Sin firmas de Unión por la Patria, que no quiso sumarse a la ofensiva, diputados nacionales de la oposición presentaron este jueves un pedido de sesión especial para el próximo jueves a las 11 con el objetivo de tratar la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

El pedido de sesión especial es encabezado por el socialista Esteban Paulón y acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

Esta iniciativa ocurre luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral e inconsulta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.

“No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros”, explicaron con decepción desde el principal bloque opositor.

Más allá de que el peronismo no haya querido encabezar esta arremetida opositora (de la cual no estaba al tanto), se espera que en el recinto ayude a alcanzar al quórum.

“Difícil no estar. Fuimos el primer bloque que presentó pedido de interpelación. Pero recién nos enteramos y somos un bloque grande. Seguramente trataremos de ampliar temario”, respondieron desde Unión por la Patria.

Este escenario no es el que hubiera elegido el peronismo kirchnerista, pero ante la inevitabilidad de una convocatoria que consideran desacertada por la alta probabilidad de un fracaso, no le queda más remedio que adecuarse y rediscutir los términos de la sesión.

A sabiendas de que la espalda más ancha de la oposición la tiene su bloque, al ser el más numeroso, Germán Martínez exigirá que se abra el temario para dar lugar a los proyectos vinculados a la emergencia de pymes, familias sobre endeudadas y licencias parentales.

De los proyectos incluidos en el temario en relación a Manuel Adorni, el más revulsivo el que presentó el Frente de Izquierda planteando la moción de censura del jefe de Gabinete, que es un instrumento que si llegase a sus últimas consecuencias provocaría la remoción del cargo.

No obstante, Provincias Unidas (el bloque impulsor de la sesión) son conscientes de que ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, por lo que se requeriría de una mayoría imposible para avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura a Adorni.

El verdadero propósito de la sesión -y el más realista- es el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se traten los proyectos a la mayor brevedad posible. 

“El próximo jueves no se resuelve la suerte de Adorni. Sería apenas un primer paso”, aclararon las fuentes de Provincias Unidas.

Desde este sector recuerdan como antecedente positivo que la oposición estuvo a pocos votos de voltear la aprobación de la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Por otra parte, en la última sesión ordinaria especial en la Cámara de Diputados, la oposición se había ido con buenas sensaciones: ganó todas las votaciones de apartamiento de reglamento, incluida la de la interpelación a Manuel Adorni, con entre 121 y 125 votos.

Claramente estuvo lejos de los tres cuartos de votos necesarios para forzar el tratamiento de los proyectos en dicha sesión, pero sentó un precedente que prendió algunas señales de alerta en el oficialismo, ya que quedó muy próximo a la marca mágica de los 129.

Cautos, desde Unión por la Patria no se precipitan en lecturas sobregiradas de exitismo por el resultado de aquellas votaciones, que no eran para aprobar o rechazar proyectos por mayoría simple.

“Esas votaciones eran gratuitas. Hay que ver si algunos de los que nos acompañaron votarían igual si fuera para aprobar un expediente”, se preguntaron.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario y diputado nacional de Unión por la Patria, advirtió que si el Senado avanza con la reforma laboral del Gobierno, las centrales sindicales deberán responder con una medida de fuerza antes y durante el tratamiento. En una entrevista radial, el dirigente pidió a los gobernadores no prestar sus votos para aprobar la iniciativa y sostuvo que “sería traicionar a la clase trabajadora”.

“El Presidente solo tiene 20 senadores y nosotros 28. El resto son los gobernadores o espacios provinciales, que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores”, afirmó en diálogo con AM 530. Palazzo cuestionó que se esté negociando “el paquete fiscal a cambio de derechos laborales” y llamó a rechazar en bloque el proyecto que el Ejecutivo buscará aprobar en febrero, durante las sesiones extraordinarias.

Según el dirigente, no hay posibilidad de reforma positiva: “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, sostuvo. “Todos son perjudiciales. Ya sea por afectar directamente un derecho o por inclinar la balanza a favor de sectores empresariales”, remarcó.

El proyecto de “modernización laboral” promovido por el oficialismo incluye cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen de asociaciones sindicales y en la ley de negociación colectiva. También introduce figuras como el banco de horas, que permite a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral.

Palazzo consideró que la iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años” en materia de derechos y criticó la estrategia de fragmentar el tratamiento parlamentario: “Pareciera que la discusión se reduce a ‘me sacás esto y yo te acompaño’. Pero no se trata solo de recursos fiscales, se trata de derechos fundamentales”, afirmó.

Durante la entrevista, recordó que la reforma ya fue frenada en diciembre por falta de consenso legislativo y por la movilización de la CGT durante el tratamiento en comisión. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno insiste en el Senado, “tendrá que haber una acción gremial más fuerte”.

“Yo soy de los que entienden que la medida de fuerza tiene que ser previa al tratamiento. Inclusive el día del debate tiene que haber interrupción de actividades y una fuerte movilización al Congreso”, anticipó. En esa línea, señaló que la CGT debería convocar a un Consejo Directivo para definir un plan de acción común. “Es responsabilidad de todos. No solo de los legisladores, también de los trabajadores, los gremios y las centrales”, agregó.

Palazzo también apuntó contra la conducción política de algunos bloques aliados al oficialismo. “Si ya tuvieran los votos, el Gobierno habría adelantado las sesiones para tratar la reforma. Pero no los tienen. Eso quiere decir que hay margen para frenarla”, planteó. Según el dirigente, las conversaciones entre legisladores radicales y Patricia Bullrich revelan que hay sectores dispuestos a votar en general, aunque pidan cambios puntuales. “Pero aun con cambios, la ley implica inevitablemente pérdida de derechos”, insistió.

Consultado sobre la posibilidad de presentar un proyecto alternativo, relativizó su alcance: “No se pueden tratar proyectos que no sean del Ejecutivo durante extraordinarias”, recordó. Aclaró que el bloque de Unión por la Patria ya presentó 283 proyectos de reforma laboral en los últimos dos años, todos a favor de los trabajadores. “El proyecto de Kelly Olmos es uno más dentro de ese conjunto. Si conseguimos dictamen de mayoría, van a estar incluidos allí”, explicó.

La Bancaria ratificó su alineamiento con un rechazo total al proyecto del Gobierno, tanto en el plano legislativo como sindical. “Estamos muy convencidos de frenar esta reforma laboral. Ojalá ni siquiera llegue a tratarse”, concluyó.

JJD

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, tras las revelaciones de elDiarioAR que lo vinculan con el empresario detenido y acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado. En las últimas horas se conoció un video donde el economista agradece a Fred Machado. 

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social X.

El trasfondo político

La declaración de Martínez se inscribe en un contexto de fuerte tensión parlamentaria en vísperas del inicio de la discusión del proyecto de Presupuesto 2026, una de las leyes más sensibles para el oficialismo de La Libertad Avanza. Espert, referente liberal que se sumó a la coalición oficialista a comienzos de 2024, fue designado en enero como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un lugar estratégico desde el cual se canalizan todas las discusiones fiscales, de gasto público y de financiamiento del Estado.

Tolosa Paz: “Hoy la situación es todavía más grave”

En el mismo sentido que Martínez, Victoria Tolosa Paz, diputada de UxP, también reclamó a través de un mensaje en redes sociales la remoción nde Espert de la Comisión de Presupuesto:

“No podemos debatir el presupuesto con un diputado vinculado al narcotráfico. En julio pedimos la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque utilizó ese lugar para bloquear el debate de proyectos clave para el pueblo argentino. Hoy la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo. No se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria: estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco. Venimos de días terribles, con el asesinato de tres jóvenes a manos de estas bandas. La Argentina no puede naturalizar la connivencia con el narcotráfico. Espert debe ser removido de inmediato. Porque mirar para otro lado es el primer paso para convertirnos en un narcoestado”, sentenció la exministra de Desarrollo Social.

Martín Soria: “Espert fue financiado con plata del narcotráfico”

El diputado nacional Martín Soria (Unión por la Patria) también se sumó a las embestidas del peronismo contra Espert al afirmar este lunes que el descubrimiento de documentación en Estados Unidos demuestra que el libertario “fue financiado con plata del narcotráfico”, un delito que según sostuvo “sigue creciendo en la Argentina”.

“Lo único que ha hecho este registro contable que apareció en los últimos días es dejar expuesto que el diputado José Luis Espert fue financiado con plata de un narco con pedido de extradición de Estados Unidos”, señaló Soria en declaraciones al programa RPM de Splendid AM 990.

El legislador lo expresó aludiendo a la documentación encontrada por la justicia estadounidense, según la cuál el legislador de La Libertad Avanza recibió US$200.000 de un fideicomiso que pertenecía a Federico “Fred” Machado y su socia Debora Lynn Mercer-Erwin.

Machado se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la justicia estadounidense, mientras que Mercer-Erwin está detenida en el país del norte, condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

“La situación es gravísima, no solo porque está acreditado que es un narco con pedido de captura internacional”, sino porque “el abogado de Fred Machado es el mismo de Milei”, aseveró Soria, al tiempo que subrayó que ese abogado es Francisco Onetto, que “fue candidato a vicegobernador (bonaerense) con Carolina Píparo en 2023” por La Libertad Avanza, y recalcó que hay numerosas fotos de este letrado “con Javier Milei, Karina Milei y Espert”.

“Lo que ha quedado expuesto -agregó- es que un narco no solo le prestaba (a Espert) un avión para hacer giras en campaña, le prestaba una camioneta Grand Cherokee blindada, cuyo titular era primo y testaferro de Fred Machado, que está en pareja con la diputada nacional de Río Negro Lorena Villaverde”, dijo, apuntando a Claudio Cicarelli.

Para Soria, exministro de Justicia, “lo más grave es que esto ya fue denunciado en la Argentina, y hay varias causas, una en Comodoro Py desde abril de 2021. La justicia argentina lleva 4 años sin hacer absolutamente nada y la Corte Suprema sigue sin extraditar a Fred Machado. A mí no me extraña más nada”, sentenció.

“Ahora resulta que Milei no sabía que (la criptomoneda) $Libra era una estafa; Karina no sabía que había coimas en la ANDIS; Espert no sabía que Fred Machado era narco; Patricia Bullrich no sabía que las valijas que llegan en avión privado deben revisarse; y (el ministro de Salud, Mario), Lugones no sabía que si desarmas la ANMAT nadie controla los medicamentos y aparece el fentanilo”, ironizó.

Según Soria, “nos quieran hacer creer que no son corruptos, sino funcionarios estúpidos destruyendo la Argentina”, y destacó que la situación “es grave, porque Lorena Villaverde, actual diputada nacional, ahora es candidata a senadora”, lo que demuestra que “sigue creciendo la narco política en la Argentina”.

