El ingeniero Javier Cardini, yerno del polémico lobista Miguel Calvete, había hecho toda su trayectoria en el sector privado, sobre todo del sector tecnológico, hasta que en diciembre de 2023 se incorporó al gobierno de Javier Milei como subsecretario de Industria. En una gestión en general loteada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, Cardini llegó al asesor porque se lo recomendó un amigo de la infancia del country Martindale, Georgie Neuss. Cardini y Neuss se conocían del colegio Champagnat, de hermanos maristas, como el Manuel Belgrano, el de Caputo.

Con Cardini llegaron a su sector su novia Ornella Calvete, como directora nacional, y su tía política, la abogada Susana Calvete, respectivamente hija y hermana de uno de los principales acusados de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los tres figuran en la estructura llamada Tuco dentro de las anotaciones de los cuadernos de Miguel Calvete en los que describe la supuesta trama de sobornos. Los tres fueron despedidos tras el escándalo en el que se hallaron US$700.000 en efectivo en casa de Cardini y su pareja.

Cardini reportó primero al primer secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Milei, Juan Pazo, que después partió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En abril de 2024, la subsecretaría de Industria se partió en dos a pesar de la motosierra que venía a reducir cargos políticos: la subsecretaría de Política Industrial, a cargo de una economista con más experiencia en el sector manufacturero, Daniela Ramos, que venía de ser secretaria de Producción de Tres de Febrero y llegó impulsada por el intendente de ese municipio, Diego Valenzuela; y la de Gestión Productiva, a cargo de Cardini. Como tal se centró en las normas técnicas de autopartes de autos y motos, pero sobre todo con el régimen de electrónica de Tierra del Fuego.

En diciembre pasado, Pablo Lavigne pasó de secretario de Comercio a secretario de Coordinación de Producción, en lugar de Pazo, y quedó bajo su área la Secretaría de Industria y Comercio a cargo Esteban Marzorati, las dos subsecretarías industriales, otra de Comercio Exterior y una de Defensa del Consumidor, bajo la conducción de Fernando Blanco Miuño. En esta última área trabajaba como asesor otro despedido de la red Tuco, Mariano Gaibisso. Tanto Gaibisso como Ornella Calvete se habían desempeñado ya en el Ministerio de la Producción en el gobierno de Mauricio Macri, mientras Miguel Calvete era concejal del PRO en La Matanza.

En agosto último, Marzorati renunció y Cardini quedó a las órdenes de Lavigne. Hay polémica porque Lavigne, a contramano del mundo, sostiene que la mejor política industrial es la que no existe, pero hasta ahora se distinguió por liberalizar trabas burocráticas que antes eran sospechadas fuentes de coimas, como cuando Matías Tombolini, secretario de Comercio del gobierno anterior, controlaba las licencias para importar. Por eso, apenas el diputado peronista Rodolfo Tailhade y este diario señalaron que cuatro de sus funcionarios estaban en los cuadernos de Miguel Calvete, les pidió la renuncia a todos, aunque Cardini resistió un poco más por el padrinazgo de Santiago Caputo. Finalmente, su tío y ministro de Economía, Luis Caputo, responsable del área, debió intervenir para desplazarlo también.

Cardini y su novia solían viajar a Tierra del Fuego a controlar las plantas de electrónica, entre las que se destacan las de Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, otro tío de Santiago; y Newsan, de Rubén Cherñajovsy, que este año se alió con Juan y Patricio Neuss -primos de Georgie- para armar el grupo energético Edison junto a otros inversores. “Profesionalmente era de lo mejor que pasó por esa secretaría”, opinan en una de las empresas fueguinas. En su gestión, Milei pasó de las críticas a los elogios a esas fábricas ensambladoras, aunque también les bajó los aranceles a los competidores importados y está permitiendo el aumento del contrabando, según los industriales, al tiempo que cae a la mitad la producción local este año. Cardini también se ocupó de reducir los controles técnicos sobre las autopartes, una medida reclamada por las automotrices.

Antes de que se levantara el secreto de sumario en el caso ANDIS la semana pasada, Ornella Calvete había anticipado a empleados de su área que iba a tener que renunciar por una causa, aunque la había minizado e incluso había dicho que iba a continuar actuando ad honorem. Finalmente, el escándalo se los llevó puestos a ella, a su novio, a su tía y al otro integrante de la red de su padre.

AR/MC

En medio de las tensiones con la AFA y los vínculos entre el fútbol y el mundo financiero, el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto lavado de activos y evasión impositiva.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.

La causa comenzó en abril de 2024, cuando la Dirección Regional Sur de la DGI detectó movimientos altamente sospechosos en la billetera virtual de la empresa. Según el informe oficial, Sur Finanzas habría recibido transferencias millonarias desde usuarios sin capacidad económica real para justificar esos montos, lo que indica un posible origen ilícito de los fondos. En total, los investigadores identificaron operaciones por $818.000 millones.

Además, el organismo tributario acusa a Ariel Vallejo de haber evadido más de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema que utilizaba estructuras financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.

El rápido crecimiento de Sur Finanzas en los últimos años también llamó la atención del Ejecutivo. La firma nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogué, y en 2024 adoptó su actual denominación, Sur Finanzas PSP SA, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo —hijo del empresario— como vicepresidente.

En este período, Maximiliano Ariel Vallejo consolidó una influencia creciente en el fútbol argentino: Sur Finanzas se convirtió en sponsor de Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, otorgó préstamos a San Lorenzo y logró que la Liga Profesional llevara el nombre “Copa Sur Finanzas” durante 2023, 2024 y 2025.

A esta investigación se suma otra causa federal, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que apunta a Sur Finanzas como posible canal para blanquear fondos provenientes de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Con información de medios

JIB

Casi dos horas después de que elDiarioAR difundiera que la abogada Susana Calvete, hermana de uno de los principales acusados de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), era funcionaria del Ministerio de Economía, el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, la despidió de su cargo. La hermana de Miguel Calvete figura en sus cuadernos en los que identificaba a los integrantes de su banda de presuntos sobornos de la ANDIS, que dirigía Diego Spagnuolo, a las droguerías.

Miguel Calvete oficiaba como intermediario de las supuestas coimas. Y a su estructura, a la que llamaba Tuco, pertenecía su hermana; su hija Ornella, que era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía hasta que renunció hace dos días por el escándalo; su yerno Javier Cardini, que resiste como subsecretario de Gestión Productiva en la misma cartera; y Mariano Gaibisso, que era asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial hasta que esta tarde Lavigne le pidió la renuncia tras una consulta de elDiarioAR.

El secretario de Coordinación de la Producción se sacó de encima a tres de los cuatro involucrados de su área. En su entorno aseguran que no tenía trato con los tres que se marcharon y que a Cardini lo conoció cuando asumió el cargo en diciembre de 2023, al iniciar el gobierno de Javier Milei. En estos casi dos años de gobierno, Lavigne se había diferenciado de su antecesor en la Secretaría de Comercio Interior, Matías Tombolini, porque no le habían recaído sospechas de presunta corrupción. Sin embargo, bajo su área se colaron cuatro funcionarios que ahora aparecieron en la trama de negociadados de la ANDIS.

Si no es el secretario de Coordinación de la Producción, ¿quién banca entonces al único de los cuatro que permacen en su cargo, Cardini? El asesor presidencial Santiago Caputo. Fue él quien lo llevó a cargo. Son amigos a partir de otra amistad que tienen en común: el empresario Juan Neuss, que fue además compañero del colegio Champagnat con el ahora subsecretario cuestionado.

Susana Calvete era abogada de Economía. Hasta febrero pasado, de la Secretaría de Industria, en concreto. Su hermano, además de estar en la causa ANDIS, fue condenado a prisión por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Ella fue señalada en esa causa como la encargada de cobrar los alquileres.

