La defensa de 12 activistas de Greenpeace procesados por una protesta realizada en las escalinatas del Congreso pedirá este martes su sobreseimiento durante una audiencia de apelación que se llevará a cabo en los tribunales de Comodoro Py.

La audiencia comenzará a las 10.30 en la Sala 2 y contará con la presencia de representantes legales de la organización ambientalista y algunos de los activistas involucrados en la causa. La defensa realizará una exposición oral, mientras que la fiscalía presentará sus argumentos por escrito.

Los manifestantes fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público a raíz de una acción realizada el 26 de febrero, mientras en el Congreso se debatía la modificación de la Ley de Glaciares.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso además embargos por $2 millones para cada uno de los acusados. Los procesamientos todavía no están firmes debido a la apelación presentada por la defensa, que solicitará a la Cámara que revoque la decisión y dicte los sobreseimientos.

La protesta tuvo como objetivo expresar el rechazo a la reforma de la normativa y reclamar por la protección de los glaciares y el agua. Durante la intervención, los activistas utilizaron inodoros de plástico y desplegaron una consigna en las escalinatas del Congreso.

Uno de los principales argumentos de la apelación apunta contra la reconstrucción de los hechos realizada en la resolución judicial. Según la defensa, el fallo sostiene que los manifestantes saltaron una reja “cerrada con candados” y que en el lugar había custodia policial, pero afirma que esas circunstancias no aparecen en los testimonios, las cámaras de seguridad ni el video incorporado al expediente.

Los abogados también cuestionan la calificación legal de los hechos. Respecto del delito de desobediencia, sostienen que debería haber existido una orden directa destinada a una persona determinada y aseguran que durante la protesta no se produjo una situación de esas características.

En cuanto a la acusación por violación de domicilio, plantean que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden ser consideradas un “domicilio” a los efectos de ese delito.

Otro de los puntos centrales de la apelación es el carácter pacífico de la manifestación. La defensa remarca que no hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia ante la llegada de la Policía y señala que la propia resolución judicial reconoce que la acción no afectó el tránsito, a terceros ni el funcionamiento habitual del Congreso.

El derecho a la protesta

Los representantes legales de Greenpeace sostienen además que el procesamiento no ponderó adecuadamente el derecho constitucional a la protesta.

Según el planteo, la resolución debía fundamentar por qué el interés en preservar un determinado perímetro debía prevalecer, en este caso, sobre el derecho de los manifestantes a expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares.

La defensa también hace hincapié en la elección del lugar: la acción se desarrolló frente al Congreso precisamente mientras los legisladores debatían los cambios en la normativa ambiental. Por ese motivo, considera que pedir a los activistas que realizaran la protesta en otro sitio supone desconocer la relación entre el espacio elegido y el mensaje que buscaban transmitir.

En su presentación, los abogados citan además la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del posible “efecto silenciador” que puede generar la criminalización de la protesta, no solamente sobre las personas involucradas sino sobre el conjunto de la sociedad.

Greenpeace enmarca la intervención del 26 de febrero en una movilización más amplia contra la modificación de la Ley de Glaciares. Según los datos aportados por la organización, más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública realizada en marzo, aunque pudieron intervenir cerca de 200.

La organización señaló además que, después de la reforma de la ley, casi 900.000 personas acompañaron un reclamo judicial destinado a recuperar la protección de los glaciares.

La Cámara deberá ahora analizar los cuestionamientos formulados por la defensa y resolver si confirma los procesamientos dispuestos por Martínez de Giorgi o hace lugar al pedido de revocarlos y sobreseer a los 12 activistas.

Sin Javier Milei, que viajó este martes a Estados Unidos otra vez, Karina Milei asume el virtual cargo presidencial. La hermana del mandatario estará al frente de una comitiva oficial que desembarcará en San Juan para reunirse con gobernadores de provincias mineras y empresarios del sector. La feria internacional ocurre en medio de la judicialización de la Ley de Glaciares, reformada recientemente por impulso de la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

La agenda de Karina Milei en San Juan será intensa y exprés. Según informó el medio local Diario de Cuyo, la secretaria general de la Presidencia tiene previsto comenzar la jornada en el departamento de Sarmiento, donde visitará en helicóptero una empresa calera en la zona de Los Berros: Calera San Juan, una firma con inserción en la actividad minera local. Desde allí regresará al predio de la expo minera para “saludar a inversores” del sector. La jornada cerrará con una cena de carácter político y empresarial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no está anotado en el viaje desde Buenos Aires. Sí acompañarán a Karina el ministro del Interior, Diego Santilli, y los hermanos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha política de la hermanísima. Al día siguiente estará en San Juan el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La feria de la minería

La Expo San Juan Minera 2026 se realiza el 6, 7 y 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito. Este año se estima una participación récord, a tono con los incentivos del gobierno libertario para el sector: 25.000 asistentes esperados, 40 compañías mineras con operaciones en la región, 500 empresas proveedoras de servicios, 380 stands y presencia de 20 países.

El evento central del jueves será la Mesa Federal Minera, un encuentro institucional donde gobernadores, funcionarios nacionales y empresas operadoras lanzarán formalmente ese espacio de articulación sectorial. El anfitrión es el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, quien preside la Mesa del Cobre.

Ya está confirmada la participación de Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis), este último aún a confirmar. Se trata de todos los gobernadores que suelen acompañan al Gobierno en las votaciones clave en el Congreso. El evento también tendrá delegaciones diplomáticas de Panamá, India, Finlandia, Perú, Corea, Turquía e Indonesia.

Entre las empresas con presencia destacada figura Veladero y Los Azules. Ambos proyectos, junto a Gualcamayo, ya obtuvieron aprobación bajo el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por más de 4.000 millones de dólares, lo que representa la mitad de todas las inversiones aprobadas bajo ese régimen en el país.

Según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentado en la previa de la expo, las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$9.000 millones en 2026, un 49% más que en 2025, cuando sumaron 6.056 millones de dólares, el valor más alto de la década. El motor es el oro, aunque cuando el cobre se incorpore al mercado exportador, el sector podría superar los 22.000 millones de dólares para 2035. San Juan juega un rol central: es la segunda provincia con mayores exportaciones mineras del país, y tiene cinco de los 13 proyectos mineros propuestos bajo el RIGI en su territorio: Los Azules, Gualcamayo, Veladero, El Pachón y Vicuña.

La sombra judicial sobre la Ley de Glaciares

El optimismo del sector tiene, sin embargo, un contrapeso judicial de peso. La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno nacional y las provincias mineras, y aprobada en el Congreso con 137 votos afirmativos en medio de protestas, enfrenta múltiples demandas en la Justicia.

