Comodoro Py cierra el año con un movimiento que contradice la presunción generalizada de que se transformó en un lodazal inoperante, imposibilitado de que una causa avance en un lapso menor a un lustro. La mala noticia es que el mecanismo, que resolvió en poco tiempo la instrucción, una disputa por competencia jurisdiccional y decisiones en sentido opuesto en diferentes instancias, se activó para una causa que pugna por el liderazgo en su listado de desmanes jurídicos.

El viernes, el juez federal Daniel Rafecas dio por concluida la instrucción de la causa caratulada “Biasi, Vanina Natalia s/inf. art. 3 de la ley 23.592” y envió a juicio oral a la legisladora de la Ciudad, tras procesarla por presunta incitación al odio religioso.

El caso se originó en una serie de posteos en X de Vanina Biasi, empleada no docente de la UBA, exdiputada nacional, militante del Partido Obrero (PO) e integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Semanas después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando ya se había desatado la respuesta de Israel que terminaría en el asesinato de más de 70.000 gazatíes, Biasi publicó textos como los siguientes.

“El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

“Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.

Al fiscal Carlos Stornelli le parecieron mal esas expresiones, vio delitos consumados y radicó una denuncia, que arribó al juzgado de Rafecas el 29 de noviembre de 2023.

En la elevación a juicio de la semana pasada, Rafecas reprodujo casi todo el texto original del fiscal, pero tuvo la precaución de omitir un párrafo: aquél que citaba a “Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien, entre otras cosas, expresó: ‘Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años’”.

La única persona citada como autoridad validante en la denuncia de Stornelli —Pikholtz— se volvió un problema poco después, cuando opinó en redes que “no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos”. El alto dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no hizo más que reproducir un discurso arraigado en ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu y en medios y redes de Israel y Argentina. De todas formas, la explicitación de esa idea inhumana y supremacista por parte de una autoridad de la DAIA, al tiempo que morían decenas de niños palestinos por día bajo las bombas israelíes, fue demasiado incluso en el contexto de la era Milei, que porta la crueldad como bandera. Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo mencionó en el texto que concluye su actuación.

El titular del juzgado 3 en lo criminal y correccional federal imprimió una inusitada celeridad al expediente, incluso para sus propios estándares, pese a que no es de los más lentos ni forma parte de los jueces y fiscales que actuán como si fueran digitados por los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y/o el chasis de la “mesa judicial” que instauró el macrismo en la última década, camarilla que quedó retratada en la inolvidable excursión a Lago Escondido.

El centro del debate en el expediente contra Biasi pasó a ser si la acusación al “sionismo” de “nazi” y perpetrador de un genocidio constituía un acto antisemita.

Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo menciona en su último texto.

La dirigente del PO expresó en múltiples oportunidades dentro y fuera de la causa su rechazo a los agravios antijudíos, pero reivindica su oposición al sionismo, que es un movimiento de autodeterminación nacional en “el Monte de Sion” (Jerusalén), nacido en siglo XIX y coronado en 1948, pocos años después del Holocausto. Como la deriva posterior significó la ocupación de los territorios palestinos en un régimen que Human Rights Watch y Amnesty International califican como apartheid, y se repitieron matanzas en Gaza y Cisjordania, a veces en represalia por ataques terroristas, para la izquierda trotskista y mucho más allá, el sionismo es inescindible de lo que haga el Estado de Israel.

Para quien escribe, esa identificación es a todas luces errónea e injusta. Por empezar, porque hay sionistas dentro y fuera de Israel que denuncian el genocidio perpetrado en Gaza desde octubre de 2023. Más de un tercio de los judíos de la ciudad de Nueva York, muchos de ellos sionistas, votaron por el demócrata de izquierda Zohran Mamdani como alcalde, quien denunció repetidamente la masacre en el territorio palestino. Se trata de un principio elemental. Una cosa es el nacionalismo israelí, argentino o guatemalteco, y otra cosa es lo que hagan los gobernantes y los militares en su nombre.

Los ejemplos de israelíes sionistas, sobrevivientes del Holocausto o sus descendientes que expresan solidaridad con las víctimas de Netanyahu y sienten ofendida la memoria del pueblo judío son numerosos, algunos muy notables. Entre ellos, Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto y de Genocidio en Brown University, exsoldado del Ejército israelí, quien escribió en julio pasado en una columna en el New York Times: “Es una conclusión dolorosa, a la que me resistí todo lo que pude. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino”.

Salta a la vista

El paso del tiempo no favoreció la ofensiva contra Biasi. Los muertos palestinos, que a fines de 2023 eran miles, pasaron a ser decenas de miles, y llegarían a centenares de miles por la crítica situación humanitaria en Gaza, según proyecciones académicas de universidades europeas y estadounidenses. La palabra “genocidio” comenzó a ganar terreno y llegó a la boca del papa Francisco, académicos como Bartov, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, gobernantes como Gabriel Boric y Pedro Sánchez, y expertos de máximo nivel que elaboraron un informe para el Consejo de DDHH de la ONU. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y la Corte Internacional de Justicia tramita una causa contra el Estado de Israel bajo la figura de genocidio.

En todo caso, la acepción de sionismo, si Israel comete o no un genocidio, si los palestinos no merecen un Estado hasta que repudien unánimemente los actos terroristas de las Brigadas Al Qassam de Hamás o si los palestinos o los judíos deben ocupar todo el territorio “desde el río hasta el mar” —lo que supone la no existencia del país del otro— forman parte de debates políticos, que pueden ser altisonantes o agresivos, pero legítimos. El límite debería ser el derecho internacional. Sobran expresiones de líderes árabes que rechazan la mera existencia de Israel como país, sin ningún reconocimiento de derechos a sus diez millones de habitantes. También ocurre lo contrario: políticos israelíes que llaman a terminar de ocupar Gaza y Cisjordania, e impedir para siempre la creación de un Estado palestino. Salta a la vista una diferencia. Esto último está ocurriendo.

El expediente contra Biasi transcurrió entre argumentos, testigos y amicus curiae que apuntaron que ser antisionista equivale a ser antisemita, y quienes defendieron el derecho a denunciar un genocidio.

En paralelo, surgió otra causa, que esta vez tuvo a Biasi como denunciante. En las semanas siguientes al ataque de Hamás, la entonces diputada nacional recibió unas 250 amenazas de muerte. Gran parte de los mensajes recibidos fueron proferidos por alumnos adolescentes que incorporaron su número a la fuerza a chats grupales, a veces compartidos con sus padres.

Uno de los mensajes recibidos:

“Antisemita Hdp,”Ojalá te mueras con los árabes“, ”Basura“, ”Te van ir a buscar“, ”Forra“, ”Hija de puta, negra de mierda, la concha de tu hermana, puta barata, palestina hija de puta, chupame bien la poronga hija de puta. Te voy a re cagar a tiros hija de puta, puta barata. Chupamela y haceme un pete puta del orto. Te voy a tirotear y te voy a descuartizar la cabeza hija de puta“.

El autor de este texto emitido el 10 de octubre de 2023 por la noche fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, entonces de 27 años. Fue condenado a realizar en probation los cursos “Discriminación, un problema social que nos convoca a todos” y “Comportamiento ciudadano”, y a pagar $100.000.

Rafecas procesó a Biasi por inicitación al odio en abril pasado, semanas antes de la elección a legisladores de la Ciudad, para las que la dirigente trotskista encabezaba la lista del FIT. Una fuente con acceso al expediente explicó que los dichos de Biasi “prácticamente estaban instigando un nuevo atentado antisemita”, una hipérbole imaginativa que parece reflejar la debilidad del procesamiento.

En agosto, antesala de las legislativas de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia —camaristas puestos en comisión por Mauricio Macri— junto a su colega Mariano Llorens, ratificaron el procesamiento. En octubre, el mismo tribunal dispuso que el expediente debía ser tratado en la Justicia ordinaria de la Ciudad (no federal), pero la semana pasada, la Cámara de Casación Federal ordenó lo contrario. Con la “instrucción” concluida, Rafecas decidió habilitar el juicio oral.

Parecido y diferente

De Stornelli, el denunciante original, no hay mucho por agregar. Hace años que sus decisiones parecen una huida hacia adelante motorizada por los presuntos delitos que cometió, como tentarse con plantarle droga al ex de su actual pareja o hacerle una cámara oculta a un abogado defensor con fines extorsivos. Cabe reforzar el adjetivo “presunto”, porque la camarilla de Comodoro Py fue implacable para enterrar cualquier posibilidad de investigación que afectara a uno de sus principales miembros.

Tampoco es necesario abundar sobre el fiscal asignado a investigar la denuncia contra Biasi, Eduardo Taiano, el mismo que estaqueó el expediente de la estafa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei, y mantiene con respirador artificial la causa por el suicidio de Alberto Nisman, impedido de avanzar por sus propios desmanejos

La trayectoria de Rafecas es distinta. No sólo sería un error ubicarlo dentro de la trama más sórdida de Comodoro Py, sino que padeció la artillería que ahora celebra sus decisiones. Fue uno de los jueces de primera instancia más incisivos y eficientes en las causas de lesa humanidad durante la última década. En sus decisiones, profundizó en la vertiente que estudia los nexos teóricos y procedimentales entre el terrorismo de Estado en Argentina y el Holocausto.

