El sobreseimiento dictado a fines del año pasado a favor de los jueces, fiscales, ex funcionarios porteños y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido por una supuesta invitación de un grupo empresario quedó firme y con fuerza de “cosa juzgada”.

Así lo revelaron fuentes judiciales, que precisaron que la nulidad de la causa y el consecuente sobreseimiento dispuesto por el juez Sebastián Ramos fue consentido por la fiscalía y, por ende, ya no tiene instancia posible de revisión.

La Cámara Federal había rechazado como querellante al abogado que formuló la denuncia por el viaje, realizado en octubre de 2022, por los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; por el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro, entre otros.

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco fue rechazado como querellante aplicando un criterio diametralmente distinto al que utilizó la misma Cámara en otros casos, por ejemplo para la reapertura de la Causa Memorando con Irán, en la que aceptó como querella a una asociación civil que nunca había sido parte del expediente en diez años de tramitación.

La investigación sobre el viaje al Lago Escondido, a la estancia del magnate británico Joe Lewis, fue impulsado por el fiscal Federico Delgado, quien murió víctima de cáncer en agosto del año pasado. Su fiscalía fue subrogada por el fiscal Carlos Rívolo, quien a poco de asumir se excusó de intervenir en el expediente del Lago Escondido.

Poco antes de la feria judicial, el juez Ramos declaró la nulidad de todo lo actuado argumentando que “existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”.

No sólo eso: el juez entendió que “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.

La única posibilidad de que la causa continuara estaba en manos del nuevo fiscal, Ramiro González, quien resolvió no apelar la nulidad ni el sobreseimiento.

Al no haber querella y tras el consentimiento de la fiscalía, el sobreseimiento quedó firme tras el vencimiento de los plazos procesales para la apelación, lo que ocurrió tras la feria judicial de enero.

MM

Con información de la agencia NA.

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022. Si el fiscal del caso, Ramiro González, no apela el fallo la semana próxima, la causa quedará cerrada definitivamente.

El magistrado declaró la “nulidad de todo lo actuado”, según una resolución de 73 carillas a la que tuvo acceso Télam.

Los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al penal económico Pablo Yaradola, entre otros imputados.

“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, advirtió la resolución del juez Ramos.

El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado” y ello deriva en la nulidad de la causa.

“Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”, concluyó.

También, sostuvo que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y ello “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.

Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Por otra parte, Ramos remarcó que en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis”

“Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”, concluyó.

Antecedentes de la causa

El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre cuando viajaron en un vuelo privado el juez Julián Ercolini, Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.

Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre de 2022, dos meses después se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.

Por esa razón, la fiscalía pidió investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Entre las pueblas aportadas, se incluyó el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.

La empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copias de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llamó la atención que en todos los casos los pagos figuraban como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizó el mismo día del vuelo”.

Desde 1996 cuando Lewis desembarcó en la Patagonia hay dos causas en su contra: fue acusado de comprar de manera fraudulenta las 12 mil hectáreas en esa parte paradisíaca de la provincia de Río Negro –donde construyó una fastuosa mansión y una estancia que cuenta con una catarata artificial, una pista de karting y un zoológico–, y otro proceso por haber bloqueado un camino público de acceso al Lago Escondido, iniciado hace casi dos décadas por Magdalena Odarda, ex senadora justicialista y ex presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En consonancia con el abogado Almonacid, quien sostuvo que “hay estándares objetivos que se habrían violado a tener en cuenta respecto de las supuestas conductas ejercidas por los magistrados denunciados”, al difundirse el encuentro que sus protagonistas denominaron pretenciosamente “retiro espiritual”, Odarda expresó que “Mahiques debería ser enjuiciado en la Magistratura”. 

El Camino de Tacuifí tiene 19.5 km desde la ruta nacional 40 al Lago Escondido. Durante la inspección ocular ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, el día 19 de marzo de 2011, su presidente, juez Alberto Balladín; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y la autora del pedido de amparo contra Lewis, la senadora Magdalena Odarda, tuvieron que cruzar los ríos Foyel y Escondido por el agua. El abogado de Lewis les dijo que los puentes pertenecen a la corona británica, que son propiedad privada, y les ordenó que pasaran por el agua caminando. No es que antes no hubiera puentes públicos, Lewis los mandó a dinamitar.

Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta.

El camino está afectado al uso público por sentencia del 2013, pero no se hizo nada para abrirlo. A nivel municipal, el Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, había explicado que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. 

La compra de las tierras del Lago Escondido

Carlos Alberto Mahiques integra la sala III de la Cámara de Casación que el 15 de septiembre de 2021, junto a Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, dictó el sobreseimiento de Charles Barrington Lewis y los funcionarios implicados en la compra de las tierras del Lago Escondido, 8.063 has. en el paraje rionegrino de El Foyel. La denuncia originaria de la causa los acusaba de fraude a la ley argentina porque se constituyó una empresa nacional, HR Properties Bs Ab, el 19 de junio de 1996, con capitales y un titular argentinos, pero dos meses después se inscribió en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Hidden Lake S.A. De esa manera, la autorización de la autoridad nacional se concedió a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribió a nombre de otra. Además, fue violada la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe la venta a extranjeros de tierras en sectores limítrofes. 

Con información de agencias.

IG

Joseph Lewis, el multimillonario británico dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, declaró este miércoles ante la Justicia estadounidense, que lo investiga en una causa penal por fraude financiero y traficar información privilegiada. Fue liberado bajo fianza tras declararse “no culpable”.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años, residente en Bahamas, de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados, quienes obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.

Entre 2013 y 2021, “Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos”, declaró el fiscal Damian Williams.

“Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro”, añadió.

Por ejemplo, Lewis es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico. Tras la conversación, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir 700.000 dólares en la empresa, y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, según la BBC.

“Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas”, denunció Williams.

La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por “fraude bursátil”, por lo que enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia AFP.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el empresario se declaró “no culpable” y quedó libre bajo una fianza de 300 millones de dólares, para la que puso como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado, en un acuerdo aprobado por Valerie Figueredo, jueza de instrucción estadounidense . Según el mismo, deberá permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.

Más temprano, el abogado defensor David Zornow calificó de “error flagrante” la acusación vertida contra Lewis, según declaraciones al canal británico Sky News. “Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos”, manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales voluntariamente para responder a los cargos “mal concebidos”, los cuales serían “defendidos enérgicamente en los tribunales”.

En la causa también están acusados Patrick O'Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, que también se declararon como “no culpables”.

Lewis es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con un patrimonio superior a los 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: es propietario del Tottenham Hotspur y tiene una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.

En la Argentina, el magnate está acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Son sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, los que impiden el acceso público a este espejo de agua en una estratégica zona de frontera.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a llegar al lago, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.

Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron hacia allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

Además, están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos Pablo César Casey y Jorge Rendo de Grupo Clarín.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña resolvió que se tramiten en un mismo juzgado la causa que el viaje a Lago Escondido y otra por supuesto “espionaje ilegal”, la cual abierta por la denuncia del imputado Pablo Yadarola en esa primera investigación.

La decisión fue del camarista Leopoldo Bruglia, quien resolvió un conflicto de competencia entre el juzgado federal 2 que lleva la causa Lago Escondido y el 12, donde quedó radicada por sorteo la denuncia del juez en lo penal económico Yaradola, por el supuesto espionaje ilegal de las conversaciones que mantuvieron algunos de los implicados en un chat de Telegram.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado federal 12, sostuvo que la denuncia de Yaradola por la difusión pública del contenido del chat debe investigarse en el mismo juzgado que la causa por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joe Lewis en Bariloche, por ser hechos “claramente entrelazados” y “complementarios entre sí”.

Lijo también sostuvo que “la decisión de uno podría incidir en el otro”, por lo que debería intervenir un solo juez en ambos expedientes.

Sebastián Ramos, titular del juzgado federal 2 a cargo de la causa Lago Escondido, rechazó la competencia por considerar “prematura la vinculación” entre ambos casos y ante “la falta de constancias que indiquen la identidad de los eventos pesquisados en ambas actuaciones o de sus presuntos autores, o de las mismas circunstancias de tiempo y lugar”.

