“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.

Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.

Calarco fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.

De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.

Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.

El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías. 

La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich. 

Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 –durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso– empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada. 

MC

A un año de la sanción y entrada en vigencia de la oficialmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, este informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza los impactos de sus principales objetivos: la desarticulación de organismos del Estado y empresas públicas, un RIGI sin éxito, la regresividad en la recaudación y la caída de empleo registrado.

Impactos de los decretos delegados por Ley Bases:

• La Ley Bases habilitó una delegación legislativa sin precedentes, permitiendo que el Poder Ejecutivo dicte 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases (Reforma del Estado). Esta avanzada de carácter legislativa por parte del Poder Ejecutivo se suma al Mega DNU 70, aún vigente. Este volumen refleja un vaciamiento del rol del Congreso.

• Disoluciones de organismos, programas y regímenes: La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado. Podemos detallar las disoluciones de: Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable; AFIP (hoy ARCA); Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC); Programa Nacional de Inversiones Turísticas; Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven; y la disolución de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.

• Disoluciones de fondos fiduciarios: Estas disoluciones avanzaron suprimiendo, fundamentalmente, importantes programas vinculados a viviendas y hábitat (como el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana) y de promoción tecnológica y científica. Incluso se eliminaron otros fondos como el Fondo Nacional de Emergencias (necesario frente a catástrofes como la de Bahía Blanca o el norte de la PBA en este 2025), el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar. Esta eliminación se produce a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional). Por ende, estos decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación.

• Transformaciones y transferencias de organismos y bienes: Las medidas impulsadas en este segmento estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares. También por decreto se transfirió el Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, a contramano de lo definido por el Congreso (ley 27.759, posterior a la Ley Bases) donde expresamente se estableció su funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia.

• Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar: enmarcados en las empresas autorizadas a privatización de Ley Bases, se dispuso por decreto la transformación jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, Banco Nación (suspendida en sede judicial) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) transformada a Carboeléctrica Río Turbio S.A.

• Modificaciones de funciones y autoridades de organismos: se avanzó en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como: la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal (nuevo estatuto), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.

• Modificaciones a distintos regímenes: también en este caso el avance se realiza sobre regímenes diversos, tales como: la supresión de las funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos, la modificación de la ley de Argentores, o la eliminación del reconocimiento el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas en situación de calle y familias sin techo.

• Decretos de Necesidad y Urgencia. Para completar este análisis cabe citar el avance del ejecutivo en materia legislativa a través de DNUs (y no como decretos delegados). Siguiendo la línea del DNU 70/2023, el gobierno dictó otros DNUs que profundizaron la liberalización de sectores estratégicos mediante: Decreto 446/2025 (elimina regulación de precios en garrafas), Decreto 304/2024 (TICs y telefonía móvil), Decreto 338/2025 (desregulación aerocomercial), Decreto 340/2025 (desregulación de la marina mercante y limitación al derecho a huelga), Decreto 103/2025 y 397/2025 (facilita tenencia de armas semiautomáticas). Esto supone la retirada del Estado en la defensa del interés público, con impactos directos sobre consumidores, usuarios y trabajadores.

Privatizaciones:

• La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de las siguientes firmas: Energía Argentina S.A. (ENARSA); Intercargo; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A través de decretos citados previamente el gobierno fue habilitando el inicio del proceso de privatización en cada caso. Se dispuso asimismo el cierre de la empresa SOFSE.

• A través del decreto 416/25, se establecieron las condiciones para efectuar los procesos de venta, concesión o subasta, que se llevarán a cabo de manera digital mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR.

• La empresa IMPSA, por fuera de la Ley Bases dada la dependencia de la participación accionaria de la provincia de Mendoza, es el primer caso de privatización del gobierno de Milei. Fue concretada en febrero de 2025. La firma mendocina, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, fue traspasada a la estadounidense ARC Energy. No es casualidad que esta empresa haya sido la compradora ya que fue precisamente ARC Energy quien contrató a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos, en el marco de un contrato por el cual se adelantaron 120 millones de dólares.

• Más allá del conjunto inicial de firmas públicas sobre las que ya se activaron procesos formales enmarcados en Ley Bases, el Gobierno nacional dejó en evidencia que su intención es ampliar aún más el alcance del programa de privatizaciones aun si estas no tienen autorización del Congreso. En recientes declaraciones, el 2 de julio de 2025 en una conferencia en IAE Summit de Universidad Austral, el Ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a cuatro mecanismos: 1) privatizaciones; 2) venta de activos (aquellos en manos de AABE); 3) concesiones (citando puntualmente a las hidroeléctricas) y 4) block trades, en caso de existir inversores grandes entrando al país. En medios de comunicación se precisó “en off” que las privatizaciones previstas refieren a NASA y AySA, ambas aprobadas por ley Bases, pero también incluyen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.

• Aerolíneas Argentinas: post aprobación de la Ley Bases se intentó su privatización con una ley especial del Congreso, iniciativa que quedó estancada luego del debate en comisiones en Diputados en octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno continuó promoviendo un vaciamiento progresivo, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional. Se interrumpió la ruta a Reconquista, se eliminó el “Corredor Atlántico”, que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos, tres veces por semana, se anunció la suspensión de los vuelos CórdobaTrelew, Rosario–Calafate, Rosario–Neuquén y Salta–Neuquén. También se amenazó con cerrar la ruta a Río Cuarto, lo cual finalmente no se concretó porque el municipio local ofreció un esquema de riesgo compartido, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica si no se alcanzaba un mínimo de ocupación de los vuelos. A la fecha, en Aerolíneas Argentinas, ya se ejecutaron medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior.

• Banco Nación: el 20 de febrero de 2025, el Gobierno fijó la conversión del Banco Nación a Sociedad Anónima en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de preparar el terreno para su privatización posterior. Esta transformación fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025. Otros tres antecedentes desregulatorios muestran la intención de favorecer a entidades financieras privadas en detrimento del BNA: 1) Un antecedente clave de este proceso es el DNU 70/2023, que derogó la prohibición legal de privatizar el BNA establecida en 1999, que había sido aprobada con el acompañamiento de todos los bloques partidarios que “blindaron” al banco del proceso de privatización menemista; 2) A través del decreto 747/2024, el Gobierno eliminó en agosto la obligación de pagar los sueldos del personal de la administración pública a través del Banco Nación. También ordenó que se cancelen en el plazo de un año todos los convenios vigentes con esa entidad. Detrás de esta medida, lejos de haber un objetivo de eficiencia, se esconde una clara intención de debilitar al banco público y transferirles un negocio millonario a los bancos privados; 3) Con el nuevo estatuto -aprobado por Decreto 116/2025- el Directorio podría descapitalizar el Banco.

• Casa de la moneda: En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ubicada en la localidad de Don Torcuato. En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta fueron dispensadas. El martes 1 de julio de 2025, mediante el Decreto 442/2025, se dispuso el traspaso de personal, bienes y funciones desde el organismo encargado de imprimir billetes y monedas hacia otros entes estatales, como ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Arsat.

• Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF): en diciembre de 2024, el Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país.

• Correo Argentino: Como primer paso, se eliminaron las regulaciones que limitaban la competencia en el mercado de paquetería y encomiendas. A partir de esta apertura, el Ejecutivo anticipó que buscará avanzar con su transferencia al sector privado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó los escenarios posibles para la empresa: “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse”.

• Represas del Comahue: El ministro de Economía, anticipó el martes 10 de junio, que el Ejecutivo espera recibir entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación del paquete accionario de estas centrales, cuya concesión vigente desde la década del 90 vence en agosto de este año. Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Según lo anunciado, el Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para avanzar con su privatización, en lo que constituiría una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones:

• De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, a saber: Parque Solar El Quemado y Anexos, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón y Sidersa. Y el quinto, Licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, viene a reemplazar la retirada de PETRONAS, también proyecto que estaba en carpeta.

• En lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.

• A pesar de otorgar concesiones extraordinarias (y superadoras a la ley de GNL propuesta por el gobierno anterior), el gobierno perdió la principal inversión en cabeza de PETRONAS de Malasia para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica.

• Las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de mayo 2025 es negativo en USD -1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA.

• La potencial liquidación de dólares es débil: los 5 proyectos aprobados significan según el informe 143 de Jefatura de Gabinete, una inversión de USD 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025). Tener presente, además, que al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real.

• En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también deficiente: los 5 proyectos anunciados estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso los 14 proyectos presentados estiman la creación de apenas 23.872 puestos de trabajo (directos e indirectos), una cifra que representa solo el 20,7% de los empleos privados perdidos desde noviembre de 2023.

En materia tributaria:

• La reforma del Impuesto a los Bienes Personales representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino. Al reducir las alícuotas más altas (de 1,75% a 0,25% en 2027) y mantener inalteradas las más bajas, se benefició de manera desproporcionada a los patrimonios de mayor volumen, aplanando la pirámide tributaria.

• La creación de un régimen de pago anticipado con alícuotas preferenciales, consolidó un esquema fiscal que premia a los grandes contribuyentes con capacidad de adelantar pagos o con activos previamente no declarados. Además, el mantenimiento de estos beneficios hasta 2038 profundiza esa ventaja.

• La eliminación del diferencial de alícuotas entre bienes en el país y en el exterior suprimió un instrumento clave para fomentar la repatriación de activos.

• Mientras que entre enero y diciembre de 2023 la participación del impuesto a los Bienes Personales en relación al total de recursos tributarios se mantuvo relativamente estable en torno al 2,2%, a partir de enero de 2024 comienza una caída sostenida que alcanza un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.

• Aunque hay una leve recuperación hacia el segundo semestre de 2024 producto de la recaudación por el régimen especial de pago anticipado, la incidencia vuelve a estabilizarse por debajo del 1,8% a partir de enero de 2025, lejos de los niveles de 2023.

En materia laboral:

• La extensión del período de prueba y la creación de nuevas figuras contractuales como el “colaborador” habilitaron un modelo de contratación más precario, con menor protección para los trabajadores. Sin embargo, lejos de fomentar el empleo registrado, el mercado laboral formal se contrajo, con una pérdida de 115.353 puestos registrados del sector privado desde noviembre de 2023 a marzo de 2025.

• El blanqueo laboral fracasó en sus objetivos: solo se registraron 7.660 trabajadores, pese a los amplios beneficios otorgados a empleadores.

• El crecimiento de monotributistas (74.997 nuevos inscriptos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal.

• El empleo asalariado registrado en el sector público se redujo, como parte de una política de desarticulación del Estado, en 58.210 puestos. La reducción se dio en el marco del ajuste fiscal y fue facilitada por la reforma laboral, que habilitó el pase a disponibilidad por 12 meses y luego el despido de trabajadores estatales.

• La tasa de informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales entre el 4° trimestre de 2023 y el 4° trimestre de 2024, alcanzando el 42% en los aglomerados urbanos. Este incremento se da en contraposición al discurso oficial que sostiene que la flexibilización del mercado laboral permitiría aumentar la formalidad. En los hechos, ocurrió lo contrario.

• La implementación de los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional representa un claro retroceso en materia de derechos laborales. Bajo un diseño mucho más laxo que el régimen de la construcción, sin garantías mínimas ni obligación de equivalencia con el esquema vigente, este nuevo modelo traslada el riesgo del despido a los propios trabajadores, cuya compensación queda atada al rendimiento de instrumentos financieros.

El Poder Ejecutivo finalmente publicó la reglamentación de los capítulos hidrocarburíferos de la Ley de “Bases” (LB). Mediante el Decreto 1.057/2024 complementó detalles y pormenores de las cláusulas legales referidas a la producción y comercialización de petróleo, gas natural y GNL (gas natural licuado). 

A contrario sensu de lo que podría esperarse por el mandato desregulador de dicha legislación, la letra chica trajo algunas novedades. Se trata, pues, de una regulación intermedia entre la pura liberalización y el arbitraje estatal activo. Por un lado, la nueva regla es la libertad de exportación, donde ya no se requerirá obtener una autorización de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN), sino tan solo notificar la exportación. Por el otro, aparece una excepción decisiva: la no-objeción del Estado, una especie de “llave” que permite ralentizar y/o denegar envíos al exterior. Según expresó la secretaria de Energía, María Tettamanti, es un mecanismo que rige “en todo el mundo”.

Con todo, esta política sectorial no se basará en la tradicional búsqueda del “autoabastecimiento”, pues se deroga la declaración de “interés público nacional” de la Ley 26.741 de 2012 y se rompe con la regla “prioridad mercado interno” del marco regulatorio que data de 1967. La satisfacción de las necesidades internas ya no se hará, prioritariamente –en tanto telos– a través del desarrollo de los propios recursos nacionales. Así, el suministro de fuentes foráneas (mercados regionales y globales) competirá con la producción local. En adelante, el principio ordenador estará centrado en el libre mercado, el pleno acople entre precios internos e internacionales, la “maximización de la renta” y el perfil netamente exportador de la producción excedente, apalancada en contratos de largo plazo. Y si bien la “seguridad de suministro” funciona como reparo, podrá recurrirse a importaciones para complementar la oferta local. 

Cruzar el rubicón

Ahora bien: bajo un wording aparentemente autorrestrictivo para la propia Administración, esta traza “desregulatoria” y pro-mercado encuentra un freno en la herramienta diseñada para mantener el control bajo la órbita del Estado: la no-oposición de la SEN, instrumento que se erige como inevitable atalaya a sortear en forma previa a obtener la “vía libre” a exportaciones multi-decenales. A pesar de cierta lectura apresurada de la LB, el consabido art. 6° del decreto-ley 17.319/67 se mantiene como estandarte de resguardo del adecuado suministro del mercado interno. Es un mecanismo que reserva una alta cuota de discrecionalidad a la autoridad de aplicación federal. Máxime, dado que podría resguardarse en causales netamente económicas (ej. alteración de los precios internos). Es “la prueba de ácido” de todo este sistema pro-exportación. 

Ahora bien, transcurrido el plazo de 30 días, y ante el silencio de la administración (otro caso de “silencio positivo” contenido en la LB), el exportador se hace del derecho a exportar bajo condiciones altamente favorables (en volúmenes y plazos inauditos para nuestro país), resguardado por un fuerte grado de seguridad regulatoria. Así, el trámite continúa con una Constancia de Libre Exportación para presentar en la Aduana. De ahí en adelante, y hasta por 30 años, esa exportación ya no podrá ser revisada (salvo caso fortuito o fuerza mayor). 

Pero atención: el inicio de este “pasa - no pasa” podría dilatarse ante pedidos de más información y/o aclaraciones (atenuado por la posibilidad de subsanar deficiencias). Y tampoco es el único valladar a ultrapasar bajo el paraguas del giro copernicano de la normativa libertaria. Adicionalmente, los operadores deberán presentar en forma anual una certificación independiente de la existencia de reservas y/o recursos prospectivos de hidrocarburos, junto con las proyecciones de producción necesarias. Este basamento material y periódico (de renovación trianual) es requisito para suministrar adecuadamente la demanda interna y cumplir con los compromisos de exportación. 

Se advierte aquí un esmero de la administración por “seguir el pulso” del sector productivo, a efectos de evitar escenarios como los vividos en los años ’90, donde una drástica caída de reservas y producción de hidrocarburos no se condijo con el flujo exportador y los contratos transcordilleranos.

Particularidades del GNL

Al igual que en el vigente Plan Gas.Ar, la SEN deberá realizar un estudio integral y sistémico de oferta y demanda, infraestructura, recursos y reservas. En materia de gas se denomina “Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos” y representa la manifestación más explícita de que el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) no considera oportuno liberar completamente la exportación de GNL de largo plazo. 

La razonabilidad de esta medida puede estar sustentada en el hecho de que, hoy por hoy, la mitad de la producción de gas natural proviene de fuentes no convencionales, las cuales requieren de un flujo permanente de inversión para mantener el plateau de producción, máxime cuando de exportaciones pluri-decenales se trata. De allí los pruritos por desentenderse absolutamente del mercado interno y del ritmo de producción, así como la recurrencia a revisiones periódicas del desempeño del tándem recursos-reservas, con la obligación anual de presentar la información respaldatoria.

Pero, además, si se trata de GNL el plazo para objetar se estira de 30 días a 4 meses, lo que denota el compromiso con el estudio sistémico e integral de oferta-demanda y la preocupación por un bien crítico para la economía nacional (demanda doméstica, industrial, de generación eléctrica) y las cuentas públicas (balanza de pagos). 

Asimismo, se requiere algo más que una simple “constancia” aduanera: esto es, acceder a una Autorización de Libre Exportación de gas natural licuado (ALE-GNL), la cual contendrá los parámetros necesarios de plazo, volumen y duración (podría caducar ante incumplimientos periódicos). Obtenida la ansiada ALE-GNL sí se cumple el “espíritu” de la LB, la demanda central del sector O&G (oil and gas) para “liberar las fuerzas productivas” que traccionen el potencial masivo de Vaca Muerta. Y se abre un horizonte estable de 30 años de exportaciones ininterrumpibles, estables y no sujetas a restricción/reducción/redireccionamiento alguno. En fin, la plataforma óptima para construir “un nuevo campo” para la Argentina.

No obstante, el período tri-decenal autorizado debe particionarse en 6 módulos de 5 años cada uno, habida cuenta que el mantenimiento de la firmeza exportadora estará siempre sujeto a la revalidación quinquenal de las credenciales productivas.

