La Justicia federal profundizó este viernes la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó el allanamiento de la oficina que ocupaba Ornella Calvete, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, quien renunció tras el hallazgo de una fuerte suma de dinero en su domicilio.

La exfuncionaria dejó su cargo luego de que trascendiera que, durante un procedimiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró en su casa 700 mil dólares y otras divisas. El dato se conoció recién esta semana y derivó en su salida inmediata del Gobierno. Calvete es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como el presunto recaudador de coimas dentro de la trama de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS.

El operativo de este viernes tuvo como objetivo ampliar el relevamiento de pruebas dentro del Ministerio. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes se concentraron en la búsqueda de material informático y documentación que pudiera estar vinculada al circuito de contrataciones bajo sospecha.

Fuentes de la causa informaron que los funcionarios judiciales “fueron a buscar dispositivos electrónicos” y que durante el allanamiento “se llevaron computadoras y documentación” que será incorporada al análisis del juzgado.

La trama también alcanza vínculos internos dentro del Ministerio de Economía: Ornella Calvete mantiene una relación de pareja con Javier Cardini, quien luego del escándalo renunció a su cargo de subsecretario de Gestión Productiva. Él dependía directamente del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con la renuncia de Calvete, el hallazgo de fondos millonarios y los nuevos allanamientos en dependencias oficiales, la causa vuelve a escalar y suma presión sobre el esquema de contrataciones y presuntas coimas que investiga la Justicia federal.

Con información de medios

JIB

El juez federal Daniel Rafecas desestimó las denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.

En el caso de Pagni, la presentación de Milei había sido motivada por comentarios realizados el 28 de abril en su programa “Odisea Argentina” (LN+), donde el periodista trazó un análisis histórico que, según el Presidente, insinuaba un paralelismo entre su ascenso al poder y el de Adolf Hitler en Alemania. El mandatario consideró que tales afirmaciones afectaban su honor y reputación.

Sin embargo, Rafecas concluyó que las expresiones de Pagni se encuadran dentro del debate político y no representan una imputación concreta ni una injuria personal. “No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante”, sostuvo el magistrado, subrayando que las críticas se emitieron en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El fallo detalla fundamentos constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa, y remite al precedente “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostiene que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica. Rafecas advirtió que perseguir penalmente opiniones periodísticas podría lesionar el debate democrático.

En igual sentido, y también en la misma jornada, el juez desestimó otra denuncia de Milei contra el periodista Ari Lijalad, quien había publicado el 4 de mayo una columna en el portal “El Destape” titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Ambos expedientes fueron archivados por inexistencia de delito.

MM con información de la agencia NA.

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de revocatoria que habían sido interpuestos por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Defensoría General de la Nación contra el fallo Levinas. Según el portal especializado Palabras del Derecho, el máximo tribunal expresó la improcedencia de los remedios, de quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en la causa.

El fallo Levinas es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que generó una fuerte controversia en el ámbito judicial. En esencia, el fallo otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la capacidad de revisar decisiones de la Justicia Nacional en causas que tramitan en la Capital Federal. Esto significa que el TSJ se convierte en la última instancia para estos expedientes, desplazando la intervención directa de la Corte Suprema en ciertos casos.

¿Qué es la Justicia Nacional? Es un fuero judicial con competencia sobre causas que ocurren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no forman parte de la Justicia Federal ni de la Justicia de la Ciudad. Es una estructura heredada de cuando Buenos Aires era la capital del país sin autonomía propia y, hasta hoy, sigue bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

El fundamento del fallo radica en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida en la reforma constitucional de 1994, y en la falta de avances en la transferencia de competencias de la justicia nacional al ámbito porteño. La Corte argumentó que esta situación debía resolverse de manera definitiva, basándose en precedentes como los casos Strada y Di Mascio.

Sin embargo, el fallo fue duramente criticado. Uno de los principales cuestionamientos es que genera conflictos entre el sistema judicial nacional y el de la Ciudad, especialmente en fueros como el comercial y el laboral. También se señala que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pierde facultades en favor del TSJ porteño, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de ciertas intervenciones judiciales. Además, esta decisión impacta en causas sensibles como el caso Correo Argentino, ya que la Corte aplicó el mismo criterio para permitir que el TSJ porteño tome decisiones sobre cuestiones clave para la familia Macri.

