La Policía Federal Argentina (PFA) llegó el viernes 9 de agosto al departamento del edificio River View, en Puerto Madero, con la orden de secuestrar el teléfono del expresidente Alberto Fernández. Tres días antes, la ex primera dama Fabiola Yañez lo había denunciado formalmente ante la Justicia por violencia de género, no sólo física sino también psicológica, y el juez federal Julián Ercolini le había restringido al exmandatario cualquier contacto físico o telefónico con su expareja. 

Sin embargo, la denunciante habría informado a la Justicia que los contactos continuaron y el fiscal Ramiro González solicitó entonces el secuestro del teléfono de Fernández, medio por el cual habría continuado sus intentos por contactar a la ex primera dama, a pesar de la restricción judicial.

Por esa razón, el viernes 9 de agosto por la noche, los policías llegaron al piso 12 del edificio de Puerto Madero con la orden de secuestrar los dispositivos electrónicos que hallaran en el domicilio. Fernández colaboró entregando su teléfono celular pero los policías también incautaron un segundo teléfono celular que se encontraba resguardado, y 22 pendrives, entre otros dispositivos. Así lo confirmó a elDiarioAR una fuente de la causa con acceso al expediente.

La noticia disparó especulaciones periodísticas y políticas sobre el alcance que tendría un posible peritaje de los teléfonos y pendrives de Fernández, que permitirían acceder a contenido tanto de carácter privado como a viejas cuestiones de Estado. Una nueva caja de Pandora. Especialmente, debido a que Fernández es uno de los investigados en una causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario en el caso de los intermediarios en el negocio de los seguros que tenía a la pareja de su secretaria privada como uno de los principales beneficiados.

Pero, por el momento, el contenido de los teléfonos y dispositivos de Fernández estará resguardado. Los aparatos se encuentran lacrados y guardados en una caja fuerte en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002 y no se ordenará ningún peritaje sobre su contenido, informó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo del expediente. El fiscal de la causa no tiene previsto peritar ninguno de los dispositivos secuestrados debido a que considera que se trata de una medida invasiva e innecesaria por el momento, explicó la fuente a este medio.

En cambio, el fiscal Carlos Rivolo, que interviene en la investigación por el supuesto fraude de los seguros, sí solicitó este viernes por la mañana acceso al contenido de los dispositivos, supo este medio de fuentes judiciales. Así, quedan contrapuestos los pedidos de los dos fiscales que intervienen en las causas que investigan al expresidente.

En los tribunales de Comodoro Py explicaron que el secuestro de los teléfonos ya cumplió su función: evitar que Fernández continuara “hostigando” a Yañez a través de llamados y mensajes y resguardar la prueba de ese supuesto hostigamiento, ocurrido durante la restricción judicial, entre el 6 y 9 de agosto. Fernández ha negado haber ejercido violencia contra Yañez en un comunicado y en dos entrevistas con El País y El Cohete a la Luna. 

La fiscalía a cargo de la causa por presunta violencia de género buscará caminos alternativos, menos lesivos, a la apertura de los teléfonos de Fernández para probar los dichos de Yañez. Por ejemplo: solicitar a la ex primera dama capturas de los mensajes y llamadas entrantes, explicó una fuente del caso.

Durante la declaración de Yañez de este martes, el fiscal González le preguntó a la ex pareja de Fernández si el expresidente había violado la restricción legal de tomar contacto con ella entre el 6 y el 9 de agosto. De haberlo hecho, habría incurrido en un nuevo delito. Yañez respondió que no recordaba el día exacto en el que recibió mensajes o llamados y que lo revisaría para aportar la información a la Justicia. Al cierre de esta nota, el jueves por la tarde, no había aportado nuevos datos al expediente en este sentido.

La causa

Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja y ex primera dama,

El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” en una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

González dispuso varias medidas de prueba: citó como testigos a María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández; a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; a Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos; y la periodista Alicia Barrios.

También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos entre 2021 y 2023 para revisar las grabaciones del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo debido a los episodios de violencia.

