La sorpresiva salida de la empresa malaya Petronas del proyecto para construir una planta de licuefacción de gas natural, a un costo de US$ 10.000 millones, empujó a YPF a buscar socios alternativos.

La petrolera estatal argentina golpeó las puertas de dos productores de gas y petróleo con décadas de experiencia en el mercado local, Shell, de Reino Unido, y TotalEnergies, de Francia, pero ésta habría llegado a la misma conclusión que la gigante de Malasia: el proyecto bandera de YPF enfrenta costos que la desfavorecen en un mercado global complejo, demandante de grandes volúmenes de inversión.

Total Energies, una de las tres principales productoras de gas en Argentina y la tercera de gas natural licuado (GNL) en el mundo, siguió con atención, pero a distancia, las tratativas entre YPF y Petronas, desarrolladas durante una década. Incluso antes de que el rumor del desestimiento de Petronas se hiciera público, en septiembre pasado, TotalEnergies estudió pormenores del plan con más detenimiento, pero el resultado habría sido negativo, porque el proyecto que lidera YPF demandaría más costos logísticos y financieros que otros en Australia, Estados Unidos o Qatar, indicaron este miércoles fuentes de la industria citadas por la agencia estadounidense especializada en finanzas REDD Intelligence.

En septiembre de 2022, bajo el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, YPF y Petronas firmaron un memorándum para analizar la construcción del puerto de GNL. Se trataría de una de las mayores inversiones de la historia argentina, de unos US$ 10.000 millones, que se extenderían a US$ 30.000 millones si se considera la extracción del gas en Vaca Muerta a lo largo de los años. La exportación a gran escala resolvería en buena medida la crónica escasez de dólares de la economía argentina, lo que motivó gran difusión del memorándum por parte del Ejecutivo peronista.

Los dos últimos años del Gobierno de Fernández y Kirchner se perdieron entre las internas en el área de Energía y la negociación con Petronas, YPF y otros actores locales (Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista y Pluspetrol) e internacionales para crear un marco de inversiones en Vaca Muerta. El proyecto, consensuado con la industria y los gobernadores patagónicos, fue enviado al Congreso por Sergio Massa, pero quedó atascado en el Senado que comandaba Cristina.

La llegada de Javier Milei a la presidencia y de Horacio Marín a la jefatura de YPF disparó una controversia sobre la localización de la planta. El mandatario ultraderechista irrumpió con acusaciones de “expropiador serial” y “comunista” contra Axel Kicillof, y anunció que las instalaciones se ubicarían en Punta Colorada, sobre la costa de Río Negro, en lugar de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Con un pasado de 35 años en Tecpetrol, la petrolera de Techint, Marín explicó que, si bien Punta Colorada carece de la infraestructura de Bahía Blanca, la topografía rionegrina ofrece beneficios para la operación de buques de gran calado, y queda más cerca de Vaca Muerta, por lo que se requieren menos kilómetros de gasoductos.

Milei y Marín adoptaron una estrategia agresiva y asociaron la factibilidad de la planta de GNL a la sanción del régimen para grandes inversiones (RIGI), que fue incluido en la ley Bases. Ese marco, aprobado en el Congreso con apoyo de las provincias patagónicas y mineras, estipuló beneficios impositivos extraordinarios y acceso libre al dólar oficial, que fueron más allá de lo que habían solicitado Petronas y el resto de las empresas que negociaron con Massa. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se allanó al RIGI de Milei y Marín, y fue premiado con el anuncio de que la planta de GNL se instalaría en Punta Colorada.

La decisión de Petronas, filtrada a las pocas semanas —y todavía no oficilizada—, provocó cautela en quienes prenunciaban una nueva era para la industria de gas y para la economía argentina, que Milei se atribuía a su gestión y al RIGI.

Los grandes productores de GNL no son muchos. Entre ellos, se cuentan Qatar Energy, Cheniere Energy (EE.UU.), Shell, Petronas, TotalEnergies, Exxon y Sonatrach (Argelia). Petronas se bajó, Exxon se está yendo del país, otros actores están muy enfocados en regiones específicas, por lo que Shell y TotalEnergies, con presencia en todas las latitudes y know how sobre Argentina, fueron contrapartes probables.

TotalEnergies estima que el precio internacional del GNL se estabilizará hasta 2027 y comenzará a descender en 2028. Si todo sale bien, la planta que proyecta YPF comenzaría a exportar a gran escala en 2031

Tres razones

Los argumentos de TotalEnergies para declinar su participación en el proyecto de YPF no habrían tenido que ver con controversias políticas argentinas, sino con costos logísticos, informó REDD. Las conclusiones de la empresa francesa serían similares a las de Petronas: la distancia entre Vaca Muerta, cerca de los Andes, hasta un puerto sobre el Atlántico agrega un costo de transporte que hoy representa 33% más sobre la inversión necesaria para extraer el gas del subsuelo.