Cardini, a su vez, el yerno del presunto intermediario de Spagnuolo, es un ingeniero industrial que trabajó en diversas empresas privadas antes de entrar a la gestión pública con Milei. Se desempeñó en la cervecería Quilmes y en las compañías Calandra, QEV, Grupo Tek y Greentech Science. Como subsecretario, por sus modos no se ha ganado precisamente el cariño de secretarias, mozos y demás personal de la administración pública. Pero es el escándalo de su suegro y su novia el que ahora lo ponen en la cuerda floja. Por ahora lo sostiene Santiago Caputo. Y eso que la trama de presunta corrupción en la ANDIS desemboca presuntamente en coimas que llegarían a la rival interna del asesor presidencial, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

AR/CRM

Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el vínculo de las presuntas coimas de las droguerías al ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, no sólo tenía a su hija Ornella trabajando tanto en su red delictiva, según consta en sus cuadernos, como también en el Ministerio de Economía. Su hermana Susana Carmen Calvete también figura en su estructura de supuestos sobornos y a la vez es contratada del Palacio de Hacienda. Es más, hasta febrero pasado dependía de la Secretaría de Industria. A diferencia de su sobrina, que renunció tras conocerse el escándalo, la abogada Susana Calvete sigue en su cargo.

En total, cuatro de los mencionados en sus cuadernos por Miguel Calvete en su grupo apodado “Tuco” han sido funcionarios de la Secretaría de Coordinación de la Producción, a cargo de Pablo Lavigne dentro de Economía. Una es su hermana Susana. Otra es su hija Ornella, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Otro es su yerno, pareja de Ornella, y actual subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini. El cuarto es Mariano Gaibisso, asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a quien Lavigne le pidió la renuncia este jueves. Los cuatro aparecen en la extensa lista, fueron identificados por el diputado peronista Rodolfo Tailhade y sus contratos fueron confirmados por elDiarioAR.

En las huestes de Lavigne se intentaron desligar del caso: “A Cardini no lo puso él. Lo conocimos acá en diciembre de 2023. A Susana Calvete y a Gaibisso no los conoce. Ellos y Ornella reportaban a Cardini”. En el gobierno de Mauricio Macri, Lavigne había sido subsecretario de Facilitación del Comercio; y Gaibisso, director del programa El Mercado En Tu Barrio, de la Secretaría de Comercio. Patricia Canavesi, secretaria de Miguel Calvete e integrante de Tuco, también había trabajado en la Secretaría de Industria en el era Macri.

En aquel gobierno, Miguel Calvete era concejal de Cambiemos en el municipio de La Matanza. Fue en ese tiempo cuando la Justicia lo empezó a investigar por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Su hermana Susana fue señalada en ese causa como la encargada de cobrar los alquileres. Él está preso ahora, no por la causa Andis, por la que hasta Spagnuolo sigue libre, sino por aquel caso.

La mala fama de Calvete tiene larga data. Así lo cuentan sus compañeros en los 90 del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), el partido del carapintada Aldo Rico, que se había levantado contra el gobierno de Raúl Alfonsín para frenar los juicios por los crímenes de la última dictadura.

Ya en ese entonces se desconfiaba de sus manejos. Por esas casualidades de la vida estaba en la esquina de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cuando la volaron en 1994. Y trabajó como asesor del concejal porteño del Modin Alejandro Montiel, que después de una noche con Calvete terminó extorsionado con fotos comprometedoras para votar a favor del menemismo. Montiel se negó y terminó divorciado.

También despertó recelos en los 2000 cuando se recicló como presidente de una de las dos cámaras empresariales en las que estaba dividido el supermercadismo chino. Por aquellos años llegó a comprarse los minimercados Eki, donde tuvo como empleado a Gaibisso. Por entonces supo cultivar buenos vínculos con la prensa y como tal aparecía en su rol de representante de los almaceneros asiáticos o más tarde como consultor de consumo masivo. Incluso algunos periodistas figuran en su listado Tuco.

Pero el nombre más comprometedor de los cuadernos de Calvete es que el resume con dos letras: KM. Un par de siglas que haría referencia a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que según esos escritos y los presuntos audios de Spagnuolo se quedaría con el 3% de los supuestos sobornos.

AR/MC

El consultor y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró este jueves por la noche ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese escándalo están involucrados Karina Milei y los Menem, Martín y Lule, que forman parte del círculo de poder de Javier Milei.

Ante el representante del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Py, Cerimedo confirmó que el ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había “hablado de hechos de corrupción” y le hizo mención “a coimas”.

La declaración de Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, es clave en la investigación que busca determinar si existió un circuito de sobornos que involucra a la ANDIS, bajo la dirección de Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker.

El testimonio de Cerimedo refuerza la credibilidad de las denuncias sobre la corrupción, aunque el consultor negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que desataron el escándalo, según trascendió.

El testimonio de Cerimedo

Durante su declaración testimonial, Cerimedo abordó varios puntos centrales de la causa, según consignó la agencia NA:

Cómo sigue la causa

La defensa de los empresarios Kovalivker, por su parte, interpuso un planteo pidiendo la nulidad de la investigación, argumentando que se inició en base a una grabación que es producto de un ilícito y una “violación a la intimidad de Spagnuolo”.

En una semana vence la prórroga del secreto de sumario, momento en el que las partes tendrán acceso al expediente. En este contexto, Spagnuolo evalúa convertirse en “imputado colaborador” para mejorar su situación legal, lo que lo obligaría a decir la verdad y aportar datos novedosos y de relevancia para la investigación, apuntando posiblemente hacia alguien de mayor jerarquía.

Con información de agencia NA

MC

El kirchnerismo presiona para que Karina Milei se presente al Congreso en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En la previa a la sesión en el Senado donde este jueves se votará la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, adelantó que buscarán votar en el recinto una convocatoria a la hermana del Presidente.

“Con dos tercios de los votos podríamos aprobar una resolución para citarla a que dé explicaciones”, dijo el legislador por Formosa a los medios de comunicación que lo abordaron en la puerta de la Cámara alta. Dicha medida no está en el orden del día, por lo que el peronismo necesita juntar el apoyo de radicales díscolos y de fuerzas provinciales para convocar a la hermana de Javier Milei.

Según adelantó Mayans, la propuesta es que Karina sea citada para la semana que viene, luego de las elecciones provinciales de Buenos Aires. El bloque del peronismo en el Senado está también en conversaciones con los diputados, porque en la Cámara baja la flamante comisión investigadora del caso $LIBRA ya avanzó en citar a la hermana de Milei y amenazó con que utilizará la fuerza pública para que la Secretaria General se presente ante el Congreso.

“Es obligatorio que venga; tiene que venir a reunir cuentas ante el Parlamento”, planteó Mayans.

MC

“Regreso triunfal de la imitadora #1 de América. ¡Viene Milei!”. Con esas consignas promocionan en Las Vegas el espectáculo de Fátima Florez, a quien el presidente Javier Milei irá a ver especialmente este viernes en un nuevo viaje relámpago a Estados Unidos.

La presencia del mandatario fue confirmada por el productor Jorge Elías en sus redes sociales en agosto pasado y hasta ahora no fue desmentida por el Gobierno, en medio del escándalo que atraviesan los Milei por las denuncias de corrupción en la agencia de discapacidad y el PAMI.

La nueva gira del Presidente por EEUU sí se difundió desde la Casa Rosada pero por reuniones agendadas con empresarios norteamericanos, sobre todo financistas especuladores y ligados al sector turístico. Milei viajará este jueves y viernes, al filo del cierre electoral y en la previa a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7.

Florez hará su espectáculo de imitación en el Sahara Teatro el viernes y sábado. Las entradas rondan van desde los 79 dólares a los 139 dólares. La presencia de Milei se descuenta para el show del viernes a la noche en Las Vegas.