Diez años atrás, cuando demostró con argumentos contundentes que la denuncia de Nisman contra Cristina por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA constituía un engendro mal elaborado, Rafecas fue puesto en la mira por el Grupo Clarín, la DAIA y la Asociación Empresaria Argentina. El diario La Nación publicó solicitadas a repetición en su contra, encabezadas por la firma Saguier.

No existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Pasó el tiempo, el juez reparó diferencias con la DAIA, se dejó halagar en actos públicos; salió de la mira de Clarín y La Nación; administró los tiempos de las causas sensibles —signo de identidad de Comodoro Py— y soportó la oposición de Cristina a su designación como procurador general, en el marco de la pelea entre la entonces vicepresidenta y Alberto Fernández.

Así recompuso su imagen hasta que llegó al punto de que de su firma salió un procesamiento con argumentos pueriles y el ocultamiento del mentor de la denuncia —Pikholtz— contra una dirigente que denunció el presunto genocidio en Medio Oriente.

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, resulta irrelevante si un fiscal, un juez o un periodista aprueba el uso de determinados términos. Se puede polemizar con el abordaje de Biasi sobre Gaza, pero no existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Subyace un fin último, con seguridad, el más importante.

En pocos países como Argentina hubo tal silencio ante la matanza en Gaza, definido por historiadores como el primer genocidio constatado en tiempo real a través de las redes sociales. Los dirigentes políticos que denuncian lo mismo que Bartov o Francisco son contados. A saber: los legisladores del FIT, algún kirchnerista que compensa con otro en sentido contrario, Juan Grabois, el exPRO Nicolás Massot y pocos más. En el peronismo prima el silencio, mientras que, en la derecha y la ultraderecha, la adhesión a Netanyahu y Donald Trump es una prueba automática de identidad.

Así, queda consumada una paradoja. En un país cuyo Presidente agravia, insulta y amenaza impunemente, con frecuencia diaria, a personas por su ideología (“zurdos de mierda, los vamos a perseguir”), a determinados trabajadores (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”), a familiares de desaparecidos (Lemoine, su maquilladora, se rie de quienes fueron arrojados al río); trata como subhumanos a quienes se oponen a sus políticas, expresa misoginia sin inhibiciones, discrimina a los musulmanes y todo aquel que no forme parte de lo que entiende como Occidente y atribuye perversiones a los gays (“son pedófilos”), Rafecas elige llevar a juicio a una de las pocas voces del espacio público que nombra la palabra Gaza.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La diputada nacional, Vanina Biasi, había llegado temprano a Comodoro Py. El imponente edificio de la justicia federal porteña no era algo ajeno para ella. Vanina había ido varias veces como manifestante y en apoyo a distintas causas que se tramitaban allí. Desde el juicio por el asesinato en 2010 de su compañero del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra, hasta las decenas de detenidos durante las protestas por la Ley Bases en el Congreso, el inmueble ubicado en el bajo porteño era un punto de encuentro habitual entre los militantes de izquierda. Pero esa mañana del 15 de octubre del 2024, por primera vez, Vanina no iba por la causa de otro compañero.

“Las opiniones sobre mis opiniones deben tramitarse en un debate en una facultad y no en un juzgado federal”, le dijo Vanina al juez federal, Daniel Rafecas y al fiscal, Eduardo Taiano, ni bien entró y se sentó frente a ellos.

Rafecas y Taiano la esperaban para comenzar su indagatoria, tras haber sido denunciada por el delito de “discriminación”. La diputada del PO, en su cuenta de X, había criticado el accionar bélico de Israel en la Franja de Gaza, denunciando un “genocidio” y llamando “nazi” a las autoridades del gobierno israelí. La misma crítica en la red social había sido señalada por distintas organizaciones y personalidades destacadas de los derechos humanos, pero la denuncia ─impulsada, a su vez, por la DAIA─ recayó solo en la principal candidata del Frente de Izquierda Unidad (FITU) para las próximas elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa mañana en Comodoro Py, ni Rafecas, ni Taiana hicieron comentarios sobre la causa. Ambos, desde ese momento, tenían diez días hábiles para dar una sentencia, pero tardaron cuatro meses. Para Rafecas, los comentarios de Vanina “no superan el análisis que permitiría considerarlos en el ámbito del legítimo ejercicio del derecho de la libertad de expresión”. El 7 de abril, en medio de la campaña porteña, Vanina fue procesada por el juez federal. El 29 de ese mes, junto a su abogada, apelaron el fallo, pero –esta vez– no pudo asistir a Comodoro Py. Una neumonía bilateral la dejó en un reposo estricto, a una semana de las elecciones del 18 de mayo. El territorio, para la diputada, siempre fue crucial en su historia de militancia. “Sin territorio, no hay política directamente”, le dice Vanina a elDiarioAR a través de mensajes escritos de WhatsApp.  “Necesito salir ya”, bromea luego.

De Pinar de Rocha al Congreso

El sonido de la cumbia la aturde. La pista del boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, está repleta. Es un sábado del 2001, plena crisis económica, y Vanina, de 27 años, atiende la barra del lugar. En la semana trabaja como personal no docente de la Universidad de Buenos Aires, vive en la zona sur de Capital Federal, tiene un hijo y pareja, pero la plata en casa no alcanza. Nunca fue de salir a bailar, de chica prefería los libros a los boliches, pero la crisis ese año empuja a nuevas experiencias. Y Vanina, a esa edad, ya las tiene. 

Hay respuestas que solo se ven en la acción. Emociona ver a Vanina y sus compañeros del FITU. No vienen muchos diputados a marchar con los viejos. Esa es la verdad

Liliana Cereda — Jubilada

En los ’90, cuando empezó su militancia en la facultad de Filosofía y Letras, vendió paquetes bancarios para el extinto Banco de Crédito Argentino. “Odiaba las ventas y más de paquetes bancarios. Era un fracaso”, se sincera la diputada. Luego, a partir del 2000, trabajó en el Museo del Rock del barrio de San Telmo, un histórico boliche rockero de la Ciudad. Una noche en la que sonaba Charly García al palo, conoció a Fabiana Puebla, una joven que iba a bailar seguido al Museo. Por esos años, ni Vanina, ni Fabiana, sabían que lo que verdaderamente las iba a unir sería una tragedia. “Nos volvimos a reencontrar después del 30 de diciembre del 2004, cuando se prendió fuego Cromañón”, cuenta Fabiana, de 47 años y sobreviviente del incendio de Once que se cobró la vida de 194 jóvenes. 

“Ella acompañó a muchos familiares y sobrevivientes desde el primer momento”, señala Fabiana. “No conozco a muchas militantes como Vani.  Hace 20 años que banca cada lucha que emprendemos. Marchas, convocatorias. Siempre poniendo el cuerpo”, agrega la sobreviviente.

Vanina recuerda esas experiencias laborales en boliches como “gratas”. “Con varios compañeros del Museo militamos después en la causa Cromañón, era un lugar de ritual por entonces y ese hecho nos marcó”, cuenta la candidata a legisladora de 51 años. Esa causa, por supuesto, no sería la única que abrazaría.

Entre debates y gases

Es un miércoles, las dos de la tarde y en la escuela porteña Carlos Pellegrini de la calle Marcelo T. de Alvear 1058, los alumnos se agolpan sentados en una chanchita techada. El centro de estudiantes del colegio organizó un debate entre algunos legisladores de las principales listas. Vanina tendría que estar acá, pero en su reemplazo asiste Celeste Fierro, tercera en la lista del FITU para estas elecciones. Celeste es una cordobesa que no pierde su tonada. Nació en Unquillo, pero se crio en la ciudad de Villa Allende, ubicada a 19 kilómetros de la capital provincial. Acompañó a Vanina en 2023, durante la candidatura de Biasi como Jefa de Gobierno, elección en donde el Frente de Izquierda obtuvo la mayor cantidad de votos para ese puesto desde la creación del partido. En esos comicios, la actual diputada del PO obtuvo un porcentaje del 4,3% del padrón, sumando 10.000 votos más que en las PASO. 

“Ella pone mucho el cuerpo afuera del recinto y esas candidatas a nosotras nos representan mucho”, destaca Fierro. Al debate en el Pellegrini invitaron a los principales partidos porteños, pero solo uno se negó a asistir: La Libertad Avanza que lleva a Manuel Adorni, el vocero presidencial. Según los estudiantes, los libertarios rechazaron la invitación. “Para enfrentar a la ultraderecha, hay que ser radical en las propuestas”, retoma Celeste. “Por eso el voto útil el 18 es la izquierda. El peronismo como alternativa opositora fracasó. Todos los líderes de sindicatos de la ciudad son peronistas y no hicieron nada para defender a los laburantes”, apunta la también candidata por el FITU. 

Los estudiantes del secundario se sientan en el piso, mientras aguardan el inicio del debate. No es el primero que Vanina se pierde. El 29 de abril, en el Canal de la Ciudad, los candidatos que lideran las principales listas discutieron sus propuestas cara a cara. En su reemplazo fue Lucas Bonfante, 26 años, estudiante de historia y segundo en la lista. Hay varios jóvenes que integran la boleta del FITU. Tatiana Fernández tiene de 21 años y es candidata a legisladora. Conoció a Vanina a los 13 años, cuando ella era estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires y la diputada trabajadora no docente de la UBA. “Siempre que había movilizaciones para defender a los docentes o defender el presupuesto universitario, ella estaba presente. Sobre todo en las luchas que llevamos adelante las mujeres y las diversidades por el aborto legal”, cuenta Fernández. Hay una imagen que la militante no olvida. En 2020, tras la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Vanina la buscó en las inmediaciones del Congreso y la abrazó junto a sus compañeras. 