Finalmente recalcó que “Fred Machado tenía minas de oro en Guatemala para lavar activos de los narcos. Su primo y testaferro Cicarelli, pareja de Lorena Villaverde, intentó comprar en 2021 una mina de oro en Neuquén. Todo este entramado de lavado de activos del narcotráfico sigue hoy en la Argentina gracias a estos personajes”, concluyó.

Las acusaciones

En las últimas semanas, distintos medios difundieron documentación judicial de Estados Unidos que da cuenta de presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas citadas se menciona un giro de US$200.000 recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con otra empresaria, así como vuelos y vehículos presuntamente puestos a disposición del economista durante sus actividades proselitistas. 

Machado fue detenido en Argentina en 2021 y se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. 

El pedido de UxP

Para el bloque opositor, la continuidad de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto compromete la legitimidad del debate parlamentario. “No se trata de diferencias ideológicas –sostienen en UxP– sino de preservar la transparencia y la confianza pública en una institución clave para el control de las finanzas del país”.

La situación de Espert

Frente a la contundencia de los datos, José Luis Espert se defendió argumentando que se trata de una operación política. “Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo”, declaró el economista.

Espert admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar su libro en Viedma, incluyendo el traslado en su avión. Sin embargo, se despegó de las acusaciones criminales que pesan sobre el empresario. “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos”, sentenció Espert, alegando un total desconocimiento de las actividades ilícitas de su entonces colaborador.

Con información de agencias.

IG

Una nueva polémica enfrenta al Gobierno con el kirchnerismo en el Congreso. Esta vez, el eje del cruce fue un reclamo por el uso de los baños del Senado por parte de las fuerzas de seguridad durante los operativos de control en las inmediaciones del palacio legislativo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a los senadores de Unión por la Patria de pedir que se les prohibiera el acceso a los sanitarios del edificio, algo que fue desmentido por la oposición.

El conflicto se originó a partir de una carta firmada por legisladores de UxP, con fecha del 16 de julio, en la que solicitan a la vicepresidenta Victoria Villarruel —titular del Senado— que ordene y regule la presencia de personal de las fuerzas federales en el Congreso, “asegurando que el uso de los espacios se limite a lo estrictamente necesario”.

En la nota también se plantea la necesidad de “armonizar la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones diariamente”.

Bullrich reaccionó a través de sus redes sociales con una crítica directa: “El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei, quien añadió: “Disparate kuka”.

La respuesta desde el bloque de Unión por la Patria no tardó en llegar. El senador chubutense Carlos Linares, autor de la misiva, negó rotundamente la versión del oficialismo. “En ningún momento en la carta se solicita que las fuerzas de seguridad dejen de usar los baños del Senado. Al contrario, la Policía Federal, encargada de la seguridad del Senado, los utiliza con absoluta normalidad todos los días”, afirmó.

Linares además criticó a la ministra por tergiversar el contenido del pedido y sostuvo que el objetivo es evitar que el Congreso se convierta “en un cuartel para sus operaciones de los miércoles, destinadas a reprimir a los jubilados que protestan por haberes dignos”. En ese sentido, pidió a Bullrich que mejore “su comprensión lectora” y que “recupere un poco de raciocinio” para no exponer al Congreso “a la locura” de cada jornada de protesta.

En medio del debate, la senadora radical Carolina Losada tomó partido por el Gobierno y ofreció su despacho y su baño personal a las fuerzas de seguridad. “Considero fundamental brindar todo el apoyo necesario a quienes garantizan nuestra protección y la de todos los argentinos”, expresó en un comunicado dirigido a Villarruel en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

El cruce ocurre en un contexto de creciente tensión política en el Senado, donde las sesiones suelen coincidir con movilizaciones sociales —en particular los miércoles— que son fuertemente vigiladas por fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Luego de las detenciones de Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense, y Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Quilmes, acusadas de haber participado en un ataque contra la casa del diputado libertario José Luis Espert, dirigentes de Unión por la Patria realizaron este miércoles una conferencia de prensa. Denunciaron que ambas, junto a otras tres personas detenidas en la misma causa, son víctimas de persecución política y judicial.

La conferencia se desarrolló en la Cámara de Diputados y estuvo encabezada por abogados y familiares de las detenidas, quienes cuestionaron con dureza el operativo que terminó con su arresto, calificándolo de “salvaje y arbitrario”.

“¿De qué las acusa la Justicia? De haber arrojado caca de perro y papeles en la puerta de un diputado. Esto podría tramitarse como una contravención menor y ni siquiera llegar a juicio”, señaló Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y cuestionó que la causa se tramite en la Justicia Federal de San Isidro: “Se ocupan de quien tira caca, en lugar de investigar el narcotráfico”.

El rector relató que Abaigar fue trasladada directamente al penal de Ezeiza y quedó incomunicada. “Es una profesora joven, de yoga. Eva estuvo tres días esposada. Ante estos hechos, cualquiera debería conmoverse. La prisión preventiva se reserva para casos con riesgo de fuga”, afirmó.

Molea además alertó sobre la salud de Abaigar: padece una enfermedad autoinmune que provoca tumores y requiere medicación especial. “Hoy la llevaron esposada y encadenada al piso de Tribunales para una pericia médica. Esto estamos viviendo”, advirtió. Y reclamó la liberación inmediata de todas las personas detenidas.

En la misma línea se expresó Bienvenido Rodríguez Basalo, abogado de Mieri, quien consideró “preocupante” que la prisión preventiva se use como regla y no como excepción. “¿Qué podrían entorpecer estas personas para que estén privadas de libertad?”, se preguntó, y anticipó que presentarán la excarcelación de su defendida.

Durante la conferencia también habló Eva Peitravallo, madre de Abaigar, quien describió el delicado cuadro de salud de su hija, diagnosticada con LAM, una enfermedad poco frecuente que genera acumulación de linfa.

Familiares de Mieri también denunciaron que la detención responde a su condición de “mujer, militante y peronista”. Su pareja relató: “Es un día terrible. Estuvimos horas sin saber nada. Nos decían que había tirado caca y panfletos”.

Por su parte, el padre de uno de los tres jóvenes detenidos junto a las militantes describió la desesperación de la familia: “Mi hijo tiene 22 años, estudia, trabaja, le gusta la fotografía. Está preso y no sabemos bien por qué. Si querían darnos miedo, lo lograron”.

Legisladores y dirigentes de distintos espacios acompañaron el reclamo, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda.

MM

Una doble convocatoria a sesiones especiales en la Cámara de Diputados para el miércoles 2 de julio expuso otra vez la fragmentación de la oposición. A las 12, un bloque de legisladores radicales y monobloquistas buscará avanzar con proyectos sobre financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación en el Hospital Garrahan y las retenciones al campo, luego de que el Gobierno adelantara los impuestos a la soja y el trigo. Dos horas y media más tarde, a las 14.30, otra sesión impulsada por Unión por la Patria y Encuentro Federal tratará temas completamente distintos, como la derogación de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y una reforma al Régimen Penal Tributario.

La primera sesión fue convocada por Democracia para Siempre, el monobloquista Mario Barletta y los radicales Julio Cobos y Natalia Sarapura. Aunque varios de los proyectos no tienen dictamen completo, se buscará emplazar a comisiones para acelerar el tratamiento. Los temas incluyen seis expedientes sobre el presupuesto universitario, propuestas para declarar la emergencia en pediatría y en las residencias médicas, y un proyecto con despacho para crear un régimen de promoción de la salud cerebral. Además, se discutirán iniciativas sobre el desarrollo de PyMEs y una modificación del huso horario. Este martes por la mañana se agregó al temario un punto sobre las retenciones al campo.

Por otra parte, la sesión de las 14.30, que fue formalizada a los pocos minutos del primer anuncio, fue impulsada por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Hugo Yasky y otros legisladores de Unión por la Patria; junto con referentes de Encuentro Federal como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, además de la diputada Danya Tavela. Esta agenda apunta a rechazar los DNU 340, 344, 345 y 351, que alteraron estructuras de organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, institutos culturales y la Marina Mercante.

El decreto 340, publicado el 21 de mayo, aprobó un nuevo régimen para la Marina Mercante, criticado por los gremios del sector por eliminar la obligación de contratar tripulación argentina y permitir suspender la bandera nacional. El DNU 344 transformó el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA en unidades dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. El 345 fusionó el Instituto Nacional Yrigoyeneano con el de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, quitándoles su autonomía. Y el 351 modificó el estatus del Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahora dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

También se buscará aprobar el proyecto que actualiza el Régimen Penal Tributario, iniciativa impulsada por el cordobés Oscar Agost Carreño y lista para votarse desde noviembre. El dictamen consensuado contiene similitudes con la propuesta oficialista presentada por José Luis Espert el pasado 5 de junio, pero no incluye cambios estructurales como el régimen simplificado de ganancias ni la eliminación de controles sobre el patrimonio.

Ambas sesiones requieren alcanzar el quórum de 129 diputados, algo que se presenta difícil dado que La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR no aportarán sus votos. Incluso se habla de varios ausentes en el peronismo.

La imposibilidad de unificar una sesión y un temario común es vista como una señal de debilidad de los bloques opositores, que en lugar de coordinar fuerzas, se dispersan en agendas paralelas que podrían diluir el impacto político de sus iniciativas. Frente a la falta de cohesión, la Casa Rosada sonríe, a días de las vacaciones de invierno y a tres meses de las primeras elecciones de medio término del gobierno de Javier Milei, cuya imagen sigue siendo alta.

JJD

La Corte Suprema de Justicia se encuentra en una encrucijada institucional de alto voltaje político: debe resolver en los próximos días —aunque probablemente su pronunciamento no se produzca esta semana— si ratifica la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La decisión podría sellar su futuro electoral inmediato, ya que la exmandataria acaba de lanzar su candidatura a diputada nacional por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, y además podría ir presa.

El fallo de la Corte determinará si Cristina puede competir en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La fecha que todos en el oficialismo miran con atención es el 19 de julio, cuando se cierran las listas. Si la condena se confirma antes de ese día, Fernández de Kirchner no podrá postularse. Si logra inscribirse a tiempo, quedará amparada por los fueros parlamentarios.

La condena, dictada por el Tribunal Oral Federal y ratificada por la Cámara de Casación, sólo necesita ahora el aval del máximo tribunal para quedar firme. Según pudo saber elDiarioAR, la Corte ya trabaja sobre el expediente, pero no habrá definición esta semana, a pesar de las versiones que circularon en los últimos días. Fuentes cercanas a los jueces descartaron la urgencia que intenta instalar Ricardo Lorenzetti, uno de los vocales que empuja un fallo inminente.

