El Congreso de Perú destituyó de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, sin que nadie lo pudiese sospechar ni prever al comenzar el día. Ahora asume de forma interina la jefatura del Estado el jefe del legislativo, el derechista José Jerí, que se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.

A seis meses de las próximas elecciones, previstas para abril de 2026, a primera hora del jueves, ningún partido había manifestado su intención de sacar a Boluarte del poder tras casi tres años en el cargo. Sin embargo, en pocas horas, se encontró con cuatro mociones, conocidas en el país como “vacancia por incapacidad moral permanente”, que salieron adelante gracias a los 122 votos de los partidos conservadores que hasta este jueves apoyaban a la ya expresidenta. En ellas, se declaró su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Con el abrupto final de Boluarte, Perú escribió en pocas horas un nuevo capítulo de su larga convulsión política que vive el país desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato completo y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar. Analizamos las razones detrás de esta destitución, sus escándalos y qué va a pasar a partir de ahora.

Presidenta a merced de la derecha

Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022. Sucedía en el cargo a Pedro Castillo (2021-2022) después del fallido intento de autogolpe de Estado protagonizado por el izquierdista gobernante para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso tras salir a la luz numerosos indicios de presunta corrupción en su administración. Se convertía así, además, en la primera mujer presidenta del país.

Desde ese momento, Boluarte, que había llegado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda radical encabezado por Castillo, decidió aliarse con las fuerzas de derecha. De esta forma logró que, en lugar de convocar nuevas elecciones como pedían las masivas protestas que se sucedieron durante los meses siguientes a la detención y encarcelamiento de Castillo y que fueron duramente reprimidas con más de 50 muertos, intentase completar el mandato hasta el 28 de julio de 2026.

Desde entonces hasta este mismo jueves, Boluarte había logrado salvar seis mociones previas para ser destituida gracias al apoyo de la derecha que controlan el legislativo peruano y que habían presionado férreamente a Castillo en su mandato.

Su enorme impopularidad

A medida que se acercaban las elecciones de 2026, la enorme impopularidad de Boluarte comenzó a ser un lastre para los partidos que la respaldaban. Así, poco a poco comenzaron a criticarla por su gestión y a volverse momentáneamente oposición para luego volver su posición inicial de respaldo.

El motivo detrás de este progresivo alejamiento son las bajas tasas de aceptación con las que contaba Boluarte. En concreto, apenas llegaba al 3% de aceptación dentro de la población peruana. Los más de 50 muertos en las protestas por la detención y encarcelamiento de Castillo esfumaron toda popularidad que pudiese tener una política que, hasta las elecciones de 2021, había basado su carrera política en haber sido candidata a alcaldesa de su municipio.

Aunque lo cierto es que el Congreso apenas supera el 5%, al ser percibidos ambos poderes como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para ellos mismos, y alejada de los intereses de la población.

Hasta once investigaciones abiertas contra ella

A los más de 50 muertos por las protestas, Boluarte se enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción. El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que esté viernes solicitará que un juez le prohíba a Boluarte salir del territorio nacional

Entre ellas estaban casos como el Rolexgate por supuestamente haber recibido relojes de lujo y otros suntuosos regalos a cambio de favores. También la estaban investigando por no haber informado de su temporal incapacidad al someterse a una serie de cirugías estéticas y falsificar su firma durante el tiempo que estaba convaleciente. Y el Ministerio Público también la puso en el foco por favorecer la fuga de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre.

A pesar de estas investigaciones abiertas, las fuerzas que dominan el Congreso siempre la protegieron de las denuncias de la Fiscalía e incluso el Tribunal Constitucional llegó a sacar una polémica sentencia que limita las posibilidades del Ministerio Público de investigar a la jefa de Estado.

La gota que colmó el vaso: la crisis de inseguridad

La gota que parece que colmo el vaso y que motivó a activar el proceso de destitución de Boluarte fue la escalada de criminalidad a nivel nacional y las nuevas protestas registradas en las últimas semanas en el centro de la capital Lima lideradas por la denominada Generación Z. El ataque con armas de fuego a un popular grupo de cumbia, que dejó heridos a cuatro de sus miembros, encendió las redes sociales y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el aumento de la criminalidad. 

A esto hay que sumarle el masivo paro en el sector de los autobuses de transporte urbano que el lunes paralizó la capital ante una ola de extorsiones y asesinatos de conductores.

¿Y ahora qué?

A pesar de todo este bagaje, todo parecía indicar que el pacto entre Boluarte y fuerzas de derecha como el fujimorismo continuaría hasta las elecciones de 2026. Sin embargo, los partidos que la sostenían en la Presidencia prescinden ahora de ella para tratar de buscar algo de popularidad. La mayoría de los líderes de estos partidos tiene aspiraciones presidenciales, como Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular.

Por ahora, el abogado y congresista de 38 años José Jerí (1986) asumirá el cargo hasta las próximas elecciones tras un paso por el Parlamento relativamente discreto pero con la gran mancha de una denuncia por violación sexual a inicios de año que se archivó hace dos meses. El hasta ahora jefe del legislativo y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2025 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

¿Qué pasará con Boluarte?

Más allá de la duda de quién asumirá el cargo a partir de 2026, el gran interrogante también es que pasará con Boluarte. La presidenta se negó a asistir al hemiciclo este jueves y durante toda la jornada no salió del Palacio de Gobierno hasta que se consumó la destitución.

Posteriormente, se despidió del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución. La mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros, en una alocución donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado. Boluarte comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de la transmisión.

Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido. Más de cuatro horas después de abandonar el palacio presidencial se desconoce su paradero, pues aparentemente no llegó a su domicilio en el residencial distrito limeño de Surquillo.

Durante la tarde del jueves se rumoreó que podía haber tanteado la posibilidad de un asilo en Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, su abogado personal, Juan Carlos Portugal, aseguró que Boluarte no tenía intención de pedir asilo ni de fugarse del país, pese al riesgo de ser detenida ante las múltiples investigaciones que tiene abiertas en Fiscalía.

Con información de EFE

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se ha presentado ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú termina así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumió la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuvo en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señala que se declara la “permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República” peruana. Detalla que este jueves se han presentado cuatro mociones de orden del día que han propuesto la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.

Por ese motivo, resolvió declarar su “permanente incapacidad moral” y la vacancia de la presidencia, así como “en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido” en la Constitución peruana.

Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que el presidente del Congreso José Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. “En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia”, remarcó. De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.

Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, había anunciado en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso. “Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, aseguraba.

Portugal acusa, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado “a esta garantía” y consumar “su violación”. “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones”, concluye.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.

El proceso contra Boluarte

Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.

El proceso es irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada se han acumulado de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se ha quedado sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.

Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3% según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte. 

Con información de EFE

La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada en el marco de una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar la propiedad de costosos relojes.

El Gobierno peruano calificó a la medida judicial como una acción "desproporcionada e inconstitucional".

De acuerdo a imágenes difundidas por varios medios locales, la puerta de la casa de Boluarte fue derribada a última hora del viernes por agentes de la policía, tras no responder a los llamados de los fiscales para ingresar en busca de evidencias relacionadas al caso.

La casa de Boluarte está ubicada en el distrito limeño de Surquillo, a unos kilómetros de Palacio de Gobierno donde despacha la mandataria.

"Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales", declaró en la red social X el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén.

El jefe de Gabinete agregó que la mandataria estaba en su residencia dentro del palacio de gobierno y que entregará declaraciones a la Fiscalía cuando sea convocada.

Asimismo, en declaraciones formuladas a la radioemisora local RPP, descartó que haya planes sobre renuncias al gobierno entre los ministros o por parte de la propia Boluarte. “De ninguna manera”, aseguró.

La Fiscalía inició hace dos semanas una diligencia preliminar de acopio de información para determinar si amerita pasar a una investigación formal contra Boluarte, luego de que un reportaje del programa por Internet "La-Encerrona" relevara que la mandataria usa varios relojes finos de la marca Rolex.

Boluarte admitió la propiedad de costosos relojes que ha comprado como "fruto de trabajo" desde muy joven.

Dos expresidente, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, están presos en un mismo penal mientras lo investigan por corrupción o abuso de poder; mientras que Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre.

El pasado miércoles la Fiscalía intentó sin éxito realizar una "diligencia de verificación" de las joyas de la mandataria en Palacio de Gobierno. La defensa de Boluarte dijo por su parte que había pedido reprogramar la cita por un tema de agenda.

Casi todos los funcionarios de alto rango o expresidentes peruanos han sido investigados por la Fiscalía o han estado envueltos en casos de corrupción en las últimas tres décadas.

Dos expresidente, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, están presos en un mismo penal mientras lo investigan por corrupción o abuso de poder; mientras que Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre tras un cuestionado indulto humanitario.

DM con información de agencia NA

En diciembre de 2022, ocurrió el episodio que los medios calificaron “autogolpe de Estado” del izquierdista Pedro Castillo. El presidente había anunciado por radio que renunciaba y disolvía el Congreso para convocar nuevas elecciones. Fue detenido por la fiscal Patricia Benavides y después destituido por un voto de vacancia del Congreso unicameral peruano, donde un conjunto de fuerzas fragmentadas de derecha gozan de la mayoría. La vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta, e inició un gobierno aliada con la ex oposición, la mayoría derechista del Congreso. El gobierno está fundado en el pacto de que ella no renunciará, porque en ese caso el Congreso debería disolverse. Como el cargo de congresista no es reelegible en el Perú, significaría el fin de la carrera política legislativa de quienes actualmete ocupan el centenar y tres decenas de escaños. Las manifestaciones reclamaron la renuncia de la mandataria, en un contexto de profunda crisis social, económica y política. Fueron reprimidas con sangre. En Lima hay apoyo a esta situación. Que podría quebrarse tras el arresto e incriminación de la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benevides que arrestó a Castillo, la antes incorruptible Sergio Moro de todos los Lava Jatos peruanos, por integrar una banda criminal con vínculos con el narco que extorsionaba al Congreso con datos obtenidos en investigaciones para ganar votos en el Legislativo.

Diecisiete intentos frustrados de gobernar sobre el Perú

El 7 de diciembre de 2022, el presidente izquierdista Pedro Castillo anunció la disolución del Parlamento. La medida frustraba  el propósito del  Congreso unicameral de Perú preparado  para votar una tercera moción de destitución al primer mandatario.  Sin pausa alguna,  el Legislativo destituyó a Castillo por “incapacidad moral” al considerar que el gobernante “violó la Constitución”, decisión que el Ejército respaldó. Finalmente,  la  vicepresidenta Dina Boluarte  asumió el más alto cargo del país andino.

Los 17 meses de gestión de gobierno  del ex presidente Castillo estuvieron marcados por constantes acusaciones en su contra e intentos de destitución de su mandato. La llegada al poder de un  docente rural y sindicalista de izquierda sorprendió y provocó una reacción negativa en los sectores más conservadores del país que de inmediato pusieron en tela de juicio hasta su propia elección democrática. Agrupaciones empresariales y civiles le declararon la guerra desde el segundo cero y lo señalaron de presunta corrupción en repetidas ocasiones. 