Entonces, ¿cómo garantizar contratos 365 (flat) y de largo plazo? Pues a través de la flexibilidad en el cumplimiento del requisito de garantía de suministro del mercado interno. Esta plasticidad permite reemplazar, a costo del exportador, volúmenes necesarios para la demanda local por otra fuente (ej. compra a otro productor, importación de GNL o electricidad). También se podrá renunciar temporalmente a la exportación “cruzada”, en orden a no perder el contrato con el off taker del exterior. Eso sí, la maleabilidad en cuestión seguirá estando sujeta a la aprobación oficial.

¿Y las provincias? Como con la ley “corta” de 2006, se mantiene bajo jurisdicción del Estado Nacional la facultad para diseñar y ejecutar la política energética a nivel federal. Asimismo, se insiste (ídem ley 27.007 de 2014) en que Nación y provincias acuerden (i) un pliego modelo y (ii) una normativa hidrocarburífero-ambiental uniforme, la cual deberá contener objetivos de control de emisiones (descarbonización).

Escenarios posibles

Un semestre de espera para el dictado de la presente reglamentación no constituye, empero, la última reglamentación del régimen de exportaciones. En efecto, el decreto 1.057/24 establece que la SEN seguirá realizando adecuaciones durante un período “de transición” de 7 meses –mientras dure la emergencia energética de la LB. En parte porque no se derogó explícitamente la normativa vigente en materia de procedimientos de exportación (res. 241/17 en crudo y 360/21 en gas).

De aquí en más, dos escenarios asoman: por un lado, que bajo el “paradigma de la abundancia” se logre superar todo resquemor hacia el mercado interno; por otro, que una coyuntura adversa (ej. crisis geopolítica) realce la oportunidad de reservar este “as en la manga” del policy-maker energético. Las chances del primer caso son altas, dada la potencialidad de Vaca Muerta, su productividad en los últimos años y los proyectos en marcha de ampliación de infraestructura. La probabilidad del segundo escenario tampoco es baja, en atención a los enormes desafíos (macroeconómicos, logísticos, educativos, etc.) que representa concentrar todas las fichas en un pleno vacamuertista y en mercados globales donde somos tomadores de precio. Con la LB, el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) y esta reglamentación el Gobierno espera dar pasos consistentes en la dirección deseada, mientras guarda el conejo en la galera… 

El autor es doctor por la UBA en Derecho, director del IGPUBA y titular de la consultora Paspartú.

AR

Al filo de la medianoche del 12 de junio pasado, el Senado daba media sanción a la ley Bases, pilar del plan económico de Javier Milei. El debate de un compendio inabarcable de normas con las que el ultra se dio manos libres para hacer y deshacer el país había sido agotador: 12 horas. Le seguiría una sucesión de votaciones en particular hasta la mañana siguiente, en varias de las cuales tuvo que desempatar la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, tal como había ocurrido con la aprobación en general.

Semejante maratón no apaciguó el frenesí de Edgardo Kueider por viajar a Paraguay. De Buenos Aires a Entre Ríos y de allí otras diez horas por ruta hasta el paso fronterizo San Ignacio de Loyola, que une Clorinda, en la provincia de Formosa, con Puerto José Falcón, del lado paraguayo. La salida del país del senador peronista entrerriano se registró a las 21.02 del 16 de junio. Haría el camino inverso cinco días después, por la tarde.

En el lapso transcurrido entre la media sanción en el Senado y el viaje a Paraguay, “el Turco” Kueider vivió las que serían hasta entonces las horas de mayor repercusión nacional de su vida política. Mientras surcaba la ruta en un día templado a las puertas del invierno, el senador concordiense habrá tenido tiempo para rastrear su nombre en las redes sociales. ¿Había vendido su voto? El cruce binacional menos transitado con destino a Asunción aparecía como un lugar en el mundo adecuado para esas horas de fama indeseada.

Frigerio propone, Milei nombra

Kueider fue uno de los panqueques más notorios de la Cámara Alta cuya pirueta permitió la aprobación de la ley Bases. A cambio, fue premiado con una silla que se paga con unos US$15.000 mensuales en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, botín históricamente útil en la relación entre el Gobierno nacional y Entre Ríos. La delegación recayó en Juan Carlos Chagas, antiguo peronista de Concordia, exmassista y exalbertista.

Una vez cruzado el Rubicón de la ley Bases, el Turco se transformó en un obediente soldado de Milei y cazarrecompensas todoterreno

En el arreglo con el Gobierno de los hermanos Milei fue clave el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de quien Kueider se supone que era opositor. Frigerio, exministro del Interior de Mauricio Macri y figura decisiva a lo largo de 2024 para orquestar ausencias sugestivas y bruscos giros en ambas cámaras legislativas, se ocupó de resaltar ante el Presidente la ofrenda de que los tres senadores por la provincia hubieran levantado la mano a favor de la ley Bases. La gestión quedó plasmada en que la propuesta formal de Chagas fue elevada por el propio Frigerio, y la designación, oficializada el 27 de septiembre por la entonces canciller, Diana Mondino.

Hasta mediados de año, Kueider era un disidente peronista con perfil crítico de la ultraderecha gobernante, según la prosa escueta y rudimentaria que suelen tener los políticos que se mueven como hojas al viento. Lejos de las palabras, su negocio es el silencio.

En el pasado, Kueider fue varias cosas. La marca insoslayable de sus últimos años fue la cercanía al exgobernador Gustavo Bordet, vínculo vigente hasta la detención en Paraguay, pese a la distancia pública mantenida desde el episodio de transfuguismo de junio. Como informó el periodista concordiense Claudio Gastaldi, el aterrizaje de Kueider en el mundo Bordet fue desde Nuevo Espacio, ensayo progresista del peronismo de Entre Ríos, similar a otros en varias provincias durante el primer kirchnerismo.

Más cerca, Kueider fue un solitario senador “albertista”, pero se “desencantó” a tiempo, como todos los albertistas. Una vez cruzado el Rubicón de la ley Bases, el Turco se transformó en un obediente soldado de Milei y cazarrecompensas todoterreno: su nombre sonó para embajadas, control de la SIDE y más sillas en el Estado.

La bitácora del Turco

Los viajes de Kueider a Paraguay, generalmente por cuatro días, en soledad o acompañado, resultan de por sí reveladores, más allá de la pista que llevaría a un probable lavado de dinero sostenido durante años. El Turco registra salidas en febrero, marzo, junio, julio y diciembre de 2024. Antes había viajado en 2019, 2021 y 2022, tanto por la salida Clorinda-Puerto Falcón, como por la más transitada Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu-Ciudad del Este.

Los periplos de este año fueron en su mayoría con su secretaria, Iara Guinsel Costa, a quien Kueider atribuyó la tenencia de los US$211.102, $3.900.000 y 640.000 guaraníes decomisados el miércoles pasado en Ciudad del Este. En cambio, las excursiones de 2021 y 2022 fueron en soledad, en la misma camioneta Chevrolet. El dato echa por tierra la versión de que el vehículo fuera de la joven. De hecho, la propiedad corresponde a un empleado de la Biblioteca del Congreso, adscripto al despacho del senador, además de socio.

La bitácora del último viaje a lo profundo de la noche que terminó a la 1.30 del miércoles, con una requisa llevada a cabo por agentes de frontera paraguayos en la zona del Puente de la Amistad, torna incomprensible la versión de Kueider. La pareja salió de Puerto Iguazú, Argentina, a las 20.40 del 3 de diciembre. Desde allí pasaron a Foz, ruta obligada para llegar por tierra a Ciudad del Este. El abogado paraguayo del senador explicó que llegaron al hotel en Ciudad del Este y decidieron retroceder sobre sus pasos, sin descargar equipaje, para cenar en Foz. Portaron los dólares consigo, ya que lo consideraron más seguro.

El letrado César Nider Centurión explicó que los US$211.000 pertenecían a la empresa local Goldsur y habían sido entregados a Guinsel Costa “para comprar electrodomésticos”.

Alojados en un piso de lujo en Asunción, los mieleros Kueider y Guinsel Costa sumaron al abogado Ricardo Preda a su defensa, otro letrado al que fuentes judiciales argentinas consideran influyente en el fuero penal paraguayo.

¿La entrega de esa pequeña fortuna fue a las 22, horario en que se supone que Kueider y su pareja llegaron al hotel en Ciudad del Este? La escena de un senador argentino y su secretaria recibiendo fajos con verdes en una habitación de un hotel bien podría formar parte de la película paraguaya “7 Cajas” (Juan Carlos Menaglia y Tana Schémbori, 2012), que narra con maestría el frenesí de la noche esteña.

La intercepción de la camioneta y el celo por ver el contenido de la mochila disparó una ola de especulaciones de las que Kueider no es ajeno. En el entorno del Turco en Concordia prima la idea de que Macri activó tentáculos en servicios de Inteligencia y en la política paraguaya, a través de su amigo Horacio Cartes, el expresidente al que el Departamento de Estado puso en la lista negra bajo presunciones de contrabando. Esa línea de suspicacia lee que la requisa de madrugada impactaría, primero, en Milei, y luego, en el cristinismo. A la atribución del hecho a Macri, por ahora, le faltan pruebas.

Alcances del lavado

La Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) argentina está tratando de verificar si la mochila con los dólares ya estaba en la camioneta cuando Kueider y Guinsel Costa dejaron el país. El objetivo —difícil de probar, máxime cuando la comunicación con la contraparte paraguaya no está siendo fluida— permitiría abrir una causa independiente por contrabando. De lo contrario, todo lo que recabe la Procelac, a cargo de Diego Velasco, será aportado al expediente por presunto lavado que tiene a Kueider y Guinsel Costa como investigados, a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

La causa de Arroyo Salgado se centra sobre presunto lavado producto de coimas canalizadas a través de una empresa fantasma manejada por Kueider, con fondos sustraídos a ENERSA, la principal firma de electricidad provincial. El historial de ENERSA encuentra a Kueider como síndico y a Chagas —el hombre que colocó Kueider en la Comisión de Salto Grande como corolario de la negociación con Frigerio y Santiago Caputo— como presidente, sin que haya una relación detectada con el delito atribuido al senador.

El tiempo dirá si ese expediente tiene un derrotero clásico en el juzgado de Arroyo Salgado y tantos colegas del fuero penal federal: un ramillete de conexiones sospechosas y presuntos delitos que nunca se resuelven y tienen a todos los involucrados libres, pero condicionados.

De Kueider a Stolbizer

El trámite de la ley Bases actuó como un “principio de revelación”, por utilizar un léxico del mundo Milei.

Kueider fue un caso notorio, pero también supimos de su colega correntino Carlos Espínola, campeón olímpico en windsurf en el plano deportivo y en salto con garrocha en el político, o la neuquina Lucila Crexell, que iba de acá para allá, pero lo que buscaba en realidad era la embajada argentina ante la UNESCO. Más sórdida fue la actitud de dos senadores santacruceños vinculados al sindicato petrolero local que rechazaron la ley en general para, de inmediato, ausentarse de la votación en particular y facilitar su aprobación, sin dar explicaciones.

Supimos del correntino Carlos Espínola, campeón olímpico en windsurf en el plano deportivo y en salto con garrocha en el político, o la neuquina Crexell, que iba de acá para allá, pero lo que buscaba era la embajada argentina ante la UNESCO

También quedó confirmado que los diputados del PJ tucumano que responden al gobernador Osvaldo Jaldo estaban en oferta y que la épica de Rodrigo de Loredo para “darle las herramientas al Presidente” no le teme al ridículo. Que la historia de “halcones” y “palomas” en el PRO, de bullrichistas, macristas y larretistas, era pour la galerie, porque la obediencia debida a lo que pida el Ejecutivo es total. Que Florencio Randazzo, Miguel Ángel Pichetto, los cordobesistas y los peronistas “republicanos” en general sólo se preocupan por los valores institucionales frente al kirchnerismo, pero siempre, inexorablemente, levantan la mano derecha. Que los provinciales de Río Negro, Neuquén, Misiones, Santa Cruz y Salta conciben la política como un juego de líquidos que se adaptan al envase, y que progresistas del estilo de Margarita Stolbizer y los cívicos de Elisa Carrió hablan como opositores, pero votan como oficialistas.

Milei se valió de Kueider como, a su turno, Mauricio Macri ganó la voluntad de Diego Bossio, un excristinista de paladar negro que pasó a regatear en pleno recinto de Diputados. Está claro que el problema de la liquidez política no es una novedad, sino que interpela a todo el sistema desde hace tiempo.

Allá por 2005, los Kirchner y Alberto Fernández perpetraron una compra de voluntad en sentido inverso, al punto de que nació un neologismo: borocotización. Un médico divulgador de consejos que portaba un típico discurso fascistoide en la tele, Eduardo Lorenzo Borocotó, ingresó a Diputados por la lista macrista y, apenas asumió la banca, se cruzó de vereda. Su vida pública se apagó para siempre, pero fue un botón de muestra que incluyó una legión de radicales concertacionistas, como los mendocinos Julio César Cobos y Alfredo Cornejo, que pasaron de apoyar al liberal-conservador Ricardo López Murphy en 2003, a integrarse al kirchnersimo, para transformarse finalmente en acérrimos opositores.  

Infalibilidad de Cristina

Es presumible que, en el marco de su autorreconocida infalibilidad, Cristina Fernández de Kirchner no conciba un error en el hecho de que una corriente política haya convivido durante 25 años con arribistas, acaso minoritarios pero efectivos, dispuestos a transfuguearse al mejor postor.

No se trató de un atajo para sumar lo que se pudiera por necesidad y urgencia, en el marco de un proyecto naciente, que necesitaba acumular músculo en las provincias del Norte y de la Patagonia, en Lomas de Zamora y en Tunuyán. Fue más bien una constante, sin que ello signifique que sus esporádicos rivales internos —Alberto Fernández, Sergio Massa— hubieran sido más puristas.

Intervenciones de los Kirchner para promover a los peores y desentenderse de las consecuencias han sido innumerables. Algunas de ellas siguen vigentes, como lo demuestra el vínculo entre Máximo y Martín Insaurralde. Quién sabe si, el día de mañana, Daniel Scioli vuelve a ser un compañero “con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo”, como definió Cristina en 2023.

No parece haber motivo ético o político que lleve al peronismo a decretar expulsiones en tiempo y forma, como si fuera necesario mantener un recoveco que permita volver a tejer alianzas que una y otra vez se tornan contraproducentes. La indulgencia infinita puede ser síntoma de torpeza o de complicidad.

La “alta política” de los Milei

El caso Kueider pone en tela de juicio otra premisa que sobrevuela la política argentina. El oficialismo, unos cuantos consultores y el amplio arco de medios afines atribuyen a los hermanos Milei alta pericia política para llevar adelante su agenda, pese a su marcada debilidad parlamentaria, y ponen como prueba de ello la sanción de la ley Bases y el bloqueo de proyectos para aumentar a los jubilados y el presupuesto universitario, entre otros.

Por ahora, lo que se sabe es que el Gobierno de los ultras se las ingenió para llevar adelante proyectos redactados por estudios jurídicos corporativos. La obscenidad de los intereses privados en el manejo de la función pública es clamorosa

Con rendición intelectual, desde miradas opositoras también se alimenta la noción de que, detrás del ruido de los insultos y las groserías de Milei, prevalecen una mirada estratégica y muñeca política.

Por ahora, lo que se sabe es que el Gobierno de los ultras se las ingenió para llevar adelante proyectos redactados por estudios jurídicos corporativos. La obscenidad de los intereses privados en el manejo de la función pública es clamorosa. Mientras, Patricia Bullrich mantiene la calle en orden mediante desmanes policiales y el favor de jueces y fiscales federales. Si hay que pegar palos a jubilados, se hace.

En el camino, en alguna reunión en penumbras cerca del Congreso o en un living de Recoleta, los Kueider, Randazzo y Santilli de la política argentina se dejan convencer.

Liderazgo y pericia política son otra cosa. 

SL/DTC

Un libro con historias sobre las Abuelas de Plaza de Mayo ayudó a Roberto de la Cruz Gómez a soportar parte de los 84 días que estuvo encarcelado en el penal de Ezeiza por protestar. “A partir de esas historias valoré cómo estaba yo mismo, dentro de todo con salud y con mucho cariño y apoyo de todas las organizaciones sociales que me acompañaron”. Del otro lado del teléfono con elDiarioAR, Roberto habla rápido, con un ánimo que sorprende apenas un día después de ser el último de los detenidos durante la feroz represión del 12 de junio pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado votaba la ley Bases.

44 años, empleado en una panadería, Roberto recuperó su libertad el jueves a la tarde, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar a viva voz. 

“Yo sabía que era inocente y muchos me decían que era excarcelable. Yo fui a la marcha, nunca lo negué a eso, y sabía que podían detenerme y largarme al otro día, porque en este país siempre creen que los malos son los que van a marchar. La Argentina siempre va a vivir así, al límite”, dice Roberto. Simpatizante del kirchnerismo, pero sin estar organizado, fue a la marcha aquel 12 de junio por su cuenta, con una bandera hecha por él mismo que decía “Patria sí, colonia no. No a la ley Bases”. Lo motivaba reclamar la mala situación económica, que afecta incluso el negocio donde trabaja: “El dueño me dijo que si la crisis sigue así va a tener que cerrar”.