Aunque estos procesos suelen tomar años, la causa Vialidad se encuentra bajo revisión activa por parte de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti. En el peronismo ya se encendieron las alarmas. Según supo este medio, en el Senado se convocó a legisladores a mantenerse en guardia ante una posible orden de detención. “Es inminente”, advirtieron en un despacho de Unión por la Patria. La tensión aumentó durante el fin de semana, luego del violento desalojo del Instituto Perón y la detención sin orden judicial de Juan Grabois, que fue liberado 12 horas más tarde.

En paralelo, los movimientos sociales, gremios y agrupaciones afines a la expresidenta se preparan para resistir una eventual avanzada de la Policía Federal. Cristina cree que el fallo de la Corte será adverso y que se ordenará su detención de inmediato, según fuentes de su entorno. Aun así, coincide con el diagnóstico del máximo tribunal en que la definición no llegará esta semana.

El exministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, hoy jubilado, explicó en una entrevista radial que existen tres caminos posibles para la resolución del caso. La primera opción sería que el tribunal haga lugar al planteo del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien pidió una sentencia más dura —de doce años— por considerar que la exjefa de Estado también debe ser condenada por el delito de asociación ilícita, y por lo tanto que se devuelva la causa a la Cámara de Casación para esa revisión.

La segunda alternativa es que la Corte utilice el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y confirme la condena sin mayores fundamentos, tratándola como una causa de derecho común y sin gravedad institucional. Esta vía permitiría un fallo rápido.

La tercera vía sería considerar el expediente como una causa federal o de naturaleza constitucional, lo cual implicaría un análisis más extenso. Para que haya decisión, los tres jueces deben coincidir, y si no hay acuerdo, se deberá convocar a conjueces.

Maqueda fue categórico al rechazar la idea de una proscripción. Afirmó que no existe tal figura en el derecho argentino y que “en la política se objeta todo, pero esto no tiene nada que ver con una proscripción política”.

Desde el oficialismo interpretan la maniobra judicial como un intento de frenar el regreso electoral de CFK. El anticipo de su postulación como diputada fue leído como un mensaje directo a la Corte, más que como una jugada contra el gobernador Axel Kicillof o los intendentes del conurbano. “Si me inscribo antes del 19 de julio, tengo fueros”, razona la expresidenta, según dejaron trascender sus allegados.

El reloj institucional ya empezó a correr. La Corte tiene en sus manos una definición que, más allá de su peso jurídico, condiciona la estrategia política del peronismo en el principal distrito electoral del país.

JJD

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo con la decisión de cuatro senadores de Unión por la Patria (UP) de conformar su propio bloque, “Convicción Federal”. Aunque seguirán dentro del interbloque, su alejamiento del kirchnerismo marca un nuevo quiebre en la dinámica política del Senado y profundiza la fragmentación dentro del justicialismo. La escisión, además, es una excelente noticia para el gobierno de Javier Milei, porque la Cámara alta, donde Cristina Fernández de Kirchner, aunque desde afuera, es la figura con mayor peso, por la cantidad de legisladores que le responden directamente.

Los senadores que integran esta nueva bancada son Fernando Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja). Salino ocupará la presidencia del bloque, mientras que Moisés será la vicepresidenta. En un comunicado oficial, justificaron su decisión asegurando que buscan “reforzar la estrategia de apertura y debate interno”, así como “sumar voces en oposición al Gobierno Nacional” y dar mayor visibilidad a “la problemática e intereses de sus provincias”.

Sin embargo, detrás de este movimiento subyace un complejo entramado de tensiones políticas. La separación de estos senadores responde a su malestar con la conducción de Cristina en el PJ y al creciente peso de las disputas territoriales en cada una de sus provincias.

Carolina Moisés, en particular, ya había tomado distancia al presentar su propio espacio político en Jujuy fuera de la estructura de UP, decisión que selló la fractura del peronismo local tras una fallida negociación con la ex presidenta por la conducción del PJ provincial. Su relación con el kirchnerismo venía deteriorándose desde el año pasado, cuando, junto con Andrada, votó a favor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el marco de la Ley de Bases, un gesto que generó fuertes críticas dentro del bloque.

Guillermo Andrada responde al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien en los últimos meses ha optado por una alianza táctica con el gobierno de Milei. Un indicio claro de esa postura se evidenció cuando los diputados catamarqueños del bloque de UP se ausentaron en la votación del DNU de endeudamiento, facilitando su aprobación en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Fernando Rejal, cercano al gobernador Ricardo Quintela, también se aparta del bloque mayoritario en medio del conflicto abierto entre el mandatario riojano y Cristina Kirchner, tras la disputa por la conducción del PJ Nacional. Su salida es un nuevo reflejo del malestar que quedó instalado luego de la tensa interna partidaria.

El nuevo bloque “Convicción Federal” es, por lo tanto, una señal más del desgaste en la estructura del peronismo. La ausencia de gobernadores peronistas en la asunción de CFK como presidenta del PJ, las fuertes críticas de los PJ provinciales de Salta y Misiones a su liderazgo, y la disputa de poder con Axel Kicillof en Buenos Aires configuran un escenario de creciente fragmentación. La ruptura en el Senado es solo un eslabón más en la cadena de desafíos que enfrenta el kirchnerismo para mantener su hegemonía dentro del peronismo.

Mientras tanto, el gobierno Milei observa con atención y entusiasmo estos movimientos, consciente de que cada fisura en la oposición le allana el camino para consolidar su agenda legislativa. Divide y reinarás.

CRM/JJD

El Gobierno llega a su Día D con helicópteros sobrevolando el Congreso y un estado de alerta generalizado sobre lo que ocurrirá en la calle cuando el operativo de Seguridad de Patricia Bullrich vuelva a chocar con la manifestación en defensa de los jubilados. Puertas adentro, sin embargo, Martín Menem no está nervioso: está confiado en que tiene los votos para aprobar la ley más importante de Javier Milei este año. Es decir, la ratificación del nuevo acuerdo con el FMI. 

Apenas pasadas las 10 de este miércoles, el riojano pudo respirar tranquilo: el oficialismo consiguió el quórum para abrir la sesión la ayuda de los opositores aliados. Fueron 131 legisladores sentados en sus bancas, entre libertarios, del PRO, la UCR, Miguel Ángel Pichetto y los espacios que responden a gobernadores.

La sesión bordeó el escándalo al comienzo, con fuertes cruces entre los opositores más duros y Menem. “Quedate a laburar. ¿Quién te crees que sos?”, lo increpó el jefe de UP, Germán Martínez, cuando el riojano apuró la votación de un plan de labor corto para que se vote a las 16. “No me jodas”, le dedicó la también peronista Vanesa Siley. “No me pelotudees”, le dijo la trotskista Vanina Biasi. Otro fue el show que protagonizó el libertario Lisandro Almirón, que se paró a los gritos para pedirle disculpas a Oscar Zago por las trompadas de la semana pasada: “¿Querés que te dé un pico?”, cerró.

Menem vivió un momento por demás incómodo cuando Martínez reveló un audio que el riojano le envió al bloque de La Libertad Avanza para aconsejar a que los libertarios interrumpan la sesión con cuestiones de privilegio y llamen a votar temprano. Menem rápidamente corrió la sesión a otro lado y le cortó el micrófono al peronista.

La previa a la sesión

Ya Menem había estado incómodo tan solo 12 horas antes porque el panorama interno en las filas de LLA había sido otro. Ayer por la tarde el jefe de la Cámara baja caminaba nervioso junto al vicejefe de Gabinete José Rolandi por los pasillos del Senado, en donde se estaba debatiendo el DNU del acuerdo con el FMI en la Bicameral de Trámite Legislativo. El oficialismo había comenzado el día sin saber si tendría el número para dictaminar el DNU y el Gobierno había enviado a la caballería a convencer a un senador, el formoseño Francisco Paoltroni, de que pusiera su firma.

Si este miércoles el Gobierno se muestra ilusionado con ratificar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados es porque, horas antes, los funcionarios del Gobierno tuvieron que transpirar para poder dejar el camino allanado en la Bicameral de DNU. No fue fácil. Paoltroni se hizo desear y recién después de varias conversaciones y reuniones de pasillo con Rolandi, Menem y Gabriel Bornoroni atinó a estampar su firma en un dictamen de rechazo. Su firma era clave porque La Libertad Avanza, sin ella, no alcanzaba a tener la mitad más uno de las firmas de la comisión bicameral: necesitaban su firma —aunque fuera de rechazo— para poder habilitar la sesión del miércoles. Sin dictamen, el oficialismo necesitaría los dos tercios del recinto para aprobar el DNU: un número imposible de conseguir. 

Finalmente, el oficialismo consiguió las nueve firmas. Colaboraron el PRO —el diputado Diego Santilli y Luis Juez—, la UCR —el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann—, el propio oficialismo —el diputado Lisandro Almirón y el senador Juan Carlos Pagotto— y el peronista “Camau” Espínola. Paltroni, al final, también colaboró, pero no fue el único exlibertario enemistado con el “entorno” de Javier Milei que terminó respaldando el acuerdo: también lo hizo Oscar Zago.

Zago fue uno de los protagonistas de la jornada. El diputado del MID pasó, en menos de unos días, de pelearse casi a las trompadas con Almirón en el recinto a ser electo presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo. Con el voto, incluso, del mismo Almirón. “Ante todo está la República y el presidente Javier Milei. Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!”, exclamó el correntino, al momento de expedir su voto. Hubo risas irónicas y aplausos en las filas del peronismo, y más de un dirigente del oficialismo admitiría que temió hasta el final por el voto de Almirón. “Ya son amigos”, sonrió, satírico, un peso pesado de LLA.

La llegada de Zago a la presidencia había sido el otro escollo que el oficialismo había tenido que resolver, torpemente y a las apuradas, en la previa de la sesión del miércoles. Como anticipó elDiarioAR, LLA había convocado la reunión de comisión sin tener resueltas las autoridades de la Bicameral: un detalle técnico que, cuando se reunió la comisión el martes, casi termina en que el acuerdo con el FMI explote por los aires. 

Fue casi un sketch cómico: bajo la incrédula imágen de los funcionarios del Gobierno que habían asistido a la Bicameral a exponer sobre el acuerdo con el FMI, Pagotto se rehusó a levantarse de la silla de la presidencia, a pesar de que el lugar le correspondía, con el cambio de año, a un diputado. Durante casi una hora y media, Carolina Gaillard y Anabel Fernández Sagasti (UxP) emprendieron una batalla campal para forzar que Pagotto se retirase y votar las nuevas autoridades. El PRO y LLA intentaron defender su lugar —Menem incluso se metió en el medio de la reunión para mediar—, pero no había número: Nicolás Massot y Paoltroni acompañaban a UxP y se daba un empate.

