El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, difundió un comunicado oficial tras conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025, que ubicaron a la Argentina en su peor desempeño desde que el país participa del programa, en el año 2000. En el texto, la cartera que conduce Sandra Pettovello atribuyó la caída de los aprendizajes en Matemática, Lectura y Ciencias a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”, sin autocrítica alguna sobre su propia gestión.

El comunicado sostiene que los resultados “reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad”, en referencia a que los estudiantes evaluados —de 15 años— iniciaron la primaria en 2013. Con ese argumento, el Gobierno construye una lectura según la cual la responsabilidad recae en las gestiones anteriores. Menciona al kirchnerismo, pese a que Mauricio Macri gobernó entre 2015 y 2019, y luego le tocó a Alberto Fernández, entre 2019 y 2023. Sin embargo, el operativo de evaluación se llevó a cabo durante 2025, es decir, más de un año después de que Milei asumiera la Presidencia, y contempló los últimos tres años. El texto oficial no incluye ninguna referencia a los años de gestión libertaria que también forman parte de esa trayectoria escolar.

La propia cartera educativa reconoce en el comunicado que la caída “se inscribe en una tendencia global de estancamiento y descenso” y que a nivel mundial Lectura fue el área con el retroceso más pronunciado, en gran parte por lo que la OCDE denominó el fenómeno de los “lectores apresurados”, estudiantes que responden rápido y mal, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. Pero acto seguido, el texto aclara que esa tendencia global “no explica por sí sola la magnitud de la caída en la Argentina” y ahí introduce la responsabilidad que dirige puntualmente al kirchnerismo.

Esa lectura choca con los propios datos históricos de la prueba, que muestran un deterioro sostenido a lo largo de casi dos décadas y bajo gobiernos de distinto signo político. Según el informe “¿Cómo le fue a la Argentina en PISA 2025?”, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo para Argentinos por la Educación, la proporción de estudiantes que alcanzaba al menos el nivel mínimo de desempeño en Matemática pasó del 36% en 2006 y 2009 al 34% en 2012, al 31% en 2018 —bajo la gestión de Macri— y al 27% en 2022, durante la presidencia de Fernández. En 2025 ese porcentaje volvió a caer, hasta el 24%, el registro más bajo de toda la serie.

En números concretos, la Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática (11 menos que los 378 de 2022), 389 en Lectura (12 menos que en la edición anterior) y 393 en Ciencias (13 puntos por debajo de 2022). El 76% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel 2 en Matemática, el umbral que PISA considera mínimo para desenvolverse en la vida cotidiana, y ninguno alcanzó los niveles más altos de la escala, el 5 y el 6. El país quedó en el puesto 75 entre 91 países y economías evaluadas, y octavo entre los 13 países latinoamericanos participantes.

Frente a ese diagnóstico, que la propia gestión libertaria calificó de “situación crítica”, el Ministerio de Capital Humano presentó como respuesta dos programas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización, orientado a garantizar que los estudiantes puedan “leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad” desde los primeros años de escolaridad, y el Plan Nacional de Matemática, enfocado en fortalecer las capacidades numéricas “para que ningún chico quede rezagado”. Ninguno de los dos programas fue evaluado por PISA 2025, ya que la prueba mide trayectorias escolares completas y no resultados de políticas recientes.

Del operativo 2025 participaron 91 países y economías y, en la Argentina, 413 escuelas y 11.200 estudiantes, según los datos oficiales difundidos por la Secretaría de Educación, que puso a disposición el informe completo del país en su sitio web.

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con dos presencias que concentraron buena parte de las miradas: Sandra Pettovello se incorporó al encuentro para exponer sobre la gestión de Capital Humano y Santiago Caputo volvió a sentarse con la conducción del oficialismo después de haber faltado un día antes a la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei. La ausencia del asesor presidencial había sido atribuida oficialmente a una cuestión de agenda “impostergable”.

El encuentro comenzó pasadas las 13, apenas 24 horas después de que Milei reuniera a sus ministros por primera vez desde el 9 de julio. Esta vez, además de Santiago Caputo y Pettovello, alrededor de la mesa estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La presencia del asesor presidencial adquirió particular relevancia después de su ausencia del lunes. Caputo no había participado de la reunión de gabinete pese a que suele formar parte de esos encuentros y mantiene un lugar central en el esquema de toma de decisiones del Gobierno. Consultado este martes durante su conferencia de prensa por los motivos de la ausencia, el vocero Adrián Ravier buscó quitarle cualquier lectura política a la situación, aunque reconoció que la comunicación digital estará ahora en manos de Santiago Oría. Sin embargo, Ravier definió a Caputo como una persona “central” para Milei y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

La otra novedad fue Pettovello. La ministra de Capital Humano tampoco había estado el lunes junto al gabinete debido a una actividad oficial en Salta, pero su participación de este martes tenía otra lógica. Llegó como invitada para presentar ante la mesa los principales lineamientos de su gestión, con especial atención sobre educación, trabajo y las distintas áreas que permanecen bajo la órbita del megaministerio.

Su incorporación forma parte de una dinámica que la conducción política comenzó a ensayar durante las últimas semanas: sumar a funcionarios que no integran regularmente la mesa para discutir iniciativas que pueden tener consecuencias políticas o parlamentarias antes de avanzar con ellas. El primer caso había sido Federico Sturzenegger, convocado después de que crecieran los cuestionamientos internos por algunos de los proyectos impulsados desde el Ministerio de Desregulación y Reforma del Estado.

En aquel encuentro, Sturzenegger debió explicar distintas iniciativas de su cartera después del traspié que sufrió el Gobierno con el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La experiencia terminó de convencer a la conducción de la necesidad de introducir un filtro político más amplio para algunas decisiones que hasta entonces podían avanzar directamente desde los ministerios hacia Milei.

El caso de Pettovello es diferente. Su presencia no respondió a un cuestionamiento puntual sobre alguna medida, sino a la intención de institucionalizar esa dinámica: que cada semana un ministro pueda sentarse frente al núcleo político del Gobierno para explicar qué está haciendo, cuáles son sus próximos pasos y qué dificultades encuentra en su área.

Agenda parlamentaria

La reunión de este martes tuvo, de todos modos, un asunto más urgente. La sesión que Diputados realizará este miércoles volvió a colocar al Congreso en el centro de las preocupaciones de la Casa Rosada. La mesa repasó el estado de los proyectos, los apoyos comprometidos y los números con los que trabaja el oficialismo antes de una votación que funcionará como una nueva prueba de su capacidad para construir mayorías.

En La Libertad Avanza aseguran que esta vez “están los votos” y transmiten confianza en los acuerdos alcanzados con aliados que consideran sólidos. El optimismo convive, sin embargo, con un antecedente demasiado reciente: el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando el Gobierno también confiaba en reunir los respaldos necesarios y terminó obligado a resignar parte de su proyecto.