Como el 12 era miércoles y tenía franco en su trabajo, aprovechó ya la noche del martes para ir a la vigilia frente al Congreso. Al día siguiente regresó al mediodía y se sorprendió del fuerte operativo de seguridad por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: “Estaba lleno de policías y motos”. Al poco tiempo pudo ver cómo reprimieron a un grupo de jubilados y trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sobre Callao y Rivadavia. Volvió a su casa para almorzar y cuando más tarde fue de nuevo a la plaza notó que el clima ya era mucho más espeso. “Veo una humareda gigantesca. La plaza era una batalla campal, con mucho humo y permanente ruido de tiros”, recuerda. 

Una de las gaseadas de la policía lo encegueció y tuvo que sentarse. Hubo quienes lo ayudaron a limpiarse la cara. Observó a familias corriendo, a personas mayores tapándose la boca con pañuelos para no ahogarse. “La Policía nunca nos avisó que nos iba a despejar. El aviso fue a balazos y a gas lacrimógeno. Tiraron a mansalva. En cada marcha se ve la violencia y el odio que el Poder Ejecutivo le transmite a la Policía”, denuncia.

Cuando ya anochecía y la manifestación descomprimió hacia la 9 de Julio corrida por la policía, en avenida de Mayo y Sáez Peña lo detuvieron. Los efectivos lo inmovilizaron poniéndole una rodilla en la cabeza: “Todo fue en plena oscuridad”. Lo habían señalado de quemar un tacho de basura y tener palos, aunque nunca hubo pruebas en su contra de haber participado en los graves incidentes que sí se registraron en aquella jornada, como el móvil de la radio Cadena 3 que fue dado vuelta y prendido fuego.

Comenzó entonces para Roberto un periplo que duró varias horas por una comisaría de la Ciudad hasta que a las 4 de la mañana fue al penal de Ezeiza, donde efectivos del Servicio Penitenciario Federal lo recibieron con pasamontañas y a los gritos. Estuvo una hora parado, esposado, mientras le tiraron gas pimienta y lo increparon acusándolo de “kirchnerista”. “Los primeros días fueron horribles. En el primer pabellón que me ingresan había asesinos con condenas desde seis años para arriba, hasta que logré que me cambien. Pero el SPF es totalmente negligente. Te hacen levantarte a las 3 o 4 de la mañana. Hay una persecución todo el tiempo con requisas, te obligan a desnudarte y todo el tiempo me preguntaban si pertenecía a un partido político o a una agrupación”, narra Roberto. 

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, denuncia Roberto, que tuvo acompañamiento permanente de diversas organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, familiares de detenidos y familiares de desaparecidos. 

Soportó la detención con buen ánimo hasta que la semana pasada quedó como el único detenido por protestar, luego de que el miércoles 28 de agosto fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Roberto fue el último liberado en una cacería policial que alcanzó a 33 personas, de las cuales a la gran mayoría se le dictó falta de mérito apenas los primeros días. Su causa y la de Daniela –que estuvo 75 días presa porque llevaba una pechera del MTR y el pañuelo verde dela lucha por la legalización del aborto– siguen abiertas, aunque nunca les encontraron una prueba de ser “terroristas” o cometer un golpe de Estado. Hoy todos los presos por protestar contra Javier Milei están libres.

MC/MG

El día de la represión frente al Congreso ante la protesta del 1 de febrero contra la primera versión de la ley Bases de Javier Milei hubo un sugestivo apagón de las iluminarias callejeras que permitieron que la policía actúe de manera descontrolada. Hubo heridos de gravedad con balazos de goma en la cara. Y muchos trabajadores de prensa fueron atacados por los propios efectivos de seguridad.

Esas conclusiones son parte del avance en la causa que se lleva adelante en la Justicia Federal sobre la actuación de la policía en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. El expediente por lo que sucedió aquella noche del 1 de febrero lo lleva la fiscalía 7 de Ramiro González y el juez federal es Julián Ercolini. Este viernes Myriam Bregman, exdiputada del FIT y abogada de derechos humanos reveló en su cuenta en Twitter algunas de las presentaciones que hubo en las últimas horas en el expediente.

La más llamativa es la confirmación por parte del gobierno porteño de que efectivamente la iluminación de la plaza Congreso se apagó al caer la noche, como repitieron varios de los denunciantes, justo cuando las fuerzas federales avanzaron contra los manifestantes: entre las 20 y las 22. Curioso es que la Ciudad no explica quién mandó a apagar las luces.

“El horario habitual de encendido de los artefactos empazados en el sector, según el calendario astronómico, es a las 20.02 hs. Por su parte, en la fecha y franja horaria señalada, se infiere que por circunstancias excepcionales y ajenas al sistema e infraestructura del alumbrado público, se vio afectado el tiempo en que prendieron tanto los reflectores como las farolas de lugar. Sin perjuicio de ello, el funcionamiento de las iluminarias se regularizó a las 22.30 del mismo día”, se destaca en el escrito que el director general de Alumbrado, Julio César González, remitió a la Justicia ante un requerimiento oficial.

elDiarioAR relató en marzo pasado cómo fue esa represión a partir del testimonio de Matías Auferi, abogado asesor del bloque del Frente de Izquierda y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), que en esa jornada recibió un impacto de bala de goma en el ojo, por el que perdió la visión por completo, justo cuando la luz de la plaza estaba apagada. Agentes arriba de una motocicleta le dispararon al abogado hacia la cara. Estaba a diez metros de distancia. Fue lo último que registró: “Sentí el impacto y se apagó el ojo”, contó en su momento a este medio. Esa misma noche al menos hubo más de 280 heridos. 

En el expediente se sumó también el testimonio del gremio de prensa Sipreba, ya que muchos fotoreporteros también fueron heridos de bala. “Les tiraban a la cara y a quemarropa, apuntaban a lugares donde sólo había periodistas identificados con chalecos y credenciales”, denunció Bregman. “La Policía Federal atacaba para impedir que se registre la represión contra los manifestaban que estaban arriba de la plazoleta frente al Congreso y las detenciones ilegales que iban a hacer. Esto se relaciona con la baja de la iluminación, también”, completó la ex legisladora.

Los avances en la causa se conocen justo cuando el Gobierno profundizó en los últimos días su aparato represivo. El miércoles aplicó el protocolo antipiquetes por segunda semana consecutiva contra la marcha en favor de los jubilados, luego de que Milei vetara la ley que determina un aumento en los haberes previsionales.

Ayer también se conoció que fue liberada la última persona que permanecía detenida en el penal de Ezeiza tras la represión de junio pasado, cuando el Senado votó la segunda versión de la ley Bases: Roberto de la Cruz Gómez. De los 33 detenidos entonces, ningudo está preso, ya que la Justicia no encontró pruebas de supuestos actos terroristas o golpe de Estado, como Milei y Bullrich salieron a acusar inmediatamente.

MC

Casi tres meses después de la feroz represión policial frente al Congreso cuando el Senado votó la ley Bases, la Justicia ordenó la excarcelación a la última de las personas que aún permanecía detenida. Este jueves la Sala II de la Cámara Federal firmó la liberación de Roberto de la Cruz Gómez. Hace apenas pocas semanas ya había sido liberada la única mujer que quedaba detenida, Daniela Calarco Arredondo. 

Las liberaciones ponen contra las cuerdas la estrategia del Gobierno, que acusó sin pruebas desde el día uno a los manifestantes de supuestos actos terroristas y de sedición, en línea con la criminalización de la protesta dispuesta a través del protocolo antipiquete. Justo ayer otra vez las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich avanzaron sobre una marcha en las inmediaciones del Palacio Legislativo por el aumento de las jubilaciones.

La Justicia dispuso la excarcelación de Cruz Gómez bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país. Según denunciaron desde la Izquierda, la causa sigue abierta porque el fiscal de primera instancia Carlos Stornelli armó una causa paralela con “actuaciones complementarias” para involucrar a nuevas personas en los incidentes con las fuerzas de seguridad por incendio, roturas de veredas y daños a comercios.

“La Sala II de la Cámara Federal resolvió otorgar la excarcelación bajo el uso de un dispositivo electrónico de rastreo o de la ubicación física a Roberto, el último detenido por la manifestación contra la Ley Bases. Una vez implementado, ya no quedarán detenidos. Por eso, Stornelli está tratando de involucrar nuevas personas para mantener abierta la causa”, denunció la exdiputada del Frente de Izquierda y abogada de organismos de derechos humanos Myriam Bregman. El fallo de la Cámara Federal fue dictado por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun. 

De la Cruz fue víctima de la cacería que lanzó la Policía de la Ciudad y la Federal sobre una treintena de personas aquel 12 de junio a varias cuadras del Congreso, cuando se reprimió la importante protesta que se organizó contra la votación de la ley Bases. Finalmente el día siguiente el Senado votó a favor de la norma con cambios, que terminó siendo sancionada en revisión por Diputados. 

Tanto Bullrich como Javier Milei acusaron a los manifestantes de cometer “actos terroristas” sin aportar pruebas. A las pocas horas de las detenciones arbitrarias la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para once. Sí resolvió el procesamiento para cinco, pero a menos de un mes ya habían sido excarcelados tres, quedando solo dos personas detenidas: Calarco Arredondo y De la Cruz Gómez. El procesamiento de ambos fue confirmado el 11 de julio por la misma Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No fueron acusados de intimidación pública, como pretendía la Casa Rosada.

Calarco Arredondo finalmente fue liberada el miércoles de la semana pasada, tras 75 días presa por protestar. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Al momento de la detención tenía en la mochila la pechera del movimiento social y el pañuelo verde por el aborto. Sus defensores denunciaron que fue perseguida por esos distintivos.

De la Cruz lleva ya 84 días preso y cumplía una huelga de hambre en protesta. “Nos preocupa su estado de salud, especialmente tras haber iniciado una huelga de hambre en protesta por la extensión de su detención basada, no en los delitos que se le imputan, sino en sus antecedentes penales ya cumplidos”, denunció la CTA justo ayer.

A través de un comunicado, el diputado y jefe de la central sindical Hugo Yasky reclamó: “Condenamos las vejaciones que sufrió por parte del Servicio Penitenciario tras la visita de organismos de derechos humanos, situación que ha llevado a la presentación de un habeas corpus. Este hostigamiento es parte de un patrón de ensañamiento contra quienes luchan por sus derechos, una práctica que ya ha sido denunciada por otros detenidos. Por ello, exigimos el respeto a los derechos de Roberto y su inmediata liberación”. Hoy la Justicia ordenó liberarlo, medida que debería concretarse en las próximas horas.

MC/JJD

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger anticipó que esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, entre otras medidas que se trabajan en el Ejecutivo.

“Se viene más libertad”, aseguró el funcionario en declaraciones en TN de Noche. Sostuvo que se anunciarán cambios en los regímenes informativos y habrá modificaciones en el régimen de firma digital.

“Lo que toca mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan es más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos”, señaló.

Sturzenegger adelantó las medidas de menor a mayor y contó que este lunes el secretario de Comercio anunciará la eliminación de regímenes informativos. “Así completamos la tarea que empezamos con el DNU 70. Esto va a implicar una solución para muchas empresas, que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al Gobierno, para que después no se hiciera nada con eso”, explicó.

También se espera que en los próximos días se informe sobre el cambio de régimen en la firma digital.

El ministro aseguró que “la ley Bases fue la ley que tuvo más tiempo de debate en la historia de Argentina. El resultado es sumamente generoso por parte del Congreso en las atribuciones que nos concedió para reformar el Estado. Le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año haya una reforma importante en la estructura del Estado”.

El funcionario aseguró que faltaba “reglamentar la sección de la Ley Bases que tiene que ver con la reforma laboral. Tenemos un plazo límite para entregar toda esa reglamentación y quien está liderando este esfuerzo es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en colaboración con el Banco Central, la AFIP, la ANSES, y otras áreas”.

Asimismo, destacó la importancia que tiene para su área el Fondo de Cese Laboral: “Las relaciones laborales en Argentina tienen una carga muy pesada, especialmente en términos de incertidumbre y costos asociados al proceso de indemnización y despido. Esto aumenta considerablemente el costo laboral para las pymes y otras empresas”, señaló, al tiempo que argumentó con el “ejemplo paradigmático es el de la UOCRA”. De acuerdo al funcionario cercano a Milei, “existen industrias que han encontrado soluciones a este problema”.

Según Sturzenegger, “la UOCRA ha establecido un régimen laboral particular, en el que los trabajadores, tras finalizar una obra, deben trasladarse a otro proyecto. Ellos han creado un sistema que permite gestionar esta rotación, armonizando los intereses empresariales con los sindicales y que ha resultado eficaz dadas las características de esa industria. La ley Bases permite a cada industria hacer lo mismo: establecer su propio convenio para resolver este problema. Estamos trabajando en la reglamentación de este artículo para asegurarnos de que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas y sindicatos”, remarcó.

Para el ministro, “la idea es que la reglamentación permita poner en marcha este sistema, sin que haya resistencia ni por parte de los empresarios ni de los sindicatos. Esto se debe a que ambos se benefician y el único factor que pierde es la industria del juicio, que suele absorber muchos recursos. Esto permitirá a los empleados y empleadores llegar a acuerdos más beneficiosos que los actuales bajo la Ley de Contrato de Trabajo”, detalló, pero aclaró que esto “no será obligatorio” y que habrá libertad para que tanto las empresas como los trabajadores “pueden optar por no adoptarlo”.

Qué dice el capítulo de la ley Bases sobre Reforma Laboral

TÍTULO IV: Promoción del empleo registrado

Artículo 76.- Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el artículo precedente.

Esos efectos podrán comprender:

a) La extinción de la acción penal prevista por la ley 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los recursos de la seguridad social de la ley 24.769 y sus modificatorias, la ley 25.212 y sus modificatorias, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;

b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa;

c) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

(i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y sus modificaciones.

(ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificaciones.

(iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modificaciones.

(iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.

(v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias.

(vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22.250 y sus modificatorias.

(vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 78.- Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la prestación compensatoria ni de la prestación adicional por permanencia.

Artículo 79.- La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título de la ley.

Artículo 80.- Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

Artículo 81.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este título.

TÍTULO V: Modernización laboral

Capítulo I

Artículo 82.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 7°: Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.

La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.

Respecto de éstas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes.

Artículo 83.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° bis: La registración efectuada en los términos del artículo 7° se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes.

Artículo 84.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° ter: El trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, o ante las autoridades administrativas del trabajo locales.

El sistema deberá expedir la constancia pertinente.

Artículo 85.- Incorpórase como artículo 7° quáter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° quáter: En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado.

Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate.

Artículo 86.- Sustitúyese el Registro del Capítulo 2 del Título II de la ley 24.013 por el siguiente:

Del Sistema Único de Registro

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 18: El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros:

a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del sistema nacional de salud elegido por el trabajador;

b) El registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo.

Capítulo II: Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 2°: Ámbito de aplicación.

La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

a) A los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo;

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente;

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario;

d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 23: Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social.

Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 29: Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última.

Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 92 bis: Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba:

a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y

b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

(i) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

(ii) El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

(iii) Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.

(iv) Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, con los beneficios establecidos en cada caso.

(v) El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

(vi) El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al período de prueba.

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 136 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 136: Contratistas e intermediarios. Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir estos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios, los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determine la reglamentación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa (90) días de sancionada la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social establecida en el presente artículo.

Artículo 93.- Sustitúyese el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo.

Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.

La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.

La misma conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.

Garantízase a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 242 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 242: Justa causa.

Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.

Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.

Artículo 95.- Incorpórase como artículo 245 bis a la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente:

Artículo 245 bis: Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso.

Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el cien por ciento (100%), conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios.

El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos.

Capítulo III: Fondo de cese

Artículo 96.- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744.

En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.

Capítulo IV: De los trabajadores independientes con colaboradores

Artículo 97.- El trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.

El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley.

El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.

Capítulo V: Trabajo agrario

Artículo 98.- Sustitúyanse los artículos 16 y 69 de la ley 26.727 por los siguientes:

Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. Su extinción se regirá por lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Para los trabajadores de tiempo indeterminado del sector agrario será de aplicación lo dispuesto respecto del período de prueba en el artículo 92 bis de la ley 20.744.

Artículo 69: Bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial podrán proponer a los empleadores un listado del personal necesario para la realización de tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión de Trabajo Agrario.

El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga.

Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador.

Ley Bases

Con información de agencias.

IG

El exministerio y actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó los datos sobre trabajo registrado al mes de mayo de 2024. De los mismos se desprende una caída brutal de los puestos desde la asunción de Milei: en 6 meses, se perdieron 123.123 trabajos registrados asalariados en el sector privado y 36.940 en el sector público. 

La pérdida en el privado no es mayor sólo en términos nominales, también lo es en proporción: se perdieron el 2% de los puestos privados y el 1% de los públicos, contrastando con la idea del Gobierno de que sea el sector privado el que “absorba” al personal despedido en el Estado (principalmente nacional).

En mayo, específicamente, se destruyeron 9.101 puestos privados y 8.845 públicos. Más de la mitad de los despedidos devinieron en monotributistas: éstos aumentaron 9.636 en el mismo mes, materializando la propuesta que realiza La Libertad Avanza en materia de legislación laboral: trabajadores con cada vez menos derechos. 