Ante este conflicto de competencia, Bruglia decidió que las dos causas queden radicadas en el juzgado de Ramos, porque “se advierte de momento que los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones registran puntos en común con aquéllos materia de la causa que se pretende de atracción”.

Además, el camarista evaluó que podría estarse “ante una posible concatenación entre los hechos denunciados en ambas causas”, todo ello “sin perjuicio del estado incipiente en la cual se encuentran” las respectivas actuaciones, por lo cual el “avance de los procesos” podría “ameritar un nuevo análisis de la cuestión”.

“En esta instancia, se advierte la conveniencia de que ambas causas sean examinadas bajo la órbita de actuación de un mismo magistrado, que pondere la prueba reunida en su conjunto y totalidad”, concluyó Bruglia.

Ante ello, la Cámara resolvió que “corresponde” que la investigación de la denuncia del juez Yaradola sea enviada al juzgado federal 2, donde ya se tramita la causa penal por el viaje a Lago Escondido, “cuyo marco fáctico de pesquisa resulta de mayor amplitud”. De esta manera, dejó a la “consideración del magistrado la acumulación o no de las causas”.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del Grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

La causa por el viaje a la estancia del británico Joe Lewis tramitó en Bariloche, pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación.

Dicho viaje se realizó el 13 de octubre, cuando los jueces arribaron en un vuelo privado a Bariloche y desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los directivos del Grupo Clarín y los funcionarios porteños.

LC con información de agencia Télam

La jueza porteña Araceli Martínez, quien investigaba el hackeo a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, se declaró incompetente y dispuso el envío de la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py, según fuentes judiciales. La magistrada lo hizo en favor de Sebastián Ramos, que tramita el expediente de Lago Escondido: allí se investiga la presunta aceptación de dádivas por parte de funcionarios y magistrados ofrecidas por empresarios, pero también si sus comunicaciones fueron hackeadas.

La decisión de Martínez trascendió este lunes, pero fue tomada el 28 de abril por un planteo de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación, quien logró detectar que el hackeo al exministro lo llevó a cabo un joven llamado Elías Ezequiel Núñez Pinheiro desde Eldorado, Misiones, de acuerdo con el expediente.

Por otro lado, de Lago Escondido se encuentran el propio D’Alessandro; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño; los jueces Carlos Alberto Mahiques, Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; Leandro Bergoth, exfuncionario de la SIDE y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo, los últimos dos de Grupo Clarín.

“La solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”, sostuvo Martínez en el fallo de 16 páginas.

En el escrito, la magistrada recordó que en la causa tramitada por Ramos -quien deberá decidir si acepta la remisión- se “investiga tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen” como “el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”.

“Por lo demás y adunando la propuesta de asignación al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, es de destacar que el resultado de las maniobras de hackeo y espionaje derivó en la obtención y publicación de comunicaciones que, de chequearse su veracidad, poseería superlativa relevancia e innegable vinculación con los hechos principales que se investigan en ese Tribunal de excepción, en el marco de la causa aludida”, agregó Martínez.

La jueza porteña relató en la resolución que llegaron a la supuesta identidad del hacker a partir de información brindada por la compañía Nosis, a cuya plataforma había ingresado el imputado para obtener o corroborar datos de D'Alessandro, los cuales luego le permitirían realizar la maniobra de Sim Swapping que le permitiría acceder a sus mensajes de Telegram.

El Sim Swapping consistió en obtener un nuevo chip, hacerlo pasar por el de D'Alessandro y pedirle a la compañía de telefonía celular del exministro la recuperación de su línea telefónica; lo que logró tras responder una trivia por Internet donde se le requirieron determinados datos personales de la víctima del hackeo.

Además, Nosis dijo que desde el celular en que se consultó el perfil comercial de D'Alessandro se registraron 16 usuarios en el año 2022, donde se realizaron consultas respecto de setenta y dos (72) personas, entre las cuales se encuentran varias quienes denunciaron ante la Justicia Federal haber sido víctimas de Sim Swapping.

“Dichas personas damnificadas son: Rodrigo Giménez Uriburu (juez), Andrés Fabián Basso (juez), Gustavo Marcelo Hornos (juez), Cristian Vanesa Figueroa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Diego Cesar Santili y el denunciante en estas actuaciones Marcelo Silvio D'Alessandro”, enumeró la jueza Martínez.

Por último, la magistrada hizo hincapié en que “la empresa Nosis ha hecho saber además que advirtió una regularidad entre las contraseñas seleccionadas para los dieciséis (16) perfiles en cuestión, puesto que solo se han utilizado dos contraseñas para todos los dieciséis usuarios”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el rechazo como querellante del Ministerio de Justicia en la causa que investiga el viaje de jueces y funcionarios porteños al Lago Escondido, así como la filtración de chats que revelaron detalles de esa travesía a la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que “no están dadas las condiciones que fija la ley para obtener legitimación activa con relación a las hipótesis planteadas en esta instrucción”. “Es cierto que se ha aceptado en otros casos a determinadas agencias del Poder Ejecutivo como querellantes”, pero “ello siempre estuvo (y está) supeditado a la necesidad de comprobar la concurrencia de un plus en el interés que representa el Ministerio Público Fiscal”, plantearon los jueces.

El voto de mayoría el -camarista Roberto Boico votó en disidencia- apuntó que para ser aceptado como querellante, el Ministerio debió haber padecido “un perjuicio especial, singular, individual y directo”, y “dichas condiciones no se encuentran reunidas en las circunstancias que exhibe”. Ratificaron así la decisión del juez Sebastián Ramos, quien había desestimado una presentación del ministro Martín Soria.

“Por un lado, se denunció a funcionarios públicos (jueces federales, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal de la misma localidad), entre otros, por supuestamente haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”, recordó el fallo.

“Por otro -añadieron los camaristas-, se denunció el 'hackeo y el espionaje' que habrían conducido -de forma delictiva- a acceder a comunicaciones realizadas desde los teléfonos de aquellas personas”.

“Incluso tomado como punto de partida la hipótesis desarrollada en la solicitud –que pretende deducir eventuales alcances o conexiones de los eventos con actos propios de la actividad funcional de magistrados-, las características de aquellos no permiten observar que pudieran generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del Ministerio de Justicia”, insistieron.

LC con información de agencia NA

Martín Soria, ministro de Justicia, amplió este lunes la denuncia contra los jueces federales y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido en octubre pasado, y reclamó que se investiguen “las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario británico Joe Lewis” adoptadas con posterioridad al viaje, como así también los intentos de los imputados de ocultar la escapada patagónica.

Se trata de la causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “dádivas”, iniciada luego de que saliera a la luz ese viaje del que participaron, entre otros, los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y directivos del Grupo Clarín.

En el afán de comprobar si existió una maniobra para ocultar el viaje, Soria reclamó que se secuestren los celulares de los imputados. Esto es luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer versiones que los propios involucrados intentaron instalar una versión que se trató de un paseo financiado por cada uno de ellos.

“La idea de los sindicados era instalar la versión de la simple realización de un viaje de placer por parte de un grupo de amigos, costeado por cada uno de ellos, y que nada tuviera que ver con intereses espurios, ni financiamientos prohibidos”, remarcó el ministro.

El exdiputado planteó también que “otro hecho que corrobora la veracidad de la denuncia original es el intento de manipulación -por parte de los sindicados- de periodistas y de medios de comunicación para establecer versiones de los hechos que hicieran parecer a las acciones delictivas llevadas adelante por la comitiva como carentes de ilegalidad”.

“Esta actividad por parte de los aquí denunciados se vio reflejada en un buen número de notas periodísticas, que dieron cuenta las maniobras que varios de ellos llevaron a cabo con la finalidad de ocultar la existencia del viaje a los ojos del público en general”, sostuvo el funcionario.

La ampliación de la denuncia fue informada por el propio ministro a través de sus redes sociales, donde anunció: “La presentación solicita investigar, entre otros hechos, las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario Joe Lewis dictadas con posterioridad al viaje, así como el intento de los imputados de manipular medios y periodistas para ocultar su accionar ilícito”.

