En la madrugada de hoy, el Senado de la Nación convirtió en Ley la iniciativa que apunta a garantizar el financiamiento para las Universidades Nacionales de todo el país. Sin embargo, es una posibilidad que el presidente Javier Milei ejerza el veto, del mismo modo que lo hizo con la mejora en los haberes jubilatorios.

Esta Ley se enmarca en una situación excepcional del 2024: no se sancionó el presupuesto correspondiente sino que el nuevo gobierno decidió prorrogar el vigente en 2023, para poder disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Como parte de esa discrecionalidad, el Poder Ejecutivo decidió desfinanciar significativamente a las universidades: en los primeros siete meses de 2024, las casas de estudio recibieron 34% menos de recursos en términos reales que en el mismo período de 2023.

Ese ajuste se basó principalmente en la licuación de los salarios docentes y no docentes: en lo que va de 2024, el poder adquisitivo de los sueldos se derrumbó 25% con respecto a noviembre de 2023. Es decir, perdieron un cuarto de su capacidad de compra. 

En peor situación se encuentran quienes poseen categorías más bajas: desde diciembre no se actualiza la garantía salarial docente, ese piso mínimo para quien ingresa a dictar clases, que continúa en $125.000 netos en la dedicación simple, $250.000 en la semi exclusiva y $500.000 en la exclusiva.

Al igual que ocurre con el congelamiento del bono de $70.000 para los haberes previsionales, la garantía salarial docente se encuentra totalmente licuada desde diciembre a esta parte. Como consecuencia, quienes estaban alcanzados por este piso, sufrieron un recorte mayor de sus salarios. Por caso, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple sin antigüedad, perdió desde noviembre a esta parte un 34% de su poder adquisitivo.

Es en este marco, el Poder Legislativo sanciona un proyecto para revertir esa situación de manera temporal. Es decir, su alcance se limita al año 2024 en el cual no hay presupuesto sancionado sino que el Ejecutivo dispuso una prórroga del año anterior. En este punto, hay que recordar que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 8 que es atribución del Congreso de la Nación fijar el presupuesto de gastos de la administración nacional. Es en uso de esa atribución que este proyecto se convirtió en Ley.

¿En qué consiste la Ley? Establece una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades. En lo que refiere a los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, incentivos a la ciencia y a la técnica y actividades de extensión, el aumento toma en consideración la inflación de 2023, y luego actualiza bimestralmente, también por inflación (descontando los incrementos que ya se hayan efectivizado de manera discrecional por el Ejecutivo).

En el caso de los salarios, tanto docentes como no docentes, la recomposición se debe calcular en función de la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la Ley. Según los datos publicados por Indec, hasta agosto inclusive, el IPC fue de 144%. Los aumentos otorgados hasta septiembre ascienden a 89,5% (incluyendo septiembre), por ende, los salarios deberían incrementarse 29% si Milei no veta la ley sancionada. A su vez, hacia adelante, debieran aumentarse de manera mensual en función del índice de inflación de dos meses atrás (de igual manera que el Decreto dictado por el presidente para actualizar las jubilaciones). 

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el gasto correspondiente (considerando que la Ley se sancionaba en agosto) en 0,14% del PBI, unos $739.000 millones. Este monto resulta muy inferior al que el Estado dejará de recaudar por reducir la alícuota del impuesto PAIS (que el propio gobierno había aumentado al asumir en diciembre). En septiembre representará una pérdida de recaudación de $400.000 millones. Es decir, con dos meses de recaudación, alcanzaría y sobraría para abonar la recomposición a las universidades. 

Una vez más, se trata de prioridades. Plata hay, lo que no hay es una decisión de impulsar la educación pública, gratuita y de calidad.

El Gobierno nacional confirmó hoy que no habrá recortes en el financiamiento a hospitales nacionales, luego de que se difundiera un informe en el que se presumía que se quitarían recursos para tales partidas. “Desde las carteras de Salud y Economía ratifican que se sostiene con normalidad el envío de fondos destinados a insumos, salarios del personal, obras de infraestructura, entre otros ítems incluidos en el presupuesto nacional”, aclararon los ministerios en un comunicado conjunto.