Esta visión se plasmó en la Ley Bases que el Gobierno logró sancionar con ayuda de sus aliados en el Congreso: promover el cuentapropismo sin derechos laborales. En dicha ley se incluyó la figura del “colaborador”, un trabajador “independiente” pero que en realidad trabaja —en relación de dependencia— para otro trabajador independiente. Es decir, se trata de una relación laboral asalariada encubierta, que resulta más barata para el empleador, y con menos derechos para el trabajador: ni licencias, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni indemnización en caso de despido. 

En materia de sectores, la construcción encabeza la destrucción de puestos de trabajo, tras la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. Ello trajo aparejado un desplome absoluto de toda la actividad: la construcción acumula en el primer semestre de 2024 un derrumbe de 32,7%, sólo comparable en magnitud con la pandemia. Como consecuencia, en mayo se destruyeron 1.108 puestos de trabajo y en los primeros seis meses de gestión de Milei, se perdieron en este sector 64.179 puestos (sólo contando registrados), es decir, una caída del 15%. A su vez, representan la mitad de los puestos totales perdidos en el sector privado en esta etapa.

Le sigue en importancia (tanto nominal como porcentual) la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera: 4.607 sólo en el último mes, y 22.750 en los seis primeros meses de Milei, explicando el 18% de los puestos totales perdidos en el sector privado. La actividad no muestra signos ni siquiera de detener la caída, y ello resulta especialmente preocupante por el peso que tiene la industria en materia de empleo: 19% del total privado registrado.

Esta destrucción de empleo va en línea con la situación de la actividad: en junio, una de cada dos máquinas de la industria manufacturera en Argentina estuvieron apagadas. Son datos que aporta el INDEC: sólo se usó el 54,5% de la capacidad instalada, frente a un 68,6% de hace un año atrás.

Por el contrario, los únicos sectores que crearon empleo en los últimos 6 meses fueron aquellos ligados a actividades primarias: agricultura, ganadería y pesca, que sumaron 11.000 puestos, pero lejos estuvieron de compensar la caída del resto de los sectores.  

Por otra parte, resulta interesante analizar la enorme heterogeneidad de la crisis de empleo en materia territorial: mientras provincias como Formosa y Tierra del Fuego perdieron el 9,9% de su trabajo registrado privado en los seis primeros meses de Milei, Salta incrementó su empleo 1,2% y Chubut 0,9%. Sin embargo, lejos están de compensar los desplomes en la zona núcleo: Buenos Aires perdió 50.743 empleos privados, CABA 13.958, Santa Fe 11.876 y Córdoba 8.001. 

Argentina parece adentrarse en su tercera crisis de empleo en menos de 10 años. La primera fue generada por el macrismo, que desde agosto de 2018 a diciembre de 2019 implicó perder 279.000 empleos privados. La segunda fue provocada por la pandemia, que ocasionó una pérdida de 155.000 puestos en 4 meses. A partir de allí, entre julio de 2020 y noviembre de 2023, se logró recuperar la totalidad de los empleos perdidos y superar en 90.000 puestos los niveles de abril de 2018 (punto máximo anterior). Hacia mayo de 2024, los empleos perdidos en tan poco tiempo generan alarma, y hacia adelante no hay perspectivas de mejora: la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo calcula que en junio se destruyeron otros 12.500 puestos de trabajo. Mientras otros temas copan la agenda pública, la crisis de empleo asoma cada vez con más fuerza.

CB/JJD

El Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases que se refiere al Título II de Reforma del Estado, que avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.

Para explicar el decreto 694/24, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó la red social X para explicar de qué se trata lo publicado este lunes en el boletín Oficial. Según el funcionario clave en la elaboración de la ley Bases, se trata “en particular de aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas”.

De acuerdo al ministro, “la explicación requiere detallar los cambios registrados en tres instrumentos: las facultades delegadas, la ley de empleo público y la ley de procedimientos administrativos” y le dedica un posteo a cada ámbito que toca la desregulación del Estado, con “los cambios e implicancias fundamentales en cada uno”.

Para fundamentar los artículos reglamentados, Sturzenegger consideró la ley Bases “constituye la respuesta del Presidente Javier Milei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional”. Y detalla punto por punto:

MOTOSIERRA

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos. Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696. Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”.

ANTI-COIMAS.

“La Ley Bases implementa una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Los cambios apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano. Veamos:

ANTI-ÑOQUIS

“Se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado.

Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo.

Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte.

De esta manera se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de “minar” al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana.

El régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro.

Las adscripciones por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno Nacional. Se termina el dislate de las adscripciones a otros poderes a costa del contribuyente.

Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses.

Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores“.

Y cierra Sturzenegger su explicación: “Lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre la reforma del Estado. En las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos”.

IG

El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases para avanzar en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. Lo hizo a través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial de este lunes.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación Federico Sturzenegger. 

La reglamentación avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.

Los aspectos centrales del decreto tienen que ver con cuatro aspectos: reorganización administrativa, privatizaciones, Silencio administrativo y reglamentación y ajustes.

El cuanto a la reorganización administrativa: se establece que el Poder Ejecutivo puede reorganizar, transformar, liquidar fondos fiduciarios públicos siguiendo la Ley N° 27.742. 

Sobre las privatizaciones fija que se deben seguir procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas. 

Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del documento debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.

El silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas.

En tanto, las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.

Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad.

Además, la jefatura de Gabinete de ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la citada jefatura debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales, conforme lo expuesto en el artículo 3°.

Los artículos reglamentados

Con información de agencias.

IG

Luego de la foto con los 18 gobernadores que firmaron el Acta de Mayo en Tucumán, Javier Milei busca ahora terminar de encarar la tan anunciada “fase 2” de su gestión. Con la ley Bases aprobada y el reciente nombramiento de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en Casa Rosada intentan demostrar que la intención es traducir en acciones concretas los diez puntos firmados el 9 de Julio. Para eso, formalizaron el denominado Consejo de Mayo, un órgano cuyo objetivo será el de trabajar en la creación de distintos proyectos de ley.

Los mandatarios provinciales estaban a la espera del decreto, que finalmente salió publicado en el Boletín Oficial este miércoles. “Saldrá cuando tenga que salir”, habían deslizado ayer, sin demasiadas precisiones, desde el entorno presidencial a elDiarioAR. Al igual que el resto de los decretos importantes, la redacción del texto está a cargo de María Ibarzábal Murphy, designada en abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, un área que depende de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei. En la práctica, sin embargo, reporta directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

La idea del oficialismo es que el Consejo de Mayo trabaje en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en la mentada acta. Explican que será una “una suerte de ente que empuje las reformas estructurales” y aspiran a que sean los propios miembros quienes regulen su funcionamiento: podría adoptar la dinámica de convocar de forma semanal a sus integrantes, preferentemente en Casa Rosada, y duraría “el tiempo que se necesario”, según apuntaron desde el Gobierno.

Reuniones con empresarios y CGT

De acuerdo a lo anunciado por el propio Milei, el Consejo estará conformado por un representante del oficialismo, uno gremial, uno de las provincias, uno del empresariado, uno del Senado y otro de Diputados. En La Libertad Avanza aclaran que cada sector deberá definir internamente a sus representantes y coinciden en que el candidato natural para representar al Poder Ejecutivo es Guillermo Francos.

En las últimas semanas, ya perfilado para ese nuevo puesto, el jefe de Gabinete comenzó a participar más asiduamente de encuentros con figuras del sector empresario. Sin ir más lejos, este martes compartió un cónclave con hombres de negocios en el Palacio Duhau, el mismo que iba a realizarse el miércoles pasado, pero que tuvo que reprogramarse “por cuestiones de agenda”.

La reunión en cuestión, que tuvo lugar en el barrio porteño de Retiro, fue solicitada por la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y que apoyó activamente los proyectos que el Gobierno envió al Congreso. Más recientemente, la entidad que lidera Jaime Campos, figura que suena como posible integrante del Consejo, también respaldó fuertemente la firma del Pacto de Mayo. A través de un comunicado, calificaron como “una decisión de gran relevancia” para “abordar cuestiones que han obstaculizado por años el desarrollo de nuestro país”.

Otro sector que el Gobierno quiere tentar es el gremial. La CGT no participó del acto en Tucumán, pero en el Gobierno igualmente se muestran confiados en que podrán sentarlos en la mesa del Consejo. En ese sentido, ayer el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió a la CGT en la sede de la cartera sobre la avenida Alem 650, en lo que representó el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado. Durante la reunión, Cordero escenificó su sintonía con algunos dirigentes, como Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Pérez (Comercio).

La invitación había sido cursada oficialmente el viernes bajo la consigna “Primer encuentro del Diálogo Social”, aunque también responde al pedido de audiencia que en los días previos había formulado la CGT como forma de aplacar la adopción de nuevas medidas de fuerza. Así como estiman que Francos es el “candidato natural” a presidir el Consejo de Mayo, en Casa Rosada creen que el representante del sector empresario “debería salir del Grupo de los Seis” y, por el lado de los gremios, consideran que podría ser el mencionado Martínez.

Pero el decreto de creación del Consejo de Mayo no será el único que podría llegar en las próximas horas. El Gobierno emitirá otro a través del cual se buscará reestructurar el organigrama del Estado. Según pudo saber elDiarioAR, la idea no es tocar nombres propios sino descentralizar aún más el área de Jefatura de Gabinete. Sobre este último punto, fuentes de diálogo directo con el Presidente explicaron que las empresas públicas que Milei busca privatizar volverán en su mayoría a la órbita de Economía. “Algunas quedarán en Jefatura, como por ejemplo AySA, en otros casos como Correo Argentino, todavía no está definido”, explicaron.

PL/MG

Tal vez no esté todo perdido para la CGT. Los jefes sindicales del ala “dialoguista” se llevaron del Gobierno la promesa de revisar el piso del Impuesto a las Ganancias y de desistir en la presentación oficial ante la Corte Suprema para reponer las reformas laborales que se habían caído del célebre DNU 70/2023.

Así se desprendió de la reunión que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvo este martes con la dirigencia de la central obrera como parte del diálogo lanzado con distintos sectores por el Pacto de Mayo. Como había informado este medio, los popes sindicales habían pedido una audiencia con el funcionario como un modo de ganar tiempo ante el reclamo de las bases –y del sector más combativo– para la adopción de nuevas medidas de fuerza.

Fue eso y no mucho más. Aunque la ley Bases ya está reglamentada, la conducción sindical dice haber conseguido también la revisión de los artículos laborales de esa normativa. Esa instancia se pondrá en marcha en una reunión que el Gobierno hará la semana próxima con el sector empresario.

“Va a haber una ‘mesa técnica’ para definir la reglamentación de estos artículos que tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral, y que salieron del capítulo laboral de la ley Bases”, declaró, tras salir de la cita, el cosecretario general Héctor Daer.

El dirigente sostuvo que la CGT espera ahora “respuestas” a los dos temas principales: la modificación del piso de Ganancias, que el Gobierno restituyó y ubicó a partir de los salarios de 1,8 millón de pesos, y la marcha atrás en la presentación de la Procuraduría General a la Corte Suprema para defender el capítulo laboral del decreto 70/2023, que los abogados de la central habían logrado tumbar en los tribunales durante el verano.

La reunión se llevó a cabo desde las 13 en Alem 650, la sede de la Secretaría de Trabajo que ahora está ubicada dentro del organigrama del Ministerio de Capital Humano. Daer fue acompañado por Carlos Acuña, otro de los triunviros y cercano a Luis Barrionuevo, y por sindicalistas que componen el sector “dialoguista” como Gerardo Martínez (UOCRA); Andrés Rodríguez (UPCN); Armando Cavalieri (Comercio); José Luis Lingeri (Aysa) y Nora Ruiz (Modelos), entre otros.

Si bien también estuvo Abel Furlán, el jefe de la UOM de buena sintonía con Máximo Kirchner, la nota de la jornada la dio el camionero Pablo Moyano, referente del ala combativa de la central, quien pegó el faltazo a la cita y, en este caso, con aviso.

El menú

El Consejo Directivo cegetista, que por ahora le pone paños fríos al acompañamiento que pretende el Gobierno para el Consejo de Mayo, cuestionó en la reunión con Cordero varios de los artículos laborales sancionados –y promulgados– en la ley Bases.

La central había apostado, en la previa, a negociar los términos de aplicación de ese articulado, pero la ley terminó publicándose la semana pasada en el Boletín Oficial tal como había sido sancionada por el Congreso. Por eso ahora volvieron a la carga.

Los sindicalistas objetan artículos como el que establece a los bloqueos como causa de despidos, una acción que según entienden corresponde a la “libertad sindical”, y también piden por la “protección antidiscriminatoria”, luego de que el Gobierno hiciera cambios en esa legislación.

“Hicieron más ‘baratos’ los despidos por discriminación de raza, género o religión”, indicó, ante la consulta de elDiarioAR, uno de los sindicalistas que participó de la reunión, al apuntar a las modificaciones en la ley de Contrato de Trabajo que, según observan, “discriminan a los discriminados” en el mundo laboral.

Según los cambios consagrados en la ley Bases, se priva a los trabajadores sujetos a discriminación del “régimen legal de protecciòn antidiscriminatoria, al introducir un régimen ‘especial’ que sólo reconoce el derecho a una indemnización agravada y no el de requerir la declaración de la nulidad del acto discriminatorio”, explicaron desde la CGT a este medio.

También piden los jefes sindicales que no se haga efectiva la creación de la figura de “trabajadores colaboradores”, que pueden ser subcontratados por otros trabajadores “autónomos”, además de solicitar que se fiscalice el empleo informal. 

La central obrera expresó tras el encuentro que “el compromiso es permitir dentro de la reglamentación pertinente las observaciones que el equipo técnico legal de CGT acerque a la Secretaría, para lo cual se mantendrán reuniones al respecto dentro de los próximos 15 días”.

Salarios e impuestos

Sobre la restitución de Ganancias, los dirigentes gremiales plantearon que, más allá de las presentaciones judiciales que considere hacer cada gremio, son “inviables los pisos salariales que fueran tenidos en cuenta, para la ley Bases, en diciembre del año pasado”, por lo que deberían considerarse, de persistir ese capitulo legal, “la actualización por inflación desde entonces”.

También reclamaron que se mantenga el régimen paritario de discusión sobre salarios con la libre negociación de las partes, “sin intromisión de pautas de porcentajes por parte del Gobierno”, además de la “agilización inmediata de los acuerdos ya firmados y aún no homologados”.

“Dejamos nuestra mirada de diagnóstico y de reclamo respecto de un programa de Gobierno que vemos que no contempla la producción, el desarrollo y el trabajo, privilegiando sólo la cuestión monetaria e inflacionaria”, comunicó la central, que dijo haber alertado al Gobierno sobre “el actual estado de profunda recesión, pérdida de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos y pasivos con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo”.

Dudas por una medida de fuerza

Si bien los paros generales del 24 de enero y el 9 de mayo estuvieron de fondo en todas las conversaciones previas a la reunión, no prima por ahora en el ala dialoguista de la CGT la posibilidad de concretar otra medida de fuerza. Daer y los suyos apuestan más bien por la búsqueda de soluciones.

 “El paro es un instrumento que tenemos, en términos legales y legítimos, las organizaciones sindicales; no es un tema de si hay o no hay”, buscó despejar dudas el también secretario general de Sanidad, que aclaró de todos modos que “si las condiciones están dadas para un paro, habrá paro”.

El sector más confrontativo, que integran Pablo Moyano junto a La Bancaria, de Sergio Palazzo, y SMATA, entre otros gremios más identificados con el kirchnerismo, viene pulseando desde hace un tiempo por un rechazo frontal al Gobierno, tanto a la ley Bases como al Pacto de Mayo, y por la puesta en marcha de nuevas protestas. El faltazo de Pablo Moyano fue toda una declaración y no hace más que exponer la “grieta interna” en la CGT: según pudo saber elDiarioAR, el dirigente ni siquiera estuvo ubicable en su teléfono.

Ahora se abre un nuevo compás de espera en el que ambas partes buscarán ganar tiempo, mientras el gobierno de Javier Milei moldea el Consejo de Mayo que deberá traducir en leyes las reformas del pacto firmado con 18 gobernadores, pero sin los sindicalistas.

NP/MG

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones revocó hoy las prisiones preventivas de David Sica y Cristian Valiente, detenidos en el marco de la represión ante el Congreso cuando se debatía la ley Bases en el Senado el pasado 12 de junio.

Por lo tanto, quedan detenidas solo dos personas: Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez.

La Cámara resolvió que Sica y Valiente sigan procesados por atentado a la autoridad simple y agravado, respectivamente, y confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Calarco Arredondo y De la Cruz Gómez, por incendio y daño agravado en el caso de ella y atentado a la autoridad agravado y daño agravado en el de él.

El 12 de junio fueron detenidas en total 33 personas. Las fuerzas federales intervinieron en una manifestación de más de cien mil personas. Detuvieron al voleo a vendedores ambulantes, estudiantes y personas en situación de calle.

El fiscal Carlos Stornelli los acusó de diferentes delitos, desde lesiones hasta delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. De los 33, 28 obtuvieron la falta de mérito de la jueza federal María Servini de Cubría.

CRM

Patricia Daniela Calarco Arredondo lleva casi un mes detenida por protestar contra la aprobación de la Ley Bases en Argentina. Ella y tres hombres continúan presos desde el 12 de junio cuando 33 personas fueron detenidas tras la masiva manifestación afuera del Congreso contra la ley Bases. Calarco Arredondo tiene 39 años y es activista social del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). 

“Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, señala Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años. “Yo estuve a su lado cuando desconcentrábamos en medio de los gases lacrimógenos. Un policía de civil la detuvo en la Avenida 9 de julio y Chile. Salieron a cazar a más de diez cuadras del Congreso. Después de dos días en una comisaría en Chacarita, la trasladaron al penal de Ezeiza”.

“Resoluciones políticas”

Daniel Vázquez, abogado de Calarco, afirma que “las resoluciones de la justicia son políticas”. El letrado de la Red Federal por la Democracia señala que “el argumento del fiscal Carlos Stornelli siguió el guion de Javier Milei según el cual se iba a imputar como sedicioso o terrorista a cualquiera que se movilizara contra la ley Bases. Stornelli planteó la misma línea argumental que el Ejecutivo en el sumario de la indagatoria”.

Fueron 33 las personas detenidas el 12 de junio en lo que organismos defensores de derechos humanos describieron como una cacería policial. Las fuerzas federales intervinieron en una manifestación de más de cien mil personas. Detuvieron a voleo a vendedores ambulantes, estudiantes y personas en situación de calle. No hubo ningún detenido por el incendio de la unidad móvil de Cadena 3, una radio afín al gobierno de la provincia de Córdoba. El presidente Javier Milei felicitó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por la actuación policial contra organizaciones que denominó terroristas.

El fiscal Stornelli enumeró un sinfín de delitos —desde lesiones hasta delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, en sintonía con el relato gubernamental de un intento de golpe de Estado—, con el objetivo de que todos queden en prisión preventiva. De los 33, 28 obtuvieron la falta de mérito de la jueza federal María Servini de Cubría.

El pasado jueves, la Cámara Federal decidió la liberación de Facundo Gómez y la no excarcelación de Daniela Calarco, Cristian Fernando Valiente, David Sica y Roberto de la Cruz Gómez. Ninguno de los cuatro están acusados por el incendio del vehículo de Cadena 3 que acaparó la atención mediática y sirvió como punta de lanza para que el gobierno rechace la protesta frente al Congreso. La Cámara Federal aún no se pronunció sobre el procesamiento ordenado por la jueza Servini de Cubría. 

Daniela Calarco fue procesada el 18 de junio con prisión preventiva por los delitos de intimidación pública, incendio y daño agravado. Se le imputa haber quemado bicicletas del Gobierno de la Ciudad. 

“A Daniela le imputan intimidación pública y resistencia a la autoridad. Planteamos que no hubo delito consumado según el Código Penal. Dimos como prueba el video del canal de noticias TN: se ve que ella no prende fuego a nada. El hecho no se consumó”, afirma su abogado Vázquez. Y agrega: “Tenemos que presentar un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Casación, ya que el jueves pasado nos notificaron que no la dejaron libre porque Daniela podría entorpecer la investigación penal por estar en libertad. Hay una intención de generar temor a movilizarse. El Estado eligió de enemigos a los pobres, a los jubilados, a los desocupados”.

Calarco está actualmente sin trabajo: en marzo la despidieron del exMinisterio de Desarrollo Social fusionado con otras carteras dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano. 

Su novia Emilia dice que no hay razón para que no los liberen. “Dicen que es porque entorpecerían la investigación. David Sica es un hombre en situación de calle. ¿Cómo entorpecería la investigación?”.

Presos por protestar

El abogado Vázquez explica que a los cuatro se les dio prisión preventiva hasta que termine la investigación. “Los hombres sufrieron apremios, les arrojaron gas pimienta y los hicieron desnudar; los cachetearon en las caras preguntándoles a qué organización pertenecían. A Daniela la amenazaron con pasarla a un pabellón común. Los elementos de prueba son cámaras de seguridad de la ciudad, o sea, del Estado. No hay ningún elemento que Daniela pudiera entorpecer estando libre. La defensa oficial de los tres hombres y nosotros decimos que se violan los tratados internacionales al mantenerlos presos. Exigimos la libertad y el cierre de las causas. Ya juntamos 78 mil firmas de apoyo solidario”.

El fin de semana pudo entrar al penal de Ezeiza la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), después de tres semanas de dilaciones. Este viernes, cuando se cumple un mes de las detenciones, habrá un acto en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas de Argentina organizado por los movimientos sociales para reclamar la libertad de los cuatro detenidos y en contra de la criminalización de la protesta.

MLSM/CRM

La Cámara de Diputados aprobó a fines de junio las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de negociaciones con un estrepitoso intento fallido durante el verano, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas. 

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera. Además, se desreguló el funcionamiento del Estado “para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”, y se incorporaron flexibilizaciones laborales, algunas facultades delegadas para reconfigurar el Estado a gusto del Ejecutivo, nuevas reglas para el negocio del tabaco y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).

Así quedaron redactados en el Boletín Oficial este 8 de julio, a través del decreto 592/2024 y a horas de la firma del Pacto de Mayo, los 238 artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

Ley 27742

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

TÍTULO I

Declaración de emergencia

Artículo 1°- Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente.

El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.

TÍTULO II

Reforma del Estado

CAPÍTULO I

Reorganización administrativa

Artículo 2°- Establécense, como bases de las delegaciones legislativas dispuestas en el presente capítulo las siguientes:

a) Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común;

b) Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y

c) Asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Artículo 3°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente:

a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y

b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Naval (SHN); el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y aquellos organismos vinculados a la cultura.

En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Artículo 4°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la presente ley:

a) La modificación o transformación de su estructura jurídica; y

b) Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Artículo 5°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable.

En el caso de que, por decisión fundada de la autoridad competente, se resolviera liquidar y disolver un fondo fiduciario público y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado:

a) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser distribuido de conformidad con el régimen establecido por la ley 23.548 y sus normas complementarias y modificatorias;

b) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional; y

c) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados.

Queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565 y ampliado y modificado por ley 27.637.

Artículo 6°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las instituciones de la seguridad social.

El interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección y actuará: (i) conforme a lo ordenado en el acto de intervención dictado por el Poder Ejecutivo nacional; y (ii) bajo la supervisión y control de tutela del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa.

En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público nacional serán designados por el Poder Ejecutivo, según la propuesta del ministro referido en el párrafo anterior, cuando así corresponda.

Deberá realizarse, al inicio y al final de toda intervención, una auditoría de gestión del organismo respectivo.

CAPÍTULO II

Privatización

Artículo 7°- Decláranse “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley.

Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

Artículo 8°- Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Ésta podrá únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Además, deberá requerirse indudablemente el voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; y

c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley 19.550, Ley General de Sociedades.

Artículo 9°- Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Ésta podrá únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Artículo 10.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional a llevar adelante las privatizaciones autorizadas por la presente según los procedimientos y modalidades dispuestos en los capítulos II y III de la ley 23.696, debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por la presente.

Artículo 11.- Cuando en el marco de las autorizaciones de privatización declaradas por la presente ley se produzca la liquidación de empresas en las cuales el Estado nacional posea la totalidad de la participación societaria, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes;

b) En los casos en que bienes de titularidad de la empresa fueran insuficientes para cubrir los pasivos, se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas;

c) Los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y

d) La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Artículo 12.- El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades específicas para garantizar la debida publicidad y difusión.

Artículo 13.- La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley.

A los efectos de cumplir con su cometido, la referida Comisión Bicameral deberá ser informada de:

a) La modalidad y procedimiento seleccionado conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 23.696;

b) Cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696;

c) Las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y

d) Toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización aquí previsto.

La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.

Artículo 14.- La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de ciento veinte (120) días hábiles. Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.

Artículo 15.- Sustitúyase el inciso 2) del artículo 17 de la ley 23.696 por el siguiente:

2) Venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 18 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 18: Procedimiento de selección. Las modalidades establecidas en el artículo anterior se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificada en cada caso, por la autoridad de aplicación, mediante acto administrativo motivado.

1) Licitación Pública, con base o sin ella.

2) Concurso Público, con base o sin ella.

3) Remate Público, con base o sin ella.

4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del país o del extranjero.

La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.

Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 20 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 20: Control. La Sindicatura General de la Nación tendrá intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, debiendo formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes.

El plazo para la emisión del informe será de quince (15) días hábiles a contar desde la recepción de las actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las observaciones o sugerencias formuladas deberán ser expresamente consideradas por el Poder Ejecutivo nacional y remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley.

Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 22 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 22: Sujetos adquirentes. Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias.

Artículo 19.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 27: La autoridad de aplicación elaborará un coeficiente de participación, el cual deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría, el ingreso total anual del último año, actualizado, prorrateado con este criterio el monto total para esta categoría entre los empleados que decidan participar del proceso. Aquellos que opten por no participar durante el período establecido perderán cualquier derecho de reclamar su participación en el futuro.

Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 35: La Sociedad Anónima privatizada depositará en el banco fideicomisario los importes destinados al pago de las acciones previstos en el Acuerdo General de Transferencia y en los artículos 30 y 31 de esta ley. El banco pagará al Estado vendedor o a la autoridad de aplicación, en su caso, las anualidades correspondientes, por cuenta de cada uno de los adquirentes.

Artículo 21.- Deróganse los incisos 3, 4 y 5 del artículo 16 y los artículos 32 y 33 de la ley 23.696.

Artículo 22.- En todos los procedimientos previstos en los capítulos I y II, las empresas, sociedades u organismos involucrados:

(i) Quedarán exceptuados de cumplir con el régimen dispuesto por la ley 11.867; y

(ii) No les será exigible el monto de capital mínimo indicado en el artículo 186 de la ley 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias.

Artículo 23.- Toda empresa u organismo con participación estatal total o mayoritaria deberá respetar los siguientes principios rectores:

a) Eficiencia: utilizar eficientemente los recursos propios y los que reciba de las partidas presupuestarias;

b) Transparencia: adoptar un rol activo en la publicación vinculada a su desempeño, adoptando las mejores prácticas de transparencia con sus accionistas y con la ciudadanía;

c) Integridad: adoptar y cumplir con las políticas destinadas a prevenir y castigar la corrupción y el fraude, y desarrollar procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos;

d) Generación de valor: maximizar el impacto de las empresas en la economía, generando valor económico y social a lo largo de toda la cadena del negocio;

e) Roles diferenciados: mantener por parte de los órganos de administración y de gobierno, de la independencia respecto de los funcionarios públicos en su rol de formuladores de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por la sociedad;

f) Controles eficientes: diseñar un sistema de auditoría y control que vigilen el cumplimiento de normas y legislación vigente pero que también cuenten con una arquitectura de control destinada a identificar y evaluar riesgos críticos y el impacto de las políticas corporativas.

CAPÍTULO III

Procedimiento administrativo

Artículo 24.- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 1°: Ámbito de aplicación.

a) Las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a:

(i) La Administración Pública nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales;

(ii) Los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, cuando ejerzan actividad materialmente administrativa.

b) También se aplicarán, en forma supletoria los títulos I, II y III a:

(i) Los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales y a personas privadas, cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales;

(ii) Los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales que se desarrollen ante los órganos y entes indicados en los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) precedente.

c) La presente ley no se aplicará a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga, directa o indirectamente, participación total o mayoritaria, en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los entes mencionados en este inciso c), así como el Banco de la Nación Argentina y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado nacional, se regirán en sus relaciones con terceros por el derecho privado. El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público siempre que, para la solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público.

d) La presente ley será de aplicación a los organismos militares y de defensa y seguridad, salvo en las materias regidas por leyes especiales y en aquellas cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya por estar vinculados a la disciplina y al desenvolvimiento técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos.

Artículo 25.- Incorpórese como artículo 1º bis de la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 1° bis: Son principios fundamentales del procedimiento administrativo, la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración. En función de ello, los procedimientos regidos en esta ley se ajustarán, además, a los siguientes principios y requisitos:

a) Tutela administrativa efectiva: los administrados tienen derecho a una tutela administrativa efectiva, que comprende la posibilidad de:

(i) Derecho a ser oído: de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos o a sus intereses jurídicamente tutelados, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente.

Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.

Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos.

(ii) Derecho a ofrecer y producir pruebas: de ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la Administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la prueba que deba producirse, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva. Todo ello deberá realizarse bajo el oportuno control de los interesados y sus profesionales, quienes además podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio.

(iii) Derecho a una decisión fundada: que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, entre ellas la prueba producida, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.

(iv) Derecho a un plazo razonable: que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

b) Impulsión e instrucción de oficio: la Administración deberá impulsar e instruir de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones.

c) Celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. Gratuidad: los recursos y los reclamos administrativos deberán tramitar y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlos, excepto en el caso de recursos o reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo nacional.

Los trámites administrativos, incluyendo los recursos, reclamos y demás impugnaciones, serán gratuitos, sin perjuicio de la obligación del interesado de sufragar los honorarios que pudieren corresponder a sus letrados y representantes y a los peritos que él proponga.

Tanto la Administración como los administrados deberán obrar con buena fe y lealtad en el trámite de los procedimientos.

d) Eficiencia burocrática: los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración centralizada o descentralizada, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.

La Administración podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes o bases estatales o mediante consulta a las plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramite el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez (10) días a contar desde la solicitud.

e) Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.

f) Días y horas hábiles: los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlas.

g) Los plazos: en cuanto a los plazos:

(i) Serán obligatorios para los interesados y para la Administración.

(ii) Se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte.

(iii) Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación, en la que deberá hacerse saber al interesado los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto notificado y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si el acto agota la instancia administrativa. La omisión total o parcial de estos recaudos determinará automáticamente la invalidez e ineficacia de la notificación.

(iv) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.

(v) Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, en caso de interposición de recursos que deban ser resueltos por un órgano superior del que dictó el acto, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. La omisión del cumplimiento de este plazo se considerará falta grave del funcionario que deba proceder a dicha elevación. Toda elevación de actuaciones será notificada a las partes del procedimiento.

(vi) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado; en caso contrario, el plazo quedará automáticamente prorrogado hasta dos (2) días después de que se haga efectiva la notificación de lo resuelto respecto de la prórroga.

(vii) Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo anterior, la solicitud de vista de las actuaciones producirá la suspensión de todos los plazos para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos o requerimientos, interponer recursos o reclamos administrativos, o promover acciones o recursos judiciales, salvo los de prescripción, desde el momento en que se presente la solicitud, y se extenderá por todo el plazo fijado para tomar la vista, el cual en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días.

(viii) Cuando las normas no fijen un plazo máximo para resolver, éste será de sesenta (60) días, una vez que esté en condiciones de ser resuelto por el órgano competente.

(ix) En todo caso, se informará a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

h) Interposición de recursos fuera de plazo. Denuncia de ilegitimidad: una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales (las que en ningún caso podrán exceder ciento ochenta (180) días desde la fecha de notificación del acto), se entienda que medió abandono voluntario del derecho.

i) Interrupción de plazos por articulación de recursos administrativos o acciones judiciales: la interposición de reclamos o recursos administrativos interrumpirá el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive los relativos a la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente. Los efectos interruptivos permanecerán hasta que adquieran firmeza en sede administrativa, según corresponda: (a) el acto administrativo que ponga fin a la cuestión; (b) el acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo; o (c) el acto administrativo que haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento o del derecho.

Igual efecto producirá la interposición de recursos o acciones judiciales, aunque fueren deducidos ante tribunal incompetente.

j) Pérdida de derecho no ejercido en plazo: la Administración podrá dar por decaído el derecho no ejercido dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente.

k) Caducidad de los procedimientos: transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al interesado debidamente comprobada, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente.

Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.

Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 4°: El Poder Ejecutivo o el Jefe de Gabinete de Ministros cuando aquél lo disponga, resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los ministros y las que se plantean entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos departamentos de Estado.

Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 7º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 7°: Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia;

b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) El objeto debe ser cierto, física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;

d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas especiales, se incluyen en estos últimos (i) el respeto a la tutela administrativa efectiva de quienes pueden verse afectados por el acto de alcance particular en sus derechos o intereses jurídicamente tutelados; y (ii) el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses jurídicamente tutelados;

e) Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;

f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Artículo 28.- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 8°: El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, ya sea en forma gráfica, electrónica o digital; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

El acto que carezca de firma no producirá efectos jurídicos de ninguna especie. Lo mismo ocurrirá con el que carezca de forma escrita salvo que las circunstancias permitieren utilizar una forma distinta.

La reglamentación establecerá las distintas modalidades y condiciones a las que se sujetará la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos.

Artículo 29.- Incorpórase como artículo 8° bis de la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 8° bis: En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad.

Artículo 30.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 9°: La Administración se abstendrá:

a) De llevar a cabo comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de derechos o intereses jurídicamente tutelados;

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que, en virtud de norma expresa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto un recurso administrativo, no hubiere sido notificado;

c) De establecer mecanismos electrónicos, informáticos o de otra naturaleza que, mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos, tengan por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas;

d) De imponer por sí medidas que por su naturaleza exijan la intervención judicial previa, tales como embargos, allanamientos u otras de similares características sobre el domicilio o los bienes de los particulares.

Artículo 31.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 10: El silencio o la ambigüedad de la Administración se regirá de conformidad con las siguientes normas:

a) Cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.

b) Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso.

Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.

Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente.

Artículo 32.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 11: Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

Los actos de alcance general rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que en ellos se determine.

Artículo 33.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 12: El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial.

La Administración sólo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado nacional, incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o salubridad de la población o, en el caso de las Fuerzas Policiales o de Seguridad, ante la comisión de delitos flagrantes.

Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.

Artículo 34.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 14: El acto administrativo es de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por:

(i) Error esencial;

(ii) Dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos;

(iii) Violencia física o moral ejercida sobre la autoridad que lo emitió;

(iv) Simulación; o

(v) Un grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado.

b) Cuando:

(i) Fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio o del tiempo.

En el caso de la incompetencia en razón del grado, cuando el acto fuere dictado por una autoridad administrativa distinta de la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencias, la nulidad es relativa, salvo que se tratare de competencias excluyentes asignadas por ley a una determinada autoridad en virtud de una idoneidad especial;

(ii) Careciere de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado;

(iii) Su objeto no fuere cierto, física o jurídicamente posible, o conforme a derecho;

(iv) Se hubiere omitido la audiencia previa del interesado cuando ella es requerida o se hubiere incurrido en otra grave violación del procedimiento aplicable; o

(v) Se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder.

La sentencia que declare la nulidad absoluta tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad, siempre que el interesado a quien el acto beneficiaba no hubiere incurrido en dolo.

Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 15: El acto administrativo es de nulidad relativa, y sólo será anulable en sede judicial, si presenta un defecto o vicio no previsto en el precedente artículo 14. Las irregularidades u omisiones no esenciales no dan lugar a nulidad alguna.

La sentencia que declare la nulidad relativa tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el acto fuere favorable al particular y éste no hubiese incurrido en dolo.

Artículo 36.- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 17: El acto administrativo de alcance particular afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. No obstante, una vez notificado, si hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo o se hubiere cumplido totalmente su objeto, no procederá su revocación, modificación o sustitución en sede administrativa, y sólo se podrá obtener su declaración de nulidad en sede judicial, salvo en el supuesto previsto en el cuarto párrafo de este artículo. La sentencia que anule el acto tendrá el efecto previsto en el artículo 14, último párrafo.

No podrán suspenderse en sede administrativa los efectos de los actos administrativos que se consideren afectados de nulidad absoluta cuando no se admita su revocación en dicha sede.

El acto administrativo regular de alcance particular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, sustituido o suspendido en sede administrativa una vez notificado.

Tanto el acto administrativo regular como irregular podrán ser revocados, modificados, sustituidos o suspendidos de oficio en sede administrativa si la revocación, modificación, sustitución o suspensión del acto favorece al administrado sin causar perjuicio a terceros, si se acreditara dolo del administrado o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.

También podrá ser revocado, sustituido o suspendido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios producidos, de conformidad con la metodología dispuesta por la reglamentación. En esos supuestos, la indemnización comprenderá el lucro cesante debidamente acreditado.

Artículo 37.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 18: Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por sus titulares.

Artículo 38.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 19: El acto administrativo afectado por vicios que ocasionen su nulidad relativa puede ser saneado mediante:

a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado;

b) Confirmación, sea por el órgano que dictó el acto, sea por el órgano que debió dictar el acto o haberse pronunciado antes de su emisión, subsanando el vicio que lo afecte.

Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación solamente cuando ello favorezca al particular sin causar perjuicio a terceros.

Artículo 39.- Sustitúyese el nombre de la sección “Revisión” del título III de la ley 19.549 por el nombre de “Prescripción”.

Artículo 40.- Sustitúyese el artículo 22 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 22: El plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de diez (10) años en caso de nulidad absoluta y de dos (2) años en caso de nulidad relativa, desde notificado el acto.

Artículo 41.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 23: El administrado cuyos derechos o sus intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados podrá impugnarlo judicialmente cuando:

a) El acto de alcance particular:

(i) Revista calidad de definitivo;

(ii) Impida totalmente la tramitación de la pretensión interpuesta aun cuando no decida sobre el fondo de la cuestión;

(iii) Se diere el caso de silencio o de ambigüedad contemplado en el artículo 10 o en el inciso d) de este artículo; o

(iv) La Administración violare lo dispuesto en el artículo 9°.

b) En los supuestos de los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa salvo que:

(i) La impugnación se basare exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica;

(ii) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil;

(iii) Se interpusiere una acción de amparo u otro proceso urgente; o

(iv) Se tratare de actos que fueren dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y firme. Tales actos serán impugnables directamente en el procedimiento de ejecución de sentencia. En la medida en que ellos contraríen o modifiquen lo dispuesto por la sentencia, no producirán efectos jurídicos de ninguna especie.

c) Se considera que agotan la vía administrativa:

(i) El acto que resuelve un recurso jerárquico;

(ii) Todos los actos dictados por el Poder Ejecutivo nacional, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado;

(iii) Los actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, con las exclusiones dispuestas en el artículo 1° de esta ley, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado;

(iv) Los actos administrativos emanados de los órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, del Poder Judicial o del Ministerio Público, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado.

Contra los actos que agotan la vía administrativa será optativa la interposición de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

d) El plazo para la interposición de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía administrativa no podrá ser inferior a treinta (30) días contados desde la notificación válida del acto que se impugna.

e) Los actos administrativos dictados durante la ejecución de contratos con el Estado nacional, así como con las demás entidades y órganos incluidos en el inciso a) del artículo 1°, que el contratista haya cuestionado, en forma expresa, dentro de los treinta (30) días de serle notificados, serán impugnables judicialmente hasta cumplidos ciento ochenta (180) días de la extinción del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción que correspondan. Al efecto no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa o promovido la judicial, o la de la denegatoria expresa o tácita de ese cuestionamiento, durante dicha ejecución.

Artículo 42.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 24: El administrado cuyos derechos o intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados por un acto de alcance general podrá impugnarlo judicialmente cuando:

a) El acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente dichos derechos o intereses, y el interesado haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10.

Estarán dispensadas de la obligatoriedad de este reclamo:

(i) Las acciones de amparo u otros procesos urgentes; y

(ii) La impugnación de los decretos del Poder Ejecutivo nacional dictados en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 76, 80 y 99, inciso 3° de la Constitución Nacional.

b) Cuando la Administración le haya dado aplicación al acto de alcance general mediante actos definitivos y contra tales actos se hubiere agotado sin éxito la instancia administrativa.

La falta de impugnación directa de un acto de alcance general, o su eventual desestimación, no impedirán la impugnación de los actos de alcance particular que le den aplicación. Asimismo, la falta de impugnación de los actos de alcance particular que apliquen un acto de alcance general, o su eventual desestimación, tampoco impedirán la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos de alcance particular que se encuentren firmes.

Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 25: La acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos prevista en los dos artículos anteriores deberá deducirse dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales, computados de la siguiente manera:

a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado;

b) Si se tratare de actos de alcance general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria;

c) Si se tratare de actos de alcance general impugnados a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa;

d) Si se tratare de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado.

No habrá plazo para impugnar las vías de hecho administrativas sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. La falta de impugnación de actos que adolezcan de nulidades no obstará a su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción.

Artículo 44.- Incorpórase como artículo 25 bis a la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 25 bis: Cuando en virtud de norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores.

En ningún caso el órgano administrativo ante quien se interponga el recurso judicial podrá denegar su procedencia, debiendo limitarse a elevarlo al tribunal competente. Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. Si no se cumpliere este plazo, el interesado podrá ocurrir directamente ante el tribunal judicial.

En el recurso judicial deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que se intentare valer, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas en el artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cuando el acto administrativo recurrido hubiere impuesto una sanción pecuniaria su cumplimiento no podrá ser exigido como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario.

Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 26 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 26: La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configure el silencio de la Administración.

La acción contra el Estado nacional y las entidades autárquicas por los perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comenzará a correr, para el actor, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad.

Artículo 46.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 27: La acción de nulidad promovida por el Estado o sus entes autárquicos no estará sujeta a los plazos previstos en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción conforme lo establecido en el artículo 22 precedente.

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 28: Quien fuere parte en un procedimiento administrativo podrá solicitar judicialmente que se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, cuando hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen, la interpretación aclaratoria o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.

Presentado el petitorio, el juez, si hubiere vencido el plazo fijado al efecto o si considerare irrazonable la demora, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales informe las causas de la demora aducida y el plazo dentro del cual expedirá la medida solicitada.

Del informe de dicha autoridad se correrá traslado al peticionante por otros cinco (5) días hábiles judiciales.

Contestado el traslado o vencido el plazo antedicho que corresponda, según el caso, sin que la autoridad o el peticionante se hayan pronunciado, el juez aceptará el plazo informado por la autoridad administrativa si lo considera razonable en atención a la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes y a la demora ya incurrida, o, de no haberse informado tal plazo o considerarlo irrazonable, fijará el plazo dentro del cual deberá expedirse la autoridad requerida pudiendo agregar, en todos los casos, el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado.

La resolución del juez será apelable sólo en los siguientes casos: (i) cuando no haga lugar al amparo por mora; (ii) cuando acepte el plazo propuesto por la Administración; (iii) cuando fije el plazo para que la Administración se pronuncie. El recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo.

Artículo 48.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 29: La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable, a los efectos disciplinarios, lo dispuesto por el artículo 17 del decreto-ley 1.285/58, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder por dicha desobediencia.

Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 30 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 30: Salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24, el Estado nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad descentralizada.

Artículo 50.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 31: El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado podrá requerir pronto despacho y, si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que podrá ser interpuesta en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo nacional, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente. La denegatoria expresa del reclamo podrá ser recurrida en sede administrativa. La demanda judicial deberá ser interpuesta por el interesado dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales de notificada dicha denegatoria expresa o, en su caso, de notificada la denegatoria expresa del recurso administrativo que hubiera intentado contra aquélla. Esto último, sin perjuicio de la opción que el administrado tiene de recurrir en sede administrativa la denegatoria, conforme lo previsto en el artículo 23, inciso c) final.

Artículo 51.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 32: El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:

a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;

b) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad contractual o extracontractual o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria; o

c) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil.

CAPÍTULO IV

Empleo público

Artículo 52.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 11: El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación.

Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad deberán (i) recibir la capacitación que se les imparta; o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional. Tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía.

La presente norma será de aplicación supletoria al personal alcanzado por el régimen de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 53.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 12 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 12: Para los supuestos previstos en el artículo anterior, los delegados de personal con mandato vigente o pendiente el año posterior de la tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad.

Asimismo, aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad.

Artículo 54.- Sustitúyese el artículo 15 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 15: Los agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la ley 24.185.

El Poder Ejecutivo nacional podrá celebrar convenios con los otros poderes del Estado, provincias y municipios, que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. La movilidad del personal que se instrumente a través de la adscripción de su respectivo ámbito a otro poder del Estado nacional, estados provinciales y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos salvo excepción fundada en requerimientos extraordinarios de servicios y estará sujeta a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Artículo 55.- Sustitúyese el artículo 18 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 18: El personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes.

Artículo 56.- Sustitúyese el artículo 20 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 20: El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria.

Artículo 57.- Incorpórase como inciso j) del artículo 24 del anexo de la ley 25.164 el siguiente:

j) Realizar durante sus horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.

Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 31 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 31: Se podrá imponer el apercibimiento o la suspensión hasta treinta (30) días cuando se verifique:

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido;

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de cinco (5) días discontinuos en el lapso de doce (12) meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas; y

c) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 de esta ley, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.

Artículo 59.- Sustitúyese el artículo 32 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 32: Son causales para imponer la cesantía:

a) Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días discontinuos, en los doce (12) meses inmediatos anteriores;

b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de tres (3) inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas;

c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas, que hayan dado lugar a treinta (30) días de suspensión en los doce (12) meses anteriores;

d) Concurso civil o quiebra no causal, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa;

e) Incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere;

f) Delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente;

g) Calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante dos (2) años consecutivos o tres (3) alternados en los últimos diez (10) años de servicio y haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 33 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 33: Son causales para imponer la exoneración:

a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, provincial o municipal;

b) Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública;

c) Pérdida de la residencia permanente;

d) Violación de las prohibiciones previstas en el artículo 24;

e) Imposición como pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los cuatro (4) años de consentido el acto por el que se dispusiera la exoneración o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.

Artículo 61.- Sustitúyese el artículo 37 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 37: Los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias, con las salvedades que determine la reglamentación, se computarán de la siguiente forma:

a) Causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: un (1) año;

b) Causales que dieran lugar a la cesantía: dos (2) años;

c) Causales que dieran lugar a la exoneración: cuatro (4) años.

En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.

Artículo 62.- Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 24.185 el siguiente:

Artículo 16 bis: El ejercicio regular del derecho a huelga no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y el descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.

TÍTULO III

Contratos y acuerdos transaccionales

CAPÍTULO I

Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales

Artículo 63.- Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia, las que a los efectos de esta ley constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el artículo 54 de la ley 13.064 y modificatorias, la renegociación o rescisión de los contratos: (i) de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados; (ii) cuyos montos superen los diez millones (10.000.000) de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030/2016 o el que en el futuro lo reemplace; y (iii) hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados, cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante.

La facultad a la que se refiere el primer párrafo sólo podrá ser ejercida, previo informe de transparencia y siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público.

Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley 23.696 y aquellos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción.

Artículo 64.- A los fines de lo establecido en el artículo 63, se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley.

Artículo 65.- En toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los términos y con los efectos previstos en los artículos 1641 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que el acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los intereses del Estado nacional.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la celebración de los acuerdos transaccionales en los que será obligatorio contar con dictámenes favorables previos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, quienes a su vez podrán requerir los informes técnicos que estimen convenientes a cualquier órgano o entidad del sector público nacional y a instituciones idóneas y representativas en la materia a fin de que el Estado cuente con un rango de monto admisible para proceder a la transacción.

Capítulo II

Concesiones

Artículo 66.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la presente ley.

Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico que deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.

Podrán otorgarse concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento.

La tarifa, peaje y/o remuneración compensará la ejecución, modificación, ampliación y/o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva.

A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades que estime convenientes.

Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 4°: Las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública nacional o internacional.

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados de interés público, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación.

Toda persona podrá presentar ante el Poder Ejecutivo iniciativas privadas para la ejecución de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos mediante el sistema de concesión. En todos los casos el financiamiento deberá ser privado.

La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable, los requisitos de admisibilidad de las propuestas, los derechos y obligaciones del proponente de la iniciativa privada y las ventajas competitivas que se reconocerán en los procedimientos licitatorios convocados sobre la base de iniciativas declaradas de interés público.

La licitación de la obra, infraestructura pública y servicio público objeto de la concesión se adjudicará a la oferta más conveniente conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y las bases de la licitación o concurso.

En todos los casos serán aplicables, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.

Artículo 68.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 7°: El contrato de concesión deberá definir: el objeto de la concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; las garantías a acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si la hubiere; el procedimiento de control contable y/o económico financiero y de fiscalización de los trabajos técnicos; las obligaciones recíprocas al término de la concesión; las causales y las bases de valuación para el caso de rescisión.

La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se adjudiquen las concesiones de obra pública deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las sanciones por incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el destino de las sanciones de índole pecuniaria;

b) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, del Estado y/o de terceros, así como también, los procedimientos de revisión del precio del contrato con el fin de preservar su ecuación económico-financiera;

c) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo largo de su vigencia;

d) La facultad de la Administración Pública nacional para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un límite máximo, en más o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;

e) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras causales con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el tribunal judicial competente;

f) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra. Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, así como respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario cedente.

Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión se deberá obtener la aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la administración. Toda cesión que se concrete conforme con los recaudos antes referidos en este inciso producirá el efecto de liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en el pliego se disponga una solución distinta.

Artículo 69.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° bis: A lo largo del plazo de vigencia de los contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos la administración deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-financiera tenida en cuenta al momento de su perfeccionamiento.

Generada una distorsión de dicho equilibrio por causas no imputables a ninguna de las partes, las mismas estarán facultadas para renegociar el contrato con el fin de alcanzar su recomposición o convenir su extinción de común acuerdo, conforme al plazo que será establecido en la reglamentación o en la documentación licitatoria. De no arribarse a un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración de un panel técnico y, si correspondiere, al tribunal arbitral respectivo. En caso de extinción por mutuo acuerdo, la reglamentación determinará el plazo desde la fecha de suscripción del convenio de extinción dentro del cual deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos y, en su caso, el pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes.

Los oferentes deberán consignar en sus propuestas la ecuación económico-financiera por medio de la explicitación del Valor Actual Neto (VAN) y/o la Tasa Interna de Retorno (TIR), conforme a los parámetros que deberán establecerse en la documentación licitatoria.

La documentación licitatoria y contractual establecerá los mecanismos de recomposición del equilibrio económico-financiero del contrato.

En aquellos supuestos de fuerza mayor o actuaciones de la administración que resulten determinantes de la ruptura sustancial de la economía del contrato de concesión, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por hasta igual término al de su duración inicial. En los casos de fuerza mayor, el concedente garantizará los ingresos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera de manera absoluta la realización de la obra o la continuidad de su explotación.

Artículo 70.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° ter: La extinción del contrato por razones de interés público se regirá únicamente por las disposiciones del presente artículo y no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias.

