El exsecretario de Obras Públicas José López declaró este jueves desde pasadas las 9 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y, con ello, se dio inicio a la ronda de 43 testimonios planificada en esta nueva etapa.

Quien fuera funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 es el acusado que, en la previa del juicio, más comprometía a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, debido a que es una pieza clave en el caso Cuadernos: en 2018 actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido”, confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores. Sin embargo, al iniciar su testimonio de este jueves, aseguró: “Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, al tiempo que negó “haber integrado una asociación ilícita”. Y despegó a la exmandataria: “Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita, ni tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”. Además, quiso “aclarar dichos efectuados en otras declaraciones. El miedo que mencioné que tenía respecto de la expresidenta tenía que ver con la forma de gestionar el Gobierno Nacional y, en ese sentido, mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo. Era mi única fuente de ingreso”, remarcó.

Con respecto a su anterior confesión como arrepentido ante el fiscal federal Carlos Stornelli y su defensor el 17 de agosto de 2018 dijo haberse sentido en aquella oportunidad “en la obligación de hacerlo y lo hice”. Y justificó: “Vivía una situación de acecho mediático, de absoluto aislamiento”, en referencia a su detención y meses posteriores al episodio de los bolsos. Asimismo, aseguró que si “me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido. Niego haber integrado una asociación ilícita. Soy inicente de todos los hechos que me están imputando”, concluyó.

López está preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 13 años de cárcel unificada por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz del episodio que lo llevó a la fama mediática en junio de 2016: el intento de esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una “reparación integral” para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esta etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y exfuncionarios y allegados de los principales acusados, incluyendo a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Por el momento, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate.

Con información de NA.

Tres empresarios acusados en la causa Cuadernos argumentaron ante el Tribunal Oral Federal 7 que sus confesiones de haber pagado sobornos durante la investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio fueron falsas y que las realizaron bajo presión para evitar la detención. En el juicio, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Los tres imputados son Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza, y Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, dueño y gerente de la empresa Cleanosol, dedicada a la señalización de rutas. Se suman así a Daniel Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., quien la semana anterior había recurrido a la misma estrategia defensiva.

Los tres afirmaron haber dejado constancia de sus intenciones antes de declarar. Rovella dijo que el 28 de febrero de 2019, un día antes de su declaración indagatoria, concurrió a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde dejó asentado el contenido de lo que iba a manifestar junto con una nota en la que señalaba expresamente que lo allí consignado no era verdad. Sansiseña y Escolar hicieron el mismo procedimiento: un día antes de declarar ante la Justicia, se presentaron ante un escribano y dijeron que no habían pagado coimas pero que declararían que sí porque estaban coaccionados por Bonadio.

En su declaración ante el tribunal, Rovella negó de manera rotunda los hechos que se le atribuyen: sostuvo que nunca entregó dinero a Ernesto Clarens ni personalmente ni a través de terceros, y que su confesión fue un invento que acomodó al relato del financista arrepentido. Describió la situación en su indagatoria original como de “coacción psicológica” y dijo que se le hizo saber que si no declaraba en ese sentido, sería privado de su libertad.

Escolar, por su parte, explicó que junto a Sansiseña observaban que los empresarios que no confesaban quedaban presos y los que decían haber pagado a Clarens quedaban en libertad. Ante la pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre cómo se gestó su declaración, respondió que la noche anterior acordaron afirmar que habían realizado pagos en dólares “por la época de las llamadas”. El juez Fernando Canero le preguntó si era consciente de que iba a confesar la comisión de un delito, a lo que respondió afirmativamente, pero que prefería eso a “sufrir lo que sufrieron” otros empresarios que quedaban detenidos.

Escolar también detalló la secuencia de detenciones de agosto de 2018: el 25 de ese mes quedó detenido Gustavo Dalla Tea, al día siguiente otro empresario, y el 27 los medios informaron la detención de Hugo Dragonetti, con casco y chaleco antibalas.

Rovella aceptó prestar declaración indagatoria pero no respondió preguntas. Escolar, en cambio, sí aceptó responder al tribunal. En el inicio de la jornada, se negaron a declarar Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.

Pedido de investigar a Stornelli y rechazo de la fiscal

Ante las declaraciones, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga testimonio para investigar si hubo coacción del fiscal Carlos Stornelli. En el caso de Bonadio, aclararon, la acción penal no puede prosperar porque falleció.

La fiscal Fabiana León rechazó los planteos al sostener que el juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial, y que no se puede permitir que se ponga en crisis la actividad judicial. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio y finalmente resolvieron diferir la decisión al momento del veredicto.

El juez Germán Castelli fundamentó la decisión al señalar que no se advierte una situación de extrema gravedad que autorice la intervención inmediata y excepcional del tribunal.

Las afirmaciones de estos empresarios sobre coacciones durante la investigación ya habían sido planteadas ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, y en todos los casos fueron rechazadas.

El marco del juicio

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera. El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Las declaraciones indagatorias de las que se desdicen los empresarios fueron actos de defensa que no se realizaron bajo juramento de verdad, y lo mismo rige para las declaraciones que realicen durante el juicio oral. El juicio continuará este jueves.

El Gobierno de Javier Milei utilizó este martes su cuenta de la “Oficina de Respuesta Oficial” en redes sociales para responder a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su declaración indagatoria en Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos y después de un texto en el que la exmandataria aseguró que cuando el Poder Ejecutivo “no le da pan y trabajo al Pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo” y describió la actualidad de la gestión libertaria como una “catástrofe económica y social” con “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad”.

En su respuesta, el Gobierno acusa a Cristina Fernández de Kirchner de intentar “describir una supuesta 'catástrofe social y económica' en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria”. “Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada contra un Gobierno que por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”.

Y en el texto, desanda el camino de los planteos de la expresidenta para responder “una por una sus afirmaciones”:

De acuerdo al posteo del Gobierno, el oficialismo asegura que CFK “omite lo más importante de cualquier análisis de la actual situación económica: el punto de partida. Este Gobierno recibió una economía con inflación de tres dígitos, reservas negativas y casi una década y media sin crecimiento de la actividad ni del empleo registrado. Pretender revertir en dos años el desastre acumulado durante décadas es simplemente negar la realidad. Este Gobierno está reconstruyendo orden fiscal, estabilidad macroeconómica, respeto por la ley y condiciones para el crecimiento. Y por sobre todas las cosas, convirtiendo a la Argentina en el país más libre del mundo”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes desde las 9 y por espacio de una hora ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio. 

En su declaración indagatoria, tras la cual no respondió preguntas y se retiró, CFK calificó como “mafiosa” el proceso de investigación en la causa y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. 

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadío superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la exmandataria ante el TOF 7.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y siguió: “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”.

“Estamos ante un estadio superior porque fraguan las pruebas que son no lo son para detener una persona. Uno ya fallecido, Bonadio, pero Stornelli sigue siendo fiscal en este edificio”, continuó. Para Cristina Fernández de Kirchner, “hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona. Mafia pura y dura”, disparó ante el tribunal.

De acuerdo a CFK, “metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo. ¿Cuándo, cómo, quién lo recibió (el dinero de los supuestos cohechos)?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. Y detalló: “Me dieron vuelta mi casa de Rio Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de se robó un PBI? Si me hubera robado miles de millones no estaría sentada acá”, remarcó.

Al final de su declaración y antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, la expresidenta calificó a la causa Cuadernos como un “gran disparate”: “Vialidad es un poroto al lado de esto. Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa. ”Con este Poder Judicial me puedo morir presa“, concluyó.

