Milo J fue el primer músico censurado en la ex-ESMA desde que el centro clandestino de tortura y desaparición emblema de la última dictadura fue declarado Espacio de Memoria y Derechos Humanos hace exactamente veinte años. Aunque el gobierno de Mauricio Macri se había atrevido a bajar, por ejemplo, la obra “María Feminista” –que mostraba una virgen con pañuelo verde– de la exposición en el Centro Cultural Haroldo Conti en 2019, esta vez la gestión de Javier Milei fue más allá en su negacionismo. Con 18 años y oriundo del conurbano (más precisamente de Morón), Camilo Joaquín Villarruel quedó este miércoles en el foco de la miopía libertaria sobre lo que pasó en los setenta. 

El oficialismo parece que no soportó que un artista que integra su votante promedio –hombre, menor de 35– flamee la bandera del Nunca Más. De fuerte compromiso social, Milo J causó revuelo cuando en julio del año pasado visitó la ex-Mansión Seré. “Hoy está de moda estar en contra”, dijo en su momento, luego de reivindicar el legado de las Madres de Plaza de Mayo y mostrarse con un buzo de H.I.J.O.S.

Ayer Milo J se despachó directamente contra Milei porque la Justicia hizo lugar a un amparo presentado a contrarreloj por el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, y que tiene en su órbita la Secretaría de DDHH, que encabeza Alberto Baños: “Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta”. Fue tal vez su freestyle más punzante, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, cuando ya le habían bajado el show y un importante cordón policial retenía el paso de sus fans en la puerta del predio de Av. Libertador. Muchos de sus seguidores habían viajado desde otras provincias y algunos hasta hicieron fila en la puerta varias de las últimas noches de lluvia.

El show de Milo J era gratuito (con entradas asignadas previamente) y se iba a realizar en el corazón de la ex-ESMA: en la llamada Plaza de la Declaración Internacional de los DDHH, un gran espacio en el centro del predio, ubicado a las puertas de la sede de la secretaría de Baños. La denuncia judicial revela ahí una curiosidad: el Gobierno se refirió al espacio como “Patio de Armas”, tal cual el nombre que tenía el lugar bajo el mando de los militares, donde en su momento llegó a ser utilizado por helicópteros.

“Ojo, porque esto ya pasó”, advirtió la madre de Milo J, Aldana Ríos –que a su vez es su manager–, en una conferencia de prensa al caer la tarde junto a representantes de organismos de derechos humanos. Denunciaron censura abiertamente. La contraofensiva libertaria no tardó en aparecer, pero solo en el mundo virtual: tuiteros de Milei festejaron la suspensión del show y hasta hubo pedidos de que la ex-ESMA vuelva a ser de la Armada. “En las redes se puede decir cualquier cosa”, fue la defensa del oficialismo que recogió este medio.

La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a la cautelar que presentó el Gobierno porque el evento supuestamente no contaba con “la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Según la denuncia judicial, no había conocimiento del show ni de Nación ni de Ciudad –como partes del ente público que gestiona el espacio de memoria, junto con los organismos–, aunque las actividades en la ex-ESMA son públicas e históricamente se han hecho con un esquema con cierta libertad de acción, según supo elDiarioAR. 

“Básicamente es un lugar público y limitaron el carácter público de la ex-ESMA. Mientras dicen por escrito que los motivos son los papeles, en realidad salen a decir que es un hecho político”, se quejó una fuente que conoce al detalle el funcionamiento del predio. De hecho, en enero hubo un festival a metros de la plaza seca, frente a la sede del Haroldo Conti, en solidaridad con los trabajadores despedidos por la gestión Baños-Cúneo Libarona y no hubo inconvenientes. Pero por Milo J sí. 

“La verdad hasta ayer no lo conocía”, se despachó entre sus interlocutores el secretario Baños, a partir de la sorpresa que se habría encontrado el martes con los movimientos para la instalación del escenario en el predio. “El día 11 de febrero del presente, personal de la custodia, le informó acerca de la realización de algunas obras que se estaban realizando en el mencionado Patio de Armas, que ‘por sus envergaduras llamaron la atención (sic)’, hecho que fue constatado por el titular de la Secretaría referida, en oportunidad de constituirse en el lugar y observar ‘un despliegue de personal, ajeno a esta Secretaría, destinado al armado de andamios, torres y escenario de gran porte que, prácticamente cubren un 50% del mencionado Patio (...) acompañado con equipos de iluminación y sonido que sobrepasan la altura de los edificios circundantes, impidiendo la circulación peatonal y automotriz’”, se lee en el pedido del amparo.

“El cuestionamiento no es al artista sino a la ilegalidad del acto”, fue otro de los comentarios que salieron desde el despacho de Baños. Según la presentación judicial, en la ex-ESMA no se podría hacer el show porque el espacio tiene como finalidad específica “la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”. “Toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes”, indica el expediente. Contrariamente, las políticas de memoria vienen siendo sistemáticamente atacadas por el Gobierno, que ajustó en las últimas semanas áreas claves al respecto, como el Archivo de la Memoria, o el vaciamiento de otros ex-centros clandestinos, como Virrey Ceballos, también la Capital Federal.

En otro apartado de la cautelar se lee como argumento oficial para impedir el recital: “El lugar no cuenta con las dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos, vehículos de seguridad y no se conoce cuál podría ser el programa de evacuación ante acontecimiento eventuales que puedan poner en riesgo a las personas”. Y agrega: “Tampoco está garantizada la protección de los bienes del Estado ante una posible vandalización (...) no hay posibilidad de control policial por las características propias del lugar y por la cantidad de gente que puede asistir”.

El recital de Milo J se iba a dar en conjunto a una feria de la UTEP, el gremio de la economía popular vinculada al peronismo-kirchnerismo. El artista tenía pensado presentar su álbum “166 (DELUXE) retirada”, que ayer mismo se publicó en Spotify, donde su perfil verificado tiene más de 15 millones de oyentes mensuales. Anoche exactamente a las 21 Milo J estrenó en YouTube el video de su canción “BUEN DIA PORTACION DE ROSTRO” y en dos horas ya había alcanzado más de 120 mil visualizaciones.

Un alcance que podría amplificarse aún más tras la censura por parte del Gobierno. Y podría volverse un búmeran para Milei, un producto de las redes. El video de Milo J denunciando al Presidente se reprodujo solo en su cuenta de Instagram hasta anoche 168 mil “me gusta”.

MC

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

En la Legislatura porteña ingresó un proyecto que busca restituir el nombre original de la estación Entre Ríos de la Línea E de Subterráneos, quitando la referencia al periodista y escritor Rodolfo Walsh.

Se trata de una iniciativa impulsada por los legisladores liberales Yamil Santoro y Ramiro Marra, junto a Silvia Imas, Jorge Reta, Pablo Donati y Rebeca Fleitas.

El proyecto propone eliminar la referencia a Rodolfo Walsh en la denominación actual de la estación, basándose “en fundamentos históricos, jurídicos y éticos respaldados por un reciente fallo judicial”.

El texto busca restituir la denominación original “Entre Ríos” a la estación de la Línea E de subterráneos, eliminando el agregado “Rodolfo Walsh”.

El proyecto de los legisladores libertarios se inscribe en el contexto de una campaña que organizaciones negacionistasde los crímenes de la última dictadura militar vienen llevando a cabo contra la figura de Rodolfo Walsh.

El pasado 6 de julio, por tercer año consecutivo, unas 200 personas que defienden la llamada “memoria completa” sobre los años 70 se movilizaron para pedir que se cambie el nombre de la estación Rodolfo Walsh del subte porteño. Los manifestantes se reunieron en la esquina de la estación, en las avenidas San Juan y Entre Ríos, a pocos metros de donde Walsh fue baleado y secuestrado por un grupo de tareas en 1977.

