El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, ha tenido un buen año económico desde su regreso a la función pública. El empresario casi duplicó su patrimonio en 2024, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada realizado por elDiarioAR.

El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

Las declaraciones juradas de Pazo están en la mira de la Justicia, tras una investigación publicada por elDiarioAR en 2024. El juez federal Ariel Lijo analizará su patrimonio por presuntas irregularidades y omisiones en la declaración de sus bienes.

Durante el año pasado, Pazo cumplió dos funciones: fue el segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y luego jefe de ARCA. En su última declaración jurada, presentada en los últimos días, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ingresos anuales por más de $129 millones, de los cuales, $90 millones correspondieron en 2024 a renta de capitales.

Ante la OA declaró sólo una casa en Mar del Tuyú y un Ford F-150 Lariat Luxury. Además, informó que es propietario de una moto BMW modelo 2016, de un Volkswagen Golf del mismo año y de una embarcación, sobre los que no informó valores.

Tiene ahorros en el país, en bancos y en efectivo, y una cuenta en Estados Unidos. Pero su principal capital son sus empresas, cuyas acciones se fueron para arriba desde su llegada a la función pública.

El subidón de Invernea

La principal empresa de Pazo es Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras, a las que controlaba como funcionario, invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, según informó el programa de televisión 100% Seguro, en una emisión que incluyó una entrevista con Pazo.

“Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo Pazo en el programa televisivo 100% Seguro, en diciembre de 2021.

En enero de 2024, Pazo era el propietario del 90% de las acciones de Invernea, valuadas en más de $47 millones, según su última declaración jurada. Al final de 2024, sus tenencias en la compañía seguían siendo del 90% pero ahora valían $200 millones. Casi cuadruplicaron su valor desde su regreso a la función pública.

Lo mismo sucedió con otra de sus empresas del agro: Caracú Quemado SRL. A principios de 2024, Pazo tenía el 90% de las acciones de la compañía, valuadas en más de $24 millones. Un año después, casi duplicó su valor: la misma cantidad de acciones ahora valen $47 millones.

Su crecimiento patrimonial se debe en gran parte al aumento del valor de sus acciones en ambas compañías. elDiarioAR consultó a Pazo a través de sus voceros oficiales para preguntar a qué se debió el aumento del valor de las acciones de la compañía desde su llegada al Gobierno. Respondieron con una escueta explicación: “Es la valuación de la empresa”.

Antecedentes

Pazo fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras.

Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Pazo regresó a la función pública y asumió un rol central en el Ministerio de Economía que dirige Caputo como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica. Eso lo convirtió en uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

En diciembre de 2024, Pazo asumió como jefe de ARCA. Fue cuando surgieron nuevos datos sobre su patrimonio, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago.

De acuerdo con la investigación publicada por este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora y miembro, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Ese departamento de Harbour House 1533 Corp. es lo que Pazo continúa sin aclarar en torno a su patrimonio. En 2024, este medio informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses por sus empresas y su rol en torno a la industria y el agro, y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes: su declaración como dueño de esta compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami, que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Pazo sostiene que esa propiedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera. Sin embargo, él figura como accionista en los documentos revelados por este medio.

Al menos 2.370 millones de dólares. Es la cantidad que, según un nuevo informe de los senadores del Partido Demócrata, Elon Musk y sus empresas podrían tener que desembolsar como resultado de los juicios, la supervisión regulatoria y las investigaciones federales por posibles conflictos de intereses derivados de su trabajo al frente del DOGE, como se conoce a la agencia de eficiencia gubernamental por sus siglas en inglés.

Publicado el lunes por los senadores Demócratas que integran la subcomisión permanente de investigaciones de seguridad nacional en la Cámara Alta, el informe advierte de que Musk podría tratar de usar su poder para evitar responsabilidades jurídicas y analiza 65 reclamaciones contra el multimillonario, posibles o ya iniciadas, desde 11 agencias distintas. 

En 45 de esos reclamos, los investigadores calcularon la responsabilidad financiera que podrían tener Musk y compañías de su propiedad como Tesla, SpaceX y Neuralink.

Poder sobre los reguladores

Desde que Trump ganó las elecciones el año pasado y el CEO de Tesla asumió en enero de 2025 el papel de jefe de facto del DOGE, los organismos responsables de velar por el código ético y las autoridades del Partido Demócrata alertaron por la posibilidad de que Musk use su poder para echar a los reguladores y sofocar las investigaciones contra sus empresas. Desde su cargo, el hombre más rico del mundo tiene poder sobre los organismos que regulan a sus empresas o hacen contratos con ellas.

El informe de la subcomisión detalla las responsabilidades financieras de Musk, que incluyen la posibilidad de multas de hasta 1.190 millones de dólares solo por Tesla, acusado de hacer declaraciones falsas o engañosas sobre las funciones de piloto automático y de conducción autónoma de los vehículos.

El informe calcula una cantidad total para las responsabilidades financieras de Musk pero explica que en esos más de 2.000 millones de dólares no se han incluido los posibles ahorros que a Musk podría generarle la Administración Trump por las investigaciones que decida no comenzar. Tampoco están contabilizados los posibles contratos que sus empresas podrían obtener gracias a las funciones de Musk en el Gobierno, como los acuerdos de telecomunicaciones con su servicio de internet por satélite Starlink.

“Si bien la cifra de 2.370 millones de dólares viene de una estimación conservadora y verosímil, infravalora en gran medida los beneficios que el señor Musk puede obtener gracias a su posición en el Gobierno solo por evitar las consecuencias legales”, sostiene el informe.

