“A mí que puse la cara como nadie por la Policía y por el Servicio Penitenciario, a mí que discutí con todos los garantistas que no querían meter presos a los chorros, ¿a mí me van a decir asesino de policías?”, se indignó Maximiliano Pullaro en la conferencia de prensa en la que presentó la nueva escala de salarios para la policía de Santa Fe. El gobernador expuso así su principal preocupación ante el conflicto que tuvo en vilo a la provincia durante una semana: la ruptura del vínculo con la fuerza policial a la que atribuye el máximo logro de su gestión, el descenso de los indicadores de violencia en la ciudad de Rosario.

El gobierno provincial consideró que los reclamos de los policías eran “justos y legítimos”. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió a la gestión como “pro Policía y pro fuerzas de seguridad”, una aclaración innecesaria. Pullaro recordó una acción elocuente al respecto: la reivindicación del oficial Luciano Nocelli, condenado en dos instancias judiciales por doble homicidio, liberado por la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, absuelto en un juicio exprés que el mismo gobernador impulsó e incorporado a la planta de empleados de la provincia.

Pero los policías autoconvocados con un sorprendente grado de organización y con acciones coordinadas en distintas ciudades de Santa Fe no pusieron en duda el perfil punitivista de Pullaro. Los bajos salarios, las penurias materiales y afectivas del personal forzado a trasladarse desde el norte de la provincia a Rosario, la invisibilización de los problemas de salud mental y las coerciones disciplinarias fueron los motivos puntualizados en el petitorio que presentaron los policías.

“La policía de Santa Fe está muy fragmentada y contiene grupos con intereses diversos. Con el conflicto quedaron expuestas cosas inocultables a pesar del paraguas mediático que tiene el gobierno en la provincia: en primer lugar, el discurso propolicial es una impostura, porque no hicieron nada en términos de profesionalización, condiciones de trabajo y salud mental”, analiza el criminólogo Enrique Font, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Problemas de salud mental y apremios económicos

El desfasaje entre la retórica del gobierno “contra las organizaciones criminales” y la situación de estratos medios e inferiores se hizo patente la semana pasada y detonó el conflicto. El martes 3 de febrero Pullaro celebró la continuidad del Plan Bandera en Rosario junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y destacó el desempeño de las fuerzas de seguridad. Por esas horas el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, agonizaba después de dispararse un tiro en la cabeza dentro de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando se presentó para tomar servicio después de una licencia por enfermedad y supo que no podría hacerlo hasta que se reuniera una junta médica.

No hay información oficial sobre los policías que se quitaron la vida en Santa Fe durante la implementación del Plan Bandera. El caso de Valdez fue el tercero registrado en la policía de Rosario entre diciembre de 2025 y este mes. El ministro Cococcioni informó que 560 empleados policiales están bajo tratamiento psicológico en la provincia y otros 460 abandonaron de manera voluntaria la terapia para reincorporarse al servicio, otro indicador de los apremios económicos solapados.

La protesta tuvo su epicentro en las puertas de la Jefatura de Policía de Rosario, se desplegó ante la Casa de Gobierno y la Jefatura de la Policía de la Provincia en la ciudad de Santa Fe y alcanzó a varias ciudades del centro y norte de la provincia. Los policías cortaron calles, quemaron neumáticos, eligieron delegados en asamblea y redactaron un petitorio: un conjunto de prácticas características de acciones sindicales que la misma fuerza reprimió, como la movilización de docentes y estatales en octubre de 2024 ante la Legislatura provincial o la de trabajadores de la empresa Sancor de Sunchales que reclamaban por sus salarios en febrero de 2024.

“Cuando las bases se acuartelan no solo desafían a la autoridad política sino a sus mandos superiores. En su mayoría, los conflictos policiales evidencian una fractura profunda en la pirámide”, afirma Gustavo Javier González, profesor de la Universidad Nacional del Litoral. En 2020, el Censo Policial coordinado por González y otros investigadores del Programa Delito y Sociedad de la UNL ya había detectado problemas que estallaron ahora: un 34 % de las licencias prolongadas en el personal policial correspondían a patologías de salud mental.

Policías y familiares se presentaron como autoconvocados y designaron como “único vocero” a Gabriel Sarla, un abogado y ex policía con experiencia en acuartelamientos y a su retiro dedicado a la defensa penal de policías. El malestar se profundizó el martes a la tarde, después de que Sarla informó que había sido recibido por una secretaria porque el ministro no lo podía atender. Según funcionarios del gobierno provincial hubo un teléfono descompuesto entre lo que decía el propio gobierno y lo que se comunicaba a los policías.

El punto máximo de la tensión se produjo cuando los manifestantes insultaron al jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, y bloquearon las salidas de la Jefatura de Policía de Rosario. El patrullaje en la calle –símbolo del orden que exalta Pullaro- quedó resentido por el bloqueo y porque los agentes tomaban el servicio y sumaban los patrulleros a la concentración. La situación pareció normal en Rosario, aunque los fantasmas de la inseguridad estuvieron presentes.

“El conflicto se destrabó cuando el ministro Cococcioni habló personalmente con los mandos medios de la policía que estaban reunidos frente a la Jefatura”, según comenta una fuente del gobierno provincial. Ese acuerdo informal quedó plasmado con el decreto que firmó Pullaro, por el cual el gobierno provincial garantiza a los empleados de la Policía y el Servicio Penitenciario un ingreso mínimo equivalente al valor de la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes, de acuerdo al valor publicado por el Indec el 1° de febrero. La primera oferta –presentada pomposamente como “Plan de acción para el bienestar de las fuerzas de seguridad de Santa Fe”– había sido rechazada por los uniformados porque mejoraba los salarios de una parte de la fuerza y fue percibida como discriminatoria de las bases.

Como coletazo de la crisis, el gobierno desplazó al jefe de policía de Rosario, Guillermo Solari. Su reemplazante, Danilo Villán, pertenece al núcleo duro de comisarios que Pullaro reincorporó a la fuerza apenas comenzó su gobierno. Pero la sombra del conflicto se extiende ahora sobre los salarios de las fuerzas federales, la negociación de paritarias del gobierno provincial con otros trabajadores estatales y docentes y las dudas sobre la recomposición de la cadena de mandos en la policía provincial. El principal capital político del gobernador quedó averiado, aunque todavía parece prematuro evaluar el daño.

La sombra de la sospecha

El decreto firmado por Pullaro invoca “la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, “el contexto delictivo vigente” y “la restauración del control de las cárceles” para justificar un aumento salarial que prioriza al personal de seguridad por encima de los agentes de salud y los docentes. Según el ministro Cococcioni, la protesta fue incentivada precisamente desde las cárceles pero no ya por miembros de bandas sino por policías “vinculados a hechos de corrupción” que están presos.

Pullaro denunció una campaña para limar el nexo entre el gobierno y la fuerza de seguridad, montada sobre fake news e información distorsionada en redes sociales. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se mantuvo en silencio durante la semana en que se prolongó el conflicto y ayer anunció que aportaría información sobre personas ajenas a la policía que activaron las manifestaciones.

En el gobierno provincial apuntan como conspiradores a la cúpula de la policía de Rosario que encabezó Daniel Acosta hasta mayo de 2025. El gobernador le había entregado un mes antes a Acosta el sable corvo del Brigadier López, distinción que premia a policías honestos, pero el comisario quedó involucrado con otros jefes policiales en un fraude con el dinero provisto para el combustible de los patrulleros.

El fraude, un aceitado sistema de recaudación clandestina instrumentado con las tarjetas de débito oficiales para el pago de combustible, se extendió al menos durante dos años según la investigación del fiscal José Luis Caterina y comprendía pagos puntuales por quincena, correctamente ensobrados y distribuidos entre las secciones del personal operativo en la calle. Precisamente el sector de la policía al que suele elogiar Pullaro y al que ahora le concedió un plus al margen de la recomposición salarial.

Logros en dudas

Los logros de la policía de Santa Fe no parecen tan rotundos como enfatiza el gobernador. En 2025 los homicidios volvieron a aumentar en la provincia con 210 hechos registrados, mientras en 2024 hubo 180. El Observatorio de Seguridad provincial informó que la tasa de homicidios en el departamento Rosario es de 8,7 casos cada cien mil habitantes, mientras la tasa nacional alcanza a 3,8 según el último registro informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. No obstante, la diferencia con el número de casos durante el gobierno de Omar Perotti es ostensible: en 2022 hubo 406 homicidios y en 2023, 399.

Enrique Font observa un escenario cargado de incertidumbre: “El conflicto dejó en claro la fuerte dependencia de la política con la policía. Hay que ver cómo se traduce al interior de la fuerza. Pullaro es rehén de su demagogia punitiva, el gobierno retrocedió en todo: las imputaciones a los policías por dejar el servicio, con que amagó, van a quedar en la nada. La desatención de la policía puede subsanarse con ingresos, pero también queda en evidencia que el gobierno no trabajó en una conducción que cuide al personal”.

La abrupta disminución de la violencia en Rosario entre 2023 y 2024 “es única en América Latina” según el gobernador Pullaro pero abona sospechas entre los especialistas sobre un arreglo entre sectores de la policía y bandas criminales. El misterio que rodea al componente policial de Los Menores sería un indicio; se trata de la banda a la que se adjudica el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

Font afirma además que la de Santa Fe “es la peor policía del país” y se remite a su escasa capacidad de investigación, la corrupción crónica “de estratos altos, medios y bajos” y los hechos de violencia institucional. El 18 de febrero serán llevados a juicio veintiún policías de la comisaría 14ª de Rosario, acusados por torturas, abuso sexual y otros delitos contra cinco jóvenes a los que detuvieron sin causa cuando estaban en una plaza de la zona oeste de Rosario.

