Alejandra Monteoliva se convirtió este martes en la nueva ministra de Seguridad. La funcionaria juró ante el presidente Javier Milei y quedó al frente de la cartera que conducía Patricia Bullrich, que ahora será la jefa del bloque libertario en el Senado.

La ceremonia fue breve y terminó con un abrazo triple entre Milei, Bullrich y Monteoliva, pero tuvo un condimento destacado: el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, apareció en primera fila entre los invitados destacados. Hacía minutos nomás habia estado reunido con Diego Santilli, ministro del Interior.

Monteoliva y Lamelas se habían reunido ayer junto con Bullrich. El Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal en El Dorado Task Force en Nueva York, que investiga organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, dijo Monteoliva en sus redes sociales antes de la jura. Para la funcionaria, la doctrina de mano dura de Bullrich se trata de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”. “Marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”, anunció sobre su antecesora.

Hasta ahora Monteoliva era la secretaria de Seguridad, con un bajísimo perfil mediático. Llegó a ese cargo en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura, y tuvo un debut muy cuestionado. El día en que un policía gaseó a una menor junto a su madre frente al Congreso, Monteoliva fue quien comandó la narrativa que desplegó el ministerio para exculpar al agente a través de un video fake que hizo circular por los principales canales de televisión. Eduardo Feinmann llegó a pedir en LN+ que Milei les pidiera las renuncias a Bullrich, su secretaria y hasta el vocero del Ministerio.

Monteoliva se conoce con Bullrich desde hace diez años y se espera que como mínimo profundice la política de represión del protocolo antipiquetes.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales. En los años 90 trabajó en Medellín para el criticado Plan Colombia, que lejos estuvo de terminar con el narcotráfico. También asesoró y colaboró con Nayib Bukele en El Salvador.

Fue ministra de Seguridad de Córdoba hasta que fue despedida en 2013 por no prevenir una rebelión policial. Pero su relación con Bullrich le permitió llegar a ser jefa nacional de Operaciones de Seguridad en la gestión macrista, entre 2015 y 2019. Durante el gobierno de Alberto Fernández quedó a cargo de una secretaría administrativa en el ministerio, hasta que el regreso de Bullrich la volvió a poner en la primera fila de Seguridad.

MC

La ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, compartieron este mediodía una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que funcionó como balance de gestión, anuncio institucional y gesto político. Mientras Bullrich se prepara para asumir su banca en el Senado, el Gobierno presentó oficialmente la transición en Seguridad, anticipó el envío inminente de la reforma del Código Penal y exhibió a las áreas clave que participaron en su redacción en primera fila del evento.

La conferencia funcionó como un acto de traspaso cuidadosamente coreografiado. Bullrich habló por última vez como ministra —ya juró como senadora y desembarcará en el Congreso en los próximos días— mientras Adorni ofició de maestro de ceremonias: un homenaje explícito a la funcionaria saliente y una presentación formal de Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad. La nueva ministra estuvo presente, pero no tomó la palabra.

“El déficit fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno”, dijo Adorni al tomar la palabra, y enseguida enlazó esa consigna con el orden público. “Este ordenamiento de la economía también tiene que ser acompañado por el orden en las calles”. Con ese encuadre, anunció la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, un organismo con “poder de policía, inteligencia criminal y presencia en todas las fronteras”, que absorberá el control migratorio y funciones de seguridad interior.

El jefe de Gabinete aprovechó también para mostrar el respaldo institucional detrás del nuevo paquete de seguridad y de la inminente reforma del Código Penal. Señaló en primera fila a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, dos áreas clave en la elaboración del proyecto que el Gobierno enviará “a la brevedad” al Congreso. La escena reforzó la idea de que la transición Bullrich–Monteoliva no es solo administrativa, sino parte de un dispositivo político más amplio.

A partir de allí, Adorni desplegó un recorrido celebratorio de la gestión de Bullrich: la baja de homicidios, el récord de incautaciones, la reducción a “cero” de las protestas callejeras, además de la aprobación de leyes como Reiterancia y Juicio en Ausencia. Pero la clave del mensaje no fue estadística sino doctrinaria. “La doctrina Bullrich vino para poner fin al libertinaje”, afirmó. “Vino a defender a los argentinos y a los que los defienden”. Más tarde, conectó ese marco conceptual con la salida de la ministra: “Las políticas de seguridad deben tallarse en piedra”, dijo, justificando su salto al Senado, desde donde deberá blindar legislativamente el nuevo enfoque penal.

“Doctrina Bullrich”

A su turno, Bullrich recogió el guante doctrinario y lo llevó un paso más allá. “Los más favorecidos por el Código actual eran los delincuentes, los violadores y los asesinos”, afirmó al comenzar su intervención. “A partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas”. Su mensaje giró sobre un punto axial: la reforma del Código Penal que el Ejecutivo enviará “en breve” al Congreso. En su lectura, el nuevo texto implica una ruptura explícita: “Dejamos atrás la doctrina zafaronista y pasamos a la doctrina del que las hace, las paga”.

La senadora electa insistió en que el corazón del problema penal argentino es la falta de ejecución real de las sanciones y la percepción extendida de impunidad. “Que las condenas no se sientan insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas, que no nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos y vuelven a delinquir”. Reivindicó además los proyectos aprobados durante su gestión que ahora serán absorbidos por el nuevo Código Penal para “tener un solo cuerpo importante”.

Bullrich también buscó dejar claro el alcance institucional del cambio. “Todos los cambios que estamos haciendo en el Código Penal son obligatorios para los jueces de todo el país, sean jueces ordinarios, provinciales o federales”, sostuvo, antes de remarcar que lo mismo regirá para “todas las fuerzas federales y todas las fuerzas provinciales”. En su planteo, el nuevo Código se convertirá en un estándar de aplicación universal: “Todo el sistema penal tiene que aplicar el Código Penal y es obligatorio”, dijo, como forma de blindar la reforma frente a resistencias o interpretaciones divergentes.

Antes de retirarse, Bullrich dejó planteada la dimensión política de su salida del gabinete y su desembarco en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Dijo que ahora “va a una nueva batalla” y que su tarea legislativa será una continuidad del rumbo elegido por el Gobierno. “Yo lo que siento es que voy a dar una batalla importante junto con los 20 senadores de La Libertad Avanza para que el país tenga reforma laboral, reforma del Código Penal. Voy a cumplir otra tarea, desde otro lugar. Siento que este reconocimiento tiene que ver con una realidad”, afirmó, en un mensaje que buscó mostrar alineamiento interno y anticipar el frente parlamentario que abrirán las reformas que Milei pretende “tallar en piedra”.

PL/MC

La flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ejerció hasta este sábado como número dos de Patricia Bullrich y planea continuar su línea al frente de la cartera.

Alejandra Monteoliva, hasta este sábado secretaria de Seguridad, era el reemplazo natural de Bullrich y la elegida de la ahora exministra para reemplazarla en el Ministerio.

Esta elección de parte del presidente Javier Mieli demuestra que Patricia Bullrich ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza en Seguridad, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 de diciembre de 2023.

La ahora designada ministra había asumido en la Secretaría de Seguridad en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura.

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Alejandra Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad entre 2021 y 2013, y también directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

También, entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente.

El mandatario nacional formalizó la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri antes de que ambos asuman en el Senado y la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre.

“La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional”, sostuvo el comunicado oficial.

Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la 'Doctrina Bullrich' que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo”.

El agradecimiento de Patricia Bullrich

En su mensaje público, Patricia Bullrich destacó la trayectoria y la capacidad de gestión de Monteoliva, a quien definió como una dirigente con “firmeza, profesionalismo y dedicación”. También subrayó su rol dentro del equipo durante el último año, al remarcar que su desempeño aportó “solidez y resultados” a las políticas de seguridad implementadas.

Bullrich agradeció al presidente Javier Milei por avalar la designación y por “sostener una doctrina clara” en materia de seguridad, basada en la aplicación estricta de la ley y en el fortalecimiento del orden público. Según planteó, la continuidad de Monteoliva en un rol central permitirá “proyectar hacia adelante” las líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora.

El anuncio fue leído como una señal de cohesión dentro del oficialismo en un área estratégica para el Gobierno. Desde el entorno de Monteoliva destacan su experiencia previa en gestión policial y su papel en la coordinación de operativos nacionales durante el último tiempo.

Bullrich cerró su mensaje con un fuerte respaldo político y personal a la futura ministra, al asegurar que el equipo de seguridad “se mantiene unido” y que el país continuará transitando “un camino de orden y resultados”.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente

Pasadas las tres de la tarde, Diego Santilli levantó la mano derecha frente al Presidente Javier Milei y juró como ministro del Interior. La ceremonia fue breve —no llegó a los diez minutos— y sin discursos, pero cargada de significados políticos. El exdiputado del PRO asumió formalmente la cartera encargada del vínculo con los gobernadores, en un Salón Blanco colmado por funcionarios, dirigentes aliados y referentes libertarios.