Creo que la llegada de Milei hizo que más jóvenes se sumen a la izquierda

Vanina Biasi — Candidata del FITU

“Creo que la llegada de Milei hizo que más jóvenes se sumen a la izquierda”, explica Biasi. “La frustración por el avance de la derecha y la colaboración de peronistas y radicales con el poder de turno, hizo que la izquierda tenga una oportunidad muy importante para impulsar sus propuestas de ahora en adelante”, agrega la referenta del PO. La llegada de más militantes al partido tiene un correlato en las actuales elecciones de medio término. En Salta, la izquierda está cerca de volver a incorporar legisladores. En Jujuy, según las últimas encuestas, están terceros. En Capital Federal, de las 16 listas, el FISU se posiciona entre los seis primeros partidos. “Es un momento de transición”, asegura Biasi.

Ahora son las tres de la tarde y el debate en el Pellegrini terminó, pero no la agenda del miércoles de Vanina. En una hora, si estuviera por la zona, asistiría a la marcha de los jubilados en el Congreso. La diputada acompaña su reclamo desde que el Gobierno recortó los medicamentos del PAMI. Tan es así que en su pierna aún tiene la marca de los seis balazos de goma que recibió del 31 de enero del 2024, luego de que la policía motorizada reprimiera en el inicio deL debate por la ley ómnibus. Los gases también los conoce bien. Uno de los tantos miércoles, un policía la gaseó con tanta precisión que le generó conjuntivitis química. Desde entonces su vista quedó afectada. “En la vida me comí muchos gases ojo, pero estos están seleccionados por un sommelier de gases nazi”, denuncia Vanina. 

Liliana Cereda, jubilada de 71 años y militante de una asamblea barrial, es testigo del apoyo de Biasi en la marcha de los miércoles. “hay respuestas que solo se ven en la acción”, dice Liliana. “Emociona ver a Vanina y sus compañeros del FITU. No vienen muchos diputados a marchar con los viejos. Esa es la verdad”, confiesa la jubilada. 

La marcha, como es usual, terminó nuevamente en represión, y Lucas Bonfante recibió atención médica tras ser gaseado.

La persecución judicial

Es viernes y en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en el barrio de Caballito, hay un cartel del FITU con la cara de Vanina intervenida. Le dibujaron unos bigotitos y escribieron la palabra “nazi” abajo. Para Vanina, su reciente procesamiento no es casual. “Creo que esa persecución muestra a un poder judicial corrompido”, retoma la diputada.

“La DAIA tuvo a Carlos Stornelli como su instrumento para abrir la causa y luego a Taiano, que le pone más énfasis en investigarme a mí que al caso Libra, donde es el fiscal a cargo”, remarca la candidata porteña. Y agrega: “El poder judicial quiere silenciar la denuncia contra un genocidio y hacerlo particularmente contra una diputada y encima ejecutando el fallo para incidir en una elección. Muy ”sutil“ todo”, ironiza la diputada.

Vanina, dice, está decidida en convertir la provocación judicial en una oportunidad para denunciar el “exterminio” del pueblo palestino. Lo primero que haga cuando se recupere de su pulmonía, cuenta, es volver al territorio. “A todos los territorios”, dice.

FLD/MG

Israel sufrió el peor ataque terrorista de su historia el 7 de octubre de 2023. Milicianos de la organización islamista Hamás vencieron con facilidad impensada el cerco que separa a la Franja de Gaza del sur de Israel y atacaron pueblos, kibutz y ciudades. Ingresaron a casas, asaltaron una fiesta electrónica, cometieron todo tipo de abusos y mataron a más de 1.130 personas, incluidos unos cuarenta niños. Integrantes de las Brigadas Al-Qassam —brazo terrorista de Hamás— y otras organizaciones secuestraron a 251 personas, de las cuales 21 permanecen en cautiverio, 147 fueron liberadas en intercambios por miles de prisioneros palestinos y el resto habrían muerto, asesinadas por Hamás y por los incesantes bombardeos israelíes.

Desde entonces, el Gobierno de Benjamín Netanyahu emprendió una ofensiva que le ha valido una acusación por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Otro tribunal, la Corte Penal Internacional, emitió en noviembre pasado órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra contra Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant, y un líder terrorista de Hamás presuntamente muerto, Mohammed Deif.

En esa línea, el fallecido papa Francisco pidió investigar un probable genocidio y Amnistía Internacional y Human Rights Watch, dos de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, concluyeron que ese delito fue consumado tanto por el ataque directo contra la población de Gaza como por la destrucción de ciudades, hospitales e infraestructuras, o la privación premeditada de comida, medicamentos y agua durante meses.

El concepto jurídico establecido en la Convención sobre el Genocidio de 1948 supone probar el intento de aniquilación de un grupo humano por razones de raza, nacionalidad, religioso, etc. Otras voces internacionales e israelíes optaron por definir lo actuado por las Fuerzas de Defensa de Israel como limpieza étnica, crímenes de guerra y apartheid. En denuncias de este tipo se inscriben organizaciones israelíes como B’Tselem, ACRI y Yesh Din, y el diario Haaretz.

Desde el 8 de octubre de 2023, murieron más de 61.700 personas en Gaza —de las cuales 17.500 son niños— y 905 —181 niños— en Cisjordania, el territorio palestino más extenso, donde también recrudecieron los ataques de las FDI y los colonos israelíes. Las cifras son provistas por los ministerios de Salud de Hamás en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania, y fueron validadas por organismos internacionales y estudios académicos de investigadores de todo el mundo, incluidos israelíes, publicados en revistas científicas y en universidades de máximo prestigio.

Cada día que pasa da lugar a nuevas atrocidades. En un notable trabajo de días atrás, el New York Times reconstruyó cómo fueron ultimados quince trabajadores humanitarios emboscados por el Ejército israelí y enterrados en una fosa común.

El Ejecutivo de Netanyahu, que incluye a aliados de ultraderecha abiertamente racistas, acaba de aprobar un plan de ocupación permanente de Gaza. Se sabe que Donald Trump pretende llevar a cabo grandes emprendimientos turísticos del estilo de Mar-a-Lago una vez que logre reubicar a los dos millones de palestinos que hoy se encuentran allí desnutridos, viviendo en carpas, bajo las bombas y bloqueados por Israel en el norte y Egipto, en el sur.

La política argentina parece no haberse enterado de la masacre en curso.

Excepciones

Sometida a debates sobre internas endogámicas, criptoestafas, groserías del ultra, balbuceos de su hermana, griteríos de los streamings, senadores en venta y la lista del peronismo por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, la clase dirigente argentina no tiene tiempo para observar lo que pasa a distancia.

Hay excepciones. Una de ellas es Milei, quien adoptó, como ningún otro mandatario del mundo —ni siquiera Trump—, un seguimiento pavloviano de todo lo que haga Netanyahu. En las horas más bajas de la historia de la política exterior argentina en democracia, el Presidente dejó claro que el 100% de las decisiones en la materia seguirán los mandatos de Estados Unidos e Israel. Semejante sesgo tiene su recompensa con premios de cartón que entregan organizaciones ultraderechistas en Miami o Tel Aviv.

Hay excepciones. Una de ellas es Milei, quien adoptó, como ningún otro mandatario del mundo —ni siquiera Trump—, un seguimiento pavloviano de todo lo que haga Netanyahu.

En la otra punta, Myriam Bregman (PTS) y Vanina Biasi (PO), ambas integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, denuncian el “genocidio” cometido contra los palestinos. A la primera le cayó un vendaval cuando se desmarcó, en una breve intervención, de la expresión unánime de los candidatos presidenciales (Massa, Bullrich, Schiaretti y Milei) que se plegaron sin matices a Israel, en ocasión del debate de octubre de 2023. Biasi, quien suele manifestarse contra el “terrorismo sionista”, fue procesada en abril pasado por el juez federal Daniel Rafecas, en virtud del presunto delito de discriminación.   

Del resto de los protagonistas de la política, poco y nada. Cada tanto, alguna voz perteneciente a partidos que integraban la extinta coalición Juntos por el Cambio participa de un acto institucional de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) o de la Embajada de Israel, y reclama la liberación de los secuestrados, con más fotos que palabras.  

Termómetro

Como un termómetro del estado de situación, cabe citar dos editoriales escritos esta semana. Uno en Financial Times, el diario por excelencia de la comunidad financiera, y otro en Haaretz, periódico de centroizquierda israelí, voz bastante aislada en un país volcado hace años a la derecha, que se las ingenia con valentía para reivindicar la existencia del periodismo.

Financial Times

“Las tasas de desnutrición de los niños está creciendo, los pocos hospitales que funcionan se están quedando sin remedios y las advertencias de hambruna y enfermedades suenan cada vez más fuertes. Sin embargo, Estados Unidos y los países europeos, que consideran a Israel un aliado que comparte sus valores, apenas emitieron una palabra de condena. Deberían avergonzarse de su silencio y dejar de permitir que Netanyahu actúe con impunidad”.