Después de su vacilante y aun contradictoria gestión de gobierno, el 7 de diciembre de 2022, se interrumpió la programación habitual en la televisión nacional y Castillo leyó un discurso que, sin saberlo en el momento, firmaba el acta de defunción de su mandato. El castillo de Pedro empezó a derrumbarse ante la inminencia de una tercera moción de destitución y comunicó al público de la nación el cierre del Legislativo y la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto. 

La prensa nacional e internacional, calificó el suceso como un “autogolpe de Estado” que no tuvo respaldo de ningún sector, ni siquiera de los militares. Castillo fue destituido por el Congreso, detenido por su escolta y recluido en prisión por delitos de rebelión y conspiración sin el debido proceso. 

Más de 20 días después, Castillo publicó en su cuenta X ( Twitter) una extensa respuesta a los señalamientos en su contra:

“Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas. Si mi familia ha tenido que salir del país y refugiarse es porque en Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas,

Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado. Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia“.

Un período de transición sin viabilidad

La destitución de Castillo lleva como necesario correlato  la asunción de Dina Boluarte: la entonces vicepresidenta del país juró como la nueva mandataria con la esperanza de comenzar un nuevo periodo de transición que nunca hasta el día de hoy lo ha logrado. Las  peruanas y peruanos, algunos en apoyo del destituido presidente y otros desanimados por la constante inestabilidad política, salieron a las calles reclamando el adelanto de las elecciones generales. 

El pedido se gritaba en las calles pero se silenció puertas adentro del Congreso. Las masivas protestas marcaron la temperatura in crescendo de la  crisis social que involucró  la mayor parte de la región urbana del país andino, con más de medio centenar de muertes directas y otra veintena adicional por sucesos aledaños a las protestas. 

Los poderes desacreditados del Estado

En los meses posteriores,  el Legislativo se engrandeció y el Ejecutivo se achicó considerablemente. El Congreso, a pesar de tener más del 90% de desaprobación en las encuestas oficiales, ha tomado un peso político que puede ayudarlo a permanecer por varios años más. “El Ejecutivo es débil, es una presidenta que ya se ha dicho reiteradamente que carece de partido, de bancada, carece de apoyo ciudadano, carece de referencias sociales fuertes, regionales y locales”, sostiene Fernando Tuesta,  analista político.  

El Parlamento comenzó a desarrollar su propia agenda, “a través del poder que ejerce y la coalición amplia que ha establecido” entre las más diversas bancadas, detalla Tuesta. Las medidas aprobadas por el Legislativo favorecen no sólo a entidades políticas, como los partidos o alianzas políticas de izquierda o derecha, sino también a intereses privados, mercantilistas e incluso mafiosos. No en vano un grueso número de congresistas, que puede llegar a un tercio de los 130 legisladores, afrontan investigaciones por presunta corrupción y otros delitos, algunas de las cuales fueron archivadas convenientemente por el pleno.

Los debe sin haber de la presidenta Boluarte

Boluarte debe enfrentar una agenda prioritaria que no gestionarla con éxito acrecentará la ira de la población. La inseguridad ha dejado los casos de extorsión quintuplicados, la tasa de  homicidio ha aumentado casi en un 90% y el  incremento del delito llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana. 

 La situación económica es la peor del país en tres décadas, sin contar la recesión de la pandemia, por la caída de inversiones y del golpe por las protestas antigubernamentales. Al contexto económico se suma la falta de confianza en las instituciones como el Congreso, tradicionalmente desprestigiado. Esta semana la crisis en el Ministerio Público se agudizó con la suspensión de la fiscal general, Patricia Benavidez  por una investigación criminal.

En el primer aniversario de gobierno de la mandataria, miles de peruanos se manifestaron en las calles y la plaza San Martín de Lima y reclamaron: “Que se vayan todos”. Con banderas, pasacalles, y danzas  típica en un marco de protesta, pidieron por el cierre del Congreso y elecciones anticipadas, reiterando los reclamos de principios de 2023 que quedaron marcados por fuerte represión policial. Luego de aquellas manifestaciones, que dejaron más de 50 muertos en el país, la Fiscalía presentó a fines de noviembre ante el Congreso una acusación constitucional contra Boluarte, por presunto delito de “homicidio calificado”. La misma Fiscalía que antes garantizaba impunidad o le evitaba la apertura de procesos por la gestión de los fondos de la campaña de Castillo ahora puede ser su delatora.

Acorralada, la ex fiscal suprema Benavídes podría buscar traficar información incriminatoria de modo de intentar apurar un voto de vacancia contra Boluarte promovido por congresistas a quienes preocupe más su futuro judicial que el fin de su futuro legislativo. Investigada, la ex Fiscal no contaría con tesis ni de licenciatura ni de doctorado en Derecho, aunque sí certificados con calificaciones máximas por esos logros, que contribuyeron a jusificar la nota de 100 puntos otorgada en el Concurso para el cargo supremo en el Ministerio Público hoy perdido. Un jurado que exaltó la mirada ética de la entonces concursante vio a su esposa promovida como bibliotecaria en sede fiscal (como la ausencia de cualificaciones fue advertida demasiado rápido, duró un día en esa posición): La busca por ejemplares o rastros físicos o digitales de las tesis de Benavides prosigue.

El Gobierno entretatanto elevó elevó las penas contra las personas que provoquen violencia en las protestas, destruyan propiedad pública o privada o cierren vías clave. “Congreso, fiscalía, ¡basta ya de corrupción! Queremos vivir en paz”, vociferaba  una mujer sentada en suelo como tantas otras en las calles de la capitalina Lima, la otrora Ciudad de los Reyes.

AGB

De 85 años de edad, Alberto Fujimori salió en libertad del penal de Barbadillo gracias al restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció como válido. Otorgado en 2017, había sido promulgado seis años bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de este indulto. Su hija Keiko fue derrotada tres veces como candidata presidencial y ahora se ve haciendo campaña triunfante de la mano de su padre libre y octogenario. En el último balotaje presidencial, Keiko fue vencida por su rival de Izquierda Pedro Castillo. El vencedor fue destituido por el Congreso peruano y la liberación coincide con el primer aniversario de la destitución.

Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los DDHH durante su gobierno que se extendió entre 1990 y 2000. Armó “escuadrones de la muerte” con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

Entusiasmada por el desenlace del largo proceso que liberó a su padre de sufrir penas por su condena como genocida, Keiko ya se ve en campaña asegurando que sólo un y una Fujimori darán estabilidad al Perú, país de 6 presidentes en 6 años.

En 2017 , Fujimori estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el entonces presidente izquierdista opositor al fujimorismo  Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año también en Barbadillo.  En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla que provee oxígeno y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), y a su hijo Kenji.

Desafío a la Corte Interamericana de DDHH

El mismo día 7 de diciembre, la CIDH publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. Con antelación,  la institución había instado en 2018 al país andino a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente,  por las que Fujimori fue condenado por 25 años de cárcel  como autor mediato ( con dominio de hecho), así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

El estado de derecho en crisis

Toda argumentación que busque validar el indulto aduciendo razones humanitarias por  la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud quedan inválidas debido a la profunda crisis institucional que ensombrece desde hace tiempo el horizonte político del país. “La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”,  sostiene Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus afirmaciones remiten a la reciente suspensión de la fiscal general  Patricia Benavidez debido a una investigación de tráfico de influencias.

El diagnóstico de Alfredo Serrano Mansilla,  director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no deja lugar a dudas ni engaño. “Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice, y explica: “Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”. En directa consecuencia,  el indulto que se ha llevado a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional, resalta Serrano Mancilla “es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”

Perú se encuentra comprometido al sistema interamericano de DDHH desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA. El otorgamiento del indulto a Fujimori  significa que el TC, o varios de sus  miembros han desconocido  el valor jurídico de los compromisos internacionales. Al respecto, Salmón subraya  que “la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas. Muy por el contrario, Fujimori no se ha arrepentido por los asesinatos por los que fue condenado. En octubre, le dijo a un juez: “yo me considero totalmente inocente”. Y añadió que su gobierno practicó una “estrategia de total respeto a los derechos humanos” .

La posición del Perú respecto al incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH no es nueva. “Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana” estima Salmón. Lo ocurrido funciona como un pretexto más para tratar de renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los DDHH. “Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Salmón. “Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma la académica.

El impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es bien perceptible.  Otra vez en la televisión peruana se les otorga espacio a políticos de la época de Fujimori que  bien ufanos  vuelven a proclamar  que el ex dictador y autogolpista  fue quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica.  Narrativas que suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que en su afán de regresar al poder plantean  posiciones muy alejadas de los DDHH y, además, practican el negacionismo con relación a los crímenes de lesa humanidad cuyo responsable ha quedado en libertad. .

Respecto a  las repercusiones de la decisión del TC peruano, Serrano Mansilla llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: “Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”, con un claro llamado de atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional.

AGB

El 90,4 % de los peruanos desaprueba la gestión del Congreso y el 81,6 % la de la presidenta Dina Boluarte, indicadores que crecen desde enero de 2023, según recoge una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) divulgada este lunes.

El sondeo, encargado por el diario La República al IEP, mostró que solo el 10,8 % de los encuestados aprueba a Boluarte en julio, un dato que varía del 19,3 % de enero de 2023 y que ha ido bajando cada mes desde entonces.

La desaprobación del 81,6 % de la presidenta es mayor en los niveles socioeconómicos más bajos (86 %), en el centro (89 %) y sur (87 %) del país, en el ámbito rural (87 %) y entre aquellos que se identifican como de izquierda (93 %).

Y por el otro lado, el 90,4 % de los encuestados rechazan al Congreso frente al 6,2 % que aprueban su labor y el 3,4 % no sabe o no responde.

La institución tiene una alta desaprobación en todos los segmentos, pero el IEP observa un mayor respaldo entre quienes se identifican como de derecha (11 %) y quienes aprueban la gestión de Boluarte (30 %).

En cuanto a la solución a la crisis que vive el país, un 80 % opina que tendría que haber elecciones generales antes de 2026, mientras que el 15 % cree que se debería quedar Boluarte hasta 2026 (año en el que finalizaría su mandato).

El pedido del adelanto de elecciones es del 73 % en Lima, en otras zonas del país este supera el 80 %, y es más alto entre las mujeres, en los niveles socioeconómicos bajos, entre quienes tienen de 25 a 39 años y personas que se consideran de izquierda y de centro.

Acerca de las protestas antigubernamentales convocadas para julio, el 58 % se siente identificado, frente al 33 % que no lo hace.

Jóvenes de centro e izquierda de nivel socioeconómico bajo y que viven en la parte central del país son los que más apoyan las manifestaciones.

Finalmente, el sondeo preguntó a los encuestados si creen que Perú es una democracia, a lo que el 51 % respondió que sí, lo que representa seis puntos menos que en febrero, cuando el 57 % de los ciudadanos respondió positivamente.

Mientras que en febrero y marzo de 2019 esta cifra llegó al 66 %.

Los peruanos que más opinan que el país no es una democracia se encuentran en el sur y se identifican de centro o izquierda.

La encuesta se realizó del 15 al 19 de julio a 1.206 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 151 provincias y 448 distritos, y sus resultados tienen un error máximo estimado de más o menos 2,8 puntos a nivel nacional.

Con información de EFE.

IG

Organizaciones ciudadanas de Perú, especialmente del sur, llegaron este miércoles a Lima para participar de una nueva jornada de protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el llamado a nuevas elecciones. También reclaman la condena de los responsables de las muertes que se produjeron en las movilizaciones por la destitución del ex presidente Pedro Castillo.