En particular, a través del parte de prensa, el Poder Ejecutivo advirtió que, en lo que respecta al presupuesto nacional destinado a salud, estarán garantizadas las transferencias para el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce de Florencio Varela y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría.

Sin embargo, explicaron que el programa económico de la administración libertaria “apunta a priorizar el balance de las cuentas públicas de la Nación” y que dicho ordenamiento financiero “pasa, en parte, por delimitar las funciones de gasto que corresponden a las jurisdicciones nacionales y las que son obligaciones de las provincias”.

Por ello, las obras en instituciones de salud por fuera de la órbita de la jurisdicción nacional serán atendidas bajo la misma lógica que el resto de las obras públicas: se dará prioridad a aquellas de carácter crítico y aquellas que tengan principio de ejecución y/o avances concretos.

El anuncio oficial llega luego de que se conociera un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX) que afirmaba que el gobierno de La Libertad Avanza había realizado un drástico ajuste en los centros de salud nacionales. Así, por ejemplo, el documento mostraba que el Hospital Garrahan pasó de recibir $861 millones en enero de 2023 a carecer de fondos en el primer mes del 2024.

ACM con información de NA.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo que va a incorporar una adenda a la presentación del Presupuesto 2024, con un mecanismo de coparticipación “para cuidar las cuentas de las provincias”.

“Los gobernadores me han propuesto y vamos a incorporar como una adenda a la presentación del Presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del Impuesto PAIS para cuidar las cuentas de las provincias y quiero también asumir ese compromiso aquí”, dijo el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en un acto celebrado este mediodía en el Parque Industrial Güemes, en Salta.

En una nota dirigida al Ministro de Economía, los gobernadores del Norte Grande propusieron que “a partir del ejercicio 2024 se incorporen a la masa coparticipable, el 25% de los ingresos por el impuestos a los débitos y créditos bancarios y el 35% del impuesto PAIS”.

Los mandatarios provinciales solicitaron que “expresamente se incluyan los importes respectivos en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2024”.

En la misiva, los mandatarios de las 10 provincias que conforman la región del Norte Grande fundamentaron el pedido en que “se compense fiscalmente a las provincias, debido a la merma de recursos coparticipables que traería aparejada la modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias en la Cuarta Categoría que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados”.

“Quiero asumir ese compromiso aquí”, subrayó el ministro y candidato presidencial durante el evento en el que también participaron los gobernadores del Norte Grande Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa) , Juan Manzur (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Acuerdo por energías renovables

Massa firmó tres acuerdos con los gobernadores del Norte Grande, con los que avanzaron en instalar 2500 MW de energías renovables que generarán 10 mil nuevos empleos, según informaron fuentes oficiales.

En un comunicado detallaron que “además significa avanzar sobre 22 contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable por 215MW en siete provincias y ampliar la tasa subsidiada del programa Primera Llama a 81 mil usuarios de gas”.

“Es un claro ejemplo de la unidad regional”, dijo Saénz sobre los acuerdos firmados por los mandatarios de nueve provincias del Norte Grande y Massa, con el fin de transformar la matriz energética de la región con energías limpias a partir de la generación de 2500 MW en el ámbito de las distribuidoras provinciales.

Este acuerdo permitirá generar 10 mil nuevos empleos para el Norte Grande y la capacitación de mano de obra local; y contribuir al cumplimiento de las obligaciones de reducción de los gases de efecto invernadero, equivalentes a dos millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

A la vez, facilitará la posibilidad de incorporar 4000 GWh al año, lo que implica incrementar un 5% en renovables y acercar al país al cumplimiento del acuerdo de París; de ahorrar divisas derivadas de la importación de gas natural; y reducir inversiones a corto plazo en los sistemas de transporte y los costos de la generación forzada.

El convenio permitirá además optimizar las redes de la distribuidora; mejorar la calidad del servicio; establecer tarifas competitivas a partir de la nueva generación destinada a la industria, Pymes, comercio, y desarrollar realidades sostenibles.

En el acto de este domingo también firmaron un convenio para ampliar el beneficio de tasa subsidiada a 81.000 nuevos usuarios de gas residentes en el Norte Grande, del Programa Primera Llama.