En los últimos meses, la Administración Trump minimizó a las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés de Musk. A principios de febrero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo que el magnate “se disculparía” si hubiera algún problema.

Los demócratas están presionando al Gobierno para que explique la manera en que Musk está resolviendo esos conflictos de intereses, a la vez que concentran en el multimillonario, cuya popularidad está en caída, sus ataques contra la Administración Trump. 

Jeanne Shaheen, senadora del Partido Demócrata, presentó a principios de abril un proyecto de ley pensado para Musk que prohibiría la adjudicación de contratos oficiales a empresas propiedad de empleados especiales del gobierno.

“A pesar de las numerosas peticiones presentadas por miembros del Congreso, la Administración Trump no ha proporcionado ningún documento ni información relevante, [el detalle de] las autoridades que se hacen cargo de estas acciones, o una explicación de la manera en que el señor Musk está resolviendo los conflictos que inherentemente se plantean”, dice el informe del subcomité.

Los conflictos de intereses de Musk abarcan múltiples agencias, desde la Administración Federal de Aviación, que supervisa el lanzamiento de los cohetes de SpaceX hasta la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que ha abierto múltiples investigaciones por las operaciones de Tesla. En febrero, el Doge de Musk despidió a trabajadores de la NHTSA que eran expertos en tecnología de coches autoconducidos.

“Nadie, por rico que sea, está por encima de la ley”

La subcomisión permanente de investigaciones está integrada por miembros de los dos partidos, con una mayoría del Partido Republicano y una minoría del Partido Demócrata liderada por Richard Blumenthal, senador por Connecticut.

El informe incluye una serie de demandas a Trump, a los departamentos ejecutivos, y a las agencias reguladoras, exigiendo medidas de supervisión más estrictas contra Musk, como una auditoría independiente de los principales contratos otorgados a empresas afiliadas al multimillonario.

“Ningún individuo está por encima de la ley, por famoso o rico que sea”, sostiene el informe en su conclusión. “Cualquier medida que no sea decisiva, inmediata y colectiva pone a EEUU en riesgo de asistir a su rendición ante la nueva oligarquía”.

Traducción de Francisco de Zárate.

―¡No es el momento de pelearnos con los gremios! ¡Me chupa un huevo lo que diga Sturzenegger!

Javier Milei estalló en un grito de furia potenciado por el exceso de azúcar. Faltaban un par de días para la asunción y encabezaba una reunión de gabinete preparatoria, en una oficina prestada a pocas cuadras del hotel Libertador. Omar Yasin, el chivo expiatorio con cuyo sacrificio intentó zafar esta semana del escándalo por el aumento de su propio sueldo, acababa de defender la prohibición de los “aportes solidarios” que muchos gremios tienen incluidos en sus acuerdos paritarios. Era una idea de Federico Sturzenegger, cuyo mamotreto de reformas había comprado llave en mano el mismo Milei apenas dos meses antes, tras la derrota de Patricia Bullrich en las generales de octubre y su decisión de apoyarlo en el balotaje. 

Los ministros y secretarios presentes se sorprendieron cuando, al leer poco después el DNU ya publicado, esa prohibición figuraba en el artículo 73, que modificaba el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una alerta temprana de la improvisación, el frenetismo y los bandazos que marcarían los siguientes tres meses y que desembocarían en los dos fracasos del oficialismo para aprobar la Ley Ómnibus y evitar el rechazo del Senado a ese decreto fundacional.

Sturzenegger sigue trabajando entre la Rosada y la Quinta de Olivos, sin haber sido designado para cargo alguno pese a que en enero dejaron trascender que encabezaría una Unidad Transitoria para la Reforma del Estado. Según reveló a elDiarioAR una fuente que participó de la redacción de ambos textos, no hubo un criterio claro para dividir su batería de reformas entre el DNU y la Ley Ómnibus. Fue más bien un ‘mix’ de lo que habían elaborado desde marzo de 2023 Eduardo Rodríguez Chirillo y el eyectado Guillermo Ferraro con lo que aportó el fallido exjefe del Banco Central.

También hubo muchos magnates que consiguieron colar sus intereses particulares. Tal como se informó en esta columna el 28 de enero, por ejemplo, el lobby petrolero y los zares de la electricidad y el gas hicieron y deshicieron a gusto en los primeros borradores. Su ambición de shock deformó las normas al punto de hacerlas intragables para muchos diputados, senadores y gobernadores. Y eso pese a que quedaron en el camino la intención inicial de derogar completo el Código Aeronáutico (que igual el DNU modificó en varios puntos centrales, siempre con la mira puesta en privatizar Aerolíneas Argentinas) y las propuestas más hardcore de Sturzenegger, como que las rutas marítimas de cabotaje sean habilitadas para embarcaciones de bandera extranjera con tripulaciones extranjeras. 

El capítulo laboral del DNU ―que incluye la prohibición de los aportes a los gremios para desfinanciarlos, pero que también elimina el pago de horas extras, restringe el derecho a huelga, recorta las indemnizaciones, extiende el período de prueba de tres a ocho meses y reduce las multas para los empleadores incumplidores― fue redactado por Julio Cordero, el abogado laboralista de Techint que ahora reemplazará al defenestrado Yasin, hombre de Jorge Triaca y Macri. Con Cordero, Paolo Rocca terminó de copar la vieja sede de Alem 650. Allí también se los ve y se los escucha seguido a Julio César Caballero, habitual representante del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS) en distintas disputas de intereses, y a Miguel Ponte, el viceministro de Trabajo de Macri que saltó a la fama por haber dicho que contratar y despedir empleados debería ser “tan natural como comer y descomer”.