En la capital del país, pese al clima de tensión, la circulación de peatones y transporte público se desarrolló con normalidad, al igual que sucedió en las regiones de Puno y Arequipa. No fue este el caso de Huancavelica, capital del departamento homónimo, donde los manifestantes incendiaron la puerta de la sede de la Prefectura local y se generaron enfrentamientos con los policías que intentaban contener los disturbios.

“Expresamos nuestro rechazo a acciones violentas como las ocurridas en Huancavelica, donde se registraron quema de objetos fuera de la Prefectura Regional; hacemos un llamado a la calma de la ciudadanía, la violencia solo deslegitima el derecho a la protesta”, señaló la Defensoría del Pueblo vía Twitter.

Como consecuencia de las marchas, siete rutas de Perú se encuentran bloqueadas en Lima, Loreto y La Libertad, Ayacucho y Huancavelica, según informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también informó restricciones en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca: sólo podrán entrar aquellas personas que presenten ticket de embarque y documento de identidad.

En este marco de movilizaciones, desde el Palacio de Gobierno, Boluarte instó a la población a manifestarse pacíficamente “sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país”.

Múltiples organizaciones sociales ya interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta durante la tercera “toma de Lima” en la que murieron 49 ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad. Este proceso también está dirigido contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo, y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.

Los demandantes consideran que esos funcionarios son responsables de los incidentes en tanto criminalizaron las manifestaciones y avalaron la violación de derechos humanos.

Con información de agencias.

Dina Boluarte, presidenta del Perú, afirmó este jueves que la posibilidad de adelantar las elecciones generales previstas para 2026 es un “tema cerrado”, por lo que seguirá “trabajando de manera responsable” hasta concluir su mandato en julio de ese año.

“Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026”, dijo la mandataria esta tarde en conferencia de prensa, según recogió la agencia de noticias Andina y el diario La República.

El adelanto de los comicios es reclamado por amplios sectores desde que Boluarte sucedió en diciembre del 2022 a Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras haber anunciado la instalación de un gobierno de excepción.

Sin embargo, esa posibilidad fue rechazada en numerosas votaciones en el Parlamento entre diciembre y febrero de este año, donde se debatieron diversas iniciativas, ya que el período quinquenal de Gobierno -que es simultáneo para el Ejecutivo y el Legislativo- es un mandato constitucional.

La salida de Castillo y su reemplazo por la hasta entonces vicepresidenta desató una ola de protestas callejeras donde murieron al menos 66 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

LC con información de agencia Télam

El expresidente peruano Alejandro Toledo, que gobernó el país desde el 2001 al 2006, a su llegada a Lima el domingo 23 de abril extraditado por EEUU, dos días después de que se entregara a las autoridades estadounidenses, acusado de corrupción y lavado de dinero en el escándalo de los sobornos pagados a las autoridades por la constructora brasileña Odebrecht fue trasladado para su prisión en el penal de Barbadillo 

“Cholo sano y sagrado”, según las difundidas palabras de su esposa Eliane Karp, Toledo fue la primera gran figura de la política peruana inculpada por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El caso cobró notoriedad en febrero de 2017 cuando la prensa peruana filtró que Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en Perú, había confirmado a las fiscalías de Brasil y Perú que el entonces presidente Toledo había recibido sobornos de 20 millones de dólares a cambio de que esa empresa obtuviera la concesión para la construcción de la carretera Interoceánica.

El fiscal Halmiton Castro, encargado de la investigación por el caso de sobornos de Odebrecht en Perú, pidió la detención preventiva del expresidente con cargos de tráfico de influencias y lavado de activos. No sólo el ex mandatario sino también otros funcionarios de su gobierno y de las gestiones de los expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) fueron imputados del mismo delito: Odebrecht pagó 29 millones de dólares, según un acuerdo firmado por la empresa con el Departamento de Justicia de EEUU.

Toledo, quien en ese momento se encontraba en Francia junto a su esposa Eliane, negó categóricamente – y así lo sostuvo siempre- haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de sus “enemigos” y consideró que Barata “mintió” en su declaración ante la Fiscalía.

El primer presidente peruano de origen indígena

 La imagen del ex presidente Toledo  devuelve a sus 77 años, con el desgaste físico debido al paso del tiempo, la misma estampa que de alguna manera lo catapultó en su carrera política iniciada a fines de los ‘90: un peruano común, de rasgos indígenas, con una historia de esfuerzo y educación basada en el mérito, que surgía desde las bases para contrarrestar la figura del poderoso expresidente Alberto Fujimori. 

Toledo nació en una familia humilde de la región de Ancash, al norte de Lima, de niño fue lustrabotas y vendió diarios, según su propio relato. Después de finalizar sus estudios primarios, obtuvo una beca de para estudiar economía en Universidad de San Francisco, en el norte de California. Y gracias a su talento con el fútbol, pudo mantener su beca, terminar la universidad, realizar un máster y un doctorado en la Universidad de Stanford, donde conoció a su mujer Eliane.

En las presidenciales de 1995, solo obtuvo  3,2 % de los votos por el partido Perú Posible por él fundado en 1994. A principios de 2000 y de cara a las siguientes elecciones presidenciales, se convirtió en el líder de la coalición opositora a Fujimori, quien después de una década en el poder era centro de denuncias por corrupción y violaciones a los DDHH. Los esfuerzos de Toledo por unificar la oposición no impidieron que el “Chino” venciera en segunda vuelta e iniciara su tercer periodo. 

Lima fue un polvorín: la Marcha de los Cuatro Suyos 

Toledo convocó en julio de 2000 la denominada “marcha de los Cuatro Suyos”, en alusión a las cuatro regiones del Imperio Inca e invitó a la ciudadanía del entero Perú a unirse en Lima dos días antes de que Fujimori asumiera el 28 de julio su tercer mandato. La Ciudad de los Reyes fue el escenario de saqueos e incendios perpetrados por los manifestantes al ex Ministerio de Educación, el Palacio de Justicia y la sede del Jurado Nacional Electoral, con la intervención indiscriminada de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de la Policía. 

En septiembre de ese mismo año,  la transmisión nacional de un video difundió la vasta red de corrupción del gobierno de Fujimori. Fue el primero “vladivideos”, cuyo total se estima en 30.000 el número de  grabados de manera clandestina por el principal asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos que registró  sobornos a dirigentes políticos, jueces, empresarios, comunicadores y autoridades locales. El escándalo provocó la huida de Montesinos y la convocatoria a elecciones generales por parte de Fujimori quien luego de un viaje oficial al sultanato de Brunei en noviembre se autoexilió en Japón y renunció a la presidencia.

 Ocho meses después y tras un corto periodo de presidencia interina de Valentín Panigua (200-2001), Toledo fue elegido presidente de Perú en segunda vuelta en junio de 2001 contra Alan García, el candidato aprista. 

El presidente elegido por el pueblo por ser del pueblo

Toledo asumió la presidencia con enormes expectativas de sus votantes que habían confiado en su idoneidad para enfrentar la transición de la Nación hacia la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el crecimiento económico. El primer día de su presidencia,  Toledo o Pachacutec, aquel guerrero y conquistador del Incario con quien gustaba compararse, reeditó el camino del Inca, con un bastón y un tobillo maltrecho, y juramento y ofrendó su gobierno a los espíritus de las montañas en las alturas del Machu Picchu. “Mi objetivo central será crear trabajo. Seré un guerrero frontal contra la pobreza en el Perú, particularmente en el Perú Posible”, anunció en su potente discurso que retumbó contra las piedras de las montañas y la Ciudad Sagrada de los Incas.

Grandes esperanzas e ilusiones perdidas 

Las reformas que muchos de los sectores sociales esperaban quedaron postergadas. Poco pudo hacer por la inclusión social y por atender los temas que causaban conflictos económicos sociales. Aún más: para lograr la estabilidad económica recurrió a políticas ampliamente cuestionadas: la privatización de empresas, un paso no menor al neoliberalismo transnacional que él había denunciado en su campaña electoral. Y aún más, se había comprometido a “defender el patrimonio regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, Seal y Egasa, como empresas de propiedad y administración pública”. Transcurrido un año de mandato, autorizó la venta de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA) y EGESUR de Tacna; una medida que desató la ira del sur de Perú. Huelgas de hambre, cacerolazos y protestas masivas dramatizaron la molestia popular ante un presidente elegido por el pueblo por ser del pueblo que no cumplía con sus promesas de campaña, y que solo bajo presión de las protestas firmara un acta para dejar sin efecto la privatización.

Los escándalos éticos, denuncias de corrupción, como el llamado denominado “Caso Bavaria”, las contramarchas en las políticas de Estado erosionaron la popularidad del entonces presidente Toledo quien tuvo que  afrontar la rebelión de un sector de la población liderada por el militar en retiro Antauro Humala, que acusó a la presidencia y a las FFAA de integrar la mafia fujimontesinista. 

Hacia finales de su mandato, en 2005, una comisión investigadora del Congreso lo halló culpable de fraude electoral por la falsificación de más del 80% de las 520.000 firmas para inscribir en 1997 a su partido Perú Posible. Sin embargo, las acusaciones que más complicaron a Toledo fueron dos. La primera, le valió un proceso judicial acusado formalmente de lavado de activos después de la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra por unos 4,5 millones de dólares con fondos presuntamente no declarados, a través de una empresa “fantasma” creada en Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva. Y la segunda, su supuesta vinculación con el escándalo internacional de sobornos de  Odebracht.

Con todo esto, no sorprende que la vuelta de Toledo en 2011 a la arena política con la presentación de su candidatura a la presidencia en la contienda que ganó Ollanta Humala (2011-2016), sólo le valiera un cuarto lugar en número de votos.

El regreso del ‘Cholo’ Toledo a Perú: “que no me maten en la cárcel”

Toledo en su reciente y obligado regreso a Perú fue recibido por fiscales y policías en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Callao, en el área metropolitana de Lima. En el penal de Barbadillo cumplirá la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en febrero del 2017, hasta octubre del 2024, que motivó su posterior extradición.

El fiscal Pérez Gómez a cargo del caso por el que se extraditó al expresidente Toledo pide para él una condena de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por los delitos de lavado de activos y colusión. También, sospechoso de tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.  “[Esperamos] que lo que viene a ser la parte intermedia del proceso pueda concluir en unos meses y ya entrar en etapa de juzgamiento”, declaró Gómez a la prensa peruana. Sin embargo, según trascendió en medios locales, se espera que el juicio no comience hasta dentro de año y medio.

Antes de entregarse Toledo reclamó a los cuatro vientos: “Le pido a la justicia peruana que no me maten en la cárcel, que me dejen pelear con argumentos. Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas al día, tengo presión arterial alta y padezco restos de cáncer […]. Respeten eso, no han probado nada y ya me quieren arrestar”, tras afirmar no haber recibido “un solo dólar” de forma ilícita. 

En EEUU y antes de su extradición, dijo tener problemas en el corazón y remanentes de cáncer, sin embargo, semanas antes de aquellas declaraciones presentó un documento ante el juez norteamericano que evaluaba su caso, en cuyo contenido aseguró que su esposa Eliane sería sometida a una cirugía a la cadera, por lo que dependería de sus cuidados. 