La ofensiva judicial incorporó una demanda colectiva respaldada por más de un millón de firmas en todo el país, presentada por Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante el Juzgado Federal de La Pampa. Esas organizaciones sostienen que la modificación implica un retroceso en materia ambiental y cuestionan tanto el contenido de la norma como el proceso legislativo que la aprobó

En paralelo, la provincia de La Pampa promovió un amparo ante la Justicia federal de Santa Rosa junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, pidiendo la suspensión de la norma hasta que se resuelva su validez constitucional. El gobernador Sergio Ziliotto fue categórico respecto al impacto para su provincia: advirtió que La Pampa depende del único río que corre por su territorio, de origen glacial, y que con la nueva ley habrá menos agua disponible. Ya la Justicia bloqueó la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz.

Los demandantes sostienen que la reforma vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, y que contradice el principio de no regresión ambiental. También advierten que la nueva normativa habilita a las provincias a definir las zonas periglaciales donde podrían desarrollarse actividades como la minería, lo que pondría en riesgo ecosistemas clave.

MC

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar la reforma de la denominada “Ley de Glaciares” en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. La decisión, de carácter cautelar, implica que no podrán ejecutarse ni autorizarse actos o medidas basadas en esa modificación normativa si estas pudieran afectar glaciares o el ambiente periglacial.

La resolución se dictó en el marco de un amparo colectivo ambiental presentado por autoridades de El Calafate, entre ellas representantes del Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo local y legisladores provinciales. La medida tendrá vigencia hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en la causa principal.

En la demanda, plantearon que la reforma cuestionada introduce cambios sustanciales en el régimen de protección vigente. Según argumentaron, la nueva normativa reduciría el alcance de las áreas protegidas y habilitaría actividades que actualmente se encuentran prohibidas en zonas sensibles.

Los demandantes también advirtieron que esta modificación implicaría una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley N° 26.639. En ese sentido, señalaron que se vería afectado el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Otro de los puntos centrales del planteo es que la reforma trasladaría a las provincias facultades que corresponden al Congreso de la Nación. Entre ellas, la determinación del objeto protegido y la autorización de actividades con impacto ambiental, lo que, según sostienen, alteraría el esquema de competencias vigente.

Al analizar el caso, el magistrado hizo hincapié en la relevancia de los glaciares y del ambiente periglacial, no solo a nivel local, sino también en el plano nacional y global. En su resolución, destacó que estos ecosistemas cumplen funciones esenciales, como la regulación hídrica y la preservación de recursos estratégicos.

Asimismo, el fallo incluyó un repaso por las actividades económicas vinculadas a estos entornos, señalando que cualquier modificación en su regulación puede tener efectos directos sobre los modelos de desarrollo de las regiones involucradas. Este aspecto fue considerado clave al momento de evaluar el alcance de la medida.

En su fundamentación, Vázquez también se apoyó en principios constitucionales y del derecho ambiental, como el principio precautorio, la progresividad y la no regresión. Bajo estos criterios, entendió que los requisitos para dictar una medida cautelar se encontraban debidamente acreditados.

El juez advirtió, además, que una eventual demora en el dictado de la sentencia definitiva podría tornar ilusoria la protección ambiental buscada. Esto ocurriría si, durante ese lapso, se autorizaran o desarrollaran actividades incompatibles con el nivel de tutela actualmente vigente.

Por eso resolvió hacer lugar a la medida solicitada y suspender de manera cautelar los efectos de la reforma de la Ley de Glaciares en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. La decisión busca preservar las condiciones actuales hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva sobre la validez de los cambios introducidos. En otras provincias ya miran lo que sucede y podrían tomar como caso testigo a Santa Cruz.

Con información de medios

JIB

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.

Qué dice la Ley 27804 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial

Artículo 1°- Sustitúyase el artículo 1° de la ley 26.639 por el siguiente:

Artículo 1°: Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, a fin de que puedan ser destinados a los siguientes usos: (a) para el consumo humano; (b) para la agricultura; (c) para la protección de la biodiversidad; (d) como fuente de información científica; y (e) como atractivo turístico.

Los glaciares constituyen bienes de carácter público.

La protección de los glaciares y del ambiente periglacial en los términos del presente artículo y de los artículos 6°, 7° y 8° de la presente ley deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias, titulares del dominio originario de los mismos según el artículo 124 de la Constitución Nacional, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Artículo 2°- Sustitúyase el artículo 3° de la ley 26.639 por el siguiente:

Artículo 3°: Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán los glaciares y las geoformas periglaciales existentes en el territorio nacional que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, funciones hídricas a las que se hace referencia en el artículo 1°, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

El Inventario será de ineludible consulta y consideración por parte de las autoridades competentes, sin que ello implique desmedro de las atribuciones contempladas por los artículos 6°, 7° y 8° de la presente ley.

Artículo 3°- Incorpórese como artículo 3° bis a la ley 26.639 el siguiente:

Artículo 3° bis: Principio precautorio. En virtud del principio precautorio, todos los glaciares y geoformas periglaciales que se encuentren incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados como parte del objeto protegido de la presente ley hasta tanto la autoridad competente verifique la inexistencia de las funciones hídricas mencionadas en el primer párrafo del artículo 1°.

A partir del momento en que la autoridad competente constate, sobre la base de estudios técnico-científicos, que un glaciar o geoforma periglacial incluida en el Inventario Nacional de Glaciares no cumple con las funciones previstas en el primer párrafo del artículo 1°, se considerará que el glaciar o la geoforma periglacial en cuestión no está alcanzada por las previsiones de la presente ley, sin perjuicio de la protección general que le corresponda con arreglo a la Ley General del Ambiente, 25.675, y demás normas aplicables.

Artículo 4°- Sustitúyase el artículo 5° de la ley 26.639 por el siguiente:

Artículo 5°: Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y de las geoformas periglaciales será realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del Inventario.

La autoridad competente que detectare en su territorio un glaciar o geoforma periglacial que cumpla con alguna de las funciones hídricas previstas en el primer párrafo del artículo 1° y que no estuviera incluida en el Inventario Nacional de Glaciares, le notificará dicha circunstancia al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a fin de que lo incorpore en el Inventario.

Cuando la autoridad competente constate, sobre la base de estudios técnico-científicos, que un glaciar o geoforma periglacial incluida en el Inventario Nacional de Glaciares no cumple con las funciones hídricas a las que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 1°, deberá notificar dicha circunstancia al mencionado Instituto, quien deberá eliminarlo del Inventario Nacional de Glaciares. La omisión de hacerlo por parte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) no afectará la validez de la autorización otorgada por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva en los términos del artículo 7° de la presente ley.