El gobernador de Santa Fe salió a recargar su crédito punitivista a propósito de la ley de punibilidad de los menores: “A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta”, publicó en X. “Pullaro va a necesitar que la policía de la provincia siga haciendo lo que está haciendo porque su peor escenario político es que lo que pasó en 2025 con la tasa de homicidios se replique este año. Mucho va a depender de cómo le responda la policía en el control de la violencia”, concluye Font.

OA/MG

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este miércoles que el reclamo policial en esa provincia fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”, por lo que anunció un incremento salarial que será efectivizado a través de un decreto.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.

El mandatario provincial explicó que “hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos”.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno en Rosario.

Con información de la agencia NA

La sanción del primer Presupuesto de la gestión libertaria ordenó una foto precisa del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores. Javier Milei logró aprobar la ley central de su programa con el respaldo clave de mandatarios provinciales, en su mayoría peronistas, que optaron por un pragmatismo más marcado que en otras etapas. No se trató de un acuerdo político integral ni de un nuevo pacto federal, sino de una suma de entendimientos tácticos, construidos voto a voto y distrito por distrito, en un contexto atravesado por demandas y un punto que ya es un dato fáctico: gobernadores y La Libertad Avanza comparten, en muchos territorios, el mismo electorado.

En la votación del viernes pasado en el Senado acompañaron al oficialismo los legisladores que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de los dos misioneros que responden al exgobernador Carlos Rovira, alineados con Hugo Passalaqua. El esquema de votación por capítulos —idéntico al utilizado en Diputados— fue decisivo para blindar artículos sensibles, como el 30, que recorta fondos a educación y ciencia, y evitar que el proyecto regresara a la Cámara baja, un escenario que el Gobierno buscó esquivar hasta último momento.

Las negociaciones se extendieron durante toda la jornada. Además de la flamante senadora Patricia Bullrich, participaron activamente el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, todos ellos parte del engranaje político que responde a Karina Milei. El objetivo fue evitar sobresaltos y garantizarle al Presidente la sanción del Presupuesto, aun a costa de conceder gestos y acelerar transferencias.

Ese método, sin embargo, ya había mostrado fisuras pocos días antes en Diputados. Allí, varios legisladores que responden a los gobernadores norteños votaron a favor en general pero rechazaron el Capítulo XI. En las provincias, la lectura fue que el oficialismo falló en los cálculos y, convencido de tener los votos asegurados, no terminó de chequear posiciones clave, en especial sobre la derogación de las leyes de financiamiento educativo y de emergencia en discapacidad. La respuesta de la Casa Rosada fue rápida: antes y después de esa sesión se agilizaron los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se profundizó el goteo de fondos por compensación del consenso fiscal, con transferencias que, en varios distritos, superaron ampliamente los promedios mensuales habituales.

Ese movimiento volvió a dejar al desnudo una asimetría persistente. Provincias como Salta, Chaco, Misiones o Catamarca recibieron en pocos días montos extraordinarios, mientras que en el bloque de Provincias Unidas el acompañamiento fue dispar. En los distritos del centro se consolidó la percepción de que el oficialismo sigue privilegiando a los gobernadores del norte, más funcionales en términos legislativos y electorales.

Detrás de esa conducta aparece un factor estructural: en buena parte del país, La Libertad Avanza ya es primera o segunda fuerza en capitales provinciales y grandes centros urbanos, incluso donde gobiernan mandatarios peronistas o radicales. Esa superposición de electorados que quedó expuesta en los comicios de 2025 vuelve a los gobernadores más cautelosos. Confrontar abiertamente con la Casa Rosada implica, para muchos, el riesgo de empujar votantes propios hacia el oficialismo nacional. El pragmatismo que primó durante la votación del Presupuesto no responde tanto a afinidades ideológicas como a una lógica defensiva frente al nuevo mapa político.

En ese esquema, el Ministerio del Interior funciona hoy menos como articulador federal clásico y más como mesa de contención de conflictos y administración de demandas. Santilli actúa como interlocutor operativo, pero las decisiones estratégicas no pasan exclusivamente por su despacho: la validación política corre por cuenta de Karina Milei, mientras que la viabilidad real de cada acuerdo depende del Ministerio de Economía y de ANSES. No es casual que varios gobernadores negocien por canales paralelos, lo que explica por qué algunos entendimientos avanzan con rapidez y otros quedan empantanados durante meses.

La sanción del Presupuesto 2026 también dejó una línea de incentivos difícil de disimular. Los gobernadores que sellaron alianzas electorales o mostraron cooperación legislativa sostenida fueron los que recibieron respuestas más rápidas y contundentes. Chaco y Entre Ríos aparecen como ejemplos claros de ese esquema, mientras que Córdoba logró un acuerdo parcial sin alineamiento formal. El Presupuesto operó así como un test de lealtades, más que como una simple ley económica.

El caso Pullaro

En ese tablero, el santafesino Maximiliano Pullaro quedó ubicado deliberadamente en el lugar del disidente. No solo rechazó el acuerdo previsional ofrecido por Nación, que su administración considera insuficiente frente a una deuda que estima en torno a los $2 billones, sino que también cuestionó de manera abierta el diseño de la ley de leyes.

Pullaro intentó incorporar el reclamo santafesino al texto presupuestario y no lo logró. Su bloque, además, se opuso al artículo 30, al que el gobernador asoció directamente con el “desfinanciamiento de la ley de discapacidad y de la educación pública”. En paralelo, criticó con dureza la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial: “El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de $360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”, advirtió.

La estrategia de Pullaro ya había incluido un gesto político explícito: a mediados de año, se mostró ante la Corte Suprema junto a sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal de respaldo transversal al reclamo provincial. Ahora, que sea el único gobernador no peronista que no fue recibido por Santilli terminó de consolidar su lugar como caso testigo del nuevo equilibrio. En la Casa Rosada interpretan su postura como una decisión consciente de diferenciarse y, al mismo tiempo, como una advertencia implícita al resto.

Es que, más allá de la victoria legislativa, el Presupuesto 2026 no cerró los conflictos estructurales entre Nación y provincias. Las deudas previsionales, la obra pública nacional y el financiamiento de educación y ciencia quedaron abiertos, garantizando que la tensión continúe durante todo el año próximo. La ley ordenó la coyuntura y le dio a Milei una herramienta central de gobierno, pero no pacificó el vínculo federal. Por el contrario, institucionalizó un sistema de negociaciones permanentes, sostenido en premios, castigos y en una competencia silenciosa por el mismo electorado que hoy condiciona a todos los actores.

PL/CRM

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a expresar públicamente el reclamo de los fondos coparticipables al Gobierno Nacional y pidió una “nueva redistribución de recursos”.

El discurso se realizó en una fiesta local, donde el mandatario le solicitó al presidente Javier Milei, además del dinero que le corresponde a su provincia, “discutir” el sistema impositivo de la Argentina y apuntó contra la provincia de Buenos Aires.

“Santa Fe aporta cerca de 3.000 millones de dólares al Estado cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires y, por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, aseveró Pullaro.

En la misma línea, y en referencia a las reformas que impulsa la gestión de Milei, en particular sobre la impositiva, el santafesino señaló que las retenciones, que cobra el Estado Nacional, “son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina” y remarcó que se deberían bajar “todos los impuestos”, ya sean nacionales, provinciales y locales, “para poder producir más”.

Para finalizar, solicitó una redistribución “más equitativa” de los recursos porque sólo “se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires” y dejan de lado “el interior productivo”.

“Le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El frente de gobernadores y aliados nucleados en Provincias Unidas, que debutó en estas elecciones legislativas, obtuvo apenas ocho bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, con el 7,85% de los votos a nivel nacional y más del 97% de los votos escrutados. Ese resultado los dejará en inferioridad de condiciones a la hora de sentarse a negociar con el Gobierno nacional.

La alianza que encabezaban los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Jujuy y Corrientes quedó así como la tercera fuerza política de la jornada electoral, muy lejos del segundo puesto de Fuerza Patría, que obtuvo más de 16 puntos por encima de Provincias Unidas. Entre sus aliados se encuentran dirigentes de la UCR, el Partido Socialista, el GEN y el PRO, entre otros.

El bloque electoral está integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En la provincia de Buenos Aires, la lista era encabezada por el exministro de Transporte Florencio Randazzo y la diputada Margarita Stolbizer. La fuerza quedó en el quinto lugar, detrás de la izquierda, con apenas el 2,45% y 206.166 votos. No logró ninguna banca.

En la Ciudad de Buenos Aires, su aliado cabeza de lista era el senador Martín Lousteau. Quedó en cuarto lugar, también detrás de la izquierda, con 6,01% y 94.448 votos. Obtuvo una sola banca. El porteño remarcó: “Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora: recorrer, escuchar y proponer. Esperamos que todos los porteños se sientan representados por nuestro trabajo y nuestras convicciones”.

El diputado electo pronosticó que los mercados reaccionarán de manera positiva a los resultados de la elección: “Creo que con la economía de la parte financiera va a tener una buena reacción. La economía real de la gente va a seguir igual que estaba el viernes. Lamentablemente vamos a seguir con una economía que le cuesta crecer, que está entrando en recesión, con el dinero que no alcanza para fin de mes, con familias cada vez más endeudadas, con empresas que le cuesta abrir sus persianas porque están en rojo y cuando se finanzan tienen tasas estratégicas. Y ojalá que el gobierno modifique estas cosas. Tiene ahora un aval de la sociedad para seguir trabajando. Ojalá que la parte que está doliendo tanto a tanta gente lo modifique”.

Corrientes fue la mejor performance de Provincias Unidas: ganó la elección legislativa en la provincia de Valdés con el 33,86% y 182.086 votos. Se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue la única provincia donde ganó la alianza de los gobernadores.