En aquella oportunidad, con permiso de la Policía de la Ciudad, taparon el nombre de Walsh con impresiones del mismo color y tipografía que decían “Víctimas del terrorismo”. Les sacaron fotos para las redes sociales y luego las descolgaron.

Con la presencia de referentes negacionistas como Cecilia Pando y Juan José Gómez Centurión, después marcharon algunas cuadras hasta el edificio donde funcionaba la Coordinación Federal de la Policía Federal, rebautizada durante la dictadura como Superintendencia de Seguridad Federal. Allí, el 2 de julio de 1976, un atentado de Montoneros contra ese edificio dejó 24 muertos, casi todos policías, y más de cien heridos.

El proyecto libertario

Según los impulsores del proyecto -habituales defensores de la llamada “teoría de los dos demonios”-, la iniciativa surge a partir a “un reciente fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal que señala la participación de Walsh en uno de los atentados más graves de la historia argentina”.

Según el proyecto, el fallo judicial, en el caso “Salgado, José María y otros s/recurso de apelación”, establece “la responsabilidad de Walsh en la planificación del ataque a la Superintendencia de Seguridad Federal ocurrido el 2 de julio de 1976”. 

“Este atentado dejó 23 muertos y más de 100 heridos, con evidencias de premeditación y alevosía que califican el hecho como un acto de terrorismo con graves violaciones a los derechos humanos”, indicó el proyecto.

“No podemos relativizar crímenes de esta magnitud permitiendo que figuras involucradas en graves violaciones a los derechos humanos sean homenajeadas en espacios públicos”, explicaron los autores del proyecto.

El texto señala que mantener el nombre de Walsh en la estación constituye una “contradicción con los valores democráticos y un mensaje erróneo hacia la sociedad, ya que implica relativizar la gravedad de los actos de terrorismo”. 

Además, “subraya el deber del Estado de preservar una memoria histórica completa y veraz, en línea con el mandato judicial de priorizar la verdad y la justicia en la construcción de una memoria colectiva”.

“Este cambio no es un juicio sobre la obra literaria o periodística de Walsh, sino una decisión basada en hechos judicialmente comprobados que lo vinculan con crímenes atroces. Es tiempo de hacer justicia a las víctimas y sus familias, alcanzando el ideal de verdad”, agregó Santoro.

DM con información de agencia NA

Ernesto Guillermo Villarruel, tío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, falleció este martes. Su nombre estuvo vinculado a graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, siendo uno de los principales responsables de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio, ubicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Villarruel fue detenido en octubre de 2015, cuando acudió a votar en las elecciones presidenciales, a raíz de una orden del juez Daniel Rafecas. A pesar de estar prófugo de la Justicia y ser señalado como uno de los responsables de casi 50 muertes y la tortura de 370 personas, fue declarado incapaz de ser juzgado y luego inimputable debido a un diagnóstico de Alzheimer.

Durante la última dictadura militar, Villarruel se desempeñó como Jefe de la División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. En este rol, estuvo involucrado en operativos represivos, como el fallido intento de captura de Mario Rubén Arrosagaray en febrero de 1977 en Ezpeleta. Aunque Arrosagaray logró escapar, su pareja, Guillermina Silvia Vázquez, no tuvo la misma suerte: fue detenida y continúa desaparecida.

Elena Alfaro, quien estuvo detenida en El Vesubio durante la gestión de Villarruel, ha declarado en varias ocasiones reconociendo a su captor. En una entrevista con el diario Clarín, afirmó que Villarruel se desempeñaba como jefe de El Vesubio cuando ocurrió la masacre de Monte Grande, donde 16 detenidos fueron asesinados a balazos.

DM

El 5 de diciembre de 2023, a punto de dejar su banca y cinco días antes de que asumiera Javier Milei, el senador macrista José Torello ingresó dos proyectos de ley a la mesa de entradas del Senado: uno para dar prisión domicilaria automática a los mayores de 70 años y otro para limitar los plazos de resolución de las causas penales. Aunque no lo mencionaban, los proyectos habían sido escritos a la medida de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Torello puso la firma, pero la iniciativa surgió de los abogados e hijos de represores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.

Así lo revelan varios mensajes enviados por Olea en marzo a un grupo de WhatsApp que compartía con diputados libertarios, con el objetivo de organizar visitas a represores presos y motorizar acciones en su favor. Además de Olea, Saint Jean y otros abogados, en el grupo también participaban el ex juez Eduardo Riggi y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del torturador Jorge Olivera. Durante meses de chat y algunas reuniones presenciales, los tres letrados les acercaron distintas ideas a los legisladores para beneficiar a los militares en prisión. Una de las propuestas fue retomar los proyectos presentados a través de Torello en el Senado, que por ahora esperan tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Los chats del grupo se conocieron luego de que la diputada libertaria Lourdes Arrieta acusara a sus compañeros de bancada de haberla llevado “engañada” a visitar a represores famosos en el penal de Ezeiza, el 11 de julio. Arrieta dijo que ella no sabía quién era Alfredo Astiz –“ Nací en 1993”– y que se dejó arrastrar por los demás. Cuando explotó el escándalo, se despegó de la visita y presentó una denuncia contra los organizadores ante la justicia federal. Arrieta le entregó al juez Ernesto Kreplak los chats de los grupos de WhatsApp que compartía con Olea, Saint Jean, Riggi, Olivera Ravasi y los diputados Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce y Carlos Zapata, entre otros libertarios.

elDiarioAR accedió a las conversaciones sobre los proyectos de Olea y Saint Jean ingresados al Senado con la firma de Torello, hombre de confianza de Mauricio Macri. El 2 de marzo, la abogada Olea, hija del represor Enrique Braulio Olea, informó a los demás: “Tenemos un recurso de inaplicabilidad de ley en Casación y un proyecto de ley presentado por el senador Torello” sobre el tema de las prisiones domiciliarias. Dijo que ambas cosas debían “ser impulsadas con urgencia”, a lo que Riggi respondió: “Nos gustaría mucho evaluar el proyecto de Torello antes de la reunión del 14”. Se refería a una cena convocada el 14 de marzo por Olivera Ravasi, para organizar una visita a militares presos que se realizaría al día siguiente.

Olea envió al grupo de WhatsApp los proyectos de ley firmados por Torello y explicó: “Son los dos proyectos que le presentamos con Ricardo [Saint Jean] al senador Torello. Ingresaron el 5 de diciembre de 2023 en la mesa de entradas del Senado”.

Qué dicen los proyectos 

El proyecto sobre domiciliarias propone cambiar la redacción legal para que la aplicación del beneficio sea automática para los presos mayores de 70 años, y no una prerrogativa de cada juez como ocurre hoy. Además, se limita a dos años el tiempo máximo de las prisiones preventivas. El proyecto firmado por Torello es parecido a otro redactado por Elisa Carrió e ingresado en marzo a Diputados, con la diferencia de que el de Carrió explicita que los principales beneficiarios serían los militares condenados, mientras que el del PRO evita mencionarlos. En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de lesa humanidad ya goza de prisión domiciliaria.

