De qué vive Sturzenegger, el mentor del DNU y la ley ómnibus, y qué abogados lo asesoraron

El economista Federico Sturzenegger nació hace 57 años en Rufino, Santa Fe, se crió en Gonnet, en las afueras de La Plata, estudió en la escuela y la universidad pública y después se doctoró en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hijo de un integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de origen radical, Adolfo Sturzenegger, Federico fue viceministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa en la megacrisis de 2001, después se sumó al PRO, presidió el Banco Ciudad, fue diputado y después encabezó el Banco Central en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y sus remoción tras la devaluación de 2018. Ahora es el autor principal del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus con la que Javier Milei pretende desregular y liberalizar la economía argentina para dar un giro desde la intervención estatal al “baño de liberalismo”, en palabras del doctor del MIT.

Aunque apareció en pantalla hasta en la cadena nacional en la que el presidente anunció el DNU, no tiene ningún cargo en el Estado. En su página web propia, cuenta que es profesor plenario en la Universidad de San Andrés y también da clases en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y en el instituto de negocios HEC París. Además, en 2018 fundó con Gonzalo Lisarrague —dueño de una gestora de inversiones en Uruguay, Taicua— y financiamiento del canadiense David Thomson la oficina Latus View, que se dedica a empresas de la región con potencial de expansión global, en especial en los segmentos AgTech y Fintech, es decir, a la tecnología aplicada al agro y las finanzas.

Con la asesoría de un grupo de abogados jóvenes, Sturzenegger analizó durante el último año todas las leyes que a su criterio impiden el funcionamiento del libre mercado, según cuenta en uno de los principales estudios de la City porteña, es decir, de las grandes empresas. “No todos esos abogados quedaron conformes con el resultado final”, agregan. “Tenían poca experiencia en el derecho administrativo y eso se notó en los borradores porque no pasaban un mínimo control de constitucionalidad. Después hubo varias manos de abogados de grandes estudios, pero no los estudios en sí porque estaría reñido con la ética en el ejercicio de la profesión y con la matrícula. Pero hubo profesionales individuales de estudios determinados, como Sergio Arbeleche, de Bruchou & Funes de Rioja, o Roberto Silva, de Marval, O'Farrell & Mairal”, comenta el letrado consultado. 

Arbeleche —del estudio fundado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja— asesoró en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones incluido en la ley ómnibus, pero al final no terminó como secretario de Minería, como se especulaba hasta que Milei negoció una alianza con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y colocó en esa cartera a Flavia Royón, exsecretaria de Energía de Sergio Massa. La mano de Arbeleche, exasesor de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se advierte también en los cambios quirúrgicos que el proyecto aplica a la ley de protección de glaciares en beneficio de esos hombres de negocios. 

En tanto, Silva, que aconsejó en las leyes financieras, acabó como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue asesor de los bancos ABN AMRO, Comafi, Supervielle, ICBC, BST, de Valores -el de Juan Nápoli, excandidato a senador de La Libertad Avanza-, Itaú, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Nuevo Banco de Santa Fe, Galicia, Hipotecario y La Caixa y las empresas Atanor, Massuh, entre otras.

Sturzenegger mencionó públicamente a dos abogados. Uno es el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que antes de ocupar este cargo fue consultor en la materia en España, también en un bufete de allí, Cremades & Calvo Sotelo. Rodríguez Chirillo trabajó antes en la eléctrica española Iberdrola. El otro citado es Jorge Muratorio, socio del Estudio O'Farrell. Muratorio trabajó para Edenor y las españolas Naturgy (gasífera), Telefónica y Autopistas del Sol, la concesionaria del grupo Abertis en el acceso Norte que está en litigio con el Estado tras la polémica renovación contractual en el gobierno de Mauricio Macri. También se desempeñó para defender los intereses de Ford, Farmacity, Medicus y Grupo Concesionario del Oeste, la concesionaria de Abertis en el acceso Oeste.

“Rodolfo Barra metió el control final”, se refieren en un estudio de la City al procurador general del Tesoro, de larga trayectoria en el derecho contencioso administrativo. Desde el punto de vista económico también aconsejó Lucas Llach, que había secundado a Sturzenegger en su paso por el Banco Central. Los textos finales también pasaron por el monitoreo último del secretario legal y técnico de la Presidencia, Javier Herrera Bravo, que había sido número dos de esa cartera en la administración Macri. “Antes de eso, hubo muchas manos, pero un divague eso de que intervinieron los estudios de las empresas”, intentan desmentir en el entorno de Sturzenegger. También mencionan a un abogado llamado Marcelo Julián Hernández. 

Sturzenegger comenzó su trabajo de revisión de leyes pensando en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Cuando ella perdió en primera vuelta y a las 48 horas pactó con Milei y Macri, el expresidente del Central se puso a disposición del libertario. En los estudios de la City comentan que en un principio fue asesorado también por economistas chilenos allegados a Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, de familia exiliada durante la dictadura de Augusto Pinochet y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Sturzenegger, Velasco y otro colega, Filipe Campante, escribieron juntos un libro en 2021 titulado ‘Macroeconomía avanzada’. En el régimen de Pinochet, los Chicago Boys que dirigieron la economía elaboraron un Ladrillo como guía de sus reformas neoliberales, similar al bodoque de hojas del DNU y la ley ómnibus que presentó con orgullo Sturzenegger. Velasco es antipinochetista, pero neoliberal como muchos otros economistas de la centroizquierda chilena. De todos modos, no está claro que en su entorno hayan quedados conformes con la labor de Sturzenegger, tanto por la supuesta falta de agradecimiento a sus colegas chilenos como por la incorporación a las reformas de ideas más vinculadas a negocios particulares, como las sociedades anónimas del fútbol que promovió Macri, según cuentan abogados corporativos. 

El DNU y el proyecto de ley fueron nutriéndose también de los aportes que le formularon a Sturzenegger algunas cámaras empresariales afines a su pensamiento liberal. “Se recogió lo que se venía observando en distintos foros y conferencias durante años de que así como estábamos no podíamos seguir”, comenta un abogado integrante del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Federico se fue reuniendo con cámaras desde hace meses, fue muy serio, quería entender la problemática de cada uno”, agrega el informante.  

AR/JJD