UxP proponía la candidatura de Massot, en línea con conversaciones que ya había tenido con el propio Zago. El diputado del MID, sin embargo, defendió el lugar de Pagotto, así que se optó por una solución salomónica: a propuesta del oficialismo, Zago sería el presidente de la Bicameral. UxP se abstuvo, atento a una negociación previa que habían tenido con Zago: saben que votará a favor del acuerdo con el FMI, pero esperan que, a futuro, haga trabajar la Bicameral para tratar el resto de los DNU de Milei que es esa comisión duermen el sueño de los justos.

Solucionados los dos cabos sueltos —Zago y Paoltroni, dos exlibertarios ofendidos con el triángulo de hierro—, el Gobierno logró allanar el camino para el miércoles. 

Los votos de Milei para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI

Anres de la sesión, en el bloque libertario se repetía una premisa, casi un lugar común: “Si sacamos dictamen el recinto está asegurado”. Esta confianza para ratificar el DNU del nuevo acuerdo parte de un pilar: el respaldo de los gobernadores. Con ellos y los aliados del PRO y la UCR, en LLA calculaban que tendrían al menos 140 votos a favor.

Pero no eran sólo los gobernadores. En los pasillos de la Cámara de Diputados predominaban las críticas a las “formas” —es decir, que el Gobierno hubiese enviado un DNU y no un proyecto de ley, tal como exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una norma que tiene plena vigencia—, pero solo como preludio para una confesión: el reconocimiento implícito de que no había espacio para voltear un acuerdo con el FMI. Los diputados señalaban el temblor de los mercados financieros, con la suba del dólar y del riesgo país, e insistían en que no había margen para hacer otra cosa que ratificar el DNU.

Lo sostenían los radicales de Rodrigo de Loredo, pero también algunos de Democracia Para Siempre. Lo señalaban los lilitos de la Coalición Cívica y una mayoría del pichettismo de Encuentro Federal. Y lo remarcaban, con más énfasis que cualquiera, los dirigentes del PRO. “Si le votamos al kirchnerismo, ¿cómo no vamos a acompañar a Milei?”, reflexionaba un peso pesado del partido amarillo.

El oficialismo se había hecho de una importante mayoría que prometía blindar el acuerdo, pero del otro lado había un último escollo: el rechazo de Unión por la Patria y la amenaza latente del peronismo de no reconocer un acuerdo con el FMI que fuera vía DNU. Tarde a la noche, el PJ Nacional, reunido de emergencia a pedido de Cristina Fernández de Kirchner sacó un comunicado cuestionando el endeudamiento: “Los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179 le estarían confiriendo a Javier Milei las ‘facultades extraordinarias’ que son fulminados por nulidad insanable y absoluta”, advirtió. 

El PJ de CFK lanzaba, así, un último mensaje con un único receptor: el mismo FMI. UxP votará en contra del acuerdo con el FMI —aunque se espera que los catamarqueños de Raúl Jalil acompañen— y comenzará a trabajar en la judicialización apenas sea aprobado en la Cámara de Diputados.

MC/JJD/MC

La oposición se hizo, finalmente, de una bala de plata que puede atravesar la coraza comunicacional de Santiago Caputo y planea exprimirla hasta la última gota: el criptoescándalo, un tema complicado de explicar, inasible, pero con potencialidades para marcar la agenda. El objetivo es sostener el tema, profundizarlo y, de ser posible, avanzar con una investigación que haga eje en el rol de Karina Milei. En el mientras tanto, un operativo desgaste: vaciar la Asamblea Legislativa será el primer paso.

Más que un plan, son manotazos de ahogado. Pero, así, a través de reacciones y sacudidas, la oposición intenta avanzar en una agenda que le haga frente a la centralidad presidencial. El escándalo $LIBRA fue un regalo caído del cielo, no solo por las dimensiones del caso —que salpica sobre los tres vértices del triángulo de hierro— sino por el factor externo: para la oposición será la dinámica de la Justicia norteamericana la que defina el futuro de los Milei. 

El gran desafío, sin embargo, será sortear el cerco defensivo de los gobernadores. El fracaso de la maniobra para crear una comisión investigadora en el Senado fue un anticipo de hasta qué punto el Gobierno aún puede disciplinar con facilidad a sus aliados. Bastó una llamada de la Casa Rosada a los gobernadores para que los senadores radicales que les responden se expusieran públicamente a cambiar de opinión y boicotear una iniciativa de su propia autoría. La Cámara de Diputados, advierten los principales jefes opositores, no será distinta.

Fue por este motivo que los primeros en agitar la convocatoria de una sesión para tratar todos los proyectos vinculados al criptoescándalo fue el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre. Golpeados y expuestos tras la deserción de sus correligionarios en el Senado, los radicales de la línea Facundo Manes y Martín Lousteau lanzaron una solicitada pidiendo convocar una sesión para el 11 de marzo con el objetivo de tratar una decena de iniciativas, que iban desde pedidos de informes y citaciones hasta la creación de una comisión investigadora. El pedido de juicio político de Unión por la Patria, sin embargo, había quedado afuera.

El radicalismo, junto al pichettismo de Encuentro Federal, había intentado diferenciarse del peronismo, de modo de escaparle a la acusación de “kirchenristas”. Esto no le agradó a las autoridades de Unión por la Patria, a quienes nunca les avisaron que iban a avanzar con una sesión sino que se enteraron por Twitter. El jefe de bloque, Germán Martínez, terminó a los gritos con el armador del pichettismo, el cordobés Oscar Agost Carreño, a quien le recriminó la falta de coordinación, la ausencia del pedido del juicio político y el apuro para anticiparse al tema sin estar seguros de contar con el quórum. En el fondo había otra cosa: la sospecha de que la oposición dialoguista impulsaba el debate solo para hacerlo fracasar.

“Se equivocaron, es una convocatoria que está mal hecha. Después del Senado, la verdad que espero que no lo hayan hecho para que [Martín] Menem (el presidente de la Cámra de Diputados) les diga que no puede convocar”, deslizó, irritada, una de las autoridades de la bancada peronista. El problema era que la convocatoria, así como estaba, podía ser rechazada por el riojano libertario, dado que los expedientes propuestos para tratar en la sesión vencían el primero de marzo, que es cuando comienza el nuevo período parlamentario. Un detalle de técnica legislativa que escondía, para los optimistas, un error de cálculo o, para los más paranoicos, una maniobra orientada a llevarse la marca de la oposición a Milei sin pagar los costos.

Una vez que finalizó el griterío y los pases de factura, sin embargo, las diferentes alas de la oposición tomaron contacto y comenzaron a diagramar una nueva convocatoria. A través de chats y conversaciones informales, Agost Carreño y Nicolás Massot, por parte del pichettismo, Cecilia Moreau y Martínez, por parte de UxP, y Fernando Carbajal y Carla Carrizo, por parte de Democracia para Siempre, trabajan para repensar una nueva sesión que incluya todos los proyectos. Incluido el el de juicio político, por más que en el peronismo descuentan que no tendrán el número.

“Primero hay que pensar el efecto político y después vemos la parte metodológica y qué proyectos entran”, razona uno de los armadores de la oposición dialoguista que mantiene conversaciones también con La Libertad Avanza. El objetivo, insiste, es lograr aprobar algo, lo que sea. Lo ideal sería la interpelación de Karina Milei o, al menos, la posibilidad de crear una comisión investigadora. Con una salvedad: lo que se buscará plantear en el recinto es el emplazamiento de las comisiones para que traten estos temas, no la aprobación del proyecto sobre tablas, porque para eso necesitan los dos tercios. Un número imposible.

Si los dos tercios son inalcanzables, los 129 para el quórum son difíciles pero no imposibles. Uno de los diputados a cargo del poroteo calcula que, con presencia perfecta de quienes pidieron investigar el escándalo $LIBRA, podría llegar a los 131 diputados. Da por hecho que ni el PRO ni LLA ni ninguno de los gobernadores acompañará, por lo que la pecera para ir a buscar los votos será más reducida. El radicalismo de Rodrigo de Loredo, después de la experiencia del Senado, no aportará grandes números tampoco. 

El ojo está puesto, en cambio, en la Coalición Cívica y que EF y DPS no arrastren muchas bajas producto de la presión de los gobernadores. Ambos bloques cuentan con representantes de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Martín Llaryora) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio) que podrían terminar boicoteando la sesión. El objetivo, además, será presionar públicamente a la UCR, de modo de que tengan que explicar por qué no acompañan. 

“Esto es el juego del huevo a la gallina. El número no está, vamos a tener que forzarlo”, explica un armador todoterreno.

Una Asamblea semivacía

En paralelo al armado de una sesión por el caso $LIBRA, la oposición también tomó la decisión de vaciarle la Asamblea Legislativa a Milei. Por goteo, los distintos bloques opositores del Senado y Diputados fueron anunciando que no asistirán a escuchar las palabras del presidente como parte de la apertura de sesiones extraordinarias. Era un gesto de rebelión ante los insultos del presidente, la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, el criptogate y la ausencia de una ley de Presupuesto.

El primero en anunciarlo fue José Mayans, titular de la bancada peronista en el Senado. “Decidimos no escuchar al Presidente, porque cuando se refiere a nosotros nos trata mal y miente. Además, sabemos lo que pasó el año pasado, cuando el Gobierno hizo un show para el Presupuesto”, cuestionó el formoseño, anticipando que ninguno de sus 34 senadores asistiría.

En Diputados, mientras tanto, el peronismo también analiza ausentar a sus 98 integrantes. Todavía falta que se realice la reunión de bloque para oficializarlo, pero la mayoría de los diputados de UxP defiende la idea de vaciarle el recinto al Presidente. Sin UxP, en efecto, la mitad del recinto quedará desierto.

El peronismo, sin embargo, no es el único. El radicalismo de DPS también se ausentará y solo enviará un par de representantes, Pablo Juliano y Marcela Coli, “por el constante agravio de Milei a las instituciones republicanas”, anunciaron en un comunicado, en el que sumaron un cuestionamiento a las limitaciones que Presidencia puso para la cobertura periodística de la Asamblea. 

Otro de los que anunció que no asistirá es Martín Lousteau, y a ellos se le sumarán otros senadores y diputados que, en medio de un clima hostil, no tienen interés en viajar en el fin de semana de Carnaval —con vuelos agotados— para escuchar los insultos del presidente. Milei, este sábado, le hablará a un recinto deshabitado.

