alto el precio, entra a cualquier país, aunque sea inseguro jurídicamente...

–Claro, y también tenés que hacer arbitraje para transferir dividendos hacia afuera, el contado con liqui.

–El proyecto ya tiene la aprobación del impacto ambiental. Ahora viene buscar el financiamiento...

–Tenemos la aprobación ambiental desde diciembre de 2024. Tenemos publicado la factibilidad este 7 de octubre, tenemos la aprobación del RIGI el 27 de septiembre y terminaríamos la ingeniería hacia fines de 2026, cuando empezaríamos con la construcción. En ese momento, hay que tener la estructura de financiamiento. Mientras tanto, estimamos que que necesitamos financiar US$200 millones. Hay muchas ofertas de financiamiento, entre cuales estamos eligiendo qué nos conviene en este momento. ¿Cuáles son los posibles financistas que te gustaría tener como socio a largo plazo? Existe mucho interés de empresas chinas en invertir en la Argentina. ¿Políticamente conviene? Nosotros nos hemos orientado principalmente hacia accionistas que son de Argentina, Estados Unidos, Canadá o Europa.

–Hablando de largo plazo, en 2027 o 2031 puede venir otro gobierno en una Argentina tan pendular, donde siempre nos gustan los extremos...

–Sí y no, porque nosotros hacemos un proyecto que va a perdurar. Tiene una vida útil de 22 años. Antes, el tiempo de construcción: por lo menos cuatro años. Muchos más gobiernos verás en ese tiempo. No nos podemos atar a una forma de un gobierno. Sí, obviamente, teniendo el presente gobierno, se hace más fácil el financiamiento de cierta forma, pero hay que tener una visión de largo plazo.

–El kirchnerismo tampoco fue antiminero, con ellos pudieron hacer negocios...

–Se construyeron varios proyectos durante el gobierno que mencionas, pero mucha de la protección que debería haber existido a través de la ley de inversión minera no se respetó.

–Como la imposición de retenciones, ¿no?

–Por ejemplo. Y la estabilidad cambiaria tampoco. Lo bueno del RIGI es que es mucho más claro.

–Porque pueden apelar a cortes Internacionales...

–Sí, si hay violación de estos acuerdos, de la carga tributaria o la posibilidad de repatriar las divisas provenientes de la exportación.

–También es verdad que ha pasado ya en Argentina que vienen gobiernos, cambian esos contratos y las empresas al final prefieren hacer un acuerdo antes que terminar el juicio afuera...

–El tema de la nacionalización de recursos en minería es un tema mundial. Una vez que tienes esos montos invertidos, somos cautivos.

–¿Cuándo empezaría a construirse la mina y cuándo empezaría a producir?

–La idea de construcción es inicio de 2027. Y la primera producción sería en 2030. Siempre pensando en que los permisos sectoriales lleguen en tiempo y forma. El financiamiento está y se avanza según el cronograma.

–¿Para conseguir ese financiamiento, también necesitan que se cambie la ley de protección de glaciares?

–La factibilidad de nuestro proyecto está completamente compatible con la ley como está. Una mejora en las definiciones de la ley de glaciares, porque de eso se habla, claramente te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre.

–¿Debería modificarse esa ley o no?

–Yo creo que sí. Porque primero hay que entender qué previó la ley. Fue la protección de un recurso estratégico, el agua. La ley no es en sí en protección de un glaciar, sino del agua. Ahora hay que ver cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro, que es en el fondo una masa rocosa que contiene agua congelada, al sistema hídrico. En algunos casos es muy pequeña, casi no sustancial o contribuiría con calidad negativa, porque la roca contiene minerales y empeora la calidad del agua. Los mineros no están oponiéndose a proteger los recursos naturales ya que la gran mayoría de los procesos mineros requieren agua. Somos los primeros interesados en la protección.

–Además de la polémica por la ley de glaciares, hay otra porque el RIGI sólo obliga a contratar 20% de proveedores locales...

–Durante la vida de la mina, tendremos aproximadamente 70%.

–¿El 70% de los US$3.200 millones que invertirán son con proveedores argentinos?.

–Hay que ver toda la inversión durante la vida de la mina, que son US$5.400 millones: 3.200 más 2.200 más todo lo que lo que se requiere para operar allá. Eso es encima del 70%.

–Pero hay un temor con el RIGI de que hasta los galpones vengan de China...

–Cuando tienes grandes emprendimientos de este estilo en cordillera, tienes que pensar que, del total de la inversión, aproximadamente 40% son costos locales. Es decir, mano de obra local.

–Claro, sólo falta que traigan trabajadores chinos, como hacen ellos en África...

–Cuando trabajas en minería, te das cuenta que es absolutamente necesario el apoyo de la comunidad donde estás operando. Si no, no se puede llevar adelante un proyecto.

–Estuve esta semana en San Juan y después de 20 de años de operación de Veladero, a la que se suman dos minas más, veo que las rutas están destruidas... Es verdad que hay otros siete proyectos en gateras, pero... tampoco el cobre ha traído desarrollo a Congo... Estas provincias mineras reciben dinero, pero muchas veces la gente no lo percibe...

–Yo no tengo la misma preciación que tú.

–Pero las rutas están lejos de ser las de Alemania...

–OK, pero tampoco estamos en un país que tiene 88 millones de personas en un tamaño de la provincia de Buenos Aires, que es Alemania. Yo llegué a San Juan hace 15 años y hoy día son dos San Juanes totalmente distintos. Llegué a una ciudad donde al mediodía podía jugar fútbol en la calle principal, como en el Lejano Oeste, donde si quisiste ir a comer algo rico, podías elegir uno de tres. Había un cine estilo Buenos Aires, no había un estadio que existe hoy, ni un circuito para la Fórmula 1, ni esa oferta hotelera que hay hoy. Entonces hay mucho desarrollo. Ahora, si hablas de la ruta 40, es una ruta nacional.

–Anduve por rutas nacionales y provinciales...

-La Cámara Minera de San Juan hizo un trabajo en su momento: aproximadamente 85% de la venta de minerales se queda en Argentina y 15% se va a los inversionistas. Esto es bajísimo en relación al riesgo que tomas. Hay países que han desarrollado su minería en forma muy positiva, en conjunto con el desarrollo agrícola. En San Juan han crecido la minería y la producción agrícola.

AR/MG

Los glaciares, la última línea de defensa de Chile ante las periódicas sequías, aportarán en 2100 la mitad de agua que ahora, por lo que perderán su capacidad de mitigación si el país sufre otra megasequía como la que se prolonga desde hace 15 años, según un estudio publicado este martes.

“El alza de las temperaturas en los escenarios que se proyectan para el siglo va a llevar a que los glaciares vayan perdiendo más masa de la que ganan. Digamos que, sostenidamente durante todo el siglo, van a ir retrocediendo”, explica a la agencia EFE Álvaro Ayala, del Instituto Federal Suizo de Investigación de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL).

Este centro, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Chile, han concluido que si una sequía como la actual afecta al país en 2100, los grandes glaciares en el sur de los Andes, en el centro de Chile y en Argentina, sólo podrán contribuir con la mitad de agua que ahora, ya que habrán perdido entre el 50 y el 80 % de su actual volumen.

La situación de los más pequeños, no contabilizados en este estudio, será probablemente aún más grave y habrán desaparecido totalmente.

Incluso sin tener en cuenta cómo será la evolución del consumo de agua, la reducción a la mitad del aporte de agua de los glaciares será un importante problema adicional, advierte Ayala

Este ingeniero civil chileno explica que el estudio, publicado en la revista 'Communications Earth & Environment', parte de la pregunta de qué pasaría si una megasequía como la actual afectara a la misma zona a finales de siglo, cuando los glaciares sean bastante más pequeños.

La última reserva

“Encontramos que el aporte hídrico de los glaciares durante el verano va a ser alrededor de la mitad de lo que sucedió en los años recientes”, alerta este experto en hidrología.

Ayala destaca que una vez consumida el agua de la nieve caída en invierno y la almacenada en el subsuelo, “los glaciares son como la última reserva en la naturaleza” cuya contribución se nota especialmente al final del verano, cuando los ríos de montaña bajan ya con un caudal mínimo.

Este experto indica que la actual megasequía en Chile “llegó como una sorpresa”, en un país con episodios periódicos, pero más breves, de escasez de agua.

Una situación que se ha visto agravada porque apenas ha habido cambios en el uso del agua y sin políticas suficientes de ahorro o gestión del consumo.

Francesca Pellicciotti, ingeniera medioambiental, señala en un comunicado del ISTA que los climatólogos sólo se percataron en el año 2015 de la gravedad del actual periodo de sequía.

“La megasequía chilena nunca fue pronosticada en ningún modelo climático”, señala en esa nota, en la que plantea la cuestión de si estamos preparados para futuros desastres climáticos.

Ayala recuerda que ya desde hace años hay estudios que hablan de un progresiva desertificación desde el norte hacia el sur de Chile.

Además, el estudio de la megasequía en Chile, cuyo autor es también el chileno Eduardo Muñoz-Castro y otros investigadores de Chile, Austria y Suiza, ha servido para empezar a analizar ese fenómeno, aún poco estudiado, en Europa.

Aunque Ayala señala que no puede afirmarse que los Alpes vayan a acabar pareciéndose a las montañas más secas del sur de Europa, sí indica que hay proyecciones de disminución de precipitaciones y de aumento de las temperaturas que apuntan en esa dirección.

Antonio Sánchez Solís, para la agencia EFE.

IG

 El presidente Javier Milei afirmó este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean las provincias las que determinen las zonas cercanas a los glaciares donde se permitan las actividades mineras.

“Una de las leyes que vamos a estar mandando tiene que ver con la ley de periglaciales. Está la zona glaciar y la periglacial es el perímetro a partir del cual se pueden hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido”, dijo Milei al disertar en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la ciudad de Corrientes.

Milei resaltó que la minería es uno de los sectores que presentan “grandes oportunidades para hacer negocios” y que tiene potencial para crear un millón de puestos de trabajo.

“Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva”, aseveró el presidente argentino.

Milei anticipó que la norma, cuya aprobación impulsará en el Congreso, buscará que sean las provincias las que determinen cuál es la zona periglacial.

“La contracara de eso va a ser una gran inversión en materia de minería”, sostuvo Milei, quien dijo que la idea original de este proyecto es de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, una de las provincias con fuerte actividad minera.

Según la Constitución argentina, son los estados provinciales los dueños de los recursos naturales. La Carta Magna también establece la protección de los derechos ambientales.

Argentina registra ahora mismo fuertes inversiones en el sector minero, particularmente en litio, cobre y oro.

Luego de una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica y de las organizaciones ambientales, Argentina aprobó en 2010 una Ley de Glaciares, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional.

Desde entonces, la norma enfrentó cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance.

Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

Cuestionamientos de especialistas

Los cambios a la Ley de Glaciares fueron, desde el inicio de la gestión Milei, uno de los puntos más criticados a la ley Bases por parte de los expertos y organizaciones ambientalistas, ya que se trata de una modificación hecha a medidas de las mineras, que buscan desde hace años avanzar sobre los glaciares y zonas periglaciares.

¿Por qué deben ser protegidos?