Sobre ello, se suma el costo argentino de financiación, que tendría un peso incluso si las condiciones de riesgo país se reducen drásticamente. Los principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Australia y Qatar, plazas que acceden a créditos para grandes inversiones a las menores tasas del mercado.

En tercer lugar, la latitud y longitud en que se encuentra Argentina, lejos de potenciales clientes en Europa, China, India y Japón. Sobre esto, hay miradas divergentes, porque si bien Argentina queda lejos de los grandes compradores, no presenta amenazas bélicas ni geopolíticas en su territorio, ni debe atravesar estrechos en los problemáticos mares Mediterráneo y Arábigo, como sostiene el director del Instituto Mosconi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Juan José Carbajales.

Competencia interna y externa

El problema central para atraer a uno de los grandes jugadores del GNL a las costas de Río Negro es que ya están operando en mercados que exportan y que pueden escalar la producción con menos inversión.

Además, TotalEnergies estima que el precio global del GNL se estabilizará hasta 2027 y comenzará a descender en 2028, informó REDD. En las proyecciones más optimistas, la exportación de YPF comenzaría en 2029, y alcanzaría la escala que estima Marín —120 millones de metros cúbicos diarios, decenas de miles de dólares por año—, en 2031. El riesgo de una baja pronunciada del precio internacional tornaría al proyecto argentino en inviable, si no firma antes un contrato de largo plazo.

Otro factor clave que tienen en cuenta los inversores globales es que el GNL argentino no sólo compite con el de Qatar o Estados Unidos, sino con el gas natural exportable vía caños a Chile, Bolivia, Uruguay y, sobre todo, Brasil. Aunque el volumen sería menor, esa vía está más a mano y requiere menos inversión que la planta pensada para gas transformado en líquido.

Sin un socio internacional de peso y sin que se haya hecho público un probable comprador de grandes volúmenes, con un contrato fijo de dos décadas, el proyecto de exportar GNL, aunque sólido por la extraordinaria performance de Vaca Muerta, entró en zona de incertidumbre.

YPF y Pan American Energy —comandada por la familia Bulgheroni— aparecen ahora como los principales impulsores del plan, en relativa soledad. Sus ejecutivos dejan saber que ven factible el desarrollo de una planta de US$ 10.000 millones a cargo de productores argentinos.

Pan American Energy, Pampa Energía y Tecpetrol comenzaron a acelerar definiciones sobre la exportación de GNL a través de barcos licuefactores, lo que implica un negocio de mucha menor escala que la planta con la que sueña YPF, informó REDD.

La Cámara de Diputados aprobó este martes cambio a la legislación de hidrocarburos. Si lo ratifica después el Senado, las petroleras ya no tendrán que abastecer primero el mercado interno de crudo y gas sino que podrá exportar directamente, incluso con el riesgo de dejar desabastecida la plaza local. Esto llevará a que el precio interno de los combustibles sea el de exportación. Lo que no se pueda vender aquí porque el bolsillo de los argentinos no alcance se mandará al exterior.

La desregulación en materia de hidrocarburos elimina la obligación de satisfacer prioritariamente el mercado interno. “Cae el objetivo del autoabastecimiento” y se lo reemplaza por “el de maximizar la renta”, según el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales. Las exportaciones e importaciones pasan a ser libres. Sólo se incorpora una condición a esa libertad: estará sujeta a la “no objeción” de la Secretaría de Energía, que a su vez estará fundada en “motivos económicos que hagan a la seguridad del suministro”. Carbajales por eso se pregunta: “¿Servirá esta liberalización para garantizar el boom inversor en Vaca Muerta? ¿O la discrecionalidad última del Gobierno dificultará los planes de negocios con perfil exportador?”.

Otro cambio radica en que el Ejecutivo se abstendrá de intervenir y fijar precios, algo en lo que ya había legislado el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei a fines de 2023. Sin embargo, Carbajales también duda de si YPF, que seguirá siendo 51% estatal, no terminará terciando en la fijación de precios de venta, como sucede en la actualidad del gobierno libertario, cuando se dosifican los aumentos para evitar un mayor impacto inflacionario, a pedido del ministro de Economía, Luis Caputo.

AR/JJD

José Luis Manzano no creía que fuera a aparecer. Desde inicios de marzo venía preparando en Buenos Aires el seminario del IEFA, un sello ignoto que reflotó un par de años atrás de la mano del portorriqueño Frank Holder, un exagente de la CIA reciclado como lobista y consultor VIP en seguridad e inteligencia. Cuando el martes por la mañana sus socios canadienses reiteraron la invitación a Presidencia, él les respondió que perdían el tiempo. Pero Javier Milei llegó puntual, exigió bajar al mínimo la iluminación del escenario y se despachó con un discurso donde reivindicó “el ajuste más grande de la historia de la Humanidad”, cargó contra “los políticos que no quieren ceder sus curros y buscan mantener sus privilegios” y se ofreció, por primera vez, como el articulador electoral que garantice en 2025 la desregulación total de los sectores donde el gran capital ―tanto local como extranjero― detecta nichos de negocios rentables para la próxima década.   