MC/JJD

Javier Milei amenazó y, finalmente, cumplió. En un revival de los inicios del gobierno macrista, el Presidente decidió designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. La fantasía de poder eludir al Senado y designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sin tener que pasar el filtro del Congreso es, sin embargo, eso: una fantasía. El peronismo ya advierte que no se lo dejará pasar y amenaza con llevarle los pliegos al recinto y rechazárselos. Sin acuerdo, insisten, no habrá jueces nuevos en el máximo tribunal. La danza de negociaciones recién empieza.

Es el propio Ejecutivo el que dejó abierta esta puerta al no retirar los pliegos del Senado. Sus aliados, incluso, se lo habían advertido la semana pasada, luego de que fracasaran las negociaciones para convocar una sesión el viernes pasado para tratar los pliegos de Lijo y García-Mansilla: si no iba a convocar la sesión porque no tenía el número, más le valía retirar el pliego. Porque si no cualquiera podría forzar su tratamiento y rechazarlo.

El Gobierno, sin embargo, no solo decidió no retirarlos. Sino que en el comunicado en el que anunció la designación por decreto advirtió: “Durante el mencionado plazo (hasta fin de 2025), esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste correspondientes acuerdos al Senado a los pliegos”. Es decir, contra todas las recomendaciones, el Ejecutivo insistía en sostener los pliegos. ¿Por qué? Porque la negociación continúa, con o sin designación por decreto.

La pelota, ahora, está en la cancha de Unión por la Patria. Los senadores comparan, por lo bajo, a Milei con Jorge Rafael Videla. “Solo la dictadura nombró jueces por decreto. Macri lo entendió. Dijo que lo iba a hacer pero después se sentó a negociar con los gobernadores”, recuerda un peso pesado del peronismo que participó de la mesa de negociaciones con el PRO que, allá por 2016, terminó acordando con un sector del Frente para la Victoria para aprobar el pliego de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Mauricio Macri, apuntan, comprendrió que no podía avanzar por decreto. Milei, en cambio, es una incógnita.

En el peronismo predomina la cautela. Primero esperarán a ver cómo responden el resto de los integrantes de la Corte Suprema. Si Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se resisten a tomar juramento a los recién llegados y deciden que su designación tiene que pasar por el Senado, la negociación continúa. El peronismo, en ese caso, tendrá mayor poder de negociación y exigirá abrir una mesa de diálogo más amplia, que involucre no solo las dos vacancias, sino también a la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte: el reclamo original de Cristina Fernández de Kirchner, que se esperanza con poder poner a una o dos juristas de su riñón ideológico.

Para el kirchnerismo, el gobierno de Milei se presenta como una oportunidad única para hacer lo que no se pudo ni durante la gestión de Macri ni la de Alberto Fernández: modificar el equilibrio de poder de una Corte Suprema que, hasta ahora, ha sido hostil con la expresidenta. La oportunidad es demasiado atractiva para dejarla pasar. Mucho más si se tiene en cuenta de que el futuro de la causa Vialidad, que ya tiene doble condena y podría inhabilitar a CFK de ocupar cargos públicos, está en manos del máximo tribunal.

Si Rosatti, en cambio, decide tomarle juramento a Lijo y García-Mansilla, UxP está decidido a tomar cartas en el asunto. El presidente del bloque en el Senado, José Mayans, ya lo advirtió en público: “A la persona que acepte ser nombrada por decreto vamos a destituirla en la primera sesión. Esto es una democracia. No es una dictadura”, afirmó el formoseño allá por noviembre, apenas Guillermo Francos confirmó el interés del Gobierno en designar a Lijo García-Mansilla por decreto si las negociaciones fallaban. 

Tres meses después, con el decreto ya sellado y firmado, el plan de UxP continúa siendo el mismo: convocar una sesión apenas comiencen las sesiones ordinarias y rechazar los pliegos de los dos candidatos. 

Los caminos que conducen al Senado

El reloj empezará a correr a partir de la semana que viene, una vez que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso. El trámite, en la teoría, es sencillo: UxP debería convocar a una sesión para tratar los pliegos y, de conseguir el quórum, podría hacerla fracasar con solo poco más de un tercio del recinto. Esto es así porque la Constitución exige que haya dos tercios del recinto para aprobar el pliego de un juez de la Corte, por lo que, para que fracase, solo se requiere conseguir 25 votos. Y 25 votos es lo que Mayans presume que tiene asegurados en su bloque.

El desafío, sin embargo, será conseguir los 37 para el quórum. “Con tres dignos podemos hacerlo”, ironizan en el cristinismo, que hacen cálculos como si los 34 senadores peronistas estuvieran dispuestos a bajar para dar quórum para rechazar los dos pliegos de la Corte Suprema. En el caso de Lijo, sin embargo, no está del todo claro, ya que hay varios senadores que responden a gobernadores peronistas que simpatizan con el juez federal y no tienen interés en boicotearlo. En el oficialismo, por ejemplo, están convencidos de poder contar con el apoyo de 10 senadores peronistas para resistir.

En el caso de que el UxP no acompañe en su totalidad, Mayans tendrá que ir a buscar el número en el radicalismo y el PRO. Paradójicamente, son los dos partidos que siempre se resistieron a Lijo y que, en cambio, pugnaban por aprobar el pliego de García-Mansilla, los que podrían terminar torciendo la balanza en contra del Gobierno. La experiencia de las designaciones por decreto de Macri está muy presente y la mayoría coincide en que Milei debería hacer lo que hizo su antecesor amarillo. Es decir: negociar los pliegos en el Senado.

Ya hubo varios senadores radicales, como Martín Lousteau y Pablo Blanco, que se manifestaron públicamente en contra de la decisión del Ejecutivo de designar a los jueces por decreto. La larretista Guadalupe Tagliaferri, a su vez, tuiteó solicitándole a Milei que diera marcha atrás en la decisión: “La decisión del Ejecutivo de nombrar por decreto a los nuevos integrantes de la Corte es absolutamente dañina para el país. Sin acuerdo del Senado, se genera incertidumbre y una inseguridad jurídica inconmensurable para todos aquellos que buscan volver a confiar en la Argentina”, afirmó la senadora del PRO.

En este escenario de incomodidad frente a la decisión presidencial, el peronismo confía en poder pescar los votos que faltan. La incógnita, sin embargo, es qué sucederá si el Senado rechaza los pliegos pero los decretos continúan vigentes. “Si el Senado lo rechaza en una sesión se abre una discusión institucional enorme entre dos poderes del Estado que va a tener que definir el otro poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia, que está siendo acusada de ilegitimidad del proceso. Sería un daño enorme a las instituciones”, reflexiona una aliada del oficialismo.

El camino será largo, y ampliamente judicializado. Pero el peronismo está preparado para recorrerlo, con la convicción, en el fondo, de poder forzar al Gobierno a seguir negociando.

MC/MC

El peronismo está eufórico. El escándalo generado por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA les dio el insumo que necesitaban para pedir el juicio político del Presidente, y ahora no hay tiempo que perder. Los fundamentos se conocerán en los próximos días, pero giran en torno de una pregunta clave: ¿Javier Milei estaba al tanto de que el valor de la moneda se derrumbaría, y por lo tanto hay dolo, o no sabía nada y fue engañado en la arena que siempre destacó manejar (la economía)? Es la misma pregunta que desvela al Gobierno porque ninguna de las dos alternativas es buena. O estafó o lo estafaron. Ninguna respuesta es correcta y la dirigencia libertaria, consciente de ello, sufre.

“Estamos en la dimensión desconocida”, reflexiona, entre incrédulo y exaltado, un dirigente de Unión por la Patria. El criptogate había caído como maná del cielo luego de una semana de triunfos oficialistas en la Cámara de Diputados. Javier Milei venía de aprobar la Ficha Limpia, que de sancionarse prohibiría la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y de aprobar la suspensión de las PASO, cuya votación había dividido con virulencia el bloque que preside Germán Martínez. Y todo luego de prorrogar por segunda vez consecutiva el Presupuesto sin casi rechazo opositor. El escándalo cripto había alterado la relación de fuerzas.

Fue por este motivo que UxP reaccionó rápido y decidió convocar una conferencia de prensa para anunciar el pedido de juicio político. “Le pedimos al presidente que no se victimice y se haga cargo y dé explicaciones. Y el lugar para dar explicaciones es el Congreso. La justicia se encargará de los temas penales, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de las responsabilidades políticas”, anunció Martínez desde las oficinas de UxP ubicadas en el tercer piso de la Cámara de Diputados. 

Habían participado representantes de todos los sectores que componen el panperonismo. Camporistas y axelistas, massistas y representantes de los gobernadores: todos habían asistido para dar la imagen institucional de que todo UxP, pese a sus diferencias internas, acompañaba el pedido de juicio político. Aunque habría algunos matices. El diputado Ramiro Gutiérrez, referente del Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires, nunca hablaría de Juicio Político, por ejemplo. 

“El Presidente es una persona que está confundiendo su rol y nosotros necesitamos que, frente a una persona políticamente expuesta que ha gerenciado un puente de oro para que muchos puedan ingresar a una acción defraudatoria, de todas las explicaciones. Vimos cómo el avión de esa acción explotaba en el aire, ahora hay que abrir la caja negra”, precisó Gutiérrez, abriéndole la puerta, al igual que lo haría la mayoría, a otros mecanismos de investigación.

El objetivo era dejar en claro que lo que buscaba el peronismo era investigar, y que si bien consideraban que el mecanismo institucional adecuado para hacerlo era la comisión de Juicio Político, no le terminaban de cerrar la puerta a otras alternativas. Era un mensaje para el resto de la oposición más amigable, que se había manifestado en contra de acompañar el pedido de Juicio Político. 

El radicalismo de Democracia Para Siempre y el pichettismo de Encuentro Federal, por ejemplo, coquetean con la idea de conformar una comisión especial investigadora. No quieren Juicio Político pero, a diferencia de la postura adoptada por la UCR deloredísta o el PRO, propone una alternativa de investigación. Será con ellos que el peronismo tendrá que negociar si desea sostener el tema en agenda.

El cálculo es el mismo para todos: para conformar la comisión de Juicio Político -que se encuentra sin autoridades desde que Martín Menem desautorizó la designación de Marcela Pagano como presidenta- o para conformar la comisión investigadora se necesitará tener 129 votos. Esto es así porque Menem no convocará ninguna de las dos comisiones, por lo que los bloques opositores tendrán que emplazarlas en el recinto para poder obligarlo a hacerlo. Para ellos tendrán que convocar una sesión, conseguir el quórum y, luego, tener una mayoría de votos para votar afirmativamente por el emplazamiento. 