En Córdoba, quedó segunda pero le sumó tres bancas nacionales al gobernador Llaryola, con el 28,28% y 540.435 votos. La lista era liderada por el exgobernador Juan Schiaretti. El diputado electo felicitó a La Libertad Avanza (LLA) por el triunfo en la provincia como los “legítimos ganadores” y aseguró tras conocer los resultados: “Para nosotros es importante contar con más diputados en un país donde, más allá del inocultable triunfo que tuvo La Libertad Avanza a nivel nacional, el Congreso continuará fragmentado. Por eso es relevante que el bloque que representa a nuestra fuerza de gobierno, Provincias Unidas Córdoba, vaya a tener seis miembros”, cuando los diputados electos este domingo se suman a los tres diputados cordobeses que conservan sus bancas.

“A la atomización política que hay en el país, se suma también la importancia de los demás diputados que sacamos en toda la geografía nacional. Eso convierte a Provincias Unidas no solo en el tercer partido político de la Argentina, sino que nos permitirá conformar un bloque de diputados y senadores que será el bloque del interior de la patria”, agregó Schiaretti. “Lo decía muy bien Martín Llaryora: esta fue una elección que se polarizó, y en esa elección polarizada aparece y emerge como nuevo en el país Provincias Unidas. Provincias Unidas es la voz del interior de la Patria”, afirmó.

En Santa Fe, Pullaro fue otro de los derrotados, obtuvo dos bancas con el 18,33% y 303.540 votos. La alianza del gobernador santafesino quedó tercera. Pullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como primera en la lista. Scaglia remarcó que el compromiso de Provincias Unidas será “defender la producción, el campo, el trabajo y el interior productivo”. “Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando. Ojalá haya políticas de sensatez, y ahí estaremos nosotros, con la mirada del interior productivo dando esos debates”, sostuvo.

Jujuy le dio una banca más a Provincias Unidas, donde el gobernador obtuvo el 19.83%, con 79.505 votos, quedando segundo, con el Frente Jujuy Crece. 

Para Torres, en Chubut, la elección fue una derrota contundente: quedó tercero, no obtuvo bancas, a pesar de sacar el 20,13% con 55.011 votos.

Lo mismo sucedió en Santa Cruz: quedó tercera, con el 15,4% y 25.362 votos. No obtuvo bancas.

En Mendoza, donde compitió con Alianza Defendamos Mendoza, Provincias Unidas obtuvo el 2,9%, con 25.698 votos. Quedó en el sexto lugar, después de la izquierda, y sin bancas.

Similar escenario se dio en La Rioja: obtuvo el cuarto lugar y ninguna banca, con el 6,22% y 6.098 votos.

En Tierra del Fuego, obtuvo el quinto lugar, con el 3,18% y 2.971 votos. Ninguna banca.

En Catamarca, la alianza quedó tercera, con el 6,19% y 10.038 votos. Cero bancas.

Tucumán tampoco les dio una buena actuación: 8,03% de los votos, en tercer lugar. Ninguna banca

En San Luis, quedaron cuartos, con el 3,68% y 9.474 votos. No obtuvieron bancas.

Con información de Noticias Argentinas.

ED

Cuando el Gobierno adelantó que sumaría la redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) –impulsada por los 24 gobernadores– a la lista de vetos del presidente Javier Milei (algo que finalmente hizo este viernes, con su publicación en el Boletín Oficial), volvió a tensar otra vez la cuerda con los mandatarios provinciales. El primero en reaccionar fue el santafecino Maximiliano Pullaro quien dejó en claro el malestar de las provincias con la administración cental: “Firmamos un acuerdo con Francos y no nos cumplieron”.

Este jueves, fue el vocero presidencial quien confirmó la decisión del Presidente de vetar la ley que regula los aportes que el Gobierno nacional distribuye entre las provincias. “ATN se veta, sí. Pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, dijo Manuel Adorni. “Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica”, insistió.

Al hablar por A24, Adorni reconoció que “lo del domingo fue un error político”, en referencia derrota electoral ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero dejó en claro que de ningúna manera el Gobierno piensa replantearse ni su politica económica ni su relación con los gobernadores ni el Congreso. “No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más”, dijo sobre las leyes aprobadas y que el Ejecutivo terminó vetando, como la de Financiamiento Universitario o Emergéncia Pediátrica.

El plazo para que Milei vete la ley de ATN se vencía este 12 de septiembre por la noche. Finalmente, el Gobierno publicó el rechazo a la decisión del Congreso en el Boletín Oficial, con el decreto 652/2025. Este viernes es también el elegido para la reunión en la apertura de la Sociedad Rural de Córdoba de los gobernadores que integran Provincias Unidas: además del propio Pullaro están Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Pullaro fue quien anticipó el clima en el grupo: “Si te convoca el Presidente, uno no puede desautorizar a la máxima figura nacional, pero hoy pertenezco a un espacio más amplio, de seis gobernadores que lo vamos a decidir en conjunto. Lo voy a debatir ahí. Adelanto que mi posición es que, si te convoca el Presidente, tenemos que ir. Lo voy a debatir, tal vez pueda ganar o tal vez pueda perder, pero no me voy a cortar solo”, dijo en una entrevista con Tres Poderes.

La confirmación del veto llegó poco después de que el Gobierno pusiera en funcionamiento una mesa de diálogo para mejorar la relacion con las provincias. La llamada “Mesa Federal de Diálogo”, anunciada por el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se puso en funcionamiento este jueves con una reunión en la que también estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). En medio de la pelea por los ATN, el Gobierno busca instalar un dique de contención hacia las provincias y por eso, como un gesto hacia los mandatarios afines, puso de anfitriones a dos nombres de peso dentro del Gabinete: Francos y Caputo.

En la reunión no estuvieron los dos que dejaron ver el malestar, Pullaro y el salteño Gustavo Sáenz.

“Celebramos la designación de Catalán, con quien en realidad ya venimos dialogando hace tiempo, pero en esta nueva apertura del Gobierno quisiéramos hablar con gente con poder de decisión”, dijo Sáenz en diálogo con TN. Al igual que Pullaro, el salteño también exige que el Presidente se siente en esa mesa.

“Yo quiero ser muy respetuoso, pero entiendo que quien debería convocar es el Presidente. Nosotros como provincia firmamos un acuerdo con Guillermo Francos, quien es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente en nada”, sumó el santafecino al hablar por Cadena 3.

Y agregó:  “Es muy difícil restablecer la confianzacuando una persona pone mucha buena voluntad, pero no tiene poder para materializar lo que plantea en las reuniones. Es muy difícil que podamos sentarnos nuevamente con el jefe de Gabinete o el ministro del Interior si a ellos no se los habilita, no digo a acordar cuestiones nuevas, sino a materializar lo viejo”.

Maximiliano Pullaro consiguió, finalmente, quedar habilitado para pelear por una reelección en 2027. Este miércoles y luego de dos meses de debate, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó la nueva Constitución provincial que, además de introducir grandes reformas en el sistema político provincial, habilita la reelección del gobernador y el vice por un período consecutivo.

Este martes, Pullaro protagonizó el cierre de la Convención Reformadora con la proclamación de una nueva Constitución para Santa Fe. De ahora en más, solo Mendoza tendrá en su Carta Magna la prohibición de la reelección del gobernador. “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado”, dijo el gobernador.

El nuevo texto reemplazará a la Constitución de 1962, una de las más antiguas del país, y será jurado este viernes en la Legislatura provincial. A pesar de la resistencia que generaba su posible reelección, la continuidad del mandato del gobernador fue aprobada con el 67% de los votos de los convencionales.

Sin embargo, también se puso un límite para evitar la reelección indefinida tanto para el gobernador como los legisladores.

La reforma de la Constitución buscó modernizar el sistema político santafesino, incorporando nuevos derechos –como los ambientales– y estableciendo mecanismos de mayor transparencia, como la exigencia de “ficha limpia” para los candidatos o la obligación de presentar declaraciones juradas.

En cuanto al sistema de representación se estableció un esquema proporcional para las elecciones provinciales y se incorpora la iniciativa popular como mecanismo de participación ciudadana. También da mayor autonomía a los municipios ya que los que tengan más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica y eleva al rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa.

Recién este lunes a Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías culminó su trabajo, ya que los nuevos derechos incorporados es una de las partes más importantes de la nueva Constitución. Allí se expresa claramente que todas las personas tienen derecho al agua y la protección de los humedales tendrán rango constitucional.

“El ambiente es un bien colectivo y la Provincia establece políticas públicas de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad y solidaridad”, señala el texto.

Con respecto al agua, agrega: “El agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento”.

Por otro lado, se incluyó un nuevo artículo que establece la implementación de medidas para contrarrestar desigualdades por motivo de género, edad, etnia, discapacidad, clase social o pertenencia territorial: “La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural”.

También establece la obligación del estado a proteger a los consumidores en un “entorno físico y digital; y especialmente para los consumidores y usuarios hipervulnerables de protección contra los riesgos de la publicidad, del sobreendeudamiento y de las cláusulas contractuales y prácticas abusivas”.

Y además fija el derecho de las personas a la protección digital: “Toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a la intervención de una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes”.

Con información de El Ciudadano

El bloque de gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada le marcaron la cancha rápidamente a Javier Milei tras la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires. Los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, del espacio Provincias Unidas, advirtieron sobre un “claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender”.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado. “Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señalaron.

Llaryora agregó: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. Y señaló que las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas“.

En tanto, Pullaro enfatizó que “la gente no quiere más gritos, quiere hechos” y que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”.

Torres, por su parte, consideró que la ciudadanía “le exige al Gobierno Nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó el chubutense.

Por fuera de ese esquema, el peronista catamarqueño Raúl Jalil sostuvo que “gobernar es escuchar y decidir”, y señaló que “Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social”.