De esta manera, la Corte reafirmó su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de CABA tiene competencia para revisar ciertos fallos de la Justicia Nacional, rechazando los intentos de frenar esta decisión mediante recursos o medidas cautelares. Esto fortalece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial y debilita la resistencia de jueces nacionales y otras entidades que buscan impedir este cambio.

Cabe destacar que en diciembre de 2024, la Corte había fallado por habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano encargado de resolver los recursos extraordinarios interpuestos contra sentencias de la Justicia Nacional. 

Tras ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó un recurso de “revocatoria y suspensión de efectos”. El Tribunal consideró que la tal petición resulta inadmisible, ya que según el artículo 14 de la Ley 48 no están habilitados a interponer el recurso previsto quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado.

A su vez, agregó que el planteo resulta improcedente, pues sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria, ni por el de nulidad, salvo situaciones excepcionales que, a su criterio, no concurren en la especie.

En el mismo sentido, se expresó respecto al recurso de revocatoria interpuesto por la titular de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, el ministro Carlos Rosenkrantz, quien se había manifestado en disidencia en la causa Levinas, compartió los fundamentos del voto qpara rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de su opinión en dicha sentencia.

Por otra parte, en otra causa la Corte también revocó la medida cautelar que había confirmado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en marzo de 2022. La medida había sido peticionada por Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y suspendía la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional.  Se trata de la aplicación del art. 4° de la ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires que regula el recurso de inconstitucionalidad reglamentado contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en CABA. 

Para el máximo tribunal, la cautelar —que suspende la aplicación de la ley local impugnada— “ha sido decretada en el marco de un proceso colectivo, con efecto ‘erga omnes’, enervando así el poder de policía del Estado, excediendo el interés individual de las partes y afectando de manera directa el de la comunidad”. Según la Corte Suprema, hoy no existen suficientes fundamentos para sostener esa medida. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

Cabe recordar que, en ese pleito promovido por la AFMJN, también habían adherido otras entidades como Asociación Civil Gente de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

JJD, con información del portal especializado Palabras del Derecho.

La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó este lunes al gobierno de la provincia de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR. 

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA), que adelantó este medio en julio, y suspendió no sólo los nuevos permisos presentados a la fecha ante el Ejecutivo provincial sino también aquellos desmontes ya autorizados que aún no se hubieran ejecutado. 

Niremperger también ordenó al gobierno de Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) adoptar las medidas pertinentes para supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida cautelar y adoptar los mecanismos de protección para asegurarse de que “no existan acciones que signifiquen un avance sobre el ambiente” en los bosques nativos.

La jueza explicó en un escrito que actuó luego de que el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini abrió una investigación contra el ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, quien es además la máxima autoridad ambiental local. Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, cuando era ingeniero agrónomo y se dedicaba a la actividad privada, como reveló elDiarioAR.

Halavacs fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Zdero y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, pero resultó ser el principal denunciado por la AAdAA, que presentó en julio último una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

Niremperger sostuvo en su fallo de este lunes que para hacer lugar a la medida cautelar que acompañó aquella denuncia tuvo en cuenta “el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción”, como el yaguareté.

Además, la jueza afirmó que “la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”.

Los denunciantes sostuvieron que Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco integraban un supuesto “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED

La intención de Javier Milei de nombrar al juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia expuso como nunca antes un tópico ausente en la narrativa oficial: la relación de La Libertad Avanza con el statu quo del Poder Judicial, un ida y vuelta más que fluido. Con el objetivo de asegurarse los votos en la Cámara alta, la Casa Rosada comenzará esta semana a tantear a los senadores del kirchnerismo que aún guardan un sugestivo silencio respecto de la postulación al máximo tribunal de uno de los magistrados más cuestionados de los tribunales de Comodoro Py. Al frente de esas tratativas, según pudo saber elDiarioAR, estaría un hombre clave en el organigrama del Gobierno: el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

En un rol de igual o mayor gravitación que la de su superior, Mariano Cúneo Libarona, Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya influencia no deja de crecer puertas adentro de la gestión libertaria. Exfuncionario de la Corte Suprema, este amigo de la juventud del hombre de mayor confianza de Milei es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.