La mesa política busca ahora evitar que esa experiencia se repita en Diputados. El temario incluye cinco iniciativas. Las dos principales para el Gobierno son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de Inocencia Fiscal, consideradas piezas centrales de la agenda económica que Milei pretende consolidar antes de ingresar de lleno en el calendario electoral de 2027.

A ellas se sumarán el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que generó discusiones por su posible impacto sobre la industria nacional y especialmente sobre el sector farmacéutico. El Gobierno decidió avanzar con una reserva sobre parte del tratado para mantener herramientas locales de evaluación y patentamiento.

El quinto proyecto tiene un destinatario territorial mucho más concreto: la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca, reclamada por Misiones. Su incorporación al temario funciona también como una señal hacia las provincias en momentos en que la Casa Rosada intenta reconstruir una negociación más fina con gobernadores cuyos legisladores pueden resultar decisivos.

El operativo continuará durante la tarde. Milei tiene previsto recibir en Balcarce 50 a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar personalmente a la tropa antes de la sesión. La secuencia de estas 48 horas muestra la atención con la que el Gobierno decidió preparar una votación que, en otras circunstancias, podría haber considerado menos riesgosa.

PL/CRM

La decisión había sido presentada apenas una semana atrás como el comienzo de una nueva dinámica dentro del Gobierno. Después de convocar a Federico Sturzenegger para discutir algunas de las iniciativas que habían generado cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, la mesa política de la Casa Rosada había resuelto comenzar a incorporar a los ministros según los temas que estuvieran bajo análisis. Este martes, sin embargo, el esquema volvió por un momento a su formato original: ningún integrante del Gabinete ajeno al núcleo habitual participó del encuentro.

La reunión, que comenzó cerca de las 13 y se extendió durante casi dos horas, sirvió principalmente para ordenar la agenda legislativa de las próximas semanas y repasar algunos asuntos de gestión, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR. Con Karina Milei a la cabeza, la ausencia de ministros no supone, al menos por ahora, una marcha atrás con respecto al mecanismo acordado la semana pasada. De hecho, durante el encuentro se definió que Sandra Pettovello será la próxima funcionaria en incorporarse a la mesa, en una reunión prevista para la semana que viene en la que se discutirán cuestiones vinculadas con educación, trabajo y las diferentes áreas que concentra el Ministerio de Capital Humano.

El antecedente inmediato fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su participación había tenido un significado particular: llegó después de una serie de cuestionamientos internos por la manera en que algunas de sus reformas avanzaban con el respaldo directo de Javier Milei, pero sin atravesar necesariamente una evaluación política previa. La decisión adoptada entonces fue convertir a la mesa política en una instancia capaz de anticipar conflictos y sumar, cuando fuera necesario, al ministro responsable de cada área.

Este martes, sin embargo, las urgencias fueron otras. Una parte de la conversación estuvo dedicada a la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, un asunto sobre el que el Gobierno anticipó que habrá anuncios durante los próximos días. La presencia de Bullrich, que se retiró antes de que finalizara la reunión, aportó una interlocutora con conocimiento directo del universo de las fuerzas de seguridad, aunque actualmente ocupa una banca en el Senado y ya no conduce el ministerio, aunque el desembarco en la cartera de figuras ligadas a su entorno echa un manto de dudas.

El otro capítulo central fue el Congreso. El oficialismo puso la mirada especialmente en la sesión que busca realizar el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, donde pretende avanzar con un paquete de cinco iniciativas. La más relevante desde el punto de vista institucional es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el Gobierno viene preparando desde hace meses.

En el mismo temario aparecen Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a la fécula y la harina de mandioca. Este último proyecto tiene particular impacto en Misiones y forma parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con las provincias para reunir respaldos en el Congreso.

La mirada también estuvo puesta en el Senado. Allí el Gobierno sigue el avance en comisiones de la modificación de la Ley General de Sociedades, mientras intenta administrar una Cámara en la que cada votación obliga a reconstruir acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.

Martes de rosca

La reunión de la mesa política fue, de todos modos, apenas la primera escala de un martes cargado de encuentros en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. Con la plena ausencia del Presidente, la agenda obligó después a sus principales integrantes a repartirse entre otros dos asuntos que el Gobierno considera sensibles: la preparación de una eventual visita papal y la negociación energética con las provincias del Norte Grande.

A las 17, Karina Milei tiene previsto encabezar la primera reunión interdisciplinaria destinada a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. La secretaria general de la Presidencia quedó al frente de una coordinación que involucra a ministros del Gabinete, funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades del gobierno porteño. Se trata del primer encuentro de una estructura que deberá comenzar a definir aspectos institucionales, protocolares, logísticos y de seguridad de la visita.

En paralelo, otra parte del Gobierno debía concentrarse en una negociación que había quedado abierta apenas seis días antes en Posadas. Después del planteo formulado por los gobernadores durante la 24ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, Diego Santilli y el equipo económico y energético vuelven a sentarse con representantes provinciales para discutir la posibilidad de crear algún mecanismo específico para las denominadas “zonas cálidas”.

El reclamo parte de una particularidad que los mandatarios norteños vienen señalando desde hace tiempo: mientras el régimen de Zonas Frías reconoce mediante subsidios el mayor consumo de gas necesario para atravesar las bajas temperaturas, las provincias del norte reclaman que se contemple también el fuerte incremento de la demanda eléctrica provocado por el uso intensivo de sistemas de refrigeración durante el verano.

La discusión adquirió mayor urgencia a partir de la media sanción que Diputados otorgó a la modificación del régimen de Zonas Frías. La semana pasada, en Misiones, los gobernadores habían planteado que cualquier revisión del esquema debía contemplar también las particularidades climáticas del norte del país. El Gobierno aceptó entonces conformar una mesa técnica para estudiar alternativas y este martes comenzó a darle forma.

Del encuentro participarán presencialmente apenas cuatro gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Leandro Zdero (Chaco). Pero también estarán funcionarios y técnicos enviados por las diez provincias que conforman la región. Por el Ejecutivo nacional intervendrán el jefe de Gabinete Santilli y las autoridades del área energética, con el objetivo de determinar qué instrumento podría utilizarse y, sobre todo, cuál sería su impacto fiscal. Será el primer intento concreto por traducir en una propuesta el compromiso que el Gobierno asumió con los gobernadores apenas una semana atrás.

PL/CRM

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

El Ministerio de Capital Humano salió este miércoles a contener el daño político generado por el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”. A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de X, el organismo que conduce Sandra Pettovello insistió en que el proyecto es de “etapa preliminar”, que su desarrollo “se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que el concepto de gemelo digital “lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global”.

El comunicado también ensaya una distinción para blindar el proyecto de las comparaciones incómodas: “Lo novedoso de esta iniciativa no está en el concepto de gemelo digital, sino en que será utilizada por primera vez en lo social”. Ninguno de esos párrafos menciona a Palantir Technologies ni a Peter Thiel. Pero todos apuntan hacia ellos.