Por ejemplo, al referirse a esas resoluciones posteriores al viaje, el ministro citó en la denuncia que “el Juez Cayssials benefició directamente a Telecom -empresa del Grupo Clarín-, lesionando directamente el patrimonio del Estado Nacional, mediante la declaración de la prescripción de una multa millonaria que el Estado Nacional había impuesto a dicha empresa en 2011”.

“El 14 de noviembre del 2022, a menos de un mes calendario de concretarse las supuestas dádivas y tráfico de influencias que vuestra señoría investiga, el Juez Federal benefició a la empresa de la cual el sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey -también sindicado en autos por haber participado del viaje a Bariloche-, es director de Asuntos Legales e Institucionales”, agregó Soria.

El titular de la cartera también mencionó que “el 21 de octubre de 2022, a menos de una semana de retornar del sur de nuestra Patria, los abogados de Clarín exigieron celeridad a Cayssials a la hora de definir su competencia en la causa judicial en la que tramita una deuda de Papel Prensa con la AFIP, o si debía excusarse”, a lo que respondió “tan solo 7 días más tarde”. “Haciendo honores a la rapidez reclamada por los abogados del grupo con los cuales el juez viaja y se encuentra en Lago Escondido, Cayssials estableció 'la competencia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones', resolviendo justamente la situación pretendida por este grupo”, sostuvo Soria.

El ministro remarcó incluso que “tan escandalosa fueron estas intervenciones de Cayssials que, una semana después de que las mismas se hicieran públicas a través de los medios de comunicación, no le quedó otra alternativa que excusarse en una de esas causas”.

El escándalo por el viaje a Lago Escondido

El escrito presentado hoy amplió la denuncia interpuesta por Soria el 7 de diciembre pasado, quien cumplió instrucciones del presidente Alberto Fernández, en el episodio que investiga el viaje presuntamente pagado por el Grupo Clarín a los mencionados jueces y funcionarios.

Al viaje patagónico asistieron Ercolini, Mahiques, Yadarola, Cayssials, el exministro porteño D'Alessandro y el fiscal general de la Ciudad Autónoma, Juan Bautista Mahiques; todos ellos fueron imputados penalmente en diciembre pasado por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare.

En el mismo trámite, por el ofrecimiento de “dádivas”, la fiscal involucró en la causa a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Según informó esta jornada oficialmente el Ministerio de Justicia, la ampliación de denuncia “expone la decisión coordinada de los integrantes del vuelo privado, con destino al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos”. Para fundar esta afirmación, Soria aportó las publicaciones que dieron cuenta de que “los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que haber abonado nada a cambio”.

Otro de los reclamos del Gobierno es que se investigue si el juez Ercolini incurrió en un accionar irregular cuando no se excusó de intervenir en una denuncia presentada por un abogado para que se investigue una filtración de los chats de D'Alessandro: el magistrado no se excusó (tampoco realizó movimiento alguno) y así facilitó que el caso llegara a manos del juez Sebastián Ramos, quien finalmente la archivó a requerimiento del fiscal Carlos Stornelli durante la feria judicial.

“En mi rol de ministro de Justicia y Derechos Humanos, no puedo dejar de advertir que en causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, afirmó Soria al ampliar la denuncia.

LC con información de agencia Télam

El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó este miércoles que la causa del viaje a Lago Escondido, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en Bariloche, como fue hasta ahora.

“Hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes”, escribió el juez Farah en su resolución, difundida esta mañana.

El lunes pasado, el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe opinó en ese mismo sentido en un dictamen que evaluó el juez Farah al concluir la feria judicial.

“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, explicó Farah.

En ese marco, el camarista indicó que “a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios” y agregó: “Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”.

El pase de la causa a Comodoro Py, rechazado en primera instancia, fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por los jueces Julián Ercolini y Carlos Mahiques, así como el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, quienes fueron recibidos en Bariloche por los representantes del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

El fiscal recordó en su dictamen de 7 páginas que, en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, había sostenido la fiscal federal del distrito patagónico.

La causa se estaba tramitando ante el juzgado federal de Bariloche, que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien anunció recientemente su jubilación, por lo que hubiera sido reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.

Los jueces investigados en esta causa son Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). En el caso también se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

LC con información de agencia Télam

Un dictamen del José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, señala que la causa donde se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios debería pasar de la justicia federal de Bariloche a los tribunales federales de Comodoro Py, tal como reclamaban los propios acusados.

Ahora, deberá ser el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien determine si efectivamente la causa cambia de jurisdicción, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de la causa a Comodoro Py ya había sido rechazado en primera instancia. Fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien está imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Todos ellos fueron recibidos en Bariloche por Pablo Casey y Jorge Rendo, representantes del Grupo Clarín.

“En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de 7 páginas.

El fiscal recordó que, en la imputación formulada por María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, sostuvo la fiscal Etchepare.

Por ahora, la causa se tramita ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal del Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

A principios de diciembre la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, emitió un dictamen en el que deja en claro que no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

LC con información de agencia Télam

El teléfono de Marcelo D'Alessandro se transformó en una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de calcular hoy. Allí quedaron plasmados delitos presuntos, graves y de gran alcance. Pocos en Juntos por el Cambio (JxC) y en el Gobierno de la Ciudad se animan a decir algo más allá de alguna frase de compromiso. “No somos todos lo mismo” es el eslogan que más citan, algo que, a esta altura, entre perpetradores de ilegalidades estilo Gestapo y Super Mario Bros, tiene lecturas inconvenientes para la coalición de derecha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich saborean discretamente la encerrona de su principal rival dentro del PRO, Elisa Carrió imparte absoluciones tempranas y la UCR retorna al lugar que más frecuenta: fingir demencia. Iluminados por el fuego, D’Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta carecen del privilegio del silencio.

El Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA ensayaron un argumento central para desentenderse de los diálogos en los que el segundo aparecería perpetrando fraudes, sobornos y armado de causas judiciales, probables delitos vinculados a decisiones que competen al primero. Sostuvieron que no corresponde validar informaciones provenientes de una fuente ilegal, como es la filtración de conversaciones privadas.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio

La bandera del “fruto del árbol prohibido” que levantan el larretismo y Juntos por el Cambio encierra un problema de índole política, pero también jurídica. Si alguien ha venido legitimando hace años supuestas pruebas provenientes de escuchas ilegales y articulación con servicios de Inteligencia estatales o paraestatales fueron los máximos estamentos de JxC. Por ello es que, a la luz de los antecedentes, nadie descarta que este episodio de la saga provenga de la interna del macrismo. Entrevistado por el canal de La Nación, D’Alessandro dejó el mensaje en su siempre sórdida retórica: “Aquéllos que entiendan que pueden sacar una ventajita política, sea de enfrente o sea del costado, que entiendan que este juego es muy peligroso”.

Jurisprudencia con sello JxC

Jueces y fiscales de Comodoro Py, de primera, segunda y tercera instancia, en tándem con la Corte Suprema, se dedicaron a aceptar filtraciones con contenidos mucho menos inculpatorios que los expuestos en el Telegram de D’Alessandro. De manera que el Gobierno nacional, denunciante del funcionario de Larreta, podría buscar en la parte de la biblioteca que matice la validez de la prueba surgida de filtraciones ilegales, o bien citar la jurisprudencia sentada por los doctores Claudio Bonadio, Martín Irurzun y sus colegas visitantes de Olivos, Los Abrojos y Lago Escondido, amos y señores de los tribunales federales.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio. La exdiputada, hoy protectora de D’Alessandro, centró su carrera en denuncias basadas en fuentes de Inteligencia, muchas veces espurias. Un caso emblemático fue la presentación judicial realizada en 2019 junto a sus laderas Marina Zuvic y Paula Oliveto a raíz de un sobre anónimo que le llegó a Carrió con escuchas a dirigentes kirchneristas y detenidos en el penal federal de Ezeiza, que luego los programas de Jorge Lanata y Luis Majul difundieron como “operación puf”.