El abogado del ex presidente Toledo asegura que su defendido padece cáncer, probablemente con intenciones de solicitar una variación de prisión preventiva por detención domiciliaria bajo la invocación del artículo 290 del Código Procesal Penal para que Toledo cumpla la detención en su hogar. También su exministro de Economía y Finanzas y luego presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) logró variar la prisión: su edad avanzada y padecer fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de muerte súbita le permitió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario en 2021.   

Durante el desarrollo de la audiencia de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria, el fiscal adoptó una inusual posición a favor del arresto domiciliario. Uno de sus argumentos contribuyó al análisis de la eventual variación: aunque los informes médicos no mencionen de forma expresa que la enfermedad era grave, esto debe ser determinado luego de que los jueces analicen estos informes. 

Un dilema para el Perú 

Con Toledo en la prisión donde se encuentran Fujimori, cumpliendo una condena de 25 años por corrupción y crímenes de lesa humanidad y Pedro Castillo, preventiva acusado de corrupción y rebelión, son tres los exmandatarios encarcelados además de los procesados Ollanta Humala y Kuczynsky. El expresidente Alan García se suicidó antes de ser detenido. No queda exceptuada la actual presidenta, Dina Boluarte, quien será investigada por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones de 2021, según anunció la Fiscalía a fines de marzo. Además, de esclarecer lo ocurrido en la represión de las protestas al inicio de su gobierno, en las que murieron unas 60 personas. 

Esta particular situación, sostiene el politólogo Fernando Tuesta, de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) significa “un vaciamiento de las instituciones”.  Y es probable que se genere un espacio para outsiders y nuevos partidos, que no garantiza necesariamente que vayan a ser mejores o más limpios que los anteriores.

AGB

A las 21 horas del sábado 18 de marzo,  la joven peruana Katherine Gómez de 18 años se encontró con su ex novio Sergio Tareche Parra, venezolano de 19 años, en una calle céntrica de la ciudad capital de Lima. Antes que ella pudiera explicarle las razones por las cuales rompió la relación, Tarache la roció con gasolina e incendió su cuerpo sin darle tiempo de que pudiera huir, frente a las cámaras de seguridad que monitorean la Plaza Dos de Mayo, una zona muy transitada. Los transeúntes intentaron extinguir las llamas con su ropa y escucharon a la joven tendida en el suelo susurrar: “Me quemó porque lo dejé”.

Los bomberos llegaron demasiado tarde. El sesenta por ciento de su cuerpo quedó  quemado. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Katherine murió el 24 de marzo.

Hoguera viviente

La tragedia de Katherine ha dejado a Perú en estado de shock. La penosa escena filmada por cámaras de video vigilancia fue transmitida en la televisión nacional. Horas después de conocer la noticia, la presidenta Dina Boluarte declaró: “Esa violencia contra las mujeres debe parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas”. Las palabras de la primera mandataria no causaron ni esperanza ni alivio;  por el contrario, la lenta respuesta y negligencia de las autoridades ha desatado la ira de la ciudadanía peruana. El Ministerio del Interior (MINITER) emitió una orden de arresto para  Tarache  seis días después del ataque y ofreció de recompensa por su captura 50,000 soles  (aproximadamente 13,000 dólares).  

En Perú muere una mujer cada 48 horas a causa de la violencia machista. Melissa Guillén activista de la organización no gubernamental Manuela Ramos, que lucha por los derechos de las mujeres en Perú desde 1978, amerita: “Este feminicidio contra Katherine Gómez no es de ninguna manera un caso aislado, encaja exactamente en el esquema. Sobre todo, porque en Perú todavía existen todavía estereotipos sobre que las mujeres están subordinadas a los hombres y les pertenecen. Y siempre que una mujer rompe con esos estereotipos, pasan estas cosas terribles”. 

El trágico episodio de Katherine quemada en la vía pública no es el primero en Perú. En abril de 2018,  la joven cajamarquina Eyvi Agreda  de 22 años  fue rociada con combustible y prendida fuego por Carlos Hualpa en el colectivo donde regresaba a su hogar después del trabajo en Lima. “Si no eres mía, no serás nadie”, dijo Hualpa ante los viajeros petrificados.

La muerte de Eyvi después de 38 días de internación e intervenciones quirúrgicas a causa de las quemaduras originó manifestaciones masivas en protesta. El entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020), declaró “de interés nacional y prioridad del Estado”  la lucha contra la violencia hacia las mujeres y anunció que se constituiría una comisión de emergencia para hacer frente a ese problema.

Justicia Machista

Sin embargo, los resultados no tuvieron la eficacia prometida. Una  investigación realizada por Salud Con Lupa en 2022, que estudió 129 fallos de femicidio y nueve condenas por tentativa de femicidio en nueves cortes del entero Perú,  verificó que las sanciones minimizan la gravedad letal de los hechos. En una cuarta parte de los casos, los autores de los atentados contra las mujeres se beneficiaron de una reducción en la sentencia y una recalificación del crimen por violencia simple. Los magistrados transmiten estereotipos sexistas. Si las mujeres llegan a un juicio, se les suele preguntar si les dieron motivos a sus parejas para atacarlas con ferocidad. Se minimizan sus heridas porque no fueron en órganos vitales e incluso a  veces,  intentan justificar los crímenes. “Él no le cortó la garganta porque ella es una mujer, sino por celos”, declaró un juez durante una audiencia transcripta por los medios de comunicación.

El caso de Walter Ipanaque, sentenciado a diez años de prisión en 2021 por intento de femicidio, es particularmente esclarecedor. Ipanaque buscó a su ex pareja el 1 de febrero de 2020 luego de que ella terminara la relación. La llamó 80 veces y, como ella no le contestaba la buscó  en el bar donde trabajaba. En el transcurso de su viaje le mandó mensajes en aviso que iba a su encuentro. Cuando llegó, la llevó a la cocina, le arrojó aceite en el cuerpo y pidió  un fósforo. Fue condenado por intento de femicidio a 10 años de cárcel. En la sentencia de apelación, los magistrados consideraron que no tuvo la intención de matarla porque el aceite que le echó por sí solo no podía generarle la muerte. Para que ocurriera  necesitaba fuego, de un fósforo u otro medio, que no llevó ni tuvo a la mano. Por esta razón lo condenaron por “lesiones leves” y una sentencia de un año y cuatro meses de prisión.

“Ni Una Menos” Perú

El 15 de julio de 2016, un tribunal dictaminó prisión preventiva a Adriano Pozo, el hijo de un regidor de Ayacucho quien arrastró de los cabellos a su ex pareja Arlette Contreras en la recepción de un hotel después de que intentara violarla. Los magistrados arguyeron que no encontraron pruebas de intento de violación ni de femicidio contra Arlette. La sentencia originó en Facebook el movimiento “Ni una menos”,  igual que en Argentina y otros países  movilizó a la sociedad civil  e instituciones públicas y privadas para la realización de la marcha nacional del 13 de agosto en reclamo al sistema judicial de un trato adecuado a las mujeres víctimas de violencia de género. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018),quien participó en la movilización de “Ni Una Menos” aseguró “lo que no queremos en el Perú es violencia contra nadie y, sobre todo, contra las mujeres y los niños.

El Poder Judicial incluyó la obligación de una capacitación de enfoque de género a los jueces el mismo día de la intervención de una veintena de jóvenes en las escalinatas del Palacio de Justicia en el centro de Lima que escenificó la imagen viralizada de Arlette golpeada y arrastrada por los pelos que no fue tomada en cuenta por la corte ayacuchana. El efecto fue similar a la caricatura de Carlín Tovar, en el diario La República, en la que los miembros de la sala dicen al agresor “Solo hay lesiones leves, puede irse con libertad condicional” ante la imagen de Arlette arrastrada por Pozo desnudo como registró el circuito cerrado del hotel.

Los femicidos no cesaron ni  tampoco la actividad del colectivo criticado por la Iglesia Católica, especialmente el arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani,  políticos y ciudadanos de a pie a pesar del  aumento alarmante de la violencia sexual.  

En 2022, 137 feminicidios fueron registrados por las autoridades peruanas. En ese año, 51 muertes fueron caratuladas como delitos violentos, y hubo más de 111 intentos de asesinato de mujeres. Ese mismo año, Perú registró más de 5.380 denuncias por desaparición, y gran parte de esas personas desaparecidas eran niñas y adolescentes. 

Según los datos obtenidos por una encuesta a nivel nacional más de la mitad de los encuestados y encuestadas tolera la violencia contra las mujeres de más de 18 años. Una de cada tres personas piensa que es adecuado el castigo contra una mujer que ha sido infiel, y una de cada cuatro piensa que las mujeres deben estar dispuestas a tener sexo si los hombres lo quieren.

A finales de marzo, el trujillano Einer Gilbert Alva Leon influencer conocido como  “Makanaky, la realeza”, se jactó en una entrevista de haber participado en su juventud en la violación colectiva de estudiante universitaria de 15 años. El presentador se mantuvo en silencio sin manifestar repudio alguno. La Fiscalía ha abierto una ‘supuesta’ investigación de violación.

En el país andino en lo que va del año se ha registrado  el alarmante número de 17 mil 974 casos de agresiones de género, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En Puno, la enfermera B.M.S.A de 32 años fue sometida a una violación y mutilación por  dos compañeros de trabajo de EsSalud.

Las herramientas legales que no usan: un kit para mostrar a los gringos

Después del femicidio contra Eyvi Agreda, el delito de acoso se incorporó en el Código Penal y los términos de prisión son más severos para los asesinos de mujeres: mínimo de veinte años y treinta años si hay circunstancias agravantes (asesinato en una mujer menor y embarazada). Desde 2018 también, se han creado centros especializados de justicia con magistrados y una policía capacitada en violencia de género.

Diana Portal, comisionada asistente de los Derechos de las Mujeres en la Defensoría del Pueblo, llama la atención sobre “la falta de aplicación de estas medidas. De los 34 polos que iban a estar operativos a nivel nacional en 2022, solo ocho operaban. En general, los presupuestos asignados no están a la altura y las fallas son importantes. Cuando hay medidas de protección dictadas por un juez, no hay seguimiento del caso. Hay una falta de voluntad política para todas las preguntas relacionadas con las mujeres”.  La  Defensoría del Pueblo reclama al MIMP  mayor prepuesto para intensificar el trabajo de educación y las campañas de información pública masivas.

“¿Por qué se esperó tanto?” El asesinato de una activista desaparecida, Solsiret de Rodríguez

A principios de 2020, la opinión pública peruana se conmovió con el trágico epílogo del asunto Solsiret de Rodríguez Aybar, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado tres años y medio después de su desaparición en Callao, localidad vecina a Lima. La joven, que estudiaba sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, era militante del movimiento Ni Una Menos.

El 24 de agosto de 2016, su pareja presentó una denuncia en su contra por el supuesto abandono de su vivienda. Dos días después, los padres de la joven intentaron denunciar su desaparición, pero la policía se negó entonces a tomarles declaración: según los agentes, lo más probable era que Solsiret Rodríguez  se hubiera ido con otro hombre. La desaparición finalmente se registró el 1 de septiembre de 2016, pero no se llevó a cabo ninguna investigación hasta el nombramiento de un nuevo fiscal, en febrero de 2020, cuando se produjeron las primeras detenciones.

