La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano fue dada de alta en las últimas horas. Había sido internada el miércoles pasado por un cuadro gastrointestinal, luego de que en su entorno denunciaran “aprietes” por su fallida designación al frente de la comisión de Juicio Político.

De esta manera, se esperan definiciones con respecto a su futuro político. Todavía no hay precisiones sobre la validez de sus desafección como titular de la comisión. Hace poco más de una semana, LLA expuso otra vez sus divergencias internas a cielo abierto. 

Pagano venía insistiendo en que la reunión en la que fue nombrada fue votada por mayoría para hacerse de la presidencia de dicho cuerpo fue “legal”, ya que tenía el quórum reglamentario. 

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que impugnó el nombramiento con el apoyo de Karina Milei, dijo que dicha reunión de comisión había sido suspendida unos minutos antes de que empezara, por lo que la votación no tenía validez alguna.

El riojano también explicó que Pagano “no tenía el consenso del bloque” para quedar al frente de una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, y que la nominación de la periodista fue un intento unilateral de un sector de su espacio.

El promotor de esa designación fue el diputado nacional Oscar Zago, cuya insistencia le costó su cargo como presidente del bloque de La Libertad Avanza: en la noche de ese jueves, lo reemplazaron por Gabriel Bornoroni.

Molesto con su desplazamiento, el porteño pegó el portazo al bloque de La Libertad Avanza para conformar una bancada de con otros tres integrantes del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque pidió seguir articulando con el oficialismo mediante un interbloque.

CRM con información de la agencia NA

En medio de un escándalo por el intento de la presidencia de la Cámara de Diputados de suspender la reunión de la comisión de Juicio Político, finalmente se pudo avanzar con la designación de Marcela Pagano (La Libertad Avanza) al frente de ese cuerpo clave para el funcionamiento legislativo.

Para la perplejidad de todos los diputados presentes, inclusive los oficialistas que completaban el quórum reglamentario de la sesión, el subdirector legislativo de comisiones, Miguel López, anunció en el arranque que la reunión estaba suspendida por decisión de la presidencia de la Cámara, sin precisar detalles sobre los fundamentos de la decisión.

“Hemos notificado a sus despachos, a bloques y autoridades que por indicación de la presidencia se ha suspendido esta reunión”, indicó.

Los semblantes de indignación y estupor de los diputados preanunciaban el escándalo, que se apoderó de la escena.

El primero en reclamar explicaciones fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien subrayó que Juicio Político “es una comisión muy trascendente” y recordó que durante casi todo el año pasado se desarrolló en ese ámbito el proceso de acusación a los jueces de la Corte Suprema.

“El volumen y la importancia de esta comisión merecen un trato institucional distinto”, indicó.

Se sumó a las expresiones de fastidio el radical Fernando Carbajal, quien llegó al extremo de pedir al resto de la oposición que haga un esfuerzo para lograr una mayoría que impida que la conducción de Juicio Político no recaiga en el oficialismo.

“Repudio al presidente de la Cámara (Martín Menem) que sería quien aparentemente ha tomado esta decisión y la preocupación por la degradación institucional a la que se está sometiendo a este Congreso. Es verdaderamente una vergüenza, es una manobra política de aquellos que decían que venían a cambiar”, estalló el formoseño.

El representante de la UCR le recomendó al oficialismo que “si tienen problemas internos, que den la discusión interna, pero que no sometan al Congreso de la Nación a este maltrato y esta decadencia de la calidad institucional”.

“Tenemos que soportar todos los días a un presidente (Javier Milei) que descalifica a las instituciones de la democracia, que ataca a la prensa independiente y como si esto fuera poco las propias autoridades de esta cámara con este tipo de actos lo que hacen es seguir atacando el sistema democrático”, siguió.

“Pido que hagamos un esfuerzo de generar una mayoría que ponga la presidencia de esta comisión en manos de la oposición en tanto es un organismo de control del Poder Ejecutivo. Es necesario que actuemos con firmeza para asegurar la democracia en este país”, finalizó Carbajal, cuyo pedido no tuvo el eco esperado entre sus pares de la comisión.

El siguiente en tomar el uso de la palabra fue Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), quien advirtió sobre la “enorme irregularidad” que se estaba produciendo.

“La propia Constitución nacional tiene a esta comisión en un lugar destacado de su plexo normativo. Lo menos que uno estaría esperando es explicaciones del bloque oficialista de modo tal de saber en qué situación nos encontramos y cómo hemos llegado a este que es un verdadero bochorno”.

“Se tiene que hacer cargo el presidente de la cámara que es el responsable institucional de la conducción de este cuerpo. Le pido al bloque oficialista que nos brinde alguna explicación al respecto”, remató el radical kirchnerista.

Sin esquivar la situación, el diputado nacional de La Libertad Avanza Oscar Zago contestó que no sabía que era lo que había ocurrido para que se suspendiera la reunión, y se mostró tan sorprendido como los opositores.