Los científicos explicaron que la ley vigente establece que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos que deben ser preservados como reservas estratégicas de agua para el beneficio actual y futuro de la población argentina. 

Reservas que deben ser protegidas en el contexto del Cambio Climático -cuya existencia es negada por Milei- y sus efectos en la disminución en los caudales de los ríos, la reducción en el tamaño de los glaciares y la degradación del permafrost de montaña. El resultado es la pérdida sustancial de reservas hídricas estratégicas para el territorio que afecta el ciclo hidrológico de las cuencas andinas y que puede impactar negativamente a muchas poblaciones y ecosistemas que dependen del agua proveniente de los Andes, afirmaron. 

Además, que estas reducciones en los glaciares y la pérdida de reservas hídricas traen aparejado un aumento de riesgos aluvionales y de otros procesos de remoción en masa. “Las proyecciones climáticas para las próximas décadas indican que estas tendencias continuarán o incluso en algunos casos se incrementarán”, aseguraron los científicos.

Sostuvieron, además, que las modificaciones propuestas “son imprecisas e inconsistentes, desvirtúan el espíritu de la ley 26.639, y no se sustentan en los últimos avances del conocimiento científico sobre los glaciares, el ambiente periglacial y el ciclo hidrológico de los Andes”, según explicaban a comienzos de 2024 en una nota de Emilia Delfino para elDiarioAR.

“Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina que debe regirse y manejarse mediante criterios de conservación uniformes en todo el territorio nacional”, aseguraron. 

Los científicos advirtieron: “Está demostrado que el deterioro del ambiente y de sus funciones ecosistémicas acarrea una gran cantidad de impactos negativos, genera mayores desigualdades económicas, y disminuye la calidad de vida de las personas”. 

“La Ley de Glaciares fue producto de un importante debate social, y contó con el asesoramiento científico de expertos en la materia. Fue aprobada dos veces en el Congreso de la Nación (2008 y 2010) y su carácter constitucional fue ratificado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recordaron. 

Con información de EFE.

Los volcanes, en su ritmo actual, suelen mantener largos periodos de inactividad entre una erupción y otra, con décadas o incluso siglos de calma que sirvieron para trazar patrones en su comportamiento. Esta cadencia intermitente permitió a la ciencia establecer ciclos aproximados, elaborar mapas de riesgo y preparar protocolos de emergencia.Aunque el magma continúe activo bajo la superficie, la presión acumulada tarda en alcanzar el punto crítico, lo que reduce la frecuencia de explosiones violentas en la mayoría de los casos.

Muchos de estos sistemas volcánicos están situados en regiones remotas o recubiertos por hielo, como sucede en algunas zonas de los Andes o de la Antártida, lo que contribuyó a esa aparente quietud. Sin embargo, la combinación de calor atmosférico, deshielo progresivo y pérdida de masa glaciar está empezando a alterar esa lógica temporal y podría acelerar de forma sustancial el ritmo eruptivo en varias zonas del planeta.

El deshielo está empezando a modificar el equilibrio geológico en varias zonas del planeta

Un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison estudió este fenómeno en la región patagónica de Chile, donde se analizaron depósitos volcánicos vinculados a la evolución del manto de hielo que cubría esa zona hace más de 18.000 años. Los resultados, presentados en el congreso Goldschmidt de geología celebrado en Praga, apuntan a una relación directa entre la pérdida de glaciares y el aumento de actividad en volcanes subglaciares, tanto en volumen como en frecuencia.

El caso del Mocho-Choshuenco, un estratovolcán actualmente inactivo, permite reconstruir cómo el retroceso del hielo generó una liberación progresiva de presión sobre la cámara magmática que se encontraba entre 10 y 15 kilómetros bajo la corteza. Según explican los autores del estudio, esa descompresión facilitó que los gases del magma se expandieran y que el material almacenado durante milenios ascendiera con fuerza hasta provocar erupciones explosivas.

El análisis por radioisótopos permitió fechar esos eventos y asociarlos con el periodo de retirada de la capa de hielo patagónica, estimando un desfase temporal de entre 3.000 y 5.000 años entre el deshielo masivo y las erupciones.

Pablo Moreno-Yaeger, geólogo responsable del estudio, señaló durante su intervención en el congreso que “los glaciares tienden a suprimir el volumen de erupciones de los volcanes situados bajo ellos”. Esta observación, ya documentada en Islandia, adquiere ahora una nueva dimensión al trasladarse al ámbito continental. El patrón también podría repetirse en la Antártida, donde existen más de un centenar de volcanes ocultos bajo el hielo, cuya estabilidad depende en parte del peso que ejerce sobre ellos la masa glaciar.

En este sentido, Moreno-Yaeger explicó que “al retroceder los glaciares por el cambio climático, nuestros hallazgos sugieren que estos volcanes tienden a entrar en erupción con más frecuencia y de forma más violenta”. El equipo de investigación considera que, aunque estos procesos pueden tardar miles de años en desarrollarse, el ritmo actual de calentamiento global acelera los efectos geodinámicos, reduciendo los márgenes de reacción y aumentando la probabilidad de erupciones en el mediano plazo.

El fenómeno no se limita a la región austral. Estudios previos ya habían detectado comportamientos similares en otras zonas del planeta, como la cordillera de Sierra Nevada en California o algunas regiones de Rusia y Nueva Zelanda. En todos esos casos, la relación entre el deshielo acelerado y la actividad volcánica fue documentada en capas de ceniza y rocas datadas con precisión científica.

Una de las hipótesis más preocupantes es la posibilidad de que este proceso se retroalimente. A medida que aumentan las emisiones de gases volcánicos como el dióxido de carbono y el metano, también lo hace el calentamiento global, lo que favorece nuevas pérdidas de hielo y, con ello, más actividad volcánica.

En palabras de Moreno-Yaeger, recogidas por Science Alert, “con el tiempo, el efecto acumulado de múltiples erupciones puede contribuir al calentamiento global a largo plazo debido a una acumulación de gases de efecto invernadero”.

Los autores subrayan la necesidad de ampliar las investigaciones en regiones como la Antártida Occidental, donde la fusión de grandes masas de hielo en contacto con volcanes inactivos podría alterar de forma sustancial la dinámica térmica del subsuelo. Aunque no se espera una cadena de erupciones inminente, el seguimiento continuo y el análisis geológico detallado de zonas críticas será fundamental para anticipar los posibles impactos.

“Los turistas celebran el desprendimiento de hielo del Perito Moreno como si fuera una fiesta, pero en realidad es el funeral del glaciar, que se derrite cada vez más rápido. Me llama mucho la atención que no lo vean así: con más información, quizá habría más concienciación”. Sergio Goitía es guarda forestal en el Parque Nacional Los Glaciares –declarado patrimonio mundial por la Unesco en 1981–; observa las cosas con claridad y las expresa sin vueltas: el cambio climático amenaza como nunca antes este ecosistema glaciar de la Patagonia argentina, situado dentro de la tercera mayor masa de hielo continental del planeta.

Goitía nació en la provincia más cálida del país, Formosa, en el límite con Paraguay. Desde los verdes furiosos del norte caliente llegó en 2018 hasta El Chaltén, una pequeña localidad incrustada en los bordes más australes de la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile y a 2.600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Aquí los paisajes están dominados por los azules de los ríos Fitz Roy y Las Vueltas, lagos de aguas gélidas y los hielos eternos de esa zona protegida. “Pensaba quedarme en el norte del país, pero me asignaron acá, todo un desafío para mí y para mi compañera, que es enfermera en el puesto sanitario. Con el tiempo empezó a gustarme la montaña”.

La montaña que Sergio Goitía cuida alberga un imponente sistema de glaciares hoy en riesgo por el calentamiento global, como alertan estudios científicos conocidos por las autoridades locales, algunas organizaciones socioambientales, como Boana, y muchos residentes de El Chaltén. No está tan claro, sin embargo, que los miles de turistas que llegan cada día hasta la autodenominada “capital nacional del trekking” conozcan esta realidad ni el riesgo de inundación si se desborda el lago glaciar.

El derretimiento acelerado de los glaciares no es algo ajeno a la vida en El Chaltén. O al menos, no debería. En 2018, una investigación publicada por un equipo de científicos argentinos liderado por el doctor en Ciencias Geológicas y profesor de universidad de Buenos Aires (UBA) Diego Winecur, mostró que el retroceso glaciar generalizado en la Patagonia tiene una incidencia directa en las laderas de estas enormes masas de hielo.

Un retroceso multiplicado por cuatro

Según los cálculos realizados por Daniela Schmidt, coautora del trabajo, el glaciar Torre –situado a unos 10 kilómetros del pueblo– cuadruplicó su tasa de retroceso entre 2022 y 2024 en comparación con el periodo 2019-2022, lo que significa que desde 1968 hasta inicios de 2025 ha retrocedido unos 400 metros. “A medida que el retroceso ocurre, ese hielo glacial se convierte en agua y pasa a incrementar el volumen del lago Torre ubicado en el frente del glaciar. Esto genera que las laderas de los laterales del valle se vayan desmoronando, convirtiéndose en los denominados procesos de remoción en masa, donde las rocas, sedimentos y parte del bosque se van hundiendo en el lago”, explica Winecur.

Esta situación, que comenzó a principios de los años 2000, se va incrementando a medida que el glaciar retrocede. “Si bien el movimiento es lento y paulatino, algún evento extremo como lluvias intensas sumado a altas temperaturas o algún movimiento sísmico podría acelerarlo y precipitar la caída de ese material hacia el lago”. Esto, a su vez, podría generar una ola que aumentaría rápidamente el caudal del río Fitz Roy. Winecur asevera que las autoridades locales y de los parques nacionales y quienes viven allí de manera permanente conocen este riesgo: “Han recibido nuestros estudios”; pero no puede confirmar que los turistas lo sepan. “Quizá falte un poco de difusión al respecto”, agrega el científico.

Un pueblo muy joven

Antes de los turistas, de las disputas fronterizas con Chile, antes siquiera de que existiera Argentina como país, esta región de la Patagonia estuvo habitada por pueblos originarios americanos. Los aonikenk, la “gente del sur”, fue el último grupo importante en transitar la zona y de su lengua nativa proviene el término Chaltén, que significa “montaña humeante”. Se refiere al cerro de 3.400 metros de altura que caracteriza a ese paraje y que en 1877 fue renombrado por Perito Moreno –un científico y explorador pionero en la conservación de la naturaleza– como Fitz Roy, su otro nombre. El extremo sur andino patagónico argentino es, ante todo, un paisaje de montaña y hielo, en el cual los glaciares monopolizan la escena.

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING) en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados. Es el segundo país de América latina con más glaciares y está entre los 15 países con mayor superficie de hielo en el mundo.

El Chaltén es un pueblo muy nuevo y tiene un origen particular, ya que fue creado en 1985 por el gobierno de la provincia de Santa Cruz para marcar territorio y hacerse presente en una región que mantenía un largo conflicto de fronteras con Chile, que se resolvió de manera definitiva en 1994, después del fallo de un jurado internacional a favor de Argentina.