Esas transcripciones buscaban desmerecer la supuesta trama extorsiva para arrepentir testigos orquestada por el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, quien tenía como contrapartes presuntamente involuntarias al fiscal federal Carlos Stornelli, al periodista del Grupo Clarín y el programa “Animales Sueltos” Daniel Santoro y a la citada Oliveto (“Negrita”, para el confianzudo extorsionador). El origen ilegal de esa filtración, que los camaristas trasladados por Macri a Comodoro Py todavía se resisten a enterrar, fue doble. El sobre anónimo que la fundadora de la Coalición Cívica dejó asomar por debajo de la puerta suponía de por sí una violación a la intimidad y al derecho básico de defensa de un detenido. Además, los audios habían sido recabados gracias a un montaje judicial para espiar a reclusos en Ezeiza con la excusa de hacer un seguimiento a otro preso. El macrismo utilizó el artilugio varias veces a lo largo de su trayectoria: un juez de cualquier jurisdicción arma una causa y ordena escuchas masivas con criterios muy laxos de tiempo y espacio. Casualmente, el micrófono indiscreto encuentra a adversarios, opositores y cuñados indeseados de Mauricio Macri. Cuando hace falta, las grabaciones llegan a la TV.

La afección de Carrió por las operaciones intoxicadas son variopintas. Por caso, hizo circular una historia falsa de iraníes cruzando el Río de la Plata en Buquebús para llevar a cabo el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman y hasta prestó el living de su casa para un testimonio fraudulento que terminó siendo un sketch para el programa de Lanata sobre “la morsa”.

Quizás las consecuencias más graves de una grabación ilegal reciente fueron sufridas por Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros apuntados en la causa por el memorándum con Irán. Una ironía ínfima y banal de Timerman, en octubre de 2014, en un diálogo telefónico con el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger, sirvió a Bonadio para reabrir la denuncia de Nisman, que había sido desestimada en tres instancias y archivada. La intervención del camarista Irurzun y dos de los jueces de Casación que visitaban a Macri “por motivos sociales” (paddle, etcétera) fue decisiva para plantar el expediente en el juzgado de Bonadio y validar la escucha ilegal. Varios de los procesados pasaron años en la cárcel y Timerman alcanzó a prestar declaración indagatoria poco tiempo antes de morir, con su salud ultrajada. Todos ellos fueron sobreseídos en 2022.

Telegram sin fondo

La teoría del fruto del árbol prohibido tendrá el previsible destino que le deparen Comodoro Py y la Corte Suprema. No obstante, las sospechas sobre D’Alessandro están lejos de agotarse en las filtraciones —hay pasajes, facturas, licitaciones, contratos de acarreo escandalosos, miles de millones de pesos en juego— y en su propia persona.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta está ante un problema: nadie sabe cuánto más puede aparecer en el Telegram del ministro en uso de licencia y en el teléfono de Diego Santilli, al que habrían violentado con el mismo método burdo de pedir un nuevo chip en un local de Movistar.

No sólo genera incertidumbre cuánto más hay en el archivo, sino quién lo tiene —rival interno o externo— y cuándo será divulgado. Un derrotero sobre “60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%”, fotos y audios de su ministro de Justicia que se desgranen hasta las primarias de agosto o las generales de octubre pueden representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral. Las condiciones serán injustas, sin dudas, porque ningún allegado a Macri, ni a Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Cristina, ni a Alberto ni a quien sea el postulante peronista entregará su teléfono para que le revisen los mensajes.

Los probables peligros por venir explican la contradicción intrínseca de D’Alessandro y Larreta, que navegan a dos aguas entre tachar la filtración como falsa y denunciar el hackeo. Si niegan todo de plano, arriesgan la eventualidad de que aparezcan pruebas incontrastables. Si Larreta respalda a su funcionario a rajatabla, el daño podría tornarse irreparable en el futuro, como si hubiera sido poco lo ya trascendido, por lo que alguna distancia está obligado a tomar, sin provocar la ira del ministro licenciado.

Un derrotero en el que se desgranen más alusiones a '60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%', fotos y audios de su ministro de Justicia puede representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral

Bullrich toma impulso en la encerrona de su rival del PRO para cuestionar la falta de respaldo a su funcionario y atina a dejar la puerta entornada para que D’Alessandro, un manodurista con quien tiene buena relación, cruce de vereda en un mercado de pases en el que viene perdiendo por goleada.

Uno de los principales dirigentes del sector de Bullrich configura el escenario ante elDiarioAR. “Horacio da malas señales respecto de lo complicado que puede estar D’Alessandro al no respaldarlo. No la veo a Cristina soltándole la mano ni siquiera a (el hombre de los bolsos millonarios en el convento) José López, a quien mantuvo hasta el final. Soltarle la mano es darle veracidad a la acusación”.

La segunda tanda de audios de D’Alessandro tiene un alcance de un orden distinto a la de Lago Escondido. Los intercambios de los invitados por el Grupo Clarín al paraíso patagónico expusieron a los viajantes en tanto presuntos receptores de dádivas o sobornos, traficantes de influencias y falsificadores de facturas. A los efectos prácticos, la difusión dificultará los favores que los jueces, ejecutivos del Grupo, espías y funcionarios de CABA pretendían obsequiarse, pero el traslado de la responsabilidad de D’Alessandro a Larreta tiene un alcance limitado.

En cambio, los diálogos con Silvio Robles y el contratista de grúas y estacionamientos Marcelo Violante demostrarían acciones y políticas de las que sería muy dificultoso despegar a la cabeza del Gobierno de la Ciudad. Se trata de decisiones presupuestarias y estratégicas de gran calado.

La fuente que trabaja para la candidatura de Bullrich califica como “un espanto el tema de los servicios y los chats” y amplía su mirada en estos términos. “Lo de Lewis es una cuestión ética, no de corrupción. El problema del político es cuando se asusta. De entrada, D’Alessandro debería haber admitido que fue invitado y se acababa el tema. Lo de las grúas, si fue así, es otra historia: un caso de corrupción mucho más serio”.

Ante la difusión del chat, Robles busca refugio sigilosamente en Comodoro Py. D’Alessandro, en cambio, niega la existencia del diálogo en el que el secretario del supremo Horacio Rosatti le pasa letra judicial y legislativa a la bancada de senadores de la coalición de derecha para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura. Los intercambios también exhibirían promiscuidad en el trato entre ambos en el marco del expediente por la coparticipación de CABA.

Dos datos fortalecen la hipótesis de que el diálogo D’Alessandro-Robles existió. Uno, menor: La picardía del funcionario de la Corte expuesta en la forma de expresarse en el chat es reconocible para cualquiera que haya hablado con él; su huella está ahí. Otro, mayor. Robles habría tecleado las instrucciones el 15 de noviembre pasado. En las 48 horas siguientes, la bancada de senadores de JxC actuó en la línea indicada y Larreta fue la voz cantante.

En cuanto a los presuntos negociados con Violante, la respuesta de D’Alessandro en las pocas entrevistas que concedió fue curiosa. No desmintió lo difundido, sino que pretendió restarle verosimilitud porque la organización de licitaciones de estacionamientos y el contrato de acarreo en manos de Dakota, la empresa de Violante, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia porteño. Ante ese argumento, la fuente cercana a Bullrich ríe.

Ni hace falta que D’Alessandro aclare que la decisión de prorrogar de facto, año tras año, el contrato vencido con Dakota para el acarreo de vehículos a cambio de $55.000 por mes, equivalente al pago de sólo nueve traslados de vehículos llevados por las grúas que actuaban en banda, fue una decisión del máximo nivel del Ejecutivo porteño. Si “las 60 verdes y las 50 argentinas” fueron sólo una cuota de una coima para uno de los tantos contratos y licitaciones que organiza la Ciudad, mejor no hacer proyecciones.

Un capítulo aparte merece la reacción del mundo periodístico. En estas semanas, se vio el cruce de vereda entre aquéllos que ventilaban cuanta conversación privada de Cristina o un kirchnerista fuera hackeada durante los años de Macri en la Casa Rosada, aunque fueran apreciaciones personalísimas, y quienes rechazaban de plano todo contenido que una filtración de ese tipo, en respeto a la privacidad y los procedimientos institucionales. Los roles se intercambiaron.