Artículo 5°- Sustitúyase el artículo 6° de la ley 26.639 por el siguiente:

Artículo 6°: Actividades prohibidas. En los glaciares y en el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva conforme a lo dispuesto por el apartado 1) del artículo 8°, quedan prohibidas las actividades que puedan alterar de modo relevante, en los términos del artículo 27 de la Ley General del Ambiente, 25.675, su condición natural o las funciones hídricas señaladas por el artículo 1°, incluyendo las que impliquen su destrucción o traslado, o interfieran en su avance, en particular las siguientes:

a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;

b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para investigación científica y las prevenciones de riesgos;

c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y

d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

La autoridad competente de la jurisdicción respectiva según el artículo 8° tendrá a su cargo determinar, mediante la correspondiente evaluación de impacto ambiental, qué actividades proyectadas implican una alteración relevante en los términos del presente artículo y, como consecuencia, no pueden ser autorizadas.

Artículo 6°- Sustitúyase el artículo 7° de la ley 26.639 por el siguiente:

Artículo 7°: Evaluaciones ambientales. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente. Cuando, a criterio de la autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción respectiva, la escala y grado de intervención lo justifique, se llevará también a cabo una evaluación ambiental estratégica.

Las evaluaciones deberán garantizar una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido por los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente, 25.675.

Se exceptúa de la exigencia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a las siguientes actividades:

a) De rescate, derivado de emergencias;

b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; y

c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.

Artículo 7°- Sustitúyase el artículo 8° de la ley 26.639 por el siguiente:

Artículo 8°: Autoridades competentes. A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.

La autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción correspondiente:

1) Identificará, basándose en estudios técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°, es decir, actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; y

2) Notificará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la información que obtenga sobre los glaciares y las geoformas periglaciales existentes en su respectiva jurisdicción, a fin de que este último actualice el Inventario Nacional de Glaciares.

El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, en una ofensiva que se da en paralelo con una demanda impulsada por organizaciones ambientalistas a nivel nacional contra la norma recientemente sancionada por el Congreso.

La acción pampeana fue promovida junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, y quedó radicada en el juzgado federal de Santa Rosa. La presentación, patrocinada por la fiscala de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solicita la suspensión inmediata de la ley hasta que se resuelva su validez constitucional.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y advirtió sobre el impacto directo que podría tener la norma en la provincia. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, afirmó.

Según el mandatario, la reforma vulnera derechos ambientales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, además de violar el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, el amparo pide declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley, así como la suspensión de cualquier acto administrativo derivado de su implementación.

El agua, en el centro del conflicto

La disputa por los recursos hídricos es estructural para La Pampa, que mantiene desde hace décadas un litigio con Mendoza por el río Atuel y reclama el cumplimiento de un fallo que garantiza un caudal mínimo. En ese contexto, el gobierno provincial sostiene que cualquier modificación en el manejo de cuencas aguas arriba impacta directamente en su territorio.

Ziliotto también subrayó la importancia estratégica del río Colorado, que abastece a cerca del 45% de la población pampeana. En la misma línea, Schmidt advirtió que el daño “no es abstracto, sino real”, ya que una eventual disminución en la cantidad o calidad del agua afectaría a toda la población.

El planteo judicial sostiene que la reforma de la ley, que modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental establecido por la norma 26.639, vulnera los artículos 41, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de la Ley General del Ambiente y tratados internacionales. Entre otros puntos, cuestiona que reduce el nivel de protección ambiental y configura un retroceso normativo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos sectores. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, destacó el compromiso histórico de la institución con la defensa del agua. El diputado provincial Hernán Pérez Araujo advirtió, en tanto, sobre tensiones políticas en torno a un tema que consideró estratégico.

Desde las organizaciones sociales, el presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, sostuvo que el río Colorado es “vital” para la provincia, mientras que Roberto Rodríguez alertó que la reforma podría priorizar la inversión minera por sobre el consumo humano de agua.

Demanda colectiva y rechazo ambiental

En paralelo, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace lanzaron una demanda colectiva contra la reforma y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la presentación judicial.

Las entidades advirtieron que la modificación representa un “retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y cuestionaron el proceso de sanción parlamentaria. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron en un comunicado.

Entre los puntos más criticados, remarcaron que la nueva ley otorga a las provincias la potestad de definir las zonas periglaciales en las que se podrán habilitar actividades como la minería, lo que, según advirtieron, pone en riesgo ecosistemas clave y el acceso al agua de millones de personas.

También denunciaron que el tratamiento legislativo se realizó “a espaldas de la sociedad”, con limitaciones en las instancias de participación pública y sin incorporar aportes científicos y técnicos.

La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, modifica una norma considerada pionera en América Latina en materia de protección de glaciares. Ahora, con múltiples frentes judiciales abiertos, su implementación queda bajo revisión mientras crece la disputa por el alcance de la política ambiental en el

CRM

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

MCM/MC

El Gobierno y las provincias mineras parece tener allanado el camino para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares. Es que el oficialismo y sus aliados sumaron 129 diputados para abrir el recinto de la Cámara baja y comenzar el debate. Se esperan entre 8 y 10 horas de discusión.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente establece una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema propone limitar esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras concentran concentra la expectativa por la reforma de la Ley de Glaciares. San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Y del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”.

El oficialismo aparece entusiasmado con el quórum porque le asegura un piso para la aprobación definitiva de la ley. Le resta durante la jornada atravesar los dardos que lance la oposición contra Manuel Adorni y las dudas sobre su patrimonio.

El grupo del apoyo que consiguió el Gobierno fue de sus diputados libertarios, más sus aliados de la UCR y el PRO. De sectores provinciales dieron el quórum los bloques Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores de Provincias Unidas. El momento de la votación revelará los apoyos definitivos a la reforma, que podría generar quiebres incluso en el peronismo, que ya votó dividido en el Senado para la media sanción.

Noticia en desarrollo

MC

Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras. Ese puñado de intereses fue clave para la reforma de la Ley de Glaciares que este jueves a la madrugada concretó el Gobierno en la Cámara de Diputados. El proyecto modifica el régimen de protección vigente desde 2010 y habilita condiciones para el desarrollo de inversiones por miles de millones de dólares en la cordillera de los Andes.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente hasta ahora establecía una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema limita esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”. La frase condensa el interés en juego y ordena el debate.

El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. La Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 con San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política. Los fundamentos del proyecto reconocen ese origen y el reclamo de los gobernadores para que cada provincia tenga mayor margen de decisión sobre qué áreas proteger.

Ese alineamiento territorial quedó expuesto en el plenario de comisiones de Diputados que firmó el dictamen este martes en un clima de fuerte tensión. La propia lista de expositores funcionó como una radiografía del mapa político detrás de la reforma. Participaron, de manera presencial, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de esa provincia, Roberto Moreno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro. De forma remota expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de esa área, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, Alejandro Aldazabal; y el coordinador de esa cartera, Sebastián Varela.