En primera fila estuvieron Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, además de Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela y el armador bonaerense Sebastián Pareja. También asistió toda la plana mayor de Las Fuerzas del Cielo, el espacio que responde a Santiago Caputo y que mantiene una presencia determinante en el Gobierno. Tras la jura, Santilli se fundió en un abrazo de tres con Ritondo y Montenegro, en una postal que mezcló pasado PRO y presente libertario.

El acto funcionó como la síntesis de una nueva etapa. En la práctica, Santilli llega para ocupar el lugar que dejó vacante Guillermo Francos tras su salida del Gobierno y para consolidar la estructura que Karina Milei tejió en los últimos meses: una mesa de poder integrada también por Adorni y los Menem. El objetivo inmediato es político y legislativo: construir los acuerdos necesarios con los gobernadores para aprobar en diciembre el paquete de reformas que Milei considera vital para sostener su programa económico.

Sin embargo, horas antes de jurar, Santilli enfrentó la primera prueba de su gestión: un reacomodamiento interno del gabinete que puso en tensión el alcance real de su poder. El Gobierno confirmó que Migraciones pasará a depender del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, mientras que está en veremos lo que vaya a suceder con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El pedido para recuperar el Renaper –luego de que su traspaso a la órbita del Miniterio de Seguridad se oficializara este martes– lo hizo el propio Santilli, que amaneció con el vaciamiento de su cartera sin haber sido notificado previamente sobre las modificaciones. Si bien desde antes de la elección —cuando el ministerio todavía estaba en manos de Lisandro Catalán— se habían previsto ajustes en el organigrama, el exdiputado del PRO se enteró del traspaso de áreas recién este martes a la mañana. Según pudo saber elDiarioAR, ni el Presidente ni Adorni, le habían informado de los cambios, que se habrían gestado en silencio durante el fin de semana.

La voluntad de Santilli de mantener bajo su ala el Renaper fue interpretada dentro de la Casa Rosada como una búsqueda de equilibrio y “sentido común”. No solo porque el organismo tiene peso y simbólico —por allí pasan los documentos, los padrones y buena parte de la logística electoral—, sino porque le permite al flamante ministro conservar una herramienta de gestión política clave, en un contexto donde el resto de su cartera quedó acotado.

Tras la jura, el diputado Cristian Ritondo dejó una definición que sonó a advertencia y, de paso, a mensaje interno dirigido a Patricia Bullrich, la principal beneficiaria del reordenamiento. “Ojalá Diego tenga todos los instrumentos que tiene que tener un ministro del Interior”, deslizó ante los periodistas acreditados, aludiendo al reparto de áreas dentro del gabinete.

Enseguida mencionó el punto más sensible de la disputa: el Renaper. “En la dictadura lo manejó Seguridad con la Policía Federal, y volvió porque siempre se dijo que era un tema de uso civil, porque hay datos muy sensibles para proteger”, apuntó Ritondo. Y cerró: “Para mí, el Renaper tiene que quedar en Interior. Es una discusión de fondo, que en la democracia se saldó hace mucho tiempo”.

Reordenamiento interno

La definición llegó en medio de un movimiento más amplio. Bullrich —que dejará el ministerio en diciembre para asumir su banca en el Senado y será reemplazada por Alejandra Monteoliva, su colaboradora— ampliará su estructura con la incorporación de Migraciones, un área tradicionalmente ligada a Interior. Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también amplió su radio de acción: la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, hoy a cargo de Daniel Scioli, pasará a depender de la Jefatura de Gabinete.

Paradójicamente, los cambios se dieron en las mismas horas en que, dentro del Gobierno, se analizaba sumarle competencias a Interior para darle a Santilli más peso en la negociación con las provincias. Circulaban versiones que proponían transferirle Transporte, Obras Públicas y Vivienda —hoy bajo el control del ministro de Luis “Toto” Caputo—, en un intento por dotarlo de “fierros” para el diálogo federal. El tablero, sin embargo, se movió en sentido inverso.

Con la jura consumada, Santilli se dispone a retomar la ronda federal que comenzó la semana pasada. Tras recibir este lunes a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) en la Casa Rosada, en los próximos días prevé encuentros con Gustavo Sáenz (Salta) y otros mandatarios aliados, antes de cerrar el mes con una foto conjunta con los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo. En la Casa Rosada valoran su estilo de negociación y su tono moderado. “Es un tipo que habla con todos”, lo definió un funcionario cercano a Karina Milei.

La ceremonia de este martes no fue solo un acto administrativo: fue el inicio de un reacomodamiento. Mientras Karina Milei consolida su control político y Adorni asume poder de gestión, el flamante ministro del Interior asoma como el encargado de tejer la gobernabilidad. Un equilibrio inestable que, como todo en la era Milei, podría cambiar en cualquier momento.

PL/CRM

El mismo día en que la Justicia federal dispuso la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional apretó el acelerador sobre su estrategia de seguridad y presentó la reforma más ambiciosa de la Policía Federal Argentina (PFA) desde su creación. En un acto encabezado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el cuartel de la Policía Montada, la Casa Rosada oficializó el nuevo perfil de la fuerza, que desde ahora se enfocará en delitos complejos y tendrá mayor libertad de acción, con un modelo institucional inspirado en el FBI de Estados Unidos.

Fue un gesto de alto voltaje político. Sin mencionar a la expresidenta, el Gobierno eligió responder a la escena con uniformes, banderas y doctrina de orden. “Nuestro gobierno lleva adelante las políticas de seguridad siguiendo tres ejes: el que las hace, las paga; las reglas se respetan; y los de azul son los buenos”, proclamó Milei, rodeado de los principales nombres de su administración.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, fue una de las primeras en llegar. A su lado estuvieron Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires; Guillermo Francos, jefe de Gabinete y principal operador político con las provincias; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Luis Petri, ministro de Defensa. También participaron jueces con fuerte peso en Comodoro Py, como Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal; y Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación. Como símbolo del vínculo internacional que busca instalar el Gobierno, estuvo presente Rick Hernández, representante del FBI en la Argentina.

El acto tuvo lugar en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo, pero la jornada del Presidente había comenzado mucho antes. Recién llegado de una gira internacional que lo llevó por Italia, España, Francia e Israel, Milei retomó este lunes su agenda de trabajo en la quinta de Olivos. Allí, desde temprano, mantuvo una serie de reuniones a puertas cerradas: primero con un grupo de empresarios europeos, luego con su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y más tarde con Francos. También mantuvo una llamada internacional y habló por teléfono con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con quien se comunica en promedio cuatro veces por semana.

Sturzenegger, que se prepara para desplegar una batería de decretos delegados, será uno de los protagonistas del Gabinete en las próximas semanas. Las facultades extraordinarias que el Congreso le concedió al Presidente con la Ley Bases en julio de 2024 vencen el mes próximo y no está previsto prorrogarlas. Por eso, en el oficialismo anticipan un flujo intenso de decisiones en múltiples áreas del Estado antes de esa fecha.

Reforma de fondo

La reforma policial, oficializada mediante el Decreto 383/2025, implica una reestructuración integral de la PFA. Se crean dos grandes áreas: el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI), orientado a delitos como narcotráfico, trata de personas y terrorismo; y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), a cargo de tareas administrativas y de apoyo. Ambos contarán con direcciones especializadas en inteligencia criminal, cooperación internacional, análisis forense, asuntos internos y bienestar del personal.

El nuevo esquema no sólo amplía las funciones sino también los márgenes de intervención. La norma autoriza a los efectivos a detener personas sin orden judicial “cuando existan elementos suficientes que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer un delito”. También habilita el acceso a bases de datos públicas y privadas para tareas de inteligencia, y permite patrullajes en redes sociales y sitios web abiertos sin autorización judicial previa. A partir de ahora, las investigaciones podrán iniciarse no solo por requerimiento judicial, sino también por instrucción directa del Ministerio de Seguridad.

“Esto es simple: el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”, sentenció Milei. En otro pasaje, reivindicó el sistema dactiloscópico creado por el argentino Juan Vucetich y adoptado por el FBI, como ejemplo del aporte nacional a las tecnologías de seguridad global.

Bullrich, a su vez, remarcó que la PFA ya venía en transición desde que transfirió sus tareas territoriales a la Policía de la Ciudad. “Esto marca un nuevo momento. Queremos llegar al hueso de cada una de las organizaciones criminales”, sostuvo. Y anticipó que los nuevos agentes del DFI deberán tener título universitario, preparación técnica y formación profesional específica.

La reforma no es sólo normativa. El decreto establece un cupo máximo de nuevos suboficiales, que se irá reduciendo año a año. El ahorro presupuestario, según explican desde el oficialismo, se destinará al Programa de Modernización de la PFA, orientado a tecnología, equipamiento y rediseño de procesos.