Con sus pliegos presentados oficialmente en abril, falta poco menos de un mes para que arranquen las exposiciones de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla en la comisión de Acuerdos del Senado, el 21 y 28 de agosto respectivamente. Y más allá de que fueron varias las organizaciones que remarcaron que la cuota de género en el máximo tribunal no está siendo respetada, es la figura del actual juez federal la que genera los más encarnizados debates hacia el interior de los distintos bloques en la Cámara alta, incluso en las filas de La Libertad Avanza. 

Ambos candidatos deberán contar con el aval de los dos tercios del Senado para ser nombraron al frente de la Corte Suprema que preside Horacio Rosatti, un número imposible de alcanzar sin el eventual aporte del interbloque de Unión por la Patria: Milei precisa votos de esa bancada de 33 miembros para llegar a los 48 necesarios. La mitad de ellos, sin embargo, responde directamente al Instituto Patria y son hoy la principal incógnita debido a que todavía no se pronunciaron. Que la postulación de Lijo se maneje como si fuera un tabú alimenta las especulaciones de un pacto Milei-Cristina Kirchner. 

El PRO y la UCR, aliados circunstanciales del oficialismo, también alimentan la incertidumbre. Mientras el jefe del bloque de senadores del partido amarillo, Luis Juez, ya anunció que rechazará la postulación, quien mantiene el misterio es el radical Martín Lousteau. “Cuando vengan las audiencias públicas sobre Lijo, como hago siempre con todos los temas, voy a mirar en detalle cuáles son los apoyos, cuáles las objeciones, haré preguntas, escucharé las de los demás y recién después de todo ese proceso voy a tomar una decisión con los dos jueces”, declaró, tras meses de silencio al respecto, el legislador radical en una entrevista con LN+.

Grieta libertaria

Pese a que en el Gobierno se muestran optimista en relación al “poroteo” y confían en el respaldo de los gobernadores, con influencia en la decisión de los bloques provinciales, el panorama no deja de ser incierto para las pretensiones oficiales. Mucho más si se tiene en cuenta que entre los siete representantes de La Libertad Avanza en la Cámara Alta tampoco hay unanimidad y varios de los senadores oficialistas pusieron reparos al posible nombramiento de Lijo. A la cabeza de esas reticencias está la mismísima vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien tampoco se muestra de acuerdo con la candidatura del magistrado de Comodoro Py.

La titular de la Cámara alta, quien es la que debería ponerse al frente de la búsqueda de voluntades para la aprobación de ambos pliegos, le cuestiona públicamente a Lijo no haber “actuado bien” cuando, en 2012, resolvió a través de un fallo que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad. Así lo señaló en una entrevista con TN, el único reportaje televisivo que dio en lo que va de su mandato como vicepresidenta. “No me enloquece. Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna catedrática”, añadió en ese intercambio, que tuvo lugar en marzo.

Otro libertario que tampoco se guarda sus diferencias con la nominación que impulsó el presidente Milei fue el senador por Formosa, Francisco Paoltroni. ¿Su justificación? La estrategia jurídica que adoptó Lijo en la causa Ciccone, por la cual el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, terminó siendo sobreseído en el expediente que investigaba la contratación de la empresa The Old Fund para reestructurar la deuda provincial en 2010. “El señor Lijo desdobló la causa. En la que se tramitó en Capital Federal quedaron todos imputados, mientras que la que se trabajó en el fuero de Formosa quedaron todos sobreseídos, entre ellos Insfrán”, recordó, el mes pasado, el legislador en diálogo con FM Millenium. Y lanzó: “Yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió esa barbaridad jurídica”.