El segundo proyecto ingresado por Torello y articulado por Olea y Saint Jean −hijo de Ibérico Saint Jean, interventor bonaerense de la dictadura− es sobre el “plazo razonable” para la resolución de las causas penales. Propone limitar a veinte años el tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de un proceso y su sentencia firme. Pasado ese lapso, el acusado quedaría en libertad. Esto favorecería a represores presos por crímenes probados en varias instancias pero sin confirmación de sus condenas por los máximos tribunales, debido a las demoras del Poder Judicial −que perjudican sobre todo a las víctimas− y a la batería recursiva que suelen aplicar los abogados defensores ante los jueces. Los grupos promilitares se quejan de que hay demasiados presos sin sentencia firme. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 70% de los investigados en causas de lesa humanidad transitan los procesos en libertad.

En el chat con los libertarios, Olea mencionó una idea que quedó excluida en el proyecto de Torello: “En el proyecto de plazo razonable original que le presentamos con Ricardo al senador Torello habíamos propuesto que no alcanzara a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos esa objeción”.

Este medio se comunicó con Olea para consultarla por los chats, pero su respuesta fue: “Si hay una denuncia penal en curso, prefiero no hablar del tema”. Por su lado, Riggi contestó: “No sé decirle qué ha presentado Torello porque yo no lo conozco ni le he entregado nada”, aunque admitió que “alguien puede haberlo propuesto [retomar los proyectos] y yo puedo haber dicho que podía ser de interés analizarlo”. Según Riggi, él asistió a una sola reunión del grupo.

elDiarioAR también habló telefónicamente con Torello, que dijo: “No me consta que los proyectos los hayan redactado estas personas [Olea y Saint Jean]. Yo no estaba en todas las reuniones de mi equipo de trabajo. Desconozco si estas personas colaboraron con mi gente. Probablemente yo lo haya firmado, porque en materia de domiciliarias y preventivas estoy de acuerdo.

−¿Entonces desmiente que los proyectos los hayan armado Olea y Saint Jean?

−No, digo que no me consta. Yo trabajo con mucha gente. A lo mejor, puede haber ocurrido, no me consta, que alguno de mi equipo haya hablado con esta gente. Pero no es que yo trabajé con ellos ni que coincido con sus ideas. Podemos haber coincidido en algunos conceptos plasmados en lo que firmé. Pero yo no tuve nada que ver con esas personas, yo tengo que ver con lo que yo firmé. Si hay alguien que dice que me vio a mí y que trabajé con ellos, lo desmiento.

−¿Conoce a Olea y Saint Jean?

−No.

Quién es quién 

El chat de WhatsApp fue armado en febrero pasado por el cura Olivera Ravasi. Ese mismo mes, su padre Jorge Olivera, ex mayor del Ejército condenado a cadena perpetua y en prisión domiciliaria, había violado las reglas de su arresto al organizar una gran fiesta en su casa por sus 50 años de casado, en la que cantó Palito Ortega. Olivera Ravasi fue el puente entre los diputados libertarios y los abogados Saint Jean y Olea, a quien un fiscal que la trató en juicios describe como una defensora “con un perfil duro pero técnico y punzante, con oficio”. 

Olea es cercana a Riggi y fue secretaria de su vocalía cuando era juez de la Cámara de Casación. En 2011, le abrieron un sumario cuando se supo que alternaba su trabajo como funcionaria judicial con la defensa legal de su padre, condenado en 2008 en Neuquén junto a otros represores del centro clandestino “La Escuelita”. “Se levantaba de la silla en su oficina y cruzaba a una sala de audiencias en el mismo edificio para defender a su padre”, recuerdan en Casación. Después de que trascendiera su doble rol, terminó renunciando.

Hoy se mantiene activa como abogada de imputados en juicios de lesa humanidad. Actualmente defiende, por ejemplo, a acusados en la megacausa “Zona V” de Bahía Blanca. Combina su trabajo de defensora con el activismo en favor de los militares condenados, para lo que se mueve a dúo con Saint Jean. Ambos integran la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y tienen llegada a sectores de la política, la justicia y las fuerzas armadas.

Posteo de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que integran los abogados que están detrás del proyecto presentado por Torello.

Menos de una semana después de que los proyectos firmados por Torello entraran al Senado, Olea y Saint Jean también tocaron la puerta del Poder Judicial. El 11 de diciembre, un día después de la asunción de Milei, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación convocara a un plenario de todos sus jueces con el fin de discutir una “doctrina unánime” sobre las domiciliarias. El planteo de los abogados fue rechazado tres meses más tarde por Casación, que recordó que la jurisprudencia sobre el tema ya fue definida por la Corte Suprema.

Con la vía jurídica por ahora cerrada, les queda la política. Así lo resumió el cura Olivera Ravasi en el WhatsApp con los libertarios, en una minuta sobre la cena del 14 de marzo: “Entre los proyectos que había para debatir, todos excelentes desde lo técnico, vimos, con las cartas sobre la mesa, cuáles serían los más conducentes sabiendo que el tema acá es eminentemente político más que jurídico”. En la reunión de esa noche se evaluó que lo más “viable” era “la promulgación de parte del presidente de un decreto o la promulgación de una ley con el beneficio de plazo razonable”, es decir, un proyecto como el que ya le habían llevado a Torello.

Los argumentos de Olivera Ravasi sobre la conveniencia política de la iniciativa fueron explícitos: “El beneficio de este ‘plazo razonable’ no sería sólo para los militares, sino también para muchos legisladores, políticos, empresarios que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades ‘non sanctas’. Es decir, sea como fuere, es un ‘win-win’”.

Los contactos entre los abogados de represores y el entonces senador Torello, amigo de Macri desde que iban juntos al colegio y señalado como referente de la “mesa judicial” del macrismo, no resultan demasiado sorprendentes. El PRO siempre incluyó a sectores receptivos a los pedidos de los grupos promilitares. Figuras como Marcos Peña y Germán Garavano se pronunciaron a favor de las domiciliarias automáticas. En 2022, los diputados Alberto Asseff (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo implementara medidas para “asegurar la igualdad de derechos” a los represores presos, lo que incluía la prisión domiciliaria “para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena”. Casualmente o no, ese proyecto también llevaba la firma del entonces diputado Pablo Torello, hermano de José.

A fines de julio pasado, cuando ya había explotado el escándalo por la visita a Ezeiza, el diputado Benedit le mandó un mensaje a Arrieta en el que la llamaba a silencio. Su argumento era que ellos no habían hecho nada novedoso: “Guillermo [Montenegro] expuso la verdad muy bien anoche, incluso contó que el año pasado visitó un penal donde había presos de estas causas con VV [Victoria Villarruel], Asseff, Zapata y otros más, todos de Cambiemos en ese momento, y no pasó nada. No somos los primeros en las visitas humanitarias. Pero RB [Rocío Bonacci] lo usó para la prensa haciendo un escándalo que distorsiona todo y perjudica, mucho egoísmo y malicia. No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”.

FFB/DTC

Al pasado se vuelve siempre con preguntas. La pregunta que el historiador chileno Marcelo Casals le formuló a los años setenta en su país, puede parecerse a algunos de los grandes interrogantes que los argentinos también nos hacemos. ¿Cómo se explica el apoyo civil a la dictadura? En el caso chileno, esta pregunta implica desarmar algunas narrativas e indagar en los años de gobierno de Salvador Allende, para comprender las experiencias atravesadas por aquellos sectores sociales que se activaron políticamente en oposición al proyecto socialista. 

La pregunta de Marcelo Casals –desplegada en el libro Contrarrevolución, Colaboracionismo y Protesta, que editó Fondo de Cultura Económica– cobra gran actualidad regional y global a la luz de la reedición de viejas y nuevas disputas en torno a la memoria sobre los años setenta, de este y del otro lado de la cordillera. Casals, doctor en historia (University of Wisconsin-Madison), especialista en América Latina, profesor en el Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) y la Universidad Finis Terrae, visitó Buenos Aires para participar de un seminario en el IDAES de la UNSAM y conversó con elDiarioAR sobre estas y otras preguntas que inspiraron su investigación. 