Según trescendió, el viernes el mandatario tendrá en la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, encuentros con directivos de cadenas hoteleras. No se conocen con quiénes ni dónde serán esas reuniones.

En los medios locales de Las Vegas ya llegaron las noticias del caso de corrupción que involucra a Karina Milei. “Argentina's libertarian president goes on defense as a corruption scandal spreads” (“El presidente libertario de Argentina se defiende ante el creciente escándalo de corrupción”, podría traducirse), tituló la semana pasada el diario Las Vegas Sun.

Antes de pisar Las Vegas, Milei estará en Los Ángeles, donde asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken. Trascendió que no disertará frente a la platea de hombres de negocios sino que mantendrá reuniones por separado.

Michael Milken es mundialmente conocido como “el rey de los bonos basura”: fue sentenciado a 10 años de prisión. En los 80 el empresario se declaró culpable de cargos relacionados al fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos y fue sentenciado a una década de prisión. Fue beneficiado con un indulto firmado por Donald Trump en su primer mandato.

Milken es un conocido de Milei, quien ya lo visitó el año pasado y lo definió como alguien “que ha mantenido incolumne defendiendo los verdaderos principios del capitalismo y las ideas de la libertad”. La fama del norteamericano inspiró la creación del villano de la película Wall Street, de Gordon Gekko en 19887.

Con el viaje a EEUU de esta semana, Milei rompe una racha de tres meses sin salidas al exterior, en lo que configura uno de los períodos más largos sin traslados fuera del país desde que asumió el cargo. Sigue, sin embargo, sin tener una bilateral con Trump en Washigton, como es el deseo de la Casa Rosada desde que se firmó el nuevo acuerdo con el FMI.

Tras el viaje de esta semana, Milei viajará la semana que viene a España para verse con Pablo Abascal, de Vox, y tiene previsto exponer semanas después en Nueva York en la asamblea anual de la ONU.

MC

El topo que vino a destruir el Estado, Javier Milei, pasó la motosierra a los gastos, los altos cargos y la planta estatal de todos los ministerios. Pero usó una tijera de uñas de bebé para cortar el gasto de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza su hermana Karina Elizabeth, apodada por el El Jefe. Es una de las áreas donde menos se ajustó el gasto: sólo un 7,8% en los primeros siete meses de 2025, respecto del mismo periodo de 2023, según datos oficiales recopilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Mientras, en la Secretaría de Educación se podó el 49,5%; en la de Trabajo, el 98,3%; en la de Niñez, el 71,9%; en el Ministerio de Defensa, el 18%; en el de Economía, 53,8%; en el de Relaciones Exteriores, el 19,4% y en el de Seguridad, el 14,7%. Sólo aumentaron los gastos respecto del gobierno anterior el Ministerio de Justicia, de Mariano Cúneo Libarona, un 13%; y sobre todo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de Sergio Neiffert, hombre del asesor Santiago Caputo, un 27,2%, según el informe del CEPA, del que participaron economistas como Juan Pablo Costa.

Incluso si se analiza la estructura de altos cargos, se expandió aún más el área de Karina Milei, la funcionaria en la mira por un nuevo escándalo de presunta corrupción en medicamentos para personas con discapacidad. Suma 90 sobre 197 del total de la Presidencia de la Nación, casi tantos como los 103 de un ministerio relevante y de presencia en todo el territorio nacional como el de Seguridad, según un informe de la socióloga Ana Castellani y el politólogo Pablo Salinas en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La Secretaría de Comunicación y Medios, de Manuel Adorni, totaliza 54.

La Secretaría General se quedó con la a Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones que antes estaba en la Cancillería. En una Presidencia de la Nación que suma 25 secretarios y subsecretarios, más que los 20 del Ministerio de Capital Humano (que fusionó los que eran de Trabajo, Educación y Desarrollo Social) y 12 de Seguridad, Karina Milei cuenta con cinco “subses”: el de Gestión Institucional, el polémica Eduardo Lule Menem, mencionado también en el caso de discapacidad; el de Coordinación Administrativa, Esteban Bruno; la de Planificación General, María Belén Agudiez; el Legal, Juan Manuel Galli, y el de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas. Al menos, Castellani y Salinas destacan que el elenco de la licenciada en relaciones públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) es el de los más formados dentro de la Presidencia.

“Ha crecido la Presidencia de la Nación en su estructura en relación a los ministerios”, explica Salinas. El área analizada incluye las secretarías de Karina Milei, Adorni, Neiffert, María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y Leonardo Cifelli (Cultura, que antes fue ministerio y con este gobierno había arrancado en Capital Humano). “En Presidencia se ve una expansión constante en función de dos áreas: Comunicación y Medios y Secretaría General de la Presidencia, que ha concentrado muchas funciones que exceden su área. Cuando uno ingreso a la página web del Mapa del Estado, abajo del presidente de la Nación aparece la secretaria general de la Presidencia, por encima del jefe de Gabinete y sin que aparezca la vicepresidenta”, complementa el investigador de la UMET.

En la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), su vicepresidente, Güido Rangugni, recuerda que con Milei la Presidencia se sacó de encima la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ahora en el foco de la tormenta por la motosierra combinada con las presuntas coimas. La Andis pasó primero a la Jefatura de Gabinete y después al Ministerio de Salud. Para comparar la evolución del área, entonces no tiene en cuenta la Andis que se fue ni Cultura que se incorporó. Finalmente, estos son los resultados: “En 2024, las áreas de Presidencia que ya estaban en 2023 tuvieron una reducción del gasto de 17%, una caída menor al 30% del gasto en general. Y si comparamos el presupuesto de 2025 con lo ejecutado en 2024, hay un aumento del 15%, por encima del promedio general”, agrega Rangugni. La evolución queda en evidencia en el siguiente gráfico elaborado con datos oficiales por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En los primeros siete meses de 2025, la Secretaría General de la Presidencia viene gastando 38% más que en el mismo periodo de 2024, según el CEPA. A la SIDE le va aún mejor: 70% arriba. En cambio, Educación está estancada, Niñez cae 37,9%; Defensa, 3,8%; Economía, 28,9%; Cancillería, 12,7%; y Seguridad se recupera sólo 5,8%

AR/MG

Un día después de los incidentes en Lomas de Zamoara, Karina Milei se mostró con Martín Menem en Corrientes y hubo otra vez incidentes con manifestantes en su contra, en medio del escándalo por las sospechas de coimas.

La hermana del Presidente viajó a la capital provinciales este jueves para cerrar la campaña libertaria de cara a las elecciones locales del próximo domingo, donde se presenta el diputado Lisandro Almirón como candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Durante la caminata por la peatonal céntrica, otra vez la custodia tuvo que desplegar los maletines de seguridad ante los repudios en contra de la secretaria general de la Presidencia.

Tras su salida del lugar en un vehículo oficial, distintos periodistas que realizaban la cobertura en vivo en el lugar denunciaron que fueron agredidos por militantes libertarios. “Estos tienen que volar de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan. Eso no se hace”, fueron algunos de los gritos de manifestantes que quedaron registrados en las transmisiones en vivo.

La hermana del Presidente viajó junto a Menem, titular de la Cámara de Diputados y también señalado en los audios del ex jefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En las imágenes que trascendieron sobre su llegada brilla por su ausencia Lule Menem, mano derecha de la hermana del Presidente, armador nacional de LLA y otro de los funcionarios en el ojo de la tormenta.

“Impresionante tu templanza”, le dedicó Almirón a Menem según se puede ver en un video suyo publicado en Twitter al recibirlos en el aeropuerto de la capital correntina. Lilia Lemoine también publicó un video donde se ve a Karina en Aeroparque antes de partir a Corrientes: “La gente reconoció a Karina Milei. Los intentos de amedrentamiento NO VAN A FUNCIONAR porque la gran mayoría no quiere que vuelva el kirchnerismo!”, escribió la legisladora.