Haaretz

“No podemos apartar la mirada de las imágenes de niños asesinados en Gaza. Podemos seguir ignorando el número de palestinos asesinados en la Franja, cuestionando la credibilidad de las cifras y utilizando todos los mecanismos de negación y justificación. Nada de esto cambiará la amarga realidad: Israel los mató. Fue hecho por nuestras manos. No queremos ver la foto de la niña. Si la miramos, nos sentimos culpables. No nos queremos sentir culpables, porque el 7 de octubre nos pasó a nosotros, no a ellos. Y no queremos abandonar ese sentimiento, ni siquiera cuando matamos a miles de niños en su nombre. (…)'Se lo buscaron', nos decimos, y seguimos justificando una guerra que desde hace tiempo se ha convertido en una venganza desenfrenada. (…) Los israelíes pueden seguir ignorando cualquier evidencia que demuestre de primera mano la masacre en Gaza. Los medios de comunicación pueden seguir incumpliendo su deber y no exponer a los israelíes a lo que se está haciendo en su nombre y a través de sus hijos”.   

La reacción ante la deriva atroz en Gaza enciende reacciones en la comunidad judía de diversos países en los que tiene peso. Por caso, en Estados Unidos, académicos, intelectuales y artistas como Tony Kushner, Ilana Glazer, Naomi Klein y Joaquin Phoenix firmaron, el 13 de febrero pasado, una solicitada junto a nada menos que 350 rabinos bajo el título “Personas judías dicen no a la limpieza étnica”. Una de las convocantes del texto publicado en New York Times, la rabina Toba Spitzer, a la cabeza de la organización Dorshei Tzedek, argumentó como “de vital importancia que, en la comunidad judía estadounidense, nos unamos a todos aquellos que se niegan a aceptar este plan perverso. El sueño de Hitler de convertir a Alemania en una ‘Judenrein’, ‘limpia de judíos’, condujo a la masacre de nuestro pueblo”.

En Argentina, la perspectiva humanista, progresista y/o de izquierda en la política ha contado con pilares judíos desde su nacimiento, pero no surgió nada parecido a las protestas colectivas contra la matanza en Gaza. Hay, sí, voces individuales, alguna agrupación informal o pronunciamientos esporádicos, pero la DAIA y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) llevan la voz cantante con muy pocos contradictores. No hay en el horizonte argentino alguna hipótesis de que decenas de rabinos se levanten para denunciar una “limpieza étnica” en Gaza.

Las voces progresistas o humanistas de la comunidad judía argentina centraron su atención en la denuncia de lo que perciben como un rebrote de antisemitismo en el mundo, en particular desde la izquierda, y en reclamar la liberación de los secuestrados por Hamás.

Ariel Gelblung, director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, dedicado a combatir el antisemitismo, describe un sentimiento de “soledad” tras la mañana de terror de 2023 que abroqueló a toda la comunidad, incluidos quienes miraban a distancia a la dirigencia de DAIA o AMIA, y mucho más a Netanyahu. “Son los que llamo ‘judíos del 7 de octubre’”, resume en alusión a muchos, más bien laicos, probablemente progresistas, que retomaron su judeidad aquel día.

El director del Centro Wiesenthal pone de relieve las lógicas políticas de Estados Unidos e Israel para comprender por qué en esos países hay una corriente, minoritaria pero existente, que tomó la bandera de denunciar las atrocidades en Gaza.

Meretz es el histórico partido de izquierda pacifista israelí. Está de capa caída, como toda la izquierda en ese país. Su representación en la Argentina también apunta a denunciar lo que interpreta como resurgimiento del antisemitismo, y hasta apoya el proceso llevado a cabo contra Biasi, la candidata del FIT, a instancias de una denuncia presentada por el fiscal Carlos Stornelli e impulsada luego por la DAIA.

La pluma de Stornelli

El texto original de la presentación del fiscal que cobró fama por sus andanzas presuntamente extorsivas junto a Marcelo D’Alessio —el falso espía y panelista de Alejandro Fantino— encierra una paradoja surrealista. Stornelli cita a una única persona en respaldo de su texto. “Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien, entre otras cosas, expresó ‘Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años’”.

Pocos días después de esa expresión que mereció la atención de Stornelli, Pikholtz tuiteó: “No hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos”. Esa crueldad no sólo recogió el odio más abyecto de las redes, sino también ideas expresadas con cierta frecuencia por funcionarios y mediáticos de la TV israelí.

La declaración causó estupor entre gran parte de sus pares y Pikholtz perdió su puesto en la DAIA. Fuentes comunitarias relatan que el dirigente desplazado no se rinde y cada tanto encabeza una ofensiva para recuperar su silla. Por ahora, no lo logra.

Gelblung fue propuesto como testigo por la DAIA en el expediente originado en Stornelli y conducido por el juez Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano. El titular del Centro Wiesenthal sostiene la hipótesis inicial de Stornelli: el antisionismo equivale al antisemitismo.

La denuncia menciona dos expresiones de Biasi. En una de ellas, la diputada trotskista aludió a la liberación de la niña Emily Hand, secuestrada el 7 de octubre y liberada cincuenta días después. En el medio, hubo versiones de que la pequeña había sido asesinada. “Miles sufriendo porque Emily había sido asesinada y finalmente todo era una construcción narrativa sionista”, tuiteó Biasi. “El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología”, escribió en otro posteo.  

En el transcurso del expediente, Rafecas y Taiano ameritaron otros mensajes de Biasi en los que agregó que “lo de los haters sionistas en las redes y los medios es complicidad directa con el genocidio” y “sigue la narrativa en la que el ocupante es víctima y el ocupado, victimario”.

“Cuando a una nación democrática la llamás ‘Estado genocida’, estás diciendo que toda la gente que vive allí y vota son personas malignas y están alentando un genocidio”, razona Gelblung ante elDiarioAR.

El director del Wiesenthal percibe un auge de “las tres d”. “Demonización de Israel, haga lo que haga; deslegitimación porque ‘no tiene derecho a existir’; y doble estándar, porque se juzga a Israel con vara diferente”.

Gelblung admite que hay expresiones estigmatizantes a diario en la política y los medios sobre otras nacionalidades, ideologías o colectivos, a los que se relaciona con la depravación sexual, terrorismo, suciedad, nazismo, imperialismo o robo. Resonó en estos días el relator de Radio Mitre, Gabriel Anello, ejemplo andante de la impunidad que supone discriminar a mansalva.

Con lógica, Gelblung aduce que a las organizaciones comunitarias les corresponde la acción penal en lo atinente al presunto antisemitismo, y otras entidades y personas estarán validadas para reclamar por actos de discriminación de otra índole.

Sionismo, judaísmo, Israel

El sionismo es un movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío a su tierra ancestral, “el Monte de Sion”, nacido en siglo XIX y coronado en 1948, pocos años después del Holocausto y tras una cruenta guerra con los palestinos. Hay sionistas de derecha e izquierda, laicos y religiosos, que quieren exterminar a los palestinos o que proponen la convivencia en dos estados, o en uno, sin apartheid. También hay judíos no interesados en absoluto en vivir en el monte de Jerusalén por razones religiosas, cívicas o personales, y que pueden ser de cualquiera de esas vertientes.

En octubre de 2023, tras los tuits que pusieron en marcha a Stornelli, Biasi recibió unas 250 amenazas de muerte a ella y su familia, y agravios de todo tipo en su whatsapp personal, según consta en expedientes del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de los mensajes recibidos fueron proferidos por adolescentes.

"Antisemita Hdp,“Ojalá te mueras con los árabes”, “Basura”, “Te van ir a buscar", “Forra”, “Hija de puta, negra de mierda, la concha de tu hermana, puta barata, palestina hija de puta, chupame bien la poronga hija de puta. Te voy a re cagar a tiros hija de puta, puta barata. Chupamela y haceme un pete puta del orto. Te voy a tirotear y te voy a descuartizar la cabeza hija de puta”. El autor de estos mensajes emitidos el 10 de octubre de 2023 por la noche fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, de 27 años, según consignó el fiscal contravencional Hernán Biglino. Attar Cohen fue condenado a realizar en probation los cursos ”Discriminación, un problema social que nos convoca a todos“ y ”Comportamiento ciudadano“, y a pagar $100.000.

La diputada nacional y candidata a legisladora del FIT admite que hay sionistas que comparten la deriva de Israel y otros que la rechazan, pero reclama que corren las generales de la ley cuando alguien señala que “el peronismo o el trotskismo son tal cosa o tal otra; son expresiones políticas”. En diálogo con elDiarioAR, Biasi reivindica para sí el derecho a decir que “el sionismo como movimiento político hoy está justificando el genocidio, y eso no impide ver que hay sionistas que denuncian lo que hace Netanyahu y representan un aporte muy importante, como Ezequiel Kopel”.

El FIT históricamente defiende el “derecho a la resistencia del pueblo palestino” y el PO, en particular —al que pertenece Biasi— es renuente a cuestionar a la organización que comete actos terroristas. La candidata a legisladora describe a Hamás como una “organización teocrática que destruyó un movimiento laico” y que elige el camino de la violencia, lo que lo pone —dice— en una vereda opuesta al PO. “Mi partido nunca tomó las armas. Jamás sería teocrático y jamás en mi vida defendería algo que han hecho Montoneros o el ERP, y no por eso voy a dejar de denunciar a la dictadura genocida”.