ED/JJD

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el peritaje de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados a Sofía Clerici durante los allanamientos de la semana última, en el marco de la investigación contra el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, como adelantó TN este miércoles y confirmaron fuentes de la investigación a elDiarioAR. El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Durante el allanamiento a la casa de Clerici, la mujer que compartió con el funcionario un paseo en yate por el Mediterráneo y publicó las fotografías del viaje en las redes sociales, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas al barrio privado Nordelta, donde vive Clerici. La mujer se había mudado a ese lugar el fin de semana de las elecciones generales, justo antes del allanamiento, informaron fuentes de la investigación.

Durante el allanamiento a Clerici, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

El juzgado también allanó domicilios de Insaurralde tras las elecciones del domingo 22, pero no pudo dar con la vivienda actual del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Eso implica que no cuenta ni con el teléfono celular (o los teléfonos celulares) ni con la computadora personal (o computadoras) del dirigente. 

La casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, que las investigaciones preliminares habían indicado que se trataba de su domicilio real, estaba vacía, con los muebles tapados con sábanas. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof no fue a votar, tampoco se presentó tras los allanamientos fallidos a explicar su paradero ni a poner a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. La fiscalía, que había pedido el secuestro de los mismos al inicio de la causa, perdió expectativas sobre la posibilidad de recuperar pruebas por esa vía.

El juzgado impuso a Insaurralde una restricción: no puede abandonar el radio de 100 kilómetros del juzgado de Lomas de Zamora sin notificar al juez, por lo que el tribunal entiende que el dirigente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Recusación al fiscal

Mientras Insaurralde está “guardado”, sus abogados, Nicolás Maciel y Fernando Pinto, se presentaron ante el juzgado el viernes último para recusar al fiscal de la causa, Sergio Mola, y pedir su apartamiento por “manifiesta enemistad y animadversión” en contra del funcionario, a raíz de la filtración de información de la causa, entre otros motivos, como adelantó elDiarioAR este martes.

Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en su escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la ley del Ministerio Público Fiscal.

En un duro escrito, el fiscal Mola acusó a los abogados de Insaurralde de obstruir su rol en la investigación. “Lo que pretenden es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión”, afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez federal Kreplak.     

Es “una canallada” sugerir que el fiscal Mola haya aportado “a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía”, aseguró sobre las acusaciones de Insaurralde y sus letrados sobre la filtración de los datos migratorios del intendente de Lomás de Zamora en uso de licencia y de las fotografías del allanamiento de Sofía Clerici. “Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al señor Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones” en resguardo. “No fui yo quien dio a publicidad las actuaciones”, dijo Mola en el escrito publicado este miércoles por el sitio oficial Fiscales.gob.ar.

Qué se sabe 

El viaje por el Mediterráneo rumbo a Marbella realizado por el intendente en uso de licencia expuso el estilo de vida de lujos de Insaurralde: partió desde Buenos Aires a España en clase Business de la línea aérea Iberia, un pasaje que adquirió un día antes del vuelo, el 14 de septiembres último, y se pagó US$8.139,30 con una tarjeta American Express de Estados Unidos.

La pareja Insaurralde-Clerici hizo transacciones y vuelos por separado, y se habrían encontrado en España. Clerici había planificado el viaje con unas tres semanas de anticipación: compró el pasaje a Air Europa el 17 de agosto para embarcar el 7 de septiembre a Madrid y pagó más de $3,8 millones en efectivo.  

El alquiler del yate “Bandido” habría costado 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella habría costado 24.000 euros, publicó La Nación este domingo. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. La mujer dijo en declaraciones públicas que “se lo prestó un amigo” de ella.

En sus declaraciones juradas, Insaurralde informó ingresos por menos de $4 millones anuales en 2021, pero aún no se conoce su información fiscal actualizada, informó Clarín. Entonces, declaró depósitos bancarios por $326.744 y $300.000 en efectivo como ahorros; una casa de Lomas de Zamora valuada en más de $10 millones y “dos bienes muebles” por $365.000. También una sociedad anónima, Sasaxa Libero, que sería dueña de un restaurante en Las Lomitas, centro de Lomas de Zamora. Declaró en 2021 que la empresa estaba valuada en poco más de $6,4 millones.