No podía desaprovechar la oportunidad. En el primer piso del Four Seasons había ejecutivos de bancos, financieras y compañías energéticas locales y también jerarcas de multinacionales como IBM, Oracle, Vestas y Saint-Gobain. Había elogiado su rumbo (con menos matices que los que plantea en privado) el jefe para América del FMI, Rodrigo Valdés. Pero ante todo lo aguardaban en primera fila el propio Manzano y Alejandro Bulgheroni, dos pesos pesado del establishment amigos de Sergio Massa, el rival que derrotó en la segunda vuelta. Los piropos que volcaron ahí son todo un símbolo del trasvasamiento de lealtades corporativas que viene operando silenciosamente en el último mes y medio. 

  Ya había hecho punta Paolo Rocca, el más político del mundo magnate, con su respaldo público a Milei en Houston la semana pasada. Manzano y Bulgheroni no quisieron quedarse atrás. “Las primeras medidas van en el rumbo correcto y hay claridad en el diagnóstico”, lisonjeó el exministro del Interior menemista, dueño de Edenor, de Refinor y de varios proyectos mineros en etapa de prospección. “Es una persona que sabe lo que necesita la Argentina, es una gran oportunidad”, se sumó el dueño de Pan American Energy (PAE) y Axion. Al día siguiente, Bulgheroni también se declaró devoto de la motosierra: “No hay otra forma de salir que no sea con dolor”, concedió.

Lo que Rocca cobró por adelantado a cambio de su apoyo (metió más gente en el gabinete que todo La Libertad Avanza, bromean en corrillos empresariales) solo se compara con las ventajas que obtuvieron los dueños de las prepagas y de inmuebles en alquiler gracias a las desregulaciones del DNU 70. A los nuevos entusiastas, Milei los tienta con otra zanahoria: allanar el camino para un salto inversor que todavía se limita a unas pocas fichas lanzadas sobre el paño local por apostadores de Wall Street. Especialmente en los rubros energético y minero, señalados tempranamente por el embajador Marc Stanley y la generala del Comando Sur, Laura Richardson, como las actividades a las cuales le conviene al país abocarse además de la producción de alimentos. 

Sobre ese sustrato extractivista floreció la naciente coalición empresarial libertaria, independientemente de que en otros sectores de la economía perjudicados por el Caputazo también haya quienes lo apoyan por razones más ideológicas que materiales. El pragmático Manzano lo resumió en una frase, cuando Milei ya aguardaba detrás del escenario para cerrar el foro: “Se sabe qué hace falta. Falta que esté hecho”. 

De Washington a Cutral Co

La Ley Ómnibus que naufragó en Diputados reformaba casi 40 artículos de la ley 17.319, que regula el sector de petróleo y gas desde 1967 y que cada tanto se retoca. El cambio clave era sobre el artículo 6, que fija desde siempre como principal objetivo de la explotación hidrocarburífera el autoabastecimiento local de naftas y gasoil. Bajo el nuevo paradigma que propone el Gobierno, la meta es maximizar las exportaciones y la renta obtenida del recurso. Las petroleras, que convivieron con regulaciones de distinto tipo en los últimos 20 años, aseguran que correr al Estado del medio va a destrabar inversiones mucho más cuantiosas. Por eso empujan el nuevo proyecto “combi” del oficialismo, que insiste con la reforma de la 17.319 y establece que “los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrían exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, y sujeta a la no objeción de la Secretaría de Energía”. 

Otra entente de multinacionales estadounidenses, australianas y chinas y socios locales bien conectados como Manzano aguardan que la “combi” barra también con regulaciones que imponen costos a las explotaciones mineras y libere zonas como las periglaciales, hoy vedadas para el sector. Piensan en el litio pero también en el cobre y otros metales, porque el mineral estrella de las baterías bajó a la cuarta parte de lo que valía en 2022. Quieren una ley y no un decreto, como remarcó el vicepresidente regional de la megaminera Albemarle, Ignacio Mehech, cuando enfatizó que “la seguridad no nos la tiene que dar un gobierno sino el Estado”.

El problema es que no todos los jugadores del negocio están de acuerdo. Las provincias, dueñas de los recursos del subsuelo según la Constitución y también de los votos con los cuales debería salir la ley, discuten en paralelo sus costos y beneficios. El neuquino Rolando Figueroa, por caso, sabe que el grueso de las inversiones de los próximos años irá a Vaca Muerta y por ende a su provincia. Le conviene la desregulación. Otros patagónicos, como el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, ya empezaron a sufrir el éxodo de las petroleras hacia el shale y el abandono de sus campos convencionales maduros. 