“Por eso las provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide. Quiero felicitar al peronismo bonaerense por su unión y compromiso, y al gobernador Kicillof por una gran elección en toda la provincia de Buenos Aires”, publicó en sus redes sociales.

En tanto, el riojano Ricardo Quintela planteó que “el triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”.

“Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables no”, subrayó.

Por su parte, al pampeano Sergio Ziliotto apuntó con ironía que la elección se trató de “un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo” y añadió que “se vienen más temporadas”.

MC

El gobernador Martín Llaryora participó en la jornada Experiencia IDEA Rosario, evento que reunió a dirigentes empresariales y referentes políticos para analizar los desafíos y oportunidades de la Región Centro.

El evento, organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), constituyó un espacio estratégico para el intercambio de miradas y la construcción de propuestas que potencien la competitividad y el crecimiento.

El mandatario provincial compartió panel con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Javier Cervio, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Celebro estos espacios, que surja del interior la sensatez, para dejar de lado las grietas y las disputas que no conducen a ningún lado”, definió Llaryora.

Durante la jornada se anticiparon las temáticas que formarán parte del 61° Coloquio de IDEA, con eje en la productividad multisectorial, el contexto macroeconómico, la geoeconomía global y las políticas públicas que impactan directamente en el entramado productivo.

El gobernador Llaryora agradeció a los organizadores por este espacio de diálogo y ratificó que en Córdoba “gobernar es generar trabajo. Y el trabajo público y privado van de la mano, y nosotros somos gobernadores que estamos dispuestos a apoyar leyes que vayan en este sentido”.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la productividad multisectorial. Se analizó el potencial de sectores clave como la agroindustria, la energía, la minería y el complejo automotriz, buscando estrategias para consolidar a la Región Centro como uno de los motores económicos más dinámicos del país. El foco estuvo puesto en cómo fortalecer la competitividad regional frente a los desafíos globales.

Para ello, Llaryora consideró clave que las políticas emanadas desde el poder central tiendan a estabilizar la macroeconomía pero sin desatender la imperiosa necesidad de contar con un plan de desarrollo productivo que evite que las empresas cierren y, en cambio, genere crecimiento y fuentes de empleo.

“Necesitamos una macroeconomía ordenada pero con un plan de desarrollo productivo”, definió Llaryora, quien añadió que esas “son las banderas del desarrollo y del federalismo, las banderas del interior que nosotros no vamos a bajar”.

“Nosotros tenemos una sola ideología, defender nuestras provincias con una visión productiva, de trabajo. Nosotros no tenemos otra oportunidad ni posibilidad de generar trabajo”, agregó.

En ese sentido, Llaryora hizo hincapié en el esfuerzo de la provincia de Córdoba para sostener las inversiones en obras de infraestructura que potencien el desarrollo productivo.

También se abordaron las claves para comprender el contexto macro y la geoeconomía global. En un escenario internacional marcado por cambios en las cadenas de valor y nuevas regulaciones, se debatió sobre las oportunidades que se abren para la región y el rol que debe asumir el empresariado local para anticiparse y adaptarse.

En el eje la visión de la política, se presentó un panorama de las políticas públicas provinciales que influyen en la infraestructura, la inversión, el capital humano y la competitividad local. La propuesta fue alinear esfuerzos entre los sectores público y privado para potenciar el desarrollo en el corazón productivo del país.

Llaryora recordó que “desde el espacio de los gobernadores estamos dispuestos a acompañar leyes que ayuden a la macroeconomía, hemos ajustado más que la Nación y nos estamos haciendo cargo de la paz social”, pero al mismo tiempo advirtió que “no estamos dispuestos a darle herramientas que revienten el sistema productivo”.

“Las discusiones que debemos darnos como país deben tener esa mirada federal, amplia y diversa. Argentina necesita espacios que no se opongan a todo ni aprueben todo a libro cerrado, espacios que defiendan los intereses de las provincias”, sintetizó Llaryora.

“Vamos a seguir tomando las decisiones necesarias para acompañar a la Argentina, pero no vamos a bajar la bandera del desarrollo del interior y del federalismo”, cerró el gobernador cordobés.

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Con esa frase como estandarte, cinco gobernadores del interior del país presentaron este martes un frente conjunto para competir “mancomunadamente” en las elecciones legislativas de octubre. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes difundieron un documento titulado Un grito federal.

El texto expresa la voluntad de estos mandatarios de representar “la Argentina del trabajo” y sumar “una mirada” auténticamente federal al Parlamento. En una clara señal de posicionamiento político hacia las próximas elecciones, los cinco mandatarios resaltaron que tienen “la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.

El lanzamiento de esta futura alianza legislativa es, además de un frente electoral concreto que competirá contra La Libertad Avanza, una señal política al Gobierno nacional. Los cinco gobernadores, con perfiles diversos y trayectorias propias, comparten una misma preocupación: la falta de representación efectiva del interior en la toma de decisiones a nivel nacional. En un contexto de centralismo persistente, buscan disputar poder territorial y simbólico en un Congreso que suele girar en torno a los grandes centros urbanos.

Además, el mensaje sobre el equilibrio fiscal no puede leerse sin considerar el actual clima económico y político. Al reivindicar el orden de las cuentas públicas pero exigir obras de infraestructura, los mandatarios se diferencian tanto del ajuste sin contemplaciones como del gasto sin plan. Se proponen como una opción pragmática: austeridad con desarrollo, equilibrio con inversión, gobernabilidad sin sometimiento.

Por caso, uno de los ejes centrales del comunicado es la reivindicación del equilibrio fiscal. “Celebramos el esfuerzo de todos los argentinos por alcanzar el equilibrio fiscal tanto en Nación como en las provincias y lo consideramos imprescindible”, expresaron. Pero agregaron que este equilibrio debe contemplar la inclusión de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del interior, lo que consideran como el “único camino para desarrollar el país”.

El documento también alude a una concepción igualitaria del crecimiento. “Es nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos”, sostuvieron los gobernadores, en un mensaje que apunta tanto a lo simbólico como a lo programático.

La decisión de actuar en bloque en las elecciones legislativas representa una jugada política clave: los mandatarios quieren instalarse como una tercera vía, capaz de disputar espacio entre el oficialismo y la oposición nacional. En sus palabras, la propuesta tiene “una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo”.

El documento cierra con un tono esperanzador: “Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”. Así, los cinco gobernadores apuestan a consolidar una identidad común desde el interior productivo, con un mapa político que presenta una alta fragmentación, como pocas veces se vio en la democracia.

JJD, con información de NA.

Dos días antes de que Javier Milei dé su discurso en la exposición rural de Palermo, tres gobernadores de provincias agrícolas lanzaron un fuerte reclamo contra el Gobierno: pidieron “el fin de las retenciones y más federalismo”.

La presión provincial la encabezaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes este jueves protagonizaron una nueva cumbre de la Región Centro en territorio cordobés.

“Sentimos que desde el Gobierno Nacional se insiste en meterle la mano al campo. Por eso, pedimos que se terminen las retenciones, no queremos una rebaja ni un recorte temporal. Esos recursos se los lleva la Nación y no vuelven en rutas, energía ni servicios. Cada vez hay más recortes, pero las provincias seguimos haciéndonos cargo”, enfatizó Pullaro.

“Si el desarrollo del país se basara en los principios del trabajo, el esfuerzo y el mérito, la Argentina sería distinta. En el apoyo al campo está el futuro del país, y eso es lo que queremos poner en valor como Región”, lanzó Frigerio en su intervención, que fue completada por Llaryora, quien cuestionó que el gobierno nacional que “se desentiende de muchas cuestiones”. La cumbre de los gobernadores sirvió para dar inicio a una serie de órganos ejecutivos permanentes para tomar decisiones que tendrá la Región Centro, en materia de seguridad y educación.

Mientras Llaryora, Pullaro y Frigerio se mostraron juntos en Córdoba, desde Buenos Aires el Gobierno confirmó que Javier Milei hará un anuncio sobre retenciones el sábado en la inauguración de la muestra rural de Palermo. “Esperemos las palabras del presidente. Seguramente será un discurso que estará en la tapa y en los medio de todos ustedes”, señaló el portavoz Manuel Adorni durante una conferencia de prensa. Adorni ratificó que la eliminación de las retenciones “es uno de los grandes próximos objetivos”, del gobierno, pero no dio pistas al respecto.

Durante las últimas horas creció la versión de que Milei hará anuncios sobre el tema retenciones y en particular se apunta a una baja en los derechos de exportación del sector cárnico. “Se habla de una baja de retenciones a la exportación de carne de novillo. Sería un gesto para un sector, que además representa un bajo costo fiscal: menos de USD 200 millones por año”, dijo Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural. El directivo aclaró, además, que los hombres de campo están esperando novedades para los granos, porque ahí está el gran freno para el sector“.

Entre el 27 de enero y el 30 de junio de este año, el Gobierno redujo las retenciones de manera temporal. La soja, por ejemplo, pasó de tributar 33 a 26%, el maíz, el trigo y la cebada de 12 a 9,5% y el girasol de 7 a 5,5%. Luego de ese plazo, los impuestos a las exportaciones volvieron a su valor anterior.

Antes del esperado discurso, Milei ingresará al predio de Palermo a “toda pompa”, a bordo de un tradicional auto descapotable. Será la primera vez en este siglo que un jefe de Estado cumpla el rito de entrar por la puerta grande a la exposicion del campo. Otra novedad es que Milei no ingresará solo a la pista central de la Exposición Rural: ingresará en auto, desde la avenida Sarmiento, acompañado por su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, y, además, por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien visitó este jueves La Rural.

MC

Seis provincias firmaron un acuerdo climático en Córdoba frente a expertos nacionales e internacionales, y miembros de la sociedad civil. Los organizadores la llamaron la primera Conferencia Climática Internacional y no contó con la presencia del Gobierno Nacional, liderado por un presidente negacionista del cambio climático causado por el accionar humano.