El acuerdo consiste en la bonificación del 10% de la tasa de los créditos blandos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a los primeros 81.000 nuevos usuarios de gas de las provincias del Norte Grande que lo soliciten para realizar conexiones domiciliarias a las redes de gas.

Se trata de préstamos a sola firma, sin garantía hipotecaria, cubriendo hasta el 100% del presupuesto total de la obra, sin exceder el monto máximo de $400.000, con lo que muchas familias podrán acceder a la conexión de la red intradomiciliaria de gas y mejorar así las condiciones habitacionales en sus hogares.

Al mismo tiempo, este acuerdo traerá aparejado la generación de puestos de trabajo de calidad por intermedio de los gasistas matriculados.

También realizaron la suscripción de 22 Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable del Programa RenMDI por 215 MW, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), con siete empresas que construirán proyectos correspondientes a tecnologías solar fotovoltaica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, biogás y biomasa, localizados en siete provincias del Norte Grande.

El objetivo es lograr una diversificación tecnológica contribuyendo a la ley de energías renovables con una orientación hacia el desarrollo federal, incorporando nueva capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables para sustituir generación forzada y diversificar la matriz energética.

MB con información de agencias

Javier Milei le pidió esta semana a Sergio Massa que postergue la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2024, dado que se trata de una iniciativa que dependerá mucho de quien gane las elecciones presidenciales. Pero el ministro de Economía y candidato presidencial no tenía opción: la norma establece que cada 15 de septiembre se envíe el presupuesto al Congreso. Sí aceptó discutirlo allí una vez que sea elegido el nuevo jefe de Estado, es decir, tras la primera vuelta del 22 de octubre o la segunda del 15 de noviembre. Pero lo interesante del proyecto mandado hoy por Massa no son las proyecciones 2024, que no sólo dependen de los comicios sino que incluso en caso de que él venza, se ponen en duda, sino lo que calcula para lo que queda de 2023.

En el presupuesto 2024 se hacen proyecciones sobre el año actual: la inflación terminaría en 135%, más que el 124% actual, pero mucho menos que el 190% que predicen los economistas que más aciertan en sus pronósticos; mientras que la economía se contraería 2,7%, cuando hasta ahora en el Gobierno soñaban con evitar una caída. Para el año próximo sueñan con un índice de precios al consumidor del 70% a fin de año, con un promedio a lo largo del año levemente inferior al 90%, y una recuperación del PBI del 2,7%.

En el equipo económico de Massa aclaran que el presupuesto fue hecho sobre la base de una hipótesis de reducción gradual de la inflación y del déficit fiscal, pero no descartan una plan de estabilización, también llamado de shock. “En general un presupuesto es gradual, no podemos presupuestar un plan de estabilización. Acá se presenta un presupuesto, pero después se verá”, dejan la puerta abierta en el entorno del ministro. Es que en 2022, cuando Massa asumió el cargo, quería impulsar un programa así, como el Austral en 1985, pero eso implicaba una devaluación inicial del peso que Cristina Fernández de Kirchner resistió. Cualquier plan de shock implica primero acomodar los precios que se consideran atrasados, como el dólar o las tarifas de servicios públicos, y después un congelamiento de todas las variables, desde el gasto público hasta los salarios pero también las remarcaciones de precios. “Estamos muy expuestos a los cambios electorales”, aclararon los que confeccionaron el presupuesto 2024.

En el proyecto se habla de mantener el dólar oficial congelado en $350 hasta la segunda vuelta electoral y después actualizarlo por inflación para que termine en $367 a fin de año. En 2024 llegaría a $607. No se habla del paralelo.

El objetivo de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) sigue en 2023 en 1,9% del PBI, el comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a las compensaciones de ingresos tras la devaluación poselectoral, lo que la oposición llama “plan platita”. ¿Cómo se equilibraría el aumento del gasto y los menores ingresos por la quita del impuesto a las ganancias al 6% de los empleados y jubilados? Por subejecuciones de diversas partidas, por el manejo de la deuda flotante del Estado con proveedores, por la reducción de ciertas erogaciones como subsidios, gastos de funcionamiento, transferencias corrientes a provincias y empresas estatales u obra pública. “Vamos a compensar si sangra, pero queremos ser cuidadosos del impacto fiscal de las medidas recientemente adoptadas”, cuentan en Economía. La extensión del impuesto PAÍS a la importación, el empleo que sigue fuerte y la inflación también mejoran la recaudación actual.