La nómina exhibe una fuerte presencia de funcionarios de provincias mineras y áreas productivas vinculadas al sector, con escasa participación de distritos sin proyectos en cartera. Ese sesgo fue parte de las críticas durante el debate. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones”. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, agregó que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con todas las provincias.

Del lado de los respaldos, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego defendió el desarrollo de la actividad y afirmó: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”. La discusión volvió a mostrar una lógica que ya había atravesado el Senado: más que por pertenencia partidaria, las posiciones se ordenaron por intereses territoriales vinculados a los proyectos.

En ese contexto, la figura del secretario de Minería, Luis Lucero, quedó en el centro de la discusión. Horas antes del plenario fue denunciado penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presunto conflicto de intereses, en base a su trayectoria previa como abogado de empresas mineras en el estudio Marval O’Farrell Mairal. Según la presentación, el funcionario había sido formalmente excusado de intervenir en decisiones vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, pero esa excusación “no fue efectiva” y habría participado en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería y advirtió: “No está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una o más de decenas de empresas mineras”.

El interés empresarial

La reforma de la Ley 26.639 se inserta en un esquema más amplio de incentivos a la inversión minera. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) garantiza estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos y acceso a arbitrajes internacionales. A eso se suman la eliminación de retenciones a productos mineros y acuerdos sobre minerales críticos. En ese contexto, la modificación de la ley apunta a remover un límite específico: la protección de glaciares y ambiente periglacial en zonas donde se ubican varios de los proyectos en cartera.

Recién en ese marco aparece el detalle de los desarrollos concretos. San Juan concentra el eje más dinámico. Allí opera Veladero, de Barrick Mining, con antecedentes de al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015; El Pachón, controlado por Glencore, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares; y Los Azules, de McEwen Copper, aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada en 2.700 millones.

Este último proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental aprobada bajo la normativa vigente de la Ley de Glaciares y fue diseñado en ese marco. Según la empresa, su factibilidad “está completamente compatible con la ley como está”, aunque su CEO, Michael Meding, sostuvo ante elDiarioAR que “una mejora en las definiciones de la ley de glaciares […] te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre”.

El proyecto Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares. Desde la compañía aseguran que el desarrollo no requiere una modificación de la ley para avanzar, aunque respaldan la reforma como sector. En Catamarca, el proyecto MARA —también bajo control de Glencore— se apoya sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y registra antecedentes judiciales por violaciones a la normativa ambiental vigente.

Los accionistas de Vicuña Corp fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado, donde el proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor. En la foto se mostraron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Las posiciones empresariales convergen en un punto: no plantean la reforma como condición excluyente para avanzar, pero sí como un mecanismo para reducir incertidumbre regulatoria. El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que en el área de El Pachón hay glaciares que “no tienen función hídrica contundente”. En la misma línea, Meding planteó que “hay que entender cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro al sistema hídrico”.

El nivel más profundo del mapa aparece al observar la estructura del capital. El informe “Los ganadores del deshielo”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, identifica una presencia transversal de los fondos BlackRock y Vanguard en las principales mineras. BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore, mientras que Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento lo sintetiza: “Los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.

El mismo informe describe el cambio que introduce la reforma en términos precisos: “Se reemplaza la protección general de glaciares y ambiente periglacial por un esquema condicionado a la demostración de su funcionalidad hídrica”. Y agrega: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. También advierte que “la fijación de umbrales mínimos excluye glaciares de pequeñas dimensiones que cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino”.

En ese marco, concluye que “la reforma habilita el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran limitados por la legislación vigente”. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que estos cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental en relación con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

*Con la colaboración de Alejandro Rebossio

MC

El profesor universitario y especialista en Planeamiento y Sustentabilidad Marcelo Alejandro Corti hizo este martes entrega a un grupo de diputados nacionales de una petición con más de 67 mil firmas en contra de la reforma a la Ley de Glaciares, que se votará este miércoles en una sesión especial de la Cámara baja.

La petición, que el profesional inició en la plataforma Change.org, fue recibida por los diputados nacionales Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro, Pablo Farías, Sabrina Selva y Andrea Freites.

“La movilización ciudadana refleja la creciente preocupación de la sociedad argentina ante el proyecto de modificación de la Ley de Protección de Glaciares (Ley 26.639), sancionada en 2010, que podría reducir su alcance y habilitar actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares”, señala un comunicado.

“Los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento hídrico de millones de personas. Su protección es una responsabilidad del Estado y un compromiso con las generaciones futuras”, concluye el documento.

El ingreso de la petición con decenas de miles de firmas ocurre en la antesala a la sesión especial de este miércoles en la cual el oficialismo y sus provinciales aspiran a convertir en ley la media sanción proveniente del Senado.

La izquierda convoca a una movilización frente al Congreso

Los distintos partidos políticos del Frente de Izquierda preparan una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares para este miércoles en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.

Se convocó a una primera concentración para las 13 hs frente al Palacio Legislativo, en tanto que a las 17 hs está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación.

Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano, referente de Izquierda Socialista, denunció que “el gobierno de Javier Milei pretende entregar por 30 años los glaciares a las mineras, modificando la ley vigente y articulándose junto al RIGI, con la complicidad de diferentes bloques patronales” 

“¡No puede ser que se especule con la vida y los ecosistemas de nuestro país! Llamamos a garantizar una gran movilización para que no sé modifique la ley”, apuntó.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño advirtió que “gobernadores y mineras, con coimas y lobby, quieren tirar abajo la ley que protege el agua de todo el país”. 

“Su plan: saqueo, contaminación y destrucción. No lo podemos permitir. Mañana hay movilización. Hay que estar en la calle”, exhortó el dirigente del PTS.

En tanto, su compañero de bancada en el FIT Néstor Pitrola sostuvo que como “diputado obrero y socialista” llevará al recinto de la Cámara baja “la voz de los pueblos que luchan contra esta depredadora y colonial reforma de la Ley de Glaciares”. 

“Ni con la audiencia trucha ni con este plenario de comisiones van a poder callar la voz de los luchadores. Mañana todos al congreso a defender el agua y los glaciares”, instó.

Un activista se trepó a un monumento en el Congreso

Un activista se trepó a un monumento situado en el Congreso de la Nación para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”.

A raíz de esta situación hubo un operativo policial en el lugar, tras el cual el ambientalista de Greenpeace retiró ambas banderas del monumento y se bajó del mismo, mientras que trascendió que habrían detenido a siete activistas.

Con información de NA.

IG

El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

MCM/MC

Sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz dijo que “las mujeres son mi debilidad” al inicio del plenario de comisiones en el que se estaba tratando la reforma a la Ley de Glaciares.