“No quiero que pongan en mi boca que tengo que portar primero que nada el cartel ‘Hamás terorrista’ cuando hablo de Palestina, si hay un pueblo que hace cincuenta años resiste un apartheid”, insiste Biasi.

Escarmiento

El 7 de abril, Rafecas procesó a Biasi por presunta violación a la ley antidiscriminatoria. La línea central de la resolución fue que “criticar al sionismo o al Estado de Israel en su totalidad es responsabilizar a la comunidad judía por los actos del Gobierno israelí, y ello lleva a visibilizar e incitar al odio contra aquella comunidad”.

En su apelación al procesamiento, Biasi sostuvo que atribuirle un agravio al pueblo israelí o judío sería equivalente a sostener que cuando habla del 'Estado genocida' argentino entre 1976 y 1983 está acusando a los habitantes del país y no a los represores

“Con esa andanada de tuits cargados de discursos de odio, Biasi prácticamente estaba instigando a un nuevo atentado antisemita”, indicó una fuente de Comodoro Py con acceso al expediente. Rafecas le atribuyó mayor responsabilidad a la dirigente trotskista por su papel como diputada, agregó la voz.

En su apelación al procesamiento, Biasi sostuvo que atribuirle un agravio al pueblo israelí o judío sería equivalente a sostener que cuando habla del “Estado genocida” argentino entre 1976 y 1983 está acusando a los habitantes del país y no a los represores. Además, las abogadas de Biasi invierten el argumento y postulan que asignarle “a todo judío responsabilidad por el accionar del Estado de Israel es la piedra angular de los razonamientos judeófobos”.

La audiencia de la apelación ya fue llevada a cabo y la confirmación o el desprocesamiento de la diputada del FIT podría salir en días o semanas.

La decisión de Rafecas —uno de los jueces federales que no forman parte de la trama tóxica que motorizó a Comodoro Py en la última década— marcha a tono con la época.

Ocurre que en Argentina, el Presidente y un omnipresente elenco de reproductores de su discurso en medios y streamings insultan a diario a opositores, críticos y disidentes como nunca ocurrió en democracia. “Zurdos, tiemblen, los vamos a ir a buscar”, amenazó Milei un día. Al día siguiente y el día anterior tuvo otros comportamientos antisociales.

Si el soez que habita la Casa Rosada postea contra el “peronegrismo”, resulta una consecuencia lógica que su fan de la radio del Grupo Clarín agravie a los “negros ignorantes” que apoyan a Juan Román Riquelme. Milei ha dicho que nada de lo que haga Israel debe ser cuestionado, porque está dentro del “derecho de defensa de los terroristas”. La misma línea llevó a pensar al exdirigente de la DAIA Pikholtz que todo palestino mayor a cuatro años es una víctima legítima.

Insultos y estigmatizaciones anegan el debate público argentino, pero Comodoro Py se activó en un caso, por una particularísima acepción que entiende que una alusión al sionismo, a todas luces enmarcada en la situación en Gaza, equivale a una proclama antisemita.

Llevada a un extremo, la impugnación del sionismo supone el cuestionamiento a la creación del Estado de Israel en 1948. No corresponde para quien firma, pero, nuevamente, una polémica legítima como hay tantas sobre la existencia de tantos países. En sentido inverso, la adhesión irrestricta al Ejecutivo de Netanyahu supone la negación del derecho a un Estado palestino, no ya en las palabras, sino en los hechos.

La penalización de la discriminación se estira así como un elástico para sancionar una expresión política que puede resultar chocante en sus términos —como para quien escribe— o merezca respuestas contundentes.

El movimiento, con evidentes fines de disciplinamiento, sintoniza con una dirigencia política que se repliega sobre sí misma, porque le resulta más sencillo emitir un tuit provocador, o sumar una risotada en el streaming, o una injuria en la pantalla televisiva.

No sería la primera vez que una sociedad, un pueblo, un país tome consciencia sobre un descenso a los infiernos con años de retraso.

SL /DTC

slacunza@eldiarioar.com

El juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes a la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi por supuesta violación a la Ley Antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de mensajes canalizados por la red social X, en los que comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi.

Según informaron fuentes judiciales, en el procesamiento se remarcó que Biasi “asignaba a dicho Estado democrático el rol de genocida, al tiempo que comparaba las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto”.

En los fundamentos de su decisión, Rafecas entendió que “la sumatoria de tuits agraviantes hacia la comunidad judía superaban con creces los límites de la libertad de expresión”.

A Biasi “no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita”, agregó el juez. La decisión incluye un embargo por diez millones de pesos.

El procesamiento podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña. Se trata de una denuncia que presentó el fiscal federal Carlos Stornelli, a raíz de posteos de Biasi en la red social X el 27 de noviembre de 2023.

Estas “manifestaciones (...) tuvieron por posible objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas”, sostuvo en la denuncia.

Las manifestaciones vertidas por Biasi tuvieron relación con la liberación de la niña Emily Hand, quien se encontraba cautiva en manos de la organización Hamas.

El procesamiento tuvo en cuenta seis posteos de la diputada realizados durante esa jornada y se dictó sin prisión preventiva por el delito de “incitación a la discriminación”.

La diputada y candidata respondió al procesamiento señalando en X: “Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio. Lo hace un juez que tendrá que explicar cómo es que vio (correctamente) un genocidio en Argentina y no lo ve en Gaza y Cisjordania. No importa, el lobby sionista es más fuerte”.

Añadió que apelará el fallo, que, en su opinión, coarta la libertad de expresión: “Por supuesto que estoy presentando la apelación correspondiente. Es un fallo que coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre. Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo”.

También destacó el momento en que se da el fallo, en la previa de elecciones en las que ella es candidata: “La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. 'Justicia independiente' es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mi”.

En otro posteo, en respuesta al candidato derechista Ramiro Marra, sostuvo: “Que un legislador como Marra que violenta día a día y discrimina y genera odio, festeje al poder judicial manipulador, es obra de la lógica impecable que me da la razón: no hay poder judicial independiente, solo operaciones. No hay ”ley antidiscriminatoria“ contra los que discriminan, solo un uso político de ella para satisfacer los apetitos de poder del Estado de Israel”.

Biasi encabeza la lista del Frente de Izquierda para las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de la agencia NA y X

Eduardo Castellanos sobrevivió al secuestro y detención ilegal de la Policía Bonaerense en enero de 1976. Soportó torturas y vejámenes en diferentes campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Compartió cautiverio con militantes como Jorge Julio López y Nilda Eloy. En 2006, miró a los ojos al que fue el exjefe de la Bonaerense Miguel Echecolataz y declaró en su contra en el juicio que lo condenó a prisión perpetua. Ese año, volvió a sufrir la desaparición de su amigo, Jorge Julio López. 

Eduardo tuvo miedo, desesperanza. Sin embargo, continuó exponiendo su testimonio en varios juicios contra delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Pero hoy, un martes de fines de agosto en el anexo 1 de la Legislatura bonaerense, en medio de la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Seguridad bonaerense deje de financiar la defensa legal de los policías acusados por delitos de violencia institucional, Eduardo luce derrotado. Trajo una bandera que no encuentra cómo colgar en la sala. “Ayudame, Miriam”, le dice a la señora que lo acompaña. La bandera, finalmente, se despliega. Tiene una foto y un nombre: “Andrés Núñez, primer desaparecido en democracia”. Núñez fue secuestrado y torturado por cuatro policías bonaerenses el 27 de septiembre de 1990. Miriam era la esposa de Andrés en ese momento. “Hace 32 años que pedimos justicia”, le dice a elDiarioAR.

A un costado, Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que apareció muerta el 11 de abril de 2023 en la celda de la comisaría 5° de Derqui, también intenta colgar una bandera. Es larga y blanca. En el centro, se lee: “Justicia por Sofía Fernández. Fue transfemicidio”. 

Hay 16 policías bonaerenses implicados en la muerte de Sofía. Luego de que la Dirección de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad de la provincia pusiera abogados y peritos, el número se redujo a nueve. Quedaron detenidos. En junio, sin embargo, los efectivos fueron liberados y ya se encuentran prestando servicio. 

La versión policial dice que Sofía se quitó la vida en la celda. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR demostró que uno de los peritos que defendió la hipótesis del suicidio participó en otros tres casos de muertes por ahorcamiento en destacamentos bonaerenses. Los abogados de las víctimas, incluido el de Sofía, sostienen que hay pruebas concluyentes que demuestran que fue un homicidio. “A Sofi la torturaron hasta matarla”, le dijo Mabel a elDiarioAR. “A los policías le pusieron peritos y abogados desde un principio. A nosotros, el Estado nos olvida”, afirmó Mabel. Al caso de Sofía podrían sumarse los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), investigados por la Unidad de Investigación (UDI).

Los familiares de Néstor Costilla, presuntamente asesinado por tres oficiales durante una irregular detención el 7 de octubre de 2020, mientras Costilla circulaba con su moto por la ciudad de La Plata, acaban de entrar a la sala. Daiana, hermana de Néstor, no conoce a Mabel. Pero pronto se fundirán las dos en un abrazo. “Los abogados de los policías que mataron a mi hermano nos bastardearon desde un primer momento”, dijo Daiana. Se sientan en la primera fila y llevan remeras con la cara de Néstor. 