Reapareció una tercera variante, muy común en el periodismo: la del cazador cazado. Aquélla que en la primera década del siglo hizo uso y abuso de la pinchadura de mails y teléfonos provistos por una organización residual de la SIDE menemista con una voracidad insaciable, que a su vez fue víctima de operaciones abyectas de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el macrismo, y que hoy acude en defensa de Larreta y, sobre todo, de Rosatti, en un repentino frenesí por la legalidad.

SL

Juan Grabois planificó durante un mes su mediática excursión a Lago Escondido, cuando denunció la ocupación del espejo de agua por parte del magnate Joe Lewis. Finalmente la llevó a cabo el 27 de diciembre, sabiendo con antelación que entre Navidad y Año Nuevo era más laxa la seguridad privada del magnate inglés. Ahora el dirigente subió su apuesta: en un texto que publicó anoche en su cuenta de Facebook, advirtió que podría haber nuevas intervenciones de ese tipo, pero ya contra empresarios y funcionarios nacionales. 

“Que mejor no le saquen más nada a ningún trabajador pobre de este país después del 20 de enero, ni sus derechos actuales ni sus derechos futuros, porque la próxima vez Lago Escondido va en alguna de sus mansiones a gritarles en la cara nuestra verdad”, escribió el referente del MTE y del Frente Patria Grande, aliado del gobierno del Frente de Todos.

Alentado por repudiar el operativo de la Policía de la Ciudad de ayer contra los vendedores ambulantes en el barrio porteño de Once, Grabois cuestionó al macrismo y al kirchnerismo por igual. Incluso hizo menciones al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, figuras en el último tiempo muy cuestionadas por todos los movimientos sociales oficialistas, ante el recorte al programa Potenciar Trabajo.

“Es algo paradójico cómo les molestan los planeros que supuestamente no trabajan y al mismo tiempo les molestan los manteros que evidentemente sí trabajan. En realidad, lo que les molesta son los pobres y si están organizados, peor. Les molesta cualquier trabajador que no sea un individuo aislado y sumiso que se deja atropellar por los de arriba”, apuntó Grabois, dirigente de diálogo directo con Cristina Kirchner y el papa Francisco.

Luego de defender “a los que el sistema descartó” –donde mencionó desde cartoneros a “quinteros boli” o “los pibes de visera”–, criticó a los funcionarios nacionales. “Los chetos sinvergüenza puertomaderences del Ministerio de Desarrollo Social que los vigilantean en vez de ayudarlos”, dijo sin mencionarla sobre Tolosa Paz, domiciliada en Puerto Madero, uno de los barrios más caros de la Capital Federal. 

También se despachó contra Massa, con quien Grabois llegó a negociar personalmente –según supo elDiarioAR– el bono para personas en situación de indigencia que se entregó a fines del año pasado a partir de la recaudación del llamado dólar-soja. Incluso llegó a amenazar con romper con el FdT, decisión que finalmente no tomó por la promesa del tigrense de abrir la billetera. Y recordó la reciente condonación de deuda por $140 mil millones a Edesur y Edenor –justamente de José Luis Manzano y Daniel Vila, amigos de Massa–. 

“Los quieren hacer sentir culpables de cobrar un complemento miserable de ingresos como si fuera regalo de ellos, los denigran o les niegan presupuesto a las causas sociales para bajar el gasto y chupamediar al Fondo Monetario Internacional pero haciéndose bien los boludos les condonan deudas multimillonarias a sus amigos dueños de EDENOR y EDESUR, subsidian a los sojeros, sostienen exenciones impositivas de multinacionales…”, se leé en uno de los párrafos del texto.

“Ajústense ustedes, ajusten a sus empresarios y financistas, antes de meter la mano en el bolsillo de la gente”, reclamó Grabois. En la última semana del 2022, el MTE –como parte de la UTEP– aceptó una tregua con Tolosa Paz ante el compromiso oficial de entregar un nuevo bono a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo en abril. Los piqueteros oficialistas habían llegado a hacer una inédita movilización contra su propio Gobierno, que terminó en las puertas de Economía.

La queja tenía origen en que el aguinaldo de fin de año se dividió en dos cuotas de $6750 –una en diciembre y otra en enero–, ya que la Casa Rosada necesitaba achicar el rojo del balance anual. Como publicó elDiarioAR, Massa exigió tampoco recargar los gastos públicos en el primer trimestre del nuevo año, y por eso el nuevo bono de $17.000 a beneficiarios de planes será en abril. “Los mantenidos son los multimillonarios, el 1% y algunos parásitos de la política que los hay; pero no son ni los cooperativistas ni los militantes sociales”, rechazó Grabois en su carta.

Justificó hacia el final sus últimas manifestaciones, en la misma semana en que fue sobreseído por el juez Daniel Rafecas –en la causa impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli– por haber dicho en el Puente Pueyrredón que “iba a correr sangre” si no se estipulaba un Salario Básico Universal, medida que la gestión de Alberto Fernández ya descartó. “Vamos a estar defendiendo cada centímetro de nuestra soberanía de las multinacionales expoliadoras y los piratas que con yuta, macristas, jueces, periodistas, patotas y la inestimable colaboración de algunos que diciendo de pico defender las banderas que nosotros sostenemos, en la práctica cambian la justicia del pueblo por poder para sí mismos, por congraciarse con los factores de poder”, escribió.

Y alertó de más escraches durante el año electoral, justo cuando Grabois está acordando, supo elDiarioAR, el apoyo de las candidaturas de dirigentes del Movimiento Evita en distritos del conurbano para pelearle al peronismo histórico, como Leo Grosso en San Martín y Patricia “Colo” Cubría –esposa de Emilio Pérsico– en La Matanza. En la disputa nacional, Grabois acompaña el coqueteo de Wado de Pedro como presidencialista del kirchnerismo, aunque también dijo que oficializará su postulación si el ministro no se presenta. “Sigan juntándose las lacras del gorilaje, los serviles al poder de turno, los periodistas cometeros, los jueces de la injusticia, los Ercolini y Stornelli de la vida, la caterva de envidiosos y resentidos de la política... juntense toditos y sigan pegando que nosotros aguantamos los trapos y nos van a ver cada vez más seguido, van a ver más acciones de resistencia no violenta pero si vehemente, van a ver cartoneras en el congreso, más villeros, más pibas, más militantes de causas justas”, advirtió. Y cerró: “No todos queremos ser amigos de Lewis. No todos queremos ir al sauna del Lago Escondido”.

MC

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente que se abrió a partir de la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, a partir de la difusión de supuestas conversaciones suyas a través de plataformas de mensajería digital instantánea como Telegram y Whatsapp.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal se excusó porque en la última filtración de chats atribuidos a D'Alessandro su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”, por lo que entendió que correspondía que intervenga otro funcionario judicial, más allá de que enumeró las veces que tomó contacto con el funcionario porteño y se comunicaran frecuentemente.

La denuncia de D'Alessandro fue apuntada contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, exespías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti -que habilitó la feria para dar tratamiento a esta denuncia-, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D'Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos Contactos aparece uno al cual se refiere como 'Carlos Rivolo Fiscal'”, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

“Desconozco cómo las plataformas -Whatsapp, Telegram u alguna otra- adjudican la 'frecuencia' de los contactos, amen que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, afirmó.

“Conforme mi rol de ex Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación -durante los períodos 2016 -2019-2022- y Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”, reseñó.

“En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020”, continuó Rivolo.

“Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante -por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro- en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 ”García Jonatan Manuel y otros s/daños “ -que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo.- y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) ”Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa“- que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, detalló el fiscal.

Finalmente, sostuvo: “Sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats -bajo ningún formato de plataforma- que me haga sostener, aún por simple deducción que puedo ser catalogado de 'contacto frecuente' como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”.

Con información de Télam.