Con Almirón, Karina y Menem tenían pensado cerrar la campaña libertaria una caminata esta tarde por la peatonal céntrica de Corrientes.

Casi en paralelo a la visita de Karina Milei, en otro punto de la ciudad de Corrientes el gobernador Gustavo Valdés recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti.

La jugada es clave para el mandatario local porque Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario provincial, busca retener la gobernación para la UCR en las elecciones del domingo próximo.

Tanto Pullaro como Schiaretti fueron recibidos en la Casa de Gobierno por Valdés, en un encuentro al que se sumó el senador nacional Carlos Espínola, quien se acercó en su momento al gobierno del presidente Javier Milei en busca de encabezar la lista libertaria pero terminó fuera del armado y cerca del oficialismo correntino. Y también se lo vio a Eduardo Vischi, senador radical y jefe del bloque de la UCR, que votó en varias oportunidades con el Gobierno.

Estaba previsto que Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y candidato presidencial en 2023, participara por la tarde del cierre de campaña de los Valdés en el Club San Martín.

MC

En medio del escándalo por los audios de las supuestas coimas de Diego Spagnuolo, Guillermo Francos desembarcó en el Congreso con el matafuegos. Bombero oficial del Gobierno, el jefe de Gabinete visita este miércoles la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión frente una recinto repleto de diputados que, con ironía, hacían el número 3 con los dedos. Una chicana referida al supuesto 3% que Karina Milei cobraba, según los audios filtrados del ex titular de la ANDIS, en un supuesto esquema de coimas con la droguería de la Suizo Argentina.

“Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, afirmó el jefe de Gabinete, esbozando así la estrategia oficial de Casa Rosada frente al escándalo: la denuncia de una operación política orquestada por el kirchnerismo.

“Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros, para sacar a la Argentina adelante”, señaló Francos, quien aprovechó para destacar que, una vez que se desató la crisis política, el Gobierno respondió pidiéndole la renuncia a Spagnuolo e interviniendo la ANDIS “para garantizar su correcto funcionamiento”.

“No nos dejemos engañar. El modus operandi populista, que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables, es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo nos llevaría a la quiebra nacional”, afirmó, buscando dejar la discusión por zanjada. Mientras algunos diputados opositores, como Maximiliano Ferraro (CC), le hacían el número 3 con los dedos de las manos, los diputados del oficialismo aplaudían a Francos.

No estaban solos: la bancada del PRO también aplaudía con entusiasmo. Era un mensaje de lealtad luego de haber firmado la fusión con LLA en las elecciones. Silvana Giudici, Damian Arabia, Fernando Iglesias, Alejandro Finnochiaro: bullrichistas y ritondistas mostraban, así, su respaldo a “El Jefe”, Karina Milei. “Ya estamos todos en el mismo barco”, masculló, resignado, un peso pesado del PRO.

Francos, además, puso en pie de igualdad el escándalo de las coimas con la emergencia en discapacidad, buscando dejar en claro que, para el Gobierno, eran dos caras de la misma manera. No hubo ningún guiño hacia el colectivo de personas con discapacidad, a pesar de que el vocero Manuel Adorni, el día de la sesión en Diputados, había asegurado que el Gobierno “estaba considerando un aumento” en las prestaciones.

“Cualquier reglamentación que ponga en riesgo el superávit es una amenaza directa al bienestar de todos los argentinos, es la perpetuación de un modelo que genera pobreza, estancamiento y la peor de las miserias”, advirtió Francos. El jefe de Gabinete sabe que, la semana que viene, el Senado tratará la emergencia en Discapacidad y que la sanción efectiva de la ley es inevitable. En Casa Rosada ya se hable de una posible judicialización: con un Javier Milei reacio a brindar ni una sola respuesta para negociar, la oposición tiene garantizados los dos tercios para avanzar con la ley.

“Siempre supimos que íbamos a sufrir las consecuencias de contar con minoría parlamentaria dentro de un Congreso dominado por quienes nos trajeron hasta aquí. También teníamos muy claro que esto iba a ser aún más difícil en los tiempos previos a la contienda electoral”, deslizó Francos, reconociendo la pérdida de gobernabilidad de LLA. Hace más de un mes que, cada vez que el Congreso abre sus puertas, el Gobierno se vuelve a casa con una seguidilla de derrotas electorales.

Ya sobre el final, después de una tanda de preguntas de la oposición, Francos intentó apropiarse del chiste del número 3. “Pensé que era por el número de votos que sacaron en Bolivia”, chicaneó refiriéndose a la elección del MAS. Fue lo último que pudo decir hasta que el recinto explotó en gritos: Lilia Lemoine se negaba a separarse de Marcela Pagano, que acaba de abandonar el bloque libertario y había cuestionado a Francos por los vínculos de un ex agente de la SIDE llamado José Luis Vila con la Jefatura de Gabinete.

Una guerra de espías que se colaba en el informe de gestión y que explotaba en medio de la interna entre Lemoine y Pagano. Lemoine no se sentaba, estaba pegada a Pagano y la chicaneba, presionaba y le tapa la vista. Menem tuvo que interrumpir el informe de Francos porque la sesión amenazaba con convertirse en una guerra campal.

MC/MC

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó esta mañana la salida del cargo del director de la Agencia Nacional para a Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pero advirtió que la existencia o no de un pedido de coimas en ese organismo “la tiene que resolver la Justicia”, aunque subrayó: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”.

“La salida de Spagnuolo está confirmada por una decisión que el Presidente que tomó ayer”, dijo Francos, al tiempo que pidió que no le pregunten sobre la inocencia de funcionarios como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o su asesor, Eduardo “Lule” Menem, porque “son temas que debe investigar la Justicia”, insistió.

Al arribar cerca de las 9.30 al Hotel Alvear para exponer en el encuentro del Council of the Americas, el funcionario dialogó brevemente con los periodistas que lo aguardaban en al ingreso al lugar.

Francos expresó ante una pregunta que “el pedido de coimas lo tiene que resolver la Justicia” y puntualizó: “El juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo para ver si ratifica los dichos que han aparecido en unos audios que, la verdad, no sé de donde salen”.

Consultado sobre la autenticidad de los audios que tomaron estado público en los medios de comunicación, el jefe de Gabinete explicó: “Yo no les puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia”, y enfatizó: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”.

Ante una nueva consulta sobre si cree en la inocencia de los funcionarios mencionados en los audios, Francos pidió: “No me pregunten por supuestos sobre Karina Milei o Lule Menem son temas que tiene que investigar la Justicia”.

¿En qué pensamos cuando pensamos en “inseguridad”? Los politólogos y doctores en ciencias sociales Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso –que también es abogado– investigan con un enfoque disruptivo ese fenómeno. Dentro del Instituto Gino Germani de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) integran un equipo de investigación que apunta a los empresarios poderosos que con sus evasiones y elusiones impositivas, con sus corrupciones y con sus contaminaciones ambientales producen más daño en la sociedad que los delicuentes en los que se centran los medios de comunicación.

–¿Qué es lo que están investigando concretamente?

Gabriela Seghezzo: –Durante muchos años estuvimos trabajando cómo se construía la inseguridad como problema, porque aparecía como un eje central de la agenda política, mediática, incluso académica. Y la cuestión es que esa forma de construcción hegemónica de la seguridad invisibiliza otras prácticas que en algunos casos son delitos, pero son profundamente dañosas para el conjunto social, como son los ilegalismos de los poderosos. Es decir, las prácticas en un continuum legal e ilegal que llevan adelante grupos de poder. A fines de los 90, en paralelo al resquebrajamiento de la hegemonía de la convertibilidad, había habido una fuerte caracterización social peyorativa de estas tramas que protagonizaban los poderosos. Por ejemplo, sobre las privatizadas y los bancos, dos sectores que habían sido claros ganadores durante los 90.

