Las declaraciones del papa Francisco el 10 de marzo pasado: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”  a pesar de su decisivo contenido presentan sólo una de las últimas piezas de un cuadro complejo que signa la relación de la Iglesia Católica con el poder político de Nicaragua ejercido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La siguiente cronología a pesar de su carácter sucinto presenta suficientes factores para una interpretación derivada de la anotación de los mismos hechos.

La hora de Medellín

Durante los 300 largos años del período colonial hispánico (1523-1821) y el siglo y medio de independencia antes de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) que introdujo una nueva práctica pastoral, la Iglesia de Nicaragua tuvo un desarrollo muy similar al de otros países centroamericanos y latinoamericanos. Casos aislados de defensores de los derechos de los indios y sacerdotes que a comienzos del siglo XIX protagonizan el proceso político independentista. La Iglesia apoyó a los conservadores, estuvo a la defensiva con los liberales (por laicistas), se mantuvo cómplice entre los años 1912-1933 de la intervención norteamericana e ignoró la resistencia del revolucionario Augusto Sandino, el respetado ‘héroe nacional’. La jerarquía eclesiástica despertó de la  larga noche de la dictadura somocista (1936-1979) al mismo tiempo que la burguesía beneficiada por el régimen mientras el pueblo llevaba un largo desvelo originado por la pobreza y la represión.

En 1969, cuatro años después de finalizado el renovador Vaticano II, en plena dictadura somocista, el balance que los mismos sacerdotes y religiosos hicieron de la Iglesia mostró el conservadurismo de una jerarquía eclesiástica ajena al pueblo.  Diez años después, el triunfo sandinista conmoverá las estructuras sociales y las de la Iglesia.

Una carta pastoral profética y el apoyo masivo a la Cruzada de Alfabetización

Desde fines de los ‘60, se originaron y crecieron movimientos renovadores en zonas campesinas y en algunas parroquias de Managua, los Cursillos de Cristiandad. Un caso excepcional, la comunidad campesina de Solentiname, fundada por el padre Ernesto Cardenal que transmitió una vivencia del cristianismo nicaragüense original y aislado como el archipiélago de donde había surgido. Si bien no se logró la transformación de la estructura básica que históricamente fue la base de la Iglesia Católica la potencialidad de estos factores no fue menor.

El pueblo de Nicaragua es religioso. No más que otros pueblos del continente y la renovación de la iglesia no fue una “exclusiva nicaragüense” sino un fenómeno universal y especialmente latinoamericano- frente a la mayoritaria iglesia tradicional, que durante muchos años gozó de las rentas de la sociedad y el estado.

El 19 de julio de 1979, se consumó el triunfo sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CONFER) se expresó ante el acontecimiento revolucionario el  17 de noviembre de 1979 a través de una histórica Carta Pastoral que expresaba su apoyo al proceso revolucionario y a la insurrección armada, su valoración del pensamiento de Sandino y del proyecto socialista al que se dirige. El texto de los obispos era no sólo anti-dictatorial ni sólo progresista sino auténticamente revolucionario.

El Papa Juan Pablo II confirió su apoyo al gobierno revolucionario con su beneplácito a  la Cruzada de Alfabetización coordinada por el sacerdote Fernando Cardenal y puesta en marcha en todo el país con la participación de religiosos de 52 congregaciones que trabajaban en Nicaragua y miles de alumnos de los colegios católicos de todos los departamentos. La unidad nacional de todas las capas sociales fraguada en los dos últimos años de la dictadura se mantenía viva. La Iglesia también parecía unida.

Sin embargo, en los comienzos de los ‘80, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) connotado internacionalmente por sus posiciones conservadoras lanzó a nivel continental una campaña de oraciones y una colecta para ayudar a la Iglesia de Nicaragua. Fue la primera vez que se transmitía al mundo que esa Iglesia “sufría” persecuciones.

El comienzo del quiebre de la unidad nacional

Un comunicado de la CONFER en el que los obispos manifestaron que los sacerdotes en puestos públicos deberían  abandonar sus cargos, “habiendo transcurrido las circunstancias de excepción” inició un conflicto de larga duración en el que intervinieron las más altas jerarquías del Vaticano, las bases católicas de Nicaragua, teólogos de varios países y los más altos dirigentes de la Revolución.

Cuando en octubre de 1980, la Dirección Nacional del FSLN publicó un Comunicado sobre la Religión, que trascendió las fronteras de Nicaragua: por primera vez, un movimiento revolucionario contemporáneo en el poder, rompía con el rígido esquema de ver en la religión el opio del pueblo y uno de los frenos de la historia, la respuesta de los obispos no ponderó la novedad de ese texto. El ultimátum del 1 de junio de 1981 expresó que aquellos sacerdotes que no renunciaran “los consideraríamos en actitud abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia”. Los sacerdotes aludidos o denunciados eran Miguel D'Escoto (Canciller), Ernesto Cardenal (Ministro de Cultura), Edgar Parrales (Ministro de Bienestar Social, desde 1982 Embajador en la OEA) y Fernando Cardenal, (Vicecoordinador de la Juventud Sandinista).

La aceptación del Vaticano de que los sacerdotes continuaran en sus cargos siempre que renuncien al ejercicio del ministerio sacerdotal dentro y fuera de Nicaragua no detuvo antes bien propició las expulsiones de sacerdotes de las parroquias en barrios populares, manifestaciones callejeras y tomas de iglesias publicitadas ampliamente en los medios de comunicación que apoyaban a la Revolución. La Carta Pastoral del Papa Juan Pablo II en junio 1982, que expresó el apoyo incondicional a los obispos y crítica a la “Iglesia Popular” originó dos caracterizaciones articuladas del conflicto religioso en el país: “persecución religiosa” y “peligro de la Iglesia popular”.

Si la ‘contra’ Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN) asesinó salvajemente a 14 campesinos en la aldea de San Francisco del Norte “en nombre de Dios” - el inicio de macabros hechos repetidos-; en Managua, autoridades del FSNL llevaron a cabo una celada para desacreditar al padre Bismarck Carballo, vocero de la Curia y director de la estación eclesiástica Radio Católica, implicándolo en un escándalo sexual.

La violencia viene de Honduras

La lucha ideológica-religiosa sostenida durante 1980- 1982 pasó a un segundo plano ante la situación de guerra impuesta a Nicaragua desde Honduras por voluntad de EEUU. Creció la demanda a los obispos para que condenen públicamente la violencia contrarrevolucionaria que originaba el desplazamiento de los escasos recursos humanos y materiales del país hacia la defensa armada. El total silencio de un sector de la jerarquía contradijo la condena de la Iglesia que ha siempre ha declarado su repudio a “toda violencia, venga de donde venga”. La violencia venía de Honduras con pretensiones de una “guerra santa” contra el comunismo bajo la invocación de Dios.  

La visita del Papa, “la gran noche oscura”

En ese contexto, el 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua. Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes de la corriente progresista fue amonestado por el Papa. Muchos no olvidaron esa humillación. Durante la misa oficiada por el Sumo Pontífice simpatizantes del Gobierno vocearon consignas de “poder popular” y “queremos la paz”. El Sumo Pontífice respondió “la primera que quiere la paz es la Iglesia”. Juan Pablo II recordó esa primera visita como “la gran noche oscura”.

Los obispos volvieron sobre los acontecimientos de Managua para “lamentar y condenar enérgicamente el incalificable irrespeto cometido contra la Eucaristía y la persona del Vicario de Cristo” por “una minoría”. Cuando El Nuevo Diario reclamó a la jerarquía igual energía para condenar los actos criminales de las bandas armadas en la frontera, los obispos insistieron en que la división estaba creada por quienes “tratan de edificar una Iglesia llamada ‘popular’ y mezclan lo cristiano con lo político y ‘partidista’”.

Iglesia de mártires

El 11 de mayo de 1983 fue expulsado de Nicaragua el sacerdote español Timoteo Merino, párroco de la Azucena y de otros pequeños pueblos cercanos a la frontera sur, acusado por el gobierno de favorecer la penetración del grupo contrarrevolucionario ARDE entre la población campesina.  Merino declaró en Roma que su expulsión era otra expresión de la persecución religiosa del gobierno.

En las vísperas de la celebración del Cuarto Aniversario de la Revolución, el matrimonio de Felipe y Mery Barreda, católico y sandinistas de larga trayectoria en Estelí, fue asesinado en un campamento contrarrevolucionario hondureño, después de ser bárbaramente torturados. La celebración en la Catedral de Estelí de los esposos Barreda como nuevos mártires sostuvo que “entre cristianismo y revolución no hay contradicción”. El asesinato de los Barreda fue seguido por el de decenas de otros cristianos revolucionarios, especialmente campesinos, delegados, jóvenes milicianos, quienes murieron  víctimas de la guerra impuesta a Nicaragua o de la crueldad de la contrarrevolución.