En 2024, si gana Massa y si mantiene este proyecto de presupuesto, algo que está en duda si aplica un plan de shock, el objetivo de déficit primario es 0,9% del PBI, pero en una separata se propone llegar al 1% de superávit mediante el recorte o la eliminación de exenciones tributarias. Entre ellas figura la exclusión de Ganancias para los empleados del Poder Judicial (los altos funcionarios del Ejecutivo seguirán pagando), la de Bienes Personales para inmuebles rurales en el país y en el exterior y otras que atañen a empresas. No se incluyó en el presupuesto la idea existente de un impuesto mínimo del 15% de Ganancias para grandes empresas, que suelen encontrar vericuetos para declarar que tuvieron pocos o ningún beneficio, de modo de no tributar. Quizá el proyecto se presente aparte.

Para pasar del soñado déficit del 1,9% en 2023 -algunos economistas temen que sea del 3%- al superávit del 1%, dos puntos provendrían de la quita de beneficios tributarios, pero otro punto llegaría de una mejora de 0,8 puntos de la recaudación impositiva porque ya no habría sequía en el campo y además la economía crecería. También seguirían recortando subsidios a la energía, sobre todo al 35% de mayores ingresos. Si el Congreso aprueba la quita de Ganancias al 6% de empleados, que se fijó por decreto este fin de año, entonces deberían buscar fondos adicionales para compensar en 2024 esa pérdida de ingresos porque no está contemplada en el proyecto de presupuesto dado que aún no es ley. El gasto, encabezado por las jubilaciones y lo social, subiría 93%, pero los ingresos, 105%. Los subsidios energéticos, los gastos de funcionamiento y las transferencias a provincias crecerían por debajo de la inflación, es decir, se recortarían.

“Si se acaba el déficit, ya no habrá financiamiento monetario y eso impacta en la inflación”, explican en el Gobierno por qué se ilusionan con bajarla al 70% en 2024. “Bajar de un déficit del 1,9% a un superávit del 1% es un plan de consolidación”, agregan. “Habrá que ver si podemos cambiar el régimen monetario”, aludieron al cepo.

AR/DTC

Antes de subirse al avión con destino a La Rioja, Sergio Massa habló con la diputada Cecilia Moreau y le pidió que convoque a Javier Milei a una reunión para informarle que el viernes enviará el proyecto de Presupuesto 2024 pero con el compromiso de que Unión por la Patria (UP) no inicie la discusión sobre el texto hasta después de las elecciones del 22 de octubre.

Massa se trepa, en un movimiento táctico, a una jugada del libertario que hace 48 horas pidió, por carta –en la que firmó junto a su candidata a vice, Victoria Villarruel- que Economía no mande el proyecto hasta luego de las generales del mes próximo.

El ministro cumple con la normativa que indica que el proyecto debe enviarse antes del 16 de septiembre y, en paralelo, valida como “razonable” el planteo de Milei para congelar el debate, y la eventual aprobación, del presupuesto 2024 que marcará el primer año de gestión del próximo presidente. Tras el pedido de Milei de que Massa no envíe el presupuesto, desde JxC se cuestionó al libertario. “El oficialismo debe respetar las leyes y la oposición libertaria al menos conocerlas. La Ley de Administración Financiera establece que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto antes del 15 de septiembre. No puede haber excepciones. Un candidato debería estar al tanto”, dijo en Twitter, Mario Negri, presidente del interbloque de JxC.

La hoja de ruta que Massa charló con Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados, incluye que en la reunión con Milei intervenga, además, Carlos Heller, que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, desde donde se establece los tiempos para el debate y el tratamiento en comisiones.