El proyecto de ley busca derogar la financiación de los abogados y peritos de los policías involucrados en diferentes delitos a través de la Dirección de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. Fue redactado e impulsado por el legislador provincial Guillermo Kane. “No queremos reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”, aseguró Kane. “Hay informes como el que hicieron en elDiarioAR en base a la Comisión Provincial por la Memoria que demostraron un aumento letal en las muertes dentro de las comisarías bonaerenses”, expuso el legislador del Partido Obrero. 

“El Estado provincial acompaña y financia muchas veces a policías acusados por delitos contra derechos humanos básicos”, advirtió Kane. Respecto al acompañamiento del proyecto por parte de otros sectores políticos, el diputado señaló que se han invitado a otras fuerzas a formar parte del mismo, pero que no han mostrado un interés genuino. “El oficialismo en la provincia se presenta como un partido muy progresista, pero sostuvo a Sergio Berni y su doctrina represiva. Hoy lo continúa a través del ministro, Javier Alonso”, señaló el legislador, quien citó a Alonso a dar explicaciones al Congreso provincial ante una investigación de elDiarioAR que demostró las irregularidades en torno a los supuestos suicidios en las dependencias policiales. 

La diputada nacional Vanina Biasi también formó parte de la presentación. “La desigualdad en relación con la defensa que obtienen aquellos que cometen delitos desde el aparato del Estado es muy grande”, destacó Biasi, quien acompañó a Mabel y su lucha por la búsqueda de justicia en el transfemicidio de su hermana desde un primer momento. “Mabel no recibió ninguna asistencia por parte del Estado, mientras que los nueve policiales involucrados en el asesinato de Sofía en la comisaría de Derqui contaban con asistencia legal y técnica”, denunció la diputada. Y agregó: “El gatillo fácil forma parte estructural de la policía bonaerense. En la vida cotidiana, este proyecto acota esa preeminencia que hoy tienen las fuerzas policiales”, remarcó Biasi.

Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión por la Memoria (CPM), quien formó parte de la presentación del proyecto, explicó que el Estado “no construye información respecto a las muertes en comisarías”. “El hermetismo en cuanto a las cifras de letalidad policial atenta contra la democracia. Y no es por una cuestión de falta de eficiencia que no las dice, sino por decisión”, señaló Pomares. 

Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales. Respecto a la defensa de los oficiales con recursos provinciales, el integrante de la CPM recordó que no siempre fue así. “En la modificación del estatuto policial de 2008, que impulsó en su momento el gobernador Daniel Scioli, se estableció este privilegio. Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, detalló Pomares.

FLD/ED/JJD

El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presenta este martes un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que los agentes de seguridad bonaerense involucrados en casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada no reciban un patrocinio legal gratuito por parte del Ministerio de Seguridad. 

La iniciativa busca revocar la normativa actual que permite la representación legal del ministerio a dichos agentes, así como también el aporte de diferentes especialistas como peritos forenses, criminalísticas o asistencia psicológica. El proyecto, además, crea una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, así como también de recibir denuncias por incumplimientos de la misma.

El proyecto busca que las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad presenten informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal y, en caso de irregularidades, la comisión podría realizar las denuncias penales correspondientes.

Kane, quien ya había presentado un pedido de informe al titular de la cartera de seguridad, Javier Alonso, a partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en torno de la cantidad de ahorcamientos en comisarías bonaerenses, impulsó el proyecto de ley acompañado por la diputada nacional del mismo partido, Vanina Biasi. 

La razón que motivó esta iniciativa, explicó Kane a este medio, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría número 5 de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Fernández. En los cuatro casos, el médico y funcionario de la cartera de Seguridad defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de las cuatro víctimas sostienen que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Para el caso de las fuerzas federales este tipo de asistencia técnica y legal está expresamente vetada por la Resolución Nacional 477/2023.

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los supuestos suicidios en destacamentos bonaerenses “están plagadas de irregularidades”. Asimismo, las investigaciones judiciales en torno a esas muertes sólo se centran en “comprobar la versión policial”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

Nota: se corrigió el apellido Martínez por Fernández, en referencia a Sofía Fernández, 29 de agosto de 2024 a las 16:55.

FLD/ED/JJD

El debate televisado entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en escena los fuertes reacomodamientos políticos de los últimos meses y ofreció algunas pistas sobre el futuro inmediato de los temas urbanos en la capital.

El discurso de Jorge Macri, heredero de la marca PRO que gobierna la Ciudad hace 16 años, confirmó que el viraje a la ultraderecha en las primarias, que ya había comenzado a permear el discurso público de los “halcones” de Juntos por el Cambio, está más que instalado en el oficialismo porteño.

Sabiéndose puntero en las encuestas, Macri Primo evitó polemizar con sus contendientes y se ciñó a un discurso sobre la “diversidad” en el que -tras una curiosa resignificación- lo diverso del cuadro lo integran turistas y grupos confesionales.

En una suerte de revancha contra el obamismo larretista de las campañas LGBT y los mensajes por el 24 de marzo, el deseo del ex intendente de Vicente López fue que en la Ciudad se pueda festejar “el día de las dos vidas y el día del niño por nacer”. El desafío del próximo gobierno, dijo, consiste en reinterpretar “los nuevos modelos” y los cambios de hábitos de los porteños. “Pedimos delivery, estudiamos a distancia”, ilustró. Un siglo XXI de programadores y antiabortistas.

Tras el huracán libertario, es posible que estemos asistiendo a la descomposición de la alianza Vamos Juntos (que el PRO viene integrando junto a la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo porteño) y el nacimiento de una del primo Macri con Javier Milei.

En una obra clásica, Clarence Stone bautizó como “régimen urbano” a las coaliciones o arreglos políticos que buscan que ciertas políticas públicas en las ciudades se mantengan en el tiempo. Tras el huracán libertario, es posible que estemos asistiendo a la descomposición de la alianza Vamos Juntos (que el PRO viene integrando junto a la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo porteño) y el nacimiento de una alianza tácita y táctica del primo de Mauricio Macri con el partido de Javier Milei.

Desarrollo urbano

Como explicó Abigail Contreiras Martínez en elDiarioAR, la gran coincidencia entre los candidatos fue la necesidad de reformar el Código Urbanístico (CUR) aprobado hace cinco años que había permitido una mayor constructividad en amplias áreas de Buenos Aires y que explica los persistentes niveles de actividad de las desarrolladoras en el centro y norte de la ciudad.

La candidata del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, recordó que en su momento el argumento que ofreció el bloque oficialista para justificar el CUR fue que la Ciudad debía prepararse para duplicar su población hasta los seis millones de habitantes. Sin embargo, dijo, “esta Ciudad no crece en habitantes desde hace 70 años”. ¿Para quién se construye?

Leandro Santoro, candidato de origen radical del bloque peronista (Unión por la Patria), insistió en la necesidad de modificar el CUR “para terminar con las torres sorpresa que se construyen en el norte de la Ciudad”, que en rigor son fruto de los convenios urbanísticos que dejaron de aprobarse a fines de 2021 al no encontrar eco siquiera entre los aliados de la alianza gobernante.

Macri Primo concedió que el Código Urbanístico “está alterando la fisonomía de barrios residenciales” como Coghlan, Villa Urquiza, Belgrano R y zonas de Villa Crespo que “pierden privacidad, pierden tranquilidad”, y dejó entrever que alentará las nuevas construcciones cerca de las avenidas y del sur de la ciudad (“que pide a gritos que el desarrollo vaya”).

Es posible que un análisis manzana por manzana de los niveles de construcción y los usos permitidos permita superar algunos de los problemas del CUR y ofrecer una mejor interpretación del tejido urbano. Pero no hay que perder de vista las consecuencias de congelar la foto en áreas enteras de la ciudad. En esta alianza improbable entre los intereses de la dueña de un chalet en Belgrano R y las organizaciones que militan la preservación del patrimonio arquitectónico hay un convidado de piedra: la accesibilidad de la vivienda.

Vivienda

La inocultable crisis que viven los inquilinos ocupó buena parte de uno de los bloques del debate en el Canal de la Ciudad. Del centro a la izquierda hubo coincidencias en torno a la necesidad de desarrollar un parque público de viviendas y de instalar mayores regulaciones al fenómeno del alquiler temporario. Biasi fue más explícita y llamó a “poner la vivienda como un derecho en el centro de la agenda”.

La propuesta fue ignorada por Macri Primo (“no son problemas de la Ciudad, es la inflación que ha instalado el kirchnerismo”) y atacada por el candidato Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, que reiteró su catecismo contra las regulaciones. Dicho esto, y en uno de sus escasos aportes útiles, Marra trajo a colación la falta de crédito hipotecario en Argentina, elemento clave de las dificultades de la población para tener un lugar donde vivir más allá de muletillas como “plan de vivienda social” o “impuestos a la vivienda ociosa”.

Pero más allá de los matices, el candidato del PRO y el de La Libertad Avanza dieron a entender que el Gobierno porteño no tiene mucho que hacer frente a la crisis de vivienda, supeditando la respuesta a un eventual ordenamiento de la situación macroeconómica a nivel nacional.