Es por este motivo que el peronismo necesita de EF y la UCR si desea avanzar con la investigación. En UxP hay contactos con Pablo Juliano (UCR díscola) y Nicolás Massot (EF), pero todavía muy tentativos. “Hay que forzarlos a que se pronuncien. Lo que puede cambiar las cosas es que está involucrada la Justicia norteamericana también. Porque si hubiera dependido de la política y de la Justicia argentina esto moría a las 72 horas”, admitió una autoridad de UxP.

Será un trabajo delicado porque el Gobierno utilizará todas sus herramientas para interrumpir la investigación. En UxP lo experimentaron apenas se desató el escándalo el viernes a la noche. Habían pasado apenas unas horas, el pedido de juicio político era apenas una amenaza y, sin embargo, Santiago Caputo ya había comenzado a llamar a diputados y gobernadores peronistas: el asesor todoterreno estaba preocupado y quería asegurarse de que no estuviera el número para la destitución del presidente.

Estafado o estafador

La pregunta la verbalizó Vanesa Siley, pero luego todos la repetirían de maneras menos elegantes. “Este bloque quiere aportar a dilucidar, con mecanismos institucionales, es qué presidente tenemos. Si es el del tuit experto en ciencias económicas o el del otro Milei el ignoto que invita a argentinos y al mundo usando la investidura presidencial a participar de una estafa”, declaró Siley. 

Por lo bajo, los peronistas planteaban la misma dicotomía con otras palabras: “O es un estafador o es un boludo”. La misma pregunta se hacían los dirigentes libertarios en privado. 

MC/JJD

Para Javier Milei, el espectáculo de la fragmentación del peronismo valió casi tanto como la aprobación de la suspensión de las PASO. La fractura expuesta de Unión por la Patria en la votación de Diputados había marcado el fin de una era: ya no eran solo los colaboracionistas los que jugaban a votar con el oficialismo sino también los massistas y los norteños, los gobernadores y los porteños. Todos, a su manera, se habían sublevado a la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner y mostraban, así, que no le hacían ascos a votar junto al Gobierno.

La suspensión de las PASO desordenó al peronismo, y lo dejó en estado de alerta y sospecha. Desde el Instituto Patria, donde abogaban por la premisa “todo lo que le hace bien a Milei es malo para el peronismo”, intentaron desdramatizar: “Cada provincia es un mundo. Una cosa era votar la Ley de Bases y otra, las PASO. Esto pasó porque cada uno tiene una estrategia electoral en la cabeza”, matizó un dirigente de La Cámpora. Pero el daño estaba hecho y, pese a los intentos de Germán Martínez por contener las fugas, el antecedente pesará en las votaciones futuras.

Paradójicamente, sin embargo, el peronismo aguarda ahora la suspensión definitiva de las PASO para poder comenzar a reorganizarse. La sanción en el Senado —que la mayoría anticipa inevitable— es la ficha que falta para poder activar la maquinaria electoral y comenzar a definir el armado en la madre de todas las batallas: la Provincia de Buenos Aires.

Piezas de dominó

Un referente bonaerense de Massa, en privado, lo define así: “Esta puede ser la primera ficha del dominó que permita empezar a ordenar”.

El exministro de Economía de Alberto Fernández y último excandidato presidencial del peronismo no fue un actor secundario en el debate por la suspensión de las PASO. En UxP, muchos de sus compañeros de bloque lo acusan de haber estado detrás de las firmas al dictamen de los diputados de Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y de Raúl Jalil (Catamarca), que fue lo que terminó destrabando la aprobación del proyecto. Sus diputados, luego, votaron a favor de la ley, en línea con la postura “histórica” del Frente Renovador. 

El tigrense, ahora, apuesta a ocupar la “tercera posición” en medio de la guerra fría entre CFK y Axel Kicillof. Sabe, como todos en el peronismo, que la consecuencia directa de la suspensión de las PASO será el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses. Quienes conversan con Kicillof lo ven más decidido que nunca a profundizar su estrategia independentista y descuentan que buscará aprovechar las legislativas locales para plebiscitar su gestión. Frente a esta alternativa, que choca contra la estrategia de la presidenta del PJ Nacional, ofrece una salida: desdoblar, sí, pero no adelantar la elección. 

Massa propone patear la elección provincial para noviembre y, así, unificar las dos campañas —la nacional y la bonaerense— hasta las elecciones generales de octubre. Finalizadas las elecciones nacionales, dejaría la campaña bonaerense en manos del gobernador y los intendentes. Es una alternativa entre varias —el camporismo acompaña, el kicillofismo no—, pero blanquea un hecho: la suspensión de las PASO será el disparo de largada del reordenamiento electoral del peronismo bonaerense. 

“Es un hecho que las PASO vuelan, a partir de ahí queda solo una discusión de fechas. Va a haber un desdoblamiento de hecho, porque ya no va a haber PASO nacionales, pero después hay varios caminos. Y ahí empezará el punteo con Cristina y Sergio para ver qué pasa en la Provincia”, analiza un funcionario kicillofista con asiento en La Plata.

Hoy hay dos caminos posibles. Opción 1: PASO provinciales en julio y elecciones generales concurrentes —es decir, el mismo día, en distintas urnas, se vota a nivel nacional y provincial— en octubre. Opción 2: Kicillof suspende las PASO provinciales y desdobla la elección local de la nacional, que se realizarían en fechas distintas. Si no consigue el número en la Legislatura para eliminar las primarias —que es una posibilidad, de no mediar un acuerdo previo con CFK—, podría desdoblar igual pero nadie en La Plata se entusiasma mucho ante la perspectiva de llamar a votar tres veces distintas.

Las estrategias son varias y dependerán, además, de las expectativas que haya de ganar la elección nacional en PBA. Massa es optimista, CFK no. Pero para ello falta que el Senado defina la última pieza. Recién ahí comenzará el deshielo y, con él, las negociaciones.

El segundo tiempo

Si bien en el peronismo conversan ya como si no fuera a haber PASO este año, el Senado todavía no comenzó a tratar la media sanción de Diputados. Empezará este miércoles a las 15 horas en la comisión de Asuntos Constitucionales, que hoy se encuentra descabezada. Esto se debe a que su expresidente, el peronista entrerriano Edgardo Kueider, fue expulsado luego de que lo descubrieran intentando pasar la frontera con Paraguay con más de US$200.000 no declarados. Será el primer desafío que Victoria Villarruel tendrá que enfrentar antes de que el proyecto obtenga dictámenes y quede listo para el recinto: hacerse con el control de la comisión y evitar que quede en manos de UxP, que es la primera minoría en la Cámara.

El peronismo buscará evitar una fractura como en Diputados, aunque será difícil. Algunos senadores, como el sanjuanino Sergio Uñac, ya anticiparon su respaldo a la suspensión de las PASO. En el interbloque, que lidera José Mayans, esperan, además, que los santiagueños que responden a Zamora, así como el catamarqueño Guillermo Andrada, también acompañarán la iniciativa del Gobierno. Frente a ese escenario, el objetivo del tridente que conduce el interbloque —el formoseño Mayans, la bonaerense Juliana di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti— será reducir el costo político de la fragmentación. 

El interbloque aún no tomó una decisión, ya que todavía no se reunió. La mayoría de los senadores estará regresando de sus vacaciones en estos días. Sin embargo, en la conducción se analiza la posibilidad de dar libertad de acción. Son concientes de no tener mucho margen de acción.

Las cartas, sin embargo, se revelarán el miércoles, cuando los senadores se reúnan en la comisión. Villarruel estará atenta: descuenta que Mayans intentará dificultar el tratamiento del proyecto, pero necesita de los votos de su interbloque si desea poder mostrarle a Milei que logró sancionar la suspensión de las PASO.

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El caso de Cristian Ritondo sigue dando que hablar. En algunas ocasiones, como este miércoles, durante el debate en comisiones sobre el proyecto de ley de Ficha Limpia, su situación judicial del jefe del bloque PRO es parte obligada de los discuros de la oposición no alineada con Javier Milei, para golpear al paraoficialismo donde más le duele: la falta de transparencia de los actos de los funcionarios públicos.

Lo hizo la diputada Mónica Litza, que integra el bloque Unión por la Patria siendo miembro del Frente Renovador y, por lo tanto, responde políticamente a Sergio Massa. Fue en respuesta a la secretaria parlamentaria del bloque PRO, es decir la segunda autoridad después de Ritondo.

El miércoles, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara baja para debatir los nuevos proyectos de Ficha Limpia, que terminaron dictaminados y se votarán el jueves 13 en sesión, Lospennato dijo: “Casi todos los bloques políticos [acompañan], con la obvia excepción del kirchnerismo, que siempre se ha opuesto a la Ficha Limpia. [Pero] este no es un proyecto de un partido político, es un proyecto del gran amplio espectro republicano representado en esta casa del pueblo que es la Cámara de Diputados”.

De inmediato, Litza agarró el micrófono y empezó: “Nos tiene acostumbrados la diputada Lospennato a decir cosas que no son ciertas”. En este sentido, pidió que “dejen de repetir que el kirchnerismo no quiere Ficha Limpia, porque el bloque tiene un dictamen, la orden del día 11-44 del año 2019, así como la orden del día de noviembre del año pasado (cuando el proyecto quedó listo para debatirse en el recinto pero en dos intentos no se consiguió el quórum, en parte por la ausencia nada menos que del bloque La Libertad Avanza). Lamento que la diputada Lospennato, que dijo que recogieron muchas iniciativas de otros diputados, no haya recogido la iniciativa que nosotros proponíamos de ampliar delitos, incluyendo los delitos offshore”.

Entonces, Litza fue directamente al caso Ritondo: “En diciembre del año 2024, unos días después de que nosotros presentáramos el proyecto, salió toda la investigación a cargo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, donde se lo involucra y se lo denuncia al diputado Ritondo, que es el presidente del bloque al que pertenece la diputada Lospennato, en una maraña de controladoras y controlantes en guaridas fiscales muy oscuras, como por ejemplo las Virgenes Británicas o del estado de Delaware, que es uno de los más opacos de Estados Unidos de Norteamérica”.

En relación con la secretaria parlamentaria del bloque PRO, Litza dijo que “habló de ética y de moral la diputada Lospennato”, lo que a su criterio es “un gesto de mucha caradurez”, dado que es “precisamente ella” por Lospennato, la que va exponer en este día, “siendo parte de integrante de un bloque donde su presidente está denunciado por este tipo de acciones delictivas de evasión”. Para Litza, “es tan grave evadir y utilizar estas herramientas (por las sociedades offshore) como enriquecerse con el Estado”.