IG

Un grupo de activistas y dirigentes sociales liderados por Juan Grabois ingresó en la estancia del magnate británico Joe Lewis frente al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Además de fotografiarse a las orillas del espejo de agua, denunciaron la existencia de “un Estado paralelo”, “solo accesible los jerarcas del poder judicial, las fuerzas de seguridad, los medios hegemónicos y los políticos serviles al poder real”.

La consigna hace referencia a la filtración de chats en octubre pasado entre jueces y fiscales, como Julián Ercolini y Carlos Alberto Mahiques; funcionarios de la Ciudad, como el ministro Marcelo D'Alessandro y directivos del Grupo Clarín, quienes participaron de una reunión en la estancia de Lewis, cerca de San Carlos de Bariloche.

El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue acompañado de una veintena de personas que llegó a través del camino de Sirga y sin aparentes complicaciones por el personal de seguridad. Entre los presentes, se encontraba Federico Fagioli, uno de los diputados nacionales del partido que Grabois preside -el Frente Patria Grande- que integra el Frente de Todos (FdT).

Antes del desembarco, Grabois publicó un video en redes sociales donde le pidió a los gobernantes locales, provinciales y nacionales a que “se pongan la celeste y blanca para defender los derechos del pueblo y de su Patria”, apuntando contra “las ocupaciones ilegales de Joe Lewis en el sur”, en medio de las denuncias contra el empresario por haberse adueñado de tierras públicas, limitando los accesos del patrimonio natural.

“El Triángulo de Lewis se construyó violando todas las leyes. Hace 20 años hay un fallo para abrir un sendero público. El Lago Escondido forma parte de un enclave colonial inglés asentado ilegalmente en una zona de seguridad nacional. No puede haber una propiedad de una empresa transnacional, lo dice la ley”, cuestionó el dirigente sobre los otros dominios de Lewis: un aeropuerto en Sierra Grande y la Estancia El Cóndor, en el Estrecho de Magallanes, a kilómetros de las Islas Malvinas.

Grabois citó al pacifista y político hinduista Mahatma Gandhi. “Nuestra acción se enmarca en el concepto de Resistencia No Violenta con el que Gandhi enfrentó el imperialismo inglés en la India. No estamos violando ninguna ley, simplemente ejercemos nuestro derecho constitucional al libre acceso a la costa de los lagos”, afirmó y concluyó: “Nosotros somos argentinos que queremos liberar este pedacito de patria de la ocupación ilegal”.

LC con información de agencia NA

La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó ayer personal de fuerzas federales de seguridad, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación al exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

En la primera repercusión política tras el allanamiento, el diputado Leopoldo Moreau publicó hoy en Twitter: “La fiscal de la causa que investiga a los jueces y fiscales mafiosos que fueron invitados por Clarín y Telecom allanó durante varios horas la mansión de Lago Escondido. Se llevó mucha documentación y testimonios. Parece que Casal y Casanova fracasaron y no la pudieron intimidar”.

Ayer, en tanto, se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Rio Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.

En el requerimiento de instrucción, la fiscal detalló que el avión en el que se trasladaron la mayoría de los investigados pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habrían viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarcó la fiscal.

Esos señalamientos de la fiscal generaron una batería de medidas de prueba tendientes a determinar cómo se financió el viaje para lo cual deberá comprobarse si los comprobantes aportados al expediente son genuinos o corresponden a una maniobra urdida para tapar que en realidad el viaje no fue pagado por los jueces y funcionarios que lo abordaron.

Etchepare consignó también en su requerimiento de instrucción de la semana pasada que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco a fines de octubre, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de ese mes viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarcó la funcionaria judicial.

Etchepare indicó que “en cuanto a los pasajeros arribados” a Bariloche ese día “no figura en ninguno de los vuelos el expresidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo”.

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) “la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado”.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local, principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, añadió.

Con información de agencias.

IG

Martín Soria, el ministro de Justicia, operó en las últimas 72 horas como enlace entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Desde el domingo, tras publicarse en Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la Luna, los chats entre jueces y funcionarios sobre un viaje a Lago Escondido, Soria se convirtió en el hacedor, entre las indicaciones del presidente y las sugerencias de la vice, de una tarea que se convirtió, a las 7 AM del miércoles, en una denuncia contra los participantes de ese encuentro secreto en el sur.

Soria, con terminales directas en la vice, oficio de ejecutor del mandato de Fernández para confeccionar una denuncia sobre el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios hicieron a Bariloche invitados por el grupo Clarín. El ministro siguió una pauta precisa: armar un escrito que no dé lugar a pedidos de nulidad, en particular por la información que surgió al publicarse los supuestos mensajes del grupo de Telegram bautizado “Operación Página 12”, a raíz de una noticia publicada en ese medio el 17 de octubre pasado que fue la primera información sobre el viaje.

El dato no es menor y explica, según indicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, un dato llamativo: en la denuncia judicial, y en el comunicado oficial que se difundió sobre la misma, no figura Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, sobrino de Héctor Magnetto, Ceo del holding, y uno de los candidatos a suceder al propio Magnetto en la conducción del mayor grupo de medios del país. La explicación a esa omisión fue que “no había” información que pueda dar cuenta de la presencia de Casey por lo que, se dijo, si su inclusión en la denuncia daba lugar a que la fuente de la acción sean los chats filtrados, podría derivar en un eventual pedido de nulidad.

Ese era el contexto cuando se radicó la denuncia porque, hasta entonces, no había trascendido la imagen que muestra a Casey y Jorge Rendo, presidente del grupo Clarín, en el aeropuerto de Bariloche junto al grupo de jueces, fiscales, funcionarios y exagentes de inteligencia.

Lecturas

La omisión, aunque tiene esa explicación jurídica, tiene una derivación en una interpretación del escándalo que circula entre dirigentes de extrema confianza a Cristina Kirchner y que ven la difusión de los chats, no está claro si es producto de una filtración interna o de un hackeo, como parte de una interna en el grupo. La inclusión de Rendo en la denuncia pero no de Casey alimentó las interpretaciones febriles. A veces, las explicaciones son más sencillas. En rigor, la omisión de Casey no hizo más que poner la lupa en el detrás de escena de la denuncia.

El miércoles, la fiscal federal de Bariloche, María Etchepare, imputó a los mencionados en la denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia nacional y, además, a Casey. Se trata de los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. En paralelo, elevó un pedido a la justicia para que active medidas sobre el rol que tuvieron Rendo y, también, Casey. La fiscal es mencionada, sin citar su apellido, en los chats filtrados.

La denuncia oficial fue el paso posterior a la decisión de Fernández de realizar, el lunes, una cadena nacional que tuvo como motivo central darle visibilidad a un tema que hasta entonces no había llegado a algunos medios, en particular los del grupo Clarín, pero también La Nación. La presentación de Justicia, hecha por Soria por indicación del Presidente, lleva esa postura a otro escalón porque aparece, incluso, una derivación empresarial el hecho de que haya una posible imputación a Rendo, presidente del grupo Clarín.

El martes, Cristina cenó en Ensenada con un grupo de dirigentes y dio algunas pistas sobre lo que viene: pidió profundizar la denuncia sobre eso que llama “mafia judicial”, postura que el miércoles al mediodía explicitó la senadora Juliana Di Tullio, presidente del bloque de Unidad Ciudadana, en una conferencia de prensa de legisladores del oficialismo en la que se solicitó una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La vice, como lo mostró en su discurso post sentencia, está dispuesta a desplegar un arsenal político y de comunicación que tiene, como punto inicial, la identificación directa de los protagonistas. Así, por ejemplo, en su mensaje del martes mencionó en varias ocasiones a Magnetto. Este miércoles, en distintos puntos del gran Buenos Aires aparecieron pintadas con una frase de la vice: “Mascota de Magnetto jamás”.

Para Cristina, así y todo, la cadena nacional de Fernández y la denuncia penal del gobierno no parecen ser suficientes como para volver a compartir escenario con el presidente. Está en preparación, para el lunes, una actividad en el CCK por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, evento que por propuesta del presidente se convertirá en un “Encuentro Internacional de Solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner”, del que participarán referentes de varios países. Si bien está contemplado que participen ambos, estaba por definirse si se mostrarán juntos: la apertura estaría a cargo de Fernández y el cierre a cargo de la vice.