Como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario expresó que aceptaba una propuesta para conformar las autoridades que quedaban pendientes.

Pero lo insólito fue la razón que esgrimió para justificar su aceptación del pedido, que catalogó como una “excepción”.

“Vamos a aceptar las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, se le escuchó decir al santafesino.

Luego de decir esta desafortunada frase, el diputado fue apuntado por su par de Unión por la Patria Gabriela Estevez, quien dijo: “Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos 'debilidades' ni 'excepciones'. Somos representantes de pueblo y exijimos respeto. Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y nos corre del lugar que nos corresponde, y no lo vamos a permitir”.

Ante la insinuación de un reclamo por parte de un diputado oficialista, explicó que el proceso de conformación de autoridades aún “no estaba cerrado”.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside José Peluc junto a la de Asuntos Constitucionales que encabeza Mayoraz, avanzaban en la tarde de este martes con el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares.

Con información de Noticias Argentinas y redes sociales

JIB

El intento de reforma de la Ley de Glaciares pone en el centro una vieja discusión: la politización del uso del agua. La propia ley fue concebida en los acalorados debates de 2008 y 2010 ante la rápida expansión de proyectos mineros, justamente como una forma de proteger las reservas hídricas estratégicas en un país donde más del 60% del territorio es árido o semiárido. Ese cambio fue fundamental porque permitió transformar los conflictos mineros locales en problemas públicos más amplios, vinculados al agua, el territorio y el futuro de esas regiones. 

Hoy, el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) corre el eje de la discusión: del agua al negocio minero. La exclusión de las instituciones científicas y de decenas de miles de organizaciones y representantes de la sociedad civil de las audiencias públicas deja al descubierto los intereses detrás de la reforma. La discusión sobre la Ley de Glaciares ya no es solo ambiental: es una discusión sobre quién produce conocimiento, quién decide sobre el territorio y quién controla el agua en la Argentina que viene.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, luego de varios años de litigio impulsado por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En su fallo, la Corte estableció que la protección de los glaciares es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, y reafirmó que los derechos colectivos, como el derecho al ambiente y al agua, deben prevalecer frente al derecho de propiedad o de explotación económica. 

La combinación entre la reforma de la Ley de Glaciares y el RIGI puede generar un punto de no retorno para los glaciares y para el futuro de la vida en amplias zonas. Irreversibilidad jurídica y ambiental. Reglas que no se pueden cambiar y territorios que no se pueden restaurar.

El RIGI no solo otorga beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, sino que también declara a los proyectos adheridos como de “interés nacional” y establece un esquema de estabilidad normativa que limita la posibilidad de que provincias y municipios establezcan nuevas regulaciones que puedan afectar a las inversiones. Aunque el régimen abarca diversos sectores económicos, la evidencia muestra que más del 95% de las inversiones comprometidas se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. El sector minero encontró en el RIGI una oportunidad para reactivar proyectos que se encontraban paralizados por conflictos sociales, restricciones ambientales o causas judiciales. De este modo, el RIGI funciona como un mecanismo de presión política para remover o deteriorar resistencias o normas ambientales, ya sea mediante la aceleración de permisos, la intervención del gobierno nacional en conflictos provinciales o el uso de dispositivos de seguridad para garantizar la continuidad de los proyectos.

Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que la mayor parte de la superficie glaciar del país se ubica en la región patagónica, donde se concentra más del 60% del área glaciar de la cordillera. Sin embargo, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut cuentan con normativas provinciales que restringen la actividad minera en la cordillera o han zonificado el territorio para evitar la expansión en zonas glaciares. En efecto, si bien se conoce el potencial minero en la región, por el momento la actividad se encuentra suspendida. 

Ahora bien, el escenario es muy diferente en Mendoza, San Juan y Catamarca, donde coinciden tres factores clave: 1) una superficie relevante de glaciares y periglaciares, 2) emergencia hídrica y 3) la presencia de proyectos mineros en fases de factibilidad o de exploración avanzada. Estas tres provincias poseen poco más del 30% de los glaciares del total nacional, Mendoza (21%), San Juan (11%), y Catamarca (1%) pero también un potencial enorme en cobre y oro.

Por eso, si se observa el mapa minero argentino, el sentido de la reforma se vuelve más claro. Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en cartera, de los cuales 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Entre los que buscan ingresar al RIGI, varios se ubican precisamente en estas zonas, especialmente proyectos de cobre y oro localizados en San Juan, Mendoza y Catamarca. Según el Observatorio del RIGI, la mayoría de los 17 proyectos mineros que buscan adherir al régimen son de litio. Sin embargo, los de cobre son los más importantes en términos de inversión comprometida y son los que el gobierno busca impulsar por su relevancia exportadora. Los Azules, El Pachón, Agua Rica y el proyecto Vicuña, que incluye Josemaría y Filo del Sol, concentran inversiones cercanas a los 23.000 millones de dólares y se ubican en zonas de alta montaña donde la presencia de glaciares y ambiente periglacial establece restricciones ambientales; allí donde nacen las cuencas que abastecen a las poblaciones y economías regionales de las zonas áridas del país. 

Con una cartera de 70 proyectos de cobre concentrados en San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza, cabe recordar que la cordillera no es solo una reserva de minerales, es también una reserva de agua. Por eso, el nuevo boom del cobre reabre una discusión histórica en la Argentina entre minería, agua y territorio.

La Ley de Glaciares fue discutida en el Congreso, construida con evidencia científica y ratificada por la Corte Suprema en 2019. Sin embargo, los gobiernos (nacional y provinciales) buscan reformar el texto normativo dándole la espalda a la sociedad civil y a las instituciones científicas-académicas especializadas con el único objetivo de facilitar inversiones mineras y blindar a las empresas de futuros litigios por daños ambientales irreversibles. La discusión sobre la minería en la cordillera es, en realidad, una discusión sobre el agua. Y la discusión sobre el agua es, inevitablemente, una discusión sobre el poder: quién decide sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos y quién asume los costos ambientales.

*Mariano Novas es investigador del Área de Ambiente y Política de la UNSAM y coordinador del Observatorio del RIGI.

El Observatorio del RIGI es una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/UNSAM).

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo, al considerar que intervino en la modificación de la Ley de Glaciares pese a sus vínculos previos con empresas del sector.

La acusación fue presentada en una audiencia judicial en la que, además, la organización ratificó y amplió una denuncia previa contra la senadora por Salta Flavia Royón. Sin embargo, el foco de la nueva presentación está puesto en el rol de Lucero dentro del proceso de reforma normativa.

El planteo se dio en paralelo a una fuerte controversia en el Congreso. Este martes, durante un plenario de comisiones en Diputados que analizaba la reforma de la Ley de Glaciares, legisladores de la oposición pidieron que Lucero no participe de la discusión. El reclamo fue impulsado por Maximiliano Ferraro y acompañado por Romina del Pla y Sabrina Selva, quienes cuestionaron su intervención por haber sido abogado de empresas mineras.

En ese contexto, Ferraro sostuvo que el funcionario no debería formar parte del expediente “como lo hizo en 2025”, justamente por sus antecedentes profesionales en el sector. Lucero figuraba en la lista de oradores de la reunión informativa por la Ley de Glaciares.

Según los abogados denunciantes, el funcionario había sido formalmente excusado mediante una resolución oficial por su relación con proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA). No obstante, aseguran que esa excusación “no fue efectiva”, ya que habría participado activamente en iniciativas que tienden a flexibilizar la Ley de Glaciares y ampliar las áreas habilitadas para la actividad minera.

La presentación sostiene que Lucero cuenta con antecedentes en el sector privado, donde se desempeñó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal asesorando a compañías mineras internacionales y participando en operaciones vinculadas a activos del rubro. Para la organización, esos antecedentes configuran un conflicto de intereses al momento de intervenir en decisiones públicas que podrían favorecer a esas mismas empresas.

En ese marco, advierten sobre un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, consultores, estudios jurídicos y empresas mineras en el impulso de cambios regulatorios. Según plantean, se trataría de una dinámica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado que pone en riesgo el cumplimiento de la normativa ambiental.

La denuncia apunta específicamente a la modificación de la Ley de Glaciares, una norma que establece restricciones a la actividad en zonas sensibles de la cordillera y protege reservas estratégicas de agua. De acuerdo con los abogados ambientalistas, los cambios en discusión podrían reducir esos controles y habilitar proyectos en áreas previamente restringidas.

Además de la denuncia contra Lucero, la organización incorporó nuevos elementos en la causa contra Royón, vinculados a su situación patrimonial, y solicitó medidas de prueba para avanzar en la investigación. También pidió ser aceptada como querellante.

“Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados”, señalaron desde la entidad, al tiempo que advirtieron sobre las posibles consecuencias ambientales de una eventual flexibilización de la ley.

CRM

En medio de la discusión por posibles cambios en la Ley de Glaciares, los obispos de la región Patagonia-Comahue hicieron público su malestar por la forma en se desarrollaron las instancias de participación en el Congreso. A través de un comunicado y declaraciones puntuales, señalaron que el proceso presentó serias deficiencias que afectan la intervención de la ciudadanía.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del obispo de Rawson, Roberto Álvarez, quien sostuvo que las irregularidades observadas no son excepcionales, sino parte de un patrón que —según indicó— se repite desde hace años en distintos debates vinculados a cuestiones ambientales en la Patagonia.

Desde la mirada de los prelados, las audiencias públicas no cumplieron su función de canalizar opiniones de manera abierta y equitativa. En cambio, describieron un escenario en el que se restringió la participación, se alteraron las condiciones del debate y se generaron situaciones que desalientan la libre expresión.

Entre las situaciones cuestionadas, mencionaron la exclusión de oradores, dificultades para acceder a los recintos y la presencia de intervenciones no previstas. También aludieron a mecanismos de presión que, según afirmaron, buscaron incidir en el desarrollo de las discusiones y en las posturas de quienes participan.

El documento difundido advierte que este tipo de prácticas no se limita al ámbito legislativo nacional, sino que se replica en distintas localidades de la región. Allí, aseguran, se suman condicionamientos de tipo económico y social que influyen sobre comunidades y autoridades locales.

En ese contexto, los obispos vincularon el debate legislativo con intereses asociados a la actividad minera y a otros proyectos extractivos. A su entender, estas iniciativas se presentan como alternativas de desarrollo, pero generan tensiones con la protección del ambiente y los recursos naturales.

La preocupación central de la Iglesia en la Patagonia está puesta en la preservación del agua, considerada un recurso estratégico para la vida en la región. En esa línea, advirtieron que cualquier modificación que afecte áreas protegidas podría tener consecuencias directas sobre poblaciones que dependen de esos ecosistemas.

Además, cuestionaron el rol de los representantes políticos, al considerar que no se está garantizando una adecuada representación de las demandas sociales en un tema de alto impacto. Según expresaron, el debate debía contemplar de manera efectiva la voz de las comunidades involucradas.

Los prelados también apuntaron a la influencia de actores externos en la discusión, al señalar que muchas de las decisiones en torno a estos proyectos no contemplan la realidad local ni las necesidades de quienes habitan el territorio.

Frente a este escenario, reafirmaron su postura en defensa del ambiente y de las condiciones de vida en la Patagonia. En particular, insistieron en la necesidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que puedan comprometerlos a largo plazo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a mejorar la calidad del debate público y a garantizar instancias de participación genuinas, en un contexto que consideran atravesado por tensiones entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

El comunicado de los obispos

“Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación. 

No nos es ajeno el modo de resolver que tuvieron quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder “deliberar y gobernar” de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista. 

Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos, parajes y localidades de nuestro territorio. Aquí -en poblaciones pequeñas- también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas. Ni qué decir cuando amedrentan llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo. 

Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denostan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso. Otras veces nos acusan de fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios.

Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos; y cuando convencen a nuestros gobiernos, asfixiados por economías que ellos han ayudado a quebrar, siembran la idea de que es eso o el descalabro final. 

Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen. 

Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua. 

Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire“.

Con información de medios

JIB

La Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas, de forma remota, sobre la reforma a la Ley de Glaciares, y todavía no hay una fecha certera para la firma de los dictámenes y eventual sesión en el recinto.

Es probable que antes de dar un paso en firme se impulse una nueva reunión informativa con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que motorizan los intereses de las corporaciones mineras, y también dirigentes propuestos por la oposición contrarios al avance de la reforma.

Una de las alternativas que se barajan es que ese plenario de comisiones se efectué en la primera quincena de abril.

Al igual que en la jornada del miércoles, que fue presencial, fueron abundantes las críticas a la limitación en la cantidad de oradores participantes y hubo advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían anular los efectos de la ley, en el hipotético caso de que se sancione en Diputados.

El proyecto de ley, que busca quitar las prohibiciones que rigen actualmente para la explotación minera e hidrocarburífera en determinadas zonas periglaciales, y darles a las provincias la potestad de designar qué áreas proteger y cuáles no, ya había recibido media sanción del Senado sobre el final del período de sesiones extraordinarias de febrero.

Audiencia

Uno de los principales oradores de este jueves fue el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien rechazó la reforma aprobada por el Senado y destacó el inventario de los glaciares que realiza ese organismo.

“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra plenamente operativo tras su publicación oficial en 2018. 

Esta herramienta es considerada una pieza clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos en las cordilleras.

El presidente del IANIGLA precisó que se “detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 en las islas. Incluyendo las islas es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera. No del país, de la cordillera”, enfatizó. 

El geólogo Marcelo Placet, por su parte, respaldó la reforma a la ley votada por el Senado y al respecto señaló que “son falsedades” los argumentos que indican que “la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras”.

A su turno, la representante del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, María Pia Silva, afirmó que la reforma es “inconstitucional” porque vulnera el artículo 41 de la Constitución “y el principio de no regresividad”.

Agregó que “la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo” y dijo que esta ley “responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales”.

La ex diputada nacional Graciela Camaño se mostró hoy en contra de la reforma a la Ley de Glaciares y aseguró que la norma aprobada en 2010 “es el piso mínimo” y “no puede reducirse”.

La ex legisladora remarcó que el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió, “tiene jerarquía superior a las leyes” y “consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”. 

“Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, apuntó la bonaerense, que fue diputada nacional entre 1989 y 1993, entre 1997 y 2002 y entre 2003 y 2023.

Además denunció que “se obvió proporcionar al público la información necesaria en forma efectiva”, y agregó que “los plazos no son en absoluto razonables”.

“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones”, consideró.

“Este proyecto cuyo objeto no es la minería sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”, alertó. 

Al respecto, Camaño advirtió que se “pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Con más de 100 mil inscriptos, Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, por el cual el miércoles expusieron alrededor de 180 y otros 200 lo harán este jueves, mientras el resto deberá hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

El geólogo mendocino Eddy Lavandaio sostuvo, por su parte, la Ley de Glaciares había sido impulsada por “los enemigos del desarrollo minero argentino” y “sancionada por legisladores que no entendieron cuáles eran las necesidades de las familias argentina”.

El profesional científico sostuvo que la reforma no deja de lado la protección ambiental y tiene el noble objeto de promover las inversiones en pos del desarrollo socioeconómico e integral de la región cordillerana del país“.

“He leído el proyecto y no veo ningún párrafo que imponga la eliminación de los glaciares ni tampoco dejar a los ríos sin agua y menos aún la destrucción de ecosistemas. Todo eso solamente está en la mentalidad de los enemigos de los mineros y de las familias de los mineros. Son en realidad enemigos del desarrollo del país”, insistió.

La abogada cordobesa Ananda Lavayén, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, afirmó que este proyecto supone “un retroceso” y que pone en jaque el “principio de progresividad ambiental”.

Además aclaró que la ley de presupuestos mínimos vigente desde el 2010 protege ecosistema vitales vinculados a los glaciares, que “no sólo son formaciones de hielo sino reservas fundamentales de agua dulce que regulan los ciclos hídricos, sostienen la biodiversidad y garantizan condiciones de vida digna para millones de personas”.

“Por eso su protección no es una cuestión ambiental sino una cuestión de Derechos Humanos”, continuó.

Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, respaldó la reforma a la Ley de Glaciares y que la ley actual “abunda en imprecisiones técnicas y vacíos conceptuales que conspiran contra el objetivo declamado que es la preservación de las reservas hídricas”. 

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Con información de NA.

Tras una primera jornada tensa, acompañada por protestas en la calle, la audiencia por la reforma a la Ley de Glaciares se reanudará este jueves con una nueva reunión, en este caso virtual, que recogerá las voces de expositores de todo el país.

A partir de las 10, está prevista la realización de la segunda fecha de audiencias públicas, un proceso que enfrenta pedidos de nulidad en la Justicia presentados por sectores opositores a raíz de la limitación impuesta por el oficialismo en el número de oradores.

En un clima de tensión y fuertes protestas de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados cerró el miércoles la primera audiencia publica, que contó con la participación de un importante número de expositores, la mayoría de ellos con duros discursos contra la minería.

La jornada, que comenzó bien temprano por la mañana bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, estuvo marcada por fuertes cruces entre algunos de los oradores y diputados opositores.

A lo largo de la jornada la mayoría de los expositores se quejaron de que se haya limitado a 200 oradores provinciales.

El proyecto que se discute ya fue sancionado por el Senado el el período de sesiones extraordinarias y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

El Congreso amaneció vallado y con un enrevesado dispositivo de seguridad, como si fuera el 1 de marzo y el presidente fuera a hablar ante la Asamblea Legislativa. No era la apertura de sesiones ordinarias, sin embargo: era el primer día de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Más de 100 mil personas se anotaron, pero solo 360 tendrán la oportunidad de exponer en la Cámara de Diputados. Por eso, muchos quedaron afuera del vallado, exigiendo poder participar y denunciando, a modo de advertencia, que la audiencia era una “farsa” y que la ley, de aprobarse, será rápidamente judicializada. 

Hubo inscriptos que recibieron la citación de la Cámara de Diputados a los que no dejaron ingresar. Otros pensaban que habían sido citados para el jueves, de manera virtual, y se enteraron, gracias al comentario de un diputado, que aparecían en el listado de oradores del miércoles. Las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, no comunicaron el listado de expositores hasta iniciada la audiencia pública, por lo que la oposición –que está diseñando la estrategia legislativa con las organizaciones ambientales– decidió impugnar la convocatoria. 

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100 mil personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país. Y, en lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, denunció el lilito Maximiliano Ferraro, uno de los diputados opositores que presentó la impugnación, junto a la peronista Sabrina Selva y el radical Pablo Juliano. El objetivo era sentar las bases para la judicialización futura.

De los 180 inscriptos que pudieron participar de la primera jornada de debate de la reforma de la ley de Glaciares, la inmensa mayoría coincidió en un punto: la ley, de sancionarse, abriría la puerta a un largo litigio y, probablemente, sería declarada inconstitucional por la Justicia. 

“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores. Pero sepan que la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, que va a haber litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacarle la reserva estratégica de agua se van a presentar miles de denuncias”, advirtió Andrés Napoli, el director de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), al comienzo de la audiencia pública.

No hubo casi expositores que quisieran defender la reforma. De 180 expositores, menos de una decena hablaron en favor del proyecto que apunta a dejar en mano de las provincias la definición de si un glaciar cumple o no función hídrica relevante (y habilita, por lo tanto, a realizar una actividad productiva en la zona).

La audiencia pública: Día 1

Una de las primeras expositoras fue Marta Maffei, la impulsora de la ley de Glaciares que se sancionó en 2010. “Mi participación acá no convalida esta falsa audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan”, advirtió, al comienzo, con un disclaimer que se repitió, luego, en todas las intervenciones críticas a la reforma de la ley. Era una estrategia judicial pensada de antemano que tenía como objetivo impugnar, luego, la audiencia pública. 