Cristian Ritondo está involucrado en un presunto caso de corrupción y como jefe del bloque PRO de la Cámara de Diputados tendrá que defender la semana próxima en sesión el proyecto de ley de Ficha Limpia, impulsado para impedirles a las personas que estuviesen condenadas en segunda instancia judicial por delitos de corrupción ser candidatos a un cargo público. Una posible paradoja de la que ya se han hecho abiertamente en el peronismo y que seguramente lo recordarán varios legisladores en el recinto, como ya lo hizo Litza en la reunión de comisiones de este miércoles. Fue un anticipo.

JJD

En la Casa Rosada se mueven como si ya tuvieran el número para suspender las PASO para 2025. Sus aliados se miran entre sí por encima del hombro, sorprendidos ante la posibilidad de que el Gobierno esté negociando con sus votos cuando aún ni ellos consensuaron una postura. Hay dos opciones, especulan: o el peronismo está decidido a allanarle el camino a los libertarios o, en cambio, el oficialismo sospecha que el acuerdo con los gobernadores es tan sólido que le permitirá sortear los pruritos electorales de la UCR y el pichettismo. 

El triángulo de hierro libertario navega confiado en medio de la incertidumbre opositora. Poco después de una cumbre entre Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem y Lisandro Catalán en Casa Rosada, el Gobierno se encargó de hacer llegar un nuevo borrador de proyecto para la reunión de comisión del martes. Solo tenía dos artículos: la suspensión de las PASO para 2025 y la facultad del Ejecutivo para reorganizar el calendario electoral a piacere. Sin intermediar un mensaje previo —casi no hubo contacto durante el fin de semana—, el Ejecutivo anunciaba así que estaba dispuesto a ceder a su idea de eliminar las PASO.

Los radicalismos y el pichettismo de Encuentro Federal observaban con sorpresa. El lunes fue un día de zooms y reuniones y negociaciones furiosas a la espera de acordar una postura interna dentro de los bloques, pero culminaron cerca del fracaso: ninguna bancada tiene una postura unánime respecto a la suspensión de las PASO. Por eso se convocó a un cuarto intermedio para ordenar la discusión. 

En la mayoría de los bloques predominaba cierto coqueteo con la idea de suspender. En Encuentro Federal, la inmensa mayoría acompañaba la idea. En la UCR de De Loredo había una mitad que, empujada por el quinteto radical libertario liderado por Mariano Campero, amagaba con darle al Gobierno su voto. A pesar de ir en contra de su propia supervivencia, ya que la supresión de las PASO, saben, dejará la lapicera en manos de Karina y nadie más. “Todavía creen que no los van a cagar”, ironizan desde el radicalismo que rompió con el bloque y se fue a armar Democracia Para Siempre.

Democracia, mientras tanto, sufre la misma división interna, aunque por motivos distintos. Los diputados de provincias chicas, como Formosa, quieren PASO para armar frentes con otros partidos. Los diputados del AMBA, en cambio, prefieren eliminarlas. Temen que las primarias, en donde suponen que saldrán cuartos, generen un efecto ballotage para la elección general que les termine licuando los votos. 

Ninguno definió aún qué hará este martes a las 14, cuando se reúna el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Los más críticos al Gobierno aprovechan el impulso de la marcha antifascista del sábado para endurecer postura. “Recién mandaron un borrador, que es un mamarracho. No quieren tratar el Presupuesto. Los tipos hacen los que les canta cuando vienen de un fin de semana en donde la sociedad estuvo en la calle diciendo otra cosa. Que bajen un cambio”, mascullaba ayer un diputado de Encuentro Federal que analizaba, como otros compañeros de bloque, no firmar ningún dictamen para obligar a dilatar la discusión.

Imperturbable ante los reclamos opositores, sin embargo, la Casa Rosada decidió profundizar. Mientras que las bancadas de la exoposición dialoguista —cuyo voto LLA necesita— se negaban a adelantarle un poroteo a Gabriel Bornoroni, jefe de bloque libertario, el oficialismo aceleró y decidió convocar formalmente a una sesión para el jueves. En un gesto de confianza excesiva, el Gobierno anticipaba así que creía ya tener los 129 votos para suspender las PASO.

De momento, sin embargo, solo cuenta con el apoyo del PRO y algunas fuerzas provinciales. Los radicalismos y el pichettismo, en cambio, optaron por convocar a un cuarto intermedio. Divididos e inseguros, se niegan a mostrar las cartas. Se miran por encima del hombro, a la espera que el otro defina una posición. 

Los radicales —que son aliados del Gobierno pero necesitan que haya PASO para que Karina no los deje de lado— esperan que Democracia bloquee el proyecto. Los pichettistas quieren ver qué definen los gobernadores, que ayer cuestionaban al Gobierno por no haber cumplido con los acuerdos previos pero que podrían cambiar de opinión cinco minutos antes de la sesión. No sería la primera vez.

Y todos, absolutamente todos, están a la espera de lo que haga el peronismo. 

La incógnita peronista

No hay una postura unánime en el peronismo sobre qué hacer con las PASO. Están las provincias del Norte, que vienen reclamando desde hace años para eliminar las PASO porque los gobernadores o jefes de los PJ locales desean mayor discrecionalidad para cerrar las listas. Hay algunos, como los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, que acompañarán la suspensión. Pero hay otros, como los formoseños de Gildo Insfrán o los riojanos de Ricardo Quintela, que están atentos a lo que defina la mayoría del bloque. “Ninguno quiere quedar pegado votando con el oficialismo. Y menos después de la marcha del sábado”, confiesa un diputado norteño.

Párrafo aparte es la disputa bonaerense. Cristina Fernández de Kirchner se reunió con decenas de dirigentes en las últimas semanas, indecisa respecto de la conveniencia de suspender o no las PASO. Sin primarias, ella tendría todo el control del cierre de listas. Pero eliminarlas le daría vía libre a Axel Kicillof a desdoblar las PASO bonaerenses, lo que escindiría la campaña nacional de la provincial y dejaría al gobernador con el terreno allanado para desarrollar un oficialismo provincial que lo tenga como único lider. Y un kicillofismo bonaerense no es otra cosa que el paso previo para el desarrollo de un kicillofismo nacional.

El cristinismo se encuentra, entonces, en una disyuntiva. La decisión que tome, que impactará sobre la mayoría del bloque, definirá si el peronismo continúa unido o se rompe en la Provincia de Buenos Aires, que es donde mejor mide. 

No definirán una posición hasta último momento. Mientras el oficialismo hacía circular la convocatoria para la sesión del jueves, el bloque de Unión por la Patria estaba reunido en el tercer piso de la Cámara de Diputados, que es donde están las oficinas del jefe de bancada, el santafesino Germán Martínez. Comenzó a las siete de la tarde y se extendió hasta altas horas de la noche. 

Los distintos sectores presentaron sus posturas. Había algunos, como los massistas, que recordaron la posición histórica del partido, el Frente Renovador, respecto de la eliminación de las PASO. Y si bien la mayoría coincidía en que no había que dar quórum el jueves, la decisión final sobre lo que harán ese día es, todavía, una incógnita. 

Y mientras se mantenga una incógnita ni pichettistas ni radicales díscolos se jugarán a salvar al Gobierno. Todos están esperando que sea el otro quien lo haga y no los obligue a votar contra su propia supervivencia. Pero el peronismo no adelanta postura y los diputados están expectantes, como vaqueros que no se deciden a desenfundar el arma hasta que el contrincante mueva primero un dedo.

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Los diputados de Unión por la Patria presentarán una denuncia contra el presidente Javier Milei por lo que consideran amenazas, incitación a la violencia y actos discriminatorio en el marco de discursos de odio. El texto de la denuncia, que apunta específicamente a expresiones vertidas por el primer mandatario en sus redes sociales, ya está listo y la bancada espera la finalización de la feria para presentarlo ante la Justicia Federal.

“No sólo no les tenemos miedo. Sino que vamos a ir a buscarlos hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen”, escribió el Presidente en una publicación en X del 21 de enero que generó múltiples repudios. 

Las expresiones del Presidentes se enmarcaron en un posteo titulado “NAZI LAS PELOTAS”, que Milei escribió en defensa del magnate tecnológico Elon Musk, señalado por hacer un gesto asociable al saludo nazi el día de la asunción de Donal Trump. 

La denuncia fue redactada por la legisladora porteña y jurista Graciana Peñafort a pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez. “Discursos de odio no vamos a tolerar”, apuntan sus propulsores, que hacen matemática judicial para encontrar el momento más oportuno para presentarla. 

Los diputados denunciarán al Presidente por el delito de amenazas (tipificado en el artículo 149 bis del Código Penal), incitación a la violencia (artículo 212) y actos discriminatorios (artículo 3° de la ley 23.592). Todo ello en el marco de “discursos de odio”. Son delitos que pueden ser reprimidos con hasta 6 años de prisión.

La acción penal de la bancada de Unión por la Patria se suma a otras generadas a partir de las declaraciones del Presidente. Esteban Paulón, diputado por el Partido Socialista de Santa Fe, también había presentado una denuncia penal por los “discursos que generan violencia”. 

Asimismo, Gregorio Dalbón --abogado de Cristina Fernández de Kirchner en algunas de sus causas-- presentó una denuncia contra el Presidente por los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación. Milei también fue denunciado penalmente por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, que acusó al presidente de “instigación a cometer delito”

Esas presentaciones judiciales se suman a múltiples manifestaciones de repudio contra los dichos del Presidente en sus redes, que sin embargo fueron parcialmente eclipsados por su discurso posterior en el Foro de Davos en el que, entre otras cosas, sumó expresiones homofóbicas y transfóbicas.  

MT

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Eduardo Valdés, Roxana Monzón, Jorge Antonio Romero y Blanca Osuna presentaron por separado proyectos de ley de repudio a las recientes declaraciones de “persecución ideológica” del presidente Javier Milei, quien apuntó contra “los zurdos hijos de puta” y les advirtió que los iría a “buscar hasta el último rincón del planeta”.

Las iniciativas fueron cofirmadas por 47 legisladores de la bancada presidida por Germán Martínez, lo que representa a más de la mitad del principal bloque opositor.

El 25 de enero pasado, Milei salió en defensa del multimillonario Elon Musk luego del vendaval de críticas por el saludo con el brazo en alto que el magnate realizó durante un mitín de ultraderecha conservadora en Alemania. “Nazi las pelotas”, fue la frase que eligió el jefe de Estado argentino para repeler el aluvión de cuestionamientos que le llovieron al empresario nacido en Sudáfrica.

“Zurdos hijos de putas tiemblen”, disparó Milei, quien agregó: “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD”.

“Estos discursos son inaceptables, y promueven que nos apartemos del pacto democrático que tanto costó sostener. La idea, que creímos perimida, de que un adversario político es un enemigo nos remonta a nuestros peores tiempos y sólo puede traer caos y violencia a nuestra vida cotidiana”, sostiene uno de los proyectos de ley presentados por Unión por la Patria.