“El presidente de la Cámara de Diputados no nos comunicó a los miembros de esta comisión que se iba a suspender, por eso estamos presentes aquí. Nos hemos enterado en este preciso momento. Estamos cuatro miembros, falta un solo miembro de nuestro bloque. Pedimos disculpas de nuestro bloque”, expresó.

Consciente del escándalo que se estaba suscitando por una decisión que ni siquiera podían defender los propios diputados oficialistas de la comisión, la presidencia de la Cámara bajó la contraorden y la sesión que contaba con el quórum reglamentario se pudo desarrollar.

Zago propuso a Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político y hubo asentimiento mayoritario, en una votación a mano alzada.

CRM con información de la agencia NA

La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano fue elegida para presidir la comisión de Juicio Político, en un gesto de reconciliación con el presidente Javier Milei. 

Se trata de un lugar clave ya que por ejemplo a través de ese cuerpo el kirchnerismo acusó el año pasado por mal desempeño a la Corte Suprema.

La designación de la periodista se hará oficial mañana a partir de las 11 horas en la reunión constitutiva de la comisión.

Juicio Político es una de las cinco comisiones llamadas “de gestión” o “de gobierno”, y por lo tanto hay una tradición de cederle el manejo al oficialismo, tenga o no tenga mayoría.

Las otras cuatro comisiones de gestión ya están constituidas desde enero pasado: Presupuesto y Hacienda (la preside José Luis Espert, de La Libertad Avanza), Legislación General (Gabriel Bornoroni, LLA), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz, LLA) y Relaciones Exteriores y Culto (Fernando Iglesias, PRO). 

En marzo del año pasado, la periodista especializada en economía fue desvinculada del medio televisivo en el que trabajaba en medio de denuncias de supuesto “maltrato”.

Enseguida, se sumó a la campaña incipiente de Javier Milei, y obtuvo un lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Se esperaba que Pagano tuviera un papel importante en el elenco libertario, pero en el reparto de comisiones se vio desfavorecida ya que el presidente no le concedió la presidencia de ninguna comisión.

Decepcionada, renunció a integrar las comisiones de Presupuesto y Relaciones Exteriores que le habían asignado, y se especuló que podía dar el portazo de un momento a otro.

Pese a estar en conflicto con el espacio liberal, actuó un operativo de contención que logró que la diputada se quedara en el bloque, aún bajando significativamente su perfil.

Con esta designación al frente de Juicio Político, Pagano vuelve a tener un lugar preponderante: será la encargada de decidir si se habilita o no los pedidos de juicio político que eventualmente surjan contra el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema. 

El año pasado, cuando el Frente de Todos era Gobierno, el kirchnerismo utilizó su mayoría en la comisión para impulsar la acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

Además de Pagano, por el oficialismo serán parte de Juicio Político el jefe del bloque, Oscar Zago; Lisandro Almirón, Nicolás Emma y Nicolás Mayoraz.

Unión por la Patria contará con 13 miembros de los 31, que serán: Carolina Gaillard (la última presidenta de la comisión), Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky. 

Por el Pro estarán Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Álvaro González, Silvia Lospennato y Patricia Vásquez; por la UCR Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Francisco Monti y Alfredo Vallejos; por Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, Emilio Monzó y Paula Oliveto; y Alberto Arrúa de Innovación Federal. 

CRM con información de la agencia NA

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para mañana a una última reunión que tendrá como objetivo la votación de los dictámenes contra los cuatro jueces de la Corte Suprema investigados por presunto mal desempeño en sus funciones.

La citación se reprogramó para las 15 (en la Sala 1 del anexo A de la Cámara baja) a raíz de un pedido de Juntos por el Cambio, dado que los gobernadores de la oposición se reunirán al mediodía con los legisladores actuales y electos de esa fuerza política.

El dictamen que se vote quedará listo para el recinto y tendrá vigencia por tres años, pero el Gobierno entrante de La Libertad Avanza ya avisó que no le interesa impulsar el juicio político contra los cuatro cortesanos.

Unión por la Patria requerirá las dos terceras partes de los votos para poder designar a una comisión acusadora formada por tres diputados, para que sostengan la acusación ante el Senado. Y luego en la Cámara alta, en el remoto caso de que llegue el dictamen de la acusación, también se exigirá la misma mayoría especial para la remoción de los jueces.

Se trata de un escenario prácticamente imposible, habida cuenta de que el propio presidente electo, Javier Milei, ya desestimó el juicio político y el designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que procedimiento contra los magistrados es “algo ilegítimo” e “infame” que “tiene que terminar”.

Días atrás, el abogado penalista de La Libertad Avanza mantuvo una reunión con los cuatro jueces de la Corte, a la que definió como “buena y prestigiosa”. “Va a ser independiente, libre de decisión, sin presiones sin coacción, sin interferencia de terceros, como manda el estado de derecho”, garantizó.

La reunión estaba originalmente prevista para el viernes 17 de noviembre, pero por la cercanía con el balotaje se decidió postergarla aprovechando la prórroga de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, y así evitar que el tema quedara instalado en medio de la campaña.

El propio (ex) candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien nunca estuvo demasiado convencido de la pertinencia y conveniencia de un juicio político contra la Corte, fue quien solicitó dicha reprogramación.

Con la extensión de las sesiones ordinarias, la comisión tiene hasta el 29 de noviembre (es decir, 10 días antes del cierre del período ordinario) para dictaminar, porque caso contrario la investigación vuelve a foja cero y se pierde todo el trabajo realizado durante este año.

La última reunión del 7 de noviembre pasado había terminado en un escándalo ya que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, la dio por terminada a dos minutos de haberse iniciado para evitar que se generara una discusión sobre la presunta red de espionaje que involucra a Rodolfo Tailhade por las filtraciones de chats con el espía preso Ariel Zanchetta.

A dicha reunión habían sido convocados los jueces que no habían hecho el descargo por escrito de los cargos, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pero se ausentaron.

En tanto, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz habían contestado previamente planteando por separado irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso y advirtieron que muchos de los cargos formulados por la comisión carecen de las precisiones mínimas.

“Hay cargos que vinculan hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”, señaló Rosenkrantz en su escrito.

MM con información de NA

Diputados de Juntos por el Cambio pidieron el “apartamiento preventivo” de su par del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) Rodolfo Tailhade de la Comisión de Juicio Político por sus vínculos con Ariel Zanchetta, el ex policía imputado por espionaje ilegal a jueces y dirigentes políticos. Así lo hicieron en un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, en el que indican que la continuidad del legislador kirchnerista pondría “en juego el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa de los magistrados investigados” y la imparcialidad del trabajo de la comisión.

“A fin de evitar que se sigan llevando a cabo irregularidades en la tramitación del mencionado juicio político y de garantizar el normal funcionamiento del Congreso y de la Justicia consideramos imprescindible que la presidenta de la Comisión de Juicio Político disponga, de modo urgente, el apartamiento preventivo del diputado Rodolfo Tailhade de la mencionada comisión”, establece el escrito.

Según trascendidos periodísticos, el legislador kirchnerista ─que es uno de los miembros más activos de la comisión a cargo de su compañera entrerriana Carolina Gaillard─ habría mantenido conversaciones vía whatsapp con Zanchetta en las que recibía información del caso “Lago Escondido”. Dicho encuentro es uno de los puntos fundamentales que motivaron el juicio político contra el Máximo Tribunal.

“Como puede apreciarse, resulta sumamente grave que un diputado que integra la Comisión en la que tramita el juicio político promovido contra los cuatro ministros de la Corte Suprema —y en la que, además, y como hemos denunciado en la notas remitidas a esa presidencia el 23 de febrero 2 y el 21 de marzo de 2023,3 se han difundido comunicaciones obtenidas ilegalmente como fundamento para sostener algunas de las acusaciones— haya mantenido innumerables conversaciones telefónicas, precisamente, con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que ilegalmente obtuvo comunicaciones de magistrados, políticos, periodistas, empresarios y personajes de cierta relevancia pública y política”, sostuvieron desde Juntos por el Cambio.

El documento presentado ante Moreau cuenta con la firma del vicepresidente de la comisión, Juan Manual López (Coalición Cívica); el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi (PRO). También cuenta con el apoyo de los legisladores Manuel Ignacio Aguirre, Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Ximena García, María de las Mercedes Joury, Francisco Monti, Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago y Dina Rezinovsky.

ACM con información de agencias.

Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, respondieron a la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja por los cargos formulados por mal desempeño de sus funciones. Los magistrados tenían tiempo para hacer su descargo por escrito hasta el día de hoy o podían presentarse para hacerlo de manera presencial el próximo martes en el marco de una nueva reunión de la comisión.

Los letrados presentaron dos escritos distintos en los que rechazan las acusaciones en su contra en el marco de la investigación que lleva adelante la comisión encabezada por la legisladora oficialista Carolina Gaillard. Además, advirtieron sobre la “independencia judicial”.

“Las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”, señaló Rosenkrantz.

Y agregó: “Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas y una demonización de mis votos”.

En tanto, Rosatti cuestionó irregularidades en la investigación que afectan la garantía de debido proceso y el derecho de defensa en juicio, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. “La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado ─de ser necesario─ por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin, hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluso el previsto en el artículo 14 de la ley 48”, advirtió el magistrado del Máximo Tribunal.

Ahora, el Frente de Todos buscará el dictaminar antes del 20 de noviembre, último día amparado por el reglamento de la Cámara de Diputados para que las comisiones se expidan sobre asuntos sometidos a su estudio “salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.

ACM con información de agencias.

La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy el informe de formulación de cargos por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes serán citados para que realicen su descargo. Podrán hacerlo de manera presencial ─en una audiencia el 7 de noviembre─ o por escrito en un lapso máximo de diez días hábiles, de modo que que 17 de noviembre la comisión ya se encuentre en condiciones de dictaminar.

“La presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”, explicó Carolina Gaillard, diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de la Cámara Baja.

Los magistrados fueron investigados por el fallo de 2x1 en el cómputo para al conmutación de al pena de represores de la última dictadura militar, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social judicial, el fallo por la coparticipación de recursos federales en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el “asalto” al Consejo de la Magistratura.

Para la jornada de este miércoles, estaban convocados testigos del juicio político contra Ricardo Lorenzetti, impulsado por la Coalición Cívica, pero ninguno de los cuatro citados se presentó en el Congreso. Héctor Marchi, uno de los convocados y cercano al letrado en cuestión, justificó su incomparecencia por vía telefónica y recordó que ya había asistido a la comisión en calidad de testigo en dos oportunidades.

Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, explicó que tampoco pudo concurrir por la agenda de reuniones de su gremio. En tanto, Gustavo Francisco Tita, denunciante de Lorenzetti hace año, y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela (ciudad de nacimiento del juez) también estuvieron ausentes.

De acuerdo a Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, todos los testigos fueron “presionados” para que no se presentasen a declarar en contra del magistrado. “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”, advirtió antes de apuntar también contra el oficialismo por “dejar para el final” la causa presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto.

“Estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer. Hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice 'acá estoy. Fijate lo que soy y fijate de qué lado estás vos'”, agregó en la misma línea Oliveto.

Por su lado, ante las acusaciones de López contra el Frente de Todos por presunta animosidad hacia algunos jueces del Máximo Tribunal, Gaillard explicó que el proceso “se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” ya que todos los pedidos fueron tratados a lo largo de múltiples audiencias.

ACM con información de agencias.

El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya está concluida.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT), convocó para las 15 a los diputados y diputadas que integran ese cuerpo parlamentario para poner a disposición de los legisladores ese informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Asimismo, la comisión convocó a esa reunión a nuevos invitados para continuar con la hipótesis de “abuso de poder” centrado en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica (CC), que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.

Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.

La necesidad de avanzar en la elaboración del informe fue planteada la semana pasada por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, tras lo cual el FdT lo puso a votación en la última reunión, donde logró imponer su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.

En esa reunión, Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo”.

La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado la etapa sumarial de acumulación de pruebas por los cuales se investiga el accionar de los supremos en los casos del fallo 2x1 que benefició a un represor de la dictadura militar, el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura.

También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Sobre el tema de connivencia entre la Corte Suprema y el Gobierno porteño, el oficialismo dice que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el exministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, realizados el 9 de noviembre de 2022, y el fallo que al mes siguiente, el 21 de diciembre, dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad.

De esta manera, en la reunión de este miércoles los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo.

En el caso de Maqueda y la obra social de los judiciales, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.

Otras de las cuestiones a resolverse es el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.

De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperó en el Congreso.

Hasta el momento y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.

El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

En el pedido de juicio político, el Presidente y los gobernadores advirtieron sobre el riesgo de que haya un “Gobierno de los jueces” y acusaron a los integrantes de la Corte de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado, afectando “seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.

Por todas estas causales, el oficialismo, con la oposición en contra en cada una de las audiencias y los más de 50 testigos citados, avanza ahora en pulir la elaboración de ese informe que los diputados podrán analizar antes de emitir un documento definitivo, para ser puesto en consideración en el recinto.

Con información de Télam.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó poco antes de las 11:30 de este jueves su actividad con el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual modificó la conformación del Consejo de la Magistratura. Es una de las causales por las cuales el oficialismo promovió la acusación contra los cuatro jueces del máximo tribunal.

La comisión, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, inició con la discusión sobre el fallo que repuso la ley derogada en 2006 y posibilitó el retorno a la antigua composición de la Magistratura.

El análisis de esta cuestión comenzó luego de haber concluido la discusión acerca de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, al otorgarle una cautelar a ese distrito. En esta ocasión, fueron citados la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

El cuerpo legislativo analiza 14 expedientes de juicio político contra los ministros de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti-, a quienes acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos del 2x1 que benefician a represores de la dictadura, el de modificación de la Magistratura, el de coparticipación a favor del Gobierno porteño y el de funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial.

A dar inicio a la reunión, Gaillard observó que circularían entre los ministros el informe sobre el tema de obra social donde se acusa a Maqueda, y que se comenzará a elaborar un documento sobre el fallo de la coparticipación. En él, se señalará “la responsabilidad compartida” de los jueces de la Corte en esa decisión, detalló la diputada.

La legisladora consignó que esos informes formarán parte de los dictámenes que se analizarán en los próximos meses, ya que se emitirá uno por cada cortesano con la respectiva acusación.

Además, Gaillard anticipó que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura se tratará en esta reunión y en la próxima se analizará el expediente impulsado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti. Otro tema que volverá a estar presente en los debates son los chats filtrados entre el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, estrecho asesor de Rosatti. Se presume que se referían al fallo sobre la Magistratura, del cual el titular de la Corte también es presidente.

En el proyecto del oficialismo, se denuncia que los “chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D'Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 -durante el Gobierno de Néstor Kirchner-, por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.

En ese marco, se repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros y se dejó la titularidad del Consejo en manos de Rosatti.

En el documento del oficialismo, se destaca que en el fallo sobre el Consejo se contó “con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

Se afirma en el proyecto que Rosatti “manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.

También se señala que se “avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma este martes el proceso que se sigue a los miembros de la Corte Suprema, con una nueva citación al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien no asistió en las dos oportunidades anteriores y, si no compareciera en esta ocasión, podría ser intimado a concurrir con intervención de un juez.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), había convocado para el martes pasado a las 13 a una reunión en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte en el fallo sobre la coparticipación, pero se resolvió postergarla para este martes a la misma hora debido a que complicaba la presencia de los diputados por el feriado del lunes 21.

Además de D'Alessandro, que afronta su tercera citación, la comisión convocó a Miguel Federico de Lorenzo, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad.

Hasta ahora, según fuentes parlamentarias, ninguno de los convocados se comunicó con las autoridades de la comisión para justificar su ausencia, con lo cual estiman que asistirán.

Al hacer referencia a ese proceso, el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, consideró que esa comisión “está haciendo las cosas bien” y dijo que “no hay ningún estudio técnico que justifique el índice de la coparticipación que se ha establecido para la Ciudad”, a la vez que señaló que Sergio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, “hizo un papelón” semanas atrás al comparecer ante los legisladores.

En declaraciones a Diputados TV, Martínez puso de relieve además que “está claro que había una relación promiscua entre D' Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, que vino acá e hizo un papelón, le hizo un perjuicio enorme” al presidente de la Corte.

En la última reunión, y ante una nueva ausencia de D'Alessandro, el oficialismo propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, debido a que, de no asistir, se trataría del tercer rechazo.

Gaillard recordó que esa misma situación se había dado con Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado en tres oportunidades.

En el oficialismo sospechan que D'Alessandro habría intercambiado chats a través de WhatsApp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos”, se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, y quien concurrió semanas atrás a la comisión pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y pidió que se lo sancionara.

En relación a la reunión de este martes, la diputada oficialista María Rosa Martínez señaló que “la comisión tiene un rol muy activo vinculado al tema de coparticipación” y que desde el Frente de Todos están “en el tramo final de dictaminar sobre las causas de este juicio político que fueron numerosas”.

“Teníamos la idea de que el Poder Judicial es patriarcal y no nos da bolilla con las cuestiones de género o de abusos sobre la niñez; pero fue más allá, me encontré con cortesanos que abiertamente infringen la ley”, agregó la legisladora en declaraciones a DiputadosTV.

Para la diputada por la provincia de Buenos Aires, “todo lo que se hizo hasta ahora sirvió para que la ciudadanía pudiera ir haciendo esa misma lectura; y a que otros puedan decir cómo otro Poder está juzgando a la Corte y ver que no es intachable”.

Con información de agencias.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Ignacio Mahiques, en el marco del proceso de juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

El grupo de trabajo parlamentario presidido por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político, el 26 de enero pasado.

D'Alessandro es señalado por el Frente de Todos (FdT) por haber intercambiado chats de Whatsapp con Silvio Robles -director general de la vocalía del presidente supremo Horacio Rosatti-, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, el cual benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

El exministro estaba convocado inicialmente para el martes pasado, pero a través de una carta dirigida a la Comisión avisó que no podía concurrir por y solicitó una reprogramación de la cita. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, señaló en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, Mahiques fue convocado por el hecho que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado en el restaurante 'El Secreto del Hotel Four Seasons', D'Alessandro y Robles habrían arribado juntos.

Ignacio Mahiques, exfiscal federal, asumió en mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el hijo mejor del juez Carlos “Coco” Mahiques de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país; y hermano menor de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fue uno de los dos fiscales de la causa Hotesur-Los Sauces junto con Gerardo Pollicita. Ambos trabajaron en los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El principal asesor no letrado del cortesano Rosatti concurrió el martes pasado a la Comisión, aunque se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”. El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados oficialistas.

El artículo 18 dice, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

Asimismo, el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores oficialistas aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

De cara a una nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte, mediante el cual se le pedirá que exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado en la sesión pasada para no responder la mayoría de las preguntas.

Desde Juntos por el Cambio, mantienen el cuestionamiento a la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quienes interactuaron en esos mensajes de Whatsapp.

LC con información de agencia Télam

Silvio Robles, asesor del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, afirmó este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que ha “recibido acusaciones sin fundamentos reales” por parte de algunos legisladores. Declaró en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

Lo dijo al declarar en la Comisión de la Cámara baja, a la cual fue citado como testigo por la supuesta connivencia con el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en relación al fallo sobre la coparticipación federal de impuestos que habría beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de someterse a las preguntas de los miembros de la Comisión, Robles leyó un escrito donde aclaró que no respondería las consultas de índole personal: “Han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, remarcó.

Acto seguido, diputados del Frente de Todos advirtieron sobre la posibilidad de que, a partir de esa aclaración, el funcionario judicial pudiera ser alcanzado por la figura de “reticencia”, según expresó el oficialista Ramiro Gutiérrez.

Para Robles, el proceso de juicio político impulsado por el oficialismo es “para atacar y presionar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Algunos ya me han acusado falsamente”, apuntó el invitado, para enumerar a continuación una serie de cuestiones que los diputados le habrían marcado y que aclaró que no fueron veraces.

“Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, y es mentira; que estaba prófugo, cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenia citación judicial; que estuve en Miami este año, es mentira; y además, han atacado sistemáticamente a miembros de mi familia”, completó Robles.

Durante las preguntas, consultado sobre si conocía a D'Alessandro, evitó responder y justificó que se amparaba “en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Ese artículo menciona, entre otros puntos, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

LC con información de agencia Télam

En plena campaña electoral y a menos de dos semanas de las elecciones primarias del 13 de agosto, la comisión de Juicio Político retoma la actividad este martes con un plato fuerte: la declaración de Silvio Robles, vocero y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial está citado como testigo en el marco de la investigación parlamentaria por presunto mal desempeño de los jueces del máximo tribunal.

El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, también estaba citado este martes a declarar, pero solicitó reprogramar la fecha de su testimonial ante los diputados que integran la comisión debido a cuestiones personales, informó una fuente cercana al exfuncionario.

Ambas declaraciones se realizarán para profundizar uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña.

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o supuestos chats -según D’Alessandro son falsos- en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño, a cargo de la policía de la Ciudad, intercambiaban información sobre el fallo de la Corte y otras cuestiones sensible en la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, mostrando una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y un ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

“Si alguno de ellos no asiste y no justifica su inasistencia, estamos en condiciones de pedirle a un juez federal su traslado por la fuerza pública”, aseguró a elDiarioAR una fuente directa del oficialismo.

En la Corte y en diálogo con allegados, Robles sostuvo que acudirá este martes a declarar, que es posible que se limite a responder sólo algunas o ninguna de las preguntas que los diputados del Frente de Todos tienen preparadas para él y que apele a recomendaciones de su abogado para evitar “incriminarse”, ya que fue denunciado penalmente por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros, tras la filtración de los “supuestos chats”.

Además de Robles y D'Alessandro, la comisión citó para este martes al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien había solicitado reprogramar su declaración; y a Alejandro Otero, funcionario de la AFIP.

¿Chats o supuestos chats?

“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos”, aseguró D’Alessandro el 30 de diciembre último. “Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner (en el juicio por el caso Vialidad, el 6 de diciembre de 2022) y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”.“No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó el entonces funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. 

Robles nunca se ha pronunciado al respecto sobre los chats o supuestos chats.

Estas conversaciones vía Telegram, una aplicación de chats, serían “supuestos chats” para un sector de la Corte y “chats” para otro sector de la Corte, en el que están convencidos de que, si bien fueron obtenidos ilegalmente mediante el hackeo al teléfono del exministro D’Alessandro, son veraces y Robles sí intercambió esos mensajes con el entonces titular de la cartera de Seguridad de la Ciudad.

¿Qué dicen los chats o supuestos chats? Que entre Robles y D’Alessandro se referían al fallo de la Corte a favor de la Ciudad como “el fallo Robles”, antes de que la sentencia de la Corte viera la luz, y que habrían intercambiado información sobre el fallo que se venía, siendo el entonces ministro de Seguridad parte central interesada. Pero, además, las conversaciones sostienen una familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y el funcionario de Juntos por el Cambio. 

Robles también dio argumentos al entonces funcionario de Juntos por el Cambio sobre la discusión que mantenía con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura -el organismo que elige y sanciona a los jueces-, tema en el que la Corte intervino con otro fallo en diciembre de 2021. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dijo el vocero de Rosatti, presidente del Consejo, para indicarle luego que no “corresponde que se vote” la designación de representantes en este organismo en el momento en el que el oficialismo buscaba elegir a sus integrantes. “Usala como tuya”, le agrega Robles sobre la estrategia para bloquear la intención del Frente de Todos.

Robles también le dijo a D’Alessandro en los “supuestos chats” cómo la oposición debía acudir a la Justicia para ganarle un lugar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, donde un integrante más es central para definir quiénes son nombrados jueces federales y nacionales, los jueces que investigan al poder a nivel nacional y local, en la Ciudad. 