Perú ha ratificado el Tratado de la Convención Latinoamericana de Belem do Para de 1994, para la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, que establece que los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos para prevenir las desapariciones, reducir riesgos y fortalecer los medios de respuesta inmediata. De lo contrario, se hacen responsables “por omisión activa”, insiste Convoca. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto? “ [Las autoridades] no tenían nada que hacer”, denunció entonces en Twitter Carlos León Moya, columnista de La Mula , sitio peruano de “periodismo ciudadano”.

Otra violencia, otros femicidios: mujeres que desaparecen

Durante el confinamiento en Perú, una mujer desaparecía cada tres horas.  Según la Defensoría del Pueblo, 915 mujeres, incluidas 606 menores de edad, desaparecieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio del 2020.  El problema, endémico en el país, se agravó por la crisis sanitaria y las fallas de las autoridades.

“¿A quién le importan las 915 mujeres peruanas desaparecidas durante el confinamiento?” preguntó el 21 de julio el sitio de investigación peruano Convoca.  “Cada tres horas desaparecía una mujer”, resume, “una cifra que pondría en alerta a cualquier país del mundo, con la excepción de Perú, donde la violencia contra las mujeres parece naturalizarse”.

Algunas mujeres y niñas han reaparecido desde el levantamiento del confinamiento el 1 de Julio. Sin embargo, es imposible saber con certeza el número, así como el correspondiente a los que aún faltan. La mayoría de las veces, la policía y los fiscales creen que estas desapariciones se deben a salidas voluntarias del hogar. Sobre todo porque “hay resistencia a investigar estos casos”, sostiene la jueza Eliana Revollar. Estas desapariciones, independientemente del alto número de feminicidios, guardan relación con la trata de personas y prostitución forzada en el continente.

Perú cuenta con un marco legal de búsqueda de personas desaparecidas  por Ley del 11 de julio de 2003, que ordenó la creación de un registro nacional de información destinado a centralizar todos los casos de desaparición. Diecisiete años después, esta herramienta aún no se ha puesto en marcha. No existe una plataforma en línea, abierta a instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil, para facilitar el trabajo de investigación mediante la transmisión, entre otras cosas, de opiniones de investigación. “No tenemos una línea activa 114, ni un sistema de mensajes de texto para enviar alertas de búsqueda a los teléfonos”, lamenta la socióloga y activista feminista  Katherine Soto, fundadora de la Asociación de Mujeres Desaparecidas del Perú. “No tenemos un registro de personas desaparecidas, ni un banco de ADN”.

Desde abril de 2022, por decreto Supremo del Ministerio de la Mujer y refrendado por el ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) se estableció que la desaparición de mujeres en el país debe ser reconocida como una modalidad de violencia de género. Sin embargo, los avances legales no han generado grandes cambios. Sin datos sobre la desaparición de mujeres (estadísticas, factores de desaparición, variables, lugares) los casos se invisibilizan y nunca obtienen justicia.

AGB

Dina Boluarte, la presidenta de Perú, fue interrogada este martes por la fiscalía que investiga la represión en las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo, las cuales dejaron al menos 48 civiles muertos en tres meses.

Mientras tanto, la comisión parlamentaria que había prometido emitir un dictamen hoy para que el pleno del Congreso pudiera volver a considerar un eventual adelanto de las elecciones generales previstas para 2026, suspendió la sesión sin poder llegar a una conclusión.

La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del ministerio público, Patricia Benavides, por casi una hora y media y “brindó declaraciones respecto a las investigaciones”, informó sin dar más detalles la Presidencia peruana a través de Twitter.

Más temprano, la fiscalía precisó que la presidenta fue citada en el marco del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023”.

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que la fiscalía compartió en redes sociales. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en las afueras del edificio del Ministerio Fiscal en el centro de Lima.

Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. No obstante, en caso de una acusación firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que culmine su mandato, según fija la Constitución.

El 10 de enero de 2023, la fiscalía abrió una investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre pasado, murieron al menos 60 personas según la Defensoría del Pueblo: 48 civiles fallecieron por acciones de las Fuerzas Armadas; un policía fue incinerado por manifestantes y otras 11 personas perdieron la vida por consecuencias colaterales a la protesta. A este registro se agregaron ayer seis soldados, que murieron ahogados en Puno, en el sur del país andino, por haber cruzado un río en medio de una protesta.

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre todo en los departamentos de Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos de las protestas.

El actual jefe de gabinete, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de Gabinete, Pedro Angulo, también están implicados en el proceso judicial. Asimismo, el Congreso citó para este jueves al ministro del Interior, Vicente Romero, para interpelarlo.

Boluarte cumple hoy tres meses en el poder, luego de sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras intentar disolver el Congreso. El maestro rural de 53 años y líder gremial, cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una cárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de la capital.

Su caída, tras 17 meses, en el poder desató violentas protestas en las que los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.

El Congreso peruano vuelve a postergar el adelanto de elecciones

Paralelamente, el parlamento peruano aplazó una vez más la posibilidad de disponer un adelanto de las elecciones generales, el cual es el principal reclamo de los manifestantes y de la mayoría de la opinión pública del país andino.

La Comisión de Constitución, la cual había prometido emitir este martes un dictamen para que pudiera ser debatido y votado por el pleno del Congreso, suspendió la sesión sin haber llegado a una conclusión y sin fijar una fecha para reanudarla.

“Yo espero que en la siguiente sesión podamos seguir tratando este tema, poder tener el espacio para conversar, para llegar a acuerdos y tener este texto sustitutorio sobre el adelanto de las elecciones”, dijo a la prensa Hernando Guerra, el presidente de la comisión, según la agencia de noticias Andina.

El viernes, pleno del parlamento rechazó mayoritariamente, un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado el debate de una iniciativa para anticipar los comicios.

La legislación peruana establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional, y por lo tanto debe ser aprobada por el Congreso, con una mayoría de dos tercios durante dos períodos legislativos anuales consecutivos o con mayoría simple pero ratificada en un referendo.

Sin embargo, en los últimos meses el Congreso rechazó más de media docena de proyectos que pretendían adelantar los comicios los cuales, de no mediar reforma, están previstos para el primer semestre de 2026.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno de Estados Unidos expresó este martes su deseo de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, cierre un acuerdo con el Congreso de su país para adelantar las elecciones y poner fin a la crisis desatada por el fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.

“Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia”, expresó el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una charla en la Universidad George Washington de la capital estadounidense.

Nichols, quien fuera embajador de Estados Unidos en Perú entre 2014 y 2017, opinó que los sucesivos cambios de Gobierno de los últimos años en el país andino demuestran “la fragilidad de la democracia” peruana y que la intentona de Castillo fue “claramente inconstitucional”.

Por ello, afirmó que el Gobierno de Joe Biden observa “atentamente” los acontecimientos en Perú y apoya “los esfuerzos para impulsar el orden democrático” en el país.

A comienzos de febrero, el Congreso peruano fracasó en cuatro intentos para adelantar las elecciones generales, lo que, salvo una sorpresa, entierra la posibilidad de que haya comicios este año.

TENSIÓN CON VENEZUELA, NICARAGUA Y CUBA

En un repaso por la política estadounidense en la región, el subsecretario dijo que celebra la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pero advirtió que las sanciones al país caribeño permanecerán intactas mientras no haya “pasos concretos hacia una solución democrática”

También aplaudió la “liberación” de 222 presos políticos nicaragüenses que fueron recientemente expulsados de su país y enviados a Estados Unidos, pero exigió al Gobierno de Daniel Ortega que “frene los abusos” contra la oposición, incluida la retirada de la nacionalidad nicaragüenses de centenares de opositores.

Sobre Cuba, aseguró que Estados Unidos está enfocado en dar vías de acceso a la financiación para los emprendedores cubanos mientras la isla atraviesa su “peor crisis económica en décadas”, al tiempo que exige a La Habana la “liberación incondicional de todos los presos políticos”.

“La posibilidad de mejorar nuestras relaciones con estos países, ya sea con Cuba, Venezuela o Nicaragua, depende en gran parte de la voluntad de esos países de hacer cambios positivos que respeten los derechos fundamentales”, afirmó Nichols.

LA IMPORTANTE RELACIÓN CON MÉXICO

El diplomático definió la relación con México como una de “las más importantes y dinámicas”, y destacó el “profundo compromiso” del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico de drogas a territorio estadounidense.

“Hay suficiente fentanilo en Estados Unidos para matar a cada hombre, mujer y niño de nuestro país”, advirtió Nichols ante los estudiantes.

Sobre el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia dijo que Estados Unidos trabajará con él para combatir la crisis climática y para “lograr la paz en ese país”.

Asimismo, celebró “el compromiso con la democracia” del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y condenó el asalto en enero a la sede de los tres poderes del Estado brasileño por parte de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro.

Nichols también recordó que este año se conmemora el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile, así como los 50 años del golpe de Estado en el que murió el presidente Salvador Allende, en el que estuvo involucrado Washington.

El subsecretario expresó su apoyo para que Estados Unidos publique pronto todos los documentos relacionados con “ese período terrible de la historia”, pero opinó que la situación ahora es diferente y que el rol de Estados Unidos en la región es “increíblemente positivo”.

EFE.

IG

El Congreso de Perú bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones, lo que provocó la renuncia de la vicepresidenta del órgano unicameral y cerró uno de los caminos para renovar al Poder Ejecutivo y Legislativo, un reclamo que sacude al país con protestas desde diciembre.

La Comisión de Constitución rechazó en las últimas horas debatir una iniciativa presentada por la mandataria Dina Boluarte, que planteaba adelantar las elecciones presidenciales y legislativas a octubre de 2023, bajo el argumento de un tecnicismo procedimental.

Con 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el cuerpo, presidido por el fujimorista Hernando Guerra García, desestimó la propuesta al manifestar que no puede volver a debatirse una iniciativa que ya fue rechazada, algo que recién podría hacerse durante el siguiente periodo anual de sesiones que comienza a finales de julio.

“El reglamento del Congreso estipula bien claramente que una materia archivada no puede volver a discutirse en la comisión hasta pasada una legislatura”, dijo a los periodistas Alejandro Cavero, congresista del partido Avanza País (derecha), promotor de la votación con la que se descartó la propuesta del Ejecutivo.

“El adelanto de elecciones no puede tratarse hasta la próxima legislatura anual, tendría que esperarse hasta agosto de este año”, estimó Omar Cairo, constitucionalista y profesor de la privada Pontificia Universidad Católica, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

La llegada de Boluarte al Ejecutivo, que en su calidad de vicepresidenta asumió el cargo en diciembre luego de que el mandatario Pedro Castillo fuera destituido y arrestado tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, provocó un estallido de protestas exigiendo su renuncia.

Ante ello, la presidenta pidió al Congreso anticipar los comicios, lo que generó una serie de iniciativas y debates legislativos que fracasaron y que incluyeron adelantar los comicios a 2024 o este mismo año, o realizar un referéndum para decidir si se realiza una asamblea constituyente.

Al no prosperar ninguna de las propuestas, se mantiene por el momento la fecha original para los comicios, previstos para 2026.

Por ahora, según analistas, la única opción de anticipar las elecciones sería una renuncia de Boluarte, que llevaría al presidente del Congreso, José Williams, a asumir el mando para convocar de inmediato a comicios.