Nicolás Dallorso: –En general, en la agenda mediática aparecen los delitos que se llaman callejeros, que llevan adelante los sectores populares y eso desconoce que las tramas de ilegalidad atraviesan todo el cuerpo social y sobre todo, quedan invisibilizados los que llevan adelante los sectores más poderosos.

–Imagino por qué, ¿pero qué opinan ustedes del motivo de esa invisibilización?

Dallorso: –En la criminología se habla de una selectividad penal, es decir, muchas de las prácticas que producen daño que llevan adelante los sectores poderosos ni siquiera son tipificadas en el Código Penal. Eso es lo que se llama un déficit en la criminalización primaria. Entonces, por ejemplo, una empresa puede generar un daño ambiental muy grande y no necesariamente eso es delito porque no fue tipificado, pero eso no quiere decir que no produzca daño. Segundo, hay algunos daños, algunos delitos que sí están tipificados en el Código Penal, como la evasión impositiva, el fraude de balances, el tráfico de información privilegiada, las coimas, pero hay un déficit en la política criminal, es decir, no se persiguen esos delitos. Son delitos que en general cometen sectores poderosos. Entonces no se persiguen. Por último, en los casos en que está tipificado el delito y se los persigue, en general por su condición de poderosos, no son condenados. Entonces ahí tenemos un déficit en la criminalización secundaria y terciaria. Por todas estas razones, además de la cobertura mediática, la percepción social y el propio funcionamiento del aparato penal criminal, quedan por fuera estas prácticas que algunas son legales, algunas ilegales. Pero esto no quiere decir que no generen gran daño social. Hay una corriente de estudio europea anglosajona que se llama zemiología, con z, que proviene de la criminología, que trae aportes de la criminología crítica y se centra no tanto en los delitos, sino en las prácticas que generan daño.

–¿Qué daños?

Dallorso: –Daño ambiental, daño económico, daño en la salud, daño en las condiciones laborales. Empieza a fijarse en eventos como pueden ser un genocidio, que no necesariamente se lo persigue penalmente pero obviamente genera un gran daño social, o desastres ecológicos, o grandes empresas que no pagan cargas sociales y que eso afecta a las condiciones laborales de sus trabajadores, o políticos y empresarios que no declaran sus bienes, entonces no pagan impuestos. Todas estas cuestiones, que no necesariamente son delitos siempre, sino que a veces entran y salen también de los plexos normativos y de la persecución del Estado, o sea, de la persecución criminal.

Seghezzo: –La criminología crítica pudo poner en palabras esta dimensión geopolítica y política primero de la cuestión de los ilegalismos. Hay ciertas prácticas que son consideradas delito y en algún momento dejan de estar en los plexos normativos. Por ejemplo, hace poquito (Donald) Trump eliminó una legislación que impedía pagar por parte de empresas norteamericanas sobornos en terceros países. Fíjate vos qué clave, ¿no? No todas las prácticas que hoy señalamos como delitos fueron históricamente consideradas delitos. Y prácticas que habíamos considerado delitos luego salen de algunos plexos normativos y se impiden la persecución de esas prácticas. Entonces, esa tolerancia o intolerancia respecto de la criminalidad económica, sobre todo, está estrechamente vinculada con la disputa política y con la disputa geopolítica en nuestros países. A nosotros nos interesa mirar qué pasa con estos grandes casos.

–¿Qué sectores están investigando?

Seghezzo: –Puntualmente estamos trabajando en tres sectores: energético, agroalimentario y pesquero. Pero en el horizonte seguiremos avanzando sobre otros. En este recorrido nos aparecen una serie de figuras clave para pensar cómo se producen estas prácticas, cuando hablamos de catástrofes ambientales, evasión impositiva de los grandes grupos económicos, subfacturaciones, coimas o prácticas que están al borde de la legalidad: aparecen lo que nosotros llamamos cross informal advisors, que son una suerte de asesores informales con la particularidad de que ponen en relación al sector privado del que forman parte con el sector público. Y esos contactos que tienen o articulan les permiten llevar a cabo esas prácticas que producen grandes daños sociales. Pero además estas figuras clave de este ilegalismo económico organizado permiten una extracción neocolonial de las economías periféricas hacia las economías centrales. En ese juego geopolítico de grandes compañías que extraen plusvalor no solo del trabajo que se desarrolla en los países periféricos, sino también y sobre todo de estos ilegalismos económicos organizados, los cross informal advisors permiten esa articulación porque ponen en relación un saber local, por ejemplo, el conocimiento de los plexos normativos, de las normas del derecho en los países periféricos, de los huecos legales que permitan, legitiman y avalan esa prácticas de extracción de valor hacia las las economías globales.

–¿Ya han detectado algún hallazgo en estas investigaciones que vienen haciendo de estos tres sectores en particular?

Dallorso: –Estamos teniendo hallazgos por ahora preliminares: encontramos prácticas que generan grandes daños sociales, principalmente en estos tres tipos de daño: lo que podríamos llamar al erario público, en el sentido de que se genera evasión impositiva, fuga de capitales o van reduciendo la capacidad recaudatoria del Estado. Una segunda área de daños está vinculada a los daños ambientales: tanto la industria agroalimentaria, el sector energético, sobre todo petrolero, y el sector pesquero hacen un uso abusivo del ambiente, generando daños permanentes y en muchos casos no se pueden retrotraer. Y el tercer tercer tipo de daño que logramos identificar está vinculado con el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que contratan estas empresas. Si bien tienen una cantidad importante de trabajadores con las condiciones laborales en blanco, también hay una serie de subcontrataciones que no están directamente ligadas a la empresa, pero que generan inseguridad laboral en las condiciones de vida de los trabajadores.

AR/DTC

La Justicia federal de Mar de Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investigan un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector pesquero que habría ocurrido en el marco de la asignación de cuotas de captura en el Mar Argentino para los próximos 15 años. 

Como órgano especializado en casos de corrupción de agentes de la Administración pública nacional, la PIA abrió una investigación de oficio luego de las versiones sobre este presunto pedido de sobornos, que sacudió al sector en las últimas semanas y que tensó su relación con el gobierno de Javier Milei, como informó elDiarioAR.

Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredon, informaron a este medio fuentes judiciales al tanto de la causa. 

De acuerdo a las versiones sobre el presunto pedido de soborno, difundida inicialmente el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno nacional habrían pedido US$15 millones a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi, pendiente de renovación, mantuviera para los próximos 15 años el esquema de reparto que rige desde 2009. El marco vigente vence el 31 de diciembre y la nueva cuotificación debe fijar los márgenes de captura hasta 2039.

La revelación sobre el supuesto pedido de coimas se produjo en la primera semana de septiembre, mientras los empresarios dedicados a la captura de esta especie aguardaban con expectativa que el Consejo Federal Pesquero (CFP) definiera la nueva cuotificación. Tras el impacto causado en el sector, esa resolución fue postergada. Un mes más tarde, sigue pendiente. 

En el marco de la investigación iniciada, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó información al respecto al CFP y a la Administración pública para un primer análisis, indicó una fuente con acceso a la causa.

Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere

Carlos Liberman — Consejo Federal Pesquero (CFP).

En los tribunales marplatenses, Pulti, quien preside además la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”. La causa en la Justicia federal de Mar del Plata se encuentra en su etapa inicial, y la Fiscalía número 2 solicitó a su vez la asistencia de la PIA, como órgano especializado. 