—¿Qué lo llevó a investigar el rol de las clases medias en la dictadura chilena?

—Mi pregunta original fue más amplia, por las bases de apoyo al régimen autoritario. Hacia el 2012, momento en que empiezo mi investigación, la discusión historiográfica y social estaba muy marcada por las luchas por la memoria y por las  necesidades políticas y judiciales de entonces. Ese proceso que reconozco fue necesario, hizo que muchos estudios de la dictadura se enfocaran sólo en la dimensión represiva, dejando en silencio otras cuestiones fundamentales. Entre ellas, cómo fueron las dinámicas de consentimiento de personas que podríamos llamar, entre comillas, “comunes y corrientes”. Descubrí que el campo de la historia de las clases medias podía ser una llave heurística para comprender esa dimensión algo esquiva a la que quería acceder. 

—¿Qué descubrió de la participación civil y sus dinámicas de colaboración con la dictadura de Pinochet?

—Encontré que la identidad de clase media tuvo un uso relevante en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y después,  en el apoyo social a la dictadura. El bloque social contrarrevolucionario tuvo una amplitud mayor que las representaciones usuales. El relato izquierdista centra la responsabilidad en la CIA, que la tuvo sin dudas, pero no explica la masividad de la contrarrevolución ni le  reconoce autonomía a determinados sectores. Con mi investigación, descubrí que, luego de una breve luna de miel al comienzo del gobierno de Allende, una serie de organizaciones chilenas -colegios profesionales de abogados, ingenieros, médicos, el gremio de dueños de camiones, entre otras- se activaron políticamente, alcanzando un pico de participación en lo que fue el paro de octubre de 1972. 

—¿Para la historia es un terreno incómodo explorar las claves explicativas de los apoyos civiles a las dictaduras?

—No es fácil meterse en estos temas porque uno se acerca muy peligrosamente a la propia narrativa justificadora de la dictadura: aquella que sostiene que el golpe fue una reacción de los militares ante un llamado de la nación amenazada, que los habría obligado a actuar. Pero yo creo que historizar estos fenómenos precisamente rompe con esos relatos. Una comprensión acabada de la dictadura no se reduce a la violencia, por mucho que sea moralmente la dimensión más reprochable. El proyecto refundacional de la dictadura requiere una explicación más compleja. Por ejemplo, al principio hubo una aceptación social de la violencia política y de la represión estatal, hay testimonios que hablan de colaboración civil, de delaciones y de una actitud generalizada que entendía que la violencia era el costo social necesario para volver a un orden amenazado en el período anterior. Por otro lado, el libro explica cómo esas actitudes cambiaron: cuando se implementaron reformas económicas neoliberales y una vez que muchos grupos de clase media comenzaron a percibir la represión ya desde el lenguaje de los derechos humanos. 

—Una vez terminada la dictadura, ¿esos sectores hicieron algún tipo de reflexión o autocrítica sobre su apoyo y colaboración? 

—Mi hipótesis al respecto es que hubo un cierto pacto implícito para no hablar de eso. En la transición, era incómodo volver a esas discusiones, porque la Concertación -la coalición que tomó el poder después de la dictadura en 1989- era una alianza básicamente entre el partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, y la Democracia Cristiana había apoyado el golpe y a la dictadura en su inicio. 

—¿Cómo son los procesos de memoria hoy en Chile? ¿Qué reflexiones circulan en la coyuntura actual, al mirar hacia ese pasado? 

—La memoria no es un proceso lineal. El año pasado, en las conmemoraciones a 50 años del golpe, se reavivaron conflictos y discusiones parecidos a los que atravesamos en 1990:  repudio a la dictadura, al autoritarismo, a la violación a los derechos humanos; y al mismo tiempo, un  revival de las memorias pseudo legitimadoras de la dictadura por parte de la derecha. En ese esquema binario, preguntas sobre colaboración civil o el rol de ciertos grupos sociales, no entran en la discusión. En cambio, en 2013, en el 40° aniversario, Sebastián Piñera, usó la frase “cómplices pasivos”, algo que generó mucho malestar en la misma derecha. Ahí sí hubo un atisbo de reconocimiento del hecho de que civiles habían participado, pero refiriéndose más a funciones civiles, antes que a apoyo social. 

—El libro también indaga en las experiencias durante los tres años de gobierno Salvador Allende, ¿han cambiado también las memorias sobre ese período?

—Durante un tiempo también fue un tema tabú. Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), que fue el primer socialista en llegar al gobierno después de Allende, se empezó a hablar más de la Unidad Popular, en la sociedad y también en términos historiográficos. Muchas personas empezaron a recuperar esa subjetividad de desear que hubiera un golpe para terminar con la inflación y  especialmente con el desabastecimiento. Y hasta el presente el desabastecimiento, por ejemplo, ha quedado como una experiencia traumática para quienes lo vivieron, esa experiencia de hacer fila durante horas, sin siquiera saber si iban a conseguir el producto que necesitaban. 

—¿Sigue siendo un tema que a la sociedad chilena les cuesta abordar?

—Sí, incluso a nivel familiar, los años setenta no se discuten. Yo vengo de una familia no militante, lo cual la hace más representativa, crecí en Ñuñoa, un barrio bien de sectores medios de Santiago, y hay un cierto orgullo de cómo participamos en la reconstrucción democrática. Pero de lo que no se habla es de lo que pasó antes. En la novela Formas de volver a casa (Anagrama), Alejandro Zambra se pregunta sobre su familia,  denuncia la mediocridad, las tibiezas, la debilidad moral de su entorno social en dictadura. Esa obra me sirvió para confirmar que la pregunta por la clase media y la dictadura era legítima, necesaria. 

—Tanto en Chile como en Argentina comenzaron a aparecer películas, novelas y libros de historia realizados por una generación que no vivió la dictadura. ¿Cree que vienen a aportar nuevas claves para procesar ese pasado tan doloroso?

—Sí, creo que hay varias personas de mi generación que se hacen también este tipo de preguntas, porque también tenemos que lidiar con los efectos de la dictadura.Yo nací en dictadura, pero no la viví como adulto. Somos la generación que vivimos la transición a la democracia y su insuficiencia. Entonces le hacemos preguntas más complejas a la dictadura para buscar respuestas más satisfactorias a nuestras inquietudes. 

—El libro logra reconstruir cómo la identidad de clase media estuvo en el centro de los argumentos para el proceso contrarrevolucionario, en 1972 y 1973 en Chile. ¿Cree que la activación política de la clase media es siempre por derecha? 

—Yo creo que no, no son relaciones esenciales. Mi investigación me ha llevado a pensar que las clases medias reaccionan ante las condiciones que la rodean, pero no necesariamente van a ser autoritarias, golpistas, reaccionarias o democráticas, de izquierda o progresistas. No creo que exista una relación esencial entre clases sociales y comportamientos políticos. 

—¿Cómo interpreta el regreso de retóricas anticomunistas y de Guerra Fría en el presente?