Pero su cruzada no se quedó ahí y hace dos semanas, durante una entrevista con Crónica TV, Paoltroni siguió utilizó munición gruesa contra el cuestionado magistrado. “Lijo es el candidato de la impunidad y de la casta”, apuntó el legislador. El senador compartió el recorte en su cuenta de X, con un mensaje directo a la interna del oficialismo. “El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza”, remarcó en un mensaje en el que dejó en claro su anhelo de “una Argentina distinta, basada en transparencia y ética”, acompañado del hashtag #LijoNo.

DM/PL

Ariel Lijo todavía no habló. Dicen en su entorno que está esperando con ansiedad su audiencia pública para defenderse de las críticas, con la seguridad de haber hecho ya el trabajo fino para conseguir los votos que necesita para convertirse en juez de la Corte Suprema. Busca los apoyos desde mucho antes de que Javier Milei lo anunciara como su candidato, incluso desde el año pasado, cuando su nombre sonó para la Procuración General.  

Con el ingreso formal de su pliego en el Senado, todas las miradas apuntan ahora a Cristina Kirchner y su bloque. No son 33 senadores. Sólo la mitad de ellos responde directamente a la expresidenta, los 16 que integran Unidad Ciudadana, que se convirtieron en los últimos dos meses en la principal incógnita sobre hacia dónde moverá el Instituto Patria. ¿Hay un pacto de Cristina con Milei? ¿Cómo lo van a explicar?

A poco de empezar el tratamiento de la postulación de Lijo, en no más de un mes, el sector que responde a la expresidenta sigue en silencio y esquiva las respuestas, aunque se le fue acotando el tiempo y la excusa que usaban para no opinar. Hasta ahora habían guardado silencio porque el pliego no había ingresado formalmente. El pliego entró el lunes por la noche y siguen sin hablar del tema. 

Si Lijo trajinó oficinas, departamentos o bares para conseguir los votos, hasta el Patria no llegó. Por ahora, con la única persona de peso que no se reunió fue con Cristina. Sí lo hizo, según fuentes del entorno del juez federal, con senadores cercanos. Ayer, uno de ellos, Eduardo Wado de Pedro, salió a negar en la red X un encuentro junto al diputado Máximo Kirchner con un promotor de la candidatura del juez. Juliana Di Tullio, la jefa del bloque, tampoco se reunió. “Ni lo conozco”, remarcó a elDiarioAR. 

Al kirchnerismo se le generó un callejón sin salida frente a la astucia de Milei y Ricardo Lorenzetti, el gran autor de la jugada, de proponer a Lijo. Si lo votan, se terminará aquello de ser la única oposición real a Milei. Cómo lo explicarán. Si los votos están y no lo acompañan se quedan afuera de iniciar un camino de acercamiento a la nueva conformación de esta Corte Suprema, a la que el sector de Cristina tiene nula llegada. “No sé si un juez más o uno menos cambia algo”, dijo Máximo Kirchner en el diario El País, esta semana. Pero la posibilidad de tener un canal de diálogo abierto, seguro que sí. 

Quienes conocen a Lijo dicen que no es rencoroso. “Decime todo lo que quieras, no va a tener consecuencias”, le dijo una vez a una interlocutora que se descargó por algún fallo adverso. Esa cintura para llevarse bien con todos es lo que hoy le permite estar a las puertas de llegar a la Corte Suprema de la mano de un gobierno que sólo tiene 7 senadores. Es el rey, además, de mantener causas abiertas. “No necesita ni Cristina ni a Macri. Se tiene a sí mismo, y sólo necesitaba de un Milei que lo propusiera”, analiza un dirigente de trato casi diario con el juez. Cristina sólo puede controlar la mitad de los 33 peronistas, y Macri, ni a uno sólo de los 6 senadores del PRO.

Esa cintura para llevarse bien con todos es lo que hoy le permite estar a las puertas de llegar a la Corte Suprema de la mano de un gobierno que sólo tiene 7 senadores. Es el rey, además, de mantener causas abiertas

El juez federal se muestra entre sus allegados confiado en que conseguirá los votos necesarios, los dos tercios de los presentes. En esta votación juegan los ausentes. Eso también se negocia. El Interbloque de Unión por la Patria hasta ahora no se reunió para delinear una estrategia. Por lo pronto, lo que surgen son expresiones personales. Esa idea cruza a todos los espacios políticos cuando de Lijo se trata. Será una votación de transversalidad partidaria. Hay promotores políticos del peronismo y el radicalismo acercando posiciones. 