La versión

De acuerdo a la información difundida un mes atrás, supuestos intermediarios del Gobierno nacional que invocaban la representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en los últimos meses encuentros informales con referentes de las empresas pesqueras pendientes del reparto de las nuevas cuotas de captura de merluza hubbsi, para exigir presuntamente el pago de coimas. elDiarioAR se comunicó con voceros de la Casa Rosada para conocer la respuesta del Ejecutivo ante estas versiones pero nunca obtuvo respuesta.

Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, precisó incluso que estas reuniones se habrían realizado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo a su vez que en uno de esos encuentros habría intervenido incluso “gente armada”, lo que precipitó el final de los intercambios, ante el enojo de al menos uno de los empresarios de mayor peso en el rubro.

Ese medio aportó además precisiones en cuanto a los montos de las presuntas coimas exigidas: US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi que fuera asignada como cuota de captura, y US$1.000 por cada una de merluza negra. El dinero debía ser aportado por una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”. 

Las cuotas de pesca de captura de merluza negra fueron asignadas de acuerdo a lo previsto en los primeros días de septiembre, pero el grueso de las capturas, correspondientes a merluza hubbsi, siguen pendientes. 

En recientes declaraciones periodísticas, Carlos Liberman, representante suplente de la provincia de Buenos Aires en el CFP, aseguró que al organismo encargado de definir la política pesquera del país no llegó ninguna denuncia por el hecho y que las demoras en la nueva asignación responde a cuestiones técnicas. “Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere”, señaló en una entrevista con Revista Puerto. 

Liberman agregó que “es la Justicia la que tiene que establecer si hay algo que investigar, qué es lo que hay que investigar y resolver sobre la cuestión”. 

El silencio

Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity. A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana aseguró: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.

Pulti presentó días después de la revelación un pedido de acceso a la información pública ante la Cancillería para conocer “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”. 

Según pudo confirmar este medio, la cartera que conduce Diana Mondino respondió la solicitud, pero sin contestar la cuestión consultada puntualmente por el diputado: señaló que el reparto de las cuotas de pesca era responsabilidad del CFP y no de ese ministerio, pero no precisó si hubo o no algún requerimiento desde el Palacio San Martín a la embajada por el presunto pedido de coimas.

A nivel judicial, fuentes con acceso a las investigaciones iniciadas indicaron que la posibilidad de requerir información a la embajada estadounidense era una posibilidad, pero tanto el mecanismo para hacerlo como la eventual utilidad de un requerimiento de ese tipo estaban bajo análisis.

En el puerto de Mar del Plata, donde el impacto de esta revelación fue definido un mes atrás como “un sismo”, la reacción pública del empresariado sigue siendo la misma: el silencio. En la reciente botadura de un buque en un astillero marplatense, un referente del sector resumió su deseo, compartido por muchos de sus colegas: “Lo mejor que puede pasar es que el tema se olvide”. 

“Pescan gratis”

El cimbronazo por el presunto pedido de coimas puso la lupa sobre la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.

El principal objetor del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Considera que los empresarios “pescan gratis” y milita por la apertura del régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, aunque la iniciativa fracasó por las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros. 

Fuentes de la industria y dirigentes políticos de la región entienden que el presunto pedido de coimas parece parte de un nuevo capítulo de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo. 

De fondo, hay un negocio de casi US$280 millones. Según cifras del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Esas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los US$269 millones exportados en 2022.

ED

El Papa Francisco apuntó este viernes a los ricos y magnates tecnológicos, a quienes, además de aconsejarles que “paguen los impuestos”, les pidió que sean “respetuosos de los países donde funcionan y sean responsables de lo que pasa en las plataformas que controlan. Tienen la obligación de evitar la propagación del odio, y evitar que las redes se usen para diseminar la ludopatía, la pornografía infantil o facilitar el crimen organizado”. Además, les reclamó a “los empresarios de la tecnología informática, de las redes sociales, de la inteligencia artificial” que “dejen de lado la arrogancia de creer que están por encima de la ley”.

Según el Pontífice, “la competencia ciega por tener más y más dinero no es una fuerza creativa, sino una actitud enfermiza y un camino a la perdición. Esa conducta irresponsable, inmoral e irracional está destruyendo la creación y dividiendo a los pueblos”.

Y volvió a la carga con los que más tienen: “Los empresarios crean puestos de trabajo y contribuyen a la prosperidad económica, es justo decirlo, pero los frutos de la prosperidad económica no se reparten bien. Esta es una realidad evidente que, si no se modifica, va a engendrar peligros cada vez mayores. Si no hay políticas, buenas políticas, políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender, dejando a su paso violencia y desolación”.

“Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces, presionan a los gobiernos para que sostengan malas políticas que los favorecen económicamente”, denunció el Sumo Pontífice quién luego sentenció: “El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”, agregó.

Contra el Gobierno y las referencias a la Argentina

El Papa también apuntó al gobierno de Javier Milei por el accionar que suelen desplegar los efectivos policiales contra los manifestantes durante las protestas sociales, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra Patricia Bullrich. “El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía”, sentenció. Además, habló de “la coima” con un ejemplo que involucra a un funcionario argentino, aunque no aclaro de qué gestión era, de la justicia social, de la indiferencia de los políticos, de los discursos de odio y del dinero como “diablo”.

En el marco de la Conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, bajo el lema “Plantando bandera frente a la deshumanización”, y ante la presencia de distintos dirigentes de movimientos sociales, entre ellos, Juan Grabois, la máxima autoridad eclesiástica contradijo a la administración libertaria al pronunciarse a favor de la justicia social y cuestionar la represión. 

“Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, el gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas”, sostuvo el Papa, y agregó: “El gobierno se puso firme: en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”.

En la misma línea, remarcó: “Mirar desde lejos, mirar desde arriba, con indiferencia, con desprecio, con odio. Así se gesta la violencia: el silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio. El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, la división social a la violencia verbal, la violencia verbal a la violencia física, la violencia física a la guerra de todos contra todos. Ahí está la cola del diablo”.

Sus palabras referencian al accionar policial durante una movilización convocada en rechazo del veto presidencial a la actualización de los haberes jubilatorios que culminó con un mega operativo de seguridad que avanzó con gases contra los manifestantes. 

Pese a que el Presidente expuso que “el concepto de Justicia Social es aberrante” y la ha definido como “robarle a alguien para darle a otro”, el Papa Francisco pidió rezar para “realizar la verdadera justicia social”. 

Incluso, expuso un episodio de “corrupción” por parte de un funcionario del Gobierno que habría tenido lugar recientemente, aunque evitó precisar nombres. “Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar...’”, narró, y agregó: “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si podría pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.

En otro pasaje de su discurso, pidió “que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo”, y cuestionó a Julio Argentino Roca, uno de los próceres venerados por el libertario. “Los argentinos, que tenemos solo 600 mil aborígenes, acordémonos de Roca que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa”, sentenció.

El mensaje a los movimientos sociales 

Ante representantes de América Latina, África, Asia y Europa, y dirigentes argentinos como Alejandro Gramajo, secretario gremial de la UTEP, y Juan Grabois, el Papa Francisco les solicitó que ayuden a los políticos “para que no se entreguen a los cocodrilos, para que no se arrodillen ante la estatua de oro por miedo al horno”.

“Ustedes tienen que ser custodios de la Justicia Social, tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quién están, insistiendo, insistiendo, para que hagan justicia”, pidió al tiempo que remarcó que se debe seguir “combatiendo la economía criminal con la economía popular”

Por su parte, alertó por el avance del narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de personas, la violencia en los barrios, las formas de criminalidad organizada y las apuestas online, por lo que expuso la necesidad de atacar las causas estructurales, acercando a personas a la Iglesia. “No aflojen, por favor”, suplicó.

También reiteró sus críticas al sistema capitalista y a la desigual distribución de la riqueza desde una perspectiva cristiana. “Dicen que el sistema que permitió amasar fortunas a las personas ricas, y permite agregar riquezas ridículas, es inmoral, que debe ser notificado, que debe haber más impuestos a los billonarios”, reclamó.