—Como dice mi amigo argentino Ernesto Bohoslavsky, el anticomunismo es un corredor de fondo, que puede seguir y seguir con independencia de lo que haga su supuesta némesis, el comunismo. Porque no sólo el comunismo como referente social desapareció, sino también el horizonte revolucionario, la posibilidad de imaginar una alternativa, ha desaparecido. Aún así el anticomunismo sigue vivo. Desde el estallido social de 2019, en Chile se han revitalizado narrativas anticomunistas que van de la mano de la ultraderecha. El elemento particular en Chile es que el Partido Comunista existe, y es actualmente el partido de gobierno, si bien en la práctica es un partido socialdemócrata. Eso hace que los discursos anticomunistas tengan un objeto discernible: expresan un rechazo a esa gente que se reúne con una bandera roja. El desafío hoy está en pensar qué hará la derecha clásica: ¿Se diferencia de la ultraderecha? ¿Se reúnen? En Chile por ahora van para diferenciarse, lo cual sería bueno para la democracia. 

—En ese escenario, ¿cómo piensa que las izquierdas han ido reconfigurando su apelación a las clases medias?

—En general la izquierda no tiene esa sensibilidad de usar el lenguaje de clase media, lo ha utilizado mucho mejor la derecha. Durante el estallido social de 2019, en Santiago, me llamó especialmente la atención un cartel que decía: “la clase media no existe”. Expresaba la idea de que si eres un asalariado o un trabajador, esa distinción entre clase media o baja no existiría, porque somos todos lo mismo frente a la elite empresarial y política. Para la izquierda, la concepción siempre fue que la “clase media” es un artefacto ideológico de dominación, no se le reconoce existencia social real. El lenguaje de clase en general se usa poco en el discurso político, y han emergido otras identidades como bandera de lucha y movilización, como el género, o lo étnico-racial, que en el presente han adoptado las identidades políticas de izquierda. 

A veces lo extraordinario nos es tan familiar que lo perdemos de vista. El pasado 24 de marzo más de 400.000 personas se congregaron en Plaza de Mayo para recordar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Fue uno de los Días de la Memoria más grandes que haya visto la Plaza. Además, multitudes muy notables se dieron cita en las principales ciudades del país. Por todas partes. Como nunca. Marcharon los de todas las edades, pero con una presencia dominante de los y las jóvenes.

Si uno lo piensa por un momento, el fenómeno es verdaderamente extraordinario. Porque se trata de una manifestación que no organiza un Estado, sino que surge desde abajo, de una sociedad civil que año tras año decide sostener la memoria de un episodio que ocurrió hace 48 años, cuando la mayor parte de los que marchan ni siquiera había nacido. Cientos de miles de manifestantes que no tienen recuerdos personales ni acaso familiares sobre esos años, pero que de todos modos se sienten convocadas a preservar la memoria. El ritual no decae: al revés, se refuerza con el paso del tiempo. 

La derecha desespera por la continuidad de esa memoria. Esta vez lo expresó con sinceridad la defensora de los criminales de la dictadura que hoy es vicepresidenta de la nación, cuando se quejó de lo que llamó nuestro “morbo” por recordar el pasado. “Parece que se les va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje ininterrumpido de hace 40 años”, dijo. En este punto podemos estar de acuerdo: pareciera que en verdad se nos juega la vida.

La tenacidad de la memoria se explica, claro, por el empeño de nuestra derecha en destruirla. Cada marcha fue, a su modo, una respuesta a la presión de los gobiernos de ponerle un punto final, de forzarnos a reconciliaciones prematuras. Durante bastante tiempo decían que había que mirar al futuro y dejar de tener la vista en el pasado. “¿Para qué tanto examen de lo que pasó? ¡Miremos para adelante!” Pero ya con Macri perdieron la esperanza de que olvidemos y se lanzaron a revisar el pasado con tanta insistencia como la que ponemos en recordarlo. Ya no era momento de mirar al futuro, sino de volver a denunciar las guerrillas, de banalizar la discusión por la cifra de desaparecidos, de exigir una “memoria completa” que no es otra cosa que recordar de otra manera. Ahora miramos todos hacia el pasado, parece.

¿Qué se nos juega en esa mirada retrospectiva? Se mira el pasado porque interesa el futuro. Eso es algo que la derecha descubre hoy, pero que el resto de nosotros siempre supo. Si llenamos las calles cada 24 de marzo, es porque aquello que comenzó en 1976 todavía continúa, sigue afectando nuestras vidas y condicionando de manera negativa nuestro futuro. Vivimos todavía en el ciclo histórico que abrió la dictadura, en el loop económico destructivo que se inició entonces, del que no conseguimos salir en 40 años de esta democracia devaluada, de baja intensidad, que nos dejó como herencia. Tenemos la vista clavada en 1976 porque necesitamos salir de su influjo. 

Con los militares se impuso por primera vez un programa económico duradero guiado por las ideas liberales ortodoxas. En otra columna expliqué sus efectos destructivos, continuados en los que nos dejaron sucesivos períodos de la misma orientación. Si miramos el último medio siglo, más de la mitad del tiempo el Palacio de Hacienda estuvo en manos de neoliberales: con los militares, con Menem-De la Rúa, con Macri y ahora Milei. El predominio que tuvieron, además, condicionó fuertemente la otra mitad de ese medio siglo, de tal modo que la lógica de la acumulación económica, su carácter destructivo, no pudo cambiarse. Venimos de 50 años de devastación solo interrumpidos por algún respiro pasajero. Desde 1976 vivimos en el loop de endeudamiento externo, dependencia y fragilidad financiera, drenaje de recursos y fuga de capitales, concentración del ingreso, pérdida de derechos laborales, empobrecimiento y destrucción progresiva de las capacidades de regulación del Estado y loteo o desmantelamiento de la infraestructura básica para la vida en común. El deterioro socio-económico constante nos coloca inevitablemente frente a sucesivas frustraciones políticas, que a su vez la derecha aprovecha para retornar al poder. Un loop que parece no tener fin. 

La continuidad del ciclo se nota en la de las políticas económicas que se repiten. Miren algún discurso de Martínez de Hoz de la década del ’70: sus palabras casi no se distinguen de las de Milei. Pero la continuidad es tan evidente que basta con seguir la pista de los funcionarios y del establishment que están detrás. A la represión de los militares y a sus medidas los apoyaron los principales grupos económicos (Martínez de Hoz era su representante, de hecho). Esos mismos grupos empresarios estuvieron enamorados de Menem, sostuvieron a Macri y hoy se embelesan con Milei. La misma continuidad se registra en los apoyos del FMI (que digita Estados Unidos): prestaron a la dictadura cantidades fabulosas, adularon a Menem y lo pusieron como ejemplo mundial, sostuvieron a De la Rúa todo lo que fue posible, concedieron a Macri el préstamo más grande que dieron en toda su historia y le ofrecieron dinero a Milei antes de que lo pida. Los mismos intereses de clase. Los mismos intereses geopolíticos. El mismo ciclo.

Si vamos a los funcionarios, la continuidad y reciclado es evidente. Entre quienes condujeron la economía en tiempos militares estaba Domingo Cavallo. Cavallo sería luego Ministro de Economía de Menem y de nuevo con De la Rúa. Hoy es consultado por Milei, que lo considera el mejor ministro de economía que tuvo la argentina. Militares, peronistas, radicales, libertarios: Cavallo siempre allí. 

Con Menem, además de los que heredó de los militares, hicieron su aparición nuevas figuras de continuidad, como lo sería Juan Llach, que regresó como Ministro de De la Rúa; uno de sus hijos tuvo altos cargos de gestión económica con Macri y ambos apoyan hoy a Milei. También se sumaron al armado de Milei otros funcionarios menemistas célebres, como Carlos Rodríguez o el “Chicago boy” Roque Fernández, aunque terminaron eyectados. 