“Puede ser que alguno lo quiera votar, pero no hay posición del bloque ni del interbloque”, dicen los allegados a Cristina. De los 16 que responden a la expresidenta, De Pedro es el más cercano a Comodoro Py. Oscar Parrilli, por ejemplo, sufrió los embates del magistrado en la causa en la que escuchó sus conversaciones con la expresidenta. Difícil que lo acompañe. 

Más allá del misterio sobre el voto de los senadores de ADN kirchnerista, lo cierto es que ninguno operó en contra del juez. No hicieron nada que impidiera la llegada de Lijo al máximo tribunal. Pueden no votarlo, pero el silencio no molesta. Todo lo contrario.  

En el bloque que conduce José Mayans está la llave de las puertas que abrió Lijo. Siempre estuvieron ahí. Desde el minuto cero el senador por Formosa se mostró abierto al diálogo. Ahí pesan los gobernadores, como Gildo Insfran, beneficiado en la causa Ciccone por el juez federal. También los senadores que responden a Gerardo Zamora, los riojanos de Ricardo Quintela, y al menos un catamarqueño cercano a Raúl Jalil. La otra senadora por esa provincia es Lucía Corpacci, que hasta ahora no mostró juego. Sin terminal provincial podrían acompañar también el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el de Tucumán, Juan Manzur. O los 2 salteños que están dentro de Unidad Ciudadana. 

Cerca de Lijo cuentan, por supuesto, a todo el bloque de La Libertad Avanza. Quizás podría ausentarse el formoseño Francisco Paoltroni, de los pocos que manifestó su resistencia. Lo que valen en la votación son los presentes. 

El PRO de ¿Mauricio Macri? también está dividido. La extrema tensión entre los bullrichistas y el expresidente hace que el bloque no tenga una posición unánime. Luis Juez, el jefe de la bancada, ratificó ante elDiarioAR que no lo votará. Fue otra de las voces escasísimas de la política en el Senado que salió a expresarse en contra del juez. La más activa fue Elisa Carrió, que tiene cero influencia en la Cámara alta. “Cada voto será a título personal”, refieren en el PRO. Incluso tienen en sus manos la presidencia de la Comisión de Acuerdos, que deberá tratar el pliego, comandada por la senadora Guadalupe Tagliaferri, allegada a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los impulsores de Lijo. De ahí podrían contarse al menos 5 de los 6 votos del bloque. Macri no tiene ascendencia en los senadores. El expresidente tampoco se expresó en contra.  

El radicalismo todavía no definió una postura oficial pero aportaría buen número. Son 13 senadores. Martín Lousteau va a esperar a que se desarrollen las audiencias públicas para definir, pero el dirigente Emiliano Yacobitti, de su sector, ya anticipó que están a favor de Lijo para la Corte y anunció que posiblemente reúna los consensos para llegar. Hasta ahora jugaron en tándem. El presidente del partido no maneja el bloque, que suele actuar más en sintonía con la Casa Rosada. Carolina Losada anunció su voto en contra. “¿Qué pienso de Lijo? Que no puede integrar la Corte Suprema de ninguna manera”, subió como mensaje a su cuenta de Tik Tok. Como Juez, es una expresión en minoría. 

Al menos otros 7 senadores radicales dependen de los gobernadores de Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes o de cercanía al de Entre Ríos y estarían dispuestos a apoyarlo. Podrían ser incluso más. Lo mismo ocurre con los senadores por Chubut. Lijo logró construir relación también con el gobernador Ignacio Torres. 