Media máquina

La desregulación laboral, que finalmente frenó la Justicia, va ganando relevancia en lo que debate el mundo de los negocios a medida que se profundiza la recesión. Por ahora las Pymes se limitaron a acumular stocks y a aguantar las pérdidas, pero los galpones empiezan a llenarse y los dueños a impacientarse. Los confeccionistas, por ejemplo, tienen exactamente la mitad de demanda en unidades que un año atrás. Algunos optimistas estudian saltear directamente la temporada otoño/invierno y empezar a producir para primavera/verano, cuando esperan que haya aflojado la crisis. Pero los despidos no van a tardar en llegar. 

El drama abarca a todo el sector manufacturero, que trabaja literalmente a media máquina. Lo confirmó el INDEC esta semana al estimar que el uso de la capacidad instalada en la industria fue del 54,6%, el peor enero desde la crisis de 2001, un piso solo perforado a mitad de 2020 en plena cuarentena. En los rubros con caídas más pronunciadas, como el mueblero, ya hay cierres de empresas pequeñas y medianas como los que denunció el Presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), Román Queirós. Asoma además una verdadera crisis existencial para polos sectoriales como el instalado en Cañada de Gómez, no demasiado lejos de Villa Constitución, donde el cierre de Acindar desató prácticamente una pueblada y motivó un prolongado corte de la autopista Rosario-Buenos Aires. 

El desplome de la demanda no distingue por tamaño. Se lo dijo el presidente de Quilmes, Martín Ticinese, a Luis Caputo en la reunión que convocó el ministro de Economía con empresas de consumo masivo para pedirles que bajen los precios. En verano, pico estacional de la demanda de cerveza, el gigante ABInBev vendió 20% menos que el verano pasado, que ya había sido mediocre. 

La tensión también aumenta entre los eslabones de cada sector productivo. A los shoppings porteños de Eduardo Elsztain, mecenas y anfitrión de Milei durante meses en el hotel Libertador, se les empiezan a vaciar locales que no consiguen volver a ocupar. Por la llave de un contrato de alquiler de tres años de un local chico, por ejemplo, piden sin sonrojarse US$150.000 dólares. ¿Cuánto puede valer una camisa que se venda ahí? 

Pan brasileño

Los borradores de las “leyes combi”, como ya llaman con sorna en el Congreso a los dos proyectos con los que el Ejecutivo procura reemplazar a la frustrada Ley Ómnibus, vuelven a mezclar capítulos de la reforma casi al azar. Como si no importara tanto el contenido como el impacto noticioso que generen y su eco en las redes sociales. 

Lo definió el joven estratega Santiago Caputo ante un ministro que le preguntó azorado por un cambio de último momento en la letra del proyecto que naufragó en Diputados. “Lo importante no es cómo quede sino cuántas manos levantadas tengamos”, le respondió. Una frase que ayuda a dimensionar hasta qué punto le dolió a Milei esta semana la derrota estruendosa ―45 votos contra 22― del DNU en el Senado. 

En medio de ese tembladeral político, el ministro de Economía aspira a convencer la semana próxima al director para América del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, de reforzar con dinero fresco el acuerdo que renovó hace poco con el Gobierno. El chileno volverá a expresar en Buenos Aires las dudas que ya planteó Gita Gopinath, la número dos del organismo. A ninguno de los dos le parece viable la intención de Luis Caputo de dejar subir el dólar oficial tan solo un 2% mensual con una inflación de dos dígitos. Máxime cuando marzo arrancó picante, con subas de alimentos y bebidas arriba del 3% semanal durante las primeras dos semanas, según la consultora LCG. Es más del doble que el ritmo de la segunda quincena de febrero. Y falta todavía computar los aumentos del boleto y las tarifas. 

Por eso llamó tanto la atención que Caputo propusiera a los gerentes de supermercados que lo visitaron la semana pasada la antigua solución cavallista de abrir la importación de alimentos para disciplinar a los proveedores locales. Contra lo que informó Economía, no fueron ellos quienes lo reclamaron. “Nosotros no nos habríamos atrevido nunca a pedir algo así, con la escasez de reservas que sufre el Banco Central”, dijo a elDiarioAR uno de los empresarios presentes. 

Al FMI tampoco le simpatizan esas heterodoxias. Quiere que las reservas se acumulen a un ritmo mayor y vayan al pago de la deuda que dejó Mauricio Macri. Y que el dólar suba a la par de la inflación, como le exigió a Egipto al liberarle el desembolso que habilitó dos semanas atrás. Justamente para que no pase como con Caputo y Nicolás Dujovne en 2018, cuando los más ricos se compraron todos los dólares baratos que pudieron y vaciaron las arcas del Central.   

La movida, de todos modos, ya está en marcha. Con la velocidad que le asegura a Caputo tener a su exsocio al frente del Central ―envidia de Cristina Fernández de Kirchner― la comunicación A7980 habilitó la importación con pronto pago y sin impuesto PAIS de una larga lista de 22 páginas de productos de la canasta básica. Lo primero que comprarán afuera las cadenas es pan lactal de Brasil: como vence recién a los 90 días, calculan que el tiempo alcanza para traerlo de San Pablo, distribuirlo y ofrecerlo.

Es de lo que más subió: en noviembre un paquete chico valía $804 y hoy $2.021, según el Indec. Las leyes antimonopolio que aplica con rigor Estados Unidos y que acá también existen le podrían haber servido a Caputo para evitar abusos de la multinacional mexicana Bimbo-Fargo, que concentra más del 80% del mercado desde que Guillermo Moreno habilitó su fusión. Pero optó por asegurarles dólares baratos a quienes importen desde Brasil un pan que se hace con trigo de la pampa húmeda. Make Argentina Great Again. 