La ecuación gastos versus ingresos tiene un gris: Jésica Cirio. Hasta hace unos meses, la conductora y modelo estuvo casada con Insaurralde por lo que el funcionario podría utilizar los ingresos de la sociedad conyugal y de su exesposa para justificar su estilo de vida durante la última década e intentar así despejar las sospechas del presunto enriquecimiento ilícito.

Lo que pretenden (los abogados) es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión.

Sergio Mola — Fiscal federal, en su respuesta escrita a la recusación presentada por la defensa de Insaurralde.

Sin embargo, los investigadores tienen otra pista para compensar: el acuerdo de divorcio. A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak envió un exhorto al Uruguay para indagar sobre un supuesto acuerdo firmado en aquel país.

En Estados Unidos hay dos pistas pendientes, que también activaron pedidos de información de la fiscalía y exhortos del juzgado. La tarjeta American Express utilizada para adquirir el pasaje aéreo de Insaurralde a Madrid fue emitida en aquel país. Los investigadores necesitan reconstruir el número completo de la tarjeta, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra, como informó elDiarioAR. 

Aún resta conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, su titularidad y el origen de los fondos. También si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

En el mismo sentido, el fiscal Mola solicitó al juzgado un segundo exhorto a Estados Unidos para conocer quiénes son los dueños de una empresa radicada en ese país que tiene a su nombre un inmueble en Miami. La compañía se llama J&M Twins LLC y se sospecha que las siglas corresponderían a las iniciales de Jésica y Martín.

 ED/DTC

Una pericia oficial que demostraría adulteraciones en la escritura de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del entonces funcionario Roberto Baratta, volvió a poner la causa de los Cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública en la agenda judicial. 

Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, se esperan novedades en la causa Hotesur-Los Sauces, en julio último, un informe elaborado por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que al menos tres de los ochos cuadernos de Centeno tienen anotaciones y correcciones hechas por su amigo ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó el material que luego terminaría en la Justicia, motorizando uno de los expedientes centrales sobre presunta corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. 

El peritaje caligráfico no fue realizado en la causa de los cuadernos sino en un expediente paralelo, iniciado por uno de los empresarios acusados de pagar sobornos a los Kirchner: Armando Losón, del Grupo Albanesi. 

La presunta adulteración de los cuadernos, ya tiene al menos repercusiones mediáticas y judiciales, como publicaron Clarín y Página/12 en los últimos días. Si bien las alteraciones registradas por los expertos caligráficos complican penalmente al testigo Bacigalupo, se trataría, hasta el momento, de alteraciones en tres de los ocho cuadernos y que no harían a lo importante de la prueba, según surge del informe oficial al que accedió elDiarioAR. 

Sin embargo, es una carta para las defensas. Uno de los abogados de Losón, Mariano Cuneo Libarona, solicitó al Tribunal Oral Federal número 7, que debe realizar el juicio oral y público por los cuadernos, que ordene una pericia caligráfica oficial sobre los ocho cuadernos de Centeno. El tribunal tiene en su poder seis cuadernos originales y dos en fotocopia. La pericia caligráfica se realizó hasta el momento sólo sobre fotocopias de los cuadernos 4, 7 y 8, correspondientes a los años 2008-2009, 2013 y 2015.

Aún así, los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores o arrepentidos es prueba central en la causa y sigue en pie. Además, fueron validados por el voto de la mayoría en la Sala I de la Cámara Federal de Casación. 

El juicio y causa paralela

El caso de los Cuadernos se da en dos frentes simultáneos: el de los medios y el de los tribunales. La causa central y un segundo capítulo atraviesan el proceso previo al juicio oral y público pero este aún no tiene fecha de inicio. El TOF 7 ya culminó la etapa en la que las partes -fiscalía y defensas- deben presentar pruebas complementarias para ser analizadas en el juicio. Ahora resta que los jueces decidan cuáles de las pruebas propuestas por las partes se realizarán. 