La controversia que detonó el comunicado

El viernes pasado, el presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales un video del ministerio de Pettovello presentando al “Gemelo Digital Social” como “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”. La pieza audiovisual prometía un sistema capaz de “simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real” mediante el cruce de múltiples bases de datos estatales. El propio Milei saludó el anuncio con su ya habitual mezcla de mayúsculas y jerga libertaria: “ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. MAGA. VLLC!”.

La reacción fue inmediata. Especialistas como el programador y divulgador tecnológico Maximiliano Firtman señaló en X que Palantir —la empresa de análisis de datos ligada a Thiel, quien había visitado a Milei semanas antes y se instaló con su familia en Buenos Aires— vende precisamente un servicio llamado “gemelo digital”. En pocas horas el anuncio gubernamental quedó envuelto en sospechas de que el Estado argentino estaba preparando el terreno para contratar a la compañía.

elDiarioAR reveló previamente el avance de marcos regulatorios orientados a facilitar el ingreso de Palantir al país, en el contexto de los cambios que el gobierno de Milei impulsó en materia de protección de datos personales, seguridad y vigilancia estatal. La empresa fundada por Thiel —también cofundador de PayPal y uno de los principales donantes de Donald Trump— es proveedora de la CIA, el FBI y la NSA, y colaboró en los operativos antimigratorios de la ICE en Estados Unidos, además de haber prestado servicios a las fuerzas israelíes en Gaza.

Lo que el comunicado dice y lo que calla

El texto oficial agrega algunos detalles operativos que el video del viernes omitía. Según el comunicado, el modelo “contará con un diseño multidimensional que le permitirá describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión”. Capital Humano presenta ese proceso como un salto cualitativo en la administración del Estado: “pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la integración, y de decisiones aisladas a políticas coordinadas basadas en evidencias”.

El texto también precisa que el proyecto se nutrirá de “información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada, y modelos de análisis y simulación”. Y fija una garantía que el video inicial no había ofrecido: que el sistema solo utilizará “datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales”.

Pero esa afirmación colisiona con el silencio que el propio ministerio mantuvo durante días sobre sus fuentes de datos, proveedores tecnológicos y marco legal. La presentación original no incluía fechas, presupuesto, organismos responsables ni referencias a consentimiento informado o anonimización. La Fundación Vía Libre presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública preguntando, específicamente, si hubo reuniones con representantes de Palantir o con el propio Thiel en el marco del desarrollo del proyecto. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso en términos similares.

El comunicado de hoy tampoco responde esas preguntas. Aunque declara que el “objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional”, no menciona qué arquitectura tecnológica se utilizará, qué empresas podrían participar en las “mesas de trabajo” que el ministerio prometió convocar con el sector privado y académico, ni qué normativa habilitará el procesamiento de datos sociales a escala.

El concepto “gemelo digital” fue acuñado en 2002 en el contexto de la gestión industrial y la NASA lo aplicó desde los años 60 para simular naves espaciales. El texto del ministerio lo reconoce: “Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios”. El comunicado tampoco aclara a qué “corporación” o “individuo” alude cuando dice que el gemelo digital no les pertenece.

El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue inaugurada este jueves y se desarrollará hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural con una programación especial que conmemora sus 50 años de historia bajo el eje “memoria y futuro”. La propuesta combina un recorrido por el pasado cultural y político del país con nuevas experiencias y debates sobre el rol del libro en el siglo XXI.

En su discurso de apertura, el presidente de la Fundación Libro, Christian Rainone, destacó que en medio del contexto de crisis que golpea al país “se publican más libros, pero hay menos tirada”.

Además, reclamó avanzar con una “solución concreta” para el recupero del IVA, al considerar que es clave para sostener y fortalecer el sector de las librerías. “Son el punto de encuentro entre el libro y el lector dentro de la feria”, remarcó.

Rainone recordó que ya había planteado este reclamo el año pasado sin obtener respuestas y advirtió sobre el impacto de la falta de medidas: “Cada año que pasa sin resolverlo implica una librería menos”.

También fue abucheado ni bien inició su discurso cuando hizo referencia a Jorge Macri, y los silbidos se repitieron más adelante al agradecer al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La tensión dentro de La Rural escaló cuando Rainone nombró a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el programa Chequelibro Escolar.

Ante los silbidos, el presidente de la Fundación El Libro hizo una pausa y cuestionó la actitud de los asistentes. “Me parece que es algo para aplaudir, no para abuchear”, expresó, y pidió que acompañaran la iniciativa con aplausos.

Cifelli defendió la política cultural y anunció medidas para el sector

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue otro de los oradores en la inauguración de la 50° Feria del Libro, donde expuso la visión del Gobierno sobre el rumbo del área cultural en el actual contexto político y económico.

Durante su intervención, el funcionario describió el presente como una etapa de “transformación profunda” y destacó la necesidad de ordenar el país, recuperar la confianza y poner en primer plano la libertad. En ese marco, valoró el esfuerzo de todos los actores que integran la cadena del libro, desde editores hasta libreros.

Entre los anuncios, Cifelli adelantó que el Gobierno impulsará líneas de trabajo conjunto con el sector editorial para fomentar y reconocer la producción literaria en todo el país. También confirmó la participación de Argentina en importantes eventos internacionales, como las ferias del libro de Bolonia, Fráncfort y Nueva York, además de la Bienal de San Pablo.

El secretario también hizo foco en la desregulación del mercado editorial y señaló que se están eliminando trabas burocráticas que dificultaban la circulación de libros. En ese sentido, destacó la decisión de eximir de impuestos el ingreso de libros extranjeros para esta edición de la Feria.

En otro tramo de su discurso, vinculó estas medidas con el rumbo general del Gobierno y resaltó el liderazgo del presidente Javier Milei y el acompañamiento de Karina Milei, en medio de reacciones adversas del público.

Por último, Cifelli respondió a las críticas de la oposición y defendió la política cultural oficial. Aseguró que la gestión no busca realizar “marketing editorial”, sino avanzar en un proceso de ordenamiento basado en la responsabilidad y el trabajo sostenido.

Críticas al lenguaje, la educación y la crisis del libro en la apertura

La charla inaugural de la Feria del Libro reunió a Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara en un panel atravesado por cuestionamientos al contexto social, económico y político.

Uno de los primeros ejes surgió a partir del rechazo de Guerriero a la categoría de “literatura femenina”. La autora consideró que este tipo de etiquetas reduce y encasilla la producción literaria, aunque reconoció como un avance la mayor presencia de mujeres dentro del sector editorial.

Por su parte, Almada puso el foco en la situación educativa y advirtió sobre el deterioro de la escuela pública. En ese sentido, vinculó los bajos salarios docentes y el desfinanciamiento con una vulneración directa del derecho a la lectura de niños y jóvenes.

La situación económica también fue eje de críticas. Cabezón Cámara señaló que los bajos ingresos dificultan el acceso a los libros y afectan tanto a lectores como a librerías, al tiempo que planteó la necesidad de mejorar los salarios para sostener el circuito cultural.

Además, la escritora fue la primera en tomar la palabra y lo hizo con un gesto político: lució una camisa con la leyenda “El agua vale más que todo”, en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional.

El tono del encuentro se volvió más político cuando Guerriero cuestionó el clima social y el discurso público, al que describió como cargado de agresividad. En esa línea, advirtió sobre la responsabilidad de quienes ejercen el poder en la reproducción de esos mensajes.

Más directa, Cabezón Cámara apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien criticó por su forma de expresarse y por el uso del lenguaje en el ámbito público.

En el cierre, Almada retomó esa preocupación y sostuvo que cuando desde el poder se naturalizan discursos cargados de desprecio, ese tono se replica en la sociedad, profundizando un clima de confrontación.

Qué es el programa Chequelibro Escolar

El programa, impulsado en conjunto con el ministerio que encabeza Sandra Pettovello, contempla una inversión compartida de 600 millones de pesos, con aportes iguales entre la Fundación El Libro y la cartera nacional.

Además, la iniciativa incluye descuentos de hasta el 50% por parte del sector editorial y librero, con el objetivo de facilitar el acceso a la lectura.

Según explicó Rainone, la propuesta apunta a que cada estudiante que visite la feria en el marco de actividades escolares pueda retirarse con un libro.

En el cierre, el titular de la Fundación llamó a mantener el respeto durante el desarrollo del evento y destacó el valor de la convivencia democrática. También subrayó la importancia de poder compartir un espacio donde conviven distintas miradas.

El itinerario de la Feria del Libro

Uno de los núcleos centrales está dedicado a la memoria editorial argentina, con una muestra sobre libros y autores censurados durante la última dictadura militar. El espacio busca recuperar obras prohibidas y reflexionar sobre el papel de la industria del libro en contextos de represión, en diálogo con el presente.

En paralelo, la Feria ofrece un itinerario histórico que reconstruye sus distintas etapas desde su creación en 1975. A través de archivos, objetos y testimonios, los visitantes pueden recorrer la evolución de uno de los eventos culturales más convocantes del mundo hispanohablante. Entre las propuestas destacadas figura “50 Ferias Dibujadas”, una instalación que reúne ilustraciones en vivo y material gráfico que dialoga con la memoria visual del evento.

La programación también incluye homenajes a figuras centrales de la literatura argentina, con especial foco en Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte. Se prevén actividades inmersivas inspiradas en su obra, como un laberinto interactivo y una exhibición internacional de ediciones en múltiples idiomas.

A estas iniciativas se suman los ciclos tradicionales que forman parte del ADN de la Feria, como el Festival Internacional de Poesía, la Maratón de Lectura y el espacio “La palabra indígena”, que en esta edición se integrarán a la lógica conmemorativa.

Con información de medios y Noticias Argentinas

JIB

La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano no solo expuso las tensiones internas en la gestión de Sandra Pettovello, sino que también quedó atravesada por el fuerte descargo público del ahora exfuncionario, quien buscó despegarse de cualquier irregularidad tras su desplazamiento.

Leandro Massaccesi fue obligado a presentar su renuncia indeclinable luego de que se conociera su participación en una nómina de créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. En su caso, el préstamo —por un monto cercano a los 420 millones de pesos— generó ruido político dentro de una cartera que sostiene una línea estricta de austeridad y bajo perfil.

Sin embargo, lejos de aceptar cuestionamientos, el exjefe de Gabinete salió a defenderse con firmeza. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales, donde también detalló las condiciones del crédito que gestionó junto a su pareja.

En esa línea, remarcó que todo el proceso fue transparente: “La gestión fue completamente vía web, adjuntando toda la documentación requerida”, sostuvo, al tiempo que buscó reforzar la idea de responsabilidad financiera al tratarse de un compromiso a largo plazo. “Es un crédito que asumimos a 30 años y que vamos a honrar”, agregó.

El abogado rionegrino también planteó un argumento de fondo al vincular su situación con la de cualquier ciudadano. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier argentino, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”, expresó, en un intento por correr el eje del debate hacia la igualdad de acceso.

Pese a su defensa, en el entorno de Pettovello consideraron que el problema no radicó en la legalidad del crédito, sino en el impacto político de la decisión. Según trascendió, la ministra tomó conocimiento del caso a partir de su difusión en redes sociales y cuestionó que Leandro Massaccesi no hubiera evaluado previamente el costo institucional de la operación.

La cartera de Capital Humano sostiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta que pueda ser interpretada como un privilegio. En ese marco, la toma de un crédito millonario por parte de un funcionario de alto rango fue leída como incompatible con el mensaje de ajuste y esfuerzo que el Gobierno busca transmitir en el actual contexto económico.

La decisión de desplazarlo se tomó el viernes por la noche y fue ejecutada con rapidez, en línea con antecedentes dentro del ministerio, donde ya se habían producido salidas por situaciones consideradas sensibles desde el punto de vista ético.

El caso, además, se inscribe en un clima de creciente presión política. Desde la oposición ya se impulsaron pedidos de investigación en el Congreso sobre los créditos otorgados a funcionarios y legisladores, en una lista que incluye montos incluso superiores a los 500 millones de pesos.

En ese contexto, Leandro Massaccesi cerró su descargo con un tono más personal y reflexivo: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años”, señaló.

Su salida no solo deja una vacante clave en el Ministerio de Capital Humano, sino que también vuelve a poner en evidencia el delicado equilibrio entre legalidad, ética pública y percepción social en la gestión de los funcionarios.

Con información de medios y agencia Noticias Argentinas

JIB

Unos 20 beneficiarios del ex plan social Potenciar Trabajo comenzarán este 6 de enero el primero de los cursos de capacitación laboral que ofrecerá el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, a través de empresas que enseñan sus oficios. El primer taller será de pintura, durará seis clases durante enero y la instrucción estará a cargo de la fabricante de pinturas Sinteplast, de los hermanos Miguel, Claudio, Rubén y Gabriel Rodríguez. Se dictará en el primer Centro de Formación en Oficios, que funcionará en un antiguo instituto de minoridad remodelado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que preside Adelmo Gabbi. Arcos Dorados, licenciataria de McDonald's, y la cervecería Quilmes también ofrecerán capacitaciones.

Pettovello había anunciado este proyecto en uno de sus pocos discursos públicos, en agosto pasado, en la reunión anual del Consejo de las Américas -organización empresaria- en Buenos Aires: “Estamos trabajando en la transformación del Centro Garrigós, que pasará a ser un espacio de formación en oficios, con aprendizaje basado en proyectos, diseñado en función de las demandas reales del mercado laboral”. También en aquella oportunidad explicó cuál es el interés de las compañías que capacitan gente: “Abrimos el crédito fiscal 2025: $400 millones disponibles para que las empresas que inviertan en capacitación recuperen parte de esa inversión vía impuestos”. Es decir, lo que gasten las firmas enseñando podrán recuperarlo tributando menos.