La reunión, que duró entre el 1° y el 3 de julio en la provincia de Córdoba, fue organizada por el gobierno de Martín Llaryora y la Municipalidad de Córdoba y marcó líneas de acción conjunta de seis provincias argentinas de cara a la COP30, la cumbre mundial sobre el clima que tendrá lugar en Belém, Brasil, en noviembre próximo, donde se espera que el mundo avance para intentar acercarse a una meta que parece casi imposible de alcanzar a esta altura: frenar el cambio climático.

El encuentro reunió a seis gobernadores argentinos para firmar un compromiso que Córdoba llamó “histórico” y que significa una clara diferenciación, una contraposición, al Gobierno Nacional.

Los seis mandatarios son Llaryora; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio Torres, de Chubut; Sergio Zillioto, de La Pampa; Carlos Sadir, de Jujuy; y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Griselda Aluani.

Participaron más de 40 reconocidos especialistas internacionales, y 90 expositores de Córdoba, Argentina y otros 20 países. Hubo más de 6.000 asistentes a las exposiciones y actividades

Mariano Vallares, cofundador de la ONG Sustentabilidad sin Fronteras, experto legal ambiental y activista climático, es uno de los miembros de la sociedad civil que estuvo presente en Córdoba. “El objetivo de esta reunión, como yo lo veo, es fortalecerse, demostrar que Argentina sigue vinculado a las temáticas de cambio climático y que sigue queriendo promover la acción climática, pese a que el Gobierno Nacional es negacionista. Creo que es el mensaje que se quiso transmitir”, explicó a elDiarioAR.

“Mi balance es positivo –afirma Villares–. Me parece interesante que se logre organizar un evento y que haya tanta participación en un tema que hace bastante que está en decaída, con el que está costando convocar y traccionar”. Además, plantea el especialista, “que seis gobernadores hayan tomado la decisión de reunirse para hablar de cambio climático me parece sumamente relevante”.

Llaryora cuestionó en su mensaje inaugural al “negacionismo climático” y remarcó que uno de los objetivos centrales de la conferencia de Córdoba fue “elevar nuestra voz para defender el ambiente”. “Nuestra mirada se dirige al ambiente, pero es también una mirada productiva. No somos negacionistas, entendemos las nuevas oportunidades”, aseguró el gobernador cordobés. El resto de los mandatarios habló en la misma sintonía. El gobernador de Jujuy defendió la explotación de litio en su provincia, por ejemplo.

“Si todos los intendentes se ponen de acuerdo, el país cambia. Argentina es el octavo país más grande del mundo y ha desaparecido de la agenda climática. Seremos las provincias quienes vamos a representar al país en la COP30 y este esfuerzo no puede ser desoído”, aseguró Llaryora. al remarcar el rol de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático.

Villares es positivo pero no ingenuo. Los gobernadores que acaban de firmar el acuerdo climático pertenecen a provincias mineras, petroleras y agropecuarias, actividades económicas catalogadas como extractivas y señaladas por sus impactos en el ambiente y el clima. “Quedan los desafíos de qué sucederá a partir de ahora. Se firmó un acuerdo, cuyos puntos no conocemos aún. Entonces también estaría bueno ver qué dice el acuerdo como para también tomar mejor magnitud de qué tan relevante fue esa firma”, advierte el experto.

–Deberíamos ser escépticos…

–Sí, totalmente. Siempre entendiendo que la vara es baja. Esa es una realidad también, pero quizá (los gobernadores) quieran sumarse a esta agenda e impulsarla, que entiendan que también es una cuestión económica. No solo una cuestión ambiental. Cuando expusieron, te das cuenta de que algunos gobernadores manejan mejor el lenguaje, que están más interiorizados. Hace dos o tres años , escuchábamos a los funcionarios hablar de temas climáticos sin la menor idea de lo que estaban diciendo y equivocándose muy fuerte con los conceptos técnicos. No estoy diciendo que ahora sean una maravilla, pero por lo menos se están puliendo un poquito más. Se están interiorizando un poco más.

–¿Se están adecuando a los tiempos que corren? ¿A las exigencias internacionales?

–El hecho de que estos gobernadores hayan dicho que van a ir a la COP, no sé cómo se plasmará y si realmente van a ir todos o no, pero sería un símbolo político relevante que los gobernadores vayan a la COP a llevar el mensaje de que las provincias siguen involucradas en cambio climático y siguen impulsando la agenda. La presencia de los gobernadores en la COP va a generar tal vez una confrontación con un Gobierno Nacional ausente o con muy poca presencia y las provincias muy presentes. Eso no ha sucedido nunca, en ninguna de las COP.

–¿Cuál es su expectativa y la de su organización con respecto a la cumbre climática de noviembre en Brasil?

–A nivel nacional es muy baja, todavía no sabemos si va a ir alguien o no en representación del Gobierno Nacional. Hace una o dos semanas hubo reuniones interseccionales en Bonn (Alemania). Solo fueron una o dos personas del Gobierno Nacional vía Cancillería. Así que el mejor de los escenarios es que no se opongan a nada, o sea, que no traten de trabar las negociaciones, que tengamos un perfil bajo, porque ya sabemos que si somos ambiciosos no vamos a obtener nada.

–Y a nivel internacional, ¿cuál es la expectativa?

–Es complejo porque uno siempre va con muchas expectativas y en general nunca cumplen las expectativas de la sociedad civil. Esta COP arranca muy complicada por el hecho de que es muy difícil participar, porque hay un problema muy grande que yo no no vi en ninguna de las cumbres en las que venimos participando desde hace ocho años, que es el tema del alojamiento. Belém es una ciudad inviable para hacer una COP y no es una apreciación personal. De hecho, el hecho de que los presidentes, las máximas autoridades y los ministros se tengan que reunir tres semanas antes de la COP es porque justamente las instalaciones no dan abasto. Nunca pasó esto de que los presidentes y las máximas autoridades vayan antes del evento oficial porque no se puede hacer todo en simultáneo. Las autoridades brasileñas están diciendo que quieren una COP de 30.000 personas y las últimas fueron de 80.000, de 100.000 personas. Se están cobrando precios exorbitantes por alojamientos muy precarios, por ejemplo.

–Eso va a dificultar la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas…

–Y es contradictorio porque se transmitió y se comunicó desde Brasil que iba a ser la COP más inclusiva, la COP de Latinoamérica, y está sucediendo todo lo contrario. En la COP más exclusiva, más expulsiva de todas las que tuvimos.

–¿La falla es del gobierno de Brasil?

–Sí, 100%. ¿Qué avances se van a lograr? Y bueno, es un desafío muy grande, pero también el rol de de Estados Unidos con Donald Trump, ahora en la Presidencia, también genera muchas expectativas: hasta donde se va a poder avanzar, va a ser complejo. Los avances que tuvimos desde la COP anterior hasta la actualidad no son significativos para nada. No se ve que se esté armando una previa relevante como para lograr un acuerdo significativo en Brasil. Ojalá que sí, pero los indicios hoy no están como para que eso suceda.

–En general, lo que desde la sociedad civil se espera de las COP es que los gobiernos y las industrias, como la petrolera, la minera, la agropecuaria, pasen de los discursos a la acción.. ¿Esa es un poco la expectativa que nunca se llena?

–Si, además tenés un tema: el Acuerdo de París (firmado por los países en 2015, incluida Argentina). Estamos muy cerca de los plazos más importantes, el año 2030, y hay que rendir cuentas. ¿Qué se hizo, hasta dónde se avanzó (con los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el calentamiento global)? Porque cuando se aprobó el Acuerdo de París uno tenía la ventaja de decir “bueno, de acá a 2030 tenés un margen de tiempo”. Pero los años fueron pasando y ahí se pone en evidencia que muchos países se quedaron en anuncios y después no lo pudieron bajar a la realidad. Justamente por eso, ahora en agosto, vamos a presentar una página web que es un Observatorio Nacional de Acción Climática, en donde monitoreamos 97 objetivos que se propuso el Gobierno Nacional, desde el momento del Acuerdo de París. Y así decir cómo estamos hoy y si vamos a llegar a cumplir estos objetivos a 2030. Y los resultados ya sabemos que son muy malos. Hemos prometido un montón de cosas y el grado de cumplimiento va a ser muy malo.

-Hubo mesas sobre biodiversidad en Córdoba. ¿Qué pudo escuchar? ¿Qué se planteó?

-Se plantearon los avances que están teniendo las provincias al respecto. Cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son los sistemas de protección, y todo ello, muy apoyado en la ciencia y en las universidades.

–Otra diferencia central con el Gobierno Nacional…

–Primero hablaban los funcionarios y después los científicos, los representantes de universidades, del CONICET, del INTA, explicando “nosotros hicimos esto, estos son los resultados”.

–Volviendo a los gobernadores… ¿qué cree que los motivó a firmar este acuerdo?

–Surge el tema del negacionismo del Gobierno Nacional. Entonces estas provincias dicen nosotros queremos seguir impulsando la acción climática, necesitamos financiamiento, armemos una alianza y empecemos a tratar de negociar y a conseguir financiamiento en conjunto. Y eso es lo que están planteando a organismos internacionales, planteando esta dificultad que están teniendo: si le pide el aval a Nación nunca van a poder conseguir financiamiento y ahí se les complica muchísimo avanzar con la acción climática, que es un poco lo que transmiten. Creo que lo más importante es que se volvió a poner el cambio climático en la agenda política. Ahora hay que hacer un seguimiento y acompañamiento a ver qué queda en esto, si se va a seguir avanzando o va a quedar solo en un evento lindo. Yo tengo esperanza de que sí, de que esto va a seguir avanzando.

ED/MG

A horas de que Mercado Libre anunciara que desde el 8 de julio aumentará el costo de operación en las provincias en que tiene un mayor impacto el impuesto a los Ingresos Brutos (Córdoba, Santa Fe y Jujuy), el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, denunció a la empresa que fundó Marcos Galperín de buscar “falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios” y calificó como “paradójica esta situación, porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”.

De acuerdo al funcionario del Gobierno que lidera Maximiliano Pullaro, “es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line. Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios”, apuntó Olivares.

Este martes, a través de un comunicado en sus redes sociales, Mercado Libre calificó al impuesto a los Ingresos Brutos como “distorsivo”, porque “afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos”. “Sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, publicaron desde la plataforma, que además apuntaron a los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Jujuy.

Para el funcionario de Santa Fe, “este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de MercadoPago”.

De acuerdo a Olivares, “las fotos de los allanamientos en la Provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de MercadoPago. Resulta paradójica esta situación porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”, disparó el ministro de Economía provincial a través de un posteo en X.

Una nueva baja en la participación de votantes y resultados que son festejados como triunfos por los principales partidos políticos. Las elecciones de concejales, intendentes y presidentes comunales de Santa Fe acusaron el desinterés de casi la mitad de la población de la provincia y registraron como datos significativos el triunfo del peronismo en Rosario, el del oficialismo que responde al gobernador Maximiliano Pullaro en la mayoría de las ciudades y localidades y el surgimiento de La Libertad Avanza como una fuerza capaz de disputar el poder.

Juan Monteverde, al frente de Más para Santa Fe, se impuso en las elecciones de concejales para Rosario con más de 113 mil votos, el 30,58% de los sufragios. Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) quedó segundo con 107 mil votos, el 28,81%, menos de lo que esperaban los libertarios, y Carolina Labayru (Unidos), tercera con 95 mil, el 25,63%, más de las previsiones para el oficialismo. Pero quizá el dato elocuente fue que en la ciudad más importante de la provincia votó apenas el 48% de los ciudadanos habilitados para los comicios, según la información de la Secretaría Electoral. En las elecciones de abril pasado el porcentaje de votantes había sido del 53%.

“En Rosario se produjo una elección de tercios, con una salvedad: si bien los candidatos de La Libertad Avanza y Unidos tuvieron propuestas distintas, no se ve tan claro un avance del peronismo –analiza el politólogo Sergio Morresi–. Es una elección rara donde todos están contentos. El frente de Monteverde ganó por dos puntos, no hubo un batacazo. No obstante, su triunfo va a cambiar el encuadre del peronismo en toda la provincia de cara a octubre, cuando habrá elecciones de legisladores nacionales.”

“Esto es un triple empate”, dijo el gobernador Pullaro sobre las elecciones de Rosario minutos después de las 19, en una conferencia de prensa en la que exhibió un mapa de Santa Fe que ilustraba el triunfo de Unidos en la provincia: “Sobre 304 localidades computadas, 247 las ganó Unidos, 42 Más Santa Fe y 4 La Libertad Avanza; faltan datos de otras 60. Y sobre las 19 intendencias en disputa, Unidos ganó 17 y el peronismo, 2”.

Pullaro pudo sentir como propia la remontada de Labayru después de las PASO de abril, donde la candidata había quedado relegada a una tercera posición lejana de Aleart y Monteverde. El gobernador se hizo cargo de la campaña, mientras el intendente Pablo Javkin pasó a un segundo plano.

En la provincia de Santa Fe la participación electoral fue del 52%, casi cinco puntos menos que el 13 de abril, cuando se realizaron las PASO y la elección de constituyentes para la reforma de la Constitución provincial. Pullaro dijo que en 146 localidades donde se impuso Unidos estaba definido el presidente comunal y en una el intendente, por falta de oposición, “con lo cual hubo menos participación porque los resultados ya se descontaban”. No obstante, “nos llama a la reflexión que la gente esté votando mucho menos en 42 años de democracia: esto nos tiene que interpelar a quienes gobernamos y a quienes representamos a partidos políticos”, agregó el gobernador.

En las elecciones de concejales en la ciudad de Santa Fe también se produjo una elección de tercios, aunque Unidos aumentó su caudal y obtuvo 45.819 votos, el 32,70%, Más para Santa Fe recibió 34.960 votos, el 24,95% y La Libertad Avanza 32.729, el 23,36%. El frente oficialista también triunfó en Venado Tuerto y el peronismo se impuso en Rafaela y en Reconquista.

La Libertad Avanza ganó ampliamente en Villa Constitución, donde duplicó la cantidad de votos del peronismo y obtuvo otro triunfo significativo en Casilda. También se impuso en la elección de presidente comunal en la localidad de Melincué, con la particularidad de que el candidato libertario, Silvio Garbolino, estuvo detenido hasta el miércoles pasado, fue liberado aun sin pagar la fianza fijada por una jueza y es investigado por un fraude en la localidad de San Gregorio, además de registrar causas por malversación de fondos.

“La Libertad Avanza hizo muy buena elección. Además de ganar en dos ciudades importantes, perdió bien en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela, donde quedó segunda. Hay que tener en cuenta que si bien los candidatos asumieron el discurso mileísta hasta la última semana no hubo de parte del Estado nacional un despliegue muy concentrado sobre la provincia. Claramente la elección marca un avance”, observa Sergio Morresi, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional del Litoral.

La baja participación electoral “expresa una nueva normalidad”, según Morresi. Las elecciones de Santa Fe confirmarían un proceso de larga duración: “Básicamente se trata de una tendencia que se verifica desde hace tiempo, que se hace cada vez más pronunciada y tiene que ver con una desafección: las personas no sienten que un cambio en la política implique un cambio en su vida cotidiana, al menos para el tipo de cargos que se votaron, que no son ejecutivos”.

Morresi relativiza la alarma ante la abstención: “La gente no se siente representada por la oferta y no participa porque decide que algunas elecciones cambian menos su vida que otras. La recarga de elecciones en el año también conspira. La desafección es normal, comprensible. Cuando la ciudadanía sienta que se eligen otros cargos seguramente no habrá tan baja participación”.

El triunfo de Monteverde en Rosario, al frente de la coalición entre el sector mayoritario del justicialismo y el partido Ciudad Futura, es celebrado como un anticipo de la disputa por la intendencia que tendrá lugar en 2027 y cobra mayor significación en una ciudad tradicionalmente reactiva al peronismo. Pullaro festeja el resultado como “un espaldarazo” a su gestión “al triunfar en más del 80 % de los distritos”, aun con una disminución sensible del número de votos que lo ungió gobernador en 2023. La Libertad Avanza no pudo imponerse en Rosario pero engrosó su número de concejales en la ciudad a expensas de Unidos, sumó votantes en las ciudades principales y en pequeñas localidades y ahora es un tercero en discordia. El mapa político de Santa Fe se reconfiguró este domingo con pronóstico incierto sobre su evolución.

OA/JJD

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio manifestaron su rechazo a la reciente decisión del Gobierno de aumentar las retenciones al sector agropecuario, y advirtieron sobre las consecuencias que la medida puede generar en las economías regionales.

“Quiero expresar mi más enérgico rechazo y preocupación ante la reciente decisión del Gobierno nacional de oficializar el aumento de las retenciones al agro. En el complejo contexto que atraviesa nuestro país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”, señaló Llaryora, en redes sociales.

El mandatario cordobés destacó además el enfoque de su gestión hacia el campo: “En Córdoba adoptamos un camino diferente: eliminamos los Ingresos Brutos a la producción, suprimimos el Impuesto a la Mera Compra y destinamos el 98% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de infraestructura y servicios para el campo. Son decisiones concretas que alivian la carga fiscal y respaldan a quienes producen y generan empleo en nuestro territorio”.

“Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo. Reiteramos nuestro rechazo a esta medida que vuelve a golpear al interior productivo y al sector más dinámico de la economía”, agregó Llaryora, y concluyó que la medida anunciada por el Ejecutivo nacional “asfixia al agro en un momento crítico”.

Por su parte, Pullaro calificó la medida como “un error” y cuestionó su impacto sobre las comunidades rurales.

“Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo fundamentalmente. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas”, expresó el mandatario santafesino.

En tanto, Frigerio se reunió el viernes pasado con los referentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace para analizar la situación fiscal y de infraestructura que afecta al sector.

“Entre Ríos es el campo, por eso estamos siempre al lado de los productores y vamos a seguir estándolo con hechos concretos, como la reducción de la presión impositiva y el acompañamiento permanente para que Nación empiece a bajar las retenciones hasta su eliminación”, señaló Frigerio.

El Gobierno nacional prorrogó la rebaja temporal de retenciones para la cebada y el trigo, pero volvió a elevar a su nivel previo los derechos de exportación para soja, maíz, girasol y sorgo. Así lo estableció mediante el decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Los cambios regirán desde el próximo 1° de julio, dado que hasta el lunes 30 de junio rigen las rebajas que habían sido anunciadas a principios de año. Diecisiete días después, comenzará la tradicional exposición del campo en La Rural de Palermo, donde el sector suele levantar la voz para expresar sus reclamos o elogios a las autoridades.

MP con información de NA

Los santafesinos vuelven a las urnas pero la expectativa por los comicios no se aprecia en la calle. Este domingo se elegirán intendentes en 19 ciudades y concejales en otras 65, mientras que el resto de las 365 localidades de la provincia votará por las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes. El foco está puesto en Rosario, donde La Libertad Avanza aspira a consolidarse como mayoría, y en el impacto de la apatía ciudadana en la cantidad de sufragios.

“Es una elección que no suscita gran interés. La participación será probablemente bastante escasa, incluso menor de la que hubo en las elecciones del 13 de abril para la Asamblea Constituyente que reformará la Constitución de la provincia”, anticipa el politólogo Juan Bautista Lucca, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y del Conicet. El pronóstico tiene sus razones: “No hubo intensidad en los debates de los candidatos y tampoco una movilización de la ciudadanía”.

Karina Milei y Martín Menem –a cargo del armado de LLA en todo el país– estuvieron esta semana en Rosario y antes fueron precedidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todos pidieron el voto para Juan Pedro Aleart, el experiodista que encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza en la ciudad. La consigna es “kirchnerismo o libertad”, para lo cual polarizan con Más para Santa Fe, el frente que reúne al sector mayoritario del peronismo y el partido Ciudad Futura, y pasan por alto a Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.

La Libertad Avanza apunta a nacionalizar la elección y los afiches de campaña en Rosario proclaman que “Aleart es Milei”. El candidato libertario reclama el voto “para seguir defendiendo a la ciudad de los delincuentes”, atribuye la baja de los homicidios dolosos al Plan Bandera de Bullrich y no a la política de seguridad de Pullaro y repite el discurso de funcionarios nacionales, incluyendo la descalificación a los médicos del Hospital Garrahan como ñoquis. La identificación de Aleart con el Presidente excede la política: también él tiene “un hijo de cuatro patas”, en este caso una perra con la que se fotografía en redes sociales.

Más para Santa Fe sigue otro camino. “El frente no está nacionalizando la efervescencia del efecto Cristina”, destaca Juan Bautista Lucca en alusión al clamor por la condena judicial contra la ex presidenta. “Eso habla de las complicaciones del peronismo santafesino, que se manifiestan incluso en la contienda de concejales no solo en las grandes ciudades sino también en las pequeñas donde el armado no es unívoco”, agrega el politólogo.

Juan Monteverde, el dirigente de Ciudad Futura que encabeza Más para Santa Fe, recibe munición gruesa de Aleart, que lo eleva a enemigo de “la vida, la libertad y la propiedad privada”, pero también recibe críticas de los peronistas Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, que se presentan a la elección de concejales en Rosario con listas propias. El debate interno evidencia la fragmentación del peronismo y complica sus posibilidades electorales, según Lucca:

– El intento del kirchnerismo de aterrizar en la provincia con Agustín Rossi nunca fue exitoso y de hecho no logró volumen. Omar Perotti ganó la gobernación en 2015 con la unificación del peronismo santafesino en una expresión no kirchnerista. Es lo que podría leerse en la tensión entre los candidatos peronistas en Rosario. Monteverde es el depositario de un peronismo con inclinaciones progresistas pero sin estirpe peronista; Cavatorta no hace tanta gala de peronismo porque su apoyo viene por el lado del Frente Renovador y Sukerman tiene una vinculación con el peronismo más tradicional, con afinidad de algunas expresiones sindicales. Estas disonancias van a ser perniciosas para el volumen de votos de los frentes peronistas.

El mosaico roto

En la ciudad de Santa Fe el resultado de las elecciones parece definido. Las encuestas anticipan un triunfo holgado de María Luengo, ex periodista de Telefé Santa Fe que encabeza la lista de concejales de Unidos. La disputa en Rosario tiene en cambio pronóstico incierto y también involucra a Carolina Labayru, la candidata de Unidos que hizo campaña en compañía de Pullaro, y como un contrapeso para las expectativas del sector, el pronunciado desgaste de la gestión de Pablo Javkin como intendente.

Juan Monteverde señalizó distintos puntos de la ciudad con el cartel “acá falta un intendente” para visibilizar problemas con el transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento de servicios básicos en los barrios. “Monteverde disputa el voto no oficialista con Aleart y en ese sentido todo el arco peronista está convocado. Pero es posible que eso no le alcance para superar el impulso de Aleart, que viene muy bien en las encuestas y tiene una ascendencia muy fuerte en Rosario porque fue un periodista muy reconocido, rápidamente identificable por la juventud pero también por todo el espectro de la ciudadanía”, explica Lucca.

Aleart se lanzó a la escena el 18 de abril de 2024, cuando ante las cámaras del noticiero que conducía en la televisión rosarina denunció que había sido abusado durante la infancia y parte de la adolescencia por su padre y un tío. “La persona que he encontrado después de mucho tiempo para ayudarme es Patricia Bullrich”, dijo. En febrero de 2025 anunció su incorporación a La Libertad Avanza y en las elecciones del 13 de abril fue el candidato más votado en Rosario.

“Monteverde ha tratado de morigerar un perfil que parece díscolo, pero su partido, Ciudad Futura, tiene una mirada más alternativa en relación a los partidos tradicionales. Ubicarse en la discusión pública desde un lugar disruptivo le resulta contrario a la necesidad de sacar votos en el centro de la ciudad. Es una cara nueva de la política, como Aleart, muy formada, con trayectoria de equipos de trabajo por detrás”, afirma Lucca. Su candidatura se proyecta sobre “un mal endémico del peronismo santafesino, que es la falta de liderazgos, un mosaico que está roto”.

Para el profesor de la Universidad Nacional de Rosario, “Aleart va a ser el gran ganador de estas elecciones, por múltiples motivos: no tiene el gasto de la gestión, como Labayru, ni el de haberse presentado elecciones previamente, como Monteverde”; y sobre todo para la gente es una cara nueva en un contexto donde todavía persiste la idea de patear el tablero“. La denuncia de los abusos en horario central de la televisión rosarina potencia todavía más sus chances: ”Es un candidato libertario humanizado por toda su historia personal y los procesos que sufrió con su familia y además es una figura joven, elegante y bonita, lo cual siempre ejerce un atractivo“.

Carolina Labayru es secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana de la intendencia de Rosario y pretende remontar las diferencias con sus principales competidores con el apoyo de Pullaro, lo que incluyó visitas a la cárcel de Piñero y fotos frente a los presos trasladados a empellones desde las comisarías de Rosario. “No es una figura de trazabilidad política en la contienda electoral, no tiene un reconocimiento público tan extenso. En contrapartida, es la única mujer que encabeza las principales listas pero no está poniendo en juego ese capital”, según Lucca.

Unidos presenta a Aleart como un candidato impuesto desde Buenos Aires que vocifera el discurso del odio, pero evita criticar al presidente Milei. Mientras tanto, dice Lucca, “a Aleart y Monteverde les conviene polemizar entre sí: a uno para traccionar el voto no peronista y diluir el peso del oficialismo y a otro para licuar la potencia que podrían tener sus contendientes dentro del peronismo”.

Con porcentajes menores en las encuestas, la socióloga Carla Deiana encabeza la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores y el abogado Eugenio Malaponte la de Somos Vida y Libertad, sector referenciado en la diputada provincial Amalia Granata. En cambio, el Frente Amplio por la Soberanía, el movimiento de centro izquierdo que lidera el periodista Carlos Del Frade, anunció su apoyo a Más para Santa Fe.

La Libertad Avanza no solo está a las puertas de una elección histórica en Rosario. También aparece con posibilidades de imponer sus candidatos a la intendencia en las ciudades de Villa Constitución –el histórico bastión del sindicalismo clasista en los años 70- y Teodelina, además de consolidar caudales de votos significativos en los departamentos La Capital y Castellanos, en este caso por debajo del peronismo.

En Santa Fe hay 2.842.361 electores nacionales y 26.801 extranjeros, pero la participación bajó al 55,6 % en los comicios de abril y la tendencia podría profundizarse. “Santa Fe viene cayendo en la participación en los últimos diez años –afirma Juan Bautista Lucca-. Pero la abstención y el voto en blanco no van a mover el amperímetro e incrementarán el volumen de la proporción, con lo cual a los candidatos de los principales partidos inclusive les conviene. La poca participación está hablando de la apatía de la población en un contexto electoral muy recurrente, más que del enojo como en 2001. Vamos a tener niveles de participación bastante bajos en la provincia”.

OA/MG

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó hoy como “buena” la audiencia mantenida este miércoles en la Corte Suprema de Justicia por el reclamo que la provincia mantiene contra el Estado nacional a raíz de una deuda previsional, y aseguró que su administración “no va a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a los santafesinos”.

Pullaro asistió a la convocatoria judicial acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, del PJ y el socialismo, respectivamente, en una señal de respaldo institucional al reclamo de fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones provincial.

“La imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia”, señaló Pullaro en declaraciones a LT3 Rosario AM680.

Y agregó que en un país donde “hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias”, la unión de diversos sectores los “muestra completamente diferentes”.

Según explicó, el reclamo de la provincia gira en torno a dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto “aún debe determinarse”, y por otro, el flujo de fondos que la Nación interrumpió desde enero de este año, al dejar de transferir recursos que corresponden por decreto.

“El Estado nacional reconoce que hay una deuda”, sostuvo Pullaro, y advirtió que la provincia “no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional”.

Destacó que Santa Fe “hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables”, y planteó que esa situación no puede jugarles “en contra; al contrario, debería jugar a favor”.

“Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso, vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse”, aseguró.

Pullaro también valoró la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo nacional y de la Anses, y anticipó que en los próximos 15 días se abrirá una “instancia técnica” para discutir el flujo de deuda, paso previo a la negociación sobre el stock acumulado.

Además, en paralelo, el gobierno santafesino sostiene una medida cautelar que exige la “restitución inmediata” de los fondos interrumpidos.

“El Gobierno nacional puede fijar su política y nosotros la nuestra, pero lo que no vamos a dejar de hacer es reclamar lo que es de Santa Fe. Vamos a defender hasta el último centavo”, enfatizó.

Por su parte, Perotti sostuvo que acompaña “institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”, acotó.

En la misma línea, Bonfatti destacó que se da un “ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia”.

Durante la audiencia también estuvieron la secretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina.