Sin embargo, más allá del tono tecnocrático, el mensaje fue simbólico. El Gobierno eligió marcar el inicio de una semana tensa con una demostración de autoridad institucional. Milei no habló desde Casa Rosada. Prefirió hacerlo al aire libre, entre caballos y efectivos de uniforme, para dejar en claro su visión de la calle y del orden. Como dijo desde el escenario: “los de azul son los buenos”.

PL/MG

El Ministerio de Seguridad lanzó este lunes el denominado plan Guaçurarí, cuyo objetivo es “blindar” la frontera con Brasil mediante el refuerzo de los controles en la zona limítrofe.

“No permitiremos que ningún milímetro del territorio argentino sea tomado por el delito”, aseveró la ministra Patricia Bullrich, al presentar el plan.

Según lo anunciado, se “blindarán” 25 kilómetros de frontera terrestre entre la provincia argentina de Misiones (noreste) y Brasil, una zona que el Ministerio de Seguridad Nacional argentino calificó en un comunicado como “epicentro del contrabando y de delitos trasnacionales”.

Allí habrá tareas coordinadas entre las fuerzas federales de seguridad, la Policía de la provincia de Misiones, la Aduana argentina y la dirección de Migraciones.

Como parte del plan, se intensificarán los controles en las rutas y en los pasos fronterizos, principalmente el que une la ciudad argentina de Bernardo de Irigoyen con la localidad brasileña de Dionisio Cerqueira.

Según el Gobierno de Javier Milei, habrá “colaboración” con la Policía del estado brasileño de Santa Catarina y los alcaldes de las localidades fronterizas del lado brasileño, “quienes también sufren los efectos de la violencia criminal en la región”.

Bullrich sostuvo que hasta ahora la frontera con Brasil había estado “abandonada” y “sin una estrategia clara”, lo que “permitió que el crimen organizado se asentara, generando violencia, contrabando, narcotráfico y sicariatos”.

Según la ministra, solo en 2023 se registraron siete asesinatos por encargo en esa zona, vinculados directamente a redes criminales.

Bullrich aseguró que desde febrero pasado las fuerzas federales de Argentina han intensificado los operativos en la frontera con Brasil, “logrando incrementar exponencialmente los secuestros de drogas y productos que afectan la economía nacional”. Sin embargo, advirtió que esta “ofensiva generó reacciones violentas, con atentados, amenazas e intimidaciones directas” contra miembros de la Gendarmería (policía de frontera).

MM con información de la agencia EFE.

Lejos de cualquier sutileza y apelando al miedo como herramienta para disuadir a los manifestantes, además de reforzar su imagen de “mano dura”, el Gobierno inundó este miércoles las estaciones de tren con carteles en las pantallas con la inscripción: “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”. El mismo mensaje era transmitido por los altoparlantes.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció por su canales oficiales que “premiará” con una recompensa de $10 millones “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”.

Además, informó que el pago de la recompensa será canalizado a través del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Las personas con información podrán comunicarse de manera anónima con la línea gratuita 134. “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, dice la comunicación.

La medida, formalizada a través de la Resolución 357/2025, se enmarca en la investigación de la causa N° 1000/2025, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Sebastián Casanello.  

Los fundamentos de la recompensa que ofrece Bullrich

El operativo que planificó Seguridad

Más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, se dispondrán este miércoles en el Congreso y sus alrededores, de cara al operativo de seguridad que se llevará a cabo durante la movilización de los jubilados. 

A los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Por lo tanto, la cifra de uniformados superará los 2.000 efectivos.

En relación a la Policía Federal, para esta ocasión “prácticamente se duplicó” la cantidad de efectivos, algo que también copiarían Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

El Congreso y los alrededores estarán blindados, ya que permanecerán vallados a unos 100 metros a la redonda, por lo que no podrán circular los automóviles ni pasar las personas.

Por su parte, la Policía de la Ciudad desplegará unos 900 uniformados y 600 agentes de tránsito para llevar a cabo el control vehicular. a unas seis cuadras a la redonda.

De esta manera, predominó la idea que tenía la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de evitar que los manifestantes pudieran llegar a las adyacencias de la Plaza del Congreso.

Con información de agencias.

IG

Vestida de verde oliva, Patricia Bullrich se sentó en el Salón Malvinas de la Casa Rosada con la convicción de estar blindada. La ministra de Seguridad había convocado a la prensa para anunciar la ley antibarras, pero el verdadero mensaje estaba en otro lado. Originalmente, la conferencia estaba programada en la sede de Gelly y Obes de la cartera. Sin embargo, a último momento se decidió trasladarla a Balcarce 50. Aunque no estuvo Javier Milei a su lado, el gesto lo decía todo: el Presidente la sostiene, la defiende y, sobre todo, le da el centro de la escena.

Formalmente, Bullrich presentó el proyecto que endurece las penas contra las barras bravas, pero el foco inevitablemente se corrió hacia la represión del miércoles pasado y el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo que sigue en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

Después de exponer sobre la ley, la ministra enfrentó las preguntas de la prensa y redobló su defensa de las fuerzas de seguridad. “A la familia de Grillo, la total solidaridad”, arrancó, en lo que pareció un intento de suavizar el impacto del caso. Pero rápidamente endureció el tono: “Los análisis que hacen no son rigurosos. Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad”.

Cuando se le preguntó por la identificación del gendarme que disparó el cartucho contra Grillo, Bullrich fue tajante: “El disparo no fue directo a la cabeza. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería”. Y citó el reglamento: “En su página 407, señala el efectivo debe tirar de forma oblicua hacia el suelo. Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad. Rebota. No sabemos si una o dos veces”.

El gendarme en cuestión ya tiene nombre y apellido. Se trata del cabo primero Guerrero. Su identidad fue confirmada tras un análisis de imágenes y registros de la jornada de represión, que permitió cotejar su accionar con el impacto que dejó a Grillo en estado crítico. A pesar de que su responsabilidad está establecida, el Gobierno descarta cualquier tipo de sanción. “El gendarme cumplió con el reglamento”, insistió Bullrich. Y cerró con una frase que dejó expuesta la lógica oficial: “Que ahora queramos apuntar al gendarme y no a los miles que fueron a querer voltear al gobierno no es correcto”.

La identificación del tirador la dio a conocer este lunes en sus redes sociales la plataforma Mapa de la Policía, una red que le hace un seguimiento pormenorizado a la violencia policial, integrada por múltiples actores como el CELS, el colectivo editorial Crisis, la Correpi, el Movimiento Nuestra América y hasta la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Freire, entre otros. El trabajo de cotejo de las imágenes de la represión del miércoles contó con la colaboración de peritos especializados como Willy Pregliasco y Martín Onetto.

Blindaje y guerra judicial

El respaldo del Presidente a Bullrich quedó expresado en los gestos. En el Gobierno repiten una frase que sintetiza su visión del conflicto: “Reprimir el delito no es una opción, es una obligación”. La sentencia, soltada en off por un funcionario libertario, resume la lógica oficial. La Casa Rosada no se plantea investigar lo sucedido ni hacer concesiones discursivas.

Por eso, mientras la conmoción por el caso Grillo sigue creciendo, Bullrich no solo se mantiene firme en su postura, sino que también abre otro frente de batalla. En paralelo a su defensa de la Gendarmería, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien había liberado a los más de 100 detenidos tras la represión. La acusó de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. “No fue un error, fue complicidad”, escribió la ministra en sus redes.

El oficialismo sostiene que la magistrada aplicó la “puerta giratoria” sin revisar antecedentes ni pruebas. En la presentación judicial, Seguridad denuncia que Andrade “basó su resolución en pura ideología” y que entre los detenidos había personas con antecedentes por robo, drogas y portación de armas.

Es que, para Bullrich, la manifestación del miércoles no fue legítima. “La llamada marcha fue un intento no de defender derechos, sino de alterar y destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024”, sentenció este lunes en la conferencia de prensa. Y de cara a la movilización convocada para este miércoles, la ministra fue contundente: “Vamos a garantizar el orden. Si hay violencia, habrá consecuencias”.

Peritaje cuestionado

Los peritos que analizaron el material audiovisual determinaron que el disparo del gendarme no rebotó en el suelo, como sugirió el Gobierno, sino que fue realizado en línea recta, una práctica prohibida. Pero Bullrich refutó esa versión. “Nosotros estamos haciendo los trabajos de manera rigurosa”, aseguró. Y acusó a la prensa y a los organismos de derechos humanos de “dar vuelta la verdad”.

Según su relato de Bullrich, la agresión no fue del Estado, sino de los manifestantes. “Las fuerzas de seguridad durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver lo que hacían los pseudo manifestantes, patoteros y violentos que están en la plaza”, afirmó. Y minimizó el derecho a la protesta: “Una marcha está amparada por los derechos constitucionales, pero no ir con la intención de generar una alteración al orden público”.

Hoy, en los pasillos de Balcarce 50, la gran incógnita es hasta dónde puede llegar el Gobierno con su política de orden público sin generar costos políticos irreversibles. Hasta ahora, la Casa Rosada se muestra inquebrantable: no habrá sumarios contra Gendarmería, se denunciará a jueces que no alineen sus fallos con la visión oficialista y se responderá a las próximas marchas con la misma receta que el miércoles pasado.

El blindaje a Bullrich es total, pero la política es volátil. La ministra supo sobrevivir a crisis anteriores, pero la presión social puede ser un factor impredecible. Por ahora, el Gobierno apuesta a que el impacto del caso Grillo se diluya. Pero las imágenes de la represión siguen circulando. Y en la terapia intensiva del Ramos Mejía, el fotógrafo sigue peleando por su vida.

PL

El Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Waldo Wolff, lanzó este martes a la noche una dura advertencia contra los policías involucrados en fugas de presos, al remarcar que “ya sea por acción u omisión” pasarán de “servicio efectivo a ”disponibilidad o pasivo“.

De esta manera, los uniformados que se encuentren en la custodia de reclusos en diferentes comisarías y alcaidías al momento de una evasión de los privados de su libertad quedarían al borde de la exoneración de la fuerza.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue oficializada mediante la Orden del Día Institucional (ODI) número 34 de la Policía de la Ciudad.

El cambio de revista también provocaría que los efectivos “no contarán con la autorización institucional para el alta o renovación de las credenciales de legítimo usuario (CLU)”. 

“Por orden del Sr. Ministro de Seguridad, se hace saber a la totalidad del personal, que a quien se identifique como responsable ya sea por acción u omisión, en evasiones de personas legalmente privadas de la libertad bajo la custodia de la Policía de la Ciudad, se le cambiará automáticamente la situación de revista, de servicio efectivo a PASIVA o DISPONIBLIDAD según la responsabilidad que le quepa en el hecho”, arranca el comunicado.

Y añade: “Asimismo, se recuerda que el cambio de situación de revista conlleva aparejado que el personal no contará con la autorización institucional para el alta o renovación de las credenciales de legítimo usuario (CLU)”. 

La disposición se tomó tras las últimas fugas registradas en la Capital Federal. El pasado 9 de febrero se escaparon seis reclusos de la Alcaidía 6 A de Caballito, de los cuáles tres ya fueron recapturados.

Este domingo fue el turno de un preso de la comisaría vecinal 1D del Microcentro porteño, mientras que este lunes a la madrugada se fugaron seis reos de la Comisaría Vecinal 3A, de los cuales uno pudo ser recapturado.

AB con información de agencia NA.

A través de un decreto que se publica este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno volvió a modificar la Ley de Ministerios para que el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) deje la Subsecretaría de Ambiente y quede desde ahora bajo la órbita de la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. 

De acuerdo al decreto modificatorio, el Sistema Federal de Manejo del Fuego “tiene como objetivos generales proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego.

Además, detalla que tiene también es responsable de “establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa del ambiente, coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competentes en las tareas del manejo del fuego, con la finalidad de promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de actuación y la concientización de la población acerca del impacto de los usos del fuego, fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente”.

Entre los fundamento, recuerda que en 2016, la Ley 27287 aprobada en el Congreso, se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, “el cual tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos”, además de “integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación”.

Entencés, a través del decreto, el Gobierno considera que de acuerdo a “las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad y los objetivos y finalidades asignados a los precitados Sistemas resulta necesario adecuar las competencias asignadas a dicho Ministerio” y que, con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil resulta necesario que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego forme parte del mismo“.

Qué es el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) fue creado en octubre de 2016 tras la sanción de la Ley 27287. El mismo, está integrado por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, el Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, la Secretaría Ejecutiva y la Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres (Red GIRCyT).

Objetivo

Tiene como objetivo integrar acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.

Finalidad

El SINAGIR tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.

¿Qué es y cómo funciona el Servicio Nacional de Manejo del Fuego?

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es el organismo encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase.

El SNMF es responsable de coordinar al Sistema Federal de Manejo del Fuego, un sistema conformado por el propio SNMF, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que está a cargo de las acciones de manejo del fuego en todo el país. Sus funciones principales son:

Niveles de actuación

De acuerdo con la ley 26.815, el combate de incendios se estructura en tres niveles operativos:

A ellos se suma el apoyo al combate, de naturaleza meteorológica, a través de pronósticos, reportes y otros informes especialmente elaborados para incendios activos.

Estructura

Para la articulación de recursos y tareas, se divide al país en seis regionales o áreas operativas, las cuales son atendidas, de acuerdo a los requerimientos pertinentes, por equipos aéreos y terrestres. La lucha contra incendios es llevada a cabo en forma coordinada por todas las instituciones adherentes municipales, provinciales y nacionales. De acuerdo a la época del año en que se registran los incendios más críticos, cada regional cuenta con un coordinador o coordinadora dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Obligaciones de las y los ciudadanos

Al tomar conocimiento de un incendio en un bosque o campo, las y los ciudadanos tienen la obligación de hacer la denuncia ante la autoridad más cercana.

Para prevenir incendios, deben extremar el cuidado de los bienes naturales cuando utilizan fuego, respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas.

Las personas que poseen tierras en las zonas afectadas por el fuego:

Zonas incendiadas - prohibiciones

Bosques nativos o implantados - áreas naturales protegidas - humedales

En caso de incendios provocados o accidentales que quemen vegetación viva o muerta está prohibido durante 60 años contados desde la extinción del incendio:

Se establecen estas prohibiciones para garantizar las condiciones para que se restauren las superficies incendiadas.

Esta prohibición puede extenderse si lo indica el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.

Zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales - áreas con estructuras edilicias que se entremezclan con vegetación fuera del ambiente urbano o estructural

En caso de incendios provocados o accidentales que quemen vegetación viva o muerta está prohibido durante 30 años contados desde la extinción del incendio:

Se establecen estas prohibiciones para garantizar las condiciones para que se restauren las superficies incendiadas.

Sanciones

¿Qué responsabilidad tiene el que produce un daño ambiental a causa de un incendio?

Tiene la obligación de recomponer las áreas incendiadas para su recuperación y en caso de que no fuera posible, la justicia fija una indemnización.

¿En qué casos se viola esta ley?

Cuando, por ejemplo:

¿Qué sanciones pueden corresponder?

Pueden ir desde apercibimiento, multa, pérdida de concesiones, etc.

Reportes y pronósticos

El SNMF produce un reporte diario que registra de manera gráfica el estado de situación y los recursos desplegados para el combate de incendios en el país. A su vez, elabora alertas, pronósticos e informes técnicos que responden a la implementación de políticas preventivas y de apoyo regional.

Estos productos se generan mediante la aplicación de modelos, softwares y análisis de información meteorológica y satelital, proveniente de entidades oficiales nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), e internacionales como la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y modelos meteorológicos globales como el Global Forecast System (GFS), entre los más relevantes.

Reporte diario. Es un resumen informativo gráfico, de publicación diaria, que reporta el estado de situación de los distintos focos de incendio registrados en el país y los recursos desplegados por el SNMF a pedido de las jurisdicciones afectadas. Leé más

Mapa de peligro de incendios. Muestra condiciones de peligro de incendio por variables meteorológicas para el día + 24, 48 y 72 hs. Orienta sobre la posibilidad que un incendio se inicie y la dificultad para su control. Leé más

Ocurrencia de incendios. Es un informe técnico elaborado a partir de la base de datos de incendios reportados por las jurisdicciones. Incluye fecha de inicio, finalización, ubicación geográfica, recursos humanos y logísticos afectados, superficie, vegetación y causas. Alimenta la base de datos histórica y ayuda a identificar, a escala regional, información como temporadas de incendios, áreas con incendios recurrentes analizadas a distintas escalas temporales, entre otras. Leé más

Alerta temprana. Reporte mensual que presenta un análisis integrado de la evolución estacional de variables que afectan las condiciones de peligrosidad. El informe analiza los próximos tres meses y se ajustan tendencias mes a mes. Los escenarios se describen para cada regional. Se elabora mediante el análisis integral de información, recabada durante el mes anterior a la emisión del informe y las proyecciones para el trimestre siguiente. Leé más

Avisos y alertas de peligro de incendios Identifica gráficamente áreas con condiciones críticas de peligro, en base a umbrales de los códigos e índices que componen el Sistema FWI, fenómenos meteorológicos de escala sinóptica, y/o marcada tendencia creciente de la cantidad de focos de calor, previstos para el periodo de vigencia del informe. Se carga en el sitio web del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y se notifica semanalmente a las distintas regionales. Leé más

Evolución del índice de carga de combustible disponible (BUI), del inglés Build Up Index. Indica la cantidad de combustible vegetal disponible y orienta respecto a la dificultad para el control de incendios.

El SNMF elabora también reportes e informes técnicos a demanda de las jurisdicciones, entre ellos, pronósticos meteorológicos especiales para incendios activos, un seguimiento georreferenciado de focos de calor, un informe de superficies quemadas y el pronóstico regional de apoyo a la prevención y a la presupresión.

Con información de agencias.