De la Rúa tomó a Llach, Cavallo y otros funcionarios de Menem, pero también aportó algunos propios, como Ricardo López Murphy, a quien Milei llamaba su “segundo padre” antes de una enemistad personal que los separó. López Murphy, dicho sea de paso, fue el candidato que el establishment quiso convertir en presidente, sin éxito, en las elecciones de 2003. De la Rúa también subió a bordo a Federico Szturzenegger, que ya había sido economista de YPF durante su proceso de privatización en tiempos de Menem. Szturzenegger fue artífice del Megacanje de 2001, una verdadera estafa al fisco. Con Macri volvió a manejar el Banco Central y patrocinó un nuevo megaendeudamiento, igualmente ruinoso, que alimentó la fuga de divisas. Hoy es el cerebro detrás del Mega DNU y la Ley Ómnibus de Milei. Peronistas, radicales, macristas, libertarios: Szturzenegger siempre allí.

Finalmente llegó Macri, heredero de una familia que hizo su fortuna gracias a sus vínculos con los militares y él mismo menemista entusiasta. Macri jugó un papel fundamental para transferir a Milei los votos del PRO y hoy lo sostiene. En su gobierno recicló funcionarios de los períodos previos y aportó otros de su cosecha, como Luis “Toto” Caputo, que hoy vuelve a manejar el Palacio de Hacienda. 

En fin, tanto por la inspiración ideológica común, como por los apoyos sociales e internacionales y por la puerta giratoria de sus funcionarios, la continuidad del ciclo económico que se abrió en 1976 está fuera de toda duda. La dictadura terminó, pero el proyecto de país que nos impusieron continúa en pie. No es casual que todos estos gobiernos de diferente signo político pero idéntica orientación económica hayan tratado de erradicar nuestra memoria. Porque justamente nos enseña que existió una continuidad entre acciones militares e intereses civiles que trasciende la dictadura. Para ellos, ese recuerdo es una piedra en el camino. Hay que borrarlo o interferirlo.

Volviendo a lo extraordinario del 24 de marzo, cuesta encontrar en otros sitios un fenómeno parecido. Nada similar hay en otros países de la región que también sufrieron dictaduras sangrientas. Tampoco en España, que tuvo una que dejó incluso más muertos y más desaparecidos que la nuestra. Se trata de un ejercicio de memoria conmovedor por lo tenaz y sostenido. Nos habla del valor que tiene para nosotros esa memoria, pero también del interés por sostenernos como comunidad, de afirmarnos en emblemas compartidos, de no dejarnos consumir por esa presión cotidiana, embrutecedora, que empuja a que cada cual se ocupe solamente de sus asuntos privados. Nosotros no ejercitamos la memoria por mero gusto por la historia: es nuestra brújula para orientarnos hacia un futuro que nos saque de ese eterno retorno de lo mismo (y de los mismos) que nos carcome desde hace medio siglo.

De los muchos motivos para sentir orgullo de ser argentinos, esa obstinación por ponerle el cuerpo a la memoria es sin dudas uno de los más importantes. 

EA/DTC

Pocos entendían qué hacía en los 70 ese grupo de apasionados que se juntaba a charlar y tomar café hasta cualquier hora en una librería de pleno centro de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, un pueblo de la llanura pampeana que por entonces tenía alrededor de 20.000 habitantes y no mucho más atractivo que el de ser un descanso casi obligatorio en el camino de Buenos Aires a Mar del Plata. Un lugar en el que el atardecer caía sobre el campo como una frazada que enviaba a todos a dormir pronto, en el que acercarse a la ruta en verano a mirar cómo se atoraban los autos un cambio de quincena era un paseo y donde sólo había mucho bullicio en febrero, con ocasión de algún carnaval.

Ellos, entre cuatro paredes, con la puerta cerrada, mientras tomaban café alrededor de una mesa bajo la mirada de miles de libros también hacían ruido. Y alguien tomó nota. Eran un grupo de jóvenes, varones, que pasaban horas discutiendo sobre política, arte y cultura. Los unía haber ido al mismo secundario, en el Colegio Nacional Dolores, y defender las ideas socialistas. Hacían y distribuían una revista, participaban del mundo del teatro y valoraban a Arturo Frondizi. Les decían, en broma, los locos de la Jabonería de Vieytes.

Otro dolorense, del que nunca se supo el nombre, los registró. Dijo que eran peligrosos, una amenaza para el orden local, conspirativos. Y envío una nota a las autoridades del Penal Militar de Magdalena, a 184 kilómetros de la ciudad. Rápidamente desde ese lugar contactaron al interventor dolorense, el mayor Gustavo Zuviría, y le ordenaron hacer algo con ellos.

Desde que el militar se había instalado en el pueblo había tomado como persona de confianza a César Vilgré Lamadrid, un hombre de 72 años, docente, con ideas políticas de derecha, hijo del exintendente de esa localidad, Juan Vilgré Lamadrid. Entonces, desde su desconocimiento de la dinámica local y con la absoluta seguridad de que lo que le respondiera estaría bien, le consultó sobre estos nombres y qué creía que había de cierto en la denuncia. La respuesta cambió rotundamente lo que podría haber sido el destino de los registrados.

La llamada

Zuviría llamó a Vilgré Lamadrid en secreto. Le aclaró que tenían que hablar de algo absolutamente confidencial. Su jefe de Magdalena le había pedido que investigara a un grupo de dolorenses acusados de integrar una célula subversiva y él los conocía. Habían sido sus alumnos.

Apenas leyó los nombre, Vilgré Lamadrid sentenció: “Esto es un reverendo disparate. Acá nos conocemos todos. Dolores no tiene subversivos. Son chicos que se juntan a hablar de política. Socialistas y progresistas, sí, pero que no hacen más que reunirse como lo hicieron toda la vida”. A Zuviría esto le alcanzó. Se comunicó con su jefe y desactivó la denuncia. “Dolores no tiene subversivos”, repitió.

La explicación de por qué apenas desembarcó en la ciudad, Zuviría se apoyó en Vilgré Lamadrid tenía que ver con su importancia popular. “Era un referente cultural de la ciudad, de una familia tradicional, una especie de sabio del pueblo, un tipo sumamente respetado, con una biblioteca increíble”, recordó una dolorense a elDiarioAR.

“Zuviría tenía alguna referencia de papá. Lo tomó como su consejero. Captó el tipo de persona que era y valoraba su honestidad intelectual y moral, que se la había ganado. Era una persona sabia, de una mirada muy amplia, conocía fundamentalmente al pueblo. Entonces, se encontraba con él y le pedía consejos y cosas”, relató a este diario Ana Lía Vilgré Lamadrid, hija de César.

Esta historia quedó guardada en secreto hasta el regreso a la democracia. Fue la secretaria de Zuviría la que lo comentó, sorprendida de que hubiera sucedido algo así. El rumor corrió rápido, entonces le preguntaron a Vilgré Lamadrid si esto era cierto. Él terminó contándolo todo. Casi sin saberlo salvó a varios de un desenlace que podría haber sido, al menos, cruel.

No hay registros de que Dolores haya tenido detenidos o desaparecidos en su jurisdicción aunque sí de los siguientes dolorenses que fueron víctimas del terrorismo de estado en otros departamentos:

Delia Elena Garaguzo Viera Roldán

Fue secuestra a los 22 años, el 18 de septiembre de 1976 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La apodaban “Tali”. Al momento de su desaparición estaba casada y embarazada de tres meses. Trabajaba en la industria del pescado. Su marido Omar Tristán Roldán también fue desaparecido. Ambos eran miembros de la organización Montoneros. Se presume que el hijo de ambos debió haber nacido en cautiverio entre marzo y abril de 1977. Continúa desaparecido/a.