Por los cuadernos, fueron detenidos decenas de empresarios y exfuncionarios a partir de agosto de 2018, cuando el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli estaban a cargo del expediente. Por primera vez, desfilaron en indagatoria, y en algunos casos prisión, los empresarios y CEOs más importantes de la obra pública y el transporte del país.

Mientras tanto, en el expediente iniciado por Losón, la Justicia intenta dilucidar que llevó al expolicía Bacigalupo a corregir y alterar palabras en los cuadernos que su amigo Centeno le había confiado para guardarlos y en el que registró los supuestos pagos ilegales de empresarios al entonces funcionario Baratta entre 2008 y 2015. 

El juez a cargo de investigar la supuesta adulteración de los cuadernos es Marcelo Martínez de Giorgi y sólo se centra en tres cuadernos, aquellos en los que aparece mencionado el empresario Losón, que inició esta causa paralela para defenderse de las acusaciones en su contra en el expediente Cuadernos. 

Martínez de Giorgi dispuso la extracción forense de información de los dispositivos móviles y electrónicos secuestrados en la casa de Bacigalupo en marzo pasado, cuando fue allanado en busca de manuscritos que permitieran comparar su letra con la de las correcciones detectadas en los cuadernos en una pericia anterior, informó la agencia estatal Télam. Las consecuencias para el expolicía podría implicar un procesamiento por adulteración de documento público, aunque en rigor los cuadernos eran privados.

La pericia oficial

Los cuadernos de Centeno son ocho, pero en el tribunal de juicio sólo hay seis originales, que aparecieron cuando el ex chofer los entregó en octubre de 2019, 14 meses después de su arresto y declaración como arrepentido. Al principio de la causa había dicho que los había quemado.

Entre las modificaciones se detectó la letra de Bacigalupo en correcciones realizadas en 2008, en una referencia al “Ingeniero Ferreyra”, por el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los privados que irá a juicio y de los pocos que se negó a declarar como arrepentido o imputado colaborador. También en las anotaciones “Armando” -por Losón-, “Alem 855” -por una de las direcciones que habría visitado Baratta para el cobro de dinero ilegal-, “X55”, las últimas tres de 2013.

La defensa de Losón busca que en el análisis de los ocho cuadernos en poder del TOF se pueda determinar más información sobre las reescrituras y aclaraciones presuntamente realizadas por Bacigalupo, especialmente cuándo se hicieron las correcciones y por qué. Los abogados de Losón creen que las modificaciones son previas al ingreso del material a la causa penal y a la entrega al periodista Diego Cabot, de La Nación, quien recibió el material de parte de Bacigalupo.

¿Por qué sólo la defensa de Losón presentó este pedido? Una fuente bien entendida cree que muchos empresarios preferirán firmar un juicio abreviado, evitar la cárcel, antes que discutir su inocencia ante el tribunal.

¿Quién o quiénes eran los destinatarios de los cuadernos? En el entorno de Baratta sostienen que se escribieron en 2016, años después de los hechos redactados y que el objetivo era extorsionar por dinero al exfuncionario, lo que no se concretó. Centeno nunca reconoció la sospecha. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, también solicitó al TOF 7 que antes de iniciar el juicio de los Cuadernos ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Una jueza de Hotesur-Los Sauces y Cuadernos

Mientras la Cámara Federal de Casación todavía debe decidir si la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia afrontar un juicio oral y público por otro caso de presunto lavado de dinero, Hotesur-Los Sauces, Fernández de Kirchner debe juntar los votos en el Senado para que antes de este 9 de agosto se renueve el pliego de la magistrada Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de los tres jueces que deberán revisar también el caso Cuadernos cuando llegue la hora de definir el destino de este juicio pendiente. 

La jueza Figueroa cumplirá 75 años este miércoles y solicitó a través del trámite habitual la renovación de su pliego ante el Senado. Sin embargo, de no contar con el aval de la mayoría de los senadores, Figueroa se jubilará, informaron cerca de la magistrada a elDiarioAR. 

La magistrada tiene un rol clave en la causa sobre los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner pero también tuvo y tendrá un rol clave en la revisión de la eventual sentencia en el futuro juicio oral y público del caso Cuadernos, expediente en el que ya se pronunció a favor de la defensa de CFK, que cuestionan la validez de las declaraciones de los empresarios arrepentidos.