Contra Milei y los jueces

Además, la exmandataria, apuntó contra el Gobierno libertario: “En la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, el Presidente de la República anunció que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y por la causa del Memorándum con Irán”, disparó la exmandataria. Y agregó: “Invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente o presidenta que haya anunciado en una Asamblea Legislativa que otro ciudadano argentino iba a ser preso por causas judiciales en trámite. Más violatorio de la Constitución Nacional, que impide que se interiorice el Poder Ejecutivo por causas judiciales, no hay desde la época de la dictadura”, recalcó.

Acompañada en el tribunal por exfuncionarios y militantes leales, como Horacio Pietragalla, Agustín Rossi, Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Adolfo Pérez Esquivel, Mayra Mendoza, Jerónimo Ustarroz, Juan Martín Mena, Eduardo Wado de Pedro, Anabela Fernández Sagasti, Germán Martínez y José Glinsky, entre otros, CFK apuntó al final contra la Justicia para justificar que no respondería preguntas de los magistrados del TOCF 7: “Voy a contestar preguntas el día que ustedes llamen a declarar a Stornelli por las barbaridades que hizo en este expediente; cuando declare Mauricio Macri por los parques eólicos, que duerme en estos tribunales; o el día que llamen a Toto Caputo a declarar por la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, sentenció antes de retirarse.

La causa

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”. 

Particularmente, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Fernández de Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido (hizo un breve declaración después de CFK y se retiró sin responder preguntas) y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa. 

La audiencia de este martes fue la segunda vez que CFK abandona su domicilio desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera había sido cuando debió ser internada de urgencia por una peritonitis en diciembre pasado. Al estar en arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario Federal no intervino en el traslado: llegó a Comodoro Py en su propio auto, acompañada por su custodia, con la tobillera electrónica como único control de sus movimientos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó el traslado por escrito el 11 de marzo pasado y estableció que debe regresar “inmediatamente” una vez finalizada la audiencia. En su entorno no estaba definido CFK hará uso de la palabra o preferirá guardar silencio, aunque se descuenta un alegato político desde el estrado.

Desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Fernández de Kirchner se concentraron en la puerta de su casa, en San José 1111. Los manifestantes recalcaron que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

CFK calificó de “farsa procesal” la causa Cuadernos y apuntó a Milei por $LIBRA

Cristina Kirchner calificó este lunes de “farsa procesal” la causa Cuadernos, denunció una operación mediática detrás de la convocatoria presencial a Comodoro Py este martes y aprovechó para atacar la gestión de Javier Milei y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió la expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. 

Cristina apuntó directamente contra la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a declarar de manera presencial. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'”, escribió. Y añadió con ironía: “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Sobre la citación, fue escueta y desafiante: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”

En esa causa, la fiscal Fabiana León la acusa de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado, Carlos Beraldi, sostiene que los cuadernos fueron manipulados y que los imputados colaboradores declararon bajo extorsión, planteos que el tribunal rechazó.

El posteo completo de CFK previo a su declaración

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.

El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras “en cuadraditos” no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el “show debe continuar”.

Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…

P/D 1: Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…

Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle…

Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina.

P/D 2: Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares.

En fin…

Cristina Kirchner calificó este lunes de “farsa procesal” la causa Cuadernos, denunció una operación mediática detrás de la convocatoria presencial a Comodoro Py este martes y aprovechó para atacar la gestión de Javier Milei y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió la expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. Este martes deberá dejar su domicilio para enfrentarse a una indagatoria con los jueces del tribunal.

“El show debe continuar”

Cristina apuntó directamente contra la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a declarar de manera presencial. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'”, escribió. Y añadió con ironía: “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Sobre la citación, fue escueta y desafiante: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”

En esa causa, la fiscal Fabiana León la acusa de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado, Carlos Beraldi, sostiene que los cuadernos fueron manipulados y que los imputados colaboradores declararon bajo extorsión, planteos que el tribunal rechazó.

Un cuadro económico como “postal”

En la primera posdata de su mensaje, Kirchner extendió el argumento: sostuvo que ni las fotos de su traslado ni los videos alcanzarán para “ocultar las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”. Enumeró entonces una serie de indicadores que describió como síntomas de “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal”: fábricas cerradas o tomadas, locales vacíos, inflación que según afirmó supera los dos puntos mensuales “desde hace meses”, salarios en caída libre, deudas bancarias sin precedentes desde el fin de la convertibilidad y “cada vez más gente en situación de calle”.

$LIBRA y Milei en la segunda posdata

En un segundo agregado, Kirchner se sumó a la controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA y apuntó contra el presidente. “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”, escribió.

La mención al fiscal Taiano alude a las críticas del kirchnerismo por la velocidad con que avanza —o no avanza— esa investigación en los tribunales de Retiro.

La segunda salida desde su detención

La audiencia de este martes será la segunda vez que Kirchner abandona su domicilio desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia por una peritonitis en diciembre pasado. Al estar en arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario Federal no interviene en el traslado: llegará a Comodoro Py en su propio auto, acompañada por su custodia, con la tobillera electrónica como único control de sus movimientos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó el traslado por escrito el 11 de marzo pasado y estableció que debe regresar “inmediatamente” una vez finalizada la audiencia. En su entorno no estaba definido CFK hará uso de la palabra o preferirá guardar silencio, aunque se descuenta un alegato político desde el estrado.

MC

El Tribunal Oral Federal N.º 7 rechazó este martes los principales planteos de nulidad presentados por las defensas en el juicio por la denominada causa Cuadernos y dispuso avanzar hacia una nueva etapa del debate oral. En ese contexto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria de manera presencial el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py.

La resolución fue adoptada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes desestimaron más de medio centenar de recursos presentados por las defensas de ex funcionarios y empresarios imputados. Entre ellos se encontraba el pedido de nulidad total del proceso impulsado por la defensa de la ex mandataria, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Con esa decisión, el tribunal dio por cerrada la etapa de cuestiones preliminares del juicio y habilitó el inicio de las declaraciones indagatorias de los acusados. La primera audiencia de esta nueva fase se realizará el martes desde las 9 en el salón Auditorium del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002.

En esa jornada, la primera citada será Cristina Kirchner, seguida por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. También figuran en la lista de convocados para ese día los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti, además del ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

Según la resolución leída en audiencia, los magistrados concluyeron que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” señalados por las defensas para intentar anular el proceso. En ese sentido, descartaron que se hubieran vulnerado garantías constitucionales durante la investigación.

El tribunal también rechazó planteos vinculados con la prescripción de los delitos, cuestionamientos a la validez de la figura del imputado colaborador y pedidos para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el juicio.

Las indagatorias se realizarán de manera presencial ante los jueces, aunque el proceso continuará con una modalidad mixta: sólo deberán asistir a la sala los acusados convocados para declarar en cada audiencia junto con sus defensores, mientras que el resto de las partes podrá seguir el debate de forma remota.

En el caso de Cristina Kirchner y de Julio De Vido, ambos con condenas firmes en otras causas, el tribunal deberá coordinar los traslados con los juzgados encargados de la ejecución de sus penas. La ex presidenta cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, mientras que De Vido permanece detenido en el penal de Ezeiza por la tragedia ferroviaria de Once.

Durante la audiencia de este martes, el abogado de la ex mandataria cuestionó además declaraciones públicas del presidente Javier Milei. Carlos Beraldi sostuvo que el mandatario emitió expresiones que “afectan de manera directa al proceso”, luego de que en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso afirmara que Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos”.