La mandataria ya descartó en el pasado abandonar el cargo, pero quien sí dimitió es la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, horas después de que se rechazara el nuevo proyecto de adelanto de elecciones al 2023.

“Renuncio con la esperanza de que se recomponga la mesa directiva y se constituya una fórmula realmente democrática y representativa. Desde el centro democrático creemos que una nueva mesa directiva pueda ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023”, dijo Calle en un vídeo difundido en sus redes sociales.

En tanto, las protestas que ya dejaron varias decenas de muertos continuaron ayer en las calles de Lima y en el sur del país.

“Por culpa del Congreso el pueblo está en las calles”; “Dina y el Congreso la misma porquería”, corearon decenas durante una marcha desde la Plaza Dos de Mayo hasta la Plaza San Martín, en pleno centro histórico de Lima.

La Conferencia Episcopal Peruana emitió ayer una carta dirigida a los congresistas, expresando que “urge su decisión en el adelanto de las elecciones para salvaguardar nuestra institucionalidad democrática”.

CRM con información de la agencia Télam

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, habla desde Lima con elDiario.es mientras el Congreso sigue tratando el adelanto de elecciones para 2023. Este miércoles, los diputados rechazaron un proyecto de ley que planteaba celebrar comicios generales este año, pero horas más tarde el primer ministro, Alberto Otárola, anunció que se ha presentado en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto electoral a 2023. Otárola cree que todavía hay espacio para el diálogo y confía en que el Legislativo “esté a la altura de la circunstancia”. Para la abogada en derechos humanos, una convocatoria anticipada a las urnas podría descomprimir la delicada situación política que vive Perú.

De cualquier modo, la llave para avanzar con unas nuevas elecciones no depende solo del poder Legislativo. “Si Boluarte renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año”, explica Dador. Esto no es lo que piensa la presidenta de Perú, quien aseguró el domingo que la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año “depende única y exclusivamente del Congreso”.

Al mismo tiempo, las protestas continúan en varias regiones del país. También la respuesta represiva por parte del Estado. “En los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflicto, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción del Estado de este tipo”, dice Dador. La Coordinadora ha registrado 58 fallecidos en los últimos dos meses. Del total, 47 han muerto por responsabilidad directa del Estado, 7 de ellos son menores de edad, un policía ha fallecido en manos de los manifestantes y 10 personas en el contexto del bloqueo de carreteras.

Hace una semana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que usted dirige presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Perú de los últimos 50 días. ¿A qué conclusiones llegaron?

Hemos constatado que el Gobierno ha operado al margen de la ley en la respuesta represiva del Estado. No cumplen ni con los estándares nacionales ni internacionales. No ha habido proporcionalidad alguna. Por ejemplo, una sola intervención del Ejército para el control de una manifestación en Ayacucho dejó 10 personas muertas. Es un despropósito total. En Juliaca, alrededor de 22 personas murieron, no por el Ejército sino por el accionar de la Policía. En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles.

En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles

Estamos hablando del uso desproporcionado de la fuerza, del uso de armamento prohibido para el control de manifestaciones, que en este caso además comportan masacres. No solo por la cantidad de personas muertas sino también por las ejecuciones extrajudiciales, que no cumplen con los parámetros acordados por la ley.

¿Ha habido un incremento de la dureza en la respuesta del Estado?

Desde el inicio, el Gobierno actuó de esta forma. El Estado entró a matar desde el inicio. No solo a manifestantes, lo cual tampoco se justifica, porque aun siendo un mal elemento, un violento o un vándalo, tampoco te tienen que ajusticiar, sino también a menores de edad, donde la obligación de protección del Estado es doble.

Existen más de 200 personas detenidas por manifestarse. ¿Las detenciones son legales?

Hay un conjunto de detenciones que no solo son arbitrarias, sino que también han sido masivas. Es como si la Policía saliera y tirara una red y atrapara todo lo que caiga en ella. Estamos hablando de detenciones de 200 personas en un solo acto, a veces 50, otras 60 al mismo tiempo. Es una respuesta desproporcionada. Además, en esos grupos de detenciones masivas, también se identificó que se estaban deteniendo a adultos mayores, vendedores ambulantes, mujeres con niños, personas con discapacidad mental. En general, también hay restricciones al trabajo de las abogadas y los abogados para la defensa de los detenidos.

En medio de las protestas un grupo de policías entró el 21 de enero por la fuerza en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Cómo analiza el procedimiento?

Eso ha sido un allanamiento a la universidad, algo que no veíamos desde los años 90 con la dictadura de Alberto Fujimori. La Policía derribó la puerta, lo cual fue un absurdo, metieron una tanqueta para tumbar la puerta y luego entran por la puerta de costado que estaba abierta.

El allanamiento a la universidad fue de una violencia extrema e innecesaria

Y allí detuvieron a 193 personas, entre estudiantes y manifestantes que venían de las regiones que habían sido albergados allí. Pero no solo los detienen, sino que además los ponen contra el piso, los tiran al suelo, son golpeados e ingresaron a las viviendas universitarias. Fue de una violencia extrema e innecesaria.

¿Hay algún antecedente en el país de lo que está pasando?

La situación es excepcional para Perú. No habíamos tenido una represión de esta naturaleza desde la recuperación democrática en el año 2000. Incluso en los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflictos, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción de este tipo.

¿Por qué cree que que la respuesta de Baluarte ha sido tan dura?

Pienso que el modo en que ella llega al poder por medio de una sucesión constitucional legitima, eso no se cuestiona, pero lo hizo sin respaldo de una bancada en el Congreso ni partidos, sino que estaba sola, es por eso que el modo de sostenerse en el poder ha sido la presencia militar y policial en alianza con los partidos, que están en el Parlamento y cuyos miembros son almirantes de la Marina en retiro, con discursos muy violentos y antidemocráticos.

La Fiscalía General de Perú ha abierto una investigación en contra de Boluarte y tres ministros por genocidio. ¿Puede la presidenta llegar a ser condenada por esta causa?

Nosotros siempre hemos dicho que las conductas realizadas por la presidenta y sus ministros no corresponden a genocidio. En ese caso se requieren un conjunto de elementos que hacen mucho más difícil de probar el cargo. Nosotros hablamos de ejecuciones extrajudiciales. El hecho de que la Fiscalía haya acogido la causa como genocidio, nos hace pensar dos cosas. Por un lado, que la causa se puede reconducir hacia los delitos que realmente puedan quedar probados. Pero puede responder que no corresponde al tipo penal y que se archiva.

Estamos seguros que Boluarte va a terminar en la cárcel

Nosotros, desde los organismos de derechos humanos, tenemos clarísimo que no solo existe responsabilidad política de la presidenta y sus ministros, sino que hay también responsabilidades penales, por la cadena de mando de cómo se tomaron las decisiones. Nos vamos a demorar algunos años, como suele pasar en la Justicia, pero estamos seguros de que Boluarte va a terminar en la cárcel.

¿Qué piensa sobre el hecho de que la primera presidenta mujer de la historia de Perú pueda quedar detenida?

Provengo del movimiento feminista, por eso digo que el cuerpo de mujer no es la que va a garantizar o representar los intereses de las mujeres. Las mujeres peruanas aprendimos en la dictadura de Fujimori, donde nos daban algunas prebendas, que lo que no es bueno para la democracia no puede ser bueno para las mujeres. No, de ninguna manera.

Boluarte es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú

Por lo tanto, no la reconocemos como parte del movimiento de mujeres, nunca tuvo una agenda que defienda los intereses o los derechos de las mujeres, ni de las feministas. Es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú.

¿El expresidente Castillo tiene responsabilidad en los actos de violencia?

No creo que tenga responsabilidad directa. Incluso solo una pequeña parte de la agenda que marcan las protestas pide la liberación del presidente Castillo o la restitución en el poder. En este momento hay tres temas comunes a las distintas movilizaciones: la renuncia de la señora Baluarte, la convocatoria de elecciones generales y, una tercera, que empieza a entrar con más fuerza, que es la necesidad de un proceso constituyente. Luego hacia abajo hay matices.

El Congreso debate en este momento un eventual adelanto de elecciones. ¿Pueden ser las nuevas elecciones una solución al problema en lo inmediato?

Sí, es parte de la respuesta que ayudaría a descomprimir la situación. Cuanto más próxima sea la fecha, será mejor. Ahora, si el Congreso no lo hace, quién tiene que renunciar es Baluarte. Si ella renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año.

La presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año

El otro tema que también está en discusión es si deben o no convocar a un proceso constituyente en este momento. Para mí, sería muy bueno que se apruebe una consulta, para así preguntar a la ciudadanía en el momento de las elecciones si quiere o no ir a un proceso constituyente.

¿Por qué cree que ha sido el Perú rural el que lidera las protestas y no Lima, como ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, con la renuncia de Manuel Merino en 2020?

Es innegable que la llegada del presidente Pedro Castillo al poder ha marcado un antes y un después en la política peruana. Castillo es un hombre del campo, un maestro rural, un sindicalista, hijo de padres analfabetos, con una historia de pobreza, quien lo ve dice: 'Si él puede, yo también puedo'. Es un reconocimiento por identidad. Nadie niega que la gestión del gobierno de Castillo haya sido desastrosa, pero todos fuimos testigos de que se lo trató de burro, de bestia. Creo que eso terminó por ayudar a un movimiento que estaba en ebullición a tomar impulso.

La ONU recomendó a Perú “limitar el uso excesivo de la fuerza” de policías y militares. ¿Cómo analizar la respuesta internacional?

Ha sido muy importante el acompañamiento porque a raíz de lo que se comunica afuera, entre la prensa internacional y los movimientos, es que rebota e impacta dentro del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado al Estado peruano limitar el uso de la fuerza. Sin embargo, el Gobierno está lejos de implementar esas recomendaciones. Por lo tanto, además de las violaciones a los derechos humanos hay un nivel de torpeza política impresionante por parte del Gobierno.

Perú atraviesa días de extrema tensión política que comenzaron con la destitución del expresidente de izquierda Pedro Castillo y la asunción como presidenta de Dina Boluarte, que hasta ese momento era vicepresidenta del mandatario destituido. La crisis se tradujo en protestas en las calles y debido a la represión que ordenó el gobierno ya han muerto alrededor de 50 personas. En el medio, el cura argentino Luis Bejar, que cumplía funciones en Juliaca, en donde fueron asesinados 19 manifestantes, pidió por redes sociales la renuncia de la presidenta, lo que provocó que referentes de partidos de derecha y medios afines lo trataran de terrorista y pusieran en riesgo su vida. La intervención de la Embajada y de la Cancillería argentina, más gestiones que llegaron desde el mismo Vaticano, la garantizaron a Bejar una salida de ese país en cuestión de días, ante la posibilidad cierta de que alguien atentara contra él. 