Los 1.821 habitantes permanentes conviven con la llegada masiva de miles de turistas que desbordan cada día las estrechas calles y los senderos de montaña. El turismo a gran escala está tensionando el equilibrio natural del lugar y la rudimentaria infraestructura urbana no da para absorber las necesidades de tantos visitantes, algo que se hace visible en la deficiente gestión de residuos y en la imposibilidad de tratar de manera correcta las aguas fecales de una población que, en pico de temporada turística, puede llegar a multiplicarse por cinco cada día.

"Hoy a los empresarios les gusta más meter turismo que conservar los glaciares. No perciben que eso es pan para hoy y hambre para mañana

Sergio Goitía — Guarda forestal en el Parque Nacional Los Glaciares

A esto se suma el cambio climático que golpea de manera peculiar al ecosistema de glaciares, el sello distintivo de esta región. “Hoy a los empresarios les gusta más meter turismo que conservar los glaciares. No perciben que eso es pan para hoy y hambre para mañana”, agrega el guarda Sergio Goitía.

Más turistas, menos debate socioambiental

No solo existen tensiones ambientales en El Chaltén. La dependencia del turismo como única fuente de ingresos y la fragmentación social que existe entre quienes viven de manera permanente, quienes van allí a trabajar en temporada alta y los turistas, dificulta el debate sobre el futuro de este lugar. ¿Se informa sobre el riesgo potencial de una inundación por el desborde del río Fitz Roy? ¿Hay estrategias preventivas para esta eventualidad? Marie Anieres Martínez se hace esta y muchas otras preguntas, cada día.

Nació en Francia, donde estudió Cooperación internacional y Desarrollo, y ya en Argentina se especializó en políticas de conservación de la naturaleza. En 2020 cambió su lugar de nacimiento por este pueblo rodeado de una naturaleza inconmensurable: “Yo no elegí vivir en El Chaltén. Puedo decir que fue El Chaltén el que me atrapó, de manera casi literal. Vine como turista poco antes de la pandemia, me tuve que quedar y después ya no me quise ir. Es un lugar mágico”.

En 2021 creó, junto a Eva Bezit, la asociación Boana, dedicada a concienciar sobre la conservación de la naturaleza en la Patagonia a través de proyectos ciudadanos colaborativos, con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático como ejes prioritarios. Para Marie, persisten “muchas incertidumbres” sobre el alcance potencial de una inundación en las cercanías de El Chaltén. “Existen varios mapas de inundación elaborados por diferentes instituciones científicas del país. Según la metodología empleada cada mapa arroja resultados diferentes, con zonas inundadas que a menudo se repiten, pero otras veces no”. Desde su visión, faltan elementos clave para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos: más datos y más inversiones en proyectos científicos que tengan aplicaciones concretas para la toma de decisión y el manejo de inundaciones.

Este es el Año Internacional para la Conservación de los Glaciares declarado por la ONU y su derretimiento es uno de los mayores problemas ambientales del planeta: según un estudio publicado en febrero de 2025 en la revista Nature, la velocidad de derretimiento aumentó un 36% entre 2012 y 2023, en comparación con la década anterior (2000/2011). Entre 2000 y 2023, los glaciares perdieron de media 273.000 millones de toneladas de hielo al año. En un escenario global dominado por la crisis climática, la ciencia y la política aparecen como herramientas indispensables para lograr una mejor adaptación y afinar sistemas de alertas tempranas.

Justo lo contrario a lo que está ocurriendo en Argentina hoy, un país con reducidas capacidades estatales para generar conocimiento científico perdurable y menos voluntad política para financiar, acompañar y fortalecer esas capacidades. Desde la visión de Marie sería necesario trabajar en un plan de gestión de riesgos para hacer frente a las inundaciones provocadas por el derretimiento de los glaciares que incluya instalar un sistema de alerta previa y poner en marcha protocolos de evacuación y comunicación. Pero eso no es lo que está pasando en el territorio: “Por ahora lo único que se ha hecho ha sido instalar dos carteles en la senda que va hasta la laguna Torre, una de las más turísticas del parque, avisando sobre este riesgo, explicando qué es el fenómeno y recomendando a los visitantes subir al punto más alto que encuentren si llegara a pasar”.

Milei y los recortes

Diego Winecur alerta sobre algo más grave aún: la retirada de financiación de las investigaciones científicas en Argentina bajo el actual Gobierno de Javier Milei, quien repite una y otra vez que el cambio climático “es un invento marxista”. El científico cuenta que el monitoreo que hace es “básico, remoto y sin conexión simultánea con esos datos”, y reconoce que no pueden trabajar con información a tiempo real: “No conocemos la situación día a día de la actividad de la ladera, solo capturamos esa información y la analizamos posteriormente. No podemos predecir un evento porque lamentablemente no contamos con los recursos económicos necesarios para hacer esto como se debería, teniendo en cuenta que el lugar lo visitan unas 10.000 personas al día”.

A eso se suma algo todavía más grave: aun con proyectos de investigación ya aprobados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT) desde 2022, los investigadores todavía no han recibido el dinero, lo que hace imposible que puedan seguir adelante con los estudios. “Esto genera una situación de incertidumbre en el conocimiento que impide mejorar el monitoreo y establecer medidas de mitigación y alerta temprana a la población, a turistas y a escaladores de algún evento que pudiera suceder”.

En este asfixiante escenario político, donde la retirada de fondos a la ciencia y el negacionismo climático se han convertido en una constante del actual Gobierno argentino, el trabajo sobre el terreno de organizaciones ambientales como Boana son oxígeno en estado puro. Una de las principales líneas de acción de esta asociación es la adaptación al cambio climático, explica Marie, que detalla que en 2024 organizó un taller con el apoyo de la Asociación Internacional de Ciencias Criosféricas para introducir y trabajar el concepto de adaptación con metodologías europeas como la llamada Life Natur Adapt. “Son metodologías que permiten dar un primer pantallazo bastante completo y requieren un gran esfuerzo de síntesis bibliográfica, lo que vendría muy bien para el territorio ya que no disponemos de ningún documento de divulgación que nos permita entender los impactos en el futuro cercano”.

Para Sabrina Picone, licenciada en Ciencias Ambientales, doctora en Ciencias Sociales, docente en una escuela secundaria local y residente permanente del pueblo desde 2009, “es muy difícil pensar en clave ambiental si se piensa el territorio de manera sesgada y no se tienen en cuenta otras dimensiones que no sean la económica, es una comunidad muy pequeña y a la vez muy fragmentada, esto hace muy difícil sostener proyectos a largo plazo. Está la gente que vive, la que va y viene por temporadas, y luego los turistas”.

Los desafíos de El Chaltén son tan enormes como los glaciares que marcan su identidad natural. La tensión entre economía y medio ambiente, más urgente que nunca en un planeta recalentado por acción humana, se expresa con claridad en esta pequeña población del extremo sur de la Tierra que, cada día, busca encontrar un equilibrio que garantice su supervivencia.

En el territorio de Baltistán, a la sombra del K2 y entre las cordilleras del Karakórum y el Hindu Kush, el cambio climático está dejando sin agua a decenas de aldeas. La situación es tan crítica que, con ayuda del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los habitantes de esta región del norte de Pakistán están tratando de recuperar una antigua tradición que a priori suena inverosímil: casar glaciares mezclando sus diferentes tipos de hielo para que engendren un bebé glaciar que les devuelva el agua.

Esta práctica, que se remonta siglos atrás en el Himalaya, recibe el nombre de “injerto de glaciar” (en inglés, glacier grafting). Según la tradición local, consiste en escalar a zonas de alta montaña para recoger grandes cantidades de hielo de un glaciar macho y un glaciar hembra y trasladarlas a la espalda en cestas de madera de sauce hasta un nuevo valle. Una vez allí, el hielo se junta en una ceremonia similar a una boda y se entierra en las rocas mezclado con barro y paja, con la esperanza de que, al cabo de algo más de una década, el glaciar bebé crezca y se consolide hasta aportar agua a sus poblaciones. 

“Fabrícame un glaciar”

“Nosotros tenemos un concepto de glaciares como entes masculinos y femeninos”, relata Tehzeeb Bano, que nació hace 30 años en la remota aldea de NewRanga, a los pies del K2. “Utilizando el conocimiento tradicional, los hombres se aseguran de obtener partes del glaciar masculino y femenino y mezclarlas, porque si solo obtienen la parte del glaciar masculino, el glaciar no crecerá”.  

Mi abuela solía señalarlo y me contaba que el glaciar había sido hecho por los humanos. Todavía hoy podemos ver ese glaciar desde nuestra azotea

Tehzeeb Bano — Investigadora de la Universidad de Guelph, en Canadá

Bano recuerda que de niña veía desde la ventana de su casa el glaciar Singay, que significa “el rey de los glaciares”. “Mi abuela solía señalarlo y me contaba que el glaciar había sido hecho por los humanos”, asegura. “Todavía hoy podemos ver ese glaciar desde nuestra azotea”. La experiencia le impactó tanto que, cuando pudo acceder a estudios superiores, Bano hizo la tesis sobre el injerto de glaciares y ahora lo estudia desde la Universidad de Guelph, en Canadá. “La situación sigue empeorando y algunos aldeanos se han acercado a mí para pedirme que les injerte un glaciar para aliviar este estado”, asegura.

¿El hielo que frenó a Gengis Kan?

El glaciar Singay (o Gang Singe) que Bano veía desde la ventana es uno de los seis ríos de hielo que fueron creados mediante injertos, según las fuentes locales. “La tradición se remonta a hace alrededor de siete siglos, cuando se dice que un santo sufí injertó por primera vez un glaciar, el Kondus”, explica Zakir Hussain, profesor de la Universidad de Baltistán (UOBS) y asesor de proyectos de la ONU. Algunas versiones de las leyendas dicen que los habitantes de la zona usaron la técnica para crear una muralla de hielo que frenara la invasión de Gengis Kan. 

De haber sido injertados hace tanto tiempo, estos antiguos glaciares serían indistinguibles de los naturales, de modo que Hussain y su equipo pusieron el foco en los glaciares creados más recientemente. En concreto, en los ríos de hielo creados a finales del siglo XX y principios del XXI dentro de un programa de apoyo rural de la agencia Aga Khan (AKDN), que retomó la tradición después de décadas de abandono. En 2018, un grupo de académicos y porteadores encabezados por Hussain empezaron a trabajar en estas montañas remotas para tratar de entender cuánto había de verdad y cuánto de leyenda en estos procesos.

Hicimos un estudio de un glaciar injertado por una comunidad en 1995 y pudimos presenciar que quedaba un trozo considerable de glaciar y los parches de hielo que lo rodeaban

Zakir Hussain — Profesor de la Universidad de Baltistán (UOBS) y asesor de proyectos de la ONU

“Hicimos el primer estudio en un glaciar injertado por una comunidad en 1995, que tenía alrededor de 23 años”, explica Hussain a elDiario.es. El glaciar estaba a una altitud de 4.700 metros. “Allí pudimos presenciar que quedaba un trozo considerable y los parches de hielo que lo rodeaban”, continúa. “Tuve la suerte de tener como informantes a las personas que crearon el glaciar y de recoger todas las historias, las prácticas, las narrativas indígenas, los mitos; todo fue registrado y documentado”.

Una unión sagrada

En la lengua local, los habitantes de Baltistán conocen este ritual como Gang Khswa, que significa algo así como “nutrir con profundo afecto”. La práctica tiene un significado espiritual, pues se considera una unión sagrada de almas que, como en una boda, se celebra con oraciones, himnos y canciones. El primer paso es seleccionar un lugar por encima de 4.000 metros y una temperatura del suelo inferior a 0 °C, con una exposición mínima al sol y un terreno con escombros de piedras y cantos rodados.  

Después se recogen masas de hielo de doce lugares diferentes, con partes iguales de glaciares hembra (mo­) y macho (pho­) que son trasladados a las espaldas de jóvenes sin que puedan tocar en ningún momento el suelo. Las masas de hielo se llevan hasta el pozo del nuevo futuro glaciar, que puede ser una cueva formada naturalmente o una cámara excavada a propósito, y se depositan junto a una serie de ofrendas y regalos. Los ancianos, considerados de un nivel espiritual superior, realizan el ritual y se les considera los padres del glaciar que se está injertando. 

Durante la ceremonia, estos patriarcas colocan los trozos de hielo con oraciones en sus labios junto con huesos de albaricoque, pipas de calabaza, cáscaras de trigo, agua y carbón. Luego cantan una canción popular como canción de cuna, recitan versículos del Corán y sacrifican una cabra hembra para proteger a los glaciares. Y en los siguientes cinco años, nadie podrá visitar el lugar, para evitar interferencias.

A pesar de que en los 90 se creyó que la estrategia no había dado resultado, la revisión de Hussain y su equipo de los 17 lugares de Baltistán en los que se practicaron injertos muestra que al menos la mitad mostraban signos de crecimiento. Asimismo, han documentado que los efectos ambientales y climáticos fueron positivos y aumentaron a la disponibilidad de agua, e incluso han recreado todo el proceso de trasporte de hielo y sembrado de un glaciar para comprender mejor la técnica y “concienciar” a la población sobre su utilidad.

Estos y otros hallazgos han contribuido a que la ONU y las autoridades locales hayan retomado el interés y apoyen recuperar la tradición del apareamiento de los glaciares como solución a la escasez de agua. La Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Baltistán (BCDF), por ejemplo, realizó uno de estos injertos, junto con la comunidad de Regayul, el 22 de octubre de 2023 y en sus vídeos se puede ver cómo realizan el sembrado de un nuevo glaciar. 

El cambio climático nos están dejando sin agua y subiendo las temperaturas. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás necesitamos ventiladores

Ahmnad Nazir — Supervisor del programa de “sembrado” de glaciares de la agencia Aga Khan en la década del 2000

“Los glaciares están desapareciendo”, asegura Ahmnad Nazir, que colabora con una de las ONG que llevan a cabo estos injertos. “El cambio climático nos están dejando sin agua y subiendo las temperaturas. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás necesitamos ventiladores”. Nazir fue uno de los supervisores del programa de “sembrado” de glaciares de la agencia Aga Khan hacia el año 2000. “Plantamos 17 glaciares y todos por encima de los 4.500 metros”, recuerda. “No pudimos volver a todos, pero sí a cuatro de ellos. Y después de cuatro años descubrimos que tuvieron éxito. Eran más grandes, uno de los lados tenía ya más de 12 metros de largo”.

Desde el programa de desarrollo de la ONU han puesto en marcha el proyecto GLOF-II, que está “ayudando a las comunidades a preservar estas prácticas indígenas” para conseguir el acceso al agua y para paliar los daños que causan las inundaciones producidas por el cambio climático. También están aportando ayudas para otras estrategias para la conservación del agua en valles vulnerables del norte de Pakistán, como la llamada “cosecha de avalanchas” (retener la nieve desprendida mediante cables) y la creación de estupas de hielo (subir el agua del valle a las zonas frías para que se almacene en forma de grandes conos helados).

Un esfuerzo sobrehumano

¿Tiene algún sentido científico el injerto de glaciares? Eso es lo que trata de determinar Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), quien tomó contacto con Hussain en una visita de una delegación de Baltistán al País Vasco en 2019. Como especialistas en hielo, les interesaba comprender mejor esta tradición y en junio de 2024 viajaron para tratar de localizar uno de estos glaciares “injertados”. Pero, tras una caminata durísima de tres días, a más de 4.000 metros, se encontraron que la zona estaba cubierta de nieve y no podían ver nada.

“Nos dieron el permiso para verlo desde lejos, pero llegamos a estar justo encima, de manera accidental”, explica Lisa Kranz, ex investigadora del BC3 que formaba parte de la expedición. Buscaban el mismo glaciar que había estudiado Zakir Hussain y vieron la construcción de piedras y madera donde habían empezado el injerto. 

“Yo casi me muero”, explica Faria. “Así que entiendo por qué se abandonó la práctica durante tanto tiempo: tienes que escalar unos 2.000 metros, llenar tu espalda con 20 kilos de hielo del glaciar macho, hacer lo mismo con la hembra y luego llegar hasta el lugar del injerto. Es un enorme esfuerzo”. A esto se une que los jóvenes ya no están implicados y la tradición se pierde. “Ellos tienen su móvil y quieren vivir como nosotros, tener cosas materiales y no experiencias espirituales o religiosas”, recalca Kranz. 

La pregunta científica

Junto a Marcela Brugnach (BC3), Sérgio Henrique Faria está preparando un documental con el material que grabaron en verano, dentro de un proyecto financiado por el Gobierno Vasco para comprender la resiliencia y adaptación al cambio climático en estas regiones. También se propone regresar a la zona en 2026 para tomar muestras de los glaciares que no pudo obtener en la primera expedición y avanzar en su conocimiento. 

“Uno de los temas de nuestro proyecto es entender el fundamento científico, para ver si se podría hacer, por ejemplo, en los Alpes”, asegura. “Queremos ver en el laboratorio, a nivel microscópico, qué tipo de impurezas tienen estos llamados glaciares macho, e intentar entender un poco mejor la caracterización física de estos materiales”. Los habitantes de Baltistán identifican como machos a los glaciares más oscuros, en los que hay una mezcla de escombros y están casi enterrados por los frecuentes desprendimientos. Los glaciares hembra son los que se ven en superficie, casi transparentes, o de un color azulado. 

Queremos ver a nivel microscópico, en el laboratorio, qué tipo de impurezas tienen estos llamados glaciares macho, e intentar entender un poco mejor la caracterización física de estos materiales

Sérgio Henrique Faria — Director del Laboratorio de Hielo del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3)

“A partir de este concepto de glaciar macho y hembra se desarrolló una tecnología ancestral tremenda”, explica el especialista del BC3. “Aparentemente, la mezcla te da una combinación óptima, con suficiente hielo limpio para congelar más agua y suficiente material de detrito que sirve de aislante térmico para protegerlo del calor del sol y del propio aire caliente. Y quizá esa combinación es la que permite que esta masa de hielo vaya acumulando más nieve y vaya creciendo y formando un glaciar”. 

Jakob Steiner, hidrólogo especializado en las altas montañas de Asia, también cree que estas estrategias de llevar agua a zonas más altas para que se conserven congeladas tiene sentido, y que añadir paja, carbón y otros materiales es una forma de mantener el hielo congelado durante más tiempo. “¿Es eficaz para los problemas hídricos que enfrentan los habitantes de un asentamiento determinado? Sí, definitivamente”, explica a elDiario.es. “Sirve para generar agua adicional para riego, también une a la comunidad, enseña a los jóvenes sobre su entorno, facilita la gobernanza local de los recursos y tiene valor espiritual”.

Sirve para generar agua adicional para riego, une a la comunidad, tiene valor espiritual y es mucho más eficiente que muchas de las soluciones 'modernas'

Jakob Steiner — Hidrólogo especializado en las altas montañas de Asia

Ahora bien, recalca Steiner, no sirve para resolver todos los problemas hídricos de la región ni para evitar la desaparición de los glaciares, aunque ese nunca fue el objetivo. “Los volúmenes son pequeños, pero si solo se necesita pequeño, es perfecto. Mucho más eficiente que muchas de las soluciones modernas que se aplican actualmente, que potencialmente resuelven muchos más problemas, pero son caras, difíciles de mantener y, por lo tanto, a menudo no se llevan a cabo”.

“La criosfera en esta zona más septentrional de Pakistán está cambiando”, asegura Miriam Jackson, miembro de la Iniciativa Climática Internacional de la Criosfera (ICCI). “Los glaciares se están reduciendo y las competiciones de esquí programadas en Gilgit se han cancelado en los últimos años por falta de nieve”. A pesar de que no hay suficiente literatura científica que apoye la práctica de estos injertos, bastante desconocidos hasta hace poco, cree que el ingenio y perseverancia de los habitantes de Baltistán son admirables. “Su diligencia al buscar soluciones propias a estos desafíos es encomiable”, destaca.

Una práctica muy humana

Aparte del interés científico, la práctica tiene un gran atractivo desde el punto de vista humano y antropológico. No es el único lugar del mundo en que los glaciares son considerados como criaturas vivas o incluso sagradas. “En otros lugares, como Canadá y Alaska, las comunidades tradicionales tienen reglas estrictas sobre cómo comportarse sobre un glaciar para no ofenderlo”, subraya Faria. “Si comes grasa sobre el glaciar, por ejemplo, las consecuencias pueden ser desastrosas para ti y para la comunidad”.

También en occidente se han hecho ceremonias fúnebres de despedida a los glaciares, como ha sucedido en Islandia y otros lugares. “Hay gente de Silicon Valley que sube a la montaña para llorar la muerte de un glaciar”, señala el experto.

Al equipo del BC3 que viajó hasta Baltistán les sorprendió la capacidad de adaptación al cambio que tienen los habitantes de estos valles y cómo su cosmovisión integra soluciones a los problemas que van enfrentando en un entorno tan hostil. “Sabemos que los glaciares se van a perder por el cambio climático, nos fuimos al valle de Hushe para ver cómo la gente percibía estos cambios”, explica Brugnagh, profesora Ikerbasque y codirectora del documental en marcha. “Siempre se buscan soluciones técnicas, cuando esta gente lo tiene muy claro con el agua, hasta el extremo de que saben hacer glaciares”, apunta.

Sabemos que los glaciares se van a perder por el cambio climático, nos fuimos al valle de Hushe para ver cómo la gente percibía estos cambios

Marcela Brugnagh — Profesora Ikerbasque BC3

Especializada en modelos de ecología, ciencias sociales y humanísticas, Marcela Brugnagh define su trabajo como el estudio de cómo la gente toma decisiones de forma colectiva en situaciones de incertidumbre. “Nos interesa otro tipo de conocimiento, que no es científico y que es muy importante tener en cuenta de cara al cambio climático, porque habla de las relaciones de estas comunidades con la naturaleza y de sus dinámicas”, señala. “Durante la experiencia tuvimos un cambio de mentalidad”, resume. “Vamos con nuestras ideas objetivas de salvar el planeta, pero ellos han vivido con el cambio y no tienen problema para adaptarse a la naturaleza: somos nosotros quienes tenemos que aprender de ellos, no ellos de nosotros”.

En abril, tras el histórico fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza por su inacción ante el cambio climático, Asti Roesle, director de campañas de la Alianza Suiza por el Clima –integrada por más de cien organizaciones de la sociedad civil–, se unió a una decena de activistas para bloquear el acceso al Banco Nacional Suizo. La Policía tomó los datos de todos los manifestantes y los remitió a la Fiscalía para abrir un expediente judicial.

Roesle es uno de los muchos activistas climáticos suizos que tienen causas abiertas por desobediencia civil ante la inacción climática de Estados y empresas. Ahora, los abogados que llevan años defendiendo a este colectivo han decidido unirse para invertir los roles en los juicios: que los ciudadanos sean los demandantes y los Gobiernos y compañías los que ocupen el banquillo de los acusados.

“Se trata de una red jurídica que invierta la actual dinámica. Es decir, que quienes alzan su voz a favor del clima dejen de estar del lado de los acusados y que ese lugar lo ocupen los verdaderos responsables de la crisis climática”, resume Tali Paschoud, abogada en Ginebra e integrante del comité de “Avocates pour le climat” (Abogados por el clima), el nombre de esta organización.

El grupo, formado en septiembre de 2021, ha superado este año los 300 miembros, entre abogados y profesionales que trabajan en el ámbito jurídico, como profesores universitarios y estudiantes de doctorado. La asociación tiene tres grandes metas: aglutinar a todos los abogados “sensibles” con la causa climática, reunir “recursos legales útiles” en esta cruzada y “tener una voz fuerte” en el debate público sobre la importancia de los litigios climáticos.

“La mayoría de los fundadores nos conocimos durante los juicios penales en defensa de los activistas climáticos. Sentimos la necesidad de invertir la dinámica repetida de ciudadanos acusados por las empresas contaminantes. Por eso, la asociación ofrece a los ciudadanos la posibilidad de emprender acciones contra el Estado o contra las empresas por la grave responsabilidad que tienen en la actual crisis climática. Queremos pasar de la defensa al ataque”, explica Paschoud.

La asociación, cuenta la abogada, está o ha estado activa en una decena de procedimientos. “Es una plataforma desde la que los abogados implicados preparamos y llevamos a cabo procedimientos judiciales. Es decir, el derecho se pone al servicio del clima y del medio ambiente. Los abogados tenemos que ser muy creativos y audaces para presentar estas cuestiones ante los tribunales”, subraya.

A su entender, los gobiernos, tanto en Suiza como en la mayoría de los países desarrollados, tienen “serias dificultades” para responder a la emergencia climática a pesar de “evidencias científicas cada vez más contundentes”. “Ante esta realidad, pretendemos recurrir a la justicia para dar forma concreta al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, detalla.

Los casos

En estos momentos, la asociación tiene a varios representados. Ente ellos hay un grupo de agricultores, viticultores, horticultores y arboricultores de varias regiones (Zúrich, Schwyz, Ginebra, Neuchâtel y Vaud) que ha demandado al Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC) por “su inacción ante el cambio climático, que amenaza los rendimientos de las cosechas”.

El argumento de la demanda es que, por su “insuficiente política climática”, este organismo estatal compromete la “libertad económica y propiedad privada” de los agricultores. “De hecho, al no tomar medidas serias para proteger la población suiza contra el calentamiento global, DETEC está perjudicando la rentabilidad de estos terrenos”, asegura Paschoud.

En 2023, tras la difusión en la prensa de obras ilegales en el glaciar de Théodule, en los Alpes, donde se celebró la Copa del Mundo de Esquí, estos abogados presentaron una denuncia en nombre de varias organizaciones ecologistas ante la Comisión Cantonal de Construcción del Valais para arrojar luz sobre la legalidad de estas obras. El fallo judicial ordenó la paralización urgente de los trabajos y prohibió la utilización de todas las partes de la pista situadas fuera de la zona de esquí, es decir una superficie de 25.000m².

La FIFA también ha estado en la diana de la asociación. A finales de 2022 se presentó una denuncia ante la Comisión Suiza para la Lealtad Comercial “por lavado de imagen”. 

La institución futbolera que preside Gianni Infantino afirmó públicamente que el Mundial organizado por Qatar sería “neutro en carbono”. En junio de 2023, la FIFA fue declarada culpable por su ecopostureo. La comisión suiza instó a la FIFA a abstenerse en el futuro de formular estas afirmaciones en sus próximos eventos.

Asociación de utilidad pública

Paschoud aclara que los abogados miembros de la asociación son “voluntarios”, ninguno cobra por prestar estos servicios. No obstante, las acciones “requieren fondos para financiar los costes legales”. El grupo tiene abierto un formulario de donación en su página web.

Este año, las autoridades fiscales de Ginebra reconocieron a este colectivo “asociación de utilidad pública”, una distinción que confirma la importancia de “poner al derecho en primera línea del clima y el medio ambiente”.

“Tiene que quedar claro que los ciudadanos del mundo se enfrentan hoy a una crisis climática sin precedentes. Un motivo principal es que nuestras autoridades políticas no están cumpliendo la ley, por lo que muchas empresas nos están llevando por un camino totalmente incompatible con los objetivos climáticos firmados”, denuncia la abogada.

La “buena noticia”, dice, es que “ya estamos viendo cómo las autoridades alemanas, francesas y holandesas están siendo juzgadas por esta inacción”. Lo mismo ocurre con las compañías más contaminantes, todas ellas ligadas a la industria de los combustibles fósiles.

“Somos optimistas sobre la voluntad de los jueces de hacer un derecho respetuoso con los límites del planeta. Creemos que nuestro papel como auxiliar de la justicia es necesario para concretar una voluntad que, por lo general, sigue en el aire”, concluye.

DM

En la Cámara de Diputados hubo prioridades y cuestiones “secundarias” para la mayoría de los legisladores que este miércoles se reúnen para votar o rechazar la ley ómnibus de Javier Milei. El resultado de lo que es prioridad y de lo que no para los diputados es que las leyes ambientales están en riesgo y, con ellas, todo lo que protegen y garantizan. Así surge de las conversaciones y consultas realizadas por elDiarioAR en los últimos días.

Entre otras normativas que protegen el ambiente, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, la Ley de Quema y la ley de manejo del fuego están en peligro de perder sus artículos centrales, en caso de que se apruebe el proyecto de ley Bases tal como figura en el dictamen de mayoría.

El futuro de la ley ómnibus es incierto: todo indica que la mayoría de los bloques, tanto oficialistas como aliados y opositores, darán quórum y habrá una sesión maratónica para tratar artículo por artículo o capítulo por capítulo del proyecto de Milei.

Los bloques UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), que suman 57 bancas consideradas parte de la oposición “dialoguista”, anunciaron este martes que bajarán al recinto y votarán a favor, pero sólo en general. Para la votación en particular, habrá libertad de acción, ya que los diputados de ambos bloques tienen posturas divididas. Al menos hasta ahora, una de las razones que los divide es qué prioridad dar al capítulo ambiental. 

“En la votación artículo por artículo es cuando los diputados tienen la oportunidad de fijar postura sobre los artículos ambientales de la ley ómnibus. Va a ser el momento en que los diputados demuestren sus convicciones. Estamos a tiempo de frenar esto y son los diputados, como representantes de la voluntad popular, los que tienen la oportunidad de hacerlo”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, una de las ONGs que expuso ante los diputados en el plenario de comisiones. La organización se reunió con casi todos los bloques menos el de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que rechazaron el diálogo.

Otras prioridades

Las negociaciones encabezadas por diputados de los bloques aliados con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental. “Somos pocos los que tenemos compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos relacionados con la protección al ambiente”, se lamentó un diputado de la oposición en diálogo con elDiarioAR.

El nivel de desconocimiento sobre el capítulo ambiental que mañana votarán los diputados es otro punto de conflicto. Mientras unos pocos intentaron instalarlo en la agenda de negociaciones con el Ejecutivo, otros ni siquiera saben cuáles son las modificaciones a las leyes ambientales que votarán este miércoles. Así lo admitieron en el bloque de la UCR ante la consulta de este medio.

“Dentro de cada bloque (de los aliados que mantienen diálogo con el Gobierno) hay sólo dos o tres diputados que empujan para que el capítulo ambiental no sea votado en el recinto”, explicó un diputado. “Es muy triste”, agregó. “Estamos tratando de que entiendan pero somos pocos”, afirmó el legislador.

Para los diputados comprometidos con la legislación ambiental las modificaciones que plantea la ley ómnibus son inconstitucionales, violan principios básicos de la Carta Magna y del sistema democrático, como el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades. 

Pesca, sí

El capítulo sobre la pesca, que tiene alcance ambiental, sí estuvo entre las prioridades de los gobernadores de las provincias afectadas por la propuesta del Gobierno. El destino fue completamente distinto porque había un interés económico que afectaba a una región en particular, las provincias con actividad pesquera y puertos. El caso demostró que cuando quieren, los diputados pueden. O mejor dicho, cuando los gobernadores quieren, los diputados pueden. “No se dimensiona que el daño ambiental no tiene marcha atrás”, aseguró un diputado.

“Todos los diputados con los que pudimos hablar entendían que no existe urgencia para tratar el capítulo ambiental en sesiones extraordinarias, con apuro, sin brindar un debate como corresponde en las comisiones correspondientes”, afirmó Jaramillo.

“Los diputados también dijeron entender que la ley ómnibus implica la modificación sustancial de leyes de protección al ambiente que se lograron con años de lucha, de participación y esfuerzo ciudadano”, agregó el director de Fundación Vida Silvestre.

Jaramillo explicó que, de hecho, la comprensión existe porque el único dictamen que mantiene las modificaciones a las leyes ambientales es el de mayoría, que presentó el oficialismo, y entre las disidencias de quienes los apoyaron se encuentran menciones a los temas ambientales. “Entonces no se entiende cómo el oficialismo insiste con llevar al recinto un proyecto de ley que mantiene el capítulo ambiental. Seguimos conversando con los diputados sobre esto. El pedido es diputado por diputado, confiamos en quienes han expresado su compromiso con la naturaleza y las personas”, aseguró Jaramillo.

ED/JJD

El Gobierno de Javier Milei envió el viernes último un documento con las propuestas a modificaciones en el proyecto de Ley Ómnibus que incluyen cinco posibles adaptaciones a los cambios que los libertarios buscan imponer en las leyes ambientales, como la Ley de Bosques, la Ley de Quema y la de Glaciares. Para los diputados de la oposición, no está claro aún cómo quedarían esos cambios plasmados en el texto definitivo de la megaley y esperan mayores definiciones por parte del Ejecutivo. También sostienen que los cambios están muy lejos de las objeciones en materia ambiental que realizaron los diputados a los funcionarios del Gobierno durante el plenario de esta semana, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR.

Las negociaciones encabezadas por diputados de los distintos bloques con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental.

La Fundación Vida Silvestre fue una de las que intentó dialogar con todos los sectores de la Cámara de Diputados y logró reunirse con integrantes de casi todos los bloques e interbloques, menos con quienes no quisieron recibirlos: La Libertad Avanza -nunca respondió el pedido enviado por escrito- y el PRO. Sólo la diputada Marilú Quiroz (PRO) los escuchó, según una publicación en Instagram de la organización ambientalista. La entidad envió este viernes por la tarde una nueva carta a los presidentes de los bloques en la que les solicita no votar la Ley Ómnibus incluso son las nuevas modificaciones, debido a que están muy lejos de lo esperado. Esta nueva propuesta “sigue manteniendo modificaciones inaceptables en las leyes de bosques, quema y pesca y, en el caso de la ley de glaciares, incluso, propone nuevos cambios. Estas propuestas desguazan el funcionamiento estructural de las normas, por lo que, de ser sancionadas harán retroceder al país en materia de protección ambiental”, afirmó.

Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal.

Margarita Stolbizer — Diputada Gen e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

“Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que integra el interbloque Hacemos Coalición Federal. “No se explica la urgencia ni han sido fundamentados sus beneficios para la economía y para morigerar la situación de crisis”, explicó Ferraro sobre las modificaciones que el Gobierno quiere imponer en materia ambiental. “También vemos que algunas propuestas son regresivas y rompen con principios de la ley general de ambiente”, agregó el diputado.

“La concepción política ideológica que tiene este proyecto, que está expresado incluso en los fundamentos del mensaje de envío, es una cuestión muy dirigida a una liberación del mercado, de un capitalismo a ultranza, prácticamente deshumanizado. Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal”, aseguró Margarita Stolbizer a elDiarioAR.

La diputada del GEN e integrante del mismo interbloque. “Tiene que ver con la desprotección, la autorización, habilitar negocios en zonas o en ámbitos que tenían la protección ambiental y ahora no lo tienen. Y por otro lado, con el desfinanciamiento de aquellos ámbitos, fondos o recursos que estaban destinados a la protección ambiental”, afirmó Stolbizer, 

Sobre el documento que circuló este viernes con propuestas de cambios del Gobierno, Ferraro afirmó: “No podemos sacar conclusiones del punteo que circuló ayer en el que no quedan claras las modificaciones que estaría proponiendo el Ejecutivo sobre el capítulo ambiental”. “A priori, parecería que han cedido en algunos aspectos pero seguimos esperando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición, más allá de que creemos que este capítulo no debería bajar al recinto. En todo caso, habría que debatir lo que haya que debatir en sesiones ordinarias”, dijo Ferraro.

“Lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo presente estas propuestas en el período ordinario y se discutan en las comisiones competentes. Al capítulo ambiental solo se le dedicaron unas pocas líneas en los fundamentos de la Ley Ómnibus”, argumentó el diputado de la CC. “La normativa ambiental vigente exige una amplia participación en la toma de decisiones ambientales, por lo que un debate exprés resulta inadmisible. Seguiremos trabajando para que esta sea la postura que prime”, agregó Ferraro.

Incluso con leyes que protegen los bosques y glaciares, el avance sobre el ambiente ha sido un hecho. Las normativas han permitido frenar, ralentizar, exponer y sancionar dicho avance. Por ejemplo, el último informe de Greenpeace sobre desmontes determinó que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas -superior a la del año anterior, con 118.805 hectáreas- y advirtió sobre la ilegalidad de todos los desmontes realizados en Chaco, suspendidos por la Justicia provincial, y de más del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Un escenario sin estas leyes sería catastrófico y un triunfo de quienes las han violado o intentado violar desde su vigencia, coinciden las organizaciones.

Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus.

Maximiliano Ferraro — Diputado de la Coalición Cívica (CC) e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

Ley de Bosques

La modificación que plantea el proyecto original deja a más del 80% de los bosques nativos de la Argentina desprotegidos y a merced de los negocios y desmontes a gran escala. “Implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos”, determinaron un centenar de organizaciones en una carta abierta a los diputados.

La Ley 26.331 clasifica a los bosques en tres categorías: roja (conservación estricta), amarilla (uso sostenible) y verde (posible cambio de uso del suelo previo EIA y audiencia pública), conforme un proceso participativo de ordenamiento territorial liderado por las provincias, con control de la Nación, explicó la FARN en un escrito. 

Tras las negociaciones con la oposición, el Ejecutivo envió este viernes a Diputados una serie de propuestas que modificarían el proyecto original. El Gobierno habría accedido a eliminar la modificación del artículo 26 de la ley, el que establecer que para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de la participación ciudadana y el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.

También habría propuesto agregar un artículo para garantizar los fondos para nutrir el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos para 2024.

Ley de Glaciares

El Gobierno quiere modificar la ley 26.639, que garantiza la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El objetivo explícito del Ejecutivo es habilitar la actividad económica en la zona periglacial, un reclamo histórico de las mineras, que buscan extender sus explotaciones a estas áreas de las montañas. 

“Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante’”, explicó FARN en un escrito.

En la propuesta de este viernes, el Ejecutivo sólo habría accedido a modificar el artículo 6 para “dar más claridad a la reforma”. “Nos preocupa, por ejemplo, que habría una modificación al artículo 6° de la Ley de Glaciares que actualmente prohíbe la actividad minera en los glaciares y el ambiente periglacial. Seguiremos aguardando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición”, dijo el diputado Ferraro a elDiarioAR.

Ley de Control de Fuego

Ley 26.562 controla las actividades de quema. Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo agregan a la definición del “aprovechamiento productivo” de la tierra a toda actividad que tenga “una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. 

“Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”, entre otros usos, explicó Fundación Vida Silvestre. 

El Gobierno habría accedido a eliminar el artículo 497 que modifica esta parte de la ley, de acuerdo al documento que circuló este viernes.

“El 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas y las modificaciones que propone hacer la Ley Ómnibus empeorarán esta problemática”, explicó FARN.

El proyecto original mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización pero establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

En las propuestas del viernes, el Ejecutivo también habría accedido a ampliar ese plazo a 90 días, tras las reiteradas objeciones de distintos sectores de la oposición. 

Ley de pesca

Ley 24.922 garantiza el Régimen Federal de Pesca y las modificaciones propuestas facilitarían una profundización del extractivismo en el mar, sin usos que sigan pautas de conservación ni la consideración de los impactos sobre la biodiversidad marina, explicó Fundación Vida Silvestre en un comunicado.

“El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP)”, explicaron las organizaciones en la carta enviada a los diputados. 

La Ley Ómnibus deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. “Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y estas modificaciones que pretende el Ejecutivo “provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados”, agregaron. 

Ante las quejas de los gobernadores de las provincias que se verían afectadas, el Gobierno aceptaría dar marcha atrás con al menos algunos cambios de esta ley.

Sin renovables y mercados de carbono

La Ley Ómnibus no plantea cómo llevar adelante la transición energética hacia una matriz  más limpia, a través de energías renovables, ni establece el camino para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2030 y carbono neutralidad a 2050, que el país se comprometió a cumplir en el marco del Acuerdo de París. 

Lejos de eso, el proyecto de ley establece mercados de derechos de emisión de GEI. “Es un enfoque netamente mercantilizador de la naturaleza y que no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) son los principales responsables de las emisiones según el Inventario Nacional de GEI”, explicó FARN en un artículo. 

Los mercados de carbono que habilita la nueva ley son “un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones de una manera costo efectiva”.

“Los mecanismos de mercado de carbono deben estar enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores fundamentales de la ciudadanía”, afirmó FARN.

El proyecto de ley privilegia al sector hidrocarburífero con medidas como la extensión de las concesiones a 35 años para yacimientos no convencionales y a 30 años en el caso de la explotación de la plataforma continental y el mar territorial, explicó FARN en un documento. Además, la organización afirmó que “la forma de otorgamiento de permisos es flexibilizada y se fija que las regalías constituyen la única suma que pueden recibir las jurisdicciones titulares de dominio de hidrocarburos”.

ED/MG

Cinco días antes de la segunda vuelta de las elecciones generales celebradas en noviembre, un nutrido grupo de “personas dedicadas a la conservación de la biodiversidad”, entre los que se encontraban “técnicos/as, guardaparques, académicos/as y naturalistas” emitió un comunicado manifestando su predilección por Sergio Massa, candidato oficialista, debido a su “compromiso para enfrentar y buscar acciones concretas para mitigar el efecto del cambio climático y garantizar la protección de la biodiversidad”. A su vez, recordaban que Javier Milei, su contrincante, “niega abiertamente el cambio climático; manifiesta que no sería delito contaminar ríos; propone privatizar el mar; se muestra en contra de la creación de áreas naturales protegidas y declara que la investigación en conservación es un gasto que no corresponde a la situación del país”.

La mirada previa del mundo científico-ambientalista explicaba por sí misma el significado que podía tener en los próximos cuatro años un triunfo opositor en las elecciones. El acceso de Milei a la Presidencia ha confirmado rápidamente lo que se suponía y ha encendido todas las alarmas entre quienes sostienen la imperiosa necesidad de priorizar una agenda ambiental que hasta el momento, según precisan, siempre ocupó un segundo plano para la política, la economía y la sociedad en su conjunto.

Durante su campaña, entre otras afirmaciones, el nuevo mandatario expresó su determinación para eliminar el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desintegrar la Administración de Parques Nacionales o reducir de manera sensible la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal centro de estudio e investigación para la gente de ciencia dedicada a los temas de biodiversidad y medio ambiente. La primera de esas medidas ya se concretó. El ministerio ha sido eliminado como tal y pasó a ser una subsecretaría dependiente de la cartera de Interior.

Por otro lado, el Presidente firmó un megadecreto de más de 300 artículos que continuó con la presentación de un proyecto de “ley ómnibus” que en sus 660 artículos pretende modificar todas las áreas y estructuras de gobierno, y desde ya, afecta a varias normas y disposiciones medioambientales.

El primer decreto determina la derogación de la ley de Tierras. El propio Javier Milei explicó que su eliminación es necesaria porque “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. En la práctica, su puesta en funcionamiento habilitaría la adquisición de áreas rurales a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin restricciones de tamaño ni control sobre su uso. Y aunque en algún momento se mencionó la posibilidad de modificar la ley del Manejo del Fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados de manera intencional durante plazos de entre 30 y 60 años, finalmente este punto no fue incluido. Lo más grave, de todos modos, estaba por llegar.

La subsiguiente “Ley ómnibús”, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pone el acento en varias cuestiones ambientales. Por ejemplo, modifica la Ley de Bosques, reduciendo de manera significativa su financiación, lo cual desincentivará la conservación de bosques nativos a quienes los posean en tierras; y peor aún, habilita la deforestación de dichos bosques, incluso los que actualmente integran las categorías con el más alto nivel de protección. Una carta redactada por más de un centenar de organizaciones sociales y dirigida a los diputados del Congreso Nacional estima que la aprobación de la medida “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos” y dejaría desprotegidos al 80% de los todavía existentes en el país.

En otros artículos, el proyecto gubernamental modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad productiva en las áreas periglaciares, “un reclamo histórico del sector minero”, según la mencionada carta, que agrega que, de concretarse, constituirá “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú”. 

La propuesta incluye permitir la quema de campos de manera tácita, es decir, sin necesidad de aprobación previa de las autoridades (cabe recordar que en los últimos años, los incendios sin control han devastado cientos de miles de hectáreas en el país); y crea un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuyo monitoreo discrecional estaría a cargo del propio gobierno. En este sentido, la norma presentada al Congreso no indica de qué manera se llevará a cabo la transición energética ni cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París, según las organizaciones ambientalistas.