Fernández de Kirchner no tuvo hasta el momento los votos necesarios en la cámara alta para extender a Figueroa en el cargo. Esta semana, sería la fecha límite.

ED

Los investigadores del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner probarán un último recurso tecnológico para intentar recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó una pistola cargada y gatilló a centímetros de la cara de la expresidenta el 1° de septiembre último. La técnica que aplicarán es riesgosa pero es la única alternativa para intentar esclarecer el punto más opaco de la causa, explicaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo al expediente. 

El teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado de entre las posesiones que el hombre llevaba consigo la noche del atentado. Al comienzo de la madrugada del sábado 3 de septiembre, 19 minutos y 26 segundos después de la medianoche, el Samsung Galaxy A50 quedó restablecido a sus valores de fábrica, es decir, volvió a cero y se perdió el contenido (chats, mensajes, agenda, anotaciones, fotos, videos, archivos) producido por Sabag Montiel. 

Los datos surgen del informe de pericia realizado por la Gendarmería a pedido del fiscal Carlos Rívolo y ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti para establecer qué sucedió con el teléfono y por qué se perdió una prueba central para la investigación. La magistrada denunció a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervinieron en la manipulación del celular en pos de realizar la extracción del contenido.

Gendarmería estableció que el reseteo del teléfono fue debido a una “errónea manipulación del dispositivo”, producto de una supuesta cadena de errores que habría comenzado durante la primera pericia (realizada por PFA), la aplicación de dos softwares que no eran acordes al teléfono, el hecho de que el perito de la Federal no envió un protocolo a los peritos de la PSA sobre qué pruebas y softwares había aplicado en los tres intentos frustrados para abrir el dispositivo y el intento final de los técnicos de la PSA que terminó por restablecer el teléfono a los valores de fábrica.

La PSA realizó otras pericias para recuperar parte del contenido del celular alojado en la nube, pero con las herramientas agotadas y la investigación delegada en sus manos, la fiscalía optó esta semana por la última carta: con la conformidad de la jueza y de los abogados de Fernández de Kirchner, que integran la querella, buscará aplicar una técnica a través del programa UFED Premium.

La herramienta aún no se utilizó y tiene la característica de que ofrece un rango de éxito en el intento de recuperar parte o la totalidad del material del dispositivo pero si fracasa, el contenido se borrará definitivamente, sin posibilidad de aplicar otro intento o tecnología, explicó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR.

El protocolo indica que en primer lugar se debe intentar la pericia en un teléfono de la misma marca y modelo que el de Sabag Montiel a modo de prueba, con el objetivo de estudiar el recorrido que debe aplicarse para restablecer el contenido perdido. La jueza Capuchetti ya envió un oficio a la Gendarmería para que la fuerza le informe si cuenta con el programa indicado.

ED

A tres meses del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este jueves volvieron a declarar las dos asesoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. Se trata de las dos mujeres implicadas en la llamada “pista Casablanca” quienes esta vez sí entregaron sus teléfonos celulares ante el fiscal federal Carlos Rívolo. Sin embargo, una de ellas dio un celular nuevo y explicó que lo había cambiado, pero manteniendo el contenido de sus conversaciones de Whatsapp. La otra, en cambio, adelantó que borró todo el contenido de los chats con su jefe, Milman.

Se trata de las asesoras parlamentarias Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes declaran en calidad de testigos en la causa que llevaba adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Rívolo. Ambas ya había sido citadas luego de que Jorge Alberto Abello, asesor legislativo del diputado kirchnerista Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe), las involucró en su declaración.

Según había dicho ante la jueza, Abello escuchó días previos al ataque, ocurrido el 1° de septiembre, una conversación entre las dos asesoras y el diputado Milman en el bar Casablanca, ubicado en la esquina del Congreso. Siempre según su declaración, el legislador -alineado al ala más dura de Patricia Bullrich- les habría dicho a las mujeres: “Para cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”.