Nadie quiere regalarle empleos al de al lado. En Santa Cruz, por ejemplo, las contratistas ya suspendieron unos 1.500 petroleros y camioneros por el freno intempestivo de los pozos convencionales que decidió Horacio Marín apenas tomó las riendas de YPF. “Nos tiraron la llave sin mirar atrás. Pudieron haberse quedado un año más y hacer una transición más organizada pero se fueron de golpe”, rezongó ante elDiarioAR una fuente cercana al gobernador. Es un recordatorio de la explosiva conflictividad que acompañó la privatización de YPF en los 90, cuando se cerraban los pozos y multiplicaban los piquetes desde Cutral Co hasta Tartagal. 

Hay un montón de negocios conexos que la desregulación también puede afectar. ¿Qué pasará con los precios sostén del Plan Gas? ¿A cuánto van a comprar ese gas las plantas de generación eléctrica? ¿Cuánto va a valer en consecuencia el megavatio? ¿Y los parques eólicos? ¿Y las represas hidroeléctricas? Son desvelos comunes al sur del río Colorado. Por eso sigue latente el proyecto de una Empresa Patagónica de Energía, revelada en esta columna el 25 de febrero pasado. En dos semanas se volverán a reunir los ministros de Energía para evaluar su viabilidad. Creen que podría servir también para cubrir la retirada de YPF y aventar el riesgo de otro cutralcazo.

Menudeo 

La súbita conversión al credo libertario de hombres de negocios que orbitaban cómodos en el capitalismo de amigos peronista no es ni más ni menos que la traducción corporativa de las transmutaciones en el tablero político nacional y en el Congreso. Así como los diputados macristas intuyen que su electorado ya se volcó por La Libertad Avanza y temen que amoneste en las elecciones del año próximo cualquier apartamiento de su libreto, Unión por la Patria también discute su liderazgo con un ojo puesto en el reseteo de la economía que propone Milei. 

La figura de Axel Kicillof, resistida por Máximo Kirchner pero crecientemente influyente sobre sectores que jamás se le habían acercado ―como la UOM de Abel Furlán―, podría encarnar un eventual reverdecer mercadointernista que solo tendrá chances si el ajuste récord del que se jactan Milei y Caputo se choca con un caos social incontrolable. El gobernador sabe que le falta recorrer un desierto fiscal hasta 2027 y que en el peronismo hay quienes piensan que el experimento de Milei puede salir bien. No solo Massa, con quien compartió dos semanas atrás una cena con larga sobremesa en sus oficinas de Retiro. 

La designación de Ariel Lijo como candidato para la Corte Suprema, contra la que protestó airadamente incluso el establishment entusiasmado con el nuevo consenso de las commodities, exhibió un puente de diálogo entre Milei y el kirchnerismo que incomoda a ambas partes. Detrás de la impostación republicana de quienes se indignaron por sus antecedentes de corrupción, muchos identifican a un Mauricio Macri que se niega a irse en fade del foco de los flashes junto a Cristina. “Él sabe lo importante que es la Corte. No te olvides de que ahí se salvó de ir preso por contrabando”, recuerda ante elDiarioAR un dirigente que le fue fiel hasta hace poco.

En Tribunales, donde ya nadie se preocupa por impostar nada, sonaron alarmas cuando el Papa Francisco advirtió sobre los vínculos del narcotráfico con comisarios, jueces, fiscales, financistas y políticos. Sigue llamando la atención que en Santa Fe no haya un solo lavador de dinero preso ni la policía se tirotee jamás con los narcos, ni siquiera en medio del actual raid de crímenes sangrientos y amenazas mafiosas. 

Milei, en cambio, no parece haber escuchado al Santo Padre: como reveló en el portal LetraP Hernán Lascano, acaba de designar a Juan Lafontana al frente de la oficina en Rosario de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Es el abogado defensor de Darío Scattaglini, un político de estrecha relación con el senador Armando Traferri, a quien dos fiscales procuran desaforar desde 2020 para investigarlo por una red de juego clandestino. Lafontana también integra el estudio de un socio local del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La Argentina como plataforma exportadora de materias primas es El Dorado con el que sueñan las mineras y petroleras extranjeras y sus socios capitalistas locales. Pero también es una realidad que pretenden consolidar otros empresarios de modales menos elegantes. Gente poderosa que, sin trajinar los pasillos del Four Seasons ni vestir lujosos trajes, también influye sobre la política con los mismos argumentos metálicos. 

AB/DTC

En medio de la escalada de tensión con el presidente Javier Milei, dispuesto a recortar el flujo de recursos nacionales para las provincias, los gobernadores patagónicos se organizan para unir fuerzas. Por estas horas trabajan en un acuerdo que alínea sus decisiones de  política energética.  

“Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, advirtió el viernes a última hora el gobernador Ignacio Torres, del PRO, en un mensaje dirigido al gobierno nacional. La amenaza fue incluida en una carta firmada también por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Según anticipó Alejandro Bercovich en elDiarioAR, los firmantes ya pactaron una reunión para los primeros días de marzo y tienen previsto el lanzamiento de una “empresa patagónica de energía”, que no solo concentrará el control de las concesiones petroleras y gasíferas privadas de todas esas provincias sino también de las generadoras hidroeléctricas y los molinos eólicos en su territorio. 

En las oficinas de un mandatario patagónico confirmaron que están trazando “estrategias conjuntas para el sector energético”, aunque no detallaron si esa conversación derivará en una sociedad formal. Por el momento se trata de un “alineamiento de políticas en temas comunes” que podría o no tomar la forma de la unificación de gestiones operativas.

Según contó el propio Torres en una entrevista a Radio Mitre, ayer estaba prevista una reunión de gobernadores patagónicos para tomar una decisión en conjunto. “Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas”, dijo. 

En el portal especializado en energía e hidrocarburos Boca de pozo anticiparon que una de las propuestas que están siendo analizadas por los gobernadores patagónicos es “retener las regalías hidrocarburíferas en origen”.

MT

El Gobierno calificó de “amenaza de carácter chavista” a la advertencia de gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por los recortes en la coparticipación. El mandatario de Juntos por el Cambio anticipó que si no le envían los fondos que le corresponde, cortará el suministro de petróleo y gas.

“Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, sostuvo la Oficina del Presidente en un comunicado publicado en la red social X (ex Twitter).

Según indicaron desde la administración nacional, los $13.500 millones descontados corresponden a una deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. “Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación”, explicaron.

“De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional”, plantearon desde el Gobierno.

Además, el presidente apuntó contra los gobernadores que se solidarizaron y respaldaron a Torres. “Los gobernadores (Axel) Kicillof, (Ignacio) Torres, (Ricardo) Quintela, (Rogelio) Frigerio y demás, al igual que el jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos”, advirtió.

Y agregó: “Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad”.

ACM

Con información de Télam

Estados Unidos anunció hoy que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país latinoamericano mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. “Estados Unidos no renovará la licencia” informó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado oficial, en referencia a la medida que brinda alivio al sector petrolero y gasolero que expira el próximo 18 de abril.

La medida adoptada por el gobierno de Joe Biden responde a la “falta de avances” en materia de diálogo entre Maduro y sus representantes y la oposición rumbo a los comicios que deberían celebrarse en el segundo semestre del 2024. Según la administración norteamericana, persisten obstáculos para “permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año”.

Además, el anuncio se dio conocer horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro diera de plazo hasta el 13 de febrero para “liquidar cualquier transacción” pendiente con Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela. Ahora, entonces, Washington reimpuso las sanciones al petróleo, gas y oro en Venezuela, un paso con el que ya había amenazado el pasado sábado.

El año pasado, el Gobierno y la oposición del país latinoamericano habían firmado un acuerdo en Barbados y, en octubre, Estados Unidos accedió a aliviar las sanciones contra Venezuela. Sin embargo, condicionó la continuidad de dicha medida a la liberación de prisioneros bajo el régimen de Maduro, entre los que hay estadounidenses “detenidos injustamente”, y la celebración de elecciones libres.

El línea con las condiciones impuestas por el gobierno de Biden, a fines del 2023 se logró un canje de presos. En diciembre, Venezuela liberó a más de 20 de sus propios ciudadanos y a 10 estadounidenses a cambio de la libertad de un funcionario de Maduro y la extradición de un empresario malayo buscado por Estados Unidos.

Pese a esta negociación, la situación continúa siendo insuficiente para Estados Unidos. Por un lado, la decisión judicial contra Machado ─que se suma también a otra contra el excandidato Henrique Capriles─ alentaron la reimposición de las sanciones. Por otro lado, en los últimos días, 36 personas fueron detenidas, entre civiles y militares, luego de que las autoridades venezolanas las acusaran de estar vinculados con cinco “conspiraciones” para asesinar a Maduro. Entre los arrestados, había tres colaboradores de Machado.

“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados”, se quejó Miller, informó la agencia de noticias AFP.

El TSJ, de línea oficialista, selló una inhabilitación política por 15 años contra Machado, que ganó con comodidad las elecciones primarias de la principal alianza opositora. “Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato”, respondió ella luego de que se conociera la resolución.

Para Washington, el acuerdo de Barbados “sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga duración de Venezuela y celebrar elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela”.

Pero esto requiere que “Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024”, que deberían celebrarse durante la segunda mitad del año, añadió el vocero del Departamento de Estado estadounidense.

El Ejecutivo de Maduro rechazó la reimposición de las sanciones y las consideró un “grosero e indebido chantaje y ultimátum” de parte de la administración demócrata. “Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos”, advirtió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un mensaje en su cuenta de la red X (ex Twitter).

Además de la liberación de presos, Washington y Caracas acordaron en octubre pasado la repatriación de venezolanos. Desde entonces 15 vuelos salieron desde territorio estadounidense hacia Venezuela, en el marco del plan “Vuelta a la patria”.

“Venezuela, inspirada en su gloria y dignidad histórica, seguirá su empeño por recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional”, agregó la segunda de Maduro.

ACM con información de Télam

Mediante la búsqueda de gas y petróleo en las cuencas Norte y Austral del mar argentino, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el golfo San Matías y la exploración de gas en el Proyecto Fénix en las costas de Tierra del Fuego, el gobierno de Alberto Fernández y la industria de hidrocarburos avanzaron con tres grandes aspiraciones sobre el océano para expandir negocios, fuentes de abastecimiento interno y de exportación. Los proyectos fueron impulsados con el aval del Poder Judicial, a pesar de las críticas, amparos, protestas y alarmas de ambientalistas, conservacionistas, abogados y ciudadanos organizados en asambleas a lo largo de la costa Atlántica.

El futuro de estos proyectos dependerá ahora de la política energética del nuevo presidente, Javier Milei, un negacionista del cambio climático, y de Eduardo Rodríguez Chirillo, a cargo del área de Energía. Todas las iniciativas dependen ahora del mandatario libertario y de la inversión de las petroleras, en especial de YPF.

Los detractores de estas tres iniciativas advierten sobre los riesgos ambientales y las escasas fuentes de trabajo y de energía que han obtenido los locales ante la expansión de la frontera de los combustibles fósiles sobre el mar. También afirman que van en detrimento de los compromisos ambientales de Argentina en los acuerdos climáticos a nivel internacional y de la transición energética justa. Los mayores beneficiados: las grandes petroleras. Detrás del negocio: el modelo energético que abastece de gas, luz eléctrica y combustible al país.

Con aval judicial

El Poder Judicial ha tenido un rol en propiciar el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, a principios de noviembre último, los planteos de distintas organizaciones ambientalistas para frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Norte, de acuerdo con un comunicado del tribunal.

La Corte Suprema deberá tratar otros dos casos. El primero es una medida cautelar climática más amplia, presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que solicita la suspensión de las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera en todo el mar argentino. La organización ambientalista pide que la suspensión rija hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El planteo ya fue rechazado en primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, explicó Cristian Fernández, abogado de FARN.

El segundo caso pendiente fue presentado por la organización Abogados Ambientalistas, que solicitó al máximo tribunal que revise una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro. Este determinó que los ciudadanos rionegrinos de  la Multisectorial Golfo San Matías no tendrían “legitimidad” para reclamar por la inconstitucionalidad de la modificación de una ley hecha a medida del oleoducto Vaca Muerta Sur.

Ultraprofundo

Entre 2022 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con los trámites para hacer posible la prospección sísmica y la exploración de pozos de gas y petróleo a altas profundidades en tres cuencas del mar argentino: la Norte, la Austral y la Malvinas Oeste. El Gobierno cree que podría tratarse de una “segunda Vaca Muerta”, por el potencial y rendimiento económico.

Las concesiones del “Plan Exploración Offshore” comenzaron a licitarse en 2018, dividiendo al mar en 38 bloques, durante el gobierno de Mauricio Macri. De esos 38 bloques, actualmente unos 18 han sido adjudicados a distintas petroleras para la exploración: Equinor, YPF, Shell, ExxonMobil, British Petroleum (BP), Qatar Petroleum, Tullow, Total, Eni, Pluspetrol y Wintershall DEA. Sólo la primera etapa licitada alcanzó 95.000 kilómetros cuadrados del mar Argentino.

La prospección sísmica —definida como “bombardeos acústicos” por la organización Greenpeace— es realizada por la empresa noruega Equinor, que también participará en la exploración de pozos. Ésta consiste en realizar detonaciones con aire comprimido que generan ruidos intensos y provoca pequeños sismos en el fondo marino. Estos potentes sonidos generan un eco que es captado por una serie de micrófonos en el buque sísmico. La información que producen es analizada para identificar reservorios de petróleo y gas.

Ambientalistas y conservacionistas advierten sobre los altos riesgos para la biodiversidad marina tanto por los bombardeos acústicos como por la exploración y explotación a profundidades inéditas en las tres cuencas argentinas. 

Los pozos se encuentran a más de 1.500 metros de profundidad y pueden llegar a los 4.000 metros. Además, las perforaciones se realizarán a distancias muy extensas de las costas, entre 100 y hasta 300 kilómetros mar adentro. Estas son las dos principales diferencias con la exploración offshore que ya se realiza en la cuenca Austral, explicaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace en documentos judiciales y publicaciones analizadas para este reportaje.

elDiarioAR y Climate Tracker consultaron a la petrolera Equinor para conocer su posición sobre las críticas pero la empresa noruega no respondió hasta el cierre de esta edición. 

Cuenca Norte

“Actualmente, Equinor se encuentra realizando los bombardeos acústicos con el buque BGP Prospector en los bloques 100 y 108 del mar argentino, a la altura de las costas de la provincia de Buenos Aires y Viedma, Chubut”, explicó en noviembre último Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace. 

La empresa tiene plazo hasta junio de 2024 para finalizar con la prospección sísmica. Luego comenzaría la etapa de exploración, que implicará la primera perforación en esta zona del mar Argentino. El primero en ser perforado será el bloque 100. El pozo es conocido como Argerich, es el más grande de la cuenca Norte, tiene más de 4.000 metros de profundidad y se ubica a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. 

“Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país”, agregó Pérez Orsi. 

Para esta exploración y explotación, Equinor trabajará en sociedad con YPF y Shell. YPF estima que en bloque completo —que incluye el pozo Argerich— podría llegar a dar 1.000 millones de barriles de petróleo. “La búsqueda de recursos costa afuera, con los más altos estándares de seguridad, representa una oportunidad para contribuir al desarrollo económico de la Argentina”, aseguró YPF en su sitio web.

La petrolera afirmó que es “la primera vez que el país se plantea como política de Estado desarrollar proyectos en una zona de aguas profundas a ultra-profundas” y “por su ubicación y tecnología a utilizar, hay mínimas posibilidades en que afecte negativamente al medio ambiente y a otras actividades de la zona como el turismo y la pesca”.

Shell, en tanto, aseguró que tiene un largo historial de éxitos en el desarrollo de proyectos energéticos en aguas profundas en todo el mundo. “Aplicamos nuestros conocimientos, experiencia y tecnologías de eficacia probada en aguas profundas para poder acceder a nuevos recursos de manera segura y eficiente” y “procuramos limitar el impacto ambiental de nuestras operaciones y compartir los beneficios con las comunidades del entorno”, resaltó.

Cuencas Austral y Malvinas Oeste

En Argentina, los yacimientos explotados históricamente costa afuera están ubicados en la Cuenca Austral, ubicado en el Atlántico sur, y que alberga alrededor del 30% de las reservas de gas del país. Se trata de concesiones de la década de 1990 que siguen siendo exploradas actualmente. Los nuevos proyectos buscan expandir aún más la explotación en la cuenca Austral y tomar también la Cuenca Malvinas Oeste.  

En este sector, el mar Argentino fue dividido en bloques ubicados a la altura de las costas de Tierra del Fuego, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Los bloques comenzaron a licitarse en 2018 para la prospección sísmica y futura exploración en busca de gas y petróleo a altas profundidades. De los adjudicados hasta el momento, seis corresponden a la Cuenca Austral y otros seis a Malvinas Oeste.

El gobierno de Fernández argumentaba que América Latina tiene “derecho” a una  transición energética “diferente” a la que tienen que llevar adelante los países desarrollados, “responsables del daño ambiental”, como aseguró Sergio Massa, entonces ministro de Economía y excandidato presidencial frente los empresarios reunidos en IDEA Energía 2023.

“Vamos a defender el rol del gas como energía de transición (...) (Es) ”por una cuestión económica, pero también por una cuestión de resultados en términos ambientales“, dijo la exautoridad. 

Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país.

Hernán Pérez Orsi — Investigador de la Campaña Océanos de Greenpeace.

El exministro aseguraba que el gas implica la mitad de las emisiones del carbón —un combustible que no es utilizado en Argentina— y un tercio de las emisiones del petróleo.

Pese a la posición del Gobierno, los riesgos de las prospecciones sísmicas y la exploración a altas profundidades ponen en riesgo al ambiente. “Lo que han hecho es la fragmentación de un mismo mar, que implica daños al ecosistema marino; degradación de las condiciones de vida de las comunidades locales; efectos negativos directos sobre el turismo, la pesca artesanal y las economías regionales”, afirmó Carla Wichmann, integrante de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS y de la Red de Comunidades Costeras.

El 22 de noviembre, el Ejecutivo avanzó con la audiencia pública para la presentación del proyecto de exploración sísmica en tres de los bloques de la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste por parte de la empresa Equinor, que comenzará con los “bombardeos sísmicos en enero de 2024. 

Los opositores a la exploración offshore  destacan que los Estudios de Impacto Ambiental son presentados por las mismas empresas. “Son estudios incompletos, ilegibles, desactualizados y en estos casos refieren únicamente a un bloque y no evalúan impactos acumulativos”, criticó Wichmann.