En los gobernadores está la clave para entender cómo Lijo llegaría a la Corte, propuesto por un gobierno que no tiene territorialidad. Cerca del juez federal cuentan como apoyos a los 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia, y a la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. Además creen que serán votos a favor los 3 senadores de Cambio Federal, que tiene como jefe de bloque al salteño Juan Carlos Romero. Los sin tierra de Unidad Federal son otros 3. La que mostró mayor resistencia fue Alejandra Vigo, de Córdoba, que pidió una jueza para la Corte. Es una incógnita qué harán los santacruceños que responden a Claudio Vidal. Son 2 senadores más. De acá a dos meses, cuando el pliego podría llegar al recinto, podría jugarse también la relación de los jefes territoriales con la Casa Rosada. Lijo espera que el oficialismo no haga ruido. 

En los gobernadores está la clave para entender cómo Lijo llegaría a la Corte, propuesto por un gobierno que no tiene territorialidad

A los movimientos del propio juez hay que sumar también los de Lorenzetti. El actual supremo trajinó sus contactos para conseguir apoyos. A él se le adjudica haber logrado el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, a través de haberle garantizado a la organización que las causas por delitos de lesa humanidad seguirán bajo la órbita de un hombre suyo, Fernando Arnedo. El se quedó con una parte de la secretaría penal del máximo tribunal tras la jugada de la actual mayoría comandada por Horacio Rosatti para dividirla en dos. De esa guerra interna, que denunció en público, también Lorenzetti sacó provecho.

MV/JJD

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó este martes una medida cautelar climática ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que ordene a la Secretaría de Cambio Climático de la Nación que suspenda las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera (off shore) en todo el Mar Argentino hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publiqué una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), informó la organización ambientalista en un comunicado.

“La presentación se realizó ante la necesidad de detener la avanzada petrolera en el Mar Argentino. Hoy en día se están realizando exploraciones y explotaciones offshore con estudios ambientales incompletos y sin contemplar tanto los daños irreversibles y permanentes que se ocasionarán al ecosistema marino como los compromisos climáticos asumidos por el país”, afirmó FARN.

Además, si la Justicia hiciera lugar a la presentación, la medida cautelar implicaría la detención inmediata de los proyectos de exploración y explotación ya autorizados, como el proyecto “Fénix en Cuenca Marina Austral (CMA-1)”, y el “Argerich-1 Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”.

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que exige FARN, “es un estudio que permite analizar los impactos ambientales de programas y proyectos en diálogo con los objetivos estratégicos y compromisos climáticos internacionales asumidos por el país”, explicó la organización. “Esta evaluación contempla, entre otros puntos, la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la diversificación de la matriz energética”, agregó.

También es “una herramienta útil para analizar alternativas a los proyectos energéticos y el impacto acústico acumulado en la etapa de exploración y el impacto climático acumulado en la etapa de operación y explotación no sólo entre los diferentes proyectos sísmicos marítimos sino también en obras anexas tal como sucede en el Proyecto Fénix”. 

“Las declaraciones y autorizaciones ambientales favorables a estos proyectos de exploración y explotación por parte de la Secretaría de Cambio Climático de la Nación vulneran el principio de no regresión establecido en el Acuerdo de Escazú y violan las leyes 23.094 -que declaró monumento natural nacional a la ballena franca austral- y 22.351 -que estableció la protección absoluta e inviolabilidad de los monumentos naturales”, aseguró FARN. 

“Es indispensable que, hasta tanto sean presentadas la evaluación ambiental estratégica y las evaluaciones de impactos acumulativos y climáticos, estos proyectos deben suspenderse y detenerse de forma inmediata”, solicitó la organización ante la Justicia.

Las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos enumerados en la cautelar climática “se superponen con áreas marinas protegidas actuales y proyectadas a futuro alcanzando también áreas prioritarias para la biodiversidad marina, alterando rutas migratorias de pingüinos, impactando en aves en peligro de extinción como el albatros cabeza gris y afectando a especies en peligro crítico de extinción como la ballena franca austral”. 

Ballena franca austral

En 1984, este mamífero marino fue declarado monumento natural nacional por la Ley 23.094. La Ley de Parques Nacionales define a los monumentos naturales como “las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna”. “Sin embargo, esta protección absoluta e inviolabilidad que reconoce la categoría de ‘monumento natural’ se ve a todas luces cercenada por las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Secretaría de Cambio Climático respecto de la exploración sísmica costa afuera en las áreas CAN 100 y 102, entre otras y la explotación de la Plataforma correspondiente al Proyecto Fénix (CMA-1)”, aseguró FARN. 