En su primera declaración ante Capuchetti, las dos asesoras negaron haber estado en Casablanca en agosto hasta que se les exhibieron las imágenes de las cámaras. Entonces recordaron la reunión, confirmó una fuente con acceso directo a las testimoniales.

Esta vez, las mujeres debieron declarar, bajo juramento de verdad, ante Rívolo quien tiene delegada la investigación, y aceptaron entregar sus teléfonos. Llegaron cerca de las 9:30 a los tribunales federales de Retiro y se retiraron cerca del mediodía.

López Mónaco, quien también trabajó en el Ministerio de Seguridad en 2017, fue la primera en declarar y respondió las preguntas formuladas tanto por la fiscalía como por la querella. Además, también dio la clave para acceder al celular pero aclaró que el viejo aparato lo tiene su hermana, aunque sostuvo que sus conversaciones de Whatsapp fueron restauradas en el nuevo dispositivo y negó tener alguna relación con la agrupación Revolución Federal.

Ambos celulares quedaron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes pasado, la Cámara Federal porteña le ordenó a la jueza seguir adelante con el secuestro de los celulares.

Según informó la agencia Télam, durante su declaración, López Mónaco fue consultada sobre cual fue la reacción dentro de los colaboradores de Milman al enterarse sobre el ataque a Fernández de Kirchner, a lo que respondió que hubo un clima de consternación.

Luego fue el turno de Ivana Bohdziewicz, quien si bien aceptó entregar el teléfono adelantó que la semana pasada había borrado toda la información. Cuando la fiscalía le preguntó si tenía conversaciones con Milman en su celular, la mujer respondió: “Sí, de temas laborales. Pero quiero aclarar que las borré, tanto los mensajes como las fotos porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono”, explicó la testigo.

De acuerdo a Télam, antes de ingresar a la fiscalía, las mujeres dijeron a la prensa que “no es cierto para nada” lo que declaró Abello. “Es todo un falso testimonio”, dijo López Mónaco, antes de ingresar a la fiscalía.

En la audiencia también estuvieron presentes los apoderados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

La fiscalía también espera tomar una nueva declaración al testigo Abello, pero según trascendió sufrió un ACV y el trámite dependerá de su estado de salud. Hasta el momento, no hubo ningún testigo que ratificara sus dichos.

Recién este lunes, el diputado Cleri fue citado a declarar y mostró el mensaje que recibió de parte de Abello. “Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa”, decía el primero de cuatro mensajes consecutivos que el asesor le envió por WhatsApp a Cleri el 1° de septiembre desde las 22.36, informaron fuentes judiciales.

“Créeme estoy temblando”, decía el cuarto mensaje que Cleri recibió del testigo, menos de dos horas después de que se conociera la noticia de que un hombre de 35 años (Fernando André Sabag Montiel) había intentado matar a la vicepresidenta en la puerta del edificio en el que vivía en Recoleta, ante la mirada de los manifestantes que habían ido a expresarle su apoyo y de las cámaras de televisión que registraban el momento.

Cleri explicó que el 7 de septiembre reenvió los mensajes a dos compañeros suyos de la Cámara de Diputados y al “equipo jurídico” de la vicepresidenta (que por entonces no era querellante en la causa), a la vez que esperó a que el propio emisor de los mensajes se presentara en la justicia para luego hacerlo él.

Con información de la agencia Télam. Esta nota fue corregida el 1° de diciembre a las 23:48.

En el camino hacia el juicio oral y público, los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en los que registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. Así lo solicitaron algunas de las defensas de los imputados durante la etapa de ofrecimiento de prueba que finalizó en las últimas semanas.

Las expectativas, explicaron tres abogados defensores consultados por elDiarioAR, están puestas en que el tribunal ordene una pericia sobre los seis originales en papel para determinar dos puntos centrales: en qué fechas se escribieron los cuadernos; y quién sería el segundo escribiente que realizó modificaciones, una novedad que reveló una pericia realizada en otro expediente por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Hay otra pista que queda pendiente: qué leyendas, nombres o direcciones se corrigieron con liquid paper y por qué.

Algunas de las defensas, como la de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, vienen solicitando la realización de pericias sobre los seis cuadernos en papel que se incorporaron a la causa en 2019, pero hasta el momento el único estudio oficial sobre la prueba documental es el realizado por la Federal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye un expediente originado por una denuncia del empresario Armando Losón, del Grupo Albanesi, uno de los arrepentidos de los cuadernos, quien sostiene que la mitad de las menciones a su persona en los cuadernos serían falsas. Se basa en alteraciones al texto que detectó un equipo de peritos caligráficos privados contratados por el imputado. Losón presentó una denuncia y Martínez de Giorgi ordenó una pericia oficial a la Federal.

Pero se trata de un estudio parcial: no fue realizada sobre los originales papel sino sobre las fotografías digitales de los mismos; no se hizo sobre todos los cuadernos sino sólo sobre tres; y tampoco forma parte del expediente de los cuadernos que debe ir a juicio, sino de una causa paralela que se encuentra en primera instancia. 

Aún así, los resultados de la pericia caligráfica oficial aportaron elementos a las defensas para poder insistir al tribunal oral con la realización de un estudio más profundo sobre los cuadernos. 

Un diario o de corrido

Los peritos de la Federal analizaron 189 archivos de imágenes JPG enviados en un pendrive a través de instrumental óptico e informático. Determinaron que al menos los cuadernos 4, 7 y 8 fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas correcciones atribuidas por los expertos a “otro escribiente”, no identificado hasta el momento.

Alejandro Rúa, abogado de Baratta, es uno de los abogados que solicitó al tribunal que ordene una pericia caligráfica de los cuadernos originales en papel. “Lo más interesante de los resultados de la pericia caligráfica oficial es que determinó que no fueron escritos como un diario”, dijo a elDiarioAR ante la consulta.

Los peritos que analizaron los cuadernos 4, 7 y 8 determinaron que el primero sí fue escrito como un diario, con registros realizados durante distintos días y momentos. Sin embargo, los cuadernos 7 y 8, según los expertos de la federal, habrían sido escritos de corrido, en un mismo momento. 

“La hipótesis de la defensa es que antes de 2017 podrían haber existido algunos de los primeros cuadernos -como el 4- pero el resto, los más recientes, fueron escritos en 2017”, afirmó Rúa. “Esto lo basamos en el hecho de que entre 2016 y 2017, Baratta recibía constantes mensajes de la ex esposa de Centeno reclamando que interviniera a favor de la mujer durante la separación, por ejemplo, sobre la tenencia de los perros de la pareja. En abril de 2017, Horovitz hace referencia a los cuadernos por primera vez en esos mensajes. Creemos que los cuadernos tenían como fin extorsionar a Baratta”, aseguró el abogado del exfuncionario.

¿Pueden los peritos determinar cuándo se escribieron los cuadernos?

Data de escritura

Los peritos caligráficos pueden determinar una fecha aproximada del año en que se escribió cada uno de los cuadernos siempre y cuando cuenten con los originales en papel. 

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia caligráfica a la Federal, los peritos intentaron realizarla sobre los originales de papel, pero el Tribunal Oral Federal número 7 negó el acceso a la prueba documentos, que permanece bajo su custodia. Los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales que se les entregaron en un pendrive. 

En el informe, los expertos aclararon que “en todos los casos”, la norma general es que “el peritaje documentológico caligráfico se efectúa exclusivamente sobre el original” en papel. La exigencia -agregaron los peritos- se basa en tres circunstancias especiales: una de ellas es que la fotografía convencional es la fiel expresión de la verdad; siempre que el fotógrafo actúe de buena fe (es decir, que las capturas de imágenes se hayan realizado con un eficiente equipo y no hayan sido modificadas o alteradas digitalmente). El juez Martínez de Giorgi les comunicó que consideraba “indubitables” las fotos digitales.

Además, los peritos explicaron que “en las fotocopias, duplicados, reproducciones fotográficas, reproducciones fotomecánicas, etc., no se puede efectuar el estudio del papel”, “tipo de elemento escritor y tintas usadas en la confección del documento”; y que “solo es posible efectuar el análisis extrínseco o general de la escritura y los parciales intrínsecos.

Aún así, fue posible desarrollar el estudio, pero el dictamen es “parcial”, aseguraron. Pero no pueden determinar la fecha de escritura sin acceso a los originales en papel. Y resta establecer otra cuestión, más allá de lo técnico: cuál sería el impacto de la data de escritura en un caso en el que decenas de empresarios declararon como arrepentidos y admitieron en sede judicial hechos que fueron mucho más allá de los registros de Centeno. 

Sólo por mencionar algunos casos centrales, Aldo Roggio admitió que su empresa pagó sobornos por valores equivalentes al 5% de los subsidios al transporte que recibió durante parte del kirchnerismo; Carlos Wagner describió los pormenores de la cartelización de las obras públicas viales; Angelo Calcaterra sostuvo -al igual que Losón- que pagó aportes de campaña ilegales para poder seguir contratando con el Estado.

Liquid paper

Los peritos privados que contrató el empresario Losón realizaron una pericia caligráfica y otra lingüística de los ochos cuadernos, en base a las fotografías digitales de los originales. Los resultados no son públicos ni fueron presentados hasta el momento ante la Justicia, y los expertos habrían detectado 116 enmiendas sobre la escritura original de los ocho cuadernos (algunas de las cuales fueron realizadas por el propio Centeno y otras, por “otro escribiente”), según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas del caso. 

El abogado de Losón, Carlos Vela, sólo presentó los resultados de la pericia privada sobre los cuadernos 4 , 7 y 8, que contienen las menciones a su cliente. 

Tras analizar esos resultados del estudio privado, el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia oficial en mayo último. Entre los puntos de pericia, el magistrado solicitó que se estudien las anotaciones borradas con líquido corrector blanco (o liquid paper) a través una prueba química cromatográfica para determinar con extracciones y análisis químicos si fueron agregados en la misma época o a lo largo de distintos momentos, es decir, si Centeno u otra persona realizó los tachados con el corrector blanco a medida que escribía el cuaderno o si fueron realizadas posteriormente con el fin de enmendar datos registrados durante la escritura original.

Este tipo de estudio se utilizó en el caso Hotesur. El fiscal de la causa iniciada por Losón, Gerardo Pollicita realizó esa misma prueba para remover el corrector líquido en actas de asamblea de la empresa hotelera de los Kirchner, lo que le permitió descubrir que se intentó borrar con líquido corrector la participación societaria de la expresidente en la empresa: debajo de donde se leía “Máximo Kirchner”, estaba el nombre de Fernández de Kirchner, de acuerdo con el dictamen de elevación a juicio del caso.

Cuando se tienen los originales, las tachaduras y ocultamiento de partes del texto con corrector líquido blanco se pueden tratar con un infrarrojo, luz transmitida y filtros IR para descubrir el texto original censurado por el escribiente, explicaron los peritos de la Federal.

En el cuaderno 7, por ejemplo, los peritos oficiales identificaron 115 “acciones aditivas” y tres “acciones supresivas” con tachados o ocultamiento con corrector líquido blanco. Los expertos analizaron una de ellas realizada una de las direcciones en las que Centeno anotó que Baratta mantenía reuniones con Losón (“Alem 855”).

La anotación es del 25 de julio de 2013, a las 12:20 horas. La dirección de la avenida Alem está escrita sobre el corrector líquido. Los peritos lograron establecer que se tachó con el liquid paper la leyenda “Grierson”, que se referiría a la calle Cecilia Grierson del barrio Puerto Madero, que no estaría vinculada a Losón. La defensa del empresario sostiene que se tachó para agregar la dirección de Alem para perjudicar a su cliente y que el registro no sería fiel.

La eventual pericia caligráfica de los ocho cuadernos puede ser una caja de Pandora, explicó un segundo abogado defensor del caso. Los empresarios no saben a quién perjudicará o beneficiará descubrir qué hay debajo de las correcciones con liquid paper. De hecho, ningún otro empresario acusado en la causa de los cuadernos se sumó a la causa iniciada por Losón. 

ED/MG