Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23, dictado por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, con fundamento en que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia”.

Gil Domínguez promovió un “proceso autosatisfactivo” con el objeto de que se ordene a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación que en el plazo de 30 días hábiles se aboquen al “expreso e inmediato tratamiento” del DNU 70/23, a efectos de su aprobación o rechazo en los términos de la ley 26.122.

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y, por consiguiente, de “caso” o “controversia”.

Contra esa decisión, Gil Domínguez interpuso recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum). Allí, el abogado planteó que el juez de primera instancia “confundió a los efectos de habilitar la legitimación procesal activa del proceso autosatisfactivo, la calidad de ‘ciudadano’ (vinculada a la aptitud de cuestionar judicialmente una norma) respecto de la calidad de ‘integrante del pueblo argentino como sujeto colectivo titular de la soberanía popular’ (vinculada con el cumplimiento de las Cámaras del Congreso de la Nación de ejercer el control político ulterior en un plazo razonable)”. 

El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que la admisibilidad del recurso extraordinario se encuentra subordinada a la existencia de un caso o controversia.  

En esa línea, apuntó que la pretensión del actor consiste en compeler a las cámaras del Congreso de la Nación a que procedan de acuerdo a las que serían las exigencias establecidas en una ley, con la invocada finalidad de evitar que “el pueblo y la soberanía popular” se transformen “en una mera entelequia o ilusión conceptual”. Es decir, el objeto de la acción implica exigir el mero cumplimiento de la legalidad, sin que se explique cuál sería la afectación concreta y particularizada que tendría el apelante. 

Tal situación, concluyó, resulta insuficiente para tener por configurado un caso o controversia, en los términos de los ya citados artículos 116 de la Constitución Nacional y 2° de la ley 27. En virtud de esas consideraciones, la Corte declaró inadmisible el per saltum interpuesto.

JJD

Una jueza le pidió al Gobierno que explique por qué presentó un amparo contra el aumento indiscriminado de las empresas de medicina prepaga que fue autorizado por un DNU aún vigente emitido por el propio gobierno.

Más aún, el pedido busca establecer si la resolución que dispuso retrotraer los precios de las prepagas a diciembre de 2023 neutraliza los efectos del amparo presentado.

La jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira cursó el pedido al gobierno como una “aclaratoria” sobre los términos del amparo y la resolución emitida por la Secretaría de Industria y Comercio en torno a las tarifas de las empresas.

Lo hizo en el marco de una acción judicial de la Superintendencia de Servicios de Salud, presentada el mismo día en que el gobierno resolvió ordenar que lo que cobran las empresas se retrotraiga a valores de diciembre de 2023.

En los hechos, el gobierno le pide al Poder Judicial que le ordene a las prepagas que retrotraigan el aumento de tarifas que, por una parte, fue autorizado por el DNU 70/23 y, por la otra, ya fue neutralizado mediante una resolución de un organismo que depende del propio gobierno.

En efecto, la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, emitió la semana pasada una medida que impuso a las empresas de medicinas prepaga fijar los precios a valores de diciembre pasado y calcular los incrementos sobre la base de la inflación calculada por el INDEC.

El pedido de aclaración formulado por la jueza es previo a que resuelva si acepta la competencia o la declina para que intervenga el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

CRM con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció este martes a favor de los intereses del presidente Javier Milei y su afán desregulador: rechazó una acción declarativa de certeza en contra del megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, que entre otros centenares de medidas derogó la ley de Alquileres y permite que las prepagas les aumenten la cuota a sus afiliados cuando quieran y lo que quieran. Este DNU sigue en plena vigencia, salvo por los artículos que fueron suspendidos o anulados por otros tribunales. Los más resonantes son los referidos a la reforma laboral.

La Provincia de La Rioja, a través del gobernador Ricardo Quintela (Partido Justicialista), había promovido la demanda declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado –según alegó– de la manifiesta inconstitucionalidad del DNU 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Corte “rechazó in limine la demanda promovida” y “para resolver de ese modo consideró, entre otras razones, que el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un 'caso' donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante”.

En tal sentido recordó que “una demanda declarativa sólo da lugar a una causa o caso contencioso si la parte actora pone a decisión de la Corte una controversia de intereses actual y concreta, no meramente posible o hipotética”. En concreto, el tribunal consideró que en la causa “la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta”.

Por último, la Corte —integrada por Horacio Rosatti, presidente; Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— también desestimó por improcedente el intento de fundar la legitimación activa en el artículo 128 de la Constitución (dice que “los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”). A tal fin consideró que “cualquiera sea la interpretación que se adopte de dicha norma, ella no puede conducir a una disolución de los presupuestos establecidos en la misma Constitución para habilitar el ejercicio de la atribución jurisdiccional de la Corte y de los demás tribunales federales”.

El otro planteo contra el mega-DNU

Este mismo martes, la Corte también rechazó una presentación contra el DNU realizada por la agrupación Gente de Derecho, cuyo referente es el abogado Jorge Rizzo, que planteó la inconstitucionalidad del instrumento.

La asociación “promovió acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad 'integral' del decreto 70/23”. Luego de su rechazo en las anteriores instancias, interpuso un recurso extraordinario que fue desestimado por la Corte.

El tribunal entendió que “el apelante no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma por no refutar la conclusión central del pronunciamiento recurrido referido a que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU”.

Consideró que el recurso no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto les causa una afectación personal, diferenciada de la que, por hipótesis, podría recaer sobre el resto de la población, dice la resolución del máximo tribunal.

La Corte recordó que la existencia de “caso” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. Es decir, para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma “suficientemente directa” o “substancial”.

Agregó que los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos.

JJD

El ministro de Economía, Luis Caputo, soltó que las prepagas le declararon “la guerra a la clase media”. Fue la semana pasada, luego de los aumentos que realizaron desde que asumió el Gobierno de Javier Milei. También aseguró que “de alguna manera hay que hacerlas competir”, pese a que ya desregularon el sector con el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además el vocero presidencial Manuel Adorni añadió que no permitirán que se cartelicen, como la Coalición Cívica (CC) denunció que lo hicieron.

Pero esa “competencia” que propone el ministro Caputo plantea varios problemas. Por un lado, las personas mayores o con enfermedades graves no pueden cambiar de empresa de medicina privada. Por el otro, el asesor en las sombras de la Casa Rosada para las desregulaciones, Federico Sturzenegger, fue quien justificó los aumentos del 105% en el primer trimestre, el doble que la inflación, porque en el anterior gobierno “los precios se pisaron de manera no sostenible”.

No está clara la posición oficial: primero favoreció el negocio de las prepagas, desregulándolas, quitándoles los precios máximos y permitiendo que reemplacen a las obras sociales, pero después, ante las quejas de los pacientes —muchos de ellos, sus propios votantes— se alzó la voz contra las subas. Los que aparecen poco en este asunto son los rostros de las compañías, más allá de la de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la cámara empresaria que las agrupa, la Unión Argentina de la Salud (UAS).

Unos 6,7 millones de argentinos tienen cobertura de prepagas, es decir, el 15% de la población total. Por cierto, el 15% con más poder de compra, salvo algunas excepciones de trabajadores sindicalizados de altos ingresos que cuentan con su propia obra social, como petroleros o bancarios. El 40% de los 6,7 millones de afiliados a las prepagas son clientes directos y el 60% deriva sus aportes de la obra social o recibe planes corporativos, es decir, su empleador se lo abona.

Entre 10 empresas controlan el 83,4% del mercado, según la denuncia de cartelización que presentaron este año dirigentes de la CC, el diputado Maximiliano Ferraro, los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso y el exdiputado por Catamarca y neurocirujano Rubén Manzi. Estas son las principales firmas, según este informe:

Aunque su peso es menor, en los últimos días fue noticia en el mercado que la prepaga Hominis anunció que suspenderá el aumento del 13% anunciado el 27 de marzo a sus afiliados para aplicar desde mayo. La decisión va en sintonía con el reclamo informal del Gobierno de frenar tantas alzas. No es casualidad que Hominis le haga caso. Pertenece a la Fundación Sanatorio Güemes, que preside el médico Mario Lugones, asesor en las sombras de la política sanitaria de Milei y padre de Rodrigo, el socio de Santiago Caputo en la consultoría de imagen que le hacen al presidente. En el Güemes también están involucrados el radical Enrique “Coti” Nosiglia, el gremialista Luis Barrionuevo y el expresidente de Independiente Julio Comparada.

La CC acusó a principios de año a las prepagas de “cartelización” ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y las empresas ya hicieron su descargo. A Milei no lo inquietan mucho los monopolios y oligopolios en su discurso fanático del mercado. Pero a los seguidores de Carrió, sí y por eso invocaron en su denuncia.

“El cartel es la coordinación de posturas de mercados entre empresas que compiten en forma horizontal, esto significa que son empresas que están prestando el mismo servicio a la sociedad y se supone que deberían estar compitiendo por ofrecer mejores precios o mejores servicios para disputarle el mercado a los otros. Pedimos que se analice el marco normativo y regulatorio para entender cuáles son los impedimentos legales que evitan que los pacientes no puedan entrar y salir libremente de las empresas de salud. Esto para proponer un marco regulatorio adecuado que sirva como sustento para un mercado competitivo. Asimismo, se pueden analizar los componentes que forman el valor o los costos del servicio de medicina prepaga. En el caso de los medicamentos, sería necesario que la CNDC opte por abrir al máximo el análisis de este mercado porque se ha dicho que estos inflaron los precios y se les trasladó ese costo a las prepagas”, dice la denuncia del partido de Carrió.

Esto último apunta a los laboratorios. Entre los más grandes del mercado argentino figuran Gador, Bayer, Bagó, Roche, Elea Phoenix, Novartis, Pfizer, Takeda, Richmond, Baliarda, Boehringer Ingelheim, Merck, AstraZeneca, Ivax, Sidus y Bristol-Myers Squibb, entre otros. Sin embargo, ninguno aparece mencionado en la denuncia de la CC.

AR/JJD

Con la derogación del DNU 690/20 publicada hoy en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei cumple una demanda de los operadores de telecomunicaciones, televisión por cable y conectividad a Internet contra la regulación de precios en estos servicios. Tipificados como “servicios esenciales” por el gobierno de Alberto Fernández, en agosto de 2020, con la pandemia Covid-19 como escenario, el DNU 690/20 preveía un sistema de prestaciones obligatorias que debían ser cubiertas a precios básicos por las empresas.

En los hechos, la regulación de precios ahora abolida sólo había estado vigente algunos meses de 2020 y en enero de 2021 -cuando Fernández había comenzado a permitir incrementos (ese mes el alza fue del 15,1%)-, ya que a partir de febrero de 2021 numerosas medidas cautelares suspendieron el DNU 690/20 por vía judicial. 

Desde entonces, los aumentos de precios de las comunicaciones acompañaron –e impulsaron– la suba de la inflación general. Por eso, en los últimos tres años los precios de comunicaciones móviles, Internet al hogar y tv por cable suben continuamente sin que el DNU 690/20 haya alterado la situación más allá del paréntesis del último cuatrimestre de 2020.

Un DNU mata a otro DNU. El DNU 690/20 estaba inerte, pero con el DNU 302/24, Milei no sólo remató el decreto de su antecesor, sino que aprovechó para cambiar la Ley 27.078 “Argentina Digital” sancionada por el Congreso en 2014. Así, elimina toda potestad de la autoridad de aplicación, el ENaCom, para intervenir en las tarifas de proveedores mayoristas de servicios de comunicaciones “por razones de interés público”, como ordenaba la ley.

Intereses y doctrina

Milei ya había intervenido quirúrgicamente el sector de las comunicaciones con su DNU 70/23 a favor de algunos intereses pesados, como los grupos Claro (América Móvil, de Carlos Slim), DirecTV (Grupo Werthein) y Starlink, de su idolatrado Elon Musk. Aquella norma les permite ampliar sus negocios a nuevas actividades sin obstáculos regulatorios.

En la perspectiva de Milei, esa sería causa del malestar del Grupo Clarín/Telecom con su gobierno. Cebado en su narrativa, Milei rivaliza con el conglomerado liderado por Héctor Magnetto. Es curioso que los numerosos medios de Clarín casi no difunden información sobre Starlink a pesar de que, en el corto plazo, la conectividad satelital que comercializa Musk no compite de modo directo con los servicios de Telecom.

Resuelta la primera instancia de intervención gubernamental a favor de los sponsors de la campaña de La Libertad Avanza, ahora, con este DNU 302/24, el presidente da un paso más doctrinario y, en un guiño explícito al mercado, erradica la clasificación de las TIC como “servicios públicos en competencia”.

Los voceros de los principales operadores celebraron la decisión de Milei. Pero el “lastre” del DNU 690/20 contra el que batallaron intensamente era también, a pesar de su falta de aplicación, un pretexto para el estado precario de muchos servicios, la falta de cobertura territorial de redes fijas y móviles y la escasez de competencia. Los tiempos venideros despejarán algunas incógnitas estructurales sobre un sector que, aunque no sea ya reconocido normativamente como “esencial”, condiciona la vida de los 46 millones de habitantes.

El destino del DNU 690/20 brinda elementos que pintan la política pública en el país. A diferencia de la Ley Argentina Digital o de otras regulaciones en el amplio sector de las comunicaciones (como la ley audiovisual), fue concebido sin análisis de legislación comparada ni respaldo técnico, tuvo el inmediato rechazo de las cámaras y empresas del sector, careció de defensores en la discusión pública, debido a que tampoco construyó consensos en torno a sus objetivos, y el gobierno que lo impulsó en plena pandemia fue tan ambicioso en su redacción como displicente en su aplicación, además de necio en su eventual modificación cuando, a poco de andar, resultó evidente que el mismo sería objeto de suspensión judicial.

Sobre el conjunto de problemas técnicos y políticos inherentes al DNU 690/20, hoy Milei dirige el abandono de toda función estatal en el sector de las comunicaciones, también por decreto. La seguridad jurídica, siempre mentada como imprescindible para el crecimiento de las comunicaciones, brilla por ausente.

MB/DTC

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó este martes el recurso de amparo que suspendió los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) que le impedía al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijar los precios de referencia.

Ahora, el Gobierno nacional debe nombrar al director del INYM dado que, desde la renuncia de Juan José Szychowski en diciembre del año pasado, sólo quedó Jonás Petterson como responsable administrativo.

Paralelamente, el Instituto declaró que analizarán “con los asesores jurídicos” la decisión judicial para “solicitar que se fijen los precios de referencia, tal como establece la Ley de creación del INYM”.

La jueza del fuero ordinario en lo Civil y Comercial 8, Adriana Fiori, fue quien decidió frenar la totalidad de los artículos que desregulaban el mercado yerbatero, por lo que el Instituto recuperó todas sus facultades.

Esta resolución de la Cámara alcanza a los amparos presentados por 20 yerbateros de ocho asociaciones diferentes, que dejaron asentada su preocupación porque “existe un riesgo cierto e inminente” para los “miles de pequeños productores yerbateros y sus familias”.

Por su parte, el abogado de los productores, Adrián Oudín, afirmó que probablemente “el Instituto recupere todas sus facultades hasta que haya un pronunciamiento de la Corte”.

CRM con información de la agencia NA

Mientras el Gobierno acelera sus conversaciones con sus aliados de la UCR y el bloque de Miguel Pichetto para asegurar su apoyo a la nueva versión de la ley de Bases en Diputados, los legisladores del peronismo, la izquierda, el socialismo y hasta radicales disidentes avanzan en una alianza estratégica para intentar voltear el mega DNU 70/2023. La iniciativa parlamentaria y el decretazo de Javier Milei parecen tener sus destinos atados, con la incógnita aún no resuelta de cuál será la mayoría que logre imponerse en la Cámara baja.

La Casa Rosada les presentó ayer a las espadas de la UCR y de Hacemos Coalición Federal los lineamientos del nuevo texto de la ley ómnibus y la reforma fiscal, que se tratarán conjuntamente. Se espera que en las próximas horas se conozca públicamente el proyecto definitivo, mucho más acotado al original, que tenía 600 artículos.

El cronograma del oficialismo contempla que el tratamiento en comisiones sea exprés la semana próxima, tanto que ya está agendado extraoficialmente abrir el recinto para su votación el miércoles 24 de abril. 

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, así como el omnipresente asesor presidencial Santiago Caputo, les transmitieron a sus aliados circunstanciales parte del corazón de la iniciativa oficial: cómo será la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. 

La idea mileísta contempla nuevos pisos de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para los casados, con una alícuota inicial del 5%, apuntó a elDiarioAR un de los radicales presentes en el cónclave. También los funcionarios avisaron que se aumentarán las escalas de facturación para monotributistas y autónomos, “de modo de alinear todo el sistema”, dijo otra fuentea elDiarioAR. Además, la actualización de Ganancias por IPC sería anual.

Cada una de las reuniones con la UCR y HCF llevó poco más de una hora. Posse y Francos aseguraron que la nueva ley ómnibus va a incluir finalmente la reforma laboral que estaba en el DNU y fue suspendida por la Justicia. La estrategia contempla que los bloques dialoguistas sean los que pidan su incorporación en el proyecto parlamentario para acordar un texto común. Otro de los puntos que el jefe de Gabinete y el ministro conversaron con los opositores más cercanos es que habrá un “premio al buen contribuyente” en el blanqueo y la moratoria para personas físicas y jurídicas.

En la cumbre con el bloque de Pichetto los legisladores exigieron que el Estado deje de pagar comisiones por contratar a Nación Seguros, luego del escándalo que involucra a los allegados a Alberto Fernández. Fue Caputo el que les respondió que el Gobierno “se está encargando del tema”, aportó una voz ligada a HCF. También los federales le reclamaron a los funcionarios que la ley contemple el fin del régimen especial de Tierra del Fuego, pero en ese punto no obtuvieron una respuesta concreta.

En el primer turno a la Rosada fueron los federales Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer e Ignacio García Aresca. En el segundo turno estuvieron los radicales Karina Banfi, Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Pablo Cervi y Alejandro Cacace –secretario parlamentario del bloque–. Se ausentó, por estar en Córdoba, el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo.

Convocatoria contra el DNU

El avance de las negociaciones entre los representantes de Milei y los opositores dialoguistas envalentonó a las fuerzas más duras para no perder la iniciativa política. Convocaron para esta tarde a una audiencia pública con constitucionalistas y especialistas del derecho para alentar el rechazo al DNU. 

“En un momento en que el Gobierno está apurando la ley Bases, no queremos que el DNU salga de la agenda. El decreto sigue vigente y tenemos que visibilizar sus consecuencias”, apuntó a elDiarioAR uno de los legisladores detrás de la convocatoria para esta tarde, desde las 14, en el Anexo de Diputados. 

La lista de invitados abarca a 18 expositores de una amplia abanico político y con distintas trayectorias académicas: el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el abogado sobre derechos humanos ligado al kirchnerismo Eduardo Barcesat, el excanciller kirchnerista Rafael Bielsa, la abogada y procuradora María Laura Clérico, el exconvencional constituyente por la UCR Antonio Hernández, el exjuez Miguel Rodríguez Villafañe, la doctora en Derecho Político Beatriz Rajland, el exlegislador y exembajador Jorge Yoma, entre otros.

En ese sector de la oposición quieren “generar masa crítica” contra el 70/2023 porque entienden que “están los votos” para rechazar el DNU en el recinto de Diputados –como pasó en el Senado–. El obstáculo, aseguran, es que todavía no hay voluntad de una “mayoría silenciosa” para dar el quórum: para abrir la Cámara baja se necesitan 129 presencias. Esa rosca está atada a las negociaciones que abrió el Gobierno con los gobernadores por la ley Bases bis. A su vez, en el oficialismo creen que si una mayoría circunstancial apoya –esta vez– su iniciativa parlamentaria, logrará obturar la discusión por el decreto presidencial. 

“Hay una actitud extorsiva por parte de la Casa Rosada que forma parte de su estrategia de látigo y chequera”, entendió la voz opositora a partir de las conversaciones del Gobierno con los bloques aliados y los mandatarios provinciales sobre restituir el impuesto a las Ganancias y su coparticipación, así como de sanear los pagos a las cajas provinciales. 

La jornada de hoy está organizada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los socialistas de Santa Fe y una decena de radicales que están referenciados con el diputado Facundo Manes y el senador Martín Lousteau –que ya votó en contra del DNU en la Cámara alta–. elDiarioAR supo que a la actividad también asistirán legisladores de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió.

Esas últimas presencias son llamativas porque ayer a la Casa Rosada no fueron los lilitos –que integran el bloque de Pichetto– ni los disidentes de la UCR. “El sector de Manes decidió no enviar diputados, porque sostienen que las leyes se discuten en el Parlamento y que no hay razón para negociar nada en la sede del Ejecutivo”, señaló una voz radical. Los disidentes ya se habían ausentado en la primera reunión que hubo en Balcarce 50 el pasado 15 de marzo, posterior al rechazo del Senado al DNU.

Para cualquiera de las dos definiciones será clave el movimiento de la treintena de diputados que responden directamente a los gobernadores, tanto los de Juntos por el Cambio –que fueron a la Rosada la semana pasada– como a los peronistas y de fuerzas locales. En ese sentido ayer fue singular la presencia del cordobés García Aresca, que está referenciado en Martín Llaryora, y que integra el bloque de HCF. La pulseada política entre la ley de Bases y el DNU entró ayer en sus horas decisivas y hoy podría ser otra jornada de fuertes señales. 

MC/JJD

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava dictó una nueva medida cautelar que frena los aumentos indiscriminados de las empresas de medicina prepaga autorizados por el DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.

El magistrado hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una afiliada a la empresa Medicus S.A. y dispuso “dejar sin efecto los aumentos sobre el valor de la cuota mensual que abona previstos para los meses de enero y febrero del corriente año”.

En ese lapso, el valor de la cuota no quedará congelado sino que se ajustará por los porcentajes “que resulten de aplicarle el ”Índice de salarios registrados“ que publica en INDEC, durante el tiempo que insuma la tramitación del presente amparo, hasta el dictado de sentencia definitiva”.

El fallo aclara que “si la actora ha abonado las correspondientes facturas a los meses de enero, febrero y marzo de este año con los ajustes que aquí impugna, ninguna devolución se ha de ordenar en este estadio procesal”:

“Ante la situación económica que alega la actora frente a su derecho a la salud, entiendo que la readecuación solicitada, de acuerdo con las circunstancias ponderadas, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas”, subrayó el juez Bava.

La cautelar fue dictada “sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia” y atento a que –según el juez- “la medida no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la afiliada”, representada por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, que encabeza el abogado Jonatan Baldiviezo.

“En la disyuntiva de decidir la readecuación de la cuota, frente a la oposición de la demandada, debe estarse al mantenimiento del valor de la cuota al mes de diciembre de 2023 debiendo aplicar sobre los siguientes períodos los ajustes mensuales que resulten de aplicarle el Índice de salarios registrados que publica en INDEC”, subrayó el fallo.

“Ello –aclaró- en virtud del contexto inflacionario imperante en el país, el cual no puede soslayarse a la hora de decidir una cuestión como la que aquí se analiza, por lo cual no resulta razonable congelar la cuota hasta la culminación del presente proceso”.

“El otorgamiento de la cautelar es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección se pretende, que compromete la salud e integridad física de las personas”, resumió el juez.

CRM con información de la agencia NA

El Senado rechazó el DNU 70/2023. No es la primera vez que ocurre, como ha divulgado erróneamente el Presidente, pero tampoco es algo frecuente. De los cientos de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado desde la reforma constitucional de 1994, esta es la sexta vez que una de las Cámaras del Congreso rechaza uno (le había ocurrido dos veces a Cristina Fernández y tres a Mauricio Macri). La pésima Ley 26.122, sancionada en 2006, ha promovido una permisividad pasiva frente a ellos: como alcanza con una sola Cámara para mantenerlos en vigencia, en el mejor de los casos el oficialismo de turno los trataba en la Cámara en la que tenía mayoría para aprobarlos y luego se volvía inútil tratarlo en la otra. En consecuencia, no hemos construido una práctica seria de control parlamentario sobre los decretos de necesidad y urgencia, como manda la Constitución.

En unas semanas, probablemente será el turno de la Cámara de Diputados. La cuestión reviste una importancia política fundamental que otros sabrán explicar mejor que yo. Es verdad que sería la primera vez que ambas Cámaras del Congreso rechacen un DNU desde que el procedimiento fue creado; también es verdad que jamás un presidente había elevado la apuesta de este modo en relación con un decreto, dándole dimensiones refundacionales y planteando su aprobación como una cuestión existencial. Políticamente, entonces, se trata de encontrar una salida elegante al atolladero en el que el Presidente ha decidido, con toda voluntad, sumergir al Congreso. No sé cómo se hace ni tengo mucho para decir al respecto.

Sin embargo, sí me interesa hablar sobre la cuestión en términos institucionales. Si bien la Ley 26.122 exige a los legisladores expedirse acerca de la “validez” del decreto según “requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente” (en otras palabras, sobre su constitucionalidad), los senadores oficialistas y filo-oficialistas casi ni lo intentaron: se dedicaron a acusar a los opositores de hipocresía (“ahora son todos constitucionalistas”, era el tono general) o de denunciar genéricamente la gravedad de la situación económica como si ésta volviera innecesaria cualquier justificación. A tal punto fue evidente la renuncia del oficialismo a defender la constitucionalidad del DNU, que un senador opositor se burló de un par libertario: “Tenía miedo de defender esto, como es abogado le van a sacar la matrícula”. 

Ante esta situación, parece ocioso argumentar contra una constitucionalidad que nadie defiende. Dado que un DNU es de toda excepcionalidad, pesa sobre quien lo defiende la carga de argumentar su validez. Sin embargo, nadie en el Senado sostuvo seriamente que había que votar el DNU por ser constitucional; el argumento general fue que había que votarlo a pesar de no serlo. El senador Luis Juez fue el más claro en este sentido: “Por supuesto que este es un manual de buenas intenciones con un montón de agujeros jurídicos horribles [pero] ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad, para eso está la Corte”. Es importante resaltar, frente a la inminencia de la discusión en la Cámara de Diputados, que este argumento es erróneo y peligroso: necesitamos que el Congreso piense y decida sobre el DNU 70, también, en términos constitucionales.

Siempre el Congreso se encuentra realizando interpretación constitucional. Hay veces que lo hace de modo preventivo: numerosos académicos han estudiado cómo los poderes legislativos en todo el mundo intentan evitar sancionar normas que luego podrían ser declaradas inconstitucionales por sus respectivos poderes judiciales. Si un senador cree que el DNU 70 es contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema (como lo es, según el consenso de los expertos), votar por aprobarlo es un desafío a la Corte. Ocasionalmente, desafiar a la Corte puede ser políticamente necesario para modificar prácticas anquilosadas (así se gestó, por ejemplo, el New Deal estadounidense); lo que no se puede es disfrazar ese desafío de deferencia impotente. Si lo que desea el Congreso es desafiar a la Corte aprobando un DNU que sabe inconstitucional, nos conviene en todo caso que nos lo diga.

Otras veces, y las más interesantes, el Congreso realiza interpretación constitucional porque la Constitución no es un documento que esté reservado a expertos ni a iluminados: es la norma que rige nuestra vida en común, y las disputas políticas son también una disputa por el sentido constitucional. La discusión sobre el matrimonio igualitario fue, también, una disputa sobre el significado constitucional de la igualdad y de la familia; la persistente lucha por el aborto es, también, una discusión sobre los valores constitucionales de la vida y de la libertad. El presidente Milei es tal vez uno de los políticos más conscientes de esto, y por eso le pidió al Congreso, de modo explícito, que sancionara la ley ómnibus para “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”. La política y el derecho, en definitiva, comparten la ambición de regir nuestra vida en común. Un argumento político que prescinda del derecho sería tan hueco como uno que ignore que el derecho es, si me perdonan la metáfora, política condensada.

Al enfrentarse al DNU 70, entonces, la Cámara de Diputados estará también moldeando nuestro derecho y nuestra práctica constitucional. Si lo aprueba, se habrá expedido por la constitucionalidad de un decreto que a sola firma reforma o deroga cerca de ochenta leyes permanentes y que, por lo tanto, autorizará a cualquier presidente futuro a sentirse habilitado a hacer lo mismo. Aprobar el DNU a la vista de todo el mundo sin siquiera intentar explicar, mirándonos a los ojos, cómo es que puede ser constitucional un decreto sin necesidad ni urgencia, envía la señal de que los límites institucionales ya no importan y que todo se reduce a la circunstancial relación de fuerzas. La guerra, y casi ya no por otros medios.

Si lo rechaza, por el contrario, estará enviando el mensaje opuesto: en la Argentina rige la división de poderes, y los representantes del pueblo reunidos en el Congreso no toleran ser ignorados. Las normas que rigen nuestra vida en común deben ser aprobadas por quienes nos representan a mayorías y minorías, y prevalecen las decisiones colectivas por sobre los impulsos individuales. Tal vez ésta pueda ser, después de todo, la contribución involuntaria que Milei habrá hecho a la institucionalidad argentina.

SG/JJD

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de equipo en Casa Rosada luego del rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en el Senado del pasado jueves y lo hizo junto a sus principales ministros, pero también con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la reunión, la Vicepresidenta posteó una foto junto al mandatario en su cuenta de la red social X: “Con el Presidente Javier Milei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión”, escribió quien comanda el Senado. Milei lo reposteó con el texto: “Los que están peleados...!!!”.

La intención fue afinar la línea que le permita al Gobierno conquistar el respaldo de la Cámara Baja para que el mega decreto mantenga la vigencia. Otra de las claves de la gestión libertaria es avanzar con la Ley Ómnibus que posibilite el Pacto de Mayo previsto a firmar el 25 del mismo mes en Córdoba.

Tras los rumores de distanciamiento entre el Presidente y su Vice, desmentidos desde la administración libertaria, ambos buscaron bajarle el tono a la tensión y se vuelven a mostrar juntos, luego de compartir el acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel.

En su despacho desde las 7.48, Milei esperó con paciencia la llegada de cada uno de sus principales colaboradores, hasta el último de ellos, Martín Menem, quien llegó a Casa Rosada en un taxi.

La reunión fue en el salón Eva Perón los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mario Russo (Salud), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los dos ausentes fueron la canciller, Diana Mondino, con agenda de actividades en Vietnam, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que hasta el momento no participa del intercambio.

Los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), Eduardo Serenellini (Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete) también fueron parte de la reunión, junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con información de NA.

IG

Álvaro González trabajó por el proyecto presidencialista de Horacio Rodríguez Larreta. Perdió. Por eso, en las elecciones de octubre último no figuraba entre los primeros lugares en la lista de candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, logró ingresar a la Cámara gracias a que el bailarín Maximiano Guerra, que había apoyado a Patricia Bullrich, decidió no asumir en su banca. Desde el 10 de diciembre, el diputado del PRO asumió una conducta proverbial de la polítca argentina: el que pierde acompaña. Es un orgánico, vota siguiendo el mandato del bloque, que preside Cristian Ritondo. Pero a diferencia de sus colegas macristas no se priva de formular críticas al gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con Gambito de Datos, el programa de los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen de Radio Con Vos, González cuestionó al Presidente y sus funcionarios por la poca vocación política para negociar y señaló que La Libertad Avanza es la responsable de hacer funcionar al Congreso, no el PRO ni el resto de la oposición. Además, reflexionó sobre la inconveniencia de los dogmas a la hora de negociar en política y sobre la distancia entre lo discursivo y la realidad.

—¿Cómo sigue la suerte del DNU en Diputados, después del rechazo en el Senado?

—Desde hacía tres o cuatro semanas se venía hablando de que eso iba a pasar en el Senado. Me parece que ahí hubo, por parte del Gobierno, falta de reacción, si hubieran querido que el resultado fuera distinto. En el caso de Diputados, la composición es diferente. Hay más fragmentación. Y aquellos que acompañamos al Gobierno tampoco somos todos lo mismo. Está el bloque del PRO, donde hay una mayoría que acompaña, y así lo hicimos en la ley Bases. Tenemos una representación en la comisión de DNU, que está apoyándolo. También está Hacemos Coalición Federal (el bloque que preside Miguel Pichetto); está Innovación Federal (el espacio que se responde a los gobiernos de Salta, Misiones y Río Negro) y está el radicalismo, con sus diferentes versiones. Hay una diversidad en Diputados que hace que sea más difícil lograr la homogeneidad en contra.

—¿Está aprendiendo a consensuar el Gobierno o sigue en la posición más irreductible?

—Gobernar significa asumir que no son todas mieles y que a veces te toca, aunque pienses distinto, conversar con aquellos que no piensan como vos. La verdad es que no sé si el Gobierno está aprendiendo a consensuar.

—Bueno, ustedes conversan en la cámara.

—Sí, sí, conversamos pero este el bloque del oficialismo tiene 37 diputados, por lo cual la inmensa mayoría está del otro lado, y es un bloque que necesita permanentemente validar lo que conversa con el Poder Ejecutivo.

—¿Funciona eso o no?

—Hasta ahora, si vamos a los resultados, como dijo el Presidente, que es un bilardista, te diría que no. Porque la ley Bases no salió. Y había avances que, por falta de expertise o a lo mejor por enojos inoportunos, o por lo que fuere, se frustraron. Ahora se va a partir desde otro lugar.

Milei dice que las jubilaciones son hoy de US$200. Ajá. ¿Y cuánto aumentaron los precios? Dijo que en el gobierno anterior las jubilaciones eran de US$80. ¿Con estos US$200 compran lo mismo que antes, con US$80?

Álvaro González — diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires

—¿Es posible que el DNU quede así y no se trate?

—Es posible que no se llame rápidamente a tratar la aprobación o el rechazo del DNU. Después de la modificación de la ley que hizo Cristina [Fernández de Kirchner] en 2006, vos requerís el rechazo de las dos cámaras para que pierda vigencia. Hasta ahora cuenta con el rechazo de una cámara. Y esta composición de la Cámara de Diputados me parece que bastante más diversa que lo que es la composición del Senado. Es más fácil para el Gobierno, si decidiera que quiere que el DNU siga vigente, poder lograr acuerdos en Diputados que en el Senado.

—¿El PRO debe cogobernar con La Libertad Avanza?

—Hace un rato estaba mirando el reportaje que le dio el Presidente a [Luis] Majul, y su primera definición fue: yo soy anarco-capitalista. Bueno, si vos sos anarquista, es difícil establecer relaciones con las instituciones, porque pareciera que aquellos que estamos en las instituciones y no pensamos como vos somos personas que no merecemos un trato, de mínima, respetuoso. A partir de ahí podemos caer en si las formas son tan importantes como el fondo. Nosotros hasta ahora acompañamos más por las cuestiones de fondo que por las cuestiones de forma. Hasta ahora. A lo mejor cambia, no lo sé.

—¿Pesan las formas?

—Mucho. Claro que pesan las formas, ¿cómo no van a pesar las formas? Yo te tengo que pedir un favor a vos, te insulto de arriba abajo y después te digo: “Che, ¿me haces un favor?”. ¿Vos qué me responderías?

—Y... te mando a... a buscar apoyo a otro lado.

—Y bueno.

—¿Cuándo tratan la nueva ley ómnibus?

—En principio, te digo, debieran empezar por conformar las comisiones, que aparentemente esta semana se pondrían en marcha. Si vos querés sacar una ley, lo mínimo que tenés que tener es las comisiones funcionando. Porque después el Congreso es el que no labura, y resulta ser que los que manejan el Congreso son ellos y no constituyen las comisiones, ¿viste?

—¿Ese es un compromiso de Martín Menem?

—Sí, él se comprometió a que esta semana estarían convocando a varias comisiones. Son 10 o 12. Para caminar mil kilómetros tenés que dar el primer paso, ¿no? O sea, no vas a poder tratar nada si no constituís las comisiones. Estuvieron algunos compañeros del bloque PRO en la Casa Rosada. Escuché que [en el Gobierno] empezaron a darle a la actividad política.

—Por fin los llamaron.

—Habrá que ver si se avanza o si sólo son estos vacíos que no tienen otra intención que decir: ¿viste? Cumplimos, te llamamos. La conversación en el Parlamento no es sentarse a discutir en función de dogmas. Porque si no, no discutís nada. Vos tenés que sentarte a discutir y tener la capacidad y la apertura para escuchar al otro, y a aquellas cosas que no son de tu autoría pero que tienen alguna visión enriquecedora de lo que vos estás planteando, no hay que tener miedo de aceptarlas. Lo importante para mí, en esta instancia, es que el Congreso empiece a funcionar, que en este Congreso se empiecen a sancionar las leyes que el Gobierno necesita, y que esas leyes sean el producto del trabajo, del esfuerzo y de la inteligencia puesta por todos aquellos que podemos acompañar, en algunos casos, y que aquellos que no vayan a acompañar puedan expresarse y hacerlo saber.

—José Luis Espert llamó a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. El presidente apoyó esa idea. ¿Qué opina usted?

—Yo no estoy de acuerdo. La rebelión fiscal que se puede dar, naturalmente, si la gente decide no pagar impuestos o porque no puede pagarlos. Lo que no puede ser es que sea convocada desde el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y mucho menos el presidente de la Nación, porque para el caso no paguemos ningún impuesto entonces.

—Claro, el IVA o Ganancias, que son impuestos nacionales...

—Si mañana no pagas el alumbrado, barrido y limpieza (ABL), no te quejes porque no te levantan la basura. Me parece como muy dogmática la posición [de Espert y Milei]. Son posiciones efectivas desde el punto de vista discursivo, no desde el punto de vista institucional.

—Entran en un tuit pero no sirven para gobernar.

—El Gobierno habla, no sé, de reducir el gasto en 25 puntos del PBI. ¿Y a esa reducción de 25 puntos quién la financia? Los impuestos la financian. Es una cosa bastante contradictoria.

—¿Está de acuerdo, como dice el gobierno, con que a la mayoría del ajuste lo está pagando la política y no la gente?

—Si vos me preguntás si la política, porque le sacaste el auto y el teléfono, o le cortaste algunos negocios, es la que hoy más sufre el ajuste, yo te diría que no. Hoy el ajuste lo sufre la sociedad. La sociedad acompaña el ajuste. Ese 50% acompaña porque cree que al final del camino hay una luz. Ahora, hay un tiempo para ese acompañamiento. La tolerancia al dolor tiene un tiempo. ¿Cuánta tolerancia al dolor tiene la sociedad? Son realmente muy buenos en lo discursivo. Milei dice que las jubilaciones son hoy de US$200. Ajá. ¿Y cuánto aumentaron los precios? Dijo que en el gobierno anterior las jubilaciones eran de US$80. ¿Con estos US$200 compran lo mismo que antes, con US$80? No lo sé, la verdad, no tengo ese cálculo hecho. Lo que digo es peras con peras y manzanas con manzanas. Si no, parece ser que está todo fantástico, pero resulta que a la gente la plata no le alcanza. Lo percibo, lo veo, lo escucho. La sociedad está partida, hay mucha gente, que no es poca, casi el 50%, que está bancando este modelo. Entonces, lo que me pregunto es: che, la tolerancia al dolor, ¿cuánto resiste? ¿Y cuánto tarda el modelo en volverse virtuoso?

JJD

“Mi sueldo ya no alcanza para pagar la prepaga. Es imposible. Pagaba $120.000 por mes y, la última factura, vino $410.000”. Denise Macchi es docente en una escuela privada de la localidad bonaerense de San Martín. Vive con Lucía, su hija de 7 años, que padece, desde nacimiento, un síndrome genético no especificado, que se caracteriza por parálisis en sus extremidades, dificultades para comer por sus propios medios, incapacidad para regular su temperatura corporal y un deterioro muscular que le ocasiona problemas respiratorios. Lucía es atendida todas las semanas por distintos especialistas y, además, tiene equipado su cuarto con aparatos, tubos y saturadores de oxígeno para prevenir cualquier inconveniente.

El aumento de la cobertura de salud le provocó una situación asfixiante. “Los dos primeros meses los pagué como pude pero, después, era comer o pagar la prepaga”. Denise lleva más de 10 años afiliada a Cobermed. Los últimos incrementos la llevaron a tocar las puertas de la Justicia Federal en la búsqueda de un amparo. “Yo no me quejo de los servicios sino de los aumentos”. La jueza federal en lo contencioso y administrativo San Martín, Martina Forns, ordenó a la prepaga que “se abstenga de aplicar los aumentos realizados al plan asistencial” habilitados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23). Y, además, indicó que se “aplique un aumento de 8,5%” mensual.

El abogado Manuel Luaces, representa a afiliados perjudicados por los aumentos, explica que “para Lucía la prestación de Cobermed de los servicios de salud es indispensable para su mera supervivencia, y el aumento desmedido de la factura de servicio, amén de ser inconstitucional, pone en riesgo la posibilidad de continuar con una cobertura que es esencial para su existencia”. 

Suena increíble, pero Denise sospecha que habrá represalias luego de su amparo en la Justicia. “Yo sé que es una guerra cuerpo a cuerpo y sé que del otro lado se van a poner hostiles, pero no tengo otra opción”. Denise sabe que si se queda sin cobertura de salud para ella y para su hija ninguna empresa de medicina prepaga querrá recibirla.  

El origen

El 21 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que derogaba dos artículos de la Ley de Medicina Prepaga (26.682). La modificación borraba de un plumazo el control gubernamental para garantizar la “razonabilidad de las cuotas de los planes” de las empresas privadas de salud. El rol de monitoreo estuvo, a lo largo de diez años, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El DNU eliminó la supervisión y dio luz verde a las prepagas para disponer incrementos sin objeción. 

La decisión del Gobierno provocó múltiples reacciones de los afiliados. Un gran número acudió a los organismos de Defensa del Consumidor y un alto porcentaje, presentó amparos y pedidos de inconstitucionalidad contra el DNU en todas las jurisdicciones del país. Así, ya se dictaron medidas cautelares frenando aumentos en Chaco, Mendoza, Salta, Chubut, Rosario, Paraná, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Solamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal de San Martín se otorgaron 11 amparos para casos individuales donde se ordenó a las empresas de medicina privada que se abstengan de aplicar subas en las cuotas. Y, en algunos fallos, se dispuso que sólo “podrán recargar un 8,5% mensual”, aludiendo a una vieja normativa del 2022 del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández. 

Los amparos que pusieron límites a las subas alcanzaron a las empresas más pequeñas pero también a las de mayor cantidad de afiliados. Así hubo cautelares contra Swiss Medical, Galeno, Omnit, Medife, Hospital Italiano, Osde, Simeco y Medicus. 

“Lo que se evalúa es si la persona es un adulto mayor o jubilado con enfermedades complejas o un menor con patologías severas que si se quedan sin cobertura por falta de pago ningún prestador va a aceptarlos. Se trata de garantizar su salud como derecho humano”, explica un magistrado federal de la provincia de Buenos Aires sobre el criterio que se adopta cuando intervienen en los amparos. El juez tiene por resolver 18 pedidos de amparos presentados en el último mes. 

El deterioro en el poder adquisitivo sumado a los continuos aumentos de las prepagas atraviesa a todos los ciudadanos por igual. El conductor televisivo Samuel “Chiche” Gelblung presentó en febrero un amparo contra el Estado Nacional por la suba de la prestadora Swiss Medical. Según explicó su abogada Valeria Carreras, Chiche y su esposa tienen desde hace años esa cobertura médica y, en el último tiempo, “se le hizo difícil poder pagarla. Chiche siempre dice que esta decisión del Gobierno afecta a todos por igual”. En la reciente entrevista que Gelblung le hizo al Presidente para el canal de noticias Crónica se habló de los aumentos de las prepagas. Milei prometió: “Son de una vez y para siempre”.  

El universo de personas con cobertura privada de salud es amplio. Según un informe oficial de la SSS, elaborado en agosto del año 2022, existen alrededor de 6.796.690 personas con prepaga. Se presume que el número no ha variado demasiado durante el año 2023. Aún se desconoce la cantidad de afiliados en todo el país que recurrió a la Justicia en la búsqueda de un alivio en las cuotas de sus coberturas. 

Demandas

Si bien aún ningún magistrado se expidió sobre la inconstitucionalidad de los dos artículos (267 y 269) del DNU que habilitó los aumentos excesivos, hay una demanda civil que amenaza con provocar un sismo en la industria de la salud si prospera. Se trata de un amparo colectivo presentado por el abogado Eduardo Wilson en el Juzgado Federal Civil y Comercial  Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires donde ya hay más de 200 afiliados a distintas prepagas que se fueron presentando pidiendo medidas cautelares por los aumentos y reclamando la inconstitucionalidad de los artículos del decreto del Gobierno. Esa demanda comienza a engordarse con pruebas y presentaciones pero todavía está en la Corte Suprema de Justicia, donde se trabó la competencia entre dos jueces. Si hubiese un fallo a favor de la presentación del abogado Wilson, el efecto se podría extender como una gigantesca sábana sobre todos los afiliados que suscribieron en esa demanda. Así, desde hace un tiempo, se largó una carrera en los tribunales por anotarse en amparos colectivos. Wilson cuestionó la inconstitucionalidad de los dos artículos del DNU que habilitaron los aumentos. Su planteo fue contra el Estado Nacional a diferencia del resto de las presentaciones que litigaron contra las prepagas.