Con información de la agencia NA

Después de meses de fricción con las provincias, Javier Milei busca reactivar el vínculo político con los gobernadores. Un virtual relanzamiento del Consejo de Mayo aparece como el nuevo paraguas institucional para dar forma a esa estrategia, según pudo saber elDiarioAR. El objetivo: blindar los próximos proyectos legislativos de la Casa Rosada —reformas tributarias, laborales y previsionales— con una narrativa de consenso federal. Pero también preparar el terreno para lo que el propio Milei llamó, tras la victoria porteña de Manuel Adorni, “la expansión violeta en todo el país”.

El martes pasado, como gesto inicial, el ministro de Economía, Luis Caputo mantuvo dos reuniones por Zoom con 17 gobernadores para explicar los detalles del “Plan de Reparación Histórica del Ahorro”, el eufemismo con que el Gobierno denomina a su intención de modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar. La Casa Rosada busca evitar que las provincias impongan trabas, impuestos o restricciones. La reacción pública más dura vino del bonaerense Axel Kicillof, que anunció que mantendrá controles impositivos y calificó la medida como una “estrategia para legalizar fondos sin origen claro”.

Es que la jugada no es solo técnica. También es política. Este jueves, la Casa Rosada anunció que firmó el primer “convenio de intercambio de información” con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Se trata de uno de los mandatarios provinciales que se sumaron a la reunión virtual del martes y que forman parte del lote dialoguista, un grupo que, sin romper con sus espacios de origen, elige colaborar con Milei para no aislarse frente a la crisis fiscal. Lo conforman, entre otros, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El Gobierno busca, en un futuro no tan lejano, replicar una foto similar a la del 9 de julio de 2024 en Tucumán, cuando Milei logró reunir a una docena de mandatarios detrás de su Pacto de Mayo. Esta vez, el acto podría repetirse con tono más ejecutivo y presencia del “círculo rojo”, incluyendo empresarios y gremialistas afines. Por lo pronto, los gobernadores de tinte peronista convocaron para la semana próxima una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el telón de fondo de la caída de la recaudación y la merma en la coparticipación. Así y todo, el mensaje implícito es claro: no hay plata, pero sí hay política.

“Somos dialoguistas por naturaleza, pero tampoco podemos quedar como tibios”, advirtieron a elDiarioAR desde una de las provincias del norte. Más allá del enunciado institucional, los líderes locales saben que la ofensiva libertaria es también una operación de reposicionamiento: después de una primera etapa de poder concentrado en la Casa Rosada, el Presidente ensaya ahora una arquitectura de poder más abierta pero no menos vertical. Mientras el Congreso permanece fragmentado, Milei apuesta a sumar por fuera: gobernadores, sindicatos, empresas, y luego presionar para que los diputados y senadores refrenden lo ya acordado en otro lado.

La paradoja es que el Consejo de Mayo, concebido como una herramienta de “acuerdo federal”, opera como eje de una gobernabilidad cada vez más centralizada. La consigna de Milei de reducir el Estado choca con la necesidad de institucionalizar el apoyo de las provincias sin entregar recursos. Así, el “federalismo libertario” empieza a tomar forma como una mezcla de austeridad forzada, negociación directa y alianzas tácticas.

Algunos gobernadores —como Leandro Zdero en Chaco, que recientemente logró una victoria electoral en su provincia, o Alfredo Cornejo en Mendoza— avanzan hacia acuerdos más estructurales con La Libertad Avanza. Otros, como Llaryora o Pullaro, optan por acompañar de manera condicionada. Durante el evento de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, ambos coincidieron en reclamar por la reactivación de la obra pública y una reforma del esquema impositivo. “No podés seguir sin obra pública”, sostuvo Llaryora. “Cada $100 que aportamos ahora vuelven $49”, remarcó Pullaro. Son frases que resumen el malestar fiscal en las provincias y que tensionan la promesa de “orden macroeconómico” del Gobierno nacional.

A su manera, Milei ofrece a los gobernadores algo más que plata: ofrece viabilidad política en un país en crisis. En esa lógica se inscribe su llamado a “pintar de violeta todo el país”, que no es solo un slogan de campaña sino una consigna de poder. El trasfondo es más profundo: el intento de construir una nueva coalición de gobernabilidad por fuera de las estructuras tradicionales. Ya no se trata de coaliciones partidarias sino de alineamientos pragmáticos en torno a un proyecto de reforma estructural del Estado.

Ese proceso tiene también un calendario: el 8 de junio se celebrarán elecciones provinciales en Misiones, el primer test electoral después del triunfo libertario en la ciudad de Buenos Aires. La provincia gobernada hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia que lidera Carlos Rovira pondrá en juego su hegemonía en la Legislatura local, mientras La Libertad Avanza busca medir fuerzas y ampliar su anclaje en un territorio donde la boleta de Milei arrasó en 2023.

Otro dato que comparten la Nación y las gobernaciones es la baja participación electoral en las provincias. Con votantes desmotivados y crisis fiscal, los gobernadores se ven empujados a jugar en simultáneo en dos tableros: el institucional y el electoral. A cambio de apoyo legislativo, buscan recomponer su poder territorial. A cambio de orden, Milei busca respaldo para un nuevo relato refundacional.

El resultado está abierto. Pero si algo muestra esta nueva etapa es que el Presidente que llegó al poder denostando la “casta” hoy ensaya un pacto con parte de ella, sin perder su discurso virulento. Una alquimia difícil, pero no imposible, y profundamente pragmática. El Consejo de Mayo, en este contexto, no es solo una mesa: es el laboratorio donde se prueba, una vez más, el modelo de gobernabilidad de Milei.

PL/DTC

Aunque no hubo reproches altisonantes, sí se escucharon mensajes que apuntaron con firmeza al corazón del programa libertario. Durante uno de los paneles de gobernadores del AmCham Summit 2025, que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) pusieron en cuestión algunos de los pilares del modelo económico de Javier Milei: la falta de obra pública, la presión impositiva al aparato productivo y el centralismo fiscal del Gobierno nacional. Ambos mandatarios, integrantes de la Región Centro y socios estratégicos del oficialismo en el Congreso, eligieron un tono técnico y razonable, pero no por eso menos crítico.

“Cuando hablan de hacer patria, empiecen bajando las retenciones”, reclamó Llaryora, que además pidió discutir “un sistema impositivo totalmente distinto” para que el esfuerzo de ajuste no termine “cayendo en saco roto”. El cordobés —quien fue el más enfático del panel— recordó que su provincia “hizo recortes más grandes que a nivel Nación”, y cuestionó con dureza que el Gobierno cobre impuestos sin traducirlos en obras o servicios: “No podés sostener un país sin obra pública, sin cumplir tus compromisos”, advirtió. Y fue más allá al plantear la necesidad de revisar “el IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales” como parte de una discusión estructural.

En la misma línea, Pullaro se sumó al reclamo por el desarrollo productivo y federalismo fiscal. “Nosotros hicimos un ajuste superior al del Gobierno nacional y seguimos prestando servicios igual”, remarcó el gobernador de Santa Fe. Si bien reconoció los logros macroeconómicos del oficialismo, alertó sobre la falta de una estrategia para volver más competitivas a las empresas. También pidió que el Ejecutivo se haga cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, una de las funciones desatendidas tras el parate de la obra pública.

La jornada incluyó también las exposiciones de Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes, con distintos matices, defendieron aspectos centrales del rumbo libertario. “La política económica que impulsa el Gobierno es la que había que hacer”, sostuvo Cornejo. Sáenz, por su parte, insistió en la necesidad de una reforma laboral consensuada para combatir la informalidad.

La foto del panel federal mostró una postal compleja para Milei: gobernadores que avalan el norte económico, pero que empiezan a incomodarse con la letra chica del ajuste.

PL/MG

Dos diputados nacionales decidieron abandonar el bloque PRO en la Cámara de Diputados. Son los santafesinos Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, que conformarán ahora “Futuro y Libertad”, un nuevo espacio legislativo que comenzará a funcionar formalmente a partir de mayo. La bancada que preside Cristian Ritondo se achicará así de 37 a 35 representantes y la salida de más representantes de esta bancada podría continuar, teniendo en cuenta las distintas facciones internas, entre las que se destacan las de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La decisión implica una ruptura dentro del armado nacional del partido que preside Mauricio Macri, especialmente significativa por producirse poco después del triunfo del gobernador radical Maximiliano Pullaro en la elección de convencionales constituyentes para la reforma de la carta magna de la Provincia de Santa Fe.

Chumpitaz justificó el paso al costado con una fuerte apelación al mandato provincial: “Mi objetivo principal es muy firme: defender a los santafesinos. No tengo nada en contra de los porteños, pero debo centrarme en quienes represento”, dijo el legislador, en declaraciones que reproduce el sitio Rosario 3.

El nuevo bloque tendrá como ejes, según se informó, la transformación institucional, el respaldo total a las fuerzas de seguridad, la baja del gasto político y una modernización del Estado basada en inteligencia artificial. Según Chumpitaz, estos lineamientos responden a una necesidad de coherencia con las ideas que sostiene desde hace años: “Orden, seguridad, libertad y responsabilidad en el manejo del Estado”.

“Futuro y Libertad” buscará articular con otros espacios liberales, federales y reformistas, y se propone llevar al Congreso una agenda con anclaje territorial en Santa Fe. “Queremos una política que se ponga al servicio de la gente, no de sí misma”, afirmó el diputado.

Además, anticipó que el nuevo bloque tendrá una fuerte presencia en el fuero empresarial de la Provincia, con el objetivo de acercar el Congreso al sector productivo santafesino. La proyección política de Chumpitaz ya tiene una fecha en la mira: las elecciones de 2027, con un armado orientado a Rosario.

Por su parte, la diputada Verónica Razzini definió el lanzamiento como “el primer paso de un proyecto con identidad, con rumbo, y con el mismo compromiso de siempre: cuidar a los argentinos de bien y ponerle freno a los que destruyen el país desde la corrupción, la complicidad o la indiferencia”.

JJD