A casi 6 meses del fallo, la Ciudad sigue sin recibir los fondos de Nación y la Corte posterga la definición

El 21 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión judicial con impacto político: dictó una medida cautelar, es decir, una sentencia provisoria, a favor de la Ciudad de Buenos Aires, que demanda al Gobierno Nacional en reclamo de un mayor porcentaje de la recaudación de los impuestos nacionales que recibe en la coparticipación federal. 

El fallo desató la última escalada de tensión política, agudizó la disputa entre el kirchnerismo y la oposición e intensificó el enfrentamiento con el poder Judicial. Sin embargo, en retrospectiva, la decisión que desencadenó la mayor crisis institucional para los jueces del máximo tribunal parece haber sido, por el momento, en vano y ninguna de las partes espera que el caso se resuelva durante lo que queda del año, de acuerdo a las consultas con las partes realizadas por elDiarioAR. 

El presidente Alberto Fernández no ha cumplido el fallo cautelar, la Ciudad sigue sin recibir la cantidad de fondos públicos que reclama para financiar la policía porteña y los jueces de la Corte atraviesan un proceso de juicio político en la cámara de Diputados que, aunque con escasas posibilidades de prosperar, ha hecho desfilar a empleados y funcionarios del tribunal sometidos a interrogatorios, y ha permitido al kirchnerismo reeditar viejas acusaciones y exponer supuestos hallazgos sobre el poder de los jueces supremos.  

El fallo provisorio de diciembre había ordenado que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. La decisión resaltó la autonomía de la Ciudad y la equiparó como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994 pero que hasta el momento no se aplicaba en la distribución del dinero público.

La orden de la Corte también implicó que el Estado Nacional percibiría menos fondos públicos de la coparticipación, ya que la porción mayor que debería enviar a la Ciudad no se obtiene de reducir lo que reciben las 23 provincias sino el gobierno nacional. 

Todo esto debía suceder mientras la Corte analizaba el expediente, ordenaba pruebas y pericias y tomaba una decisión definitiva para establecer el porcentaje de la masa de impuestos nacionales que le corresponderá a la Ciudad en adelante.

A partir de entonces, se sucedieron denuncias penales de gobernadores contra funcionarios de la Corte; filtración de supuestos chats entre el entonces ministro de la Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro y la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti intercambiando información sobre el fallo; la apertura del proceso de juicio político contra los cuatro jueces del tribunal; encendidos discursos de las principales figuras del oficialismo contra los ministros de la Corte; titulares y titulares sobre el caso. El Estado Nacional recusó a los jueces de la Corte para que se aparten del caso y presentó un recurso ante la Corte denominado “reposición in extremis” para habilitar una etapa excepcional de revisión del fallo por parte de los propios ministros del tribunal. Luego, el presidente Fernández anunció que pagaría a la Ciudad con bonos. 

El gobierno porteño realizó varias presentaciones ante la Corte por el incumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno Nacional, solicitó el embargos de la cuenta del Banco Nación de la cual debe salir el dinero en disputa y sanciones a los funcionarios que no ejecutaban la sentencia y los pagos.

Casi seis meses más tarde, los jueces del máximo tribunal continúan sin tratar las recusaciones en su contra, ni el recurso del gobierno de Fernández ni las presentaciones y pedidos de la Ciudad. La sentencia cautelar continúa sin ejecutarse; el porcentaje de fondos coparticipables que recibe la Ciudad siguen representando el mismo porcentaje y sumas extra que recibía antes del fallo y el expediente está paralizado y ni siquiera se ordenó la apertura de la etapa de pruebas, de acuerdo a las respuestas obtenidas por elDiarioAR de altas fuentes de la Corte y la Ciudad que tienen acceso directo al caso.

 

ED