IG

Ataviada con una gorra del Servicio Penitenciario Federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apareció este viernes por la mañana en el acto de inauguración de la Unidad 36 de Coronda, “Dr. Eusebio Gómez”, en la provincia de Santa Fe. Montada sobre un atril pronunció un duro discurso “contra las mafias”, agitó al aire su dedo índice y afirmó que con la construcción del nuevo penal avanzaba “en una estrategia clara y contundente para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales”. Horas más tarde el relato oficial se desarmó rápidamente.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, que participó del acto, dijo a elDiarioAR que todo fue una puesta en escena y que la unidad todavía no está en condiciones de ser utilizada. Al edificio le falta la conexión de agua y las celdas aún no están en condiciones para alojar presos, pudo confirmar este medio de otra importante fuente oficial.

La puesta en escena tuvo ribetes de espectáculo. Detrás de Bullrich se mostraron efectivos con pasamontañas, anteojos negros, fusiles y revólveres. En una celda de pocos metros cuadrados, con paredes de ladrillos grandes y blancos, se vio la mano dura libertaria: cinco penitenciarios con casco y escudo redujeron a tres hombres, presumiblemente presos. La foto del “método Bukele”, por el estilo que impregnó el presidente de El Salvador, sólo muestra la cara de dos: tienen la frente contra el muro, el pelo rapado y uno de ellos –el que se ubica en primer plano– lleva ropa oscura. “No sabemos si son presos o actores. Después del acto se los llevaron”, comentó una de las fuentes.

En Seguridad no respondieron a la consulta periodística. Sí extraoficinalmente la versión bullrichista apunta a que los presos fueron llevados “desde Marcos Paz”, pero que son personas de origen santafesino. “No son presos de alto riesgo”, recogió elDiarioAR.

El montaje tuvo clima épico e histórico. “Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad”, sentenció Bullrich. “Nuestro objetivo es transformar el Servicio Penitenciario Federal en una institución moderna, eficiente y orientada a la rehabilitación de quienes cumplen condenas largas. Al mismo tiempo, buscamos aliviar la presión sobre las cárceles provinciales, permitiéndoles enfocarse en la reinserción social de internos con penas menores. Esto es parte de un cambio estratégico que ya estamos implementando en todo el país”, prometió.

El intendente “Bachi” Ramírez confirmó el montaje con sus propias palabras: “A los presos los llevaron para la foto”, afirmó, y criticó que no están dadas las medidas de seguridad externas para que la población corondina pueda convivir con ese penal ahora. “Yo no voy a definir si la cárcel está o no en condiciones, pero no están dadas para la ciudad”, dijo el jefe comunal.

Consultado sobre si el penal está preparado para ser habitado ahora, esquivó la respuesta: “Habría que preguntarle a la jefe del Servicio Penitenciario. Yo no tengo esa información”, expresó. Recién en marzo podría comenzar a funcionar efectivamente la cárcel, alojando a los primeros presos.

“Me sorprendió, porque en reuniones con autoridades penitenciarias nos habían dicho que los internos iban a llegar en 45, 60 días, que hoy se iba a hacer una inauguración. Cuando la ministra Bullrich dijo que ya había internos...lo que hubo fue un operativo”, había dicho más temprano este viernes el intendente Ramírez en un móvil con el medio santafesino Aire.

Sugestivamente, el gobernador de la provincia, el radical Maximiliano Pullaro, no asistió al acto. La comunicación oficial en la previa desde Seguridad de la Nación avisaba que el mandatario iba a participar.

La cárcel de Coronda está ubicada a la vera de la ruta provincial N°64, entre las localidades de Coronda y Larrechea, lo que para el Ministerio de Seguridad configura un punto estratégico. Según información oficial, tiene capacidad inicial para alojar a 464 internos y cuenta con “instalaciones modernas que incluyen cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales; patios internos, diseñados para actividades recreativas y de integración; y un área educativa, equipada con seis aulas para la formación de los internos”. Su apertura viene demorada desde los tiempos del Frente de Todos; la construcción no la comenzaron desde cero Bullrich y Javier Milei.

De hecho, según el medio local El Litoral, su desarrollo comenzó en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, con Bullrich también como ministra. En el último año, ante la necesidad de descomprimir las cárceles provinciales, Pullaro había pedido a la Nación la cesión temporal de la obra para terminarla lo antes posible, pero el pedido fue rechazado.

Según el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación correspondiente al 2023, en diciembre de ese año el Servicio Penitenciario Federal tenía alojados 11.247 internos mientras que la capacidad declarada es de 10.932. Del total, 10.424 corresponden a hombres (93%), 795 a mujeres (7%) y 28 a población trans (menos del 1%). Las estadísiticas también indican que 9.372 son argentinos (83%), mientras que 1875, extranjeros (17%).

Aunque la mayoría de las personas encarceladas en el SPF están condenadas, el 44% (4.937) vive en prisión sin condena firme. Además, los delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes (27.373) son desde 2017 los más frecuentes en la jurisdicción federal. La intención política de Bullrich y Milei de “inaugurar” una cárcel justamente en Santa Fe es dar una señal de mano dura en el combate del flagelo del narcotráfico en Rosario.

El papelón de Bullrich con la no-inauguración de la cárcel de Coronda se suma a una seguidillas de otros anuncios que quedaron en la espectacularidad. En noviembre elDiarioAR publicó la historia de un hombre de 42 años, con tres hijos y que vive en Mar del Plata, que viajó a Mendoza por un tratamiento contra el alcoholismo, pero terminó preso por un error. La Gendarmería confundió en su equipaje talco con cocaína y lo detuvo 21 días. La ministra celebró la detención como si hubiera sido un importante narcotraficante: “Mucho talco, poco Eficient-e”. Luego de liberarlo, ni Bullrich ni funcionarios de Seguridad se disculparon.

MM/MC

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes que la Prefectura Naval Argentina (PNA) patrullará por primera vez las aguas del Río Bermejo, que hasta ahora había sido controlado exclusivamente por la Policía de Bolivia.

“Por primera vez vamos a tener autoridad para el río y no solamente nuestros vecinos de Bolivia serán quienes determinen el cauce del río, sino también será la PNA, nuestra autoridad policial en nuestros ríos, en nuestros lagos y en nuestros mares. Es un orgullo haber logrado este control fronterizo con la PNA”, dijo Bullrich en un discurso en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia.

Bullrich explicó que Aguas Blancas es “uno de los lugares más importantes en que el Estado argentino, a nivel de su Estado provincial y de su Estado nacional tiene que tener presencia” para cuidar los bienes, la propiedad, la vida de los ciudadanos y “una economía franca y limpia”.

Aguas Blancas es una ciudad del departamento salteño de Orán, que se sitúa frente a la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija.

Aguas Blancas y Bermejo están separadas por el cauce del alto río Bermejo -que se extiende en el extremo sur de Bolivia y el norte de Argentina-, que allí hace de frontera natural entre ambos países.

La ministra dio este discurso con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para encabezar el lanzamiento del Plan Güemes en Aguas Blancas, para combatir los delitos federales en la frontera norte de Salta, con foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas, áreas estratégicas conectadas con Bolivia.

El Plan Güemes en Aguas Blancas es de “carácter integral”, según dijo la ministra, para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, al establecer una clara separación entre el control fronterizo vecinal, el control migratorio y la administración aduanera.

Bullrich explicó que ahora las fuerzas federales tienen presencia en Aguas Blancas, a través de una Gendarmería “reforzada a su máximo nivel”, la Policía Federal Argentina “también reforzada” y con la “nueva fuerza” que es la PNA.

“Hemos venido también a esta zona a decirle basta al narcotráfico, al sicariato, a los caminos fronterizos sin control”, enfatizó Bullrich, y prometió que los salteños “van a recuperar sus calles y sus fronteras porque el narcotráfico, el terror y las calles tomadas por bandas criminales ya no tendrán lugar en esta región”.

El Plan Güemes pone en marcha un despliegue de fuerzas federales compuesto de 310 efectivos asignados a las áreas críticas, con una presencia intensiva en puntos estratégicos como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la 'Ruta de la Droga', según fuentes oficiales.

El plan implica una estrategia de “abordaje criminal conjunta”, por la cual se coordinarán esfuerzos entre fuerzas federales, provinciales y el Poder Judicial, incluyendo la colaboración con el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. 

El caso de Rosario: Plan Bandera y mano dura

En diciembre del año pasado, Bullrich visitó Rosario, provincia de Santa Fe, la ciudad que desde hace unos años es infelizmente asociada al crimen y al narcotráfico, más que a sus atractivos. Allí se mostró con el gobernador y la vicegobernadora de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y Gisela Scaglia (PRO), y con el intendente Pablo Javkin (Creo Rosario). Con ellos presentó un programa oficial contra el delito al que se denominó Plan Bandera.

Se trata de un comando conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales que consiste en apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en función de lo contemplado en la ley de Seguridad Interior; programa de reducción de armas; cambios en la legislación penal sobre legítima defensa de efectivos de fuerzas de seguridad; persecusión de venta de precursores químicos; grupo de elite de las cuatro fuerzas federales para luchar contra el narcotráfico; y programa de presos de alta peligrosidad en cárceles federales, entre otros aspectos.

“Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando esta tarea para que la operatividad de las fuerzas sea una operatividad con resultados concretos, sin dispersión, al lado de los que les va a tocar conducir los operativos día a día. Cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas que estén abocados al operativo Bandera van a tener la responsabilidad de estar atentos, de estar en operaciones todo momento que les toque estar haciendo la tarea que tienen que hacer. Queremos que la operatividad sea al máximo”, dijo la ministra por aquel entonces.

MM

El pasado domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un comunicado oficial para informar que recibió una amenaza de muerte a través de un video de una organización narco terrorista, donde también se amenaza al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. El video se volvió viral en redes sociales.

Con el fin de esclarecer el caso y encontrar a los responsables, el Gobierno ofrece una recompensa de diez millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre el episodio.

A través de la resolución 1295/24, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa “a aquellos aportantes que brinden datos útiles, precisos y concretos para identificar a los miembros de la organización criminal, como así también detalles sobre las actividades delictivas desarrolladas por ellos, y los lugares de operación”.

La medida señala que “resulta necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”, ya que el caso “amerita una rápida y contundente respuesta del Estado”.

Qué dice la resolución

Con información de agencias.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich publicó un comunicado oficial en donde aseguran que recibieron un video de una presunta organización narco terrorista en donde se amenaza de muerte a ella y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El video, que rápidamente comenzó a ser visibilizado en redes sociales a través de cuentas de figuras vinculadas al Gobierno, muestra a cuatro personas enfundadas en trajes químicos, con las caras tapadas y portando lo que parecen ser fusiles de asalto.

En un breve mensaje de poco más de un minuto, un hombre con voz joven realiza distintos tipos de amenazas contra Bullrich y Pullaro, refieriéndose repetidamente a la situación en la ciudad de Rosario y afirmando: “Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá”.

“La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino”, expresa el comunicado.

Además, agrega: “ Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad”.

“La Oficina del Presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y asi garantizar la seguridad de todos los argentinos”, y continúa: “Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional, y nuestras Fuerzas Armadas, que cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia”. 

Finalmente, el comunicado concluye “Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”. 

Qué dijo Bullrich

La ministra Bullrich relató este lunes que se comunicó “inmediatamente con el Presidente. La reacción es clara: redoblar esfuerzos contra la narcocriminalidad, mantener y profundizar el régimen de alto riesgo del que hablan en el video que los tiene sin privilegios. Esto generó un cambio y vamos a reforzar que estos delincuentes no tengan ninguna capacidad de acción en las cárceles. Anoche empezaron a trabajar los grupos de ciberseguridad para identificar a los del video y mañana vamos a lanzar un plan que va a abarcar algunos partidos del GBA, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Va a ser un plan muy fuerte contra homicidios y bandas narco. Ahora necesitamos que en extraordinarias se vote la ley antimafias, que es un elemento fundamental para lograr el éxito que ya estamos teniendo”, dijo la funcionaria en declaraciones a radio Rivadavia.

Asimismo, Bullrich aseguró que trabajan “codo a codo” con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y que el plan “se lanzará en conjunto”.

Para la titular de Seguridad, “la actitud de ese video, las amenazas que propina la población y la forma en que comunican, son formas terroristas, narcoterroristas. Digo narcoterroristas porque están ligadas a una banda que no sabemos si es de la provincia de Santa Fe”, detalló.

Y agregó: En el último tiempo el sector de alto riesgo de la cárcel de Ezeiza y de Marcos Paz ha recibido bandas muy fuertes que nos han mandado de la provincia de Buenos Aires y también pensamos que puede haber algo ligado a ello por lo que dicen que van a hacer acciones en Gran Buenos Aires y Capital“.

En tanto, Bullrich confirmó que los próximos días “estamos por lanzar un plan muy fuerte que tiene que ver con la persecución de las bandas multipropósito, para decirle de alguna manera, que hacen entraderas, que generan una cantidad de acciones violentas, como el narcotráfico, y hemos elegido los puntos neurálgicos de la crisis de seguridad en la Argentina para generar un plan del gobierno nacional conjuntamente con los gobiernos provinciales”. 

DM con información de agencia NA

El Ministerio de Seguridad de la Nación creó, a través de una resolución con fecha de este jueves 21 de noviembre, una “Unidad Especial de Agentes Encubiertos”, que funcionará “en la órbita de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes judiciales y los ministerios públicos dependientes de la Unidad Gabinete de Asesores de esa cartera”.

Según el documento, el nuevo órgano tendrá como misiones “conformar una base única de información de agentes encubiertos capacitados y designados ante el Poder Judicial; desarrollar y supervisar el curso de la especialidad; promover la utilización de la figura del Agente Encubierto en las investigaciones sobre delitos complejos; y brindar asistencia profesional y personal”.

La unidad estará integrada por un miembro de la Dirección Nacional de Normativa, que actuará como su titular. En este caso, fue designada Graciela Valeria Kowalewsky. Asimismo, “cada una de las fuerzas policiales y de seguridad federales designará a un miembro titular y un miembro suplente, con el objeto de asistir al titular de la Unidad en el cumplimiento de las misiones y funciones correspondientes”, detallaron en la resolución.

MM

“¿Qué pasó? ¿Te abandonó Rexona?”, le preguntó el 2 de octubre en tono socarrón una gendarme a Maximiliano Ariel Acosta, un vendedor ambulante marplatense que en pocas horas se hizo famoso como “el hombre del talco”. Lo habían detenido minutos antes en un control fronterizo en la provincia de Mendoza por llevar entre sus pocas pertenencias 18 frascos de desodorante en polvo para pies que la fuerza confundió con cocaína.

“Mucho talco, poco Eficient-e”, festejó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su cuenta de X. Y relató: “Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga”.

Lo que Maximiliano recuerda de ese momento es diferente. Ni se ubica en la escena nervioso ni cree haber tenido actitud sospechosa. Lo único que quería era volver a su casa y reencontrarse con su familia después de haber pasado tres meses en la región cuyana por un tratamiento para el alcoholismo bajo la supervisión de la ONG Remar.

Con 42 años, Acosta decidió tratarse por su adicción al alcohol. Pidió ayuda a la organización no gubernamental cuya forma de operar consiste en enviar a quienes se tratan a zonas alejadas de sus entornos para discontinuar aquellos vínculos que puedan resultar conflictivos. Tres meses más tarde, cansado de estar en Mendoza, quiso volver a Mar del Plata. El dinero que tenía apenas le alcanzaba para un pasaje en colectivo, que puede rondar entre los $80.000 y los $100.000, con una duración de entre 20 y 22 horas. Entonces, se le ocurrió recurrir a lo que conoce: la venta ambulante. Por Remar tenía el contacto de un proveedor de productos para vender en la calle. Lo llamó y le preguntó qué le podía facilitar. La respuesta fue talco.

“El tipo vendía talco. No sé si original o no, pero los frascos tienen fecha de vencimiento 2027. Te trae lo que tiene, entonces me puse a vender eso”, explicó Maximiliano a elDiarioAR. Una vez que tuvo la mercadería dio algunas vueltas en Mendoza bajo la indecisión de pasar una noche en esa provincia o tomar el primer colectivo que saliera. Fue a un hostel, pero le pareció “escalofriante”, entonces fue a la terminal. Llegó a las 19:20 y el próximo bus partía a las 20. “No hice tiempo a vender los talcos, por eso directamente los metí en la mochila y me los quise llevar para casa”, dijo.

En el paraje de La Paz, antes de atravesar el Arco Desaguadero, a 145 kilómetros de la ciudad de Mendoza, Gendarmería controló el colectivo en el que viajaba Acosta. Le revisaron sus pertenencias y encontraron el talco. Pensaron que se trataba de cocaína. Según Maximiliano, hicieron unas pruebas con ampollas reactivas. Usaron varias, solo una cambió de color. Entonces, como no estaban convencidos del resultado intentaron reforzar el operativo. “Llamaron a un camioncito con más ampollas para seguir probando. Después no volvió a salir ninguna otra como positiva. Simplemente agarraron la primera prueba que salió, no me dejaron hacer absolutamente nada, ni hablar, ni mirar qué hacían. Llamaron a dos testigos, camioneros, que pidieron hacer todo rápido porque se tenían que ir. No grabaron, me sacaron el celular y continuamente me amenazaban diciendo que me iba a comer unos cuantos años”, describió.

“Estaban extasiados. Se me venían locos y me preguntaban si yo era 'Talco'. Se felicitaban entre ellos, se hacían chistes”, agregó. “En el laboratorio les pregunté qué pensaban hacer cuando supieran que era talco, pero no me dejaban hablar. En ese momento me sentaron de golpe y me apretaron las esposas. Se burlaron y hasta me invitaron a pelear”.

El periplo de Maximiliano cambió de escenarios varias veces en pocas horas. De la vera de la ruta a un móvil, del móvil al laboratorio y del laboratorio a la Unidad 32. “Me largaron de golpe, ningún preso me quería porque decían que soy porteño, cuando les conté que era inocente, por supuesto algunos no me creían. Me podrían haber hecho un montón de cosas, pero gracias a Dios no pasó. Me preparé para lo peor”, cuenta.

Después de 21 días a Maximiliano le avisaron que el talco, efectivamente, no era cocaína. El juez le argumentó que “puede fallar”, pero según Acosta nadie le pidió perdón. Recibió su libertad, pero siguió preso de Mendoza. Su celular y el poco dinero que llevaba consigo estaban bajo el poder de la Justicia y no podía retirarlos hasta el próximo día. Así salió de prisión a la calle, sin sus cosas, incomunicado ni con un lugar adonde ir. Otra noche de Maximiliano rodando. Finalmente la Justicia le dio un papel, una especie de vale, para que pudiera tomar un colectivo pero el tramo era sólo hasta Buenos Aires, por lo que una vez en Retiro Maximiliano se las tuvo que ingeniar para llegar a Mar del Plata. Esta vez sí se comunicó con su familia, explicó lo que había pasado y le facilitaron el dinero necesario.

Maximiliano está en pareja y tiene tres hijos. En su casa tiene un pequeño kiosco, lo que le genera un ingreso que complementa con algunas ventas en la calle. Le gustaría tener otro empleo, más formal, pero hasta el momento no consigue. Su paso por Unidad 32 fue la primera experiencia de su vida en prisión, según relató. Le resultó traumática y todavía intenta recuperarse. Por la dinámica de Remar está acostumbrado a vivir en distintos puntos del país, además de tratarse lo tomaba como la posibilidad de recorrer y conocer. Ahora su deseo más fuerte es no volver a Mendoza nunca más. “Fue demasiado”, confesó. “Me trataron como un delincuente. Sobre todo Gendarmería. Bullrich se burló, celebró antes de saber cuál era la verdad y ese fue su error, pero los que peor actuaron fueron los gendarmes”, insistió.

MM/DTC

Patricia Bullrich lo hizo de nuevo. Días atrás la ministra de Seguridad confundió a un periodista deportivo con el líder de una red de distribución de pornografía infantil y lo escrachó en sus redes sociales luego de que la policía lo hubiese detenido. El error comenzó porque el hombre que había viajado desde Tucumán a Rosario a cubrir un partido de fútbol tiene el mismo nombre que el buscado por delitos contra los menores.

Pero esa no fue la única vez que la ministra festejó detenciones que luego se demostraron fueron de personas inocentes. En menos de un año de gestión al frente de la cartera de Seguridad hubo al menos tres casos. Y Aunque cinco personas pasaron varios días detenidas sin causa, Bullrich no ofreció disculpas ni cambió su estrategia de comunicación basada en difundir arrestos como cucardas aunque no se preserve la presunción de inocencia.

Periodista detenido

Se trata de Marco Antonio Centurión que cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha se encontró con una situación impensada: fue detenido sin explicaciones. El argumento es que recaía sobre él una orden de captura. En verdad el pedido era para un homónimo.

El mal trago no duró sólo el tiempo que pasó encerrado, sino que fue víctima de un escrache. Hasta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió sus datos con la narrativa de la detención como un éxito de gestión.

“Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas! Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha”, escribió en su cuenta de la red social X.

“No me pidieron ninguna disculpa, y lo que más me molestó es cuando me dan la libertad, tenía un millón de mensajes porque Patricia Bullrich, violando por completo la presunción de inocencia, había publicado un tuit de que yo lideraba una red nacional, uno de los delitos más estigmatizantes que puede tener en la sociedad, manchando mi imagen. Yo tuve problemas judiciales del 2019 al 2022, cumplí perfectamente mi condena y a partir de ahí no tuve ningún problema”, dijo Centurión en Radio Con Vos. Pero no es la primera vez que sucede algo así.

El hombre del talco

El 2 de octubre un hombre fue detenido en Mendoza mientras viajaba en micro porque Gendarmería creyó haber encontrado “2 kilos 444 gramos de cocaína” en envases de talco.

“Mucho talco, poco efficient-e”, posteó más tarde la ministra de Seguridad en sus redes sociales para celebrar la detención. Luego, 21 días más tarde, se comprobó que lo incautado no era droga sino, efectivamente, talco para pies por lo que el hombre fue liberado y el caso, cerrado.

Consultada por periodistas en los pasillos de Casa Rosada acerca del error, Bullrich dijo: “No hubo ninguna falla en ninunga investigaicón. El talco siempre se confunde con cocaína” y culpó al Poder Judicial por la cantidad de días que el detenido pasó en prisión injustamente.

La falsa célula terrorista

El 3 de enero, Bullrich, declaró que el gobierno de Javier Milei había “neutralizado” una supuesta “célula terrorista” internacional que se hospedaba a metros de la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires. Por el hecho habían sido detenidos un peluquero argentino y un profesor de tenis de mesa de nacionalidad siria, porque aparentemente iban a recibir un paquete sospechoso desde Medio Oriente. El presunto paquete nunca fue hallado por las autoridades, que creen que, de hecho, nunca existió. 

“Las tres personas están vinculadas y sabíamos que llegaban en distintos vuelos y que estaban a la espera de un paquete de Yemen”, dijo Bullrich a los medios por aquel entonces. Sólo uno de los detenidos llegó desde el extranjero. Los otros dos viven en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El caso comenzó el 28 de diciembre, cuando la embajada de Israel comenzó a recibir denuncias sobre la supuesta llegada de un ciudadano colombiano de origen sirio con intenciones de “mandarse una cagada”. El autor de la denuncia fue un gendarme identificado con un nombre falso y quien dijo que el extranjero estaría presumiblemente involucrado en actividades terroristas en Colombia. Se abrió una investigación en la unidad antiterroristas de la Policía Federal Argentina (PFA) y se dio intervención al juzgado de turno, el de Servini.

El dato que tenía el denunciante era que el hombre llegaría el 30 de diciembre por la mañana y se hospedaría en el Gran Hotel España, vecino a la sede de la embajada, en el barrio de Monserrat.  La fuente original del gendarme para realizar dicha denuncia era un supuesto policía de Colombia que no fue identificado. Una segunda denuncia recibida por la embajada de Israel en Buenos Aires fue anónima, esta vez con nueva información: que el supuesto terrorista iba a recibir un paquete de 15 kilos. 

Al día siguiente, el 29 de diciembre, un hombre se presentó ante personal de la Policía Federal para brindar “información” sobre la investigación en curso. Dijo llamarse “El Rubio” y ser “agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos”. El hombre, argentino y de unos 50 años, sabía que la policía había estado en el Gran Hotel España, por lo que dejó expuesto que habría obtenido de allí la información sobre el caso y sobre la llegada de un huésped el 30 de diciembre: un ciudadano con pasaporte colobiano y nacionalidad siria. Se trataba del mismo hombre denunciado por el gendarme.

“El Rubio” agregó más “información”: que había una “encomienda” de 35 kilos proveniente de Yemen por medio de una empresa privada de courier (da un nombre específico que se reserva). Dijo 35 en lugar de 15, como había sostenido el denunciante anónimo ante la embajada de Israel.

El supuesto agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos también introdujo por primera vez en esta historia al peluquero: dijo que este hombre argentino era el destinatario del paquete proveniente de Yemen que llegaría a una peluquería de la calle Rivadavia, muy cercana al Gran Hotel España. Luego, El Rubio se negó a declarar ante la Justicia a pedido de la policía y se retiró. Por la noche, una nueva llamada anónima, esta vez al 911, reiteró los mismos datos que aportó más temprano El Rubio.

El encargado del hotel dijo en declaraciones al diario La Nación que fue efectivamente él quien alertó a su amigo “El Rubio” sobre la llegada de un huésped que le pareció “sospechoso” porque tenía pasaporte colombiano y nacionalidad siria. El hombre había hecho llegar sus datos para reservar una habitación vía Whatsapp. 

“Las tres personas están vinculadas y sabíamos que llegaban en distintos vuelos y que estaban a la espera de un paquete de Yemen”, dijo Bullrich a los medios a principios de enero. “Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de una miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”, afirmó entonces la ministra.

Sin embargo, el ciudadano colombiano con nacionalidad siria denunciado ante la embajada de Israel resultó ser un instructor de tenis de mesa. El 30 de diciembre último, alrededor de las 7.30 de la mañana, llegó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas al Aeropuerto Jorge Newbery. Pasó por Migraciones cerca de las 7.50. Al salir del aeropuerto, 15 minutos más tarde, fue interceptado por un grupo de la DUIA y quedó detenido e incomunicado por orden de la jueza Servini. 

Ese mismo día se realizó el 25° Torneo de tenis de mesa de la Asociación Yabrudense, en Alberti 1541. La policía informó que la asociación se ubica contigua a la Mezquita Al Ahmad. Ambas entidades son gestionadas por el Centro Islámico de la República Argentina.