AB/DTC

La Argentina viene perdiendo, desde hace tiempo, su endeble batalla contra la corrupción. Lo confirman los escándalos históricos sin resolver -pasados y recientes- de nuestro país, y lo ilustran los datos aportados recientemente por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, que elabora año a año la ONG Transparencia Internacional, ranking en el que el país acentúa su caída. 

La corrupción en Argentina se ha convertido en un espectáculo que naturalizamos y que por tanto cada vez impresiona menos: los bolsos de López, el yate de Insaurralde o las tarjetas de Chocolate Rigau, por sólo mencionar algunos procesos, se sepultan en la urgencia anestesiante de cada ciudadano de resolver su propia supervivencia. Los argentinos vivenciamos tal desfile de casos como un show. Y sin darnos cuenta, cuando nos habituamos a la corrupción, inconscientemente la aceptamos. No hay corrupción sin intervención del mundo económico privado, y sus principales aliadas son la impunidad y la anomia social. 

Si analizamos la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción, Argentina se hunde en el fracaso de la lucha anticorrupción y culmina el 2023 con otro aplazo, retrocediendo un punto más en su score (37/100) respecto del 2022, a la vez que retrocede 4 lugares en el ranking global de Transparencia Internacional (TI) pasando del puesto 94° al 98° entre los 180 países analizados, compartiendo puntaje con Albania, Bielorrusia, Etiopía, Gambia y Zambia. 

El rol de la Oficina Anticorrupción y perspectivas para la gestión actual

La Argentina sigue sin contar con una política pública anticorrupción eficaz y eficiente, dando evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color político de turno y las órdenes emanadas del poder ejecutivo.

Es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales -incluso- llegan a destiempo. Vale recordar -por ejemplo- que en la gestión de Mauricio Macri, Laura Alonso al frente de la OA decidió no investigar a los funcionarios de ese gobierno involucrados en denuncias por hechos de corrupción; o que Félix Crous, titular de esa “dependencia” durante la gestión saliente del Frente de Todos, retiró a la institución de todos los procesos judiciales en los que promovía la investigación de casos en perjuicio del Estado, la mayoría de ellos centrados en ex funcionarios kirchneristas. 

La responsabilidad de ese fracaso no es exclusiva del Poder Ejecutivo, que por ejemplo en el caso de Alberto Fernández evitó enviar al Congreso el proyecto de ley de integridad pública elaborado durante 2021 por la mencionada OA. Tampoco el Parlamento tuvo vocación de discutir en sus comisiones -ni impulsar un dictamen- pese a existir múltiples proyectos al respecto, la sanción de una nueva ley de ética pública que reemplace a la vetusta e incompleta ley vigente que ya cumple un cuarto de siglo. Ni decir que, con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular, el Poder Judicial no ha avanzado de modo satisfactorio con condenas ejemplares a exfuncionarios que disuadan las tentaciones de caer en comportamientos corruptos de aquellos que detentan el poder.

Las tendencias para el gobierno de Javier Milei imponen duras advertencias ante el creciente número de funcionarios que podrían estar violando con su designación -y su actuación- la ley 25.188 de ética pública. Algunos de ellos con causas judiciales pendientes, o procedencia directa desde el sector privado a desempeñar funciones dentro del Estado como titulares de empresas contratantes en las mismas áreas, o integrando organismos de control o regulación.

La pluralidad de los posibles conflictos de intereses (reales, potenciales o aparentes) impone la necesidad de contar con una Oficina Anticorrupción autónoma y equidistante del poder, que actúe e investigue de oficio -y no sólo frente a las denuncias- y que emita dictámenes urgentes para evitar el peligro de negociados en el poder.  La intención del actual Ministro de Justicia de eliminar las potestades para querellar a la Oficina Anticorrupción propuestas inicialmente en la ley ómnibus es un grave llamado de atención, más allá de habérselas restablecido a pedido de la oposición en el dictamen consensuado para el tratamiento legislativo de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El autor es director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

Mientras el presidente Javier Milei daba su primer discurso por cadena nacional para anunciar su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), al gabinete que lo acompañaba le faltaba una integrante: la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. La Canciller se encontraba en París, en un viaje que fue difundido por el gobierno como una gira tendiente a lograr la incorporación de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Que no estuviera cuando se emitió la comunicación por cadena nacional no le impidió rubricar el decreto.

Argentina tuvo en el gobierno de Macri el mismo interés y por eso se sometió a la evaluación de la OCDE sobre sus políticas de integridad o anticorrupción. El informe resultante -un estudio muy riguroso desarrollado por expertos y expertas del organismo- identificó algunas fortalezas y muchas debilidades del sistema argentino para prevenir la corrupción. Entre los problemas identificados, el informe daba cuenta de la relevancia de robustecer las medidas preventivas, la necesidad de una mejor coordinación entre los organismos de control, así como de generar políticas de integridad y transparencia en el Poder Legislativo y fundamentalmente en el Judicial.

Pero el tema que llevó quizás más atención fue la falta de un sistema eficiente de prevención, control, monitoreo y sanción para los conflictos de intereses. Esa preocupación era entendible: en aquel momento, con gran participación de CEOs en la gestión pública, los conflictos de interés eran masivos y los riesgos de que las decisiones del Estado fueran capturadas por los intereses privados eran evidentes. Así destacó el organismo: “El observatorio de las élites argentinas determinó que el 24% de los miembros del gabinete inicial del presidente Macri (86 personas) ocupaban cargos en el sector privado al momento de su designación. De estos 86 servidores, 60 eran directores ejecutivos (Observatorio de las elites argentinas, 2017). Esto puede conllevar el riesgo de una mayor percepción de que las políticas y las reglamentaciones no se formulan en el interés público, sino en el interés de ex-empleados y afectar negativamente la confianza en la integridad del proceso de toma de decisiones públicas¨. 

Es de esperar que la OCDE mantenga esta preocupación, ahora frente a la composición actual del gabinete del presidente Milei. No vamos a abundar sobre la descripción de la composición del gabinete, organismos y empresas con participación estatal porque ha sido extensamente cubierto en distintas notas periodísticas de medios no oficialistas, pero sí recordar lo que advertía en aquel informe la OCDE, retomando un documento de Transparencia Internacional: “La designación de servidores públicos que han ocupado cargos clave en el sector privado crea el riesgo de que se formulen políticas y reglamentaciones a favor del empleador o sector previos. El riesgo se acrecienta en particular, cuando ex-lobistas ingresan al servicio público en calidad de asesores o en la toma de decisiones”.

Lamentablemente, este riesgo de captura se ha materializado ya, a menos de 15 días de gobierno, en el mega DNU que reporta una enorme transferencia de ingresos, beneficios y oportunidades a las empresas en las que se desempeñaban hasta hace apenas unos días algunos de sus firmantes. Esto se agrava en el caso de quienes poseen acciones en las empresas beneficiadas. Vale señalar que los funcionarios que incurrieron en conflictos de intereses debieran ser sancionados y, de acuerdo al artículo 17 de la ley de ética pública, sus actos podrían ser declarados nulos. Además, la misma acción que deriva en una sanción administrativa por violar la ley de ética pública puede dar lugar a la comisión de delitos. Negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, abuso de autoridad son todos tipos penales que los tribunales podrían aplicar en el análisis de las situaciones descriptas.

La OCDE señaló también que, con un gobierno capturado por algunas empresas o corporaciones, no sólo se afectan los intereses generales, sino que también se corre otro riesgo: que se afecte la competencia entre empresas. El mega DNU firmado por el presidente y sus ministros ya ha dado lugar a quejas por parte de empresas que alegan, precisamente, una afectación a la competencia y un beneficio directo para empresas con posición dominante.

Hay otro aspecto vinculado a lo que pasa en el mundo empresarial: las empresas que se benefician de estas actuaciones poseen códigos de ética o conducta que establecen de manera taxativa cómo deben comportarse en el relacionamiento con el sector público. ¿Cómo se tratarán estas desviaciones a sus políticas de compliance y gobierno corporativo? ¿Cuánto participaron en las desviaciones los mismos estudios jurídicos que diseñaron sus políticas de cumplimiento? La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas aguarda, invicta en su aplicación en tribunales federales, que alguien esté dispuesto a activarla. Mientras tanto, hay regulaciones en países centrales que prohíben a sus empresas prácticas como las que estamos viendo estos días en nuestro país.

A todo esto, se suma que las políticas adoptadas fueron realizadas sin ningún intento por gestionar estos conflictos de intereses. De acuerdo a la Ley de Ética en la Función Pública (art.15b) los y las funcionarias deben abstenerse de intervenir en relación a personas o cuestiones a las cuales hayan estado vinculados hasta tanto se cumplan tres años de la desvinculación del interés en cuestión (cese de la prestación de servicios o renuncia, según corresponda). De acuerdo a la normativa vigente, es necesario revelar el interés incompatible, se debe comunicar la voluntad de excusarse y remitir las actuaciones a su superior jerárquico inmediato para que éste designe quién actuará en su reemplazo. La OCDE recomendó fortalecer y afianzar los procesos de identificación y gestión de los conflictos de intereses, razón por la cual, durante la gestión anterior se diseñó el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública que tiene como objetivo cotejar y verificar el cumplimiento de las normas de ética pública por parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional; se aprobó el Reglamento de procedimientos sobre ética pública y conflictos de intereses de la Oficina Anticorrupción y se elaboró un proyecto de ley de integridad y ética pública con gran participación y consenso de especialistas de todos los espacios, que lamentablemente nunca fue remitido al congreso para su tratamiento. Aquí también hubo una oportunidad perdida.

No vemos en todo el proceso que llevó a la elaboración del DNU la implementación de ningún mecanismo para gestionar los conflictos de intereses existentes, no hubo pedidos de abstención o recomendación jurídica de las áreas competentes. A decir verdad, el DNU no tuvo ni siquiera el trámite administrativo que corresponde. Tampoco hubo aquí ningún protocolo anticorrupción para defender la seguridad jurídica, sino tan sólo la influencia desatada del interés privado plasmado en un decreto trabajado por fuera de la administración pública.

Funcionarios offshore

Pero volvamos a esto que advierte Transparencia Internacional: ¨El riesgo se acrecienta en particular, cuando ex-lobistas ingresan al servicio público en calidad de asesores o en la toma de decisiones¨. Pongamos el foco en los asesores.

Hace unos días le preguntaron a Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, si abogados del estudio jurídico que lleva su nombre intervinieron en la elaboración del DNU. “Pregúntele a los integrantes del estudio” contestó. Su estudio -Brouchou y Funes de Rioja- no es el único mencionado como interviniente en el proceso de des-regulación y des-protección social que beneficia a sus empresas-clientes. Si esto fuera así, identificar los conflictos de intereses resultará mucho más complejo: ya no es una persona la que atraviesa la puerta giratoria para salir de una empresa e ingresar a la función pública, sino que se trata de un esquema de influencia indebida con una opacidad total, completamente offshore, por fuera de la plataforma continental de la función pública. 

Particularmente exótico es el rol desempeñado por Federico Sturzenegger, ideólogo y ejecutor del DNU. Vale recordar que Sturzenegger mostró con orgullo el voluminoso proyecto cuando se lo presentó a la entonces candidata Patricia Bullrich, casi como confirmando que para quienes tienen poder es indiferente quien ejerce la máxima magistratura de un país, siempre y cuando puedan infiltrarlos, influenciarlos, capturarlos. Sturzenegger le dio a Milei esta herramienta para su revolución libertaria y estuvo a la derecha del Presidente -junto al gabinete- mientras se lo contaba a la sociedad. Para dar más muestras de la irrelevancia de la calidad institucional cuando gobierna el poder económico, en los días posteriores ofició él mismo de vocero en medios afines para defender la propuesta.

¿Cuál es el propósito por el cual alguien que no desempeña la función pública interviene de esta manera en la generación de políticas? La respuesta más evidente es que se procura evitar las responsabilidades que implica la función pública, operar por fuera de la plataforma de la función pública para escapar a cualquier tipo de control. No sabemos cómo tomó sus decisiones, con quienes se reunió, con quienes trabaja; desconocemos los expedientes administrativos donde obran los antecedentes de su proyecto o iniciativa. Personas con funciones pero sin ser funcionarios escapan también a los deberes propios de la ética pública: los funcionarios offshore no presentan declaraciones juradas patrimoniales ni de conflictos de intereses, no publican sus audiencias, ni registran sus viajes u obsequios.

Este híbrido de personas que ya no saltan de un lado al otro del mostrador, sino que caminan por la frontera con un pie de cada lado es toda una novedad. Esta práctica de gestión no comenzó, sin embargo, con el DNU: arrancó unos días después del ballotage, con el viaje de Milei a Estados Unidos en un avión que nadie sabe quién pagó, donde empresarios y funcionarios mantuvieron una agenda fuera de radar. ¿Será esta modalidad la que subyace en el mensaje por extraordinarias donde se solicita al Congreso de la Nación ¨autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024¨? Vale destacar que esta modalidad continuó también con el hospedaje en el Hotel Libertador, cuenta que se desconoce cómo y por quién está siendo pagada.

Opacidad institucional y ¨la mano invisible¨ del mercado

La propuesta de desregulación expresada en el DNU busca desarmar políticas protectoras en sectores y actividades económicas volviendo a escribir la relación entre empresas y usuarios-consumidores-ciudadanos-personas. La relación entre estos dos polos es siempre asimétrica; una relación en la que el Estado interviene para evitar circunstancias abusivas y garantizar los derechos que el gran acuerdo social, la Constitución Nacional, garantiza o defiende.

Pues bien, si el Estado es capturado por empresas e intereses privados y el mercado actúa sin el contrapeso marcado por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales solo queda esperar la pedagogía de la crueldad que ejerce quien es más fuerte en los intercambios mercantiles: las empresas de medicina prepaga o los dueños de las propiedades en alquiler, por nombrar algunos ejemplos. En esa línea argumenta la OCDE: ¨Cuando las decisiones de políticas públicas favorecen intereses particulares en detrimento del interés público, las desigualdades se exacerban y se ven socavadas la democracia, el crecimiento económico y la confianza en el gobierno¨.

Hasta hace no tanto la captura del Estado no era considerada corrupción y la desregulación era considerada la solución contra la arbitrariedad pública. Esto cambió: en ámbitos académicos y en organismos internacionales que trabajan estos asuntos hoy hay coincidencia y ven a la captura del Estado como una forma de corrupción. La captura puede darse en dos aspectos, siempre relacionados a la vinculación entre las élites económicas y el Estado. Por un lado, a través de la circulación —en uno y otro sentido— del personal jerárquico, entre el sector público y privado y su relación con los conflictos de intereses. Por el otro se refiere a los esfuerzos para influir en la manera en que se forman dichas leyes, normas o reglamentos, la manera en la cual se regula la sociedad en todos sus aspectos. También, claro, a las formas en las cuales la desregula.

La opacidad y los funcionarios offshore vinieron a darle herramientas a la mano invisible del mercado para reportarle beneficios extraordinarios a unos pocos mientras millones de personas ven alejarse toda posibilidad de progreso, de escaparle a la caída libre de la devaluación bestial. Bases para la reconstrucción de la economía argentina se llama el DNU 70/2023, en clara alusión al libro de Alberdi. Recuerda Pigna que Alberdi decía: “Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto, ni conocen. Ser libre, para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros”. Si Alberdi supiera que usaron su nombre para justificar la captura del interés público, para obturar al Poder Legislativo y para ejercer la crueldad sobre el pueblo argentino.

Luis Villanueva fue Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción y Natalia Torres fue Directora Nacional de Ética Pública. 

ED

El gabinete de Javier Milei es un gran abanico de posibles conflictos de intereses. Desde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la cúpula del equipo económico que lidera Luis “Toto” Caputo, hasta subsecretarios de Estado integran la lista de funcionarios provenientes del sector privado que deberán ir con pie de plomo a la hora de tomar decisiones que involucren a sus ex empleadores, socios y clientes. 