El planteo fue respaldado por otras defensas. La fiscal de juicio Fabiana León, por su parte, coincidió en que ese tipo de manifestaciones públicas resultan impropias, aunque remarcó que el Ministerio Público actúa con independencia. El presidente del tribunal respondió que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

La causa Cuadernos se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban presuntos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado. A partir de ese material se abrió una investigación que derivó en múltiples procesamientos de ex funcionarios y empresarios.

En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente, Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, cargos que la ex presidenta ha rechazado y cuya investigación ha cuestionado en reiteradas oportunidades.

Con el rechazo de los planteos de nulidad, el tribunal despejó los principales obstáculos procesales y dio paso a una de las etapas centrales del debate: las indagatorias de los acusados, que comenzarán el martes con la comparecencia presencial de la ex mandataria.

El calendario judicial de Cristina Kirchner se reactivó este martes con el reinicio del megajuicio por la causa de los “Cuadernos de las coimas”. Tras el receso de enero y en plena recuperación de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025, la expresidenta, a través de su defensa, intentará anular el proceso.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) retomó las audiencias vía zoom para dar inicio a las “cuestiones preliminares”. En esta instancia, los abogados defensores buscan minar las bases del debate judicial mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, dispone de una hora y media para exponer sus objeciones. El foco de la defensa se centra en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

También en el planteo de nulidades sobre la instrucción de la causa y argumentos que intentan demostrar que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Para la expresidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas —proceso que podría extenderse durante todo el mes de febrero—, la fiscal Fabiana León deberá dar su parecer sobre los planteos.

Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años.

Quién es quién en la Causa Cuadernos

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba

El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye a:

El Gobierno firmó este martes los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), un esquema de privatización de rutas nacionales que abarca 741 kilómetros estratégicos del corredor del Mercosur. Los acuerdos fueron rubricados por el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y permitirán que, desde este miércoles 7 de enero, las empresas adjudicatarias comiencen a gestionar los tramos concesionados.

Según informó el Ejecutivo, la primera etapa incluye los denominados Tramo Oriental y Tramo Conexión, que comprenden las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná. Caputo sostuvo que se trata de corredores “estratégicos” que facilitan el comercio con Brasil y Uruguay y que permitirán “potenciar las exportaciones y la logística” al conectar zonas productivas con los principales puertos del país.

Sin embargo, la firma de los contratos reactivó cuestionamientos debido a que varias de las empresas adjudicatarias están involucradas en la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, que investiga un sistema de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En el Tramo Oriental, la concesión quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios, una firma que fue mencionada en el expediente judicial por su presunta participación en el esquema de pagos ilegales revelado por los registros del chofer Oscar Centeno. En tanto, el Tramo Conexión fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, varias de las cuales también figuran en la investigación judicial por contratos de obra pública y supuestos aportes irregulares a exfuncionarios.

Pese a ese antecedente, desde el Gobierno defendieron el proceso licitatorio y aseguraron que se trata de un sistema “transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”. “Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario”, afirmó Caputo a través de sus redes sociales.

La Etapa I de la Red Federal de Concesiones había sido lanzada en enero de 2025 y el proceso de recepción de ofertas se cerró en agosto de ese año. En noviembre, el Ejecutivo avanzó con la apertura de sobres y la adjudicación de los primeros tramos, en lo que constituye la primera privatización de rutas del gobierno de Javier Milei.

El Tribunal Oral Número 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio por los escritos de Oscar Centeno del tramo conocido como “La Camarita”, dentro de la Causa Cuadernos, en una audiencia que se extendió por cuatro horas y en la que donde diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones como arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, y que posteriormente fueron homologadas por el juez Claudio Bonadio, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.

Gerbi, presidente de la constructora Coarco, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”.

Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía 'te voy a hacer fundir', 'me voy a quedar con tu empresa', 'voy a ir por vos y por tu familia'”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio.

Por otra parte, contó que llevó dinero tanto a la casa del exministro como al propio ministerio, donde en ocasiones le indicaban que dejara los paquetes “en el baño”. Las sumas, según detalló, iban de 100.000 a 250.000 pesos y tenían frecuencia mensual. Más tarde, señaló, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien fue tajante: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un mecanismo más estructural. Sostuvo que, desde 2004, por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para asegurar que determinadas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran parte del anticipo financiero como “retorno” para gastos políticos. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”, indicó.

Según los dichos Wagner, las empresas se reunían para definir quién ganaba cada obra y, una vez adjudicada, debían entregar entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. “Mi función era garantizar que el que ganaba pagara”, explicó, y reconoció que su propia empresa, Esuco, también participó de ese esquema.

Aldo Roggio, por su parte, admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los reclamados. Reconoció entregas equivalentes a 50.000 y 100.000 dólares y explicó que accedió “ante la evidente probabilidad de represalias” contra su empresa. “El clima que se vivía me representó esa posibilidad”, señaló, y describió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.

Finalmente, Marcela Sztenberg, directiva de Equimac, relató el impacto de las presiones en la empresa y en su entorno familiar. Recordó que su socio Eduardo Herbon volvía de reuniones “asustado”, diciendo que “lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona”.

Identificó a Clarens como el principal interlocutor y describió encuentros en oficinas del centro porteño y en Puerto Madero. Según su declaración, las exigencias se volvieron insostenibles y, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, aunque la empresa quedó ahogada por deudas, demoras en los pagos y juicios.

Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o directamente la exclusión del mercado.

Por último, se leyó la valoración de la prueba formulada por Stornelli. El acusador público que el sistema en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos exigidos a empresas constructoras.

En esa estructura, Wagner, fue señalado como quien “diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal”. El fiscal remarcó que Wagner garantizaba a los empresarios el otorgamiento de las obras y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las erogaciones exigidas. A su lado operó el financista Ernesto Clarens, definido como “el encargado principal de la faz recaudatoria”, responsable de recibir el dinero, cambiarlo en el mercado informal y canalizarlo hacia los destinatarios finales

Stornelli también subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave del esquema. De acuerdo con los testimonios, desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que funcionaban como herramienta de presión y que Cristina Fernández de Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible” y que Julio De Vido, fue el organizador del sistema en el área de obra pública.

El debate se reanudará el próximo jueves a las 9.30, momento en el que se espera sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a fustigar contra el juicio de los Cuadernos de las Coimas al sostener que en la Argentina no “hay Estado de derecho”, según expresó en su cuenta oficial de X, antes de una nueva audiencia. 

“Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion”, inició la ex mandataria. 

Para Cristina Kirchner, las pericias oficiales sobre los cuadernos “confirmaron que los Cuadernos” no fueron escritos, sino que “fueron fabricados”.

“La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo (quien entregó los cuadernos), por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”, agregó. 

Y siguió: “Bacigalupo, según la ”versión oficial“ del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!”. “Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”, se preguntó Cristina Kirchner. 

Sobre el final dijo que en la Argentina no hay Estado de derecho y cerró: “Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre”. 

“Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones. Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico”, cerró. 

Bacigalupo, procesado

La semana pasada, el juez federal Marcelo Martínez del Giorgi procesó al expolicía Jorge Bacigalupo, acusado de los delitos de “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal, en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público” en la denominada “causa Cuadernos”, al entender que fue él quien agregó y corrigió nombres y direcciones clave en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

En su declaración ante la Justicia de noviembre de 2023, Bacigalupo negó “rotundamente” haber sido el autor de adulteraciones en los escritos atribuidos al remisero.

“Niego rotundamente haber tenido cualquier tipo de participación en los hechos que se me imputan”, sostuvo en un escrito entregado en el juzgado federal de Martínez De Giorgi, al presentarse a una ampliación de su declaración indagatoria, al tiempo que había pedido el “archivo” de la causa en su contra.