Marta Cristina Brauchli tiene 78 años y está afiliada al Hospital Italiano. Cobra una jubilación cercana a los $230.000. Y también acudió a la Justicia Federal para obtener una medida cautelar. La mitad de su haber lo destina al pago de la cobertura médica. La cuota pasó de $96.173 durante el mes de diciembre a $135.605 en enero. “Atento a que la firme postura del Hospital Italiano no difiere del resto de las entidades de medicina prepagas es que no tengo otro remedio que recurrir a Vuestra Señoría”, escribió Marta en una carta dirigida a la jueza de San Martín. 

Congreso

Esta semana, el rechazo del DNU luego de la votación en el Senado alimentó las expectativas de los afiliados que tramitaron amparos en la Justicia. Según la ley 26.122, se necesita el rechazo de ambas cámaras (Diputados y Senadores) para la derogación total del DNU. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez si el DNU “se rechaza en ambas cámaras las presentaciones judiciales quedarán abstractas”, sin embargo, considera que el rechazo votado por el Senado le otorga más herramientas a la Justicia para sospechar que puede haber “indicios vehementes” ó “indicios verosímiles” para expedirse en las futuras cautelares o la inconstitucionalidad del DNU. “Es un hecho nuevo y relevante”, explica Gil Domínguez.  

¿Qué puede pasar con las tarifas ya cobradas por las prepagas si el DNU se cae por el rechazado por ambas cámaras? “El artículo 24 de la ley 26.122 otorga derechos adquiridos sobre la vigencia del DNU pero aquellas relaciones jurídicas donde el DNU produjo derechos adquiridos la parte perjudicada puede hacer un planteo sosteniendo que ese artículo de la ley es inconstitucional y que producto de estos esos derechos adquiridos perjudicaron a la persona y deben ser dejados sin efecto”, remata Gil Domínguez. En términos hipotéticos, si un planteo de esa características tuviese acogida en los tribunales podría obligar a las prepagas a devolver lo que ya cobraron. Una idea que evalúan varios abogados que litigan contra las empresas de salud. 

Las empresas prestadoras de salud mantienen un silencio sepulcral. elDiarioAR se comunicó con tres prepagas de las más relevantes de la industria pero rechazaron hacer declaraciones públicas. Confiesan que siguen el derrotero de las demandas y lo que sucede con en el Congreso. 

“Nos preocupa el rechazo al DNU”, cuenta un gerente general de una de las prepagas más conocidas que tiene dos cautelares frenando aumentos. La mayoría de la empresarios justifica los incrementos sobre la base de tres puntos: el atraso inflacionario durante la gestión de Alberto Fernández que permitía incrementos a cuenta gotas; la recomposición salarial de los médicos y especialista para eliminar en algunos casos “el copago” y, por último, el precio de los medicamentos que se encarecieron en casi un 45% desde el arribo del nuevo gobierno. Consultado un empresario de una prepaga sobre qué sucedería si se rechazara en ambas cámaras el DNU, responde: “No tiene efecto retroactivo. Lo que está, ya está”.

La presentación de Chiche Gelblung

El fallo contra Cobermed

RA/DTC

―¡No es el momento de pelearnos con los gremios! ¡Me chupa un huevo lo que diga Sturzenegger!

Javier Milei estalló en un grito de furia potenciado por el exceso de azúcar. Faltaban un par de días para la asunción y encabezaba una reunión de gabinete preparatoria, en una oficina prestada a pocas cuadras del hotel Libertador. Omar Yasin, el chivo expiatorio con cuyo sacrificio intentó zafar esta semana del escándalo por el aumento de su propio sueldo, acababa de defender la prohibición de los “aportes solidarios” que muchos gremios tienen incluidos en sus acuerdos paritarios. Era una idea de Federico Sturzenegger, cuyo mamotreto de reformas había comprado llave en mano el mismo Milei apenas dos meses antes, tras la derrota de Patricia Bullrich en las generales de octubre y su decisión de apoyarlo en el balotaje. 

Los ministros y secretarios presentes se sorprendieron cuando, al leer poco después el DNU ya publicado, esa prohibición figuraba en el artículo 73, que modificaba el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una alerta temprana de la improvisación, el frenetismo y los bandazos que marcarían los siguientes tres meses y que desembocarían en los dos fracasos del oficialismo para aprobar la Ley Ómnibus y evitar el rechazo del Senado a ese decreto fundacional.

Sturzenegger sigue trabajando entre la Rosada y la Quinta de Olivos, sin haber sido designado para cargo alguno pese a que en enero dejaron trascender que encabezaría una Unidad Transitoria para la Reforma del Estado. Según reveló a elDiarioAR una fuente que participó de la redacción de ambos textos, no hubo un criterio claro para dividir su batería de reformas entre el DNU y la Ley Ómnibus. Fue más bien un ‘mix’ de lo que habían elaborado desde marzo de 2023 Eduardo Rodríguez Chirillo y el eyectado Guillermo Ferraro con lo que aportó el fallido exjefe del Banco Central.

También hubo muchos magnates que consiguieron colar sus intereses particulares. Tal como se informó en esta columna el 28 de enero, por ejemplo, el lobby petrolero y los zares de la electricidad y el gas hicieron y deshicieron a gusto en los primeros borradores. Su ambición de shock deformó las normas al punto de hacerlas intragables para muchos diputados, senadores y gobernadores. Y eso pese a que quedaron en el camino la intención inicial de derogar completo el Código Aeronáutico (que igual el DNU modificó en varios puntos centrales, siempre con la mira puesta en privatizar Aerolíneas Argentinas) y las propuestas más hardcore de Sturzenegger, como que las rutas marítimas de cabotaje sean habilitadas para embarcaciones de bandera extranjera con tripulaciones extranjeras. 

El capítulo laboral del DNU ―que incluye la prohibición de los aportes a los gremios para desfinanciarlos, pero que también elimina el pago de horas extras, restringe el derecho a huelga, recorta las indemnizaciones, extiende el período de prueba de tres a ocho meses y reduce las multas para los empleadores incumplidores― fue redactado por Julio Cordero, el abogado laboralista de Techint que ahora reemplazará al defenestrado Yasin, hombre de Jorge Triaca y Macri. Con Cordero, Paolo Rocca terminó de copar la vieja sede de Alem 650. Allí también se los ve y se los escucha seguido a Julio César Caballero, habitual representante del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS) en distintas disputas de intereses, y a Miguel Ponte, el viceministro de Trabajo de Macri que saltó a la fama por haber dicho que contratar y despedir empleados debería ser “tan natural como comer y descomer”.

Media máquina

La desregulación laboral, que finalmente frenó la Justicia, va ganando relevancia en lo que debate el mundo de los negocios a medida que se profundiza la recesión. Por ahora las Pymes se limitaron a acumular stocks y a aguantar las pérdidas, pero los galpones empiezan a llenarse y los dueños a impacientarse. Los confeccionistas, por ejemplo, tienen exactamente la mitad de demanda en unidades que un año atrás. Algunos optimistas estudian saltear directamente la temporada otoño/invierno y empezar a producir para primavera/verano, cuando esperan que haya aflojado la crisis. Pero los despidos no van a tardar en llegar. 

El drama abarca a todo el sector manufacturero, que trabaja literalmente a media máquina. Lo confirmó el INDEC esta semana al estimar que el uso de la capacidad instalada en la industria fue del 54,6%, el peor enero desde la crisis de 2001, un piso solo perforado a mitad de 2020 en plena cuarentena. En los rubros con caídas más pronunciadas, como el mueblero, ya hay cierres de empresas pequeñas y medianas como los que denunció el Presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), Román Queirós. Asoma además una verdadera crisis existencial para polos sectoriales como el instalado en Cañada de Gómez, no demasiado lejos de Villa Constitución, donde el cierre de Acindar desató prácticamente una pueblada y motivó un prolongado corte de la autopista Rosario-Buenos Aires. 

El desplome de la demanda no distingue por tamaño. Se lo dijo el presidente de Quilmes, Martín Ticinese, a Luis Caputo en la reunión que convocó el ministro de Economía con empresas de consumo masivo para pedirles que bajen los precios. En verano, pico estacional de la demanda de cerveza, el gigante ABInBev vendió 20% menos que el verano pasado, que ya había sido mediocre. 

La tensión también aumenta entre los eslabones de cada sector productivo. A los shoppings porteños de Eduardo Elsztain, mecenas y anfitrión de Milei durante meses en el hotel Libertador, se les empiezan a vaciar locales que no consiguen volver a ocupar. Por la llave de un contrato de alquiler de tres años de un local chico, por ejemplo, piden sin sonrojarse US$150.000 dólares. ¿Cuánto puede valer una camisa que se venda ahí? 

Pan brasileño

Los borradores de las “leyes combi”, como ya llaman con sorna en el Congreso a los dos proyectos con los que el Ejecutivo procura reemplazar a la frustrada Ley Ómnibus, vuelven a mezclar capítulos de la reforma casi al azar. Como si no importara tanto el contenido como el impacto noticioso que generen y su eco en las redes sociales. 