Liliana Graciela Pachano

Fue secuestrada y desaparecida a los 21 años, el 21 de abril de 1976, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Trabajaba como empleada y estaba casada con Enrique Daniel Nario, de 21 años, y militante de la Juventud Peronista, también desaparecido.

Luis Joaquín Rojas

Fue secuestrado a los 31 años el 18 de mayo de 1977 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Al momento de su desaparición su mujer cursaba un embarazo de entre cuatro y seis meses. Se presume que ese bebé nació en cautiverio entre agosto y septiembre de 1977. Continúa desaparecido/a.

Gastón Dillon

Fue detenido el 1 de abril de 1980, en La Plata, provincia de Buenos Aires, a los 22 años. Era estudiante universitario y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

MM/DTC

El Aula Magna del Pabellón II de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, repleta. La multipremiada genetista estadounidense Mary Claire King protagoniza una conferencia con motivo del recibimiento del doctorado honoris causa. Una estudiante se seca las lágrimas, abraza a su compañero. Se acomoda y pide la palabra.

—Primero que nada, gracias. Creo que hablo en nombre de todos los presentes cuando digo que su trabajo es una inspiración. Mi pregunta es cuáles son sus proyectos actuales. Si no está retirada…

—¿Retirada? No, yo trabajo, siempre trabajo. ¡Miren, ahí está una de mis jefas!

La doctora King señala a Estela de Carlotto, a quien conoce hace cuarenta años. Luego se baja del escenario y ambas se funden en un abrazo largo, cargado de vida, mientras el auditorio entero aplaude.

El Consejo Superior de la UBA había decidido distinguir a esta científica en 2012, por su rol fundamental en la recuperación de nietos apropiados durante la última dictadura militar y la identificación de restos de detenidos desaparecidos. Recién este martes pudo concretarse el homenaje. El mismo día que el Museo de la ex ESMA fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. En un contexto social, político y electoral de discusión en torno a la memoria, con emergencia de discursos negacionistas.

El doctor en Ciencias Químicas, biólogo molecular y profesor emérito Alberto Kornblihtt fue el encargado del “elogio académico”. Trazó un recorrido por la variada y prolífica carrera de King, quien demostró que los seres humanos y los chimpancés son genéticamente idénticos en un 99%; descubrió el llamado “gen del cáncer de mama” (lo cual revolucionó el estudio de otras enfermedades como la fibrosis quística); y puso su especialidad al servicio de los derechos humanos.

Egresada magna cum laude, ganadora —entre tantos galardones— del prestigioso Premio Albert Lasker y la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos (otorgada por el expresidente Barack Obama), beneficiaria de títulos honorarios de instituciones como Yale, Brown, Princeton y Columbia. La doctora mezcla rigurosidad académica y compromiso social. Kornblihtt habló de su activismo contra la Guerra de Vietnam durante su etapa estudiantil, recordó sus días como profesora en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y su temprano vínculo con Abuelas de Plaza Mayo. 

Contó, por último, cómo impulsó la colaboración entre académicos palestinos e israelíes con la convicción de que —citándola— “es posible hacer juntos ciencia hermosa y útil, incluso entre países que están en conflicto”. Por todo esto, se refirió a ella como “un prócer de nuestro país que merece el más alto respeto del pueblo”. 

Tras una breve introducción del rector Ricardo Gelpi y del decano Guillermo Durán, King comenzó su presentación. “Todos tenemos responsabilidades como científicos y como ciudadanos del mundo. De vez en cuando, nuestra formación resulta útil. Mi trabajo con las Abuelas es un ejemplo de esta convergencia”, expresó con su castellano forjado a través de viajes, docencia y relación con familiares de víctimas del terrorismo de Estado. 

La doctora reivindicó el rol pionero de aquellas mujeres que, con valentía y pañuelos blancos en la cabeza, salieron a buscar a sus hijos, hijas y nietos. Fueron ellas quienes plantearon la pregunta que marcaría un giro en su vida profesional y personal: ¿es posible determinar el parentesco de un menor con sus abuelos a partir del análisis del material genético, si sus padres están desaparecidos?

Muchos científicos alrededor del mundo se mostraban escépticos. Fue Víctor Penchaszadeh, genetista argentino exiliado durante la Triple A, el primero en transmitirle a las Abuelas que su idea no era esotérica. Él actuó como nexo con Mary Claire King.

Corría 1984. Junto a dos colegas, la genetista publicó el artículo “Genética humana y derechos humanos: identificando las familias de niños secuestrados”, en la revista Forensic Medicine and Pathology. Allí nació el famoso “índice de abuelidad”, una fórmula matemático-probabilística a partir de análisis de material genético. 

De los tres autores de este trabajo, fue ella quien eligió venir a la Argentina, invitada por la Conadep. Por su experiencia en Latinoamérica; pero, sobre todo, porque tenía una hija de la misma edad que los chicos apropiados. “Pensé que iba a ser un solo viaje de solidaridad, terminó siendo mucho más”, confesó. 

Ese mismo año, 1984, ocurrió la primera restitución de identidad de una nieta, con el índice de abuelidad (realizado en el Hospital Durand) como prueba. Se trató de Paula Eva Logares, quien había sido separada de sus padres Mónica Grinspon y Claudio Logares a los 23 meses, para luego ser apropiada por un subcomisario de la Policía Bonaerense. 

Paula Logares volvió con su familia, pese a obstáculos por parte de miembros del Poder Judicial. Tanto ella como su abuela Elsa Pavón asistieron a la charla en la Facultad, ubicadas entre las primeras filas. 

Mientras volvía sobre los años ochenta, a la doctora King se le quebró la voz. El exitoso caso de Paula fue precursor. Sin embargo, el sistema demandaba perfectibilidad. Los índices de abuelidad, efectuados con muestras de sangre bajo microscopio, dependían mucho del ojo humano y surgían diferentes problemas. 

Las abuelas pidieron a la doctora métodos innovadores. “Me dijeron que busque y vuelva con algo mejor”. Ella no podía sacar de su cabeza el póster que habían colgado en su oficina de la calle Corrientes, repleto de rostros de niños y niñas. Pasó largas jornadas en vela, hasta que decidió trabajar con el ADN mitocondrial, que se hereda por vía materna y proporciona secuencias prácticamente únicas para cada familia. 

“Fue un avance aún más revolucionario que el índice de abuelidad”. De hecho, estuvo en la base de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, una institución autónoma y autárquica creada en 1987, para garantizar un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas por el gobierno militar.

Claro que los desafíos seguían apareciendo, para el activismo, las familias y la ciencia. King rememora: “Surgió una nueva pregunta: ¿podríamos identificar los restos encontrados con el ADN de los familiares?”. Aunque nunca se había hecho, volvió a acudir al ADN mitocondrial; esta vez, preservado en la pulpa de los dientes. 

Las pruebas fueron exitosas y publicó los hallazgos en una revista científica internacional, “para que el método fuera aceptado en los tribunales”. La oradora, con entusiasmo de investigadora e ímpetu de luchadora por los derechos humanos, remarcó que los esfuerzos no fueron en vano, como comprobó en el caso Manfil. 

A modo de cierre, pasó una diapositiva con dos elementos que sintetizan su búsqueda: la palabra “ADN” y el poema “Testamento”, del escritor Ariel Dorfman: 

Cuando te digan

que no estoy preso,

no les creas.

Tendrán que reconocerlo

algún día.

Cuando te digan

que me soltaron,

no les creas.

(…)

No les creas cuando te muestren

la foto de mi cuerpo,

no les creas.