Al igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, los nuevos roles de los hombres y mujeres que integran el nuevo gobierno implican cargos sumamente sensibles para el Estado porque se trata de quienes deben velar por los intereses de todos los argentinos por sobre empresas, empresarios y particulares, como el caso del procurador del Tesoro de la Nación, que encabezará el abogado Rodolfo Barra.

elDiarioAR elaboró una lista de los focos de posibles conflictos de intereses más sobresaliente, pero habrá decenas, como mínimo: secretarios y subsecretarios de Estado y directores son también cargos clave a la hora de tomar decisiones administrativas que involucran a los privados. La concesionaria de los aeropuertos, Corporación América, de Eduardo Eurnekian, es un exempleador recurrente en el gabinete -incluido el Presidente- pero también hay consultoras y estudios jurídicos y de asesoría a través de los cuales prestaron servicios a bancos, empresas de energía, alimentos, exportadores e inmobiliarios, entre otros rubros. 

Un caso sensible fuera del gabinete también será el del nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, hasta ahora exdirector de Explotación y Producción de Tecpetrol. Tecpetrol pertenece al grupo Techint, de los Rocca, y es una de las empresas competidoras de YPF en el rubro del gas y petróleo. Milei quiere privatizar la compañía. Techint fue uno de los aportantes a la campaña de Milei.

Los funcionarios públicos -incluido el Presidente- no pueden dirigir, asesorar, representar ni administrar a personas o empresas que sean concesionarios o proveedores del Estado. Sería incompatible, como establece la Ley de Ética de la Función Pública. Tampoco pueden realizar actividades reguladas por el Estado cuando el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa con la actividad; ni pueden ser proveedores por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

Además, y aquí surge uno de los focos centrales para el nuevo gabinete, aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado. Es decir, no pueden privatizar una compañía del Estado y participar de su control por tres años.

Pero el foco clave para varios de los funcionarios de Milei es que deberán abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años.

Si no lo hicieran, sus actos de gobierno respecto de estas empresas, personas o asuntos sobre los que tomaron decisiones o prestaron servicios serán nulos “de nulidad absoluta”, dice la ley.

El primer paso para estos funcionarios es realizar una declaración jurada de sus vínculos con el sector privado cuando presenten su primera declaración jurada patrimonial integral. Tienen un plazo de 30 días hábiles desde la asunción de sus cargos para hacerlo. En dicha declaración deberán informar a la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y empleadores durante los últimos tres años, hasta su asunción como funcionarios públicos.

Esas listas no son públicas pero quedan a resguardo de una dirección de la OA que se encarga de monitorear esos conflictos de intereses potenciales. Será el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, el encargado de elegir al funcionario o funcionaria a cargo de la OA y del control último del gabinete.

Caputo y equipo

Tras su nombramiento como ministro de Economía, Caputo anunció a principios de diciembre que cerraría su consultora financiera, Anker Latinoamérica SA, que dirigía junto a Santiago Bausili, ahora presidente del Banco Central. Anker también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio.

Anker cerró sus puertas este mes pero desde 2020 asesoraba en materia de macroeconomía y finanzas, realizaba informes y alertas, y brindaba charlas personalizadas “para hacer crecer su negocio”. Los cuatro nuevos funcionarios deberán ahora informar quiénes fueron sus clientes en estos tres años de trabajo, y abstenerse de tomar decisiones que los favorezcan. 

A través de Anker, Caputo y Bausili organizaron el fideicomiso para financiar el Espacio Gigena, una megaobra en el ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, como reveló elDiarioAR en agosto último. El gobierno porteño invertirá $3.000 millones para terminar obras de infraestructura del proyecto, publicó La Política Online.

Tanto Caputo como Bausili conocen de conflictos de intereses que terminaron en causas judiciales, en las que finalmente fueron favorecidos.

En 2017, el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que Caputo formaba parte como ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operatoria fue a través del fondo Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Además, Bausili estuvo procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el “megacanje II”. Bausili estaba acusado de haber favorecido a la entidad bancaria Deutsche Bank, que era su empleadora hasta que ingresó en la función pública. Fue favorecido pocos días antes de asumir como presidente del Banco Central por un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que le dictó por segunda vez una falta de mérito y lo dejó al borde del sobreseimiento.

Caputo y Bausili siempre negaron haber intentado favorecer a Axis o al Deutsche Bank desde sus cargos en el gobierno de Mauricio Macri y el abogado de ambos, Matías Cuneo Libarona, apeló los fallos en contra de sus clientes hasta lograr desestimaciones, archivos o faltas de mérito. 

Cuneo Libarona y Justicia

El penalista Mariano Cuneo Libarona renunció al estudio jurídico que integraba con sus hermanos. Matías Cuneo Libarona, el menor del clan, absorberá la cartera de clientes del ministro, confió una fuente del bufete legal.  

Matías Cuneo Libarona ya representaba en los tribunales a Caputo y Bausili en las causas que se les iniciaron a ambos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, además de los clientes de Mariano, suma al propio ministro de Justicia a su lista de defendidos en caso de que su hermano así lo requiera, contaron en el estudio. 

Los Cuneo Libarona conocen los tribunales penales de la A a la Z. En una entrevista con revista Noticias, de 2018, los hermanos se jactaron de que podrían ingresar a las dependencias judiciales con los ojos cerrados “y recorrer sus pasillos de noche y a oscuras”. Los conocen desde niños, escribió la periodista Nora Fernández.

El ministro de Justicia deberá abstenerse de intervenir en licitaciones y contrataciones a sus clientes, por ejemplo. Además debería abstenerse de participar en los concursos en los que participen algunos de los jueces a los que representó como abogado en los últimos tres años. 