Hace dos años, el expolicía se negó a contestar preguntas en la causa que investiga la denuncia del empresario Armando Losón, en la que un peritaje oficial demostró que hubo alteraciones, tachaduras y sobreescrituras en los cuadernos cuya escritura se atribuye a Centeno.

“Siendo que las correcciones y enmiendas que se me enrostran no han sido de mi autoría ni configuran tipo penal alguno, solicito el inmediato archivo de las presentes actuaciones por atipicidad de la conducta reprochada”, agregó Bacigalupo en el escrito firmado en 2023 junto a su abogada, Nuria Drendak.

Pese a ello, esbozó a modo “hipotético” que si se hubiesen realizado esas “correcciones y enmiendas” -algo que negó- no sería delito porque al momento de los hechos eran “simples anotaciones (llamadas hoy 'cuadernos')” y ello “no hace a su autor pasible de reproche alguno”.

“Con anterioridad a la revelación pública de esas anotaciones, las mismas no eran elemento probatorio en ningún expediente, sino que se trataban de simples apuntes en cuadernos escolares que no tenían correlato con conducta alguna en el plano de lo legal”, argumentó.

El texto completo de CFK en X

NUNCA EXAGERAMOS.

Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión.

Bueno… apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos. Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados.

La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos.

Bacigalupo, según la “versión oficial” del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!

Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?

ARGENTINA SIN ESTADO DE DERECHO… Y CON LA CANCHA INCLINADA.

P/D 1: Sobre el procesamiento de Bacigalupo, La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios... Mutis por el foro.

P/D 2: Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…

Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti calificó como “inadmisible” el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos, criticó al Consejo de la Magistratura porque “funciona mal”, y sostuvo que una reforma laboral debe salir “por consenso” para ser sostenible en el tiempo.

“No puede ser o no es admisible un juicio de una mega causa en esos términos para toda la sociedad, no está bien. El punto es por qué sucede esto y qué hay que hacer”, dijo Lorenzetti.

“Cuando entré a la Corte hicimos un plan de políticas de Estado, y dijimos varias cosas, entre ellas, hablamos de las mega causas. Se definió una política especial. Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla. El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono a la política de Estado”, sostuvo el supremo en diálogo con Radio Rivadavia.

Lorenzetti explicó que en “los jueces están sobrepasados”, porque “faltan cubrir muchas vacantes”, pero aseveró que en una mega causa “hay que trabajar, y en el verano también, cuando uno tiene un caso de esta magnitud hay que acelerar y hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad”.

Además, el juez manifestó que de cara a la gente “lo importante es la rapidez, pero también la imparcialidad y la transparencia”, porque “no se puede condenar mediáticamente, no es eso lo que el derecho tiene que hacer, tiene que funcionar con equilibrio e imparcialidad”.

Consultado sobre la reforma laboral que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso, el magistrado dijo que lo que sancione el Parlamento debe apuntar a “una política equilibrada y sostenible en el tiempo”, porque eso es indispensable para que haya “seguridad jurídica”.

“En la argentina hubo muchas reformas laborales y también muchos cambios en los poderes judiciales”, sostuvo, y aseguró que “las reformas que se hacen sin consenso no se sostienen en el tiempo” ya que “si cambiamos a cada rato es un problema para la seguridad jurídica”.

En cuanto a la reforma laboral puntualizó que “hay que corregir el sistema de las indexaciones que multiplican las indemnizaciones hasta cifras inadmisibles”, y señaló que la Corte “ha revocado varias veces” este tipo de sentencias, pero sus fallos no tienen obligatoriedad.

“Las sentencias de la Corte no son obligatorias, necesitamos que tengan más obligatoriedad, porque en el tema laboral muchos tribunales siguen emitiendo fallos como si no existiera una jurisprudencia”, advirtió.

Ante una consulta, Lorenzetti dijo que la Justicia tiene como gran problema “la cobertura de los cargos”, porque “el Poder Judicial está haciendo muchos esfuerzos personales, pero funciona hoy gracias al esfuerzo de jueces, juezas y empleados, porque hay muchos juzgados sin jueces”.

“He pasado cinco presidentes y creo que no hay una política de Estado sobe el Poder Judicial. Tenemos que estar de acuerdo en que el Poder Judicial es independiente. Cuando uno ve como se nombran los jueces en la Nación y las provincias, pasan por un filtro político muy fuerte. Y la idea de partidización no es buena”, aseveró.

Por otra parte, criticó también al Consejo de la Magistratura que “no funciona bien desde hace años”, y remarcó que, si bien “los consejeros son personas correctas que trabajan”, es una instancia “que está mal diseñada, ya que funciona como un sistema legislativo cuando es un órgano ejecutivo”.

Insistió en que “los jueces deben ser nombrados por una carrera judicial”, y agregó que “el Consejo de la Magistratura designa jueces de instancia y eso está regulado. El problema más serio es que están regulados los antecedentes, pero la designación demora seis años, muchísimo tiempo”.

“Este es un debate que hay que dar y no ocultar las cosas, porque tenemos jueces que uno no sabe cómo llegaron” al cargo, añadió.

Más adelante reclamó que desde el Estado hay que “despolitizar la gestión, porque no podemos poner amigos en todos lados. Hay que hacer concursos. Debemos tener profesionales”.

También se pronunció en favor de que, a la hora de designar jueces en la Corte, exista “un equilibrio entre lo político y el poder judicial”, y señaló y también que hacen falta “mujeres, porque hoy somos tres varones y nos falta equilibrar”.

Lorenzetti mencionó que el decreto 222/2003 dictado por el ex Presidente Néstor Kirchner “hablaba de este balance” entre designaciones políticas y de carrera, y destacó como ejemplos que “tanto Carmen Argibay como Elena Highton venían del Poder Judicial”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció hoy que algunos de los imputados arrepentidos en la causa de los denominados “Cuadernos” fueron “extorsionados” y “torturados”, y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber actuado con métodos de persecución política propios de las dictaduras.

“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”, sostuvo la ex mandataria en un extenso posteo publicado en sus redes sociales, donde remarcó que, según testimonios conocidos recientemente, algunos detenidos fueron sometidos a lo que definió como “tortura blanca”.

CFK citó declaraciones del abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los imputados arrepentidos, quien aseguró que su cliente fue mantenido aislado durante cerca de un mes, bajo un reflector encendido las 24 horas y filmado permanentemente. “No sabía si era de día o de noche, o sea, era un castigo… él entra dentro del sistema de testigo protegido y nosotros no lo podíamos ver”, expresó el letrado en declaraciones al canal de noticias TN, también replicadas por la exmandataria.

En ese sentido, la ex presidenta sostuvo que ese tipo de tratamiento no se trata de un “exceso administrativo”, sino que constituye “tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles”. Además, acusó al sistema judicial de haber actuado como un aparato de persecución política: “Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”.

En otro tramo de su mensaje, apuntó contra Stornelli, a quien identificó como “el que escribió el guión que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación”. Recordó que el fiscal fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque luego resultó sobreseído por la Corte Suprema, a la que denominó como “la Corte de los Tres”.

La ex mandataria vinculó también la reapertura de la causa de los Cuadernos con un intento de distraer la atención pública ante la crisis económica. “La reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… Es agenda judicial para la distracción: si no hay pan, que haya circo”, escribió.

Finalmente, cuestionó el modelo económico del gobierno de Javier Milei, al señalar que el índice de inflación del 2,3 por ciento difundido ayer por el INDEC se encuentra en alza y que, anualizado, alcanza el 27,6 por ciento. Comparó esa cifra con la que dejó su gobierno en 2015 y sostuvo que en ese momento “los salarios y las jubilaciones de los argentinos eran los más altos de América Latina” y que “no se le debía un solo dólar al FMI”.

También criticó el endeudamiento externo, a partir de recientes declaraciones del empresario estadounidense Jay Bessent, quien afirmó que prestarle dinero a la Argentina bajo la gestión actual fue “un gran negocio” para Estados Unidos. La ex presidenta calificó este escenario como “colonialismo financiero con cómplices locales”.

Con información de agencias.

IG

El juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas tendrá dos audiencias por semana, según especificó el TOF 7. A la audiencia de los jueves, se le sumará el día martes. De esta manera, el tribunal recogió el guante ante la preocupación que manifestó la Cámara Federal de Casación Penal por la organización de las jornadas, ante la gran cantidad de imputados y la complejidad del expediente.

La decisión es el resultado del cuestionamiento público para que el juicio se dé con celeridad; paralelamente, y a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado”.

Según comunicaron, en los últimos 90 días ingresaron “29 nuevos expedientes”, lo que colaboró con el colapso operativo del Tribunal y, debido a ello, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para encarar las declaraciones en nuevas causas. Sin embargo, ese pedido que fue rechazado y deberá continuar con sus tareas habituales.

Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia (Talcahuano 550) en la que estarán presentes el acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público. Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.

Segunda audiencia

La segunda audiencia por el juicio a la Causa Cuadernos inició este jueves pasadas las 9.30 con la presencia virtual de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido (ya detenido desde este jueves en Comodoro Py para cumplir la condena por la Tragedia de Once, a la espera de una resolución sobre si será trasladado al penal de Ezeiza) y los exfuncionarios y empresarios imputados. 

La preocupación de la Justicia por la extensión de la causa

El TOF 7 resolvió multiplicar las audiencias tras escuchar los reclamos de distintos sectores de la Justicia, mientras avanza con un proceso judicial que fue caracterizado como el más extenso del fuero penal federal: la causa comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, 87 imputados y la declaración prevista de unos 400 testigos.

En los tribunales se manifestó tras la primera audiencia de la semana pasada una creciente preocupación por la duración que podría tener el debate, que estaba planificado hasta ahora con una sola audiencia semanal y modalidad mixta presencial-virtual, un esquema que podría extender el proceso durante varios años.

En resoluciones previas, Casación ya había advertido que ese ritmo “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la razonabilidad de los plazos procesales.

Es por eso que el Consejo de la Magistratura se puso a trabajar en la habilitación de una nueva sala en Comodoro Py para afrontar las exigencias logísticas del juicio, que requiere espacio para más de 200 asistentes por audiencia entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.

Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.

También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se mencionan además los problemas logísticos que rodean el juicio, entre ellos la necesidad de albergar a más de 200 personas por audiencia, lo que incluye imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales. Esa situación afecta la dinámica del debate y podría traducirse en mayores demoras.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio; el organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas. Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el martes próximo a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 para definir la organización del juicio por la causa Cuadernos, ante la gran cantidad de imputados y la complejidad del expediente.

La decisión fue adoptada por Casación en el Acuerdo de Superintendencia celebrado este martes, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone e integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.

Según la resolución, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el objetivo es “abordar las herramientas necesarias que se pueden adoptar desde la Cámara, para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio”.

La reunión está prevista para el martes 18 de noviembre en la Sala de Acuerdos de Casación y en horario a confirmar.

El llamado se produce mientras el TOF 7 avanza con un proceso judicial que fue caracterizado como el más extenso del fuero penal federal: la causa comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, 87 imputados y la declaración prevista de unos 400 testigos.

En los tribunales existe creciente preocupación por la duración que podría tener el debate, que actualmente se realiza con una audiencia semanal y modalidad mixta presencial-virtual, un esquema que podría extender el proceso durante varios años.

En resoluciones previas, Casación ya había advertido que ese ritmo “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la razonabilidad de los plazos procesales.

El Consejo de la Magistratura trabaja en la habilitación de una nueva sala en Comodoro Py para afrontar las exigencias logísticas del juicio, que requiere espacio para más de 200 asistentes por audiencia entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.

Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.

También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se mencionan además los problemas logísticos que rodean el juicio, entre ellos la necesidad de albergar a más de 200 personas por audiencia, lo que incluye imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales. Esa situación afecta la dinámica del debate y podría traducirse en mayores demoras.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio; el organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas.

Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Una forma de constatar si el Caso Cuadernos representa “el mayor juicio contra la corrupción de la historia” o una fraudulenta maniobra judicial es dar cuenta de la versión oficial de quienes edificaron el expediente: el diario La Nación, el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En septiembre u octubre de 2017, un expolicía, José Bacigalupo, recibió una caja cerrada de manos de su conocido Oscar Centeno, un exsargento y exchofer del ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta. Bacigalupo sintió curiosidad porque Centeno le comentó la sensibilidad de la información contenida en la caja, la abrió y se encontró con una bitácora con fechas, lugares, montos, coimeros y coimeados, anotados en ocho cuadernos a lo largo de varios años. Estaban mencionados buena parte de los empresarios más acaudalados del país y el entramado de obras públicas de los gobiernos de los Kirchner. El escándalo golpeaba, literalmente, las puertas de Cristina.

Bacigalupo sentía —según contó a La Nación— que el problema del país no eran “los que están (Macri), sino que éstos (Cristina) van a volver si no se los para”. Tamaña vocación ética y republicana empujó al expolicía a entregar el material a su vecino Diego Cabot, a quien admiraba por su trabajo periodístico. Era enero de 2018, cuando el Gobierno de Cambiemos comenzaba a empantanarse por el fin del festival financiero y el recorte de 20% de las jubilaciones, versión macrista de la motosierra. Bacigalupo olfateaba —con alguna razón— que Cristina podía volver.

La Nación clasificó y fotocopió el contenido de los ocho cuadernos, y los devolvió a Bacigalupo el 21 de marzo de 2018. El expolicía reintegró los textos a Centeno, quien le reprochó que la caja estuviera abierta. La queja, por suerte, se desvaneció en el instante, según contó el expolicía a Cabot.

Pocos días después, La Nación contactó al fiscal Carlos Stornelli. El medio entendió que debía coordinar las acciones con el fiscal que se había transformado en un azote de los funcionarios kirchneristas desde Comodoro Py, junto al juez federal Claudio Bonadio. Éste había intentado avanzar contra Baratta y su histórico jefe, Julio de Vido, en una causa por la compra de gas natural licuado, pero tuvo un traspié porque un perito plagió su informe con fuentes inconexas de internet. La frustración, que ya entonces estaba expuesta, no impidió que el mismo juzgado absorbiera la denuncia que llegaba desde Bacigalupo por intermedio de La Nación.

El diario analizó que la publicación del contenido de los cuadernos sin la venia de Stornelli y Bonadio daría tiempo a que los nombres anotados por Centeno eliminaran pruebas o se dieran a la fuga. Correspondía —evaluó La Nación— darle cuerpo a una causa en beneficio del país, al costo de resignar el valor periodístico esencial de informar con plena libertad.

“Avanzá”

Pasaron unos meses y llegó el momento. “Avanzá lo antes que puedas”, instruyó una fuente de Comodoro Py a Cabot el 30 de julio de 2018. Al día siguiente, el periodista se reunió con Bacigalupo y Stornelli en un café en la intersección de Cabildo y Federico Lacroze, barrio de Belgrano.