(…)

Y cuando finalmente

llegue ese día

cuando te pidan que pases

a reconocer el cadáver

y ahí me veas

y una voz te diga

“Lo matamos

se nos escapó en la tortura

está muerto“,

cuando te digan

que estoy

enteramente absolutamente

definitivamente

muerto,

no les creas,

no les creas,

no les creas,

no les creas.

JB/DTC

“Rojos no”, “violadores”, “asesinos” o “cobardes” son algunos de los mensajes que aparecieron recientemente sobre el último mural de la serie Brigadistes de Roc BlackBlock en Barcelona. La obra vandalizada, El pas de les Brigades Internacionals per Barcelona, reproduce las imágenes capturadas por el reportero Henry Buckley sobre los combatientes que desde distintas partes del mundo acudieron a apoyar al ejército republicano en la Guerra Civil española.

El mural, ubicado en el passeig de la Circumval·lació, fue inaugurado el pasado 14 de junio en un ejercicio de memoria histórica junto al instituto Quatre Cantons del barrio del Poblenou. Es uno de los más especiales, pero uno más en la larga lista de obras dedicadas a esta temática que el artista Roc BlackBlock ha plasmado a lo largo de los últimos años en edificios de toda Catalunya. “Para mí es imprescindible que el arte rescate las narrativas de la memoria popular y comunitaria, especialmente las que han sido invisibilizadas por los grandes relatos de la historia”, defiende.

Nacido en Barcelona en 1975, y tras una trayectoria como activista social y grafitero, Roc BlackBlock emprendió en 2020 el proyecto Murs de Bitàcora con el objetivo de ilustrar la historia reciente en las calles de pueblos y ciudades. Hoy su iniciativa acumula más de medio centenar de obras. Desde los Brigadistas Internacionales hasta familias campesinas y desde el barraquismo que proliferó en la capital catalana hasta un homenaje a la militante antifascista Neus Català.

A lo largo de su carrera, Roc BlackBlock ha recibido numerosos encargos tanto por parte de centros sociales como de administraciones públicas catalanas, con el fin de reproducir gráficamente diferentes proyectos participativos y de compromiso social. Su obra ha trascendido las fronteras españolas y también puede encontrarse en países como Portugal, Francia, Chile, Argentina, Cuba o China.

El artista relata que fue su aproximación a la técnica del stencil art, enfocada en la estampación de fotografías de archivo, la que propició el interés memorístico de ‘Murs de Bitàcola’. Uno de los ejemplos más ilustrativos de su inspiración en la fotografía documental es el mural ‘La memòria de la perifèria’ (2021) del Ateneo Popular de Nou Barris de Barcelona, en el que aparece una familia preparándose para acudir a una de las muchas manifestaciones que se hicieron en los 70 para reclamar viviendas dignas para los habitantes de las barracas de Santa Engràcia, la actual plaza Àngel Pestaña de Barcelona.

“Como artista quiero participar en el proceso de recuperación de la memoria y la identidad comunitaria del lugar donde pinto, intercambiando experiencias y opiniones con sus residentes”, expresa. 

En lo que lleva con Murs de Bitàcora, el ‘grafitero’ asegura que ha constatado que los murales dedicados a la memoria popular se erigen como elementos de cohesión social y pedagógica. Para Roc Blackblock, las calles de la capital catalana cuentan con un legado histórico vastísimo y albergan historias épicas que fueron protagonizadas por los vecinos y las vecinas de sus barrios.

Desde esta perspectiva, rememora con orgullo Amb les nostres mans (2019), una gran pintura que muestra a una familia construyendo su hogar con sus propias manos. “El mural queda en un segundo plano anecdótico cuando consigues tocar la fibra sensible de la gente y revivir la transmisión de un suceso histórico así”, detalla. El artista compuso esta pieza para culminar el trabajo memorístico y antropológico coordinado por el Observatori de la Vida Quotidiana de Barcelona (OVQ), que explica la historia de un barrio que fue construido ladrillo a ladrillo, por parte de las mismas familias que fueron a vivir a la Teixonera a finales de los años 50 del siglo XX. 

La vandalización sobre los murales de Roc BlackBlock

El pas de les Brigades Internacionals per Barcelona, el mural en el passeig de la Circumval·lació, apareció destrozado con proclamas ultras el pasado 2 de julio, dos semanas después de su inauguración. La recreación de esta pintura junto al alumnado de cuarto de ESO del centro explica el artista, permitió desarrollar un proceso de documentación e indagación sobre el episodio histórico con los adolescentes.

“Pese a la vandalización, el trabajo didáctico realizado con el estudiantado ya es de valor incalculable”, alega el artista, que se muestra motivado para volver a repetir actividades como esa en el ámbito educativo. 

El artista explica por qué no quiere reparar el mural dañado con “mensajes de odio”. Hacerlo, argumenta, “sería un acto performativo no preparado” que “taparía” la situación política actual y el hecho de que existan actos vandálicos ultras, que se han repetido en otros espacios de memoria como la placa frente a la comisaría de Via Laietana.

“Con este ataque, el proyecto cobra más sentido y muestra lo necesario que es seguir defendiendo una cultura antifascista”, añade el artista urbano, que considera que los autores de las pintadas “han generado el efecto Streisand”, según el cual el intento de censura acaba teniendo el efecto contrario al deseado: dar mayor visibilidad a la obra atacada.

Algo parecido le ocurrió en febrero del 2021, con motivo de la campaña de apoyo al rapero Pablo Hasel, —encarcelado por los delitos de injurias a la Corona y a las instituciones de Estado y de enaltecimiento del terrorismo—. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona eliminaron en el Parc de les Tres Xemeneies un grafiti suyo en el que aparecía el rey emérito Juan Carlos I con un cartel en la frente donde ponía ‘ladrón’. “El acto de censura era más ilegal que el acto de pintarlo, porque era un espacio municipal habilitado para ello y no se estaba proclamando ningún discurso de odio”, sentencia el muralista, refiriéndose al contexto de polémica institucional propiciado en el momento. 

Ante la controversia producida por la censura, además en plena campaña electoral al Parlament de Catalunya, el consistorio sufragó la restauración. Asimismo, los artistas implicados, incluido Roc Blackbloc, no quisieron que fuera “instrumentalizada” entre los distintos fines políticos y optaron por dejar la reconstrucción el mural para después de las elecciones.

“Queríamos centrar los esfuerzos del mural en positivo, ya que desde la política y los medios de comunicación se nos presta más atención cuando una obra se vandaliza, y me da la sensación de que así estamos actuando como altavoz de la ultraderecha”, puntualiza. En este sentido, el ‘grafitero’ rememora que la segunda versión del mural, 'Spain is a fascist state', volvió a ser destruida poco después por un grupo reaccionario de extrema derecha. 

La censura política en el mundo de la cultura 

Al artista urbano le preocupa el auge de la extrema derecha y su entrada en las instituciones, ya que acostumbra a trabajar con la financiación de entidades públicas para desempeñar unas obras de memoria histórica y popular. “Si no recibo suficientes encargos, volveré a la autogestión y a los espacios de resistencia de los cuales provengo”, reconoce Roc Blackblock, quien recuerda también la censura que los gobiernos de ayuntamientos del PP y Vox han acometido sobre diferentes propuestas culturales esta última semana. 

Para él es importante que su obra no se interprete vaciada de contenido, desde un plano únicamente estético. “Mi trabajo cobra sentido cuando soy un actor más en la toma de conciencia antifascista de nuestro pasado y presente histórico: quiero hablar de movimientos sociales, represión, migraciones, exilios, cultura y tradición popular”, expone el artista, y por eso lamenta que, normalmente, los organismos públicos prefieran encargarle la representación de temas “más costumbristas” y “amables” con todos los gustos.