Este martes, según fuentes del FdT, el presidente y Cristina tuvieron un contacto luego de conocerse la sentencia sobre la causa Vialidad, y tras el mensaje que la vicepresidente dio a través de sus redes sociales en las que anunció que no será candidata “a nada” en el 2023.

Otro efecto colateral que siguen desde el FdT, y que estuvo en la sobremesa de la cena que el martes tuvo la vice con dirigentes bonaerense en Ensenada, tiene que ver con las derivaciones dentro del dispositivo del PRO. Uno muy específico respecto a que, entienden, tarde o temprano, Horacio Rodríguez Larreta va a “mover” de su gabinete a Marcelo D’alessandro. Surgen, de ahí, un nudo de especulaciones sobre quien pidió, y o financió, el supuesto hackeo al funcionario. No falta, nunca, la interpretación de que formó parte de la interna del PRO.

PI

Horacio Rodríguez Larreta esperó hasta último momento del martes a la noche para decidirse a viajar a Estados Unidos, en su primera gira como precandidato presidencial. Dos elementos lo hacían dudar: el escándalo que involucra a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el clima social que podía generarse con el fallo de la Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas al jefe de gobierno porteño. Sin marchas kirchneristas importantes en las calles de la Ciudad, finalmente se subió al avión que lo depositó este miércoles a la mañana en Washington, donde armó una agenda cargada de reuniones con funcionarios de Joe Biden, legisladores demócratas y republicanos, y empresarios de alto nivel.

Tras la sorpresa electoral que anunció la vicepresidenta hacia el 2023, Larreta viajó a EE.UU. con el traje de precandidato más puesto que nunca. El objetivo que se trazó fue el de “profundizar la relación bilateral con los Estados Unidos y exponer una visión de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina”, según se comunicó oficialmente desde la Ciudad. 

Tomó aire así de la revelación de chats entre funcionarios de la Justicia, directivos del Grupo Clarín y D’Alessandro, con quien Larreta conversó personalmente el lunes por la tarde, luego de la habitual reunión de gabinete de la Ciudad. Si bien el funcionario nunca desmintió haber viajado a Bariloche con el resto de los implicados – habló de una “mafia kirchnerista” en su contra–, recibió el respaldo cerrado de su jefe político. 

“Es un tema álgido”, consideró un operador porteño sobre cómo cayó la revelación del escándalo en Uspallata. Aunque negó que tenga impacto en la campaña electoral del alcalde, cree que habrá “más capítulos en la historia”. Por ahora, ni siquiera el uso de los chats que hizo Cristina Kirchner en su descargo vía YouTube alteró los planes en la Ciudad. Antes de irse a Washington, Larreta emitió un comunicado en su Twitter en el que remarcó que la causa Vialidad “era impunidad o justicia”. “La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistemático sin precedentes en la historia”, señaló.

Intentando dar vuelta la página de los capítulos D’Alessandro y CFK, Larreta avanzó en su gira armada por el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface, y su segundo, Francisco Resnicoff. También viajó con él su pareja, Milagros Maylin, ya ex funcionaria. 

El viaje a EE.UU. contó con cierta colaboración del embajador argentino en la capital norteamericana, Jorge Argüello, y el embajador de aquel país en Buenos Aires, Marc Stanley. Serán encuentros de alto nivel político y económico, donde el alcalde intentará mostrar sus credenciales como un “presidenciable confiable” en la carrera hacia la Casa Rosada.

La agenda larretista

Este mismo miércoles, en su primer día en Washington, Larreta tenía previsto reunirse con funcionarios de la Casa Blanca sobre un amplio abanico de temas, desde la cooperación en la lucha contra el terrorismo hasta la importancia de recursos naturales claves para el desarrollo futuro: alimentos, energía y litio. 

Las entrevistas previstas serían con José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente del Departamento de Estado; Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Dan Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa.  También tenía en agenda un encuentro con Kevin O’Reilly, coordinador nacional de la Cumbre de las Américas, ante el primer encuentro de ciudades que se realizará en Denver, en abril próximo.

El jueves el alcalde tiene como plato fuerte verse a solas con John Kerry, ex candidato presidencial por el Partido Demócrata y enviado especial para el Clima del gobierno de los Estados Unidos. Ya se conocen de haberse reunido en 2021. La intención ahí es dialogar sobre el cambio climático y la producción sustentable de alimentos. Además, Larreta se reunirá con Pete Buttigieg, secretario de Transporte de los Estados Unidos y exalcalde de South Bend, Indiana. En lo que respecta a la agenda legislativa, se reunirá por separado con el senador republicano Bill Cassidy y con el senador demócrata Tim Kaine.

La última jornada –el viernes– estaría casi exclusivamente dedicada al lobby con empresarios. Larreta expondrá en la US Chamber of Commerce, donde buscará convencer a directivos de grandes firmas su plan de “reformas necesarias para que el país se desarrolle” y las “oportunidades de crecimiento de la Argentina”. Participarán ejecutivos de alto nivel de Chevron, Procter & Gamble, General Motors, Excelerate Energy, Merck, Kimberly-Clark, Morgan Stanley, Amazon, Exxon, Spotify y Citigroup, entre otras compañías. 

El alcalde también se reunirá a solas con Peter Yu, socio mayoritario de Flybondi, unas de las aerolíneas low cost que funciona en la Argentina desde la época de Mauricio Macri. El precandidato de JxC busca conversar sobre “la necesidad de recuperar una política de conectividad nacional e internacional”.

En otros momentos de su gira, el jefe de gobierno se reunirá también con Susan Segal, presidenta del Americas Society/Council of the Americas. Conversará con Ian Bremmer, politólogo y fundador de Eurasia Group. Además, expondrá ante los think tanks Wilson Center, Inter-American Dialogue y Atlantic Council. Y concluirá la agenda con una visita a la Universidad de Georgetown, para dialogar con estudiantes, y una reunión con más de 100 argentinos que residen en Washington, la mayoría de los cuales se desempeñan en diferentes organismos internacionales.

MC

La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

La decisión de la fiscal fue difundida este miércoles pero fechada ayer, el mismo día que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública. Desde entonces, desde el oficialismo se buscó trazar una relación entre el fallo contra la vicepresidenta y el escándalo derivado del viaje a Lago Escondido.

Es que entre los viajantes figura el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa Vialidad por la que fue condenada Fernández de Kirchner.

El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre y además de Ercolini, también viajaron en un vuelo privado Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.

Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre, este fin de semana, se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.

Por esa razón, la fiscal también pide investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Entre las pueblas aportadas, Etchepare incluye el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.

A pedido de la fiscal, la empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copia de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, Etchepare remarca que muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”.

Otra de las pruebas presentadas es la confirmación que los dos directivos del grupo Clarín viajaron por separado en las mismas fechas en que lo hicieron los jueces y fiscales junto al ministros de Seguridad porteño. Y agregó fotos de todo el grupo en el hall del aeropuerto.

Etchpare descarta que al grupo se haya unido el ex presidente Mauricio Macri ya que en ese momento no se encontraba en el país.

En otro tramo de la presentación, la fiscal remarca el conflicto que podría implicar la presencia de funcionarios judiciales en la estancia de Lewis, quien mantiene desde hace años una disputa con grupos mapuches por el acceso al lago. “Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de ”Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia“, dice el dictamen.

Por último, Etchepare agrega que “a esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”.

Por esa razón, la fiscal solicitó que se disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos”. Además, pidió que se acepte como querellante al abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien presentó la denuncia que originó la causa.

El Gobierno Nacional denunció este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial.

El comunicado

Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse.

Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política“.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación.

En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público“. 

Cristina Kirchner cenó con dirigentes y les pidió que “tomen el bastón de mariscal”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner les pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que “tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular” de cara a las elecciones presidenciales de 2023, de las que ella se autoexcluyó, en el marco de una cena que compartieron anoche en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego de conocerse el veredicto que pronunció el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y de su discurso en el que afirmó que no será “candidata a nada” en 2023, la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en el Complejo Recreativo “Cristina Fernández de Kirchner” de la localidad de Punta Lara, en Ensenada.

Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta “muy entera” y con la firme convicción de que hay que “dar una batalla” contra lo que considera una persecución judicial pergeñada entre un sector de la justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.

Además, todos coincidieron en que Fernández de Kirchner les pidió “usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'”, contó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los presentes en la cena de anoche.

“Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a El Destape Radio que realizó esta mañana y agregó que “quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego”.

Fuentes partidarias explicaron que se trata de la octava reunión entre dirigentes y referentes de distintos espacios que se reúnen una vez por mes, con la particularidad de que, en este caso, la Vicepresidenta decidió estar presente.

Según varios de los referentes políticos que estuvieron en el encuentro, allí Cristina Kirchner planteó que “existe un desafío colectivo que la trasciende a ella para enfrentar la crisis actual y que va más allá del proceso electoral, por lo que hay que buscar definiciones de fondo”.

Además de Kicillof participaron de la cena en Ensenada el diputado y presiente del PJ provincial Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.

También estuvieron el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa; intendentes como Mayra Mendonza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Los legisladores bonaerenses Teresa García, Susana González, César Valicenti, Omar Plaini y Adrián Grana; los diputados nacionales Carlos Heller, Vanesa Siley y Leopoldo Moreau; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout fueron otros de los participantes.

De igual modo, estuvieron el subsecretario de Ejecución de Obra Pública, Edgardo Depetri; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Paco Manrique.

El subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo, Lauro Grande; la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella fueron otros de los que dieron el presente.

En declaraciones radiales, Larroque también confirmó esta mañana que el encuentro en Ensenada se trató de una “reunión habitual de las que se hacen una vez por mes como un espacio de debate donde ayer ella (Cristina Kirchner) decidió participar luego de un día muy especial”.

“Más allá de eso, creo que estamos ante una situación límite, un punto de inflexión. Cristina lo expresó con toda claridad ayer y yo creo que convoca al conjunto del pueblo, a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y a la dirigencia en su conjunto a asumir cuál es la pelea real en la Argentina”, cerró.

En declaraciones a Télam, Correa aseguró que “pese a este intento de proscripción al peronismo, vi a Cristina muy entera. Está haciendo lo que corresponde, que es conducir el frente nacional” y agregó: “En los '80 y '90 no teníamos conducción, luchábamos como podíamos. Con ese criterio maternal que ella tiene, nos dijo: 'ya están grandes, hagan lo que tienen que hacer”.

“Anoche Cristina fue muy concreta, nos dijo: ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal” y detalló: “tenemos el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales: hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria”.

Correa interpretó que Fernández considera “que debe haber un recambio generacional: Evita fue Evita a los 26, Perón fue Perón a los 42” y graficó: “Nuestro gobernador tiene 51 años, Máximo, Wado y el Cuervo son cuarentones largos”.

“Es muy difícil que ella de marcha atrás con lo que dijo sobre no ser candidata. Ella nos interpela hacia adentro y también hacia afuera. Ella piensa a futuro, en el desafío que tenemos como peronistas para resolver los problemas de los argentinos”, resaltó.

En igual tono se expresó Saintout ante esta agencia al contar que en el encuentro de anoche la titular del Senado convocó a los presentes “a hacernos cargo de encontrar una salida, de organizarnos y luchar por eso” y añadió: “Nos tenemos que hacer cargo de defender y reconstruir la democracia que la mafia de Héctor Magnetto intenta destruir, tenemos que decidir si estamos con la mafia o con la democracia”.

En sintonía con ello, Secco dio detalles a Télam sobre la charla de anoche: “Charlamos con sinceridad con los compañeros. Ella es una mujer extraordinaria con un coraje tremendo. Nos pidió que nos hagamos cargo, todos los que estábamos allí tenemos la responsabilidad de salir a pelearla, y eso es lo que haremos porque están lastimando la democracia”.

Por su parte, Barrera también coincidió en que Cristina Kirchner “está bien y entera a pesar del fallo”, calificó al encuentro como “emotivo” y coincidió con el resto de los dirigentes en que les dijo “que cada uno tenemos ahora el bastón de mariscal”.

Destacó que Fernández de Kirchner les dijo a los presentes “que hay que salir a jugar y a bancar porque esto que le pasa a ella, perjudica a todo el pueblo” y añadió: “Hay que salir a explicarlo para que todos lo entiendan. Está en riesgo todo el sistema democrático. Hay un antes y después de esta sentencia”.

El apoyo de Diputados y Senadores del FdT

Este miércoles, referentes del Frente de Todos de las Cámaras de Diputados y Senadores dieron una conferencia de prensa para respaldar a Cristina Kirchner. “No hay Poder Judicial, fue reemplazado por una mafia judicial empleada de los poderes económicos”, denunció la senadora Juliana Di Tullio, tras conocerse el fallo de la causa Vialidad

El contacto con los medios se celebró en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja y Di Tullio se refirió a la filtración de chats donde funcionarios judiciales, empresarios de medios y políticos, presuntamente planifican su desvinculación del escándalo que se desató tras trascender un viaje que realizaron en un avión privado a la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, cerca de Bariloche. 

Para la senadora, acompañada de unos 50 legisladores nacionales, la “mafia judicial no solamente afecta al peronismo; afecta a todo el pueblo argentino. Y toda la sociedad va a tener que hacerse cargo de esta mafia judicial”. 

Asimismo, aseguró que con el fallo de la causa Vialidad, la Justicia condenó a la Vicepresidenta por ser “la única dirigente política capaz de pelearse con el poder económico más importante” y recordó que en la década del '90, “el poder se sintió impune y mandó a matar a un periodista”, en alusión al fotógrafo José Luis Cabezas.

Con información de agencias.

IG

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó hoy de “una nueva operación del kirchnerismo” la filtración de chats y audios entre jueces funcionarios de la Ciudad y empresarios para enmascarar un viaje a Bariloche denunciado como “dádivas”.

“Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, señaló Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter.

“Hablé con @MarceDaless y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga”, dijo en referencia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien dijo hoy que fue hackeado y denunció una operación del kirchnerismo.

Este domingo se publicó una información según la cual jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis, lo que abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

En diálogo con Radio Mitre, D'Alessandro dio a entender que su celular fue hackeado y que los chats que lo involucran fueron editados: “Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la Vicepresidente”.

“Son chats que se crearon”, afirmó. “De forma falsa, ilegal, se realiza un posteo de un supuesto grupo, con supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones”, agregó, y dijo que “se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de manera que está ahí”.

En su cuenta de Twitter, el funcionario porteño habló de una “mafia kirchnerista” y declaró que realizará una denuncia penal por el caso.

“Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, apuntó el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

En otro tuit, recordó: “Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a De Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito”.

Por último, anunció: “Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad”.

La defensa a D'Alessandro de Patricia Bullrich y Diego Santilli

También Patricia Bullrich, presidenta del Consejo Nacional del PRO, y el diputado nacional Diego Santilli defendieron a D'Alessandro, luego de la filtración de supuestos chats que involucran al funcionario en el vuelo privado a Lago Escondido junto a empresarios, ex funcionarios, jueces y fiscales.

“Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad”, acusó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Bullrich volvió a tuitear después de la cadena nacional de Fernández: “Presidente, está claro que usted es testaferro de la presidenta en funciones”.

“Las intentaron todas: lawfare, operaciones de inteligencia y mentiras. Pero el que robó el dinero del pueblo LAS PAGA. AHORA, LA PLATA DEL PUEBLO DEBE VOLVER AL PUEBLO”, finalizó.

En esa misma línea fue Santilli: “Llama mucho la atención y no parece casual que esta operación de inteligencia ilegal salga a la luz un día antes del fallo de la causa vialidad. Todo mi apoyo a Marcelo D'Alessandro, un funcionario que conozco y respeto hace años”.

En un mensaje en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández subrayó que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, asegurando que “es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas”.

LC/CRM con información de agencia NA

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

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