Ley de Servicio Militar Patriótico y la objeción de conciencia

En 1983, la decisión del gobierno de establecer el servicio militar como estrategia para enfrentar las guerrillas antirrevolucionarias financiadas por EEUU de quien se esperaba una eventual invasión fue rechazada por la CONFER que sugirió la objeción de conciencia a la Ley. Los dirigentes revolucionarios afirmaron que “en Nicaragua sí hay persecución religiosa”: la desatada por algunos obispos contra sacerdotes, religiosos y fieles que apoyan el proceso revolucionario.

En 1987 a pesar de todas las desavenencias, la Iglesia católica fue parte medular de los Acuerdos de Paz Esquipulas II que dieron paso a elecciones libres y democráticas en 1990, en las que Daniel Ortega y los sandinistas perdieron el poder que recuperarán en las elecciones de noviembre de 2006.

En esos 16 años, Ortega buscó congraciarse con la Iglesia: pidió perdón por “los errores y atropellos en contra de figuras de la Iglesia en el pasado” y contrajo matrimonio eclesiástico con su compañera Rosario Murillo luego de 25 años de convivencia. Quien ofició la misa, fue el cardenal Miguel Obando y Bravo, crítico en los ‘80 de sus políticas y quien en 1996 en la víspera de las elecciones que perdió Ortega había pronunciado la homilía conocida como “la parábola de la víbora” o “el viborazo”, en la que advertía a los votantes sobre una víbora moribunda a la que no había que acoger porque, al recuperarse, mataría a su salvador. Muchos la consideraron un espaldarazo al candidato contrincante Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, quien obtuvo la victoria. Luego de tres intentos fallidos, en 2006, Ortega recuperó el mando del país que mantiene hasta hoy gracias a una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Nueva ola de persecución contra obispos y sacerdotes

El régimen mantuvo una relación distante con la iglesia, pero respetuosa hasta el estallido social de 2018 cuando el gobierno intentó  reformar las leyes del Seguro Social. La violenta represión a las protestas de repudio que se extendieron por cinco meses en todo el territorio nicaragüense dejó como saldo  355 muertos, numerosos heridos y más de 100.00 exiliados. La Iglesia católica que defendió a quienes protestaron pacíficamente fracasó en la mediación de un acuerdo. Tres meses después del estallido social, en Plaza la Fe con la presencia del representante personal del Papa, el Nuncio Waldemar Sommertag, un Ortega furibundo acusó a los sacerdotes de ser parte de una conspiración en su contra. Los religiosos de ser los mediadores en la crisis sociopolítica pasaron a ser acusados de golpistas y se les declaró la guerra.

Entre la sucesión de hostilidades que se sucedieron partir de julio de 2018: la agresión de paramilitares a obispos y sacerdotes en el Departamento de Carazo y el ataque a la Iglesia de La Divina Misericordia, en Managua, con la muerte de dos personas. El 23 de abril de 2019 se produjo la necesaria salida de monseñor Silvio Báez, a petición del papa Francisco, atento a que la Embajada de EEUU en Nicaragua habría informado probables planes para asesinar a Baéz. Y el 31 de julio de 2020: el incendio de la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad, en la Catedral de Managua.

En enero de 2022 con toda la oposición acallada, Ortega asumió por quinta vez (cuarta consecutiva) la presidencia de Nicaragua, en medio de un gran rechazo de la comunidad internacional. El 12 de marzo de ese año, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag fue expulsado del país. El 6 de julio, la expulsión de 18 religiosas de la Caridad de la orden Santa Teresa de Calcuta y el 19 de Agosto, la retención de monseñor Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos en la curia diocesana de Matagalpa

La valentía del obispo pone a prueba las relaciones con el Vaticano

El obispo de Matagalpa monseñor Álvarez, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto pasado se negó abordar un avión para el exilio a EEUU junto a otras 222 personas, sacerdotes, seminaristas, opositores políticos o simples críticos del régimen fue condenado por la Corte de Apelaciones que lo calificó de “traidor a la patria” y dictó su prisión hasta 2046.

El Papa Francisco, en la misma entrevista donde no dudó en calificar al régimen Ortega-Murillo de “hitleriano” , en referencia al Obispo Álvarez destacó “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”. “Una excelente descripción” ponderó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado más de 400 ataques de la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica. “El Papa nunca ha estado en silencio, él ha permanecido orando por lo que sucede en Nicaragua, sin embargo, sus declaraciones públicas actuales han sido realizadas en tiempo prudente, cuando observa que no hay salidas ni medios”, detalló Molina. El tiempo mostrará si recrudece la represión del gobierno hacia la iglesia católica del país centroamericano. En lo inmediato Vatican News, el portal de noticias del Vaticano, confirmó el 13 de marzo el “verbalmente expresado” deseo del Gobierno nicaragüense de “suspender las relaciones diplomáticas” que implica el cierre de la Nunciatura Papal, la representación diplomática del Vaticano en Managua. Sin embargo, el derecho internacional no conoce la “suspensión” o la “interrupción” de relaciones diplomáticas. Existen o no existen. Muchos observadores ven las interpretaciones dadas en Managua y el Vaticano más bien como un juegos de palabras o ballet diplomático.