El visitante encarcelado nació en Damasco, en la década de 1950. De acuerdo con fuentes de la causa, declaró que llegó a los 18 años desde Siria a Venezuela y que luego se mudó a Colombia, donde vive actualmente.

Asimismo, el peluquero es exempleado municipal en una localidad de la provincia de Buenos Aires y empleado público de una dependencia de la gobernación, al menos hasta diciembre. No posee antecedentes penales y efectivamente trabajó hasta diciembre en una peluquería de la calle Rivadavía, en el barrio de Monserrat.

Esta es su versión, de acuerdo a su declaración ante la jueza Servini: el 1° de noviembre de 2023 –casi dos meses antes de quedar envuelto en este caso–, el peluquero realizó una denuncia ante el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que había conocido a una mujer por redes sociales, oriunda de Las Vegas y actualmente residente en Yemen. 

Tras entablar una amistad, la mujer le dijo que le enviaría un regalo y él le dio la dirección de la peluquería para recibir la encomienda. A finales de octubre y de madrugada, recibió mensajes y llamados de un hombre que le exigió 900 dólares para entregarle el paquete en cuestión, el cual estaría en la Aduana de Ezeiza. Como todo le pareció raro, bloqueó al hombre que intentaba sacarle dinero y a la mujer. Le dijo a su jefa en la peluquería que no recibiera nada a su nombre y realizó la denuncia. Aportó los chats que prueban su historia y un documento: el ticket de remisión de la supuesta encomienda que le habían enviado.

El ticket sería apócrifo, presentaba inconsistencias y además no se encontraba registrado en la empresa que iba a realizar el envío internacional, según estableció la Justicia en los últimos días. Todo indicaba que se trató de un intento de estafa virtual al peluquero desde el principio, cuando comenzó a hablar con la supuesta mujer de Las Vegas residente en el lejano Yemen.

¿Cómo terminó conectado el peluquero con el profesor de tenis de mesa? Por un cliente de la peluquería que se enteró de que iba a recibir un paquete de Yemen: El Rubio. Así lo declaró este último ante la jueza Servini. Dijo que la situación le llamó la atención y que la relacionó con datos que habría obtenido con respecto a la llegada del profesor de tenis de mesa, de nacionalidad siria. Los investigadores creen que obtenía la información de personal del Gran Hotel España, que sabía la identidad del profesor de tenis de mesa, su día y horario de llegada y los datos de su vuelo, según consta en el expediente.

Finalmente, el 15 de enero, tras casi dos semanas privados de su libertad, la jueza Capuchetti dictó la falta de mérito de los imputados.

MM

Un periodista deportivo tucumano tomó un colectivo el domingo con destino a Rosario para cubrir la final de la Primera B Nacional entre San Martín de Tucumán y Aldosivi. Cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha se encontró con una situación impensada: fue detenido sin explicaciones. El argumento es que recaía sobre él una orden de captura. En verdad el pedido era para alguien que lleva su mismo nombre: Marco Antonio Centurión.

El mal trago no duró sólo el tiempo que pasó encerrado, sino que fue víctima de un escrache. Hasta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió sus datos con la narrativa de la detención como un éxito de gestión.

“Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas! Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha”, escribió la Ministra en su cuenta de la red social X.

En diálogo con Radio Con Vos, Centurión, el periodista deportivo, relató lo que vivió: “El domingo me fui a cubrir el evento entre San Martín de Tucumán y Aldosivi en el Gigante de Arroyito. Cuando voy a retirar mi credencial de prensa para ingresar me piden mi DNI por el programa tribuna segura y cuando se los doy me dicen que tenía un pedido de captura. Yo les dije que no puede ser”.

“Me dijeron que esperara un ratito y me tuvieron detenido dos horas, diciendo que se tenían que comunicar con el juzgado de Tucumán para aclarar la situación. Ni siquiera me informaron cuál era el pedido de captura. A las dos horas, como no se podían comunicar, me trasladaron a la Comisaría Décima de Rosario”, agregó.

Más tarde la policía se dio cuenta de que el hecho se trataba de un error por un homónimo, pero a Centurión no le ofrecieron ni una disculpa. “Me pusieron con todos los presos comunes, me quitaron mis pertenencias, me dejaron incomunicado, soy diabético tipo 1, me quitaron mis insulinas, me tuvieron 9 horas sin alimentos y sin insulina para luego a las 22:30, cuando ya se había ido mi colectivo se acercan a decirme que estaba en libertad porque había sido una confusión de papeles”, recordó.

“No me pidieron ninguna disculpa, y lo que más me molestó es cuando me dan la libertad, tenía un millón de mensajes porque Patricia Bullrich, violando por completo la presunción de inocencia, había publicado un tuit de que yo lideraba una red nacional, uno de los delitos más estigmatizantes que puede tener en la sociedad, manchando mi imagen. Yo tuve problemas judiciales del 2019 al 2022, cumplí perfectamente mi condena y a partir de ahí no tuve ningún problema”, agregó.

No es esta la primera vez que el Ministerio de Seguridad y la ministra difunden arrestos que luego se demuestran fueron equivocados. Así pasó con una supuesta célula terrorista, cuyos integrantes terminaron siendo liberados. El pasado 2 de octubre, Bullrich había festejado la detención un hombre que supuestamente llevaba “más de dos kilos de cocaína ocultos en envases de talco”. Se trataba de Maximiliano Acosta, quien pasó 21 días preso, hasta que se comprobó que el polvo blanco era, efectivamente, talco.

MM

El Ministerio de Seguridad, en simultáneo con funcionarios del área en otros países, reveló hoy en conferencia de prensa que Hussein Ahmad Karaki es el jefe del operativo de la organización chiita Hezbollah en Latinoamérica y pidió su captura internacional.

Según la cartera que dirige Patricia Bullrich, es el principal partícipe y responsable de operaciones de reclutamiento, y planificación de numerosas acciones terroristas, y además tomó parte en los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel.

El informe de inteligencia difundido menciona que Karaki estuvo en Buenos Aires el día del atentado a la Embajada, el 17 de marzo de 1992, y lo señala como el responsable de haber comprado la camioneta utilizada como coche bomba en el ataque. También asegura que abandonó el país horas antes de la explosión utilizando un pasaporte colombiano.

El Gobierno le entregó a la fiscalía a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA y al juez Daniel Rafecas imágenes del terrorista. Serían de 2004, cuando el gobierno de Venezuela le concedió la residencia en aquel país con un pasaporte colombiano.

Bullrich destacó además que Karaki, que habría operado en la región con documentos de Brasil, Colombia y Venezuela, se encuentra actualmente en Líbano, país en el que nació, y reveló que la información anunciada es el resultado de una investigación conjunta con otros países de la región.

“Queremos que se sepa quién es Karaki, queremos que el pueblo argentino sepa que Karaki estuvo atrás de los atentados a la Embajada, que fue el que compró el coche bomba en la Embajada, y que fue el jefe operacional, en línea directa con (Hassan) Nasrallah, que fue muerto hace unas semanas en el Líbano, y que recibió la orden directa para el ataque luego también a la AMIA”, agregó la ministra.

El informe asegura que Karaki “salió del radar” entre 1994 a 2000 y que a partir de ese año volvió a generar reclutamiento e infraestructura para llevar adelante atentados en la región.

Según el Gobierno, la revelación sobre Hussein Ahmad Karaki está a la altura del asesinato de Hassan Nasrallah, uno de los líderes de Hezbollah, que murió en un ataque aéreo israelí hace un mes. Supuestamente, Karaki respondía en forma directa a Nasrallah, sin intermediarios.

Si bien Bullrich no aportó más información sobre el rol del presunto jefe operativo de Hezbollah en la región en el segundo ataque, un informe del servicio de inteligencia israelí Mosad ubicó a Karaki como el presunto comandante de aquella operación.

En ese informe, ampliamente difundido por la prensa argentina e internacional en 2022, el Mosad ya había apuntado a Karaki como el encargado de comprar la camioneta Ford F-100 utilizada para el ataque contra la Embajada de Israel.

Aunque Hezbollah, aliado de Irán, fue apuntado por diversas investigaciones como responsable de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, ambas causas siguen abiertas en la Justicia argentina, la cual, además, mantiene ordenes de captura contra varios exfuncionarios iraníes por el ataque a la mutualista judía.

Bullrich señaló además que Karaki estuvo detrás de una serie de intentos de ataque en Latinoamérica en los últimos años, incluyendo uno en Colombia en 2021 y otro en Bolivia contra empresarios israelíes mediante el uso de un carro bomba.

Además, mencionó que el más reciente intento de ataque en el que estuvo involucrado tuvo lugar en Perú en marzo de este año y añadió que la Policía Federal de Brasil, en colaboración con Argentina, frustró en 2023 una operación contra instalaciones de la comunidad judía y una segunda contra un empresario.

Con información de la agencia EFE