No está claro cuál será el cupo fiscal 2026, pero el presupuesto sancionado el pasado viernes en el Senado indica que se capacitará a 600 personas en el cuidado de adultos mayores, a 1.500 para empleados de centros de primera infancia, a 4.000 en tecnología y a 320.000 en otros asuntos laborales. Habrá que ver si se cumple el objetivo porque desde el comienzo del gobierno de Javier Milei se transformó el Potenciar Trabajo -que eran cooperativas a cargo de organizaciones sociales, municipios, provincias e iglesias- en dos programas, el de Acompañamiento Social, que iba a mantener los comedores y otros centros de cuidado de niños y ancianos, y el Volver al Trabajo, que iba a ofrecer capacitación laboral, pero en los primeros dos años de administración libertaria se siguieron pagando $78.000 devaluados sin exigir contraprestación alguna. En el anterior gobierno, en 2023, el ex Ministerio de Trabajo mismo había ofrecido capacitación a 197.000 personas y el plan Argentina Programa, de informática, a otros 210.000.

El Potenciar Trabajo, que fue criticado por la desigual asistencia a las cooperativas y por la coacción de algunas organizaciones sociales contra los beneficiarios, había llegado a reunir a 1,3 millones de desempleados y trabajadores informales. Sus dos sucesores ahora totalizan 906.000: 704.000 en el Volver al Trabajo y 202.000 en el Acompañamiento Social. Los del primer programa mencionado pueden optar por asistir a las capacitaciones, que cuentan con cupos muy limitados, como en el caso de la de Sinteplast. Al finalizar el curso, los formados recibirán un voucher de dinero, pero no está definido el monto.

La selección de los primeros 20 talleristas se hizo a partir del Portal Empleo (portalempleo.gob.ar). En el caso de que la capacitación esté dirigida a un perfil puntual, como aquellos que tengan experiencia en alguna actividad o conocimientos técnicos específicos, el ministerio hará una preselección y convocará a determinadas personas. En general, el proceso es así: el Estado manda un correo electrónico a los posibles cursantes, luego los llama para que se inscriban, los convoca a una reunión informativa virtual en la que se presenta la propuesta y se confirma el interés por participar. A los inscriptos finales se los cita el día y la hora del comienzo de la capacitación en el centro. Se les da prioridad en las vacantes a los beneficiarios del Volver al Trabajo, especialmente los desocupados, aunque puede que cursen quienes no está en ese plan, pero sí inscriptos en el portal.

AR/CRM

Los trabajadores de la economía popular vuelven a las calles. Este jueves la UTEP, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales se movilizan al ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para exigir aumento del Salario Social Complementario, su continuidad en 2026 y un bono de fin de año para todo el sector.

La jornada, convocada bajo la consigna “Nuestro trabajo vale: salario, alimentos y reconocimiento”, busca reivindicar el carácter esencial del trabajo sociocomunitario, que sostiene la alimentación y el cuidado en los barrios populares a través de comedores, merenderos, cooperativas, ferias y espacios de acompañamiento. “Las trabajadoras y trabajadores de la economía popular somos quienes con nuestro trabajo sostenemos la vida en los barrios. Producimos, alimentamos y cuidamos, mientras el Estado nos da la espalda y la crisis golpea cada vez más fuerte”, afirmó Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP.

“Pedimos que se reconozca el trabajo que sostiene la vida cuando el Estado se retira. En cada comedor y espacio comunitario están nuestras cuidadoras populares, esas mujeres que siguen salvando vidas con amor y compromiso”, agregó.

Las organizaciones también reclaman la entrega de alimentos a comedores y merenderos, luego de que el Ministerio de Capital Humano debiera reconocer que las auditorías a comedores nunca existieron, como había sostenido públicamente. Denuncian que mientras se difama a los movimientos sociales y se recortan programas, son ellos quienes garantizan derechos básicos en los barrios.

La protesta se da en un contexto de creciente deterioro social y laboral. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el 15% de los asalariados formales vive en situación de pobreza, y casi la mitad de la población económicamente activa tiene empleos precarios, inestables o informales.

El estudio señala que la pobreza por ingresos afecta al 46% de la población y que la pérdida del poder adquisitivo, junto al aumento del costo de vida, profundizó la desigualdad. En ese marco, el informe advierte que el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, incluso entre quienes tienen empleo registrado.

Para la UTEP, ese diagnóstico refuerza la urgencia de reconocer al trabajo sociocomunitario como actividad esencial y de garantizar un salario digno para quienes sostienen la vida cotidiana en los barrios más golpeados por la crisis. “Nos salvamos en comunidad, porque así aprendimos a vivir”, sintetizó Morales. “Somos trabajadoras sociocomunitarias no solo por necesidad, sino por la fuerza colectiva de organizarnos para subsistir.”

La concentración de este jueves será frente al Ministerio de Capital Humano desde las 11, con la presencia de referentes de la economía popular, movimientos sociales y cooperativas de distintas provincias.

MC

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo Diego Spagnuolo en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

En los audios revelados en el programa “Argenzuela” de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. “Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier”, se escucha decir al exfuncionario.

La transcripción de los nuevos audios

Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, insisten en que se trata de una “monumental operación” de la oposición y aseguran la “absoluta falsedad del contenido” de las grabaciones.

Con información de la agencia NA

“El Gobierno Nacional continúa reduciendo el costo laboral mediante la prórroga del programa Puente al Empleo”, se tituló un comunicado que este lunes publicaron en conjunto los ministerios de Economía, a cargo de Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se trata de un subsidio a las empresas que contraten a beneficiarios del ex plan social Potenciar Trabajo, que sumaban 1.268.000 al final del gobierno anterior. El Puente al Empleo, que se había creado en esa gestión en 2022, en tiempos de Javier Milei desde diciembre de 2023 a septiembre pasado, es decir, en diez meses, “facilitó la contratación de más de 5.800 personas a través de más de 1.300 empresas”, anunció el Ejecutivo libertario con bombos y platillos. Es sólo el 0,5% de los que percibían el antiguo programa.

El ritmo de incorporación de beneficiarios a compañías privadas fue apenas mayor al que tenía en la administración peronista. Entre octubre de 2022, cuando se puso en marcha Puente al Empleo, hasta mayo de 2023, o sea, en diez meses también, se crearon 5.499 empleos, un 5% menos que en la era Milei. Claro que en el gobierno actual la economía creó menos trabajo por ahora y además quedó congelado la subvención del Potenciar Trabajo en $78.000, por lo que se ha perdido el incentivo a recibirlo.

En teoría, el Potenciar Trabajo era medio salario mínimo para cumplir media jornada de trabajo en emprendimientos laborales individuales o cooperativos, que iban desde producción de alimentos y textiles hasta reciclado de residuos, construcción o tareas de cuidado, como la atención de comedores populares. Es decir, muchos beneficiarios ya trabajaban con el plan, aunque no fuera en una empresa privada. Era el 78%, según una encuesta de la fundación Fundar. Otros, incumplían con la contraprestación. El 19%, según Fundar. Las cooperativas de organizaciones sociales, de las provincias, los municipios o la Iglesia eran los que debían controlar los presentes y ausentes.