El expolicía que había descubierto ese tesoro periodístico sintió algún remordimiento porque la judicialización del caso perjudicaría a su compinche Centeno, quien había confiado en él al entregarle los cuadernos en custodia. “Yo le dije al Negro que iba a terminar preso si no se presentaba ante la Justicia”, se consoló Bacigalupo.

El 1 de agosto de 2018, el diario conservador informó en un título secundario de tapa que Centeno había sido arrestado, sin mayores detalles. “Coimas: una detención impacta al kirchnerismo”. Fue una forma sigilosa de dar la campana de largada y pisar la primicia. En la madrugada de ese día, con los diarios en proceso de distribución, se dispararon decenas de allanamientos y arrestos gestionados por Stornelli y aprobados por Bonadio.

La Nación se felicitaría en las horas posteriores por “privilegiar la institucionalidad a la primicia”. Tuvo su recompensa. Con el dato de los allanamientos que le habían pasado desde Comodoro Py, consiguió la foto exclusiva de Baratta saliendo de su domicilio en Belgrano, esposado y con la mirada desconcertada.

Además de Cristina y funcionarios de su Gobierno, el festival de nombres lanzados entre el 1 y el 2 de agosto de 2018 incluía a íconos del mundo empresarial como supuestos pagadores de coimas: Corporación América (Eurnekián), Roggio (Aldo Roggio), IECSA (Calcaterra-Macri), Electroingeniería (Ferreyra), IMPSA (Pescarmona), Isolux, Taselli, Chediack, MSU (Santos Uribelarrea), Albanesi (Loson), Panedile (Dragonetti), Esuco (Wagner) y otros.

Sin embargo, uno en particular, acaso el más relevante del firmamento económico argentino, no fue mencionado ni por La Nación ni por Stornelli en su raid mediático de aquellas horas. Pasarían tres días hasta que Infobae, tras acceder a los textos, titulara el 4 de agosto: “Los detalles de los traslados de ‘bolsos’ y ‘paquetes con dinero’ entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner”.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

Resultó que el chofer de Baratta había constatado nueve visitas a la sede de Techint para trasladar “bolsos” y “paquetes”. En particular, el contacto del Gobierno de los Kirchner con Techint había sido a través de Héctor Zabaleta, encargado de operaciones no estructuradas, y Luis Betnaza, principal ejecutivo del grupo y mano derecha de su mayor accionista, Paolo Rocca.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

La respuesta se terminaría de redondear con el tiempo.

Rocca asumió la responsabilidad días después de los allanamientos iniciales. Dijo que había entregado millones de dólares en coimas para “defender a nuestra gente” en Venezuela luego de la decisión de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor, en 2008. “Entiendo que Luis Betnaza cedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces (de Cristina)” para organizar la salida de cientos de empleados de ese país, que supuestamente se encontraban en condiciones apremiantes. Cabe intuir que la amenaza de Chávez a Rocca por la integridad física de sus ejecutivos fue bastante silenciosa, porque no había habido ninguna noticia por el estilo entre 2007 y el 16 de agosto de 2018, cuando Rocca explicó lo sucedido.

Esa versión no es la que reflejaron los documentos diplomáticos estadounidenses expuestos en los cables de WikiLeaks. Por el contrario, esos textos confidenciales expusieron reuniones del embajador estadounidense con Rocca que dieron cuenta de una coordinación acompasada entre la empresa y el Gobierno de Cristina para reclamar a Chávez una indemnización. Si el accionista de Techint tenía alguna preocupación por sus empleados, no la mencionó a la Embajada de Washington en Buenos Aires. Al embajador estadounidense le sorprendió el generoso monto de la compensación obtenida por Techint: US$1.970 millones.

En 2021, el juez federal Julián Ercolini, con la causa derivada en su juzgado tras el fallecimiento de Bonadio, dio por probada la entrega de dinero a Baratta por parte de Techint, pero argumentó que obedeció a “razones humanitarias” para salvar a su gente de las represalias de Chávez. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos. Stornelli no apeló, tampoco lo hizo en tiempo y forma la Unidad de Información Financiera bajo el Gobierno de Alberto Fernández, y la decisión quedó confirmada.

Las sortijas del fiscal

Otro pilar de la causa son los arrepentidos.

Según informó La Nación el 8 de agosto de 2018, Stornelli les dijo a los abogados de un ejecutivo de Isolux que no había “sortijas para todos”, como si el arrepentimiento no fuera una delicada figura penal acorde a pautas estrictas, sino una zanahoria a discreción del fiscal.

Quienes obtuvieron sortijas fueron más de treinta imputados entre empresarios, exfuncionarios y dos figuras centrales en el caso: el chofer Centeno y José López, aquel de los bolsos en el convento, ícono esperpéntico de la corrupción en los años de los Kirchner en Casa Rosada.

La ley establece que un arrepentido no puede ahorrarse información ni obstaculizar el desarrollo de la causa. Si esos extremos se comprueban, los beneficios otorgados se revierten, la pena se agrava y lo presuntamente confesado pierde valor. Centeno tuvo suerte.

Disparadas las primeras detenciones, Stornelli se lanzó con cierta desesperación a buscar los originales de las anotaciones, ya que sólo había recibido las fotocopias entregadas por La Nación. El fiscal allanó varios domicilios, sin éxito. Unos días después, Centeno confesó que había incinerado sus cuadernos Gloria, Convenor, Rivadavia y América en el mes de mayo de 2018, por sugerencia de un amigo. Su relato fue pormenorizado. “Me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Es decir, el chofer no colaboró, pero, no obstante, Stornelli aceptó sus confesiones y le concedió la libertad.

Centeno vivió desde entonces en una casa en Capital Federal a costa del erario público. Un año y medio después de su afirmación de que había quemado los cuadernos, éstos aparecieron sanos y salvos, menos uno, el quinto. Un desconocido abordó a Cabot en una esquina de Núñez como lo había hecho tiempo antes Bacigalupo. Tampoco ese giro implicó la revocatoria de la condición de colaborador de Centeno, lo que habría desmoronado buena parte del expediente.

Uno de los imputados, Armando Loson, accionista de la generador eléctrica Albanesi, detectó que su nombre había sido anotado en un cuaderno como Marcelo, y luego apareció corregido con otra letra. Encargó un peritaje y detectó cientos de presuntas modificaciones. Este año, informes oficiales de Gendarmería y Policía Federal incorporados al expediente confirmaron la existencia de tachaduras, enmiendas con corrector y agregados de terceros autores. Todo ello, en contenidos clave, como direcciones, nombres y montos de dinero. Otro peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reportó recursos lexicográficos distintos entre un cuaderno y otro, como si hubieran sido escritos o pensados por personas diferentes.

Jueces como fichas

A la turbiedad del origen de la causa direccionada al tándem Stornelli-Bonadio, premios y castigos a través de supuestos arrepentimientos e influencias políticas y económicas, y la prueba original que resucitó de sus cenizas como el Ave Fénix, se suma la composición del tribunal.

Un clásico de Comodoro Py consiste en manosear las causas hasta que son desplazados los jueces inconvenientes y quedan a cargo otros que ni siquiera corresponden al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Cristina, Germán Castelli, forma parte del cardumen que fue trasladado a dedo a Comodoro Py por el Gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir el requisito constitucional, en 2018. La Corte Suprema ya determinó que esas designaciones no son válidas, pero los trasladados seguirán en el cargo hasta que sean designados los ocupantes definitivos, con el voto del Senado. En otra de las piruetas absurdas del máximo tribunal, hace años imparten justicia magistrados que entraron por la ventana al fuero de las causas más políticas del país.

Una jueza suplente del tribunal oral, Gabriela López Iñiguez, que no responde a la mesa judicial que mueve las fichas en Comodoro Py, fue separada del caso porque en otro expediente dedicó párrafos críticos al fiscal Stornelli. Sus colegas intuyeron que podía ser parcial. En su lugar fue designado Néstor Costabel, recusado por Cristina porque ya actuó en otros expedientes que la tuvieron como imputada, pero resultó confirmado en el puesto. Por la aparente salud delicada de un magistrado titular, se supone que el primer suplente deberá actuar pronto.

Una mirada mínimamente legalista obligaría a diseccionar “el mayor juicio sobre corrupción de la historia” para separar la podredumbre y salvar indicios que, en efecto, alumbran una corrupción sistemática con la obra pública y las concesiones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En un fuero federal dominado por patas del macrismo, los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y una aristocracia judicial anquilosada, no caben esperanzas de que se cumpla el debido proceso.

El debate oral tendrá que escuchar a 71 imputados y más de seiscientos testigos. Salvo alguna maniobra procesal para economizar tiempo, cabe prever que el caso permanecerá abierto varios años. Si se quiere leer la influencia electoral que tendría otra sentencia condenatoria sobre Cristina, habría que pensar más en 2031 que en 2027.

El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso

En cualquier caso, el latido de un caso con estas características alimentará el engranaje que mueve la política argentina hace años. Un sector farisaico de la política, las instituciones y los medios clamará a los cielos ante algún testimonio o detalle “revelador”. Habrá indignaciones lacerantes en las noches televisivas de Clarín y La Nación, comunicados compungidos de alguna asociación empresarial y tuits lanzados por Fernando Iglesias desde su palacete en Bruselas.

Cristina y los suyos argumentarán que el proceso no es más que un escarmiento por su atrevimiento a meterse con “el poder real”.

Sin respuestas

La expresidenta tiene argumentos para señalar un mecanismo sistemático que la tiene a ella en el banquillo y a sus acusadores, impunes. La lentitud y negligencia en todo lo que atañe a Macri y Javier Milei son proporcionales a la animadversión en contra de Cristina.

La proclama será levantada en el expediente y en la política. El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso. Exigirá que cualquiera que esboce una candidatura pose con el cartel “Cristina Libre” como elemento central de campaña. Mientras, una gran mayoría de la sociedad seguirá pensando que la expresidenta es culpable y muchos hasta gozarán con la arbitrariedad en su contra, con lo que la derecha no se resistirá al incentivo de mantener el mecanismo vigente.

Nada de ello ahorra a Cristina y los suyos la necesidad de hacerse responsable de preguntas elementales.

Estas cuestiones, entre muchas otras, ya no serán respondidas por los Kirchner. Las tropelías judiciales que se cocinan en Comodoro Py les brindan un puente de plata para eludir explicaciones, con una razón legítima. En un sistema democrático, rigen el principio de inocencia y el derecho de defensa.

Sin embargo, la letanía de que toda acusación sobre corrupción responde a una “venganza” por aquellos años “maravillosos” no es lo que cabe para un nuevo liderazgo que se proponga pensar un futuro del peronismo y que el país salga de la encerrona en que se encuentra.

Las nuevas melodías deben exigir el respeto al estado de derecho, a la vez que retomar la decencia como bandera del progresismo y/o el peronismo. Sin atajos ni explicaciones pueriles que agravian el sentido común.

Si no es por convicción, que sea por estrategia.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La primera audiencia de la Causa Cuadernos, por la que son juzgados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 acusados, finalizó la tarde de este jueves minutos antes de las 15. Y en esta primera jornada la jefa del PJ fue formalmente acusada de liderar una presunta organización delictiva. “Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa”, fue la acusación que leyó Ernesto Javier Ruiz, uno de los secretarios del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).

El juicio comenzó a celebrarse de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7. La exmandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.

“Se da inicio a este juicio oral y público”, anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, entre ellos medio centenar de empresarios, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la expresidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos. Les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Entonces la expresidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la expresidenta como coautora en relación a, por lo menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.

A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la exesposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial

Acusada de ser “jefa” de la asociación ilícita

La primera jornada del juicio, que duró cuatro horas, comenzó con la lectura de la acusación. Allí se leyó la imputación formal contra CFK: “Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa”. La acusación sostiene que Néstor y Cristina Kirchner fueron los jefes de la organización que recaudaba sobornos de contratistas del Estado.

Horas antes del inicio, Cristina Fernández de Kirchner calificó el proceso desde su cuenta de X como un “escandaloso bodrio judicial” y un “show” para “distraer la atención”.

En una postura diametralmente opuesta, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, afirmó: “Llevo más de 30 años como fiscal, nunca vi tantos elementos probatorios”. En la misma línea, el fiscal Carlos Stornelli recordó que “hay relatos de que los Kirchner no subían al helicóptero hasta que no llegaban los bolsos con dólares”.

El juicio continuará el próximo jueves, ya que en la primera audiencia solo se leyeron 132 de las 678 páginas de la acusación principal.

Con información de la agencia NA

La expresidenta Cristina Feernández de Kirchner calificó este jueves como “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Según CFK, “este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”, apuntó.

Para la expresidenta, “así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'. Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ”si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno“. En ese momento sostuvo: 'Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'. Textual”.

Y concluyó: “No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses”.

Al final, en su habitual post data, Cristina apunto a la gestión Milei: “Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”, sentenció.

Arranca el juicio por la Causa Cuadernos

El juicio oral y público por la Causa Cuadernos (o “fotocopias de los cuadernos”) comenzará este jueves. La expresidenta Cristina Kirchner será juzgada junto a otros 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios. En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7, el inicio del debate será transmitido en vivo por YouTube y se realizará por Zoom.

De qué acusan a Cristina y los empresarios

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como “el paradigma de la gran corrupción”. En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

El caso se originó en 2018 con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en “imputado colaborador” (o “arrepentido”).

Los ejes de la investigación

La causa se inició a partir de la petición del fiscal federal Carlos Stornelli de elevar a juicio la investigación. La justicia buscará clarificar:

Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, enfrentará el juicio en calidad de jefa de la potencial asociación ilícita que habría operado desde el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, y se la acusa de ser coautora del delito de cohecho pasivo. También se investigará la responsabilidad de otros funcionarios, incluida la coordinación con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Vía libre de la Corte y “la más extensa investigación de corrupción”

El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa al rechazar más de veinte recursos presentados por la ex presidenta, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, que intentaban invalidar las actuaciones en el expediente.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación, destacó la magnitud del proceso: “Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.

Quién es quién en la Causa Cuadernos

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba

El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye:

Este jueves comenzó un juicio oral que puede durar tres años, pero que batirá un récord por la cantidad de empresarios sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de la causa cuadernos, sobre la que ha habido polémica porque lo hallado inicialmente eran fotocopias con correcciones manuscritas, pero que derivó en una investigación en la que varios hombres de negocios fueron detenidos de forma preventiva en 2018 y algunos de ellos confesaron haber pagado sobornos. Otros lograron zafar en el camino de las acusaciones y por eso no serán juzgados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya condenada a seis años de arresto domiciliario por la causa Vialidad, está otra vez imputada en este nuevo juicio como presunta jefa de una asociación ilícita para cobrar coimas en los contratos de su gobierno, pero también en el de su marido –esto es entre 2003 y 2015–, con empresas de construcción, energía y transporte. La juzga el Tribunal Oral Federal número 7 que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, mientras que la fiscal es Fabiana León.

En la instrucción participaron dos personajes polémicos: el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Ellos fueron quienes después del hallazgo periodístico de Diego Cabot en el diario La Nación detenían empresarios y les proponían acogerse a la figura del arrepentido.