Lo definió el joven estratega Santiago Caputo ante un ministro que le preguntó azorado por un cambio de último momento en la letra del proyecto que naufragó en Diputados. “Lo importante no es cómo quede sino cuántas manos levantadas tengamos”, le respondió. Una frase que ayuda a dimensionar hasta qué punto le dolió a Milei esta semana la derrota estruendosa ―45 votos contra 22― del DNU en el Senado. 

En medio de ese tembladeral político, el ministro de Economía aspira a convencer la semana próxima al director para América del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, de reforzar con dinero fresco el acuerdo que renovó hace poco con el Gobierno. El chileno volverá a expresar en Buenos Aires las dudas que ya planteó Gita Gopinath, la número dos del organismo. A ninguno de los dos le parece viable la intención de Luis Caputo de dejar subir el dólar oficial tan solo un 2% mensual con una inflación de dos dígitos. Máxime cuando marzo arrancó picante, con subas de alimentos y bebidas arriba del 3% semanal durante las primeras dos semanas, según la consultora LCG. Es más del doble que el ritmo de la segunda quincena de febrero. Y falta todavía computar los aumentos del boleto y las tarifas. 

Por eso llamó tanto la atención que Caputo propusiera a los gerentes de supermercados que lo visitaron la semana pasada la antigua solución cavallista de abrir la importación de alimentos para disciplinar a los proveedores locales. Contra lo que informó Economía, no fueron ellos quienes lo reclamaron. “Nosotros no nos habríamos atrevido nunca a pedir algo así, con la escasez de reservas que sufre el Banco Central”, dijo a elDiarioAR uno de los empresarios presentes. 

Al FMI tampoco le simpatizan esas heterodoxias. Quiere que las reservas se acumulen a un ritmo mayor y vayan al pago de la deuda que dejó Mauricio Macri. Y que el dólar suba a la par de la inflación, como le exigió a Egipto al liberarle el desembolso que habilitó dos semanas atrás. Justamente para que no pase como con Caputo y Nicolás Dujovne en 2018, cuando los más ricos se compraron todos los dólares baratos que pudieron y vaciaron las arcas del Central.   

La movida, de todos modos, ya está en marcha. Con la velocidad que le asegura a Caputo tener a su exsocio al frente del Central ―envidia de Cristina Fernández de Kirchner― la comunicación A7980 habilitó la importación con pronto pago y sin impuesto PAIS de una larga lista de 22 páginas de productos de la canasta básica. Lo primero que comprarán afuera las cadenas es pan lactal de Brasil: como vence recién a los 90 días, calculan que el tiempo alcanza para traerlo de San Pablo, distribuirlo y ofrecerlo.

Es de lo que más subió: en noviembre un paquete chico valía $804 y hoy $2.021, según el Indec. Las leyes antimonopolio que aplica con rigor Estados Unidos y que acá también existen le podrían haber servido a Caputo para evitar abusos de la multinacional mexicana Bimbo-Fargo, que concentra más del 80% del mercado desde que Guillermo Moreno habilitó su fusión. Pero optó por asegurarles dólares baratos a quienes importen desde Brasil un pan que se hace con trigo de la pampa húmeda. Make Argentina Great Again. 

AB/DTC

Una ley sancionada en 2006 a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora del Partido Justicialista, establece que para que un decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial pierda vigor debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Es gracias a esa ley, vigente desde hace 18 años, que el DNU 70/2023 de Javier Milei sigue en pie, ya que fue rechazado, por ahora, sólo en el recinto de la Cámara alta. De todas maneras, las consecuencias de ese solo pronunciamiento podrían ser no sólo políticas. El DNU ahora corre más riesgo de quedar anulado. Y hay que mirar a los tribunales.

Es lo que hizo el abogado Gustavo Arballo, especialista en Derecho Público y Derecho Judicial, en un hilo de X (Twitter) en el que planteó “hay buenas razones para concluir que un solo rechazo debería bastar para tumbarlo” al superdecreto de Milei.

Para Arballo, la ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU —aquella que fue promovida por Fernández de Kirchhner— “tiene una cláusula de constitucionalidad dudosa que exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU caiga”, ya que “es algo que la Constitución no dice y que permite al Poder Ejecutivo hacer leyes a discreción mientras tenga en control al menos una cámara”.

En un escenario de judicialización, señala el experto, “la objeción basada en esa cláusula era de facil elusión porque un tribunal podía decir que mientras no hubiera al menos rechazo de una cámara ese planteo era hipotético, abstracto, conjetural, pero ahora no: es concreto y sucedió”.

El jurista vaticinó que siendo el rechazo del Senado al DNU de Milei —por 42 votos a 25, y 4 abstenciones— un “hecho nuevo”, es claro que “todos los que tienen amparos o juicios en curso llevarán esto a la arena judicial, donde ya no se estará determinando si es constitucional el DNU 70 sino —más importante— si es constitucional el sistema de 'doble fusible' de la ley 26.122”.

Según el especialista, “el criterio correcto es 'a primera sangre'”, es decir que “debe bastar el rechazo de una sola cámara para que un DNU no se asuma válido” y para la Corte Suprema de Justicia no es lo mismo que el Congreso aún no haya hablado que ahora, que ya una de sus cámaras, la de Senadores, ha dicho no.

Consecuencias judiciales del rechazo del Senado, sin perjuicio de lo que pase en Diputados

“Esto puede traer otras consecuencias muy importantes, que hay que explicar. Si la Corte usara este camino para resolver, el problema será 'de pedigrí' —invalidez del decreto— con efecto dominó sobre cualquier otra causa del DNU 70 (sea viajantes, CGT, clubes, cualquier litigio). Aunque, por otro lado, esa forma de resolución le permitiría a la Corte eludir pronunciamientos 'sobre el fondo', lo que implicaría: 'No te he dicho que sea inconstitucional el capítulo laboral, te he dicho que está mal hacerlo por DNU, y eso me basta para resolver el caso'. Si eso sucediera, el Gobierno tiene una 'segunda oportunidad' para llevar los diversos capítulos y medidas embutidas en el DNU 70 al Congreso, porque podrá alegar —y tendrá razón— que el fallo adverso lo fue por las formas y no por el fondo mismo”, analizó Arballo.

JJD

Bajo el título “Queremos un cambio en el país y una UCR moderna”, cuatro gobernadores radicales y los titulares de bloque del espacio en ambas cámaras del Congreso firmaron un comunicado en el que se despegaron indirectamente de la decisión del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, de votar en contra del DNU de desregulación económica de Javier Milei que fue rechazado este jueves en el Senado por 42 votos contra 25. En el texto, los dirigentes sostienen que están a favor de impulsar nuevas reformas en el Estado, aunque reparan en que la gestión de La Libertad Avanza debe llamar al consenso y abandonar el tono de la campaña electoral.

“Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, sentenciaron, luego de introducir que la Argentina necesita “acuerdos y consensos” que permitan sacar al país del “estancamiento y la decadencia” que le endilgan al kirchnerismo. La carta que lleva el sello partidario está firmada por los presidentes de bloque en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo, y por cuatro de los cinco gobernadores radicales. Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco, estamparon su rúbrica. No lo hizo así el santafesino Maximiliano Pullaro.

“Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy la Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado nacional la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento”, sostuvieron los dirigentes radicales.

Con el convencimiento de que se precisan “cambios profundos”, los cuatro gobernadores y los dos legisladores se comprometieron a “contribuir con acciones conducentes” para lograr acuerdos. “Apoyamos la discusión y el impulso de reformas necesarias en el gobierno nacional para sacar a flote a nuestra sociedad, ahogada con la inflación, la presión impositiva y la pobreza a la que nos fue sometiendo el kirchnerismo con un modelo negacionista, discriminador y corrupto”. Sin embargo, señalaron que esas reformas deben ser “fruto del consenso” y que por ese motivo “el Ejecutivo no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral”.

“Queremos un cambio cultural, que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, educación, salud, defensa y justicia”, cierra el texto. En la sesión del jueves, a Lousteau se sumó Pablo Blanco en rechazo al mega-DNU de Milei. Fueron los únicos dos senadores de la UCR que lo hicieron. Maximiliano Abad se abstuvo. 

PL/MG

Ochenta y cinco días después de su publicación en el boletín oficial, el DNU 70/2023 logró ser debatido en el Senado. Recibió el rechazo en la Cámara Alta, en un nuevo traspié legislativo del gobierno de Javier Milei. A la espera de lo que suceda en Diputados, donde podrían voltearlo definitivamente, vale repasar su contenido y sus efectos.

Bajo el pomposo nombre de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, el gobierno presentó 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes sancionadas a lo largo de toda la historia legislativa de nuestro país y proponen instituir un nuevo (des)orden basado en el libre mercado. 

Desde una perspectiva ideológica que no encuentra afiliaciones en ningún país desarrollado del mundo, el DNU retira al Estado de muchas de sus funciones, le resta capacidad para accionar y controlar, y lo desplaza del rol de árbitro, bajo la confianza en la libre competencia. 

Casi tres meses después de su dictado, muchas de las modificaciones introducidas ya se sienten negativamente en la vida de argentinos y argentinas, a quienes en nombre de la libertad, se les vaciaron los bolsillos. La norma implicó la inmediata desregulación de numerosos sectores de la economía: desde la eliminación de los topes a intereses a las tarjetas de crédito, pasando por las producciones regionales (como el azúcar, la vid, la yerba, el olivo, o el algodón), la minería y el turismo.

Con impacto directo en la vida cotidiana, el Estado se retiró de su rol de regulador en el comercio interior y exterior, derogando la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, el observatorio de precios así como también eliminando los fideicomisos del aceite y el trigo, los cupos de exportación de carne o la prohibición de vender al exterior determinados cortes, entre otros. Así, se implementó un “libre mercado” que disparó los precios de los productos de consumo masivo, con especial virulencia en los alimentos. 

Mientras que el índice general de precios creció un 71% entre diciembre y febrero, los alimentos se incrementaron un 75%. Asimismo, las canastas básicas que miden la línea de pobreza e indigencia también se movieron por encima del índice general: 75% y 77% respectivamente. 

Tras eliminar y criticar los programas de acuerdo de precios como “Precios Cuidados” o el más reciente “Precios Justos”, la desesperación del gobierno por frenar la escalada, lo obligó a Luis Caputo a llevar adelante reuniones con empresas de consumo masivo como Mastellone, P&G, Unilever y Molinos para “dialogar sobre la evolución de la macroeconomía”. Como consecuencia del fracaso (¿o del éxito?) de la reunión, se anunció una apertura importadora que “promueva la competencia” e impulse los precios a la baja.  

Otro de los puntos sensibles del Decreto tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres. Pese a que desde el gobierno celebran el incremento de las propiedades ofertadas, las condiciones en las que se están pactando los contratos resultan sumamente abusivas para quienes buscan una vivienda para alquilar. En un contexto de salarios que no paran de perder poder adquisitivo (el último dato del RIPTE confirmó una caída de 18 puntos en términos reales entre diciembre y enero), los alquileres se tornan impagables: mientras que un alquiler en CABA de un dormitorio ronda en promedio los $400.000, la mediana salarial de los trabajadores registrados apenas araña los $500.000. A ello se suman condiciones imposibles: contratos de más corto plazo, en dólares, con actualizaciones trimestrales por inflación y depósitos exorbitantes. ¿Es consuelo que subió la oferta?

El Decreto también impulsó la desregulación de las prepagas. Entre las medidas más relevantes, se eliminó el tope para los aumentos de las cuotas, la obligación de las empresas de compartir su estructura de costos y el arancel mínimo para prestadores. Es decir, no sólo pueden aumentar sin límites sino que dicho incremento no debe estar justificado ni debe trasladarse (aunque sea mínimamente) a los prestadores de servicios.

Pese al discurso de la libre competencia entre empresas de medicina prepaga, seis concentran el 70% de las afiliaciones, y a lo que asistimos fue a un acuerdo para aumentar a un ritmo similar y sin parámetro alguno: 120% en el primer trimestre del año. Si bien hubo fallos puntuales en la justicia para frenar los incrementos, sólo aplican a los casos específicos y la cuestión de fondo no fue resuelta.

Si bien también se buscó avanzar en el DNU en una reforma laboral, que incluye la eliminación de las multas por no registrar trabajadores, la reducción de las indemnizaciones por despido, la extensión del período de prueba a ocho meses, la limitación del derecho a huelga, la eliminación de la responsabilidad solidaria en los casos de tercerización y la habilitación a crear “fondos de despido”, por ahora este capítulo permanece frenado por la justicia.

Por último, si bien el DNU no habilita privatizaciones, sí establece la conversión de las empresas del Estado en sociedades anónimas en el plazo de 180 días. Ello podría redundar en la posterior venta a privados de dichas acciones, retirando así al Estado de un rol estratégico, como el que tiene hoy en día en el sector financiero a través del Banco Nación, cuyo patrimonio es codiciado como fuente de negocios.

La extensión y profundidad del DNU impiden repasarlo en su totalidad. Sin embargo, no es exagerado afirmar que, tras casi tres meses de vigencia, esta norma no trajo consigo ni siquiera una consecuencia positiva para el conjunto de los argentinos. Sólo habilita negocios para unos pocos, mientras las grandes mayorías vemos nuestros ingresos por el piso y el poder adquisitivo derrumbándose día a día.

CB/DTC

El presidente Javier Milei volvió a cargar duro este viernes contra los que votaron en contra del DNU 70 de desregulación de la economía en el Senado y le apuntó fuerte al Grupo Clarín al asegurar que los medios que comanda Héctor Magnetto “calumnian, injurian y ensucian” en relación a su vínculo con Victoria Villarruel: “Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria”, remarcó.

Horas antes de estas declaraciones a Radio La Red, el mandatario había utilizado su cuenta de la red social X para atacar a quienes no avalan su decreto y la ley “Bases” por los vaivenes del mercado en las últimas horas: “Así lee el mercado cuando los ORKOS dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos”, escribió.

En sus declaraciones radiales, Milei aseguro que el rechazo al DNU “estaba en nuestros planes, era esperable”. Según el Presidente, la composición del Senado “hacía que no hubiera lugar para un resultado distinto. Yo quiero valorar y ponderar fuertemente el trabajo de nuestros senadores y también el apoyo que tuvimos de los representantes del PRO y de 10 de los 13 senadores radicales”, destacó.

Para Milei, el Gobierno está “haciendo un buen trabajo, pero requiere tiempo, así son las reglas del sistema democrático”, al tiempo que rescató que de la sesión de este jueves que condujo Villarruel, “quedaron cosas interesantes: quiénes están en contra de los argentinos. Prácticamente no se han rechazado DNU en la historia reciente, salvo a Macri, lo cual muestra un patrón de obstrucción. El DNU sigue vigente, ahora hay que ir a Diputados, donde ya tuvimos resultados positivos. Esto deja algunas dudas respecto al Pacto de Mayo, porque hay etapas previas como la Ley de Bases”, explicó.

Su relación con Villarruel y el dardo a Clarín

“Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta, lo aclaró (el portavoz Manuel) Adorni ayer. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria. Hay medios interesados en atacar al Gobierno, especialmente el Grupo Clarín, que constantemente calumnia, injuria y ensucia. Ellos también son parte de la casta y están afectados por haber perdido la pauta”, disparó Milei.

Asimismo, volvió a remarcar que el objetivo de su gestión “es darles mayor libertad económica a los argentinos. El DNU y la ley nos mejorarían 90 puestos en ese sentido. Y solo es un cuarto de las reformas que ya tenemos diseñadas. Cuando terminemos las reformas, estaremos como Irlanda, con un PBI mayor a Estados Unidos. Estamos para parecernos a Australia, Nueva Zelanda, países a los que les va bien”, prometió.  

Para el Presidente, en su etapa “hay cosas que no son negociables de ninguna manera. Una es el déficit cero. Se terminó la estafa del déficit fiscal, es inamovible. Tampoco vamos a modificar el saneamiento del Banco Central”, reiteró.

Sobre el futuro de la senda económica, el mandatario aseguró que todo lo que tiene que ver “con nuestro programa de estabilización a corto plazo no se mueve de ninguna manera. Trabajamos para abrir el cepo y según las estimaciones del FMI, podría ser a mitad de año, es factible”, dijo.

En cuanto a la evolución de los salarios en el país, Milei sostuvo que no se degrada “por el déficit cero, es por la política fiscal desquiciada que ha tenido”, al tiempo que aclaró no estar “al tanto de cómo está la negociación paritaria, tendría que preguntarlo. Me preocupo de un montón de temas y ministerios; ese detalle tendría que preguntarlo”, esquivó.

Con respecto al paquete fiscal que por estas horas reingresará al Congreso como proyecto aparte de la Ley ómnibus, el Presidente dijo que el impuesto a las Ganancias “está en discusión, porque hay provincias que lo quieren y otras que no. Se está trabajando, el texto se puede modificar. Hay una primera aproximación y se empieza a trabajar. No es la misma situación para las provincias del norte que para las del sur. El texto que se conoció por estas horas no es el definitivo”, aclaró.

Para cerrar, Milei evaluó la relación con el FMI: “Está planteado sobre la mesa que si el acuerdo con el FMI tiene las condiciones satisfactorias podríamos avanzar hacia uno nuevo. El trabajo hecho por nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable”, concluyó. 

Los mercados y el empresariado

“Me parece interesante lo que está pasando en los mercados financieros, porque adelantan, muestran que la dirección es la correcta. Respecto al accionar de los empresarios, hay que ver, si no la ven, si no quieren bajar los precios, mientras vayamos abriendo el cepo habrá más competitividad”, remarcó el mandatario.

Rosario y las fuerzas federales

“A los rosarinos les digo que estamos dándole un apoyo muy fuerte al gobernador (Maximiliano) Pullaro. Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de fuerzas federales. Además, mandamos al Ejército para apoyo logístico, y enviamos una ley que elaboró (el ministro de Defensa, Luis) Petri para que el Ejército pueda actuar sin llegar a Estado de sitio, dando la definición de narcoterrorismo. La situación empezó a mejorar. Si (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich considera que puedo aportar algo en el lugar, iré a la provincia”, aseguró.

IG