Este tipo de incumplimientos en los que el gobierno anterior hacía la vista gorda contribuyó al desprestigio del plan. A eso se sumó las acusaciones de Pettovello ante la Justicia contra líderes piqueteros de izquierda como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. El juez Sebastián Casanello lo procesó por administración fraudulenta, por presuntamente justificar gastos con facturas apócrifas; por extorsión y amenazas coactivas, porque supuestamente obligaban a los beneficiarios a aportar al Polo y a participar de las frecuentes protestas que había en la sede del entonces Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio.

El gobierno de MIlei disolvió el Potenciar Trabajo y lo dividió en dos: un subsidio llamado Volver al Trabajo, para personas de 25 a 60 años, donde supuestamente iban a capacitarlos para volver a emplearse -en la práctica, los beneficiarios comentan que ya no cumplen esa contraprestación-; y Acompañamiento Social, para los mayores de 60 o madres a cargo de familias numerosas o hijos con discapacidad. Es decir, ahora los beneficiarios de los licuados $78.000 no deben trabajar a cambio del subsidio. De todos modos, el 49% de los beneficiarios tenía un trabajo informal o changa aparte, según el relevamiento de Fundar.

El Gobierno explica que el objetivo de Puente al Empleo radica en “beneficiar a las empresas que contraten a personas registradas en los programas de empleo”. “Los empleadores gozarán de la reducción del 100% de las contribuciones patronales y la imputación de la asignación como parte del salario, por cada nueva incorporación de personal, por 12 meses contados a partir del inicio de la misma. Las empresas interesadas en participar en la iniciativa del Gobierno podrán inscribirse a través del portalempleo.gob.ar y así acceder a estos beneficios en la contratación de nuevas personas con problemáticas de empleo. Los principales destinatarios son personas jóvenes de 18 a 24 años que acceden por primera vez a un empleo formal y las empresas contratantes están mayormente vinculadas con servicios de fast food y locales de ventas de comida, construcción y servicios generales, entre otras. Se espera que en el período 2025/2026 puedan participar del programa alrededor de 5.800 empresas contratando a más de 34.000 personas”, se ilusiona el comunicado del gobierno de Milei, Caputo y Pettovello.

AR/MC

Tras los preocupantes resultados obtenidos en las pruebas Aprender 2024, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, adjudicó un contrato por 295 millones de pesos para ejecutar el próximo operativo nacional de evaluación de aprendizajes en escuelas primarias de todo el país.

La medida se oficializó esta semana mediante una disposición de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación, y forma parte del Plan Nacional de Evaluación Educativa, que contempla la implementación de las pruebas Aprender Primario y un nuevo dispositivo denominado AMPL 2025 (Assessment for Minimum Proficiency Levels), una herramienta internacional desarrollada por ACER (Australian Council for Educational Research) para medir niveles mínimos de competencia en los estudiantes.

La licitación pública nacional, tramitada bajo el expediente EX-2025-37914790-APN-CCYCE#MCH, fue adjudicada a Boldt Impresores S.A., que resultó ganadora tras la evaluación técnica y económica de las tres ofertas presentadas. Las firmas Oportunidades S.A. y Lakaut S.A. fueron desestimadas por incumplimientos técnicos y criterios de conveniencia económica.

Un operativo clave para un sistema educativo en crisis

La contratación contempla el diseño, impresión, distribución, recolección, escaneo y procesamiento de las evaluaciones. El servicio, de ejecución integral, se desarrollará durante un plazo de 130 días corridos y apunta a relevar información sobre el nivel de aprendizajes en lengua y matemáticas de alumnos de sexto grado.

El dispositivo AMPL 2025 se aplicará en paralelo a Aprender y busca complementar la información tradicional con nuevas herramientas estadísticas y logísticas.

Desde la Secretaría de Educación se lo define como un paso hacia la “modernización de la evaluación”.

El objetivo es obtener información que permita diagnosticar los aprendizajes alcanzados por los alumnos y las condiciones en que se desarrollan los procesos educativos.

La decisión de avanzar con un nuevo operativo llega en un contexto preocupante.Los resultados de la última edición de Aprender mostraron un retroceso significativo en el desempeño de los estudiantes en lengua, con más del 33% de los alumnos por debajo del nivel esperado, y una persistente debilidad en matemática, donde cerca del 50% no alcanza niveles satisfactorios.

Estas cifras generaron la preocupación en sectores educativos y pusieron en agenda el rol del Estado como garante de la calidad educativa. La gestión de Pettovello -que absorbió la antigua cartera de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano- debe sostener las políticas de evaluación y, al mismo tiempo, delinear acciones concretas para revertir el deterioro pedagógico.

Boldt Impresores fue la única empresa cuyas condiciones técnicas y administrativas cumplieron con los requisitos del pliego. La compañía, conocida por su rol en la impresión de documentos electorales y pruebas educativas, presentó una mejora de su propuesta inicial, lo que permitió ajustar el costo final a $295.100.000.

El gasto será imputado al presupuesto de la Secretaría de Educación, dentro del Programa 32, y se ejecutará a través del sistema digital COMPR.AR. Según los documentos oficiales, no se presentaron impugnaciones al proceso licitatorio y se confirmó la disponibilidad presupuestaria para avanzar con el pago.

MP con información de NA

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó este martes una sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a reanudar la provisión de alimentos a comedores comunitarios. Se trata de una nueva derrota judicial para el Gobierno de Javier Milei en el frente social: ya son 12 los jueces federales que cuestionaron legalmente el recorte de la asistencia alimentaria implementado por la gestión libertaria.

El fallo, que responde a un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con el respaldo del CELS y el abogado y dirigente social Juan Grabois, sostiene que el Estado no puede suspender de manera arbitraria la distribución de alimentos sin vulnerar derechos constitucionales fundamentales. La Cámara —integrada por los magistrados Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid— enfatizó la obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.

Pese a las reiteradas decisiones judiciales en su contra, el Ministerio sigue sin acatar plenamente los fallos. Las organizaciones denuncian que el desmantelamiento de programas sociales continúa, en medio de una creciente emergencia alimentaria.

Además, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a intimar a la cartera de Pettovello a incluir en el reparto de alimentos a 53 comedores populares más. La orden se suma a una medida anterior que había dispuesto abastecer a otros 66 espacios comunitarios, lo que eleva a más de un centenar los puntos de asistencia que deben ser reincorporados a los esquemas oficiales.

Desde la UTEP y otras organizaciones sociales aseguran que persistirán en el camino judicial frente a lo que definen como una política deliberada de desprotección social. El caso, además, ya fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MM

El Gobierno dejó expuesta la polémica designación de una española sin vínculos con la Argentina al frente de un cargo diplomático en Madrid, con sueldo en euros. Se trata del nombramiento de Eva María Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino, institución histórica del Estado argentino en la capital española, que elDiarioAR reveló en enero pasado. Para salvar el impedimento legal de designar en un puesto diplomático argentino a una extranjera, que coincidentemente es la pareja del libertario alemán Philipp Bagus, autor del libro “La Era Milei”, la Casa Rosada debió dejar consignada en los últimos días de una excepción de “requisito de nacionalidad” en el Boletín Oficial.

La resolución lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con fecha el 10 de abril. Tras ese atajo legal, el lunes ya fue formalmente designada.

Carrasco Bañuelos no cuenta con experiencia académica comprobable que la acredite para estar al frente del Colegio Mayor Argentino y en su momento ya fue cuestionada por haber sido ungida en el cargo gracias al vínculo personal de Milei con Bagus, quien dedica buena parte de sus apariciones públicas a alabar al Presidente.

Este medio supo que Carrasco Bañuelo viajó especialmente a Buenos Aires en febrero para sellar con el propio Presidente su designación. El salario que tendría rondaría los 7.500 euros, supo elDiarioAR de distintas fuentes.

La orden de la designación llegó al ministerio de Pettovello directamente desde Presidencia, es decir, de Javier y Karina Milei. Todo, pese a que el puesto depende de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y a que, a su vez, Cancillería suele tener alta injerencia en la distribución de cargos del Estado en el exterior. La elección a dedo de la nueva funcionaria se sumó al desconcierto diplomático por los desmanes que ocurrieron últimamente en la Embajada argentina en Madrid tras la salida de Roberto Bosch y el desembarco accidentado de Alejandro Alonso Sainz.

“Exceptúase a la licenciada Eva María CARRASCO BAÑUELOS (D.N.I. N° 96.435.906) del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional establecido en el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley N° 25.164, al solo efecto de posibilitar su designación en el cargo de Directora del COLEGIO MAYOR ARGENTINO ‘NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN’ en la Ciudad de MADRID - REINO DE ESPAÑA, dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO”, se lee en la Decisión Administrativa 8/2025, con las firmas de Francos y Pettovello. En el párrafo llama la atención un detalle: Carrasco Bañuelos ya cuenta con DNI argentino con una cifra habitual para los documentos que se otorgan a extranjeros que se radican en el país (N° 96.435.906).

Este lunes, dos semanas después de esa excepción, Pettovello confirmó la designación de Carrasco Bañuelos en el Colegio Mayor Argentino a través de la Resolución 183/2025, aunque el cargo es retroactivo a febrero y tienen una duración de tres años, lo que le queda de mandato a Milei hasta 2027. 

El artículo 1 reza: “Desígnase a la Licenciada Eva María CARRASCO BAÑUELOS (D.N.I. N.º 96.435.906), en el cargo de Directora del COLEGIO MAYOR ARGENTINO ‘NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN’ en la Ciudad de MADRID, REINO DE ESPAÑA, dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a partir del 5 de febrero de 2025 y por el termino de TRES (3) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso 2) de la Reglamentación del Estatuto de dicho Colegio, aprobada por el Decreto Nº 1125/88 y sus modificatorios”.

A su vez la resolución dicta que la designación se otorga como “carácter de propuesta del Gobierno Argentino al Rector de la Universidad Complutense de Madrid”. Los gastos corren por cuenta del Estado argentino: “El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 04 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”, dice el artículo 3.

Qué es el Colegio Mayor

El Colegio Mayor es una residencia universitaria con más de medio siglo de existencia y está ubicada en una zona verde y privilegiada del este madrileño. La función que le corresponde a Carrasco Bañuelos supone la administración del centro que depende del Estado argentino y la organización de actividades culturales.

El Colegio Mayor lleva el nombre formal de “Nuestra Señora de Luján” y fue inaugurado el 22 de octubre de 1971. Forma parte de los 42 Colegios Mayores que integran la Ciudad Universitaria de Madrid. Adscripto a la Universidad Complutense, su edificio fue diseñado por los arquitectos Horacio Baliero y Carmen Córdova, según un dossier oficial publicado por el gobierno argentino en 2023. Los orígenes del Colegio se remontan al año 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón, año en el que se firmó un importante protocolo entre Argentina y España con el propósito de fortalecer los lazos históricos y culturales.

MC

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, es investigada en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos en el marco de un plan de lucha contra el hambre en 2024.

La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12 y del fiscal federal Franco Picardi, informaron fuentes judiciales.

El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El fiscal Picardi impulsó la investigación en febrero último y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero de 2024 la ministra habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.

La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.

Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.

Picardi impulsó la investigación en un dictamen firmado en febrero pasado donde pidió medidas de prueba como informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre esa transferencia y licitación.

Con información de la agencia NA

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apeló este miércoles la decisión judicial que le prohibió dar de baja las ayudas sociales a quienes participen de manifestaciones, según había resuelto el Ministerio en 2024.

El Ministerio anunció su decisión de apelar a la medida en un comunicado en el que también respondió que “la condición de vulnerabilidad de una persona no puede servir de justificación para aceptar que esta ejerza actos de violencia o contrarios a la ley y que afectan derechos de terceros”.

En diciembre de 2023, a pocos días de iniciar su gestión como parte del Gobierno de Javier Milei, Pettovello anunció que excluiría de los programas de ayuda estatal 'Volver al Trabajo' y 'Acompañamiento Social' a aquellos beneficiarios que participen en protestas, interrumpan la circulación y participen en actos de violencia que alteren el orden público, medida que fue ratificada a través de una resolución publicada en abril de 2024.

A mediados del año pasado, sin embargo, el juez federal Martin Cormick, decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que buscaba dejar sin efecto la resolución.

“Elegimos el camino judicial porque con este Gobierno no hay diálogo”, le dijo a EFE Nicolás Caropresi, dirigente de la UTEP, quien también denunció que “se amenaza con quitar un derecho, el del salario social complementario, por ejercer otro derecho, el de la protesta”.

El juez consideró que los criterios de exclusión establecidos por el Gobierno “revisten indicios de ilegitimidad” por atentar contra el derecho a ser oído; lo que generaría un daño irreparable en las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

“Esta decisión lo único que logra es beneficiar a las mafias que extorsionan a los pobres obligándolos a ir a una marcha a cambio de un plan social”, expresó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en alusión a la decisión del juez.

El Ministerio de Capital Humano sufrió otro un traspié a finales de mayo pasado, cuando reconoció que tenía cinco millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos del Estado, ante lo que la Justicia Federal ordenó su distribución, decisión que también fue apelada por la cartera hasta llegar a la Corte Suprema.

La disputa entre el Ministerio -que, entre sus innumerables tareas, está encargado de la distribución de alimentos y el pago de planes sociales- y las organizaciones sociales tiene lugar desde el inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre pasado. 

MM con información de la agencia EFE.

La designación de la española Eva María Carrasco Bañuelos por parte del Gobierno para hacerse cargo del Colegio Mayor Argentino en Madrid, institución histórica del Estado argentino, suma tensión entre las filas libertarias. A la irregular designación de una extranjera en un puesto político fuera del país, como ya anticipó elDiarioAR días atrás, trascendió ahora que la potencial funcionaria tiene que presentarse en los próximos días en Buenos Aires para completar la formalidad del cargo. Pero hay dudas en el oficialismo sobre cómo se costeará el pasaje aéreo, en medio de la política de ajuste mileísta y del slogan “no hay plata”.

Carrasco Bañuelos ya fue cuestionada por haber sido ungida en el cargo por ser la pareja del libertario alemán Philipp Bagus, quien tiene un vínculo muy estrecho con Javier Milei. Ahora se sumó una situación al borde de lo absurdo: en la Casa Rosada hay incertidumbre sobre quién le pagará el pasaje Madrid-Buenos Aires-Madrid. Desde Capital Humano, cartera que orbita sobre el Colegio Mayor, que depende de la Secretaría de Educación. Más allá de la incertidumbre, elDiarioAR supo que Carrasco Bañuelo estará en Buenos Aires el próximo lunes para confirmar su designación. Se reunirá tanto con Milei como con Sandra Pettovello.

Las objeciones por ese gasto surgieron tanto en Cancillería, que tiene injerencia funcional en el cargo, como en Capital Humano, cartera que formaliza la designación. Algunos funcionarios libertarios especulaban con que fuera el propio Bagus quien ofreciera hacerse cargo del trayecto aéreo de su pareja, como una devolución del favor que recibió. Pero esa definición no ocurrió. El valor del pasaje sería un quinto del primer sueldo de aproximadamente 6.000 euros que cobrará Carrasco Bañuelo. 

La orden de la designación llegó al ministerio de Pettovello directamente desde Presidencia, es decir de Javier y Karina Milei. Si bien el puesto depende de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, también la Cancillería -hoy con Gerardo Werthein al frente- suele tener alta injerencia. El caso suma al desconcierto entre diplomáticos por los desmanes que están ocurriendo en la Embajada argentina en Madrid. Aún se desconoce quién será el embajador luego de la salida de Roberto Bosch y el frustrado desembarco de Alejandro Alonso Sainz.

La laguna diplomática deja espacio libre para Alejandro Nimo, un funcionario de la Embajada en Madrid que se presenta en redes como cónsul general. Nimo, con vinculaciones pasadas con el peronismo y el PRO, se declaró en 2024 un cultor de la Escuela Austríaca y promotor de Bagus, luego de que éste agasajara a Milei en su paso por Hamburgo y escribiera un libro en honor del mandatario argentino.

El Colegio Mayor es una residencia universitaria con más de medio siglo de existencia y está ubicada en el este madrileño, en una zona verde y privilegiada. La función que le correspondería a Carrasco Bañuelo supone la administración del centro que depende del Estado argentino y la organización de actividades culturales. Lo inédito del asunto es que el Estado argentino pagará un sueldo mensual a una ciudadana española sin experiencia en la materia. elDiarioAR intentó comunicarse con Bagus y Carrasco Bañuelos, pero no hubo respuestas.

El Colegio Mayor lleva el nombre formal de «Nuestra Señora de Luján» y fue inaugurado el 22 de octubre de 1971. Forma parte de los 42 Colegios Mayores que integran la Ciudad Universitaria de Madrid. Adscripto a la Universidad Complutense, su edificio ha sido diseñado por los arquitectos Horacio Baliero y Carmen Córdova, según un dossier oficial publicado por el gobierno argentino en 2023 -es decir, bajo gestión del Frente de Todos-. Los orígenes del Colegio se remontan al año 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón, año en el que se firma un importante protocolo entre Argentina y España con el propósito de fortalecer los lazos históricos y culturales que unen ambos países.

*Con la colaboración de Sebastián Lacunza

MC

Desde que empezó el gobierno de Javier Milei, al menos 119 funcionarios de alto rango han dejado sus puestos, ya sea porque fueron echados, como son los casos del director de la Anses, Mariano de Los Heros, y la embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo, así como el del Roldofo Barra, exprocurador del Tesoro, o porque renunciaron por motu proprio.

Al conteo minucioso lo lleva adelante el politólogo Pablo Salinas, quien este lunes publicó en X (Twitter): “El gobierno comunicó que le pidió la renuncia a Mariano de los Heros. No llegó a durar un año en el cargo: fue designado en reemplazo de Osvaldo Giordano a partir del 16 de febrero de 2024. Con esta nueva baja, ya van 119 en el gobierno de Milei”.

Los despidos de De Los Heros y de Cavallo se suman al de Barra e Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), hace apenas una semana.

De los egresos de funcionarios de algo rango la mayoría fueron de los ministerios de Economía, cuyo jefe es Luis Caputo (37%), y de Capital Humano (26%), que encabeza Sandra Pettovello.

De entre los grandes desplazados, el primero de ellos fue el ministro de Infraestructura (área posteriormente absorbida por Economía), Guillermo Ferraro. Fue apenas 45 días después de la asunción del nuevo gobierno. Supuestamente se debió a que Ferraro filtró información de una reunión de gabinete en la que el mandatario nacional había apuntado contra los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso”, habría amenazado el mandatario en caso de que no respaldaran la ley ómnibus que se discute en el Congreso.

Meses después, el 4 de diciembre último, Ferraro murió. Tenía 69 años y, antes de su breve gestión por el Poder Ejecutivo, había tenido a cargo nada menos que la fiscalización de la segunda vuelta que Milei le ganó a Sergio Massa y se convirtió en Presidente.

A fines de mayo le tocó a Nicolás Posse como jefe de Gabinete, cargo en el que Milei puso a Guillermo Francos (quien ocupa ese puesto actualmente), que venía de ser ministro del Interior, una cartera que ya no existe como tal. Días después Milei reveló que lo despidió porque, a su criterio, “no cumplió objetivos”: “Fue eyectado aunque era amigo mío [desde] hace 18 años”, dijo.

En septiembre fue el turno de Mario Russo, quien renunció como ministro de Salud y en su lugar quedó el actual titular de la cartera, Mario Lugones. Y al mes siguiente fue echada Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto. La sucedió en la Cancillería el embajador Gerardo Werthein.

JJD

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), dio de baja la Dirección de Gestión Administrativa, que gestiona la pauta publicitaria.

“Esta decisión se encuentra en línea con el decreto impulsado por el presidente Milei al asumir y con la resolución que prorroga la suspensión de la pauta publicitaria”, informaron en un comunicado desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.

“La medida contribuye a una gestión pública más transparente, ágil, eficiente y orientada al bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal, disminuyendo el décit, transparentando el gasto y equilibrando las cuentas públicas”, explicaron.

En diciembre del año pasado, por medio de una resolución, el Poder Ejecutivo prorrogó por un año más la suspensión de las campañas oficiales de publicidad en medios de comunicación que “con carácter oneroso” realice la Administración Pública Nacional y el Banco Nación.

La medida se tomó en línea con las políticas de austeridad fiscal que se trazó la administración de Javier Milei. En los considerados de la resolución 7147/2024, se recordó que el decreto 89/23 suspendía la pauta oficial “con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos de la administración nacional y volver más eficiente criterio de gasto público, dadas las circunstancias del país al momento del dictado del decreto”.

MM