Proyecto Fénix

Se trata de un yacimiento de gas fósil ubicado en la Cuenca Austral, a 60 kilómetros de la costa de la provincia de Tierra del Fuego y a 74 kilómetros de las instalaciones ya existentes  del Río Cullen, concesionadas a la empresa francesa Total, en alianza con Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea Argentina. 

En este caso, se trata de perforaciones en aguas poco profundas, de unos 70 metros. La exploración sísmica ya fue realizada y en junio último comenzaron las obras para la instalación de una plataforma de extracción de gas y el tendido de un gasoducto de 36,5 kilómetros que conecte con gasoductos existentes y operados por Total. La perforación de los tres pozos de explotación está prevista para 2025, de acuerdo a información de Total ante la consulta de elDiarioAR. 

“Con Fénix buscamos seguir satisfaciendo las necesidades de energía del país, produciendo el gas costa afuera más austral del mundo”, consignó Total en su sitio web. 

Total estima que Fénix aportará hasta 10 millones de metros cúbicos de gas por día, que serán suministrados al mercado nacional. “Esto representa cerca del 8% de la producción actual de gas del país”, afirma la compañía. Ese 8% se sumará al 25% de la producción local que ya explota Total en Argentina. Con este proyecto, la petrolera francesa se convierte en la primera compañía en términos de producción de gas, después de YPF. El 18% de ese 25% corresponde a gas extraído en el mar. La empresa también garantiza el 100% de la energía eléctrica de Tierra del Fuego a través del gas.

En la audiencia pública realizada en abril de este año, expusieron funcionarios del gobierno nacional y provincial y representantes de Total. “La audiencia pública no vinculante fue un simulacro, un simulacro de democracia. De hecho, gobierno y empresa reconocieron en sus exposiciones del día que la plataforma ya está en construcción”, destacó un informe de las Asambleas  de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego (AeIAS).

“Los funcionarios y gobernantes no actúan como representantes del pueblo y del ambiente, sino de los intereses de la empresa”, afirmaron los asambleístas. Estos también cuestionaron que pese a que Argentina se adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible —que entre uno de sus objetivos exige medidas urgentes para combatir el cambio climático, a partir de la transición energética— promueve  explotación de combustibles fósiles “hasta vaciar el último yacimiento, esté en tierra o en el mar”.

“El Estudio de Impacto Ambiental, irónicamente, contempla el impacto de emisiones por quema de gas fósil en caso de una fuga, pero no considera las emisiones de la quema de los 10 millones de metros cúbicos de gas por día que promete extraer”, explicó Greenpeace en una publicación. 

Total resalta en su sitio web que opera en Tierra de Fuego costas afuera desde 1978. En todos estos años, Wichmann destacó que las decisiones se tomaron siempre entre las empresas y los gobiernos. “La comunidad no sabe lo que está pasando frente a las costas”, aseguró. 

Tanto el Proyecto Fénix como la exploración sísmica en la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste son lindantes a cinco áreas protegidas: la Reserva Costa Atlántica (una reserva de aves, sitio Ramsar —un humedal de importancia internacional—; el Área Natural Península Mitre (más de 800.000 hectáreas marinas); la Isla de los Estados; el Banco Burdwood; y Yaganes.

Oleoducto Vaca Muerta Sur

El proyecto de la petrolera YPF —motorizado por el Gobierno Nacional y las gobernaciones de las provincias de Neuquén y Río Negro— busca transportar el crudo de Vaca Muerta, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo, en la cuenca neuquina, hacia el Atlántico para su exportación a partir de 2026. 

Su plataforma portuaria será construida en un área protegida, el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de Río Negro modificó la legislación y sancionó una ley a medida del proyecto de YPF, como informó elDiarioAR junto a Climate Tracker.

“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró Francisco Pinilla durante la audiencia pública en la que se expusieron los Estadios de Impacto Ambiental (EsIA). Pinilla lidera ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. El consultor dijo que esos impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar. 

Los defensores del proyecto aseguran que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especial en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos.

Sin embargo, los detractores del proyecto afirman que este oleoducto es para exportación, es decir, para las ganancias de las empresas, y que el riesgo ante un eventual derrame es altísimo para la biodiversidad: el área donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo está rodeada de áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

Los científicos, ambientalistas y conservacionistas aseguraron: “La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales”.

Mediante un despliegue de lobby, la petrolera logró el apoyo de los legisladores de Río negro para cambiar la legislación y de una parte de la población de la provincia, clave para el proyecto: Sierra Grande. Esta localidad es la más cercana a Punta Colorada, donde se pretende levantar la terminal portuaria del oleoducto, en el golfo San Matías. 

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), presentados por las consultoras contratadas por YPF, y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para decidir si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra, prevista para enero. La funcionaria a cargo, Dina Migani, es fundadora de una empresa de provisión de químicos para la industria petrolera, Quinpe SRL, actualmente en manos de sus hijos en sociedad con el grupo Macri y proveedora de servicios de YPF.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

ED