El fomento a la construcción de vivienda para alquiler, política que ya existe en numerosas ciudades latinoamericanas y que es impulsada por algunos de los legisladores del bloque de Santoro, no fue mencionado por el candidato de Unión por la Patria en el debate (aunque forma parte de su programa de gobierno).

Transporte

En diciembre, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta finalizará su mandato sin haber construido un solo kilómetro nuevo de subte. Los exégetas del oficialismo local que justifican la decisión no de expandir la red por los “cambios de hábitos” en temas de movilidad ignoran el hecho de que ya en 2018 -mucho antes de la pandemia y mientras recibía 3,75% de coparticipación- la capital no tenía líneas en construcción. Los estudios técnicos de la tan necesaria línea F (que busca unir Plaza Italia con el barrio de Constitución) fueron pospuestos una decena de veces y hoy duermen el sueño de los justos.

Biasi y Santoro intentaron llevar el debate hacia este tema, pero los candidatos a la derecha del espectro político no recogieron el guante.

La propuesta de máxima del candidato de Unión por la Patria (“subte 24 horas que llegue a la puerta de tu casa”) suena poco realista, pero también puede leerse como un golpe de efecto que saque del letargo a un oficialismo cuya última gran obra de infraestructura en los últimos años fue la inauguración de un pasillo debajo del Obelisco.

La otra iniciativa para el subte que citó Santoro en el debate, presentada por su legislador Juan Manuel Valdés y anticipada en su momento por elDiarioAR, es más lógica: la construcción de 36 kilómetros a lo largo de la próxima década mediante un modelo concreto de financiación -los bonos verdes que ya usan el gobierno chileno y la Ciudad de México- y de repago. 

Mientras tanto Marra, que hace tiempo anda corto de propuestas para la agenda porteña, arremetió contra su enemigo favorito: las ciclovías. “Lo único que hacen es damnificar (sic) el tránsito”, dijo. Macri Primo, a tono con el fervor cochista de las áreas del corredor norte que lo ayudaron a imponerse por la mínima diferencia en las primarias, consintió con su silencio. Santoro ni las mencionó. Las bicisendas no tienen quien las defienda.

Nadie se atrevió a hablar de la coordinación metropolitana de temas de transporte. Obviamente no es un tema sexy para un debate en televisión (y posiblemente no dé votos), pero la cuestión es más urgente que nunca ahora que existe la posibilidad de que Nación, Provincia y Ciudad pasen a estar en manos de tres espacios políticos distintos a partir de diciembre.

¿Qué incentivos tiene cada jurisdicción para sentarse a la mesa y pensar un sistema de transporte para el AMBA? ¿Cómo se pueden unificar los esquemas de tarifa social para el tren y para el subte? ¿Cuándo se van a discutir la superposición de recorridos de líneas de colectivos? Los resultados de esta falta de coordinación son concretos y afectan a millones de personas.

Espacio público

Los desafíos de movilidad en la ciudad están fuertemente vinculados con otra gran disputa del período: el reparto del espacio público.

La semana pasada, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad presentó en el Museo Moderno de San Telmo el Plan de Movilidad Sustentable 2030. El encuentro, de apariencia rutinario, fue la oportunidad para poner en blanco sobre negro los “pequeños grandes hitos” de la gestión macrista en términos de una concepción sostenible del sistema de movilidad.

Escrito en piedra aparecen medidas como la peatonalización del microcentro, de la avenida Corrientes o de las calles en el Barrio Chino; el diseño de calles compartidas y parques lineales; y la pacificación del tránsito en barrios del oeste como Villa Real. Sin embargo, las declaraciones públicas y movimientos recientes de Macri Primo arrojan un manto de duda sobre la continuidad de este tipo de políticas.

El plan recuerda que solo 4 de cada 10 hogares porteños cuenta con un auto y que de ese porcentaje menos de la mitad posee cochera propia. Esto quiere decir que muchos porteños terminan haciendo un uso privado del espacio público estacionando en la calle (en el 43% de los casos se trata de un uso prolongado).

“Las tendencias de crecimiento del parque circulante permiten prever que, sin cambio de estrategia, la presión sobre los espacios vacantes será aún mayor”, dice el informe. Hoy la mitad de los usos del cordón está destinado al estacionamiento de vehículos privados. En este caso, el mantenimiento de este statu quo (o sacarle el pie de encima al privado, como sugiere el candidato oficialista) difícilmente pueda ser considerado una política pública de avanzada bien entrado el siglo XXI.

Nuevas preguntas para el próximo jefe de Gobierno. ¿Llegó finalmente la hora de consolidar y profundizar el rediseño del espacio público pospandemia o vamos a la defensa irrestricta de un modelo que no contempla los cambios en hábitos que ocurrieron desde entonces?

Porque si efectivamente aumentan las actividades en las cercanías del hogar por el incremento del teletrabajo y del estudio a distancia, como sugirió el ex intendente de Vicente López, lo que también va a aumentar es la demanda de calles pacificadas, parques lineales o de proximidad y hasta quizás un necesario debate sobre el -positivo- rol de los cafés con mesas a la calle.

“El espacio público y su manifestación por excelencia, la calle, continúa siendo un bien finito, cuyo uso se debe analizar y discutir desde la prerrogativa de la sustentabilidad y la inclusión, sin perder de vista las grandes directrices originales: obtener el máximo beneficio para la mayor cantidad de habitantes”, explicó en el cierre del plan Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de la Movilidad.

El intento por generar un reparto más equitativo del espacio público fue acaso la política más coherente de la gestión saliente, que durante años comprometió a la Secretaría de Transporte liderada por Manuela López Menéndez y al Ministerio de Espacio Público que conduce Clara Muzzio, casualmente la candidata a vicejefa de gobierno de Jorge Macri.

¿Habrá sido este, entonces, el límite de las políticas “sustentables” del PRO y lo que viene un retroceso en términos urbanísticos, como la Madrid de Isabel Díaz Ayuso que el ex intendente de Vicente López dice tomar de modelo?

A tono con el zeitgeist libertario, culpando al desocupado o al indigente (“los cajeros se han transformado en monoambientes”) y con un discurso que busca la complicidad de la señora mayor, el religioso, el programador y el automovilista, Macri Primo encarna el nacimiento de un nuevo régimen urbano cuyos contornos recién asoman en el horizonte.

 FP/MG

“Tu problema es que no te interesa gobernar CABA, te interesa tener seguidores en las redes sociales”. Así cuestionaba Leandro Santoro al legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra durante el Debate Ciudad. Esta no fue la única chicana que se escuchó este miércoles por la noche. Por el contrario, en el encuentro de los cuatro candidatos a jefe de gobierno de CABA abundaron las acusaciones cruzadas y, en algunos casos, brillaron por su ausencia las propuestas concretas para resolver los principales desafíos que mantienen en vilo a la ciudadanía porteña.

Con alocuciones vacías de contenido programático, Marra siguió la línea de su líder a nivel nacional, Javier Milei, y buscó polarizar fundamentalmente con el candidato de Unión por la Patria. Entre cruces con Santoro y la postulante del Frente de Izquierda, Vanina Biasi ─y confiado en un eventual balotaje contra Jorge Macri─ evitó confrontar con el ex intendente de Vicente López y actual ministro de Gobierno de la Ciudad, quien sí fue señalado con mayor vehemencia por los otros dos dirigentes presentes.

Una de las principales críticas al primo del ex presidente de Juntos por el Cambio llegó de la mano de los recientes negocios inmobiliarios y grandes construcciones emplazadas en la zona norte y el sector de la costanera. “El macrismo le entregó la ciudad a Calcaterra, Caputo y Elsztain. Esta es una ciudad de especuladores inmobiliarios”, indicó Biasi al momento de exponer en el bloque sobre Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo.

Este fue solo uno de los cuatro ejes que se discutieron este miércoles por la noche. Los postulantes a la jefatura de gobierno de CABA también abordaron Infraestructura, Gestión urbana y código urbanístico; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo humano, Género y diversidad; y Autonomía, sistema político, Justicia y Seguridad. Y entre tantas chicanas y ataque personales, lograron ver la luz algunos diagnósticos y políticas de consenso para estas cuestiones.

Un código urbanístico con los días contados

Tic tac. El tiempo para que se derogue el código urbanístico de la Ciudad, aprobado en 2018, es cada vez menor. Con excepción de Marra ─que guardó silencio respecto al tema─ todos los candidatos señalaron la necesidad de modificar la normativa que regula los usos del suelo del espacio público y privado en el distrito y, al día de hoy, genera más perjuicios que beneficios.

Para Jorge Macri, el código urbanístico trajo graves consecuencias para varios sectores residenciales como Villa Devoto, Villa Urquiza y Belgrano R y llamó a cuidar el perfil de cada uno de los barrios con sus respectivos rasgos identitarios. Otra de sus banderas de campaña en materia de infraestructura plantea “dirigir el desarrollo al sur de la Ciudad de Buenos Aires”. Con este objetivo, y mechando con parte de su proyecto educativo, presentó su plan de construcción de un polo de oficios en el autódromo y la villa olímpica de la Comuna 8.

El ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta también anunció obras para mejorar la circulación y el tránsito. En particular, se centró en el tendido ferroviario y aseguró que, en caso de ganar las elecciones del 22 de octubre, pondrá en marcha la construcción de un viaducto para el tren Sarmiento.