AGB

La escritora nicaragüense Gioconda Belli anunció este jueves que aceptó la nacionalidad chilena que le ofrecieron las autoridades de este país luego de que el gobierno de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad de su nación de origen junto a otros 300 opositores por considerarlos “traidores a la patria”.

El anuncio fue confirmado de inmediato por la canciller chilena, Antonia Urrejola, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Pese a las tristes circunstancias, es un honor que esta tremenda poeta, escritora y feminista nicaragüense acepte ser chilena. Emocionada de hablar esta mañana con mi querida amiga @GiocondaBelliP, a quien admiro profundamente”.

“Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano, es Chile”, expresó por su parte la escritora a la radio chilena Cooperativa.

Belli agradeció al presidente de Chile, Gabriel Boric, y a “todos quienes han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses la nacionalidad chilena”.

“Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein”, afirmó Belli.

“Hace un tiempo, escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses”, agregó.

Pese a aceptar la nacionalidad chilena, Belli afirmó que no dejará la lucha por la “democracia, la libertad y recuperar un país libre”.

“No reconocemos que nos puedan quitar la tierra donde nacimos, el derecho que tenemos de ser nicaragüenses”, manifestó Belli.

El pasado martes, el Gobierno chileno anunció la decisión de acoger a los nicaragüenses privados de su nacionalidad por ser opositores políticos en su país.

El Ejecutivo informó mediante un comunicado que “el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”.

La medida se encuentra disponible para “quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”.

El pasado 15 de febrero, el gobierno de Nicaragua declaró “traidores a la patria” a cerca de 300 opositores y críticos, entre ellos Belli y el escritor Sergio Ramírez, a quienes se les quitó la nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes inmuebles.

Desde la Argentina también se ofreció otorgar la ciudadanía a aquellas personas alcanzadas por la decisión del gobierno de Nicaragua.

“El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, indicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero ratificó en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos que cualquiera de las personas privadas de nacionalidad por el gobierno de Managua puede pedir la nacionalidad argentina mediante “ un trámite sencillo”.

“Se trata de un trámite personal” que deben iniciar las personas en particular, explicó.

“La Argentina está en condiciones de darles la ciudadanía. El solicitante tiene que iniciar el trámite, que es muy sencillo, en la Embajada argentina”, abundó Cafiero.

“Lo hemos conversado con el presidente (Alberto Fernández) cuando vimos los sucesos de Nicaragua”, explicó.

Recordó además que la Argentina “siempre ha marcado la necesidad de que ese país vuelva a respetar los derechos humanos”.

Al respecto, señaló que fue conformada una comisión en el ámbito de Naciones Unidas “para estudiar la violación de derechos humanos” en ese país, y que la Argentina “ha condenado la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses”.

Con información de agencias.

IG

Intelectuales y organizaciones de diferentes países latinoamericanos, agrupados en el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, lanzaron un comunicado en solidaridad con los presos políticos expulsados el 9 de febrero de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega y pidieron a los gobiernos del mundo que aíslen al régimen nicaragüense. 

“Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur expresamos nuestra solidaridad con lxs 222 presxs políticxs que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a los Estados Unidos el pasado jueves, 9 de febrero de 2023, así como con lxs 94 disidentes en el exilio a quienes despojó de su nacionalidad y de sus bienes una semana después, el 16 de febrero”, señala el texto.

Añade que “ambos grupos se les despojó no solamente de su nacionalidad, sino también de sus derechos ciudadanos. Con estas acciones de destierro, el régimen de Ortega/Murillo actúa contra todos los tratados internacionales de derechos humanos y contra la propia Constitución de Nicaragua, que en su artículo 20 establece que ”ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad“”.

“Burlando cualquier noción de debido proceso, lxs exiliadxs fueron declarados prófugos de la justicia y condenados como supuestos ”traidores de la Patria“, aunque nunca se les había acusado judicialmente y mucho menos procesado”, sostiene el comunicado, que pide aislar al régimen de Ortega. “Apelamos a los gobiernos del mundo a aislar el régimen Ortega-Murillo y a acoger a sus víctimas con todos los derechos y la solidaridad, para permitirles reiniciar una nueva etapa de su vida”.