Además del Proyecto Fénix, el 4 de julio último, además, la Secretaría de Cambio Climático también autorizó la perforación de un pozo exploratorio, el “Argerich-1” en la Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)“, a la altura de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. La perforación exploratoria se realizará entre el 15 de diciembre del año 2023 y el 15 de junio del año 2024.

Proyecto Fénix

El 7 de junio último, la Secretaría de Cambio Climático aprobó la realización del Proyecto Fénix, en la Cuenca Marina Austral (CMA-1), en las aguas atlánticas más al sur del país. Implica la “construcción de una plataforma costa afuera para la explotación de gas en la cuenca marina austral. Los estudios ambientales han subestimado las emisiones por fugas de metano del Proyecto Fénix”, denunció FARN. 

“Es evidente que, de avanzar la exploración sísmica costa afuera y la explotación en la Plataforma del Proyecto Fénix se ocasionarán daños irreversibles y permanentes al ecosistema marino”, afirmó FARN. “Por ello, resulta indispensable que hasta tanto sean presentadas la EAE y las evaluaciones de impactos acumulativos y climáticos que den cuenta de la sustentabilidad ambiental de los proyectos, éstos deben suspenderse y detenerse inmediatamente”, solicitó la organización ambientalista.

ED/DTC

La causa por la que está detenido Marcelo Corazza quedó radicada este jueves en el fuero federal porteño y resultó sorteado el juez Ariel Lijo, luego de incluirse el delito de “trata de personas” en la acusación inicial por corrupción de menores y exhibiciones obscenas, según fuentes judiciales. Intervendrá también el fiscal Carlos Rívolo.

Dicha figura, al ser un delito de carácter federal, llevó al juez Javier Sánchez Sarmiento declararse incompetente y enviar todo el expediente a los tribunales de Comodoro Py. La decisión fue tomada luego que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesara a Corazza por presunta “corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas”.

En esa resolución, la Cámara sostuvo que Corazza y los demás acusados integraron “una asociación ilícita con claros fines de trata de personas y explotación sexual”. En función de la gravedad del delito y porque hay menores comprometidos, dispusieron la prisión preventiva. Corazza se entregó ayer miércoles con uno de sus abogados y quedó alojado en la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El exganador de Gran Hermano 2001 había sido detenido el 20 de marzo pasado en su casa del partido bonaerense de Tigre, acusado de integrar una banda que se dedicaría a la captación de menores para su explotación sexual. Sin embargo, fue liberado a principios de abril cuando Sánchez Sarmiento lo procesó sin prisión preventiva por corrupción de menores y exhibiciones obscenas, pero le dictó falta de mérito en relación a la asociación ilícita.

De todos modos, la Cámara del Crimen decidió ayer “confirmar parcialmente” el procesamiento de Corazza, modificando la calificación legal del suceso imputado por los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas y “revocar lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva”.

La causa inició hace poco más de un año y medio. Según los relatos, los abusos van desde 1999 y ya hay unas 14 víctimas reconocidas e identificadas en la investigación. Una de ellas se transformó en querellante a través de la Defensoría General de la Nación.

Los otros acusados son Francisco Angelotti, Fernando Charpenet y Raúl Merced, quienes ya venían con preventiva en la causa por los mismos delitos que Corazza, pero a ellos se le sumó el de trata de personas.

Según los testimonios, los menores, en su mayoría provenientes de Misiones, de donde era oriundo Angelotti, eran captados mediante seducción con regalos de lujo y promesas de trabajo.

A Corazza lo vincula el testimonio de un menor quien dijo que en 2001 estuvo en un vehículo junto a él cuando el exjugador de Gran Hermano se masturbó. En las últimas horas, se conoció que otro menor de edad dijo haber participado de un “encuentro sexual” donde estaban Angelotti junto a Corazza. Es por esa prueba, además de mensajes en los teléfonos, que se dispusieron las detenciones.

LC con información de agencias