Otro de los candidatos que puso énfasis en el transporte fue Leandro Santoro quien puso sobre la mesa una alternativa que desde hace años se está evaluando: la extensión de la red de subtes para maximizar la conexión. “Mi propuesta es llevar el subte a todos los barrios, accesible para las personas con discapacidad, sin asbesto y que funcione las 24 horas”, detalló.

Y, por supuesto, la odisea de conseguir un techo llegó a los estudios del Canal de la Ciudad. Mientras Marra abogaba por una eliminación total de la Ley de Alquileres, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria presentaron una política que bien podrían haber diseñado en conjunto, pese a otorgarle nombres diferentes: el establecimiento de un “plan de viviendas sociales” o un “parque público de viviendas”. De manera similar, defendieron la regulación de los arrendamientos temporales mediante plataformas como AirBnB y la necesidad de acabar con las viviendas “ociosas”.

Un primer acercamiento a la agenda joven: salud mental

Un reclamo que resuena entre la juventud es la necesidad de adoptar un enfoque sanitario integral que contemple la salud mental. Y en el Debate Ciudad, los candidatos se expresaron a favor de esa bandera por unanimidad. Biasi, fue, sin embargo, la que más énfasis puso sobre esta cuestión y relató la realidad del sistema público: hoy, los hospitales cuenta con “psicólogos concurrentes”, lo que, según explicó, implica que muchos de ellos trabajan ─para ponerlo en buenos términos─ ad honorem.

Su situación laboral no es la única que debería revisarse: la candidata del Frente de Izquierda subrayó, además, la necesidad de profesionalizar la enfermería para mejorar el salario de aquellas personas que optan por esta carrera. Se trata de una manera de, apelando al lenguaje de Santoro, “dignificar el sistema de salud”.

Para que esto último ocurra, Macri levantó su plan para crear un sistema de atención paralela y complementaria. Bajo la lógica de dejar a los hospitales las urgencias y descomprimir las guardias que hoy están colapsadas, el postulante de Juntos por el Cambio explicó a la ciudadanía que abrirá un centro de diagnóstico de alta complejidad y otros 6 institutos de mediana complejidad distribuidos por distintas comunas.

Déficit educativo y el debate sobre cómo invertir el dinero

El consenso entre los candidatos se limitó a los dos ejes anteriores, para luego dejar lugar a amplias disidencias. Educación fue uno de los principales ámbitos donde estos chispazos se hicieron sentir.

Esta sección del debate revitalizó una disputa de larga data sobre la primera infancia y el acceso a la instrucción en la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy garantizamos la escolaridad desde salita de tres y hay vacantes para los chicos”, sostuvo el ex intendente de Vicente López, al ser increpado por Biasi sobre la falta de jardines maternales en el distrito.

Este último punto tampoco pasó desapercibido para el postulante de Unión por la Patria quien llamó a “invertir fuertemente en infraestructura escolar” y fortalecer bachilleratos y escuelas técnicas. Se trata de un plan poco atractivo para Marra. “¡Cómo si crear escuelas fuera fácil!”, comentó antes de redirigir el debate hacia lo que, para él, debe ser la prioridad en términos de inversión educativa: mejorar el salario del cuerpo docente. Salvo una mención efímera, no tocó en absoluto el sistema de vouchers propuesto oportunamente por Javier Milei.

Lucas González, presente

La seguridad no podía estar ausente en este debate. Lo curioso fue, tal vez, el amplio consenso que mostraron los tres candidatos masculinos sobre el rol preponderante que deben tener las fuerzas policiales en la protección de los vecinos. “Para resolver el problema de la inseguridad no es contra la policía, sino controlándola y respaldándola”, afirmó Santoro.

De igual modo, Jorge Macri explicitó que es necesario equiparlos con pistolas táser y complementar su labor con la instalación de “puntos seguros” ─una política que aplicó durante su gestión en Vicente López─ y la identificación del rostro de los delincuentes mediante cámaras de seguridad. “Basta de puerta giratoria”, concluyó.

El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad enfrentó una mayor reticencia por parte de Biasi, quien recordó el homicidio de Lucas González, al que catalogó como un crimen con fuerte arraigo en el racismo del cuerpo policial.

ACM

La candidata a jefa de gobierno porteño por el Frente de Izquierda, Vanina Biasi, convocó a los sindicatos de trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires a realizar un “paro general” en reclamo por la negativa de Horacio Rodríguez Larreta a abonar la suma fija de $60.000. También pidió que se exija la reapertura de paritarias.

“Larreta ya anunció que no pagará ningún bono a los trabajadores de la Ciudad. Sería importante que los sindicatos de trabajadores de la Ciudad dirigidos por el peronismo convoquen a un paro general por reapertura de paritarias y por el bono correspondiente”, expresó la candidata en un comunicado.

El gobierno encabezado por el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio anunció este martes que no pagará el monto extraordinario de $60.000 anunciado por el Ministerio de Economía de la Nación para aquellos trabajadores del sector público con ingresos netos inferiores a los $400.000. Esto se debe a que mantiene una paritaria con los gremios de empleados estatales que “viene acompañando el ritmo de la inflación”.

En este marco y en plena campaña para los comicios del próximo 22 de octubre, Biasi calificó a su espacio como el único capaz de “enfrentar la macrismo en la ciudad”. “Por eso es tan importante fortalecer a la izquierda que es la que realmente se planta contra Macri y Larreta en defensa de todas las causas populares en la Ciudad: los salarios, las jubilaciones, el derecho a la vivienda, la salud y la educación”, concluyó.

ACM con información de agencias.

El exsenador nacional Eugenio 'Nito' Artaza y la precandidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda Vanina Biasi apelaron hoy la decisión del Tribunal Electoral de la ciudad de Buenos Aires de habilitar ayer a Jorge Macri para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC), tras rechazar las impugnaciones que cuestionaban su postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios.

“Hace un mes solicitamos que el Tribunal electoral se expida sobre la candidatura del señor Jorge Macri, para evitar incertidumbre como en otras provincias. Luego hicimos la impugnación. Ayer en primera instancia no dio lugar al pedido. Hoy apelaremos al Superior Tribunal de la Ciudad”, explicó Artaza desde su cuenta personal de Twitter.

Además, agregó que el fallo del Tribunal Electoral de CABA autorizando la candidatura de Macri “será apelado y tendrá que superar las instancias del Superior Tribunal de la Ciudad y la Corte Suprema de la Nación”.

“Como pasó en otras provincias. Igualdad ante la ley o esto es un escándalo”, advirtió el exsenador.

“Lamentamos la incertidumbre, por eso habíamos solicitado una acción de certificación de certeza hace un mes. Confiamos en los precisos argumentos y en la abundante jurisprudencia existente. Igualdad ante la ley”, insistió Artaza.

Por su parte, Biasi aseguró que el fallo del Tribunal Electoral es “un mamarracho jurídico” y agregó que “hace trampa para interpretar la Constitución y violenta la jurisprudencia establecida por el caso Adrián Pérez”.

“El Tribunal dice que Macri cumple con los 5 años de residencia porque vivió en CABA entre ¡1987 y 1999!, pero la Constitución se refiere a los 5 años anteriores a la elección, que son del 2018 al 2023”, denunció la precandidata a través de un comunicado.

En este sentido, Biasi expresó que para tomar esta decisión cambiaron la letra de la Constitución: “Saca la palabra 'los' y dice que se exigen solo 5 años anteriores, cualquiera sean”.

Finalmente, Biasi reiteró que el fallo del Tribunal desconoce el caso Adrián Pérez en el cual “se precisó que los 5 años exigidos son los inmediatamente anteriores”.

“Solo una justicia manejada por los socios de Macri como Angelici puede avalar esto. Apelaremos el fallo en todas las instancias que correspondan. Basta de nepotismo y privilegios para los políticos capitalistas. La Ciudad no puede ser el botín familiar de los Macri y sus amigos”, concluyó.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires habilitó ayer a Macri para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC) por considerar que cumple con los requisitos legales, tras rechazar las impugnaciones que cuestionaban su postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios.

La resolución firmada por los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinó que Macri, actual ministro de Gobierno porteño, “cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno”.

Ese artículo dice que “para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores”.

De esta manera, el Tribunal Electoral, recientemente conformado, desestimó las tres impugnaciones a la precandidatura de Macri presentadas la semana pasada por Vanisa Biasi, del Frente de Izquierda; Artaza y Juan Pablo Chiesa, de Aptitud Renovadora, tras el cierre de listas del 24 de junio.

En su resolución de 14 carillas, a la que accedió Télam, el Tribunal Electoral desplegó una extensa argumentación en la que distinguió conceptos como lugar de nacimiento, domicilio y residencia, entre otros puntos.

La precandidatura de Macri ya había sido avalada por la Junta Electoral del PRO, partido por el cual se postula en la alianza Juntos por el Cambio, lo cual ahora es ratificado por el Tribunal Electoral.

Queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño en caso de que haya una apelación de los dirigentes que cuestionan al precandidato.

Además, trascendió que la Corte nacional habría solicitado de manera preventiva al procurador general Eduardo Casal una opinión acerca de si le correspondería intervenir en el pleito si llega a plantearse en esa instancia.

NB con información de agencia Télam.