El texto está firmado, entre otros, por Pablo Bertinat, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Enrique Viale, Rafael Colombo, Roberto Gargarella, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Guillermo Folguera, Inti Bonomo, Horacio Tarcus, Claudia Aboaf, Pablo Stefanoni, Pablo Alabarces (todos de Argentina), Rita Segato (Argentina-Brasil), Carmen Aliaga (Bolivia), Breno Bringel (Brasil), Lucio Cuenca (Chile), Arturo Escobar, Tatiana Roa Avendaño, Marilyn Machado (Colombia), Alberto Acosta, Esperanza Martínez, Miriam Lang (Ecuador), Edgardo Lander, Liliana Buitrago (Venezuela), Raphael Hoetmer, Jose De Echave, Virginia Vargas Valente, Mirtha Vasquez, Rocio Silva Santisteban (Perú) y numerosas organizaciones sociales.

Este comunicado se suma a otro publicado el viernes y firmado por más de 500 artistas e intelectuales de todo el mundo, que expresaron su preocupación por los “abusos” y “violaciones de los derechos humanos” del gobierno del presidente Ortega y se solidarizaron con los nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad.

Ganadores del Premio Nobel de Literatura como el peruano Mario Vargas Llosa (2010) y el turco Orhan Pamuk (2006), los mexicanos Elena Poniatowska, Juan Villoro, Guillermo Arriaga y Jorge Volpi; el francés Emmanuel Carrère; los españoles Enrique Vila-Matas y Manuel Vilas; el británico de origen indio Salman Rushdie; el cantautor panameño Rubén Blades y el periodista estadounidense John Lee Anderson, entre otros, firman una carta manifestando su sentir ante estos hechos con el lema “Son y serán nicaragüenses”.

Los firmantes de la misiva, entre ellos también el estadounidense Jonathan Franzen, el colombiano Héctor Abad Faciolince y el chileno Jorge Edwards, denuncian que “estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano”.

Destacan además que en los últimos años “al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos”.

De igual manera señalan que el gobierno de Ortega “ha cancelado el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres”, resaltando que “veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse”.

Recuerdan que “por si fuera poco, desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Los signatarios del documento exhortan a la comunidad internacional “a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo”.

Igualmente piden al gobierno nicaragüense que “detenga la represión contra su pueblo”.

Con el retiro en los últimos días de la nacionalidad a un grupo de 94 ciudadanos y el destierro de 222 presos políticos, la cifra de apátridas nicaragüenses se sitúa en 316.

En ese sentido, los firmantes de la carta recuerdan que “el 9 de febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de modificar la Constitución de Nicaragua, despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas.

Asimismo, destacan que “el 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli”.

CRM

Intelectuales agrupados en el espacio “La Mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad” solicitaron al presidente Alberto Fernández que conceda la nacionalidad argentina a 317 personas “arrojadas a la condición de apátridas por el régimen de Daniel Ortega” en Nicaragua.

“La decisión del gobierno nicaragüense no solo es arbitraria sino violatoria de las principales declaraciones y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos de las que nuestro país es signatario, y para las cuales la nacionalidad es un derecho propio e inalienable del individuo”, sostiene una carta dirigida al presidente Fernández difundida este jueves que cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de 1969- Pacto de San José de Costa Rica. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, recuerda.

Días atrás, el gobierno de España ofreció la nacionalidad a 222 presos políticos liberados y expulsados por Nicaragua el jueves 9 de febrero y trasladados a los Estados Unidos. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, los , según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”. 

La carta a Fernández, firmada por Graciela Fernández Meijide, Claudia Hilb, Hilda Sabato, Patricia Tappatá Valdez, Alejandro Katz, Sergio Bufano, Lucas Martín, Hugo Vezzetti, Rubén Chababo, pide que al Gobierno “honrar la tradición argentina de los derechos humanos, una tradición que es el suelo común de nuestra democracia y que se expresa en la inclusión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos en nuestra Constitución”.

“Honrar esa tradición, señor Presidente, nos obliga a incluir en nuestra comunidad política a quienes han sido brutalmente privados de su nacionalidad. Entre esas personas se cuentan figuras relevantes de la vida pública nicaragüense, algunas de las cuales han sido destacados combatientes contra la dictadura de Somoza”, dice.

La situación en Nicaragua “exige una respuesta urgente y que pondría una vez más a nuestro país en la vanguardia del cuidado de los derechos humanos”, asegura.

Entre los opositores liberados estaba la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro, así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios. Ambos son hijos de la exmandataria Violeta Chamorro (1990-1997).