“Me advirtieron que sectores de las fuerzas armadas andaban detrás mío y que debían sacarme del país. Pese a lo que está sucediendo, el pueblo peruano no se rendirá y superará este momento, voy a volver en marzo porque ese es mi lugar en el mundo”, afirmó a elDiarioAR el sacerdote tucumano Luis Bejar, de 58 años, más tranquilo, desde Santa Rosa de la Pampa, en donde vive una de sus hermanas. El cura nacido y criado en Tafí Viejo, confiesa que no recuerda con precisión cronológica todo lo que vivió desde el pasado 7 de enero, antes de dar misa, cuando por la red social Tik Tok hizo un posteo en donde afirmaba: “voy a pedir por estos 29 hermanos y hermanas que lamentablemente fueron asesinados (la cifra que se conocía hasta entonces). Y voy a rezar también por la pacificación del país, mediante la renuncia de Dina Boluarte. Voy a pedir que ella renuncie, que haya adelantamiento de elecciones y una nueva Constitución. Y después cambiará el Congreso, esperemos que para bien”.

¿Por qué eligió Tik Tok y la razón del mensaje?

Tengo desde hace años una cuenta en Facebook pero me dijeron que esta nueva red tiene mayor alcance, sobre todo, en los jóvenes. Así que en enero me hice un usuario y el tercer posteo fue para dar este mensaje, ante el silencio de la iglesia oficial de Perú que por las muertes sólo hizo un comunicado llamando a la paz. Un comunicado que no decía absolutamente nada porque no fueron muertes, se trató de asesinatos, de crímenes en las calles por las protestas, no se trataron de muertes por causas naturales o una enfermedad. Incluso, mataron a un jovencito de 15 años. Eso es intolerable, frente a un pueblo que está siendo reprimido con el aval de los partidos liberales y de extrema derecha, que también se opusieron a todo lo que proponía el expresidente Castillo.

La carta del Obispo

En ese mismo mensaje por esta red, el cura tuvo palabras en contra del congresista Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas y miembro del partido ultraconservador Renovación Popular, que unos días antes había denunciado penalmente a Evo Morales, expresidente de Bolivia, por supuestamente atentar contra la integridad de Perú y  apoyar las manifestaciones populares. “Debería lavarse la boca antes de nombrar a Evo, un referente nacional, latinoamericano y mundial, no sé cómo llegó al Congreso, cállate”, sostuvo el sacerdote. 

El video se viralizó y dos días más tarde las autoridades de la iglesia católica peruana respondieron. El Obispado de Puno le ordenó a Bejar que renuncie a sus funciones en Pucará -la región que estaba a su cargo de su misión sacerdotal, que incluye a Juliaca- y se tome un año sabático para estudio. El Tik Tok también fue compartido por medios vinculados a sectores del poder empresarial, por lo que el cura se convirtió en blanco de duras críticas y acusaciones. La carta del Obispado, con la firma del obispo Jorge Carrión Pavlich, incluso fue leída como un indirecto aval a quienes lo acusaban de terrorista. “Su imprudencia está causando un grave daño a la Iglesia y crece un sentimiento en contra suya por ser extranjero, que lo identifican ellos como terrorista”, dijo. En la misiva del obispo se omitió señalar, por ejemplo, que Bejar ejerce desde hace 26 años su misión religiosa en Juliaca y tampoco se identificaba al “ellos”, es decir, a sus acusadores.

La situación escaló cuando el congresista Montoya elevó un pedido al Nuncio Apostólico de Perú para la destitución y traslado del cura tucumano, a quien acusaba de comunista y de hacer política desde el púlpito. La tensión se tornó casi insostenible para Bejar, por lo que el día 11 obedeció y presentó su dimisión, aunque antes habló por teléfono con el obispo, a quien le aclaró que no se arrepentía de sus mensajes: “no había ninguna razón para quedarse callado frente a los asesinatos, lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas”.  Para entonces, el propio Evo Morales en su cuenta de Twitter ya había compartido sus palabras, lo que visibilizó aún más la situación, con la frase: “Gracias hermano Luis Humberto Bejar, Sacerdote del pueblo”. 

Un amante de las montañas

Este sacerdote nació y se crió en Tafí Viejo, ciudad que está pegada a San Miguel de Tucumán, hacia el noroeste. Forma parte de una familia numerosa, cuyos apellidos son muy conocidos en su pueblo por estar relacionados a la política y la participación en entidades sociales: los Bejar y los Assaf. Es uno de nueve hermanos. Sus padres tuvieron tres pares de mellizos: un par de varones, un par de mujeres y los mellizos Luis y Sandra. Jugó básquet desde su adolescencia en el club Juventud Unida, en donde integró el equipo de primera división y se destacó por su fortaleza física. Era un obsesivo de los entrenamientos. En el medio, descubrió el montañismo, por estar Tafí Viejo al pie de la Sierra de San Javier, cuya altura llega hasta los 1900 msnm.

En los años 80 integró dos grupos de andinismo, con los que alcanzó cumbres tucumanas superiores a los 4000 msnm, hasta que en 1987 encaró el desafío más importante: llegar a los 6.355 msnm del Nevado de Cachi, en Salta. No pudo ser. Mil metros antes sus pulmones sintieron la falta de oxígeno y no pudo dar ni un paso más, a lo que se sumaron las malas condiciones del tiempo que hicieron que el equipo decidiera descender de inmediato. “En medio de la preocupación de mis amigos, estando aturdido, les decía que Dios nos iba a sacar de esa situación, que nos iban a rescatar. Y fue así, nos rescataron, aunque a mí me llevó casi un mes de recuperación, con varios días de suero y medicamentos”, rememora sobre esos días el sacerdote.

Unos días antes de ese frustrado ascenso, a poco de egresar del colegio secundario, su madre le recordaría que apenas regresara a Tucumán debía rendir una materia de su primer año en la carrera de Abogacía, en la Universidad Nacional de Tucumán. Poco convencido porque ya la había desaprobado una vez, recuerda el padre Luis a elDiarioAR que le respondió: “cuando baje voy a ver qué haré con mi vida”. En pleno proceso de recuperación se encontró con la respuesta para su vida. Decidió ingresar al Seminario Mayor, en Tucumán. Continuó con sus estudios en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, en Buenos Aires, en donde también cursó Teología en la Universidad Católica (UCA). Los curas operarios, orden que nació en España, se caracterizan por ejercer su tarea de formación de sacerdotes y trabajar por las vocaciones. Se ordenó como sacerdote el 21 de diciembre de 1996, en Tucumán, en la Parroquia Monserrat, que tiene un colegio primario y secundario, en donde estaban presentes religiosos de la orden de los operarios. 

A los dos meses, la orden recibe la invitación desde Puno, Perú, para que dos curas ejerzan su misión en ese obispado. Eligen a un cura con experiencia y a él, que acepta de inmediato.

Un camino que le permitió integrarse con rapidez a la comunidad del lugar fue el deporte. Desde el frustrado ascenso al Nevado de Cachi le quedó como hábito la práctica de básquet. Apenas puso un pie en Juliaca buscó una cancha y la encontró en un barrio cercano a la parroquia.

Otra actividad que lo comprometió fue fundar y presidir la asociación civil Nuevo Amanecer, a través de la que se construyeron tres casas estudiantiles para adolescentes y jóvenes, se administra una escuela heredada de un sacerdote que murió en 2015, y se sostiene centro de reforestación que ya lleva más de 5000 árboles plantados en zonas recuperadas.

Horas de máxima tensión y de decisiones

Tras el ultimátum del obispo de Puno, Bejar cambió de domicilio en Juliaca y desactivó la ubicación de sus dispositivos digitales. Solo un puñado de cercanos conocían a donde estaba. Mientras tanto, con Juliaca sitiada por las Fuerzas Armadas, se puso en contacto con los Curas por la Opción por los Pobres argentinos. “El padre Pepe Di Paola estuvo muy atento y también el embajador argentino Enrique Luis Vaca Narvaja, que actuó vía por mediación de la Cancillería. Hablé con ambos y referentes de otras oganizaciones de Derechos Humanos, que me hicieron sentir acompañado”, recuerda Bejar a elDiarioAR sobre esas horas.

Todos le recomendaron bajar el perfil hasta lograr su salida de Perú pero el padre Luis no pudo con su naturaleza. Enterado que en Juliaca se iba a realizar un funeral con los féretros de los 19 asesinados por balas de fuego, decidió salir de su refugio y asistir. “Caminé hasta llegar a la plaza, en donde hubo 100.000 personas. Me acerqué a los féretros, a los familiares de los muertos y grande fue mi sorpresa cuando me reconocieron y recibí tantas muestras de afecto como jamás en mi vida. Muy sentidas, en medio de tanto dolor y de reclamo. Fue muy fuerte e inolvidable. Dos sacerdotes dieron una misa y me sumé a ellos, me temblaban las piernas”, recuerda. “Cuando todo terminó, regresé al lugar en donde me encontraba, ya con la noticia de que tenía pasaje en avión para retornar a Argentina, aunque antes debía viajar a Arequipa cuatro horas en vehículo para, desde allí y en vuelo de cabotaje, llegar a Lima, en donde me esperaban amigos y el boleto a Buenos Aires”.

Bejar salió de Juliaca durante la madrugada, en plena oscuridad, en un vehículo particular junto a dos personas. El viaje de cuatro horas se extendió a nueve, por los retenes en las rutas y las protestas. Recién en el tercero de los intentos pudo llegar al aeropuerto arequipeño. El primero no prosperó por la fuerte vigilancia de las Fuerzas Armadas, el segundo por las protestas en las calles y la represión, hasta que en el último pudo sortear esos impedimentos luego de caminar dos horas. Así llegó a Lima, en donde estuvo tres días -casi escondido- para retornar a Agentina. “Tengo a muchas personas para agradecer, entre ellas, por ejemplo, a los tucumanos José Vitar y a Noguera, a Vaca Narvaja y al equipo del canciller Santiago Cafiero y a muchos conocidos y anónimos que estuvieron en contacto permanente. También al Vaticano porque sé, por fuentes cercanas, que el Papa Francisco sabía de mi situación y se ocupó”, señaló a Bejar.

Para dialogar con elDiarioAR, el padre Luis contó que hizo una pausa en la lectura del libro “Tucumantes. Relatos para vencer el silencio”, de la periodista Sibila Camps, el resultado de una investigación con los que la autora compone una obra de la no ficción sobre la violencia que sufrió Tucumán durante la última dictadura cívico militar.

Consciente que despertó contra él la ira de la derecha peruana, se propuso volver a Juliaca. “Es mi lugar en el mundo, ya encontraré algún modo de volver en marzo o cuanto antes”, promete.         

DC/MG

El Gobierno de Perú lamentó este sábado que el Congreso no haya aceptado adelantar las elecciones generales para octubre de este año y exhortó a las bancadas “a colocar por encima los intereses” del país, en medio de la crisis social y política que dejó 64 muertos desde diciembre en la nación andina.

“Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades”, señaló la Presidencia peruana en un mensaje publicado en Twitter.

El Parlamento peruano rechazó este viernes adelantar las elecciones generales para octubre, tras debatir durante más de 8 horas un proyecto en ese sentido, luego de lo cual, el presidente del Congreso, José Williams, informó que se había planteado un pedido de reconsideración que se discutirá el lunes para determinar si se vuelve a votar la propuesta.

En ese sentido, el Ejecutivo exhortó este sábado a las bancadas “a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú” para modificar esa decisión.

“Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social”, enfatizó.

El proyecto para adelantar las elecciones generales fue planteado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García pero, tras 8 intensas horas de debate, recibió solo 45 votos a favor cuando debía contar al menos con el voto favorable de 87 parlamentarios, ya que se trataba de una reforma constitucional.