En la conversación filtrada o “supuesta conversación”, Robles sugiere acudir al fuero “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”. 

Efectivamente, el senador Luis Juez (Juntos por el Cambio), que peleaba por el lugar que el oficialismo asignó a su senador Martín Doñate en el Consejo, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo federal para reclamar ese espacio.

El fallo de la discordia

La reunión de este martes debería centrarse en la denuncia presentada por el presidente Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas en la comisión.

El fallo provisorio o cautelar de diciembre había ordenado que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

La decisión resaltó la autonomía de la Ciudad y la equiparó como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994 pero que hasta el momento no se aplicaba en la distribución del dinero público.

La orden de la Corte también implicó que el Estado Nacional percibiría menos fondos públicos de la coparticipación, ya que la porción mayor que debería enviar a la Ciudad no se obtiene de reducir lo que reciben las 23 provincias sino el Gobierno Nacional. 

Todo esto debía suceder mientras la Corte analizaba el expediente, ordenaba pruebas y pericias y tomaba una decisión definitiva para establecer el porcentaje de la masa de impuestos nacionales que le corresponderá a la Ciudad en adelante.

Sin embargo, el Ejecutivo Nacional sigue sin cumplir el fallo, la Ciudad sigue sin percibir los fondos y la Corte no volvió a mover el expediente para emitir su fallo definitivo.

ED / DTC

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes citar para el próximo martes primero de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y al estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles. Se pretende que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del proceso de juicio político que se sustancia a los cuatro jueces supremos, la presencia de ambos estaba prevista originalmente para el 4 de julio, pero por corrimientos en el calendario llevaron a que finalmente se formalizara para el martes 1 de agosto.

En el análisis que se realiza en Diputados, una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández) benefició al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, luego de supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración capitalina a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno Nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para la Capital Federal.

LC con información de agencia Télam

Silvina Batakis, exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior y actual presidenta del Banco Nación, sostuvo este martes que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo “excesos de recursos a la Ciudad” de Buenos Aires. Declaró también que el aumento de la coparticipación generó “una nueva desigualdad respecto de las provincias”.

Batakis, Secretaria de Provincias entre el 10 de diciembre de 2019 y el 3 de julio de 2022, expuso ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

Al ser consultada por el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Capital Federal realizada durante el Gobierno de Cambiemos, explicó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones”.

La titular del Banco Nación precisó que “están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno Nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de los tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, aseveró la funcionaria. Agregó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y resaltó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

De acuerdo con la exministra de Economía, “esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad” y afirmó que “la transferencia del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

Batakis sostuvo que “cuando el Gobierno Nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.

La funcionaria hizo un plano detallado de la audiencia de los jueces supremos por ese fallo, donde participó Silvio Robles, mano derecha del presidente Horacio Rosatti. Si bien estuvo en esa reunión, su presencia no figura en el acta del encuentro realizado en marzo de 2022.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Resolvió citar a una serie de exfuncionarios, entre ellos a Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Mauricio Macri, y que además se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

La comisión presidida por Carolina Gaillard (FdT) aprobó también una ampliación de prueba, para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía, Silvina Batakis, y al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios de la cartera económica que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

La comisión investiga si los jueces supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno porteño ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno Nacional.

Al dar inicio la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, quien había sido citado a la misma, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, debido de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró la diputada del Frente de Todos, quien apuntó que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

Durante la jornada, los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos y actual precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT).

Por otro lado, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que “no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo”.

“Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”, acusó López al justificar el rechazo de la coalición opositora a la citación del exministro.

Luego de un breve debate, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, a partir de una propuesta de la propia Gaillard y del diputado Leopoldo Moreau (FdT), que sostuvo que “esta citación hay que materializarla después de la elección”.

Los diputados también aprobaron una ampliación de prueba impulsada por Rodolfo Tailhade (FdT), para que se incorpore como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, en una entrevista en el programa A Dos Voces de Todo Noticias.

Esta ampliación de prueba también contempla que se cite en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales, entre ellos ministros de Economía de diferentes provincias, a Batakis, extitular de Hacienda y a Astarloa, así como funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluye la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que “es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles”, este último estrecho colaborador de Rosatti presidente de la Corte.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade.

En aquellas conversaciones, figuran conversaciones que D'Alessandro habría mantenido con Silvio Robles. Además, el diputado oficialista pidió que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D'Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En la Comisión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que “la postura del Gobierno Nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida” y negó que el Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.

“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, explicó Diez, quien destacó que los decretos “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”.

Tras la exposición de Diez, la Comisión recibió también a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, quien explicó lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.

En el trascurso de la reunión, el diputado Pablo Tonelli (PRO) había acusado al Gobierno Nacional de “incumplir” con el fallo que establece que el Estado Nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida en la Ley 23.548 de Coparticipación.

“Esa cosa de la antinomia Ciudad contra el interior da a viejo y no está bueno. Tengamos en cuenta que el Presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación, están incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la Justicia”, sentenció la diputada Paula Oliveto (CC).

Ese planteo fue rechazado por Germán Martínez, titular del bloque del FdT, al destacar que “estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno Nacional le pague al Gobierno porteño el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la Ley 27.606 que le otorgaba el 2,32%.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó este jueves para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, para que expongan sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, acordaron invitar para la próxima reunión de ese cuerpo, el 27 de junio, al ministro del Interior Eduardo 'Wado“ De Pedro, como a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso. Su fue anunciada esta tarde por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT).

Gaillard precisó las citaciones del 4 de julio a D'Alessandro y Robles, en el marco del juicio político a los cuatro ministros de la Corte. Para la próxima reunión de la comisión, serán citados el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, así como fiscales vinculados a la causa sobre la coparticipación.

Con el voto mayoritario del oficialismo, la Comisión decidió citar al juez supremo Juan Carlos Maqueda, para que en 10 días hábiles responda en forma personal o por escrito sobre las acusaciones en su contra por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en su condición de superintendente de ese organismo. El plazo que tendrá el magistrado será hasta el 6 de julio.

La titular del órgano adelantó que se realizarán “4 o 5 audiencias” sobre coparticipación, tras lo cual se continuará con la investigación sobre presuntas irregularidades de la Corte en torno al Consejo de la Magistratura.

Una de las líneas de investigación sostenida por el Gobierno Nacional es que la resolución judicial por los fondos destinados a la Ciudad Autónoma (que habían sido redistribuidos por la administración de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de negociaciones entre él y Rosatti a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

La propuesta del FdT de citar a Maqueda fue avalada por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado donde el oficialismo impuso su mayoría ante el rechazo de la oposición. La resolución de 53 carillas dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político se reúne para continuar con el tratamiento del pedido de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Los citados que brindarán testimonio en la comisión son: Dr. Aldo Tonon (Ex Director OSPJN citado por oficio, con intervención del Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23); Dr. Sebastian Clerici (Secretario Letrado CSJN); Iván Nicolás Ritvo (Contador Público); Gabriel Martinez (Contador Público); y Laura Ambrosio (Afiliada OSPJN).

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema, aseguró este martes que el desplazamiento de su cargo estuvo vinculado a que se “negó a encubrir” a Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, como también a Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal.

Marchi formuló estos conceptos en un escrito que leyó al inicio de su testimonio, en una reunión de la comisión que incluyó un fuerte contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, quien se encargó de la mayor parte del cuestionario. El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la obra social judicial, una de las causales del proceso contra Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En la primera parte de su exposición, Marchi sostuvo que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios”, y agregó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles”.

“Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué”. Agregó haberle dicho a Rosatti que “no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial incorporar el legajo del doctor Althabe”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social”, denunció el contador Marchi.

El exadministrador del máximo tribunal apuntó después a la figura de Robles, al denunciar “el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” de la Cámara de Casación Penal, principal tribunal penal del país, que según Marchi recibió “pedidos” del asesor principal del supremo Rosatti.

Uno de los fallos presuntamente negociados, amplió Marchi, apuntaba a mejorar la situación judicial de Rosatti en una demanda iniciada por un exchofer del municipio de la ciudad de Santa Fe, Carlos Vera. Esa causa estuvo a cargo del juez Reinaldo Rodríguez hasta 2021, cuando el magistrado fue recusado por el titular del tribunal.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, apuntó Marchi.

En cuanto a ese expediente, manifestó que el caso “tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti”. Al referirse a la actuación de Robles en ese juicio, planteó que “sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022”.

En su testimonio, el contador recordó que él mismo denunció “la eliminación del mail oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo”.

Marchi declaró luego de Martina Forns, jueza federal de San Martín, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN durante la pandemia, en la cual falleció su esposo. “Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada”, contó la magistrada.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, informó que se reprogramará para más adelante el testimonio del secretario letrado Santiago Clerici por la extensión del testimonio de Marchi. Además, informó que la legisladora Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio había pedido citar al gremialista Julio Piumato, titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), moción que fue aprobada ya que será convocado junto a otras autoridades del sindicato.

“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, justificó Gaillard.

La comisión votó además una propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT), quien propuso sumar a las pruebas las “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor (Juan Carlos) Maqueda, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.

Hace dos semanas, Marchi expuso ante los diputados de la comisión pero volvió a ser convocado, ya que en su primera declaración solo pudieron llevarse adelante las consultas del FdT. Tras la investigación por las irregularidades en la OSPJN, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito en 2016.

En cuanto a las causales de juicio político ya abordadas en la comisión, se encuentra el fallo que retrotrajo la composición del Consejo de la Magistratura y otro fallo que proponía aplicar el cómputo de “2x1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

LC con información de agencia Télam