Para los diputados del bloque panperonista, “es insólito que en un país que ha sufrido el terrorismo de estado, perpetrado por una de las dictaduras más sangrientas de la historia mundial, un presidente elegido democráticamente se anime a promover nuevamente estos discursos de persecución del oponente ideológico”. 

“La expresión ‘los vamos a ir a buscar hasta el último rincón’ es justamente lo que hizo la dictadura militar para perpetrar los delitos de genocidio y lesa humanidad ocurridos durante el periodo 1976-1983. Los fueron a buscar, los secuestraron, los desaparecieron, los torturaron y luego los mataron. Por eso, no se puede soslayar esta conducta gravísima realizada por el mismísimo presidente de la Nación”, indicaron

Según advirtieron, “los destinatarios de los discursos de odio han sido las minorías sexuales, las personas con discapacidad, los científicos, los pueblos originarios, periodistas, referentes de la cultura, dirigentes sindicales, funcionarios diplomáticos, los propios partidos políticos y sus dirigentes”.

A raíz de estas declaraciones, Milei ya recibió al menos dos denuncias en sede penal: una presentada por el abogado Gregorio Jorge Dalbón, por la presunta comisión de los delitos de amenaza, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley contra la discriminación; y la otra denuncia impulsada por el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, por persecución ideológica y por instigación a cometer delitos.

Los proyectos fueron acompañados entre otros, por los diputados, Daniel Gollán, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard, Jorge Araujo, Andrea Freites, Sabrina Selva, Lorena Pokoik, Eugenia Alianello, Hilda Aguirre, Estela Neder, Victoria Tolosa Paz, Natalia Zabala Chacur, Nancy Sand, Ernesto Alí, Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera y Juan Manuel Pedrini.

Con información de la agencia NA

El presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, apenas pudo descansar este verano. Después de unos breves días en la costa, el diputado nacional por Santa Fe tuvo que lidiar, primero, con el alejamiento de la bancada de su comprovinciano Roberto Mirabella, y luego con el armado de las listas provinciales, donde también el peronismo amenaza con romperse en mil pedazos. “Hay que recuperar la coherencia entre lo que decimos en campaña y lo que hacemos después en las bancas. Vamos a tener que debatir qué pasa en estos casos cuando alguien llega a una banca en función de determinadas ideas y después pasa a representar otras”, afirmó en diálogo con elDiarioAR, apuntando contra Mirabella, pero también contra los Edgardo Kueider y Camau Espínola en la previa del cierre de listas.

Vicepresidente tercero del PJ por la lista de Cristina Fernández de Kirchner, Martínez se refirió también contra quienes se quejan de la “lapicera” de la ex presidenta y admitió que el bloque, aún, no tomó una postura sobre la eliminación de las PASO. “Tenemos que tenerlo en claro: las PASO fueron puestas en agenda por el deseo de Milei de subordinar a Macri”, insiste.

La unidad del peronismo

—¿Qué opinás de la ruptura de Roberto Mirabella con el bloque?

—La salida de un diputado nunca es algo que a un presidente de bloque le resulte positivo. Pero nosotros fuimos elegidos por una plataforma de ideas y valores que no tienen nada que ver con Javier Milei y el lugar donde se expresan esos valores es UxP. Es poco entendible que alguien en un monobloque pueda lograr objetivos que no se puedan obtener en un bloque tan grande como UxP. Mirabella encabezó la lista de diputados en 2021 después de las primarias y todo el peronismo trabajó en su candidatura. Yo encabecé la fiscalización en Rosario. No puede ser que en un momento vos adhieras a un sistema de ideas y de repente pases a representar otras. Tenemos que recuperar la coherencia entre lo que decimos en campaña y lo que después hacemos en las bancas. Más temprano que tarde vamos a tener que debatir qué pasa en estos casos cuando alguien llega a una banca en función de determinadas ideas y después pasa a representar otras. 

—Milei está convencido de que en esta elección arrasa, ¿cuál es la expectativa para el peronismo?

—Nosotros tenemos que ser el canal que vehiculiza la decisión política de todos aquellos que son críticos con la gestión de Milei. El primer objetivo es construir candidaturas en cada una de las provincias que puedan representar políticamente aquellos que quieren otro modelo de país. Después habrá que ver la conformación parlamentaria, pero tenemos que tener en claro que el objetivo es que todo argentino o argentina que se vea perjudicado por Milei y está buscando una alternativa pueda encontrar en UxP una vía para canalizarse.

—Hay muchos dirigentes peronistas que utilizan la crítica a la “lapicera” de Cristina para explicar su distanciamiento.

—Creo que cada uno de nosotros tiene que asumir la  parte de responsabilidad que le toca en construcción de nuestro espacio político. Es cómodo poner la carga de la responsabilidad sobre otro, pero hay que hacerse cargo de las cosas. Los procesos son más complejos que quien maneja la lapicera. Poner la responsabilidad de nuestras decisiones en otros, por más importantes que sean, como Cristina, me parece una cuestión de pereza intelectual y política. 

—¿Qué mirada tenés sobre la pelea entre CFK y Axel Kicillof?

—Es lógico que haya distintas miradas, pero creo que cada uno tiene que cumplir el rol que tiene asignado. Hay temas que se tienen que discutir más cerca de 2027. Y creo que el hecho tener a Cristina como presidenta del PJ es positivo para el conjunto: ayuda a tener una mejor articulación política entre nosotros, ayuda a que seamos una oposición más clara y contundente respecto a Javier Milei, y ayuda a tener una propuesta política alternativa que regenere esperanzas en los argentinos. Y sin duda compañeros como Axel y gobernadores tienen mucho para aportar, pero no es el momento para poner la mirada en términos excluyentes. Necesitamos de cada compañero y compañera. Hay una fuerte demanda de unidad en las bases de nuestro espacio político. Los afiliados, nuestros votantes, nos piden que tengamos unidad respecto a Javier MIlei y eso es lo que tiene que priorizarse.

La agenda de extraordinarias

—Los dirigentes del PRO se pasan a las filas de LLA, el radicalismo también. ¿Hay espacio para generar alianzas con otros sectores de la oposición?

—Ha habido momentos. Desde la asunción de Milei hasta la sanción de la Ley Bases uno encontró en estos espacios políticos una actitud más colaborativa con el liderazgo de Milei, con estos latiguillos de ‘hay que darles las herramientas’. Pero fueron cambiando posición y ahí pudimos articular mayorías, como con la ley de jubilaciones y financiamiento de las universidades. A fin de año, con el veranito financiero, volvieron a tener una actitud condescendiente con Milei. Pero creo que las consecuencias del programa de Milei se están viendo y eso va a permitir que volvamos a tener una articulación constructiva. Por eso la importancia del Presupuesto.

—¿Incluso con el temario actual de extraordinarias?

—Nosotros vamos a estar parados en el mismo lugar. Es importantísimo que la Ley de Presupuesto ingrese a extraordinarias, también la moratoria previsional: un tema sensible que puede dejar sin derecho a la inclusión previsional a un montón de argentinos y argentinas que no tienen la totalidad de aportes y que tiene fecha de vencimiento el 23 de marzo. Milei eligió un temario de la casta para las extraordinarias. Tenemos que poder hacer fuerza con los otros bloques para que la verdadera agenda, la social la productiva, sea la que se plasme en la Cámara de Diputados.

—El Frente Renovador desliza que acompañará la eliminación de las PASO, ¿qué postura tiene el peronismo sobre esta iniciativa?

—Como bloque aún no nos hemos dado un debate interno sobre qué postura adoptar. Sabemos que hay miradas distintas y que no es lo mismo tener un gobierno provincial que no tenerlo o que no es lo mismo tener un Partido Justicialista ordenado que no tenerlo. Yo puedo tener una postura individual, pero lo importante es tener una mirada que sintetice. Y también es importante desnudar lo que pretende hacer el oficialismo. Porque cuando Milei piensa en la eliminación de las PASO piensa en Macri. Milei, después de haber provocado una migración de la base del PRO a LLA, lo que quiere es subordinar a la dirigencia. Milei no quiere que Macri lo mira de igual a igual, lo quiere de rodillas. Y tenemos que tenerlo en claro: las PASO fueron puestas en agenda por el deseo de Milei de subordinar a Macri. 

—¿Por qué crees que el gobierno incluyó Ficha Limpia en el temario?

—Quieren dar una señal hacia sectores del PRO que vienen planteando el tema y pretenden que esto los posicione contra el peronismo. El intento de reinstalar el tema tiene que ver más con esta gestualidad que con un interés real de impulsarlo. Nosotros propusimos un dictamen alternativo de Ficha Limpia, que garantizara que se aplique cuando hay sentencia definitiva y que además ampliaba la cantidad de delitos incluyendo los económicos, como lavado o tener dinero en paraísos fiscales.  Veremos hasta dónde quiere llegar el oficialismo, pero prima facie todo lo que hicieron en 2024 tuvo como único objetivo condicionar los pasos políticos de la dirigenta opositora con más volumen propio que es Cristina Fernández de Kirchner. Es una ley con nombre y apellido.

MC/JJD

El bloque de diputados de Unión por la Patria acusó al Gobierno de no querer que el Congreso funcione y volvió a reclamar a las autoridades del Parlamento que se conformen las comisiones bicamerales para “poder controlar” la renegociación de la deuda y de las privatizaciones.

En una publicación realizada en la red social Instagram, el presidente de la bancada de UP, Germán Martínez dijo que “Milei no quiere la ley de Presupuesto ni que se legisle en un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda púbica”. Martínez dijo que Milei tampoco quiere que “funcionen comisiones bicamerales que son fundamentales para el control parlamentario”. “Por eso volvimos a exigir, por nota, desde el bloque de Unión por la Patria, que se constituyan bicamerales claves”, disparó.

En ese sentido le reclamó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem,  y  a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “cumplan con su función y su responsabilidad” porque “queremos  Congreso funcionando”. Agregó que “queremos que la comisión que sigue los temas de deuda externa funcione. Queremos controlar los fondos de la seguridad social, el FGS. Queremos seguir al derecho lo que pasa con las privatizaciones en la Argentina”. De hecho, la conformación de la comisión de seguimiento de las privatizaciones es reclamada por la mayoría de los bloques opositores.

En la ley Bases se había establecido que esa comisión bicameral tendrá que hacer el control del proceso de licitaciones de las empresas que pueden ser vendidas por el Estado en forma total o parcial o incorporar capital privado. Se trata de Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, y aportar capital privado en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Martínez también reclamó que se constituya la comisión sobre los menores que “se encarga de velar por los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes”.

Con información de la agencia NA