Massa saca, con esa jugada, a Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque que representa la segunda minoría, de la pulseada pública y le da entidad a Milei, que integra el bloque de La Libertad Avanza (LLA), un bloque minúsculo de tres diputados. Encaja en la novela de la polarización que, convencidos del beneficio mutuo, agitan Massa y Milei, en la que Patricia Bullrich parece quedar relegada

Este miércoles, en el entorno de Massa, no sabían si la invitación ya había llegado, o incluso sido aceptada, por Milei. “Si a un diputado lo convoca la presidente de la cámara, debería ir”, explicó un conocedor de la dinámica legislativa.

Opera, en paralelo, como un proceso para sentar al candidato de LLA, cuya biblia electoral es renegar de la casta, a negociar un acuerdo político con el peronismo. Puede, sin embargo, leerse como un reconocimiento a la centralidad que adquirió Milei tras el resultado de las PASO del 13 de agosto. Habrá que ver si el candidato presidencial acepta la conversación.

En paralelo a considerar “razonable” el pedido del libertario para que el presupuesto se empiece a discutir luego de las generales de octubre, Massa cree que instalará el debate mediático en torno a la “separata” en la que sugiere una serie de correcciones al sistema tributario para pautar un presupuesto superavitario, de hasta 1 punto del PIB, en 2024.

El texto que el PEN enviará este viernes, contempla un déficit de 0,9 puntos, tal lo acordado con el FMI, pero despliega un aparatado donde figuran exenciones y beneficios impositivos que Massa quiere que se revisen. Entre ellos figura, por caso, la alícuota quebrada que pagan las empresas de medicina prepaga.

Gira

Massa llegó este miércoles a La Rioja luego de anunciar, con un mensaje grabado, una devolución del IVA de hasta 18500 pesos por mes por persona, una medida que alcanzará a casi 20 millones de argentinos. El anuncio forma parte del paquete resuelto por el Ejecutivo luego de la devaluación dispuesta el 14 de agosto. “Habrá más medidas”, dicen en Economía.

“Todas estas medidas están en análisis y planificadas desde el mismo día que, forzados por el fondo, tuvimos que hacer la devaluación del 20%”, confió un funcionario económico.

El anuncio sobre la devolución del IVA, uno de los más fuertes en cuanto a alcance, se planificó para hacerse unas horas después de que el INDEC difunda el dato de inflación de agosto que fue de 12,4%. Se especuló, aunque en el entorno de Massa lo negaron, que se trató de un movimiento planificado para tapar el dato incendiario de inflación.

A sus colaboradores, Massa les anticipa que agosto fue el peor mes, que las proyecciones para septiembre ya muestran una caída que será todavía más pronunciada para octubre. “Con un crawling peg  de 8 puntos, y 20 de devaluación, es casi un milagro que la inflación haya sido de poco más de 12 puntos”, relató una fuente del equipo económico.

PI

Dirigentes y legisladores de Juntos para el Cambio salieron a criticar al diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por pedirle al ministro de Economía, Sergio Massa, que posponga el tratamiento del Presupuesto 2024 al acusarlo de desconocer la ley.

El primero en manifestarse contra la solicitud de Milei fue el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, que indicó que “el oficialismo debe respetar las leyes y la oposición libertaria al menos conocerlas”. “La Ley de Administración Financiera establece que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto antes del 15 de septiembre. No puede haber excepciones. Un candidato debería estar al tanto”, agregó el líder del radicalismo en Diputados.

Otro de los que arremetió contra el libertario fue el legislador y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro: “En un adelanto de lo que podría ser su gestión, Milei le pide al ministro de Economía que no cumpla la Ley de Administración Financiera (remitir el proyecto de Ley de Presupuesto antes del 15 de septiembre)”.

“No necesitamos mayor menosprecio por la ley, sino todo lo contrario: máximo cumplimiento e instituciones sólidas y transparentes es parte fundamental del camino para construir un país ordenado”, remató el referente del espacio de Elisa Carrió.

La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) se preguntó: “¿Desconocimiento del funcionamiento del Estado o solamente desprecio por el respeto de las normas? Cualquiera sea la respuesta es muy grave para alguien que se postula para llevar adelante la administración de ese Estado y sus normas”.