“Cuando el Papa habla, habla para todos porque la iglesia es para todos, pero el Papa no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio. Esto no es comunismo, es el Evangelio puro. No es el Papa, sino Jesús el que los pone al centro, en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar”, precisó. 

Por último, en un mensaje direccionado a “los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos”, planteó que “el futuro de la humanidad está en sus manos”. “Les invito a construir una alternativa humana a la globalización excluyente. No se achiquen”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

En el puerto de Mar del Plata lo definieron como “un sismo”. En una semana en la que la expectativa estaba centrada en la asignación de los cupos de captura de merluza para los próximos 15 años por parte del Consejo Federal Pesquero (CFP), la revelación de un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector detonó la agenda. 

Según la versión, difundida a mitad de la semana última por el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno habrían solicitado este soborno a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi mantuviera en su renovación para el período 2025-2039 el esquema actual de reparto, fijado en 2009, cuando se dispuso la última cuotificación. Se trata de un esquema oficial de reparto de captura para establecer qué cantidad de merluza pueden pescar las empresas de manera sustentable. 

La asignación vigente vence el próximo 31 de diciembre. Tras meses de reuniones de las empresas con autoridades del CFP y de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, se aguardaba que los nuevos criterios de asignación se definieran el último jueves. Pero tras la revelación del presunto pedido de coimas eso no ocurrió.

De acuerdo a la información difundida, más allá del circuito institucional de negociación de cara a este tipo de resoluciones del CFP, supuestos intermediarios del Gobierno que aseguraban actuar en representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en las últimas semanas encuentros informales con los referentes de las empresas para exigir presuntamente el pago de coimas. 

elDiarioAR se comunicó el viernes con el área de prensa de Presidencia y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para conocer la versión oficial ante las versiones publicadas pero no obtuvo respuesta. 

Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, abonó esa versión y precisó que estas reuniones se habrían concretado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Indicó a su vez que en los últimos días, el clima de esos encuentros se tensó y que habría intervenido incluso “gente armada”, por lo que al menos un empresario de una de las firmas de mayor peso en el rubro optó por dar por terminada su participación en ese tipo de intercambios.

El medio señaló además que la presunta exigencia de coimas al sector privado respondía al pago de US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi asignada como cuota de captura y US$1.000 por cada tonelada de merluza negra. De ese modo, las que debían pagar eran una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”, lo que alcanzaría la cifra de US$12 millones. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”. El monto total coincidiría así con la versión de US$15 millones difundida inicialmente por el sitio LPO.

De acuerdo a la publicación original de dicho medio, la versión del presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity.

A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana rechazó la versión: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.

También la negaron directivos de tres empresas presuntamente involucradas, consultadas por este medio. Representantes de otras firmas optaron directamente por no responder. 

“Todos lo van a negar, pero el rumor existe desde hace semanas. Y desde que se hizo público cayó como un sismo. No se habla de otra cosa, y lo peor es que salpica a toda la industria”, graficó un empresario del sector, con presencia en Mar del Plata y Chubut. 

“Pescan gratis”

Empresarios pesqueros, ex funcionarios del área portuaria de distintas administraciones provinciales y referentes del oficialismo y de la oposición marplatense coincidieron en que el cimbronazo por este presunto pedido de coimas tiene un impacto político puntual: pone en cuestión la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.

Haya habido o no pedido de coimas, este asunto parece parte del tironeo dentro del oficialismo nacional para cambiar el sistema

El más crítico del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Desde antes de su desembarco oficial en el Ejecutivo, cuestionó que los empresarios “pescan gratis” y se ha referido en distintas ocasiones a la necesidad de modificar el régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, pero la iniciativa no prosperó, debido a las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros. 

El último viernes, al participar en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Sturzenegger insistió en la necesidad de avanzar en ese sentido: “Acá en Mendoza si sacas petróleo, pagás una regalía de 15%; los pesqueros pagan 0,15. Es una larga historia, no tengo tiempo, pero es obvio que es un escándalo. Es el recurso natural de todos los argentinos, lo sacan gratis”. 

“Haya habido o no pedido de coimas, este asunto parece parte del tironeo dentro del oficialismo nacional para cambiar el sistema. Para que se frente todo y se revisen las cuotas. Por lo pronto, se tuvo que aplazar el acta con la nueva distribución”, analizó un referente del oficialismo marplatense.

En ese sentido, tanto fuentes de la industria como dirigentes políticos de la región consideraron que el hecho parece inscribirse como un capítulo más de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo. 

Ante la consulta de elDiarioAR sobre la nota de LPO, en el área a cargo de Sturzenegger respondieron: “Sin comentarios”.

En el medio, hay un negocio de casi US$280 millones. Según un informe del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Estas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los 269 millones exportados en 2022.

Pedidos de informe

Tras la difusión del presunto pedido de coimas, el diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria), ex intendente del partido de General Pueyrredón, pidió al Gobierno nacional que dé explicaciones.

“Más allá de cualquier lectura política o de si esto responde a tal o cual interna, hay un hecho concreto: el Gobierno tiene que desmentir y refutar estas versiones que tomaron estado público o calla, y entonces encubre a los corruptos”, dijo Pulti a elDiarioAR.

El legislador provincial presentó un pedido de acceso a la información ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ante Cancillería y el Consejo Federal de Pesca.

Pulti exigió a la Secretaría comandada por Sergio Iraeta que informe las medidas adoptadas para la renovación de las cuotas de captura, qué funcionarios fueron designados en el proceso, “si han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la Embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno Nacional” y “cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”.

En la misma línea, pidió a la cartera conducida por Diana Mondino que informe “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno Nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”.

Pulti solicitó además al CFP –integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de las cinco provincias con litoral marítimo- si “han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa” y si “efectivamente se ha resuelto suspender la continuidad de los procedimientos de renovación de las CITC como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados”.

Todos lo van a negar, pero el rumor existe desde hace semanas. Y desde que se hizo público cayó como un sismo. No se habla de otra cosa, y lo peor es que salpica a toda la industria

Renovación de cuotas

En cuanto al anuncio pendiente respecto del reparto de cuotas de pesca de merluza hubbsi, fuentes del sector estimaron que en las próximas semanas el CFP debería avanzar en ese sentido. “Claro que si el tema de los pedidos de coimas escala puede dilatar todavía más el anuncio oficial”, estimó uno de los empresarios pendiente de esa resolución. 

El Consejo Federal, en tanto, dio a conocer el jueves último los criterios de distribución de las variedades merluza negra (Dissostichus eleginoides), de cola (Macruronus magellanicus) y polaca (Micromesistius australis), especies con una incidencia mucho menor en volúmenes anuales de captura. 

Según precisó el organismo en el Acta 15, la ponderación del reparto fue en base a los parámetros de cantidad de mano de obra nacional ocupada, las inversiones realizadas en el país, el promedio de toneladas de captura en los últimos ocho años y la falta de sanciones o infracciones, entre otros, tal como establece el artículo 27 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922.

AVL/ED

La jueza Norma Abate de Mazzuchelli fue imputada hoy por la justicia de La Rioja, acusada de haber pedido coimas millonarias, tras haberse analizado el testimonio y el video que aportó la denunciante.

El fiscal Luis González Aguirre confirmó el procesamiento, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia rechazara la renuncia de la magistrada. El funcionario ratificó, además, que la pena que puede caberle a Abate es de uno a cuatro años de prisión.

A la jueza se le imputa el delito enmarcado en el artículo 266 del Código Penal, el cual establece: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.

“La conducta que se le enrostra a la jueza es haber pedido una contribución abusando del ejercicio de sus funciones”, aseguró el fiscal en declaraciones al canal Todo Noticias.