De los 87 acusados, 19 son exfuncionarios, dos choferes –incluido Oscar Centeno, el que escribió en sus cuadernos cómo llevaba y traía el dinero de los sobornos– y 65 son hombres y mujeres de negocios, de los cuales 18 aceptaron convertirse en colaboradores de la Justicia aportando información a cambio de una reducción de penas. Entre los imputados como organizadores de la supuesta asociación ilícita están el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la empresa Esuco, Carlos Wagner.

Como miembro de la asociación también será juzgado José López, el exsecretario de Obras Públicas que ganó fama porque fue descubierto en el gobierno de Mauricio Macri revoleando bolsos con millones de dólares en un convento de monjas para esconderlos. Otro presunto integrante de la banda es uno de los llamados empresarios K, que crecieron con el kirchnerismo, Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, que ya era una pyme de volumen pero se expandió en los 12 años que duró aquella etapa política.

Como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas aparecen 60 empresarios. Los más renombrados son: 

Unos 16 empresarios se acogieron a la figura del arrepentido, que se creó en el gobierno de Macri. Entre ellos están Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Tasselli, De Goycoechea y Sztenberg. También lo hicieron Centeno y López, entre otros exfuncionarios. En cambio, hay hombres de negocios que sostienen su inocencia: “No tenía de qué arrepentirme si no hice nada malo. Varios de los arrepentidos eran chetos sin calle que no soportaron estar una noche presos”, comenta uno de ellos.

Otros empresarios como Eurnekian y Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, quedaron exculpados del juicio por diversos motivos, pese a que reconocieron pagos. En el caso del primero, porque adujo que fueron aportes de campaña. El segundo, porque alegó que abonó para repatriar de Venezuela a ejecutivos del conglomerado cuya siderúrgica local, Sidor, fue nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez, aliado de los Kirchner. Los demás exejecutivos de Techint también se libraron de la acusación.

AR/MG

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

Cuadernos es “ solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.

“Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, destacó.

En la primera parte del informe, la fiscal hizo mención a las características de la investigación que llega a debate oral con un total de 87 acusados, entre ellos la e presidenta, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública José López y el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta.

También llegan a juicio los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios.

Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.

Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, resume el informe.

A lo largo de los años desde 2018, cuando se inició el primer expediente 9608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002, se han dictado “embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc”.

“Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados. En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, aseguró la fiscalía.

Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.

Las audiencias desde el 6 de noviembre serán virtuales por decisión de los jueces del Tribunal Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.

Con información de la agencia NA

En el inicio de una audiencia clave por la Causa Cuadernos, el empresario Armando Roberto Loson, titular del Grupo Albanesi, fue punta de lanza de la estrategia de varios imnplicados y formalizó una oferta de $181.236.691,18 como “reparación integral” para extinguir la acción penal en su contra y evitar así el juicio oral. A pesar de haber sido uno de los primeros en acogerse a la figura del “imputado colaborador”, Loson se declaró inocente de los hechos que se le imputan y sostuvo que no reconoce “ninguna responsabilidad ni culpabilidad penal”.

La propuesta de Loson se suma a la de otros 40 empresarios que este viernes, en una audiencia vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal 7, buscan eludir el juicio que comenzará el 6 de noviembre contra Cristina Kirchner y otros 73 imputados. Según el periodista Hernán Cappiello de La Nación, la estrategia busca “extinguir la acción penal”. 

Esta movida legal, aunque no implica una admisión de culpa, busca cerrar la causa para los empresarios antes del inicio del juicio, ofreciendo una suma total que roza los US$8 millones.

Loson: de arrepentido a declararse inocente

La situación de Armando Loson es una de las más llamativas. Su defensa basó el monto de la oferta en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, que estimaba entre $200.000 y $300.000 por cada uno de los diez hechos de cohecho que se le imputan, actualizando esa suma con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Pese a que su confesión como arrepentido fue una de las primeras y más resonantes, y ahora es considerada como prueba por el tribunal, en su presentación para la “reparación integral” Loson cambió radicalmente su postura y se declaró inocente. Esta estrategia busca evitar una condena que le impediría seguir contratando con el Estado, pero al mismo tiempo intenta cerrar la causa penal.

Se suman otros

A Armarndo Loson, ya se le sumaron en el transcurso de la jornada Hugo Alberto Dragonetti (presidente de la constructora Panedile), quien propuso pagar $1.421.195.500 (US$983.526), equivalente a los embargos que pesan sobre él, actualizados por intereses del Banco Nación, de acuerdo a lo que informa Infobae. Además, se comprometió a asistir a cursos de compliance y ética empresarial y declaró que los pagos que hizo en su momento fueron “aportes” al Partido Justicialista, además de verse “obligado” a entregar dinero al financista Ernesto Clarens (de Inverness) para liberar pagos de Vialidad.

Además, Benjamín Gabriel Romero (dueño del holding Emepa, de la firma Ferrovías y ligado a la Hidrovía, y de Cabañas Don Benjamín), ofreció $510.298.166 (equivalentes a US$353.147). Como arrepentido, admitió haber pagado US$600.000 en coimas para renovar la concesión de la Hidrovía y “retornos” de hasta US$500.000 anuales para mantener contratos ferroviarios.

El monto de $510.298.166 que ofreció Romero corresponde a la cifra embargada en su contra ($100.000.000 al confirmar su procesamiento en diciembre de 2018), actualizado por la Tasa Activa del Banco Nación.

Yates y casas

A lo largo de la audiencia virtual que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10 de este viernes, el Tribunal Oral Federal 7 escuchaba las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones de pesos por parte de Julio Paolini, mientras que también, ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli y Ángelo Calcaterra, además de los mencionados Loson, Romero y Dragonetti.

Entre los argumentos, los abogados aludieron a los años que podría durar un juicio donde ya se convocó a 622 testigos, con audiencias una vez por semana y múltiples acusaciones.

Al ratificar que sus clientes “se saben inocentes”, pero necesitan resolver el tema para poder seguir adelante con sus empresas y con sus vidas ante la “condena natural” que se les impuso en la causaCuadernos todos ratificaron los ofrecimientos de reparación.

El primero en hablar fue el abogado que tuvo la iniciativa de concretar el planteo al que se fueron sumando otros defensores y se trata del letrado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.

El letrado recordó que el sistema judicial argentino tuvo megacausas que “generaron tanta expectativa” y “han terminado todas sin respuesta ni para la sociedad ni para los que fueron imputados” y señaló a “la mafia del oro, la aduana paralela, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, entre otras.

“Es la perspectiva que vemos en este proceso”, advirtió y ratificó que sus clientes son inocentes, pero “llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres”.

Otro abogado, Luciano Pauls, advirtió que el futuro juicio podría durar “entre 10 y 20 años” porque es una causa que “claramente colapsa al tribunal” y cuestionó además el costo.

“¿Cuánto cuesta este juicio por mes? ¿Cuántos jueces, secretarios, prosecretarios? Cuesta 50 mil dólares por mes”, dijo de manera aproximada.

A la audiencia asistía además el procesado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex funcionarios Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.

La audiencia y el debate judicial

La propuesta de los empresarios, que no implica una admisión de culpabilidad, será analizada por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Sin embargo, enfrenta dos obstáculos importantes:

La audiencia de este viernes será crucial para definir si una parte significativa de la trama empresarial de la Causa Cuadernos se resuelve con un acuerdo económico o si los empresarios deberán sentarse en el banquillo de los acusados junto a Cristina Kirchner y los exfuncionarios.

Quién es quién en la Causa Cuadernos

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba

El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye a:

Con información de NA.

IG