Desde la izquierda, la diputada nacional del Partido Obrero Romina Del Plá dijo que “lo de Milei no es más que otro acting de campaña que busca presentarse como alguien que tendría un presupuesto muy diferente al del gobierno de [Sergio] Massa, cuando el presupuesto de cualquiera de los candidatos, incluyendo a [Patricia] Bullrich, está dictado por el FMI”.

NA/JJD

Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, realizó este martes una solicitud formal al ministro de Economía y rival suyo en las elecciones generales, Sergio Massa, para que postergue la presentación del Presupuesto 2024 hasta después del 22 de octubre, el día de los comicios. Por ley, el envío del proyecto está establecido para los 15 de septiembre de cada año.

El postulante libertario solicitó que se considere “el competitivo performance electoral (sic)” de su espacio en las primarias del 13 de agosto último y la “eventual paridad de preferencias ciudadanas”. Se refirió de esta manera al resultado de las PASO, en las que para la categoría presidencial La Libertad Avanza terminó sacando 29,86%; Juntos por el Cambio, 28%, y Unión por la Patria, 27,28%.

En el documento, que cuenta también con la firma de su compañera de fórmula y colega en la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel, “se solicita evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N.24.156 (Ley de Presupuesto), hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario”.

El pedido ocurre tres días antes de la presentación oficial del proyecto de ley del Presupuesto 2024 del Gobierno nacional ante el Congreso, establecido por ley. Según anticipó semanas atrás el titular del Palacio de Hacienda, tendrá como premisa el “déficit cero” y el recorte del “gasto fiscal” -es decir, de exenciones impositivas- para cumplirlo.

LC/JJD

El jefe de Gabinete Agustín Rossi deberá presentar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, tal como lo establecido por ley. La iniciativa contempla un déficit cero, según anticipó el Palacio de Hacienda hace un mes.

Después de las elecciones primarias del 13 de agosto, el Ministerio de Economía dejó trascender una serie de medidas entre las que se contempla el envío de un proyecto de Presupuesto equilibrado, como proponen los principales candidatos de la oposición.

En principio, el Gobierno propondría la reducción del gasto fiscal para alcanzar dicho objetivo, que para los analistas privados representa una menor recaudación de impuestos y representa a unos 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

El gasto fiscal es ocasionado a través de exenciones impositivas y programas de promoción de actividades que contemplan rebajas de impuestos. Entre ellos, el IVA para algunos alimentos, jueces que no pagan Impuesto a las Ganancias, promociones industriales que permiten tomar a cuenta de Ganancias una parte de las contribuciones patronales o el sistema de bono fiscal para industrias que producen bienes de capital.

Para algunos especialistas, el Gobierno no va a poder alcanzar este año la meta de un déficit fiscal del 1,9% del PBI acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto se debe a la merma de la recaudación y a mayores gastos incurridos este año por a la sequía.

Algunos estudios privados plantean que este año, el quebranto del Sector Público Nacional se ubicará entre el 2,4% y 2,5%, en un marco de aceleración de la inflación que probablemente permita licuar parte del gasto en los meses que quedan hasta el fin de año.

Un documento de la cartera económica recuerda que el “gasto tributario” abarca el conjunto de reducciones impositivas que disminuyen las obligaciones tributarias de ciertos contribuyentes, “usualmente grupos empresarios y grandes firmas, lo que provoca una merma en los recursos tributarios públicos”.

Las los funcionarios de Economía explican que la reducción de ese “gasto” “permitiría robustecer los recursos del sector público, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de políticas públicas prioritarias y alcanzar el déficit primario cero en la Ley de Presupuesto 2024 de la República Argentina”.

A su vez, el Gobierno planea la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el 90% de los asalariados, lo que contemplaría una merma de recaudación del 30% de lo que genera ese tributo en el próximo año.

Aunque los números se elaboren en el Ministerio de Economía, formalmente el funcionario que maneja el Presupuesto es el Jefe de Gabinete y actual candidato a vicepresidente de Unión por la Patria quien tiene la tarea de enviar un anticipo del proyecto al Congreso este 15 de septiembre, como se hace todos los años.

LC con información de agencia NA