Asimismo, sostuvo que “hay un principio de prueba aportado de la denunciante, en formato de audio y video que da respaldo a lo que manifestó. Estas circunstancias, analizadas por la fiscalía, determinaron elementos suficientes para que el juez de instrucción investigue la causa”.

González Aguirre indicó que “se analizaron los dichos y se distingue que hay un relato preciso y congruente”, y añadió que “se pidieron medidas de protección para salvaguardar la salud física y mental de la denunciante”.

Por otra parte, la Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina anunció la decisión de suspender a Abate de su cargo de vicepresidenta, y también como socia de la entidad.

MM con información de la agencia NA.

Un grupo de diputados radicales presentó hoy una denuncia ante la justicia federal para que se investigue la supuesta existencia de coimas en el Congreso de la Nación a las que se refirió el presidente Javier Milei en entrevistas y posteos en redes sociales, vinculados al tratamiento de la ley “Bases” y la recepción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La denuncia por la supuesta comisión de los delitos de “cohecho activo” y “cohecho pasivo” fue presentada, entre otros, por los diputados Rodrigo De Loredo (presidente del bloque de la UCR), Karina Banfi, Julio Cobos, Martín Tetaz, Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti y cayó por sorteo en el juzgado federal 10, a cargo del magistrado Julián Ercolini.

“Atento que por diferentes medios el Presidente de la Nación ha denunciado la existencia de sobornos que tendría como sujetos pasivos del mismo a los legisladores nacionales (específicamente a quienes hemos expresado diferencias políticas con su gobierno), en respeto a su investidura emanada de la voluntad popular, deben investigarse tales dichos”, señalaron los denunciantes.

“Concurrimos en los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación, en nuestro carácter de Diputados Nacionales a formular denuncia para que se investigue la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y cohecho activo”, expresaron.

“Estos presuntos hechos delictivos han sido públicamente denunciados por el señor Presidente de la Nación Javier Milei e involucran a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos del País”, enfatizaron.

Los diputados denunciantes enumeraron en su presentación las distintas oportunidades en las que el mandatario hizo algún tipo de referencia vinculada a la supuesta existencia de coimas en el Congreso y recordaron que las declaraciones de ese calibre comenzaron en diciembre pasado.

Reseñaron que “en un programa de televisión del Canal LN+, en relaciones al cuestionamiento político al dictado del Decreto 70/2023, el presidente afirmó que 'a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas”.

En esa misma entrevista, Milei expresó: “Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”.

Los diputados sostuvieron que luego del tratamiento de la Ley Bases el Presidente insistió con sus declaraciones y dijo ante un medio extranjero: “La casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una argentina peor, porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley (…) para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos”.

CRM con información de la agencia Télam

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, rechazaron en las últimas horas los dichos “peligrosos y profundamente irrespetuosos” del presidente Javier Milei sobre las presuntas “coimas” que recibirían algunos legisladores para rechazar el DNU y la Ley “Bases”, e instaron a que “proceda a denunciarlas e investigar”.

En un extenso texto en su cuenta de X, De Loredo aseguró que “las declaraciones del Presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento” y consideró que la a UCR se encuentra “en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados”.

El mes pasado, en una entrevista concedida a la señal televisiva La Nación+, Javier Milei había acusado que algunos legisladores “buscan coimas” para aprobar determinadas leyes en el Congreso.

Respecto de esas acusaciones De Loredo respondió: “Volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O (el Presidente) conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen”, explicó y agregó que “en ambos casos el Gobierno incumple los deberes de funcionario público” y de “continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos”, advirtió.

Asimismo el titular del bloque radical consideró que “tampoco ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tienen vinculación con la urgente situación económica” y aclaró que como el DNU “está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre, esas herramientas ya las tienen” y en todo caso “en el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización” para abordar la situación económica actual.

Por su parte el gobernador de Chubut respaldó las declaraciones del diputado cordobés y consideró “peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la ley ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU”.

Y puntualizó que “los 10 Gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical estamos dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza”.

“Le pedimos al Gobierno que cuando afirmen algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente”, exhortó el gobernador del PRO y remarcó que “respetamos la decisión del pueblo y estamos comprometidos con la gobernabilidad” pero consideró que “la agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema”.

La semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, varios miembros del gabinete libertario asistieron para dar explicaciones y responder preguntas sobre varios puntos de la llamada ley ómnibus.

En tanto, el ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó que si la ley “Bases” no es aprobada por el Congreso “sería una muy mala noticia” y que eso determinaría la instrumentación de “medidas más duras”, en una conferencia de presa para la presentación del acuerdo con el FMI.

En ese sentido, De Loredo en su mensaje recordó que durante la campaña electoral el presidente Milei “fue determinante en decir que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo” por lo tanto “resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria”, enfatizó.

Con información de agencias.

IG

El diputado nacional de Unión por la Patria, Gerardo Martínez, denunció este viernes penalmente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haber dicho éste que hay legisladores que “buscan cobrar coimas” cuando retrasan el tratamiento de un proyecto como el de Ley Ómnibus, que tuvo en el Congreso varios pedidos de reforma.

En la presentación, realizada ante el Juzgado Federal 4 de Rosario, Martínez acusó al Presidente de no haber denunciado ante la Justicia la actitud que endilgó a los legisladores, pese a estar obligado a hacerlo por ser funcionario público.

“No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, dijo el Presidente en una entrevista televisiva.

El diputado advirtió que “cualquier funcionario público que tenga conocimiento de algún delito debe denunciarlo por su carácter de funcionario público considerando además las características actuales y pasadas de sus funciones”.

Por ello, concluyó que el Presidente “está obligado” a denunciar los hechos que refirió en esa entrevista.

Qué dijo Milei

Con información de agencias.

IG

Un peritaje caligráfico ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó hoy que un amigo de Oscar Centeno, ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, tuvo en su poder los cuadernos con presuntas coimas que derivaron en la apertura de una causa. Se trata de Jorge Bacigalupo, quien, además, habría escrito en ellos antes de entregarlos a la Justicia.

De acuerdo a la pericia realizada por la División Scopometría de la Policía Científica, las “leyendas agregadas y enmendadas” en el Cuaderno 7 coinciden con la letra de Bacigalupo. Tras recibir este informe, el juez que lleva la causa solicitó la extracción forense de los dispositivos móviles y electrónicos secuestrados en la casa del acusado de manipular los escritos.

Para determinar quién era el autor de las sobreescrituras, se comparó la caligrafía presente en los cuadernos de la investigación con un archivo de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, que tenía el legajo de identidad de Bacigalupo y un expediente con su manuscrito. También se trabajó con constancias manuscritas ─“agendas, anotadores y papelería varia”─ secuestradas durante un allanamiento en su domicilio de la calle Moldes, en la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis se llevó a cabo a través de muestras fotográficas de los cuadernos, en tanto los originales hallados en 2019 se encuentran almacenados en una caja fuerte del Tribunal Oral Federal 7, que se negó a entregarlos para el correspondiente peritaje. “Si se contara efectivamente con el material original para la examinación, sería posible recabar una mayor cantidad de elementos valorativos que permita elevar el grado de asertividad en el colofón presentado”, sostuvieron quienes estuvieron a cargo del estudio.

A pesar de tales limitaciones, en el informe presentado informaron que en las muestras se encontró “la enmienda en algunos signos literales tales como la 'y', la 'r' y la 'n', tachaduras, varianzas de inclinación, presionado”. Se trata de indicadores de “falta de espontaneidad” que pueden “ser atribuidos a un estado de nerviosismo del acto propio”, según señalaron el Comisario Alejandro Matías Centofanti, Jefe de la División Scopometría, la Inspectora Analía Noemí Ojeda y los peritos de parte Guillermo Latour, Gastón Latour y Jorge Baz.

Con información de agencias.