La cartera de clientes de Mariano Cuneo Libarona es larga y variada. Desde el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma hasta Guillermo Coppola, el excomisario Juan José Ribelli, el empresario Víctor Stinfale -quien fue acusado en la tragedia de Time Warp-, pero también de empresarios con aceitados contactos con el Estado. En la causa de los cuadernos, defendió a la familia Eurnekian y a Sergio Taselli. También representaba hasta su asunción como funcionario público al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, en el caso por presunta violación a su sobrina y colaboradora. 

En su CV también se destacan clubes del fútbol argentino y varios futbolistas: Claudio Caniggia, Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi, entre otros. También a Alan Schlenker, exbarra brava de River Plate.

Bajo la órbita del ministerio de Justicia, otros funcionarios de menor rango tendrán a su cargo organismos sensibles a los conflictos de intereses: la propia OA, la Unidad de Información Financiera (UIF) -que debe controlar y denunciar sospechas de lavado de dinero y terrorismo- y la Inspección General de Justicia (IGJ), que controla a las sociedades comerciales, fundaciones y entidades. 

La OA cuenta con un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP), que tiene como objetivo cotejar y verificar el cumplimiento de las normas de ética pública por parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional. Será clave el rol que le dará el Ministro a esta herramienta.

Posse y Corporación América

El jefe de Gabinete Posse era hasta julio último el gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Aeropuertos Argentina 2000 (Corporación América), la empresa de Eurnekian que posee la concesión de los aeropuertos de todo el país. Posse fue el encargado de los aeropuertos de la Patagonia hasta que decidió sumarse al equipo de Milei, a quien conoció cuando el economista trabajaba para Eurnekian. Deberá abstenerse de intervenir de cualquier contratación o resolución que involucre al grupo empresario.

Barra, el Estado y las empresas

El procurador del Tesoro de la Nación es el jefe de los abogados del Estado, que debe litigar en nombre de la Administración pública contra empresas por demandas iniciadas por el propio Estado o contra el mismo. 

Barra es experto en Derecho Administrativo y tenía su propio estudio jurídico en el que representaba a los privados en las causas contra el Estado hasta antes de asumir en la función pública. También deberá declarar ante la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y abstenerse de resolver cualquier demanda que los involucre durante los primeros tres años de su mandato como funcionario público.

Tras excusarse, otros funcionarios que dependen de él deberán ocupar su lugar, lo que también plantea un escenario sensible. Quiénes serán los subprocuradores del Tesoro será clave también en esta etapa.

La jefa de la AFIP

Otro de los casos que abre un frente de posibles conflictos de intereses es la flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, experta en impuestos, aduanas y agronegocios. Fue socia del estudio Lisicki Litvin entre julio y su asunción como funcionaria. 

Este bufete representa a algunos de los argentinos más poderosos en sus embates contra la AFIP o por demandas del fisco en su contra, como en el caso de Susana Giménez por presunta evasión impositiva. Es, además, el estudio número uno en auditoría del país y uno de los que encabezó las demandas contra el impuesto a la riqueza impulsado por el kirchnerismo durante la pandemia. 

Misrahi también asesoró hasta julio último en materia de impuestos a Cargill, la agroexportadora de capitales estadounidenses que estuvo varias veces en la mira de la AFIP. 

La funcionaria deberá informar sus antecedentes laborales y los clientes a los que asesoró y representó desde diciembre de 2020 y abstenerse de intervenir en cualquier decisión que los involucre por el lapso de tres años. Lo mismo deberán hacer sus colaboradores y funcionarios de estratos inferiores en el organismo en caso de provenir del sector privado. 

Ferraro y KPMG

Guillermo Ferraro, el economista que asumió como ministro de Infraestructura, era directivo de KPMG Argentina, la consultora internacional que asesora en materia de impuestos, finanzas, negocios y auditorías.

Entre 2010 y abril de 2023, fue director de Infraestructura y Gobierno en dicha multinacional. Allí, lideró la evaluación y estructuración financiera del Túnel Ferroviario Aconcagua, la Central Hidroeléctrica de Chihuido, el puerto de cargas de Ushuaia y los modelos de Participación Público Privada para los corredores viales, de acuerdo a su perfil en LinkedIn.

Estos proyectos fueron liderados por Corporación América. Ferraro también trabajó como consultor independiente en los últimos entre abril y septiembre último, según su CV. Deberá informar la nómina de sus clientes en ambos trabajos y abstenerse por tres años de intervenir en asuntos entre estos y el Estado.

Energía y Rodríguez Chirillo

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, lideraba hasta hace poco ERC Consultores, una consultora en materia de energía (electricidad, renovables, gas y petróleo) con negocios en Argentina, México y España. También podría estar alcanzado por conflictos de intereses en su nuevo rol en el Estado y debería declarar la lista de sus clientes de los últimos tres años.

Subsecretaria de Ambiente 

Ana Lamas asumió como subsecretaria de Ambiente, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano. Se trata de una de las áreas más sensibles para el ámbito privado. La ahora funcionaria, que ejerció en la cartera durante la gestión de María Julia Alsogaray y a nivel provincial y municipal, fue hasta su regreso a la función pública asesora legal ambiental empresaria.

Entre sus servicios a bancos y empresas se dedicó a la gestión de permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental.

Desde 2018, asesoró a los bancos BBVA y Santander Río, al Hospital Italiano y a Telecom/Cablevisión. También a Bureau Veritas Argentina S.A. desde 2004 y a la compañía francesa SOGREAH, entre otras.

ED/DTC