Durante el debate, Guerra García sostuvo que el adelanto en la fecha de los comicios era “una necesidad” para “darle un alivio” a su país “y a los ciudadanos”, en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre.

Su propuesta planteaba que se incorporaran disposiciones transitorias especiales para que las elecciones generales se celebren en octubre de 2023 y el nuevo Congreso asuma sus funciones el 31 de diciembre y el nuevo Gobierno el 1 de enero de 2024.

El siguiente Ejecutivo y Legislativo cumplirían sus funciones, de manera excepcional, hasta julio de 2029, seis meses más de los cinco años establecidos en la Constitución, con el objetivo de retomar en el período posterior la toma de mando en el tradicional 28 de julio, fecha de la independencia nacional.

Antes del inicio del debate del viernes, la presidenta Dina Boluarte instó al Congreso a aprobar el adelanto electoral como medida para salir de la crisis y en respuesta a una de las principales demandas de las protestas antigubernamentales, que también reclaman su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Hasta la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.

A estas víctimas, se suman 11 decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerte ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef, lo que resulta en 64 fallecidos por las protestas desde el 11 de diciembre. 

CRM con información de la agencia EFE

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió hoy al Congreso adelantar las elecciones a diciembre de este año, ante la crisis que vive el país, donde se registran protestas desde hace semanas que dejaron ya al menos 48 muertos y que empiezan a afectar el abastecimiento en las provincias del sur.

Tras señalar que en principio “desde el Ejecutivo habíamos planteado para que estas elecciones se adelanten a abril de 2024 (...). Sin embargo, las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia”, Boluarte dijo a la prensa local que tras conversarlo con el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, la propuesta es que los comicios se celebren en diciembre de 2023.

“Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tienen ningún interés en aferrarse al poder (…) Estaremos acá hasta que el Congreso (defina). Pónganse de acuerdo: tal día las elecciones y, en ese instante, estaremos convocando a elecciones generales”, resaltó Boluarte, que asumió el cargo el 7 de diciembre después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, del que era vice, según la emisora RPP.

El partido Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, había pedido ayer al Congreso adelantar las elecciones generales para este año, pero el jefe de Gabinete lo rechazó con el argumento de que no serían transparentes

Sin embargo, Boluarte dijo hoy que no objetaba la propuesta del partido de derecha, pero señaló que la insistencia de las bancadas de izquierda para que junto al recorte de mandato se haga un referéndum constituyente “es una justificación más para poder radicalizar y seguir ensangrentado el país”.

El Congreso reanudará este viernes la sesión para evaluar el adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo para abril de 2024, que en diciembre ya había sido aprobado en una primera votación. En esa instancia, se prevé que Fuerza Popular presente un nuevo texto sustitutivo para que los comicios se lleven a cabo en diciembre de este año.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que el entonces presidente anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.

Durante las protestas murieron al menos 48 personas en enfrentamientos, entre ellos un policía, y otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de vías para exigir la renuncia de la Presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.

DA

El llamado a tregua nacional hecho ayer por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, no tuvo efectos y, por el contrario, antecedió a nuevos choques, a más militarización y a la salida de otra ministra, Sandra Belaunde, quien hoy renunció a Producción.

“La exigencia de los dirigentes es que la presidenta renuncie y la presidenta no quiere renunciar”, le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, en referencia a por qué no se le ve futuro a la tregua que, sin especificaciones, planteó la mandataria en conferencia de prensa.

Santa Cruz destacó que Boluarte no intentó ningún mea culpa. Al contrario, insistió en que las protestas son financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico y que algunos muertos han sido asesinados con armas bolivianas, versión sobre lo que hasta ahora no se ha dado ninguna prueba.

Apenas terminó la presidenta su planteamiento, en varias ciudades se reactivaban las movilizaciones que empezaron el 7 de diciembre y que, en el caso de Lima, la ciudad más reticente a sumarse, completan ya una semana sin descanso.

Todo empezó con la destitución por el Congreso del presidente Pedro Castillo, quien previamente intentó disolver el Parlamento y decretar un Estado de excepción sin apoyo popular ni militar, que abortó con una reacción que puso al frente a la vicepresidenta Boluarte, proveniente de la izquierda como su antecesor.

Boluarte anunció que pretendía quedarse hasta 2026, desoyendo el clamor de elecciones generales inmediatas para Ejecutivo y Legislativo, y se alineó con la derecha. Lo que le generó un rápido distanciamiento con sus bases.

Cuando corrigió y habló de elecciones anticipadas, ya había muertos y el divorcio se tornó prácticamente irreversible.

Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó seis fallecidos; el de Chile, ese mismo año, 34; el de Colombia en 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política, dice un texto firmado por varios de los más reputados científicos sociales peruanos.

Somos muy conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale y así socavar la democracia. Grupos que han cometidos actos bárbaros (…). Sin embargo, el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima, añade el documento.

Si la presidenta solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia, debería renunciar, sentencia el texto, firmado por expertos de diversas tendencias.

Según el diario limeño La República, Boluarte ha estado dos veces a punto de renunciar, pero se lo ha impedido su primer ministro, Alberto Otárola, percibido como el hombre fuerte del régimen.

De acuerdo con esas versiones no confirmadas, Otálora le ha dicho a la jefa de Estado que, si renuncia, ambos tendrán que enfrentar a los tribunales por excesos de violencia. A cambio, le ha ofrecido respaldo de la Justicia, la Fiscalía, de la derecha política y de los poderes mediático y económico.

Por ahora, la Fiscalía avanza en indagaciones preliminares contra Boluarte y su jefe de gabinete, mientras que un grupo de abogados los denunció ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”.

El ingreso violento en Lima de la Policía, la Universidad estatal San Marcos, la mayor del país y la más antigua de América, también generó gran malestar: fueron detenidos 193 supuestos extremistas, sin los procedimientos que se aplican aún en estado de emergencia y con denunciado exceso de fuerza.

Al final, 191 fueron liberados sin condiciones en unas horas por no haber ningún elemento en su contra, uno quedó bajo comparecencia para aclarar casos y solo uno quedó detenido por una vieja requisitoria sin relación con el tema.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios estados vecinos han expresado preocupación por lo que ocurre.

Boluarte, abogada de 60 años que como Castillo proviene de una familia andina, pobre y quechua hablante, insiste en que el Congreso avance pronto en la fecha exacta para las elecciones, en principio planteadas para abril de 2024, aunque la oposición quiere que sean en 2023.

La presidenta lucha por sobrevivir en el poder. Si renuncia, su lugar sería tomado por el jefe del Congreso, José Williams, pero este tiene más anticuerpos, por lo que la salida planteada por expertos es que el Parlamento busque una figura más digerible para encausar el proceso electoral.

DA

Gabriel Boric, el presidente de Chile, pidió este martes en su intervención en la Cumbre de la CELAC por la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, y aseguró que Perú necesita un “cambio de rumbo” ante la violencia “inaceptable” que está viviendo en este último mes.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú hay personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, dijo el mandatario ante el plenario del bloque.

Boric, quien está de estreno en el cónclave de la CELAC tras asumir la presidencia del país vecino hace un año, recalcó “la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo” en Perú. “El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia -tras el fallido autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo- es inaceptable”, agregó.

El presidente chileno, que desde que llegó al poder ha criticado duramente los regímenes autoritarios de la región, por lo que muchos analistas le consideran un referente de la nueva izquierda latinoamericana, también se refirió a la crisis en Venezuela y pidió por la vuelta del país caribeño “a los foros multinacionales”.

“La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela”, apuntó. Nicolás Maduro era la gran incógnita de los últimos días, y la incertidumbre sobre su participación se mantuvo casi hasta el final.

Ayer lunes por la tarde, el Gobierno venezolano informó de un presunto “plan de agresión” de la “derecha neofascista” contra la delegación que iba a encabezar Maduro, la cual al final encontraría su reemplazo en el canciller Yván Gil Pinto.

Boric, sin embargo, pidió elecciones “libres, justas y transparentes” en Venezuela para el 2024, expresando el deseo de su administración de “colaborar en el dialogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida” a la crisis.

“Fuera de la democracia no hay libertad ni dignididad posible (...) La dictadura (de Chile) nos enseño de forma brusca a sangre y fuego los efectos de relativizar la democracia y los derechos humanos”, añadió el exlíder estudiantil, quien pidió por la condena a los atropellos a los derechos humanos “independientemente del signo político de quien gobierne”.

“La democracia se debe respetar especialmente en elecciones libres cuando gana aquel con quien no estoy de acuerdo, y los derechos humanos son avances civilizatorios que deben ser respetados”, concluyó.

La VII Cumbre de la Celac reúne este martes en el hotel Sheraton del centro de Buenos Aires a representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe. Además de Boric, asisten Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Luis Alberto Arce (Bolivia), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Xiomara Castro (Honduras), entre otros.

LC con información de agencia EFE

Vicente Romero, ministro del Interior de Perú, afirmó que el operativo policial que ingresó el sábado por la fuerza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima estaba justificado, a pesar de que hay acusaciones que afirman que no cumplió con los procedimientos legales.

“He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley”, indicó ayer domingo en una entrevista donde matizó que, de haber algún incumplimiento, se establecerán los responsables, según informó la agencia Europa Press.

Romero explicó que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención: “Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”.

El sábado pasado, cerca de 400 policías ingresaron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales en la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir con los requisitos legales para esa intervención, según denunciaron los manifestantes.

Para entrar, las fuerzas de seguridad rompieron la enorme reja con un vehículo antimotines y detuvieron a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar. El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que hubo 205 detenidos, según recogió RPP.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso” y recalcó que llevar a los detenidos “ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas”.

Mediante un comunicado institucional, la UNMSM indicó que solicitaron la intervención policial por una denuncia de agresión contra la seguridad privada. “El sábado 21 de enero, la Policía Nacional de Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos”, se lee en la misiva.

Abogados de la región de Puno que llegaron al lugar denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores. El ministro, quien señaló que la intervención fue motivada para “dar seguridad”, destacó que durante la operación “no hubo ni un solo herido” por parte de los agentes de seguridad.

Según la universidad, la Policía actuó “de oficio” porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves. Durante la intervención, la Policía detuvo a 193 personas, de las cuales 192 fueron liberadas ayer domingo, informó la Fiscalía de la Nación en un comunicado. Una persona quedó detenida debido a que tenía una requisitoria previa.

Recuento de la “Toma de Lima”

Miles de personas llegadas del interior marcharon en Lima el jueves y el viernes, en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Para Romero, el trabajo de la Policía durante estos días de manifestaciones antigubernamentales en Perú ha sido “excepcional”, al tiempo que opinó que la marcha multitudinaria de la semana pasada -conocida como “Toma de Lima”- fue un fracaso.

La represión policial dejó hasta el momento 46 muertos -45 manifestantes y un policía- desde que las protestas estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Dina Boluarte en su condición de vicepresidenta. Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

Desde entonces y hasta el pasado viernes, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior. A última hora del viernes, se estimó que habían al menos 3.700 manifestantes distribuidos en distintos puntos de la capital, participando en la “Toma de Lima”.

Luego de la masiva manifestación del jueves en Lima, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país. En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los congresistas.

LC con información de agencia Télam