El proyecto también pretendía abrir la pesca en la Zona Exclusiva Económica del Mar Argentino a los barcos extranjeros, quitando —entre otras muchas cosas— la exigencia de desembarcar las capturas en un puerto del país. La protesta generalizada de los gobernadores de las provincias implicadas ha logrado, en principio, que el Gobierno contemple negociar y discutir estas reformas. 

Al megadecreto presidencial y la “Ley ómnibus” les quedan todavía varias etapas parlamentarias y judiciales que superar para poner en marcha todos los cambios previstos, pero sin duda anticipan que los desafíos ambientales de la Argentina deberán afrontar más dificultades que nunca.

El extractivismo como apuesta y reto

Durante todo 2023, los economistas de cualquier vertiente política se empeñaron en pronosticar un venturoso 2024 para las finanzas del país. “Campo, litio, gas y petróleo” fue la repetida fórmula para certificar que el siempre prometido y nunca cumplido desarrollo está a punto de llegar de la mano de lo que el mercado llama commodities.

“Sabíamos que la agenda productiva iba a profundizarse porque ambos candidatos eran favorables al avance de inversiones y sectores económicos estratégicos con prácticas y formas extractivas de proceder”, señala Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La realidad indica que Argentina necesita generar divisas, y lo que tiene más a mano para lograrlo son los recursos naturales”, ratifica Eduardo Crespo, economista argentino de la Universidad de Río de Janeiro especializado en Desarrollo Económico. Los métodos que se elijan para llevar adelante esta apuesta que intentará alcanzar el postergado desarrollo argentino tendrá sin duda un reflejo directo en sus variables ambientales.

“El consumo es el principal motor de la economía y, al mismo tiempo, el principal determinante de los impactos ambientales. Es una matriz que funciona mediante el deterioro de las condiciones materiales que la sustentan y logra éxito a corto plazo: puede generar trabajo y mejorar los ingresos de la gente, pero a costa de destruir el ambiente del cual depende en última instancia”, explica Juan Ignacio Arroyo, economista especializado en energía, ecología y cambio ambiental.

La misma premisa marca la opinión de Pablo Berrozpe, quien fue Director Nacional de Conservación durante los últimos cuatro años: “Pensando en el futuro es necesario dar la discusión cultural respecto a la restauración ecológica e intervenir para ponerle coto al cambio de uso de suelo, recuperar montes y bosques y promover una transformación productiva compatible con el desarrollo ecológico”.

A partir de estas certezas, el reto para las organizaciones ambientalistas es cómo hacer para que su discurso, contrapuesto al oficial, pueda ser atendido. “Hay que pasar de tener una agenda reactiva a otra propositiva para hacer que nuestro mensaje sea masivo”, dice Nicolás Gallardo, referente de Jóvenes por el Clima, quien acepta que “nos está costando enamorar a la gente, hacerle ver que lo ambiental no es una suma de catástrofes. Por eso, antes de las elecciones, lanzamos una plataforma electoral-ambiental con propuestas en diferentes ejes: energía, biodiversidad, adaptación, gestión de residuos y soberanía alimentaria”.

En el mismo sentido, Marchegiani entiende que será imprescindible “mostrar la relación que existe entre el ambiente y una cantidad de otros derechos que hacen al bienestar, como la salud, la vivienda, la cultura o el modo de vida”. Los efectos de los tres años casi sin lluvias que dejó el fenómeno de La Niña es una herramienta que esgrime Gallardo para trasladar un mensaje coincidente: “Hay que vincular muchísimo más la crisis climática a las problemáticas sociales y económicas. Que se vea, por ejemplo, cómo una sequía pone en jaque la producción y las exportaciones, o cómo las olas de calor y las inundaciones afectan la calidad de vida”.

La combinación de crisis económico-financiera (el país arrastra múltiples deudas, entre ellas una multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional) con la disponibilidad de materias primas que demanda el mercado internacional —litio, gas, cobre, minerales raros…— añade otra dificultad a la posición ambientalista. “El riesgo de que se erosionen los estándares de participación ciudadana y discusión democrática de los proyectos extractivos es alto. Los procesos se van a apurar y se harán menos transparentes. En ese punto puede preverse que habrá conflictos”, aventura Marchegiani.

El incremento de concesiones para la extracción de litio en los salares del Altiplano conforman, tal vez, la amenaza más evidente de puesta en marcha de proyectos industriales aprobados sin que se cumplan de manera estricta dichas pautas legales de participación de las comunidades locales.

El esfuerzo para que el Parlamento promueva leyes que se consideran imprescindibles, como la de humedales, que volvió a perder carácter parlamentario al no ser tratada durante 2023, completa el reto que tienen ante sí las organizaciones ambientales en la nueva etapa que inaugura el país.

Más áreas protegidas, pero sobre todo mejor conectadas

En los últimos años, y por primera vez en la historia, la creación de áreas protegidas recibió votos en contra en el Congreso Nacional. Quienes dijeron que no fueron los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel, hoy flamantes presidente y vicepresidenta de la Nación. Su posición ideológica respecto a este tema se basa en la nula intervención del Estado y la absoluta libertad de los propietarios de las tierras para convertirlas en un bien productivo y rentable.

Partiendo desde esa premisa, todo indica que el objetivo de continuar ampliando las superficies con alguna figura de protección hasta alcanzar el 30% del territorio continental, establecido en las Metas de Aichi -nuevo compromiso global de conservación de la biodiversidad- para 2030, se encontrará con más obstáculos que nunca.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas registra en la actualidad 44.974.504 hectáreas que incluyen parques y reservas nacionales, provinciales y municipales, y constituyen el 16,17% del total del territorio continental. “En 2024 podría ampliarse si se aprobara la creación de los parques nacionales de Uspallata, en la provincia de Mendoza; y el de las Sierras de Ambato, en Catamarca”, informa Pablo Berrozpe. El primero es un ecosistema de altas cumbres asociado a un sistema glaciario; en el segundo confluyen ecorregiones de Chaco seco, yungas (selva de montaña), puna y pastizal de altura y es hábitat de la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), Monumento Natural Nacional que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, ambos casos demuestran las dificultades que existen en Argentina para concretar este tipo de procesos, debido a la potestad constitucional que tienen las provincias sobre el manejo de sus territorios y recursos naturales. Como dice Berrozpe: “El temor a quedar mal con la oposición local hace que a veces las provincias sean reticentes a entregar sus tierras a la Nación”. La bióloga Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, lo traduce en cifras: “Los procesos de creación de áreas protegidas llevan entre 5 y 10 años y, lamentablemente, los de corredores biológicos son incluso más lentos y complejos. Las extinciones de especies a escala local y regional exigirían acelerar ese ritmo de protección de áreas valiosas”.

Justamente, esos corredores que ofrecen conectividad entre parques y reservas son, tal vez, la piedra angular para darle verdadera eficacia al crecimiento que las superficies protegidas tuvieron en el período reciente.

“Crear parques nacionales en lugares remotos y aislados entre sí no tiene mayor impacto en la conservación. Las especies que se quieren proteger necesitan una red bien conectada para sobrevivir, reproducirse, dispersarse y mantener poblaciones viables porque se mueven a través del paisaje. Sobre todo, las más carismáticas como el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) o el pecarí quimilero (Catagonus wagneri), que están en peligro de extinción”, opina Matías Mastrángelo, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La Ley de Bosques y el Consejo Federal de Medio Ambiente regulan la implementación de estas vías de conexión, pero los expertos consideran que esto no es suficiente. Soneira ofrece ejemplos al respecto: “Chaco categorizó en amarillo a los corredores en la Ordenación Territorial de Bosques Nativos aprobada en 2022 (que todavía está en discusión), pero avanzó con ‘polígonos especiales’ para uso agrícola que rompen la conectividad del paisaje. Misiones, que fue pionera en la creación de un corredor verde, presentó el ordenamiento territorial de municipios categorizando dichos bosques como sujetos a deforestación. Y Santiago del Estero incluyó un corredor boscoso cuyo diseño no garantiza su efectividad”.

Un objetivo para el año que comienza sería hallarle una solución a esa falta de amparo legal. “Deberíamos tener una ley de presupuestos mínimos que nos permita hacer planes de gestión y manejo de los corredores, con una autoridad de aplicación y un poder fiscalizador por parte del Estado nacional o provincial”, pide Berrozpe.

Otros aspectos a tener en cuenta en este tema serían, por un lado, “detener con urgencia la deforestación ilegal y ampliar la protección de los bosques nativos en el Gran Chaco Argentino”, tal como plantea Soneira. Y por otro, la creación de gradientes o zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas “para que un animal que necesita salir del parque o la reserva para encontrar un pozo de agua o buscar presas no se encuentre con que el bosque termina abruptamente y empieza un cultivo rociado con agroquímicos”, explica Mastrángelo.

La imprescindible y postergada transición energética

“Nos parece urgente un plan de transición energética. Pero un plan de verdad, trazado, anualizado, con metas cuantificable y medibles”, sentencia Nicolás Gordillo, el referente de Jóvenes por el Clima, y su exigencia deja flotando la sensación de que todo lo hecho hasta ahora por Argentina en ese tema ha sido básicamente discursivo. También expone la necesidad de tomarse en serio un interrogante que se repite en todos los idiomas del mundo: ¿Cómo acelerar la descarbonización para reducir el efecto invernadero y frenar el ascenso de temperatura global?

La realidad indica que en Argentina la generación y utilización de energía renovable está creciendo. En 2022 fue un 13,3% del total, y aunque la cifra todavía está muy lejos del 56,3% de la energía producida por los combustibles fósiles, aumentó un 10,9% respecto a 2021 y la tendencia se mantiene. En agosto de 2023 se registró la mayor marca mensual de generación de energía renovable, con 1.909,1 GWh.

Eduardo Crespo, sin embargo, mantiene cierto escepticismo: “Las sociedades con estados fuertes tendrán más posibilidades de hacer transiciones más rápidas hacia nuevas prácticas; los estados débiles no podrán hacerla. Padecerán las consecuencias o dependerán de los demás”, sostiene. A este aspecto estructural, Pablo Lumerman, consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y experto en conflictos sociales vinculados al ambiente, le añade otro flanco: “Para lograr una transición energética hay que generar condiciones sociales, políticas y económicas en el modo de habitar y producir. Cualquier proyecto exige juntar mucha gente, masa crítica para empujar hacia una meta; y recursos vinculados a intereses económicos que vean una rentabilidad en el proyecto”.

La situación argentina en estas cuestiones parece caminar siempre por la cornisa de la contradicción. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno lanzada en septiembre pasado por el Gobierno nacional recuerda la enorme potencialidad que los vientos patagónicos y el sol del noroeste del país brindan para convertirse en futuro líder de la producción y exportación de hidrógeno verde, una de las esperanzas que tiene el mundo para obtener energía limpia y barata hacia 2050.

Simultáneamente, sin embargo, todos los sectores de la economía local enfatizan la importancia de apostar por la extracción de gas y petróleo. Berrozpe lo explica de un modo muy simple: “No hay transición posible en la Argentina sin explotar antes sus reservas de hidrocarburos”. De hecho, las prospecciones sísmicas y la primera perforación en busca de petróleo que se vienen realizando sobre el talud continental del Mar Argentino, a 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires; el nombramiento de un experto de la petrolera privada Tecpetrol (dueña del pozo más productivo del yacimiento no convencional Vaca Muerta) como nuevo presidente de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el proyecto de construcción de un puerto petrolero sobre el golfo San Matías, en la Patagonia norte, son muestras evidentes de que el país no brindará su apoyo a la idea de limitar cada vez más la extracción de hidrocarburos.

En todo caso, Argentina tiene en la transición hacia una energía más saludable uno de sus grandes dilemas futuros. “Quizás haría falta una discusión político-económica profunda que nos diese madurez para encontrar cómo hacerla de la manera más delicada posible”, concluye Lumerman.

Agroecología, el cambio que el campo necesita

El dato que aporta la Bolsa de Comercio de Rosario es concluyente para entender el peso que la agricultura posee en la economía argentina: en 2022 y aun pese a la sequía, tres de cada cinco dólares exportados por el país fueron producidos por las cadenas agroalimentarias. Una trascendencia histórica que se multiplicó hasta la exageración con la llegada de las semillas transgénicas en los años noventa, la irrupción de China en el comercio internacional y el “boom” en los precios de productos como la soja o el maíz.

El cóctel transformó por completo la forma de trabajar el campo y la vida rural en general, aunque fue en materia ambiental donde provocó los mayores desequilibrios. Entre otras cuestiones, la expansión de la frontera productiva, una deforestación que aún no ha terminado, la “invasión” de los agroquímicos contaminantes del agua y el aire, y la degradación de los suelos como resumen de todo lo anterior.

Sólo la propiedad de la tierra mantiene la ancestral y abismal asimetría del pasado. Peor aún, los nuevos métodos ampliaron las diferencias entre grandes y pequeños productores. El Censo Nacional Agropecuario 2018 —último efectuado hasta la fecha— muestra que las explotaciones de menos de 500 hectáreas (un 80% de las existentes), ocupan el 11% de la tierra cultivada; mientras que las de más de 10.000 hectáreas (1% del total) abarcan un 40% del territorio.

La agroecología y su pariente cercana, la agricultura familiar, han sido en los últimos años la respuesta de los campesinos más humildes a la nueva realidad. “La dirigencia política debería ver el campo no solo en función de la exportación y la acumulación de divisas, sino también desde su función primaria, que es la producción de alimentos para la población”, afirma Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) e impulsor de cambios de fondo en el modelo agrario del país.

Los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) indican que la superficie cosechada de producción orgánica —es decir, sin agregados químicos— pasó de 12.162 hectáreas en 1995 a 109.987 en 2022. En tanto que la UTT y la Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama) reúnen por su parte otras 100.700 hectáreas. Quienes trabajan la tierra en predios medianos y pequeños se han dado su propio sistema de trazabilidad y certificación, reconocido por la FAO; pero además exportan casi el 90% de su producción rumbo a mercados que privilegian los alimentos sanos.

Sin embargo, la conducta dual que suele caracterizar la política argentina también afecta al sector. Al hacerse cargo del ministerio de Economía en agosto de 2022, el derrotado candidato presidencial Sergio Massa degradó la subsecretaría de Agricultura Familiar a Instituto y redujo de manera significativa el presupuesto de la Dirección Nacional de Agroecología. En dirección contraria, en octubre fue promulgada la Ley de Fomento a la Agroecología, que establece un régimen de beneficios fiscales para la actividad durante diez años. La formación de redes de consumidores que establezcan canales directos con los productores, la regulación de un etiquetado que facilite la correcta identificación de los frutos y, fundamentalmente, la aprobación de una Ley de Acceso a la tierra “para apoyar al 75% de campesinos que todavía arriendan sus tierras”, son las tareas pendientes que reclama la UTT.

Los expertos y técnicos sitúan a la agroecología como un factor vital en la recuperación ambiental del planeta. Una mayor expansión a corto plazo en Argentina dependerá en buena medida de la política que adopten al respecto las nuevas autoridades. Su concepción ideológica y sus declaraciones previas no invitan al optimismo, aunque habrá que esperar para sacar conclusiones definitivas. La calidad alimentaria y la salud del aire, el agua, los suelos y de todas las especies —incluida la humana— que habitan los campos del país están en juego.

ED

La Unesco aseguró en las últimas horas que un tercio de los glaciares declarados Patrimonio Mundial desaparecerán antes de 2050, por lo que llamó a “reducir rápidamente” las emisiones de dióxido de carbono para preservar los dos tercios restantes.

El mensaje llega tras un estudio sobre 18.600 glaciares que ocupan 66.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 10% de la superficie glaciar total de la tierra, “representativa del estado de los glaciares del mundo, indicó la Unesco en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en febrero pasado, el derretimiento del hielo y la nieve es una de las diez principales amenazas causadas por el calentamiento global.

Los glaciares Patrimonio Mundial pierden 58.000 millones de toneladas de hielo cada año, la misma cantidad de agua que utilizan anualmente Francia y España, lo que contribuye a la suba del nivel del mar en todo el mundo, según la Unesco.

Los dos tercios que no van a desaparecer forzosamente “podrían salvarse si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados”, añadió el organismo de educación, ciencia y cultura de la ONU.

La conferencia de la ONU sobre el clima que se celebrará del 6 al 18 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, será “crucial para ayudar a encontrar soluciones”, destacó la directora de la Unesco, Audrey Azoulay.

Lo más probable es que todos los glaciares de África declarados patrimonio mundial “hayan desaparecido” en 2050, incluidos los del Parque Nacional de Kilimanjaro, en Tanzania.

En Europa, los glaciares de los Pirineos-Monte Perdido en Francia y España, así como los de las Dolomitas en Italia y los de los parques nacionales Yellowstone y Yosemite de Estados Unidos.

Los glaciares de zonas protegidas de los tres ríos paralelos de Yunan, en China, han perdido más de la mitad de su volumen y son los que se derriten más rápidamente entre los sitios designados.

“Alrededor de 50% de los glaciares patrimonio mundial podrían desaparecer por completo en 2100 en un escenario en el que las emisiones se mantengan en los niveles actuales”, advirtió la organización.

Además de pedir una reducción “drástica” de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Unesco reclama la creación de un “fondo internacional para la vigilancia de los glaciares”.

Con información de agencias.

IG

La idea de construir las represas para aprovechar al río Santa Cruz -que atraviesa la provincia del mismo nombre desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- como fuente de energía data de la década de 1970, según relata el sitio oficial del consorcio empresario a cargo de la obra. A casi una década de la licitación, los embalses no superan el 37% de ejecución y acumulan cuestionamientos técnicos por el posible impacto ambiental sobre glaciares y especies en peligro.

En constante crisis de provisión energética, Argentina busca que este proyecto genere alrededor del 4% de la energía eléctrica que consume el país, según publicó la agencia oficial china Xinhuanet, o para dos millones de hogares, de acuerdo con el consorcio empresario.

La obra se adjudicó en 2013, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue adjudicada a la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) junto con Hidrocuyo SA y Electroingeniería, la compañía que fue manejada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra hastas al menos 2020 y que cambió recientemente su nombre a Eling Energía SA. 

A principios de 2016, las obras fueron frenadas por el gobierno de Mauricio Macri, que buscaba modificar el proyecto. “El 22 de diciembre (de 2015), el presidente Macri se reunió con la señora Kris Tompkins -conservacionista y empresaria estadounidense, viuda de Douglas Tompkins- y ante su planteo ambiental sobre las represas, se expidió en el sentido de que ‘iba a intentar pararlas’ porque ‘había otros proyectos más eficientes’”, sostuvo Electroingeniería ante la Justicia citando una nota de Clarín.

El conflicto en los tribunales por la falta de evaluación del impacto ambiental nació en 2016. En diciembre de ese año, la Corte Suprema frenó las obras ante un pedido de las ONGs  Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. 

Las organizaciones habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados -como comunidades originarias de la zona- por las obras y la realización de un estudio de impacto ambiental. 

El máximo tribunal ordenó entonces la realización de la audiencia pública. 

Informes postergados

En 2018 las obras se reactivaron, por orden del gobierno de Macri y con la venia de la Corte. 

En octubre de 2021, el máximo tribunal volvió a intervenir y ordenó que tres organismos oficiales analizaran el impacto ambiental de las obras. Les dio 30 días para responder, pero se demoraron durante meses. Los resultados, hasta el momento, son altamente críticos a las obras.

La Administración de Parques Nacionales presentó un informe en el que aseguró que las represas generarán barreras físicas e iluminación nocturna permanente que incidirá directamente en la migración de aves y peces, y que amenazan a especies centrales en la vida del río Santa Cruz, como el Macá Tobiano (que ya están en peligro de extinción), la trucha Arcoiris, el visón americano y el cauquén colorado.

Un segundo organismo oficial, el Instituto Naciona de Prevención Sísmica (Inpres), presentó su informe de dos páginas recién en mayo de 2022: planteó que nunca se hicieron los estudios necesarios sobre el suelo del terreno y sugirió la realización del estudio de peligrosidad sísmica -que busca determinar si las represas provocarían sismos en Santa Cruz-, que debe realizarse entre tres y cinco años antes del relleno del embalse.

El tercer organismo que debe cumplir con la orden de la Corte es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ya que las represas, al sumar presión sobre el terreno, podrían provocar sismos que incidirían directamente en el deshielo de los más de mil glaciares de la zona, incluido el Perito Moreno, según las ONGs. El organismo planteó ante el máximo tribunal que el informe de impacto ambiental presentado por las compañías a cargo de la obra “no describe la totalidad de los glaciares que aportan hidrológicamente a la cuenca del río Santa Cruz”; y “no incluye importantes antecedentes de estudios disponibles al momento de su ejecución”.

Electroingeniería demandó al Estado Nacional y al Ejecutivo para evitar que se realicen esos estudios, como reveló elDiarioAR este domingo. En su demanda, planteó que la megaobra “proveerá grandes cantidades de energía limpia y promoverá el desarrollo de una región de nuestro país que está entre las más deshabitadas y menos desarrolladas”. La cuestión sobre si las represas hidroeléctricas pueden considerarse “energía limpia” es otro capítulo de la disputa con las organizaciones ambientalistas, que rechazan ese concepto, debido en parte al alto impacto de este tipo de obras en el entorno.

Además, Electroingeniería afirmó que actualmente, el proyecto “ha estado precedido de años de estudios de todo tipo, desde los técnicos a los económicos, y fue aprobado por instituciones de todo nivel, provinciales y nacionales, ejecutivas y legislativas”, según el escrito al que accedió este medio.

El 13 y el 15 de octubre de 2021, ocurrieron dos eventos sísmicos de magnitud 5.5 en la escala de Richter en la zona de las represas. “Luego de la aparición de inestabilidad en las márgenes del Río Santa Cruz a la altura de (la represa) Néstor Kirchner, los estudios, trabajos y proyectos realizados y aprobados por las instancias técnicas y acordados por las partes ha permitido superarla y la obra continúa”, sostiene la empresa.

Banco de Bosques ha impugnado los estudios que desvincularon los eventos sísmicos de la obra debido a que se realizaron con meses de retraso.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de octubre para aclarar que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales sí presentó su informe tras el pedido de la Corte Suprema. Se agregaron parte de sus conclusiones.

ED