La decisión de la autoridad concedente que disponga la extinción del contrato de concesión por razones de interés público, a efectos de encontrarse adecuadamente fundada deberá:

a) Identificar los informes técnicos objetivos que justifican la extinción del contrato;

b) Explicitar de manera concreta las causas en que se funda y las razones que sustentan una evaluación distinta del interés público comprometido en el contrato de concesión;

c) Someter la determinación del alcance de la reparación del concesionario, en el caso que no haya mediado previo acuerdo de las partes, a la consideración del panel técnico y/o al tribunal arbitral actuantes en el marco del contrato, en los supuestos que el contrato de concesión no contemple fórmulas u otros mecanismos para su determinación. A dicho efecto, podrá utilizarse como parámetro objetivo de ponderación las inversiones no amortizadas;

d) Establecer el plazo de pago de la indemnización, el cual deberá concretarse con anterioridad a la ejecución de los actos que materialicen la extinción del contrato por razones de interés público o la toma de posesión de la obra o infraestructura por el concedente.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 12: Todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación y/o arbitraje.

Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión podrán ser sometidas a consideración de un panel técnico o tribunal arbitral a solicitud de cualquiera de ellas.

Los paneles técnicos estarán integrados por profesionales independientes e imparciales, en todos los casos de acreditada idoneidad y trayectoria en la materia. Estos órganos tendrán competencia para intervenir, componer y resolver las controversias de índole técnica, de interpretación del contrato y económica o patrimonial que pudieran suscitarse durante su ejecución o extinción, aplicando a tal fin criterios de celeridad y eficacia en la tramitación de los conflictos que resulten compatibles con los tiempos de ejecución de los contratos.

En el caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será aprobada en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional e informado inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 72.- Incorpórase como artículo 12 bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 12 bis: No serán de aplicación directa, supletoria ni analógica a las contrataciones sujetas a la presente ley:

a) El decreto 1023/01 sus modificatorios y su reglamentación;

b) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.

El pago del precio del contrato y/o la remuneración del concesionario constituyen una obligación de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El Estado nacional sólo se liberará si el concesionario percibe las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.

Artículo 73.- El Poder Ejecutivo nacional podrá, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, renegociar, por razones de emergencia, la reconducción de los contratos de obra pública y servicios de consultoría de obra pública celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley que se encuentren en estado de paralización, a los efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado tendiente al reinicio y finalización de las obras comprometidas.

La reglamentación establecerá las condiciones, requisitos y procedimientos aplicables, los que deberán garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de la reconducción.

Artículo 74.- Deróguense los artículos 8° y 11 de la ley 17.520.

Artículo 75.- La autoridad de aplicación de la ley 17.520 será definida por el Poder Ejecutivo nacional.

TÍTULO IV

Promoción del empleo registrado

Artículo 76.- Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el artículo precedente.

Esos efectos podrán comprender:

a) La extinción de la acción penal prevista por la ley 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los recursos de la seguridad social de la ley 24.769 y sus modificatorias, la ley 25.212 y sus modificatorias, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;

b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa;

c) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

(i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y sus modificaciones.

(ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificaciones.

(iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modificaciones.

(iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.

(v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias.

(vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22.250 y sus modificatorias.

(vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 78.- Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la prestación compensatoria ni de la prestación adicional por permanencia.

Artículo 79.- La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título de la ley.

Artículo 80.- Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

Artículo 81.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este título.

TÍTULO V

Modernización laboral

Capítulo I

Modificaciones a la ley 24.013

Artículo 82.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 7°: Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.

La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.

Respecto de éstas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes.

Artículo 83.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° bis: La registración efectuada en los términos del artículo 7° se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes.

Artículo 84.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° ter: El trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, o ante las autoridades administrativas del trabajo locales.

El sistema deberá expedir la constancia pertinente.

Artículo 85.- Incorpórase como artículo 7° quáter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° quáter: En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado.

Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate.

Artículo 86.- Sustitúyese el Registro del Capítulo 2 del Título II de la ley 24.013 por el siguiente:

Del Sistema Único de Registro

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 18: El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros:

a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del sistema nacional de salud elegido por el trabajador;

b) El registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo.

Capítulo II

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 2°: Ámbito de aplicación.

La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

a) A los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo;

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente;

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario;

d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 23: Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social.

Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 29: Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última.

Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 92 bis: Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba:

a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y

b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

(i) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

(ii) El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

(iii) Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.

(iv) Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, con los beneficios establecidos en cada caso.

(v) El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

(vi) El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al período de prueba.

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 136 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 136: Contratistas e intermediarios. Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir estos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios, los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determine la reglamentación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa (90) días de sancionada la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social establecida en el presente artículo.

Artículo 93.- Sustitúyese el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo.

Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.

La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.

La misma conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.

Garantízase a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 242 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 242: Justa causa.

Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.

Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.

Artículo 95.- Incorpórase como artículo 245 bis a la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente:

Artículo 245 bis: Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso.

Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el cien por ciento (100%), conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios.

El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos.

Capítulo III

Fondo de cese

Artículo 96.- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744.

En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.

Capítulo IV

De los trabajadores independientes con colaboradores

Artículo 97.- El trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.

El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley.

El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.

Capítulo V

Trabajo agrario

Artículo 98.- Sustitúyanse los artículos 16 y 69 de la ley 26.727 por los siguientes:

Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. Su extinción se regirá por lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Para los trabajadores de tiempo indeterminado del sector agrario será de aplicación lo dispuesto respecto del período de prueba en el artículo 92 bis de la ley 20.744.

Artículo 69: Bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial podrán proponer a los empleadores un listado del personal necesario para la realización de tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión de Trabajo Agrario.

El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga.

Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador.

Capítulo VI

Derogaciones

Artículo 99.- Deróganse los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la ley 24.013; el artículo 9° de la ley 25.013; los artículos 43 a 48 de la ley 25.345; el artículo 15 de la ley 26.727 y el artículo 50 de la ley 26.844.

Artículo 100.- Derógase la ley 25.323 y toda norma que se oponga o resultare incompatible con el contenido del presente título.

TÍTULO VI

Energía

Capítulo I

Hidrocarburos. Modificaciones a la ley 17.319

Artículo 101.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 2º: Las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 102.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo como objetivos principales, además de los dispuestos por el artículo 3° de la ley 26.741, maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.

Artículo 103.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta ley.

Artículo 104.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 5º: Los titulares de permisos, concesiones y autorizaciones, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.

Artículo 105.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 6º: Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior.

Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía. El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna.

Artículo 106.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 7º: El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.

Artículo 107.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 12: El Estado nacional y las provincias tienen derecho a percibir una participación en el producido de la explotación de yacimientos de hidrocarburos de su dominio por empresas estatales, privadas o mixtas, con arreglo a los artículos 59, 61 y 93.

Artículo 108.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 14: Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, prohíba expresamente tal actividad.

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actividades referidas en el artículo 2º ni el de repetición contra el Estado nacional o provincial de sumas invertidas en dicho reconocimiento.

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño que le ocasionen.

Artículo 109.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 19: El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 32 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el título III y las demás disposiciones que sean aplicables.

Artículo 110.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 21: El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento.

Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de la regalía comprometida en el proceso de adjudicación, con la excepción prevista en el artículo 63.

Artículo 111.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 27 bis: Entiéndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.

El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área y reconvertirla de convencional a no convencional. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto, siendo dicha solicitud el objeto de la concesión a otorgar; y sólo podrá ser realizada hasta el 31 de diciembre de 2028. Vencido dicho plazo, no se admitirán otras solicitudes de reconversión.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60) días. Aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco (35) años computados desde la fecha de la solicitud.

Queda establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos deberá tener como objetivo la Explotación No Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el artículo 30 y concordantes de la presente ley.

Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente y aplicará a la zona unificada pagos al Estado nacional o provincial, según corresponda, que correspondan al área que los prevea en mayor cantidad y el plazo de la concesión que sea menor.

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones existentes al momento de su concesión, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la presente ley, debiendo la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión.

Artículo 112.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 28: El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a una autorización de transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en la Sección 4ª del presente título.

Artículo 113.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas cuyas concesiones hayan vencido, o las que por cualquier motivo hayan quedado sin concesionario, a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la Sección 5ª del presente título. Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en la presente ley. Esta modalidad de concesión no implica garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos de acuerdo con los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis de la presente ley.

Artículo 114.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 31: Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda área abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas.

Artículo 115.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 35: De acuerdo con la siguiente clasificación, las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23 de la presente ley:

a) Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) años;

b) Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos: treinta y cinco (35) años;

c) Concesión de Explotación con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) años.

En nuevas concesiones el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, al momento de definir los pliegos de bases y condiciones conforme artículo 47 podrá determinar otros plazos de hasta diez (10) años como máximo de los plazos previstos en los incisos a), b) y c) del presente artículo, de manera fundada y motivada que justifique el apartamiento de los mismos. En ningún caso, los plazos podrán ser fijados a perpetuidad.

Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, continuarán rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley.

Artículo 116.- Sustitúyese la denominación de la Sección 4ª de la ley 17.319 por la siguiente:

Sección 4ª

Autorizaciones de transporte y habilitaciones de procesamiento y de almacenamiento subterráneo.

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 39: Las autorizaciones de transporte confieren el derecho de transportar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.

Artículo 118.- Sustitúyese el artículo 40 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 40: Las autorizaciones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, a las personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de la presente ley. La autoridad de aplicación nacional llevará un registro de los autorizados para transportar y de los habilitados para procesar hidrocarburos.

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el artículo 28, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a obtener una autorización de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, dicha autorización será facultativa y será otorgada en las mismas condiciones que la concesión de explotación.

Los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos y/o sus derivados a la autoridad hasta sus instalaciones de industrialización y desde las mismas hasta los centros y/o instalaciones de ulteriores procesos de industrialización o comercialización. Estas autorizaciones no estarán sujetas a plazo.

Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 41: Las autorizaciones a que se refiere la presente sección que se otorgasen a concesionarios de explotación que hubieren ejercitado el derecho conferido por el artículo 28 serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las autorizaciones de transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

En los casos de cesión de una autorización de transporte otorgada en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, los autorizados podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones y se encuentren transportando hidrocarburos al momento de solicitar la prórroga.

Las concesiones de transporte otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se regirán por los términos y condiciones de su otorgamiento.

Las habilitaciones a las que se refiere la presente sección que se otorguen a los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos no estarán sujetas a plazo.

Artículo 120.- Sustitúyese el artículo 42 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 42: Las autorizaciones de transporte y las habilitaciones de procesamiento en ningún caso implicarán un derecho de exclusividad para quien realiza la actividad.

Artículo 121.- Sustitúyese el artículo 43 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 43: Mientras las instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los autorizados estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias. Si una persona es titular de capacidad de transporte y no la usare, la misma debe ser puesta a disposición de terceros para su utilización; pero siempre subordinado a las necesidades del propio autorizado a transportar. Los autorizados a transportar hidrocarburos no podrán realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de su posición dominante en el mercado.

Quienes fueren habilitados a procesar hidrocarburos deberán procesar los hidrocarburos de terceros hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de la capacidad de sus instalaciones siempre que no se comprometa la seguridad del proceso, que las partes arriben a un acuerdo por el servicio a prestar y que el solicitante se haga cargo de los costos asociados a la conexión a la planta. Dicho porcentaje podrá ser incrementado: (i) por acuerdo de partes en cualquier momento y/o; (ii) por la autoridad de aplicación una vez transcurridos cuatro (4) años desde la habilitación comercial de la planta y en caso de persistir la capacidad remanente u ociosa de la planta. Si se tratare de plantas de procesamiento de combustible líquido, el servicio de procesamiento incluirá el servicio de almacenaje.

Las previsiones del presente artículo no resultarán aplicables a las unidades de proceso que integran complejos de refinación y sus instalaciones de almacenamiento vinculadas, a las plantas de licuefacción de gas natural ni a las autorizaciones de transporte de hidrocarburos otorgadas a los titulares de dichas plantas de licuefacción de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 último párrafo.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.

Artículo 122.- Sustitúyese el artículo 44 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 44: En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley y su reglamentación, o en los actos de autorización, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.

Artículo 123.- Incorpórase, después del artículo 44 de la ley 17.319, la Sección 4ª Bis “Almacenamiento subterráneo”.

Incorpórase como artículo 44 bis de la ley 17.319, el siguiente texto:

Artículo 44 bis: Las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural confieren el derecho de almacenar gas natural en reservorios naturales de hidrocarburos depletados, incluyendo el proceso de inyección, depósito y retiro del gas natural. Podrán ser otorgadas en:

a) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación propias;

b) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación de terceros, con autorización de estos ante la autoridad de aplicación;

c) Áreas que habiendo sido productivas ya no se encuentren sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación.

Todo otro proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural que no sea realizado bajo los supuestos antes señalados no requerirá autorización bajo la presente ley.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural a cualquier sujeto que: (i) cumpla con los requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera; (ii) cuente con la conformidad del titular del permiso de exploración y/o la concesión de explotación en cuya área se emplace el reservorio natural que se utilizará para el almacenaje; y (iii) se comprometa a construir a su propio costo y riesgo las instalaciones necesarias para llevar adelante la actividad de almacenaje.

Las autorizaciones de almacenamiento no estarán sujetas a plazo. Los titulares de una autorización de almacenamiento subterráneo de gas podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos hasta sus instalaciones de almacenamiento y desde éstas hasta el sistema de transporte, las que tampoco estarán sujetas a plazo.

Los autorizados no estarán obligados a almacenar gas natural de terceros, teniendo libertad para realizar la actividad en beneficio propio o de terceros, y acordar libremente los precios por la venta del gas natural almacenado y por el servicio de almacenaje, incluyendo la reserva de su capacidad.

La autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural no se encontrará sujeta al pago de bonos de explotación y no se podrá imponer pagos análogos por el otorgamiento de estas autorizaciones a través de normativa provincial. El gas natural utilizado en los almacenamientos subterráneos sólo pagará regalías al momento de su primera comercialización en los términos del artículo 59 de la ley 17.319 y sus modificatorias. En el caso de almacenamiento de gas natural propio, las regalías se abonarán a los Precios al Ingreso del Sistema de Transporte (PIST) promedio de cuenca al momento de su producción previo a ser almacenado.

Artículo 124.- Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17, 22 y 27 bis de la presente ley, los permisos de exploración y las concesiones de explotación regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5° de la presente ley y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Artículo 125.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.

El pliego modelo contendrá condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas, así como las inversiones mínimas necesarias a las que deberá comprometerse el adjudicatario, y las restantes condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas. Asimismo, el pliego modelo establecerá mecanismos de ajustes de las regalías que se consideren convenientes, los que podrán considerar para su formulación la totalidad de las inversiones realizadas, los ingresos obtenidos y los gastos operativos incurridos, entre otras variables.

La evaluación de ofertas tendrá en cuenta el valor total del proyecto, incluyendo las regalías ofertadas, inversiones comprometidas y producción asociada conforme lo establecido en el pliego respectivo.

Los oferentes competirán en el valor de la regalía sobre un valor base del quince por ciento (15%), que regirá el proyecto en cualquiera de sus etapas. La regalía a ofertar se identificará como el quince por ciento (15%)+“X”. Dicho término “X” se establece en un porcentaje (%) a exclusiva elección del oferente, el que podrá ser negativo.

El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.

Artículo 126.- Incorpórase el artículo 47 bis de la ley 17.319 según el siguiente texto:

Artículo 47 bis: Las concesiones de explotación existentes, al fin de su término, no podrán ser adjudicadas sin mediar un nuevo procedimiento licitatorio. La licitación correspondiente podrá realizarse con un plazo mínimo de antelación de un (1) año al vencimiento de las mismas.

Si la licitación a realizar tuviera por objeto la concesión de explotación de áreas en producción, el pliego de bases y condiciones podrá establecer el valor correspondiente a las inversiones no recuperadas durante la explotación del área.

Conforme lo determine el pliego de bases y condiciones, el oferente podrá incluir dicho valor al momento de realizar la oferta a los efectos de continuar con la explotación de los pozos existentes y dicho valor será reconocido al titular de la concesión vencida.

En caso de que el oferente no incluyera el valor mencionado en su oferta, no podrá explotar los pozos existentes.

Artículo 127.- Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 48: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, estudiará todas las propuestas y la adjudicación del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente conforme lo establecido en el artículo 47. Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la licitación.

Artículo 128.- Sustitúyese el artículo 49 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 49: Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren afectados por el llamado a concurso y/o licitación, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, acompañando la documentación en que aquélla se funde.

Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso y/o licitación si, a su juicio, la oposición se fundara documentada y suficientemente.

No se admitirán oposiciones del propietario superficiario de la zona a que se refiere el llamado basadas solamente en los daños que le pudiese ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el título III de esta misma ley. No es causal válida de afectación, el hecho que una empresa esté produciendo previamente en dicha área.

Artículo 129.- Sustitúyese el artículo 57 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:

a) Plazo Básico:

1er. Período: el monto equivalente en pesos de cero coma cincuenta (0,50) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

2do. Período: el monto equivalente en pesos de dos (2) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

b) Prórroga: el monto equivalente en pesos a quince (15) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

Artículo 130.- Sustitúyese el artículo 58 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 58: El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, el monto equivalente en pesos de diez (10) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área.

Artículo 131.- Sustitúyese el artículo 58 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 58 bis: Los cánones a pagar, establecidos en los artículos 57 y 58 de la presente, se ajustarán tomando como referencia el precio promedio del barril de petróleo, basado en la cotización del ‘ICE Brent Primera Línea’. Este precio promedio corresponderá al observado durante el primer semestre del año anterior al que se efectúa la liquidación.