“No hay federalismo cierto si el agua que es interjurisdiccional la administra la provincia que está más cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca. Eso no es federalismo”, cuestionó Maffei, valiéndose de un argumento que se repetiría en la mayoría de las exposiciones: las decisiones de una provincia tenían impacto sobre otras y no se podía dejar en manos de una provincia el establecimiento de un criterio particular sobre si un glaciar cumple o no una función hídrica relevante o no sin tener en cuenta el impacto sobre otras provincias. 

“Tiempo, tiempo”, la empezó a apurar el karinista Sebastian Pareja, acusándola de haberse pasado de los cinco minutos que las autoridades de las comisiones habían habilitado para cada expositor. “Dejala hablar”, le respondió el peronista “Paco” Manrique, quien empezó a discutir cada vez más fuerte con Pareja hasta que, en un momento, ambos se pararon y amagaron con pechearse. Los tuvo que parar la camporista Paula Penacca. 

“Las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no son señores feudales. Porque lo que puede ser reserva estratégica para uno es la muerte para otro. Preguntenle a La Pampa con Mendoza”, agregó, luego, Napoli, quien señaló que el proyecto era “inconstitucional” porque “cambia la regla de que los presupuestos mínimos ambientales los establece la Nación y son uniformes”.

“El proyecto tiene un propósito claro: permitir actividades que hoy están prohibidas. Para hacer esto proponen un cambio aparentemente científico, pero que en realidad no propone un informe técnico uniforme. No podemos tener 24 criterios distintos para definir una reserva hídrica, tenemos que tener uno”, señaló Antonella Riso, la presidenta de Ambiente Sano. Como cada vez que intervenía un expositor que cuestionaba la reforma de la ley de Glaciares, el salón del Anexo de la Cámara de Diputados –semivacío por las duras limitaciones en el ingreso– estallaba en aplausos.

Por el contrario, frente a las pocas intervenciones que buscaron respaldar la ley, los expositores presentes estallaron en gritos y silbidos. “Se dice que viola el principio de no regresión, es falso. Cuando hay grandes beneficios socioeconómicos que se logran a cambio de alteraciones poco significativas del recurso hídrico entonces no estamos ante una verdadera regresión”, argumentó Horacio Franco, abogado que asesora a empresas mineras, pero fue interrumpido por los gritos. 

“Vení a Jáchal, hay cientos de familias contaminadas. Niños con cáncer. Más de cinco derrames de cianuro”, le gritó, furioso, uno de los ambientalistas presentes, haciendo referencia al más grave derrame de cianuro y mercurio de la historia argentina, que ocurrió en San Juan en 2015 en la mina Veladero. 

Hubo, además, varios cruces con las diputadas libertarias que estaban ubicadas en la primera fila. Karen Reichardt filmaba algunas interlocuciones y les hacía comentarios, llevando a que varias de las expositoras se cruzaran a los gritos. “Sí, Karen, tené miedo. Sabé que en tanto no nos dejen soñar no los vamos a dejar dormir porque vamos a ser su pesadilla, la ley de glaciares no se toca muchachos”, la cruzó Jesica Gentile, de la Coordinadora Nacional de la Red Ecosocialista. 

Algunos, como el abogado ambientalista Enrique Viale, fueron más allá y denunciaron a los senadores que habían votado la reforma de la ley de Glaciares de trabajar para el lobby minero. Viale apuntó contra la salteña Flavia Royón, a quien acusó de haber trabajado en una consultora que asesoraba a Río Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo. Viale anunció que iba a denunciarla penalmente por “incompatibilidad en la función pública”.

El abogado, después, se dio vuelta y lo miró a Peluc: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Peluc no respondió.

MCM/CRM

La Cámara de Diputados abre este miércoles desde las 10 la primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada, que será presencial, 200 oradores, y mañana otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, La Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta hoy, miércoles.

La limitación de los oradores, así como la cantidad de asesores por bloque, será un tema de polémica en la primera etapa de la reunión, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda reclamarán la extensión de esas audiencias.

Audiencias

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron anoche que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico, y que el ingreso a la HCDN se habilitará a las 9:00 h y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba.

En una publicación de la red social X, se recordó que “solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”.

Además, señalaron que “la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada”.

“De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicita a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente”, agregaron.

Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer casi 200 personas de las 24 jurisdicciones.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Transito

Desde la mañana de este miércoles, se implementarán cortes de tránsito en la zona del Congreso que estarán a cargo de las fuerzas federales y afectarán distintos accesos y cruces clave en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.

Entre los puntos donde se realizarán los cortes figuran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre, con obturación sobre la primera arteria mencionada en cada caso.

Además, por la tarde habrá una marcha de organizaciones ambientalistas que reclamaban una extensión de las audiencias sobre glaciares.

Justicia

Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se ha expedido sobre ese pedido.

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó este viernes una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó hoy una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

Pero para las organizaciones ambientalistas, esa restricción vulneraba los estándares de participación pública ambiental.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Mayoraz celebró el fallo del magistrado a través de una publicación en la red social X.

“¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana“, indicó.

Y agregó: “Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal RECHAZÓ el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3. Acá te cuento por qué el proceso es PLENAMENTE legítimo. No te dejés psicopatear”.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para frenar las restricciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.

El reclamo apunta a garantizar “condiciones reales de intervención” en un proceso que ya reúne a más de 85.000 inscriptos y que, según denunciaron, podría alcanzar muchos más, marcando un récord histórico de convocatoria.

La acción, que se encuentra en manos del juez Enrique Lavie Pico, fue impulsada por un conjunto de entidades, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación judicial, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender el formato actual de la audiencia y obligar al Congreso a readecuar el cronograma y garantizar la participación ciudadana.

El eje del planteo radica en la limitación dispuesta por el oficialismo, mediante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que prevé solo dos jornadas de debate para el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esto representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su publicación en el canal institucional de Diputados.

Nicolás Mayoraz, este jueves, decidió que el próximo miércoles 25 de marzo solamente ingresen los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y dos asesores por Bloque. “Será una audiencia pública hermética”, dijo a elDiarioAR una fuente parlamentaria.

Desde las organizaciones calificaron el esquema de “censurador y excluyente” y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en temas de interés público, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En ese sentido, reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos, ampliar la cantidad de jornadas de audiencia y evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra.

“El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron en el comunicado, donde además sostienen que la masiva convocatoria no constituye un problema organizativo sino una muestra de “una democracia deliberativa vibrante”.

También alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” asegurar la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, para los sectores críticos, esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra.

La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección a los glaciares considerados “hídricamente relevantes” y habilitar el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría impactar especialmente en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Con información de medios y redes

JIB/CRM