El tipo de cambio a utilizar para la liquidación del canon será el correspondiente a dólares estadounidenses divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente el día hábil anterior al de efectivo pago.

Artículo 132.- Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 59: El concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido y efectivamente aprovechado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos un porcentaje equivalente al determinado en el proceso de adjudicación.

Para los contratos vigentes a la fecha de sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos la regalía será la que se haya convenido con el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda.

El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.

En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.

Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes.

Artículo 133.- Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor de los hidrocarburos en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c) apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

Artículo 134.- Sustitúyese el artículo 66 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 66: Los permisionarios, concesionarios y autorizados instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones 2a, 3a, 4a y 4a bis del título II de esta ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.

Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.

La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el permisionario, autorizado o concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.

Artículo 135.- Sustitúyese el artículo 67 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 67: El mismo derecho será acordado a los permisionarios, concesionarios y autorizados cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.

Artículo 136.- Sustitúyese el artículo 69 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 69: Constituyen obligaciones de permisionarios, concesionarios y autorizados, sin perjuicio de las establecidas en el título II:

a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de cualquier novedad al respecto;

c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;

d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de los que ocurrieren;

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;

f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.

Artículo 137.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 70: Los permisionarios, concesionarios y autorizados suministrarán a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente ley.

Artículo 138.- Sustitúyese el artículo 71 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 71: Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se desarrollen dichos trabajos.

La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por cada permisionario, concesionario o autorizado, no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos.

Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.

Artículo 139.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 72: Los permisos, concesiones y autorizaciones acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios, concesionarios o autorizados, según corresponda.

La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, nacional o provincial, según corresponda, acompañada de la minuta de escritura pública.

Artículo 140.- Sustitúyese el artículo 75 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 75: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios, concesionarios o autorizados.

Artículo 141.- Sustitúyese el artículo 77 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 77: Los permisionarios, concesionarios o autorizados facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.

Artículo 142.- Sustitúyese el artículo 79 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 79: Son absolutamente nulos:

a) Los permisos, concesiones o autorizaciones otorgados a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley;

b) Las cesiones de permisos, concesiones o autorizaciones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;

c) Los permisos, concesiones o autorizaciones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley;

d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta;

e) Cualquier adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales, sin mediar una licitación pública y abierta.

Artículo 143.- Sustitúyese el artículo 80 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 80: Según corresponda, las concesiones o permisos caducan por:

a) Falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;

b) Falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;

c) Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales;

d) Transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;

e) No haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 22 y 32;

f) Haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;

g) Fallecimiento de la persona humana o fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;

h) Incumplimiento de la obligación de transportar y/o procesar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 43.

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos a), b), c), d), e) y h) del presente artículo, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, intimará a los permisionarios y/o concesionarios y/o autorizados y/o habilitados, según resulte de aplicación, para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.

Artículo 144.- Sustitúyese el artículo 86 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 86: En las cláusulas particulares de los permisos, concesiones y autorizaciones se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, lo considere pertinente, la intervención de un tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, según lo previsto en el artículo 83, en sus consecuencias patrimoniales.

Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen entre los interesados y la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, sobre determinadas cuestiones técnicas, especificadas al efecto en cada permiso, concesión o autorización.

El tribunal arbitral estará constituido por un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Artículo 145.- Sustitúyese el artículo 87 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 87: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos, concesiones y autorizaciones que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre ochenta mil (80.000) UVAs y ochenta millones (80.000.000) UVAs. Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios, concesionarios o autorizados podrán promover su repetición ante el tribunal competente.

Artículo 146.- Sustitúyese el artículo 88 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 88: El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios, concesionarios o autorizados, facultará a la autoridad de aplicación a disponer el apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refieren los artículos 40 y 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos, concesiones o autorizaciones de que fuera titular el causante.

Artículo 147.- Sustitúyese el artículo 91 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, y los contratos o asociaciones con terceros que dichas entidades hubieran celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se respetarán las condiciones existentes a la fecha de aprobación de dicha ley. Las nuevas asociaciones con terceros, sin embargo, deberán respetar los procedimientos de la Sección 5ta del Título II de esta ley.

Artículo 148.- Sustitúyese el artículo 94 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 94: Las empresas estatales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación, transporte y/o procesamiento, a todos los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los permisionarios, concesionarios y autorizados.

Artículo 149.- Sustitúyese el artículo 95 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 95: Las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades siempre ateniéndose a la sección 5a del Título II de esta ley para la selección de terceros.

El régimen fiscal establecido en el Título II, Sección 6a, de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con las empresas estatales contratos de locación de obras y servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin se asocien con ellas sin constituir personas jurídicas distintas de las de sus integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación fiscal general que les fuere aplicable.

Toda sociedad integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes, que desarrolle actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, Sección 6a de esta ley.

Artículo 150.- Sustitúyese el artículo 98 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 98: Es facultad del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de su competencia:

a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley;

b) Otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones;

c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros;

d) Anular concursos;

e) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial;

f) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios;

g) Declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá delegar en la autoridad de aplicación el ejercicio de las facultades enumeradas en este artículo, con el alcance que se indique en la respectiva delegación.

Artículo 151.- Sustitúyese el artículo 100 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 100: Los permisionarios, concesionarios y autorizados deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar -de común acuerdo y en forma optativa y excluyente- los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios.

Artículo 152.- Deróganse los artículos 11, 13, 15, 51, 91, 96, 101, 103 y 104 de la ley 17.319.

Capítulo II

Gas natural. Modificaciones a la ley 24.076

Artículo 153.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 3°: Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa. Las exportaciones de gas natural deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional según el artículo 6° de la ley 17.319.

Artículo 154.- Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.076 el siguiente:

Artículo 3° bis: Las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) deberán ser autorizadas por la Secretaría de Energía de la Nación, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de recibida la solicitud conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional que establecerá las condiciones que deben reunir los solicitantes y las inversiones y proyectos de desarrollo de explotación de hidrocarburos que permitan producir las cantidades de gas natural requeridas para abastecer el o los respectivos proyectos de licuefacción de gas natural destinados principalmente a la exportación de GNL. No aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley.

Dentro de los seis (6) meses desde la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Secretaría de Energía de la Nación realizará un estudio a los efectos de emitir una Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos en el largo plazo que contemple la suficiencia de recursos gasíferos en el país proyectada en el tiempo y el suministro de gas natural de otros orígenes para abastecer regularmente en el curso ordinario de los acontecimientos la demanda interna, y a la misma vez, suministrar sobre base firme e ininterrumpible los proyectos de exportación de GNL cuyo desarrollo y ejecución se prevea durante el mismo período de análisis.

La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional fijará las pautas y premisas de análisis que deberán tenerse en consideración en el estudio a realizarse a los fines de la referida Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos, incluyendo aquellas necesarias para las proyecciones de producción nacional de gas natural y ofertas de otras fuentes u orígenes, y de la demanda interna durante el período de análisis.

Sin perjuicio de las condiciones más favorables a la exportación que pudieren establecerse en virtud de regímenes promocionales específicos para inversiones de magnitud conforme determine la ley o la reglamentación dictada al efecto, las autorizaciones de exportación de GNL que se otorguen tendrán carácter firme respecto de los volúmenes de GNL autorizados durante un plazo de hasta treinta (30) años, desde la puesta en marcha de la planta de licuefacción (en tierra o flotante) o sus ampliaciones o etapas sucesivas y contendrán las garantías establecidas en dicho régimen.

El otorgamiento de una autorización de exportación firme de GNL implicará para sus titulares el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin.

La Secretaría de Energía de la Nación establecerá los requisitos de información y documentación que deberán ser satisfechos por los solicitantes. Las solicitudes de exportación serán tramitadas y resueltas en el orden cronológico de presentación, a menos que la Secretaría de Energía de la Nación determine que alguna presentación no se ajusta a los requerimientos previstos en este artículo y las normas reglamentarias, en cuyo caso se la tendrá por presentada, a estos efectos, recién al momento en que se hayan subsanado las deficiencias observadas por dicha autoridad.

A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.

Las autorizaciones de exportación de GNL podrán ser total o parcialmente cedidas previa autorización de la autoridad de aplicación.

Asimismo, las modificaciones de esta ley o de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo nacional o de las resoluciones que emita la autoridad de aplicación no tendrá efecto alguno respecto de las autorizaciones de exportación firmes de GNL concedidas, excepto que estas sean más favorables a la exportación.

Artículo 155.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 6º: Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de veinte (20) años. A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas.

Artículo 156.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 24: Los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos necesarios para asegurar el suministro de los servicios no interrumpibles. A tal fin, por sí o por terceros, podrán adquirir, construir, operar, mantener y administrar instalaciones de almacenaje de gas natural, todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en la sección VIII de la presente ley.

Artículo 157.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 70: Los actos emanados de la máxima autoridad del Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.

Artículo 158.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 73 de la ley 24.076 por el siguiente:

Las sanciones aplicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.

Capítulo III

Modificaciones a la ley 26.741

Artículo 159.- Sustitúyanse los incisos d), g) y h) del artículo 3° de la ley 26.741 por los siguientes:

d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo.

g) La protección de los intereses de los consumidores relacionados con la calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.

h) La exportación de hidrocarburos para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.

Artículo 160.- Derógase el artículo 1° de la ley 26.741.

Capítulo IV

Unificación de los Entes Reguladores

Artículo 161.- Créase el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la ley 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la ley 24.076.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a dictar todas las normas y actos tendientes a hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo anterior y a dictar el correspondiente texto ordenado de las leyes 24.065 y 24.076.

Hasta tanto no se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, los actuales Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) continuarán en ejercicio de sus funciones respectivas.

El nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tendrá las atribuciones previstas en los artículos 52 y concordantes de la ley 24.076, y 56 y concordantes de la ley 24.065.

Capítulo V

Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065

Artículo 162.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar, en el plazo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, las leyes 15.336 y 24.065 y la normativa reglamentaria correspondiente conforme a las siguientes bases:

a) Promover la apertura del comercio internacional de la energía eléctrica en condiciones de seguridad y confiabilidad, con el objeto de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, pudiendo el Estado formular objeciones por motivos fundados técnica o económicamente en la seguridad del suministro;

b) Asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor;

c) Impulsar el despacho económico de las transacciones de energía sobre una base de la remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en consideración el gasto marginal horario del sistema; y aquél que represente para la comunidad la energía no suministrada;

d) Adecuar las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076;

e) Propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la expresa obligación del distribuidor de actuar como agente de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al mercado eléctrico mayorista y al fisco, según corresponda;

f) Garantizar el desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos;

g) Modernizar y profesionalizar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico a fin de lograr un mejor cumplimiento de las funciones asignadas. Para la reorganización del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, creado por la ley 15.336, se deberá considerar su funcionamiento como organismo asesor de consulta no vinculante de la autoridad de aplicación a los fines del desarrollo de la infraestructura eléctrica de jurisdicción nacional.

Capítulo VI

Legislación ambiental uniforme conforme la ley 27.007

Artículo 163.- Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la ley 27.007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente.

TÍTULO VII

RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)

Capítulo I

Creación y ámbito de aplicación.

Artículo 164.- Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por el que se establecen, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan con los requisitos previstos en el presente, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo.

El RIGI será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y regirá con los alcances y limitaciones establecidas en el presente título y en las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 165.- Declárese, en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que las “Grandes Inversiones” que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.

Artículo 166.- Los objetivos prioritarios del RIGI son indistintamente los siguientes:

a) Incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país;

b) Promover el desarrollo económico;

c) Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos;

d) Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI;

e) Favorecer la creación de empleo;

f) Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse;

g) Crear para las Grandes Inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI;

h) Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales; y

i) Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.

Capítulo II

Plazo. Sujetos habilitados

Artículo 167.- El RIGI resultará aplicable a las Grandes Inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos en el presente título.

Artículo 168.- El plazo para adherirse al RIGI será de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen.

El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta un (1) año a contar desde el vencimiento del plazo anterior.

Artículo 169.- Podrán solicitar su adhesión al RIGI los Vehículos de Proyecto Único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califique como Gran Inversión.

Los VPU deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.

Serán considerados VPU los siguientes entes:

a) Las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada;

b) Las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades;

c) Las Sucursales Dedicadas previstas en el artículo 170 de la presente ley; y

d) Las uniones transitorias y otros contratos asociativos.

Los titulares de concesiones relativas a la ejecución y/o explotación de obras de infraestructura y/o prestación, operación y/o administración de servicios, que se presten en competencia con otros concesionarios, operadores o prestadores a nivel local o regional, podrán adherirse al RIGI si: (i) presentan un plan de inversión que califique como Grandes Inversiones bajo este régimen y (ii) satisfacen los restantes requisitos y condiciones para su inclusión en el RIGI.

Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 190 de la presente ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI. Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino.

A partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación.

Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por contador público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 190, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor.

Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 190, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria.

El incumplimiento de estas disposiciones por parte del prestador de servicios calificará como infracción en los términos previstos en el artículo 211 -excluido su inciso f)-, conforme la infracción que resulte aplicable a criterio de la Autoridad de Aplicación, y lo hará pasible de las sanciones previstas en el artículo 213.

Artículo 170.- En los casos en los que una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero desee adherir al RIGI y desarrolle una o más actividades que no formarán parte del proyecto de inversión, o posea uno (1) o más activos que no serán afectados a dicho proyecto, podrá optar, al sólo efecto de su adhesión, por establecer una sucursal que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar inscripta en el registro público que corresponda a su lugar de asiento;

b) Obtener una Clave Única de Identificación Tributaria e inscribirse en los tributos correspondientes a las actividades que desarrolle, en forma independiente a la sociedad a la cual pertenece;

c) Tener un capital asignado;

d) Tener designado como su único objeto el desarrollo del proyecto de inversión por el cual se solicitará la inclusión en el RIGI;

e) Tener asignados únicamente los activos, pasivos y personal que serán afectados a dicho proyecto de inversión;

f) Llevar contabilidad separada a la sociedad a la cual pertenece.

La adhesión al RIGI y los incentivos incluidos en el mismo únicamente resultarán aplicables con relación a dicha sucursal.

Artículo 171.- No podrán solicitar su inclusión en el RIGI quienes, a la fecha de adhesión y/o a la fecha en la cual la autoridad de aplicación deba resolver la aprobación del plan de inversión conforme lo establecido en el artículo 177 de esta ley, conformen e integren un VPU y se encuentren incluidos en uno o más de los siguientes supuestos:

a) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, por cualquier tipo de delito en virtud de la ley 27.401, o cuyos socios o accionistas se encuentren en dicha situación;

b) Los declarados en estado de quiebra, en los términos de las leyes 19.551 y 24.522 y sus modificatorias, según corresponda;

c) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda;

d) Quienes registren deudas firmes, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional;

e) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, representantes legales, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda.

Capítulo III

Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI.

Plan de inversión. Procedimientos y efectos

Artículo 172.- A los efectos del presente, serán considerados “Grandes Inversiones” los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Involucrar un monto de inversión por proyecto en activos computables igual o superior al monto mínimo de inversión previsto en el primer párrafo del artículo 173, debiendo completarse dicho monto mínimo de inversión antes de la fecha límite indicada en el plan de inversión; y

b) Prever para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior a la prevista en el segundo párrafo del artículo 173.

Asimismo, para contar con las garantías del presente régimen, las inversiones deberán tener un carácter de largo plazo. Serán consideradas de largo plazo en tanto tengan un cociente no mayor al treinta por ciento (30%) entre, por un lado, el valor presente del flujo neto de caja esperado, excluidas inversiones, durante los primeros tres (3) años a partir del primer desembolso de capital y, por otro lado, el valor presente neto de las inversiones de capital planeadas durante ese mismo período. La autoridad de aplicación podrá modificar este cociente, simultáneamente para todos los sectores involucrados, siempre que con dicha modificación el régimen mantenga el propósito de dar garantías de estabilidad solamente a inversiones de larga maduración.

Los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que aún no cuente con participación relevante, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación y que involucren desembolsos de capital en etapas sucesivas cuya inversión mínima en activos computables por etapa sea igual o superior a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000), podrán ser calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo por la autoridad de aplicación en oportunidad de su aprobación, y en dicho caso gozarán de los beneficios y garantías contemplados en el presente régimen por los plazos y en las condiciones específicas previstas para dicho tipo de proyectos en la presente ley y sus normas reglamentarias.

La reglamentación podrá establecer condiciones diferenciales en lo que hace a los requisitos de los proyectos calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo en función de sus particularidades.

Resultan requisitos esenciales para la calificación y permanencia en el RIGI el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente título, así como el de las que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 173.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 172, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado.

A efectos de lo previsto en el inciso b) del artículo 172, el Poder Ejecutivo nacional establecerá el porcentaje del monto mínimo de inversión referido en el párrafo anterior, que deberá completarse durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Dicho porcentaje podrá ser distinto para cada uno de los dos (2) primeros años, pero deberá ser suficiente para alcanzar al cabo de esos dos (2) primeros años, al menos, el cuarenta por ciento (40%) del monto mínimo de inversión como condición de permanencia en el RIGI.

Excepcionalmente, y sin afectación de la garantía de igualdad ante la ley, cuando medien circunstancias particulares o especiales y aplicables a un determinado sector, subsector o etapa productiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el referido porcentaje del cuarenta por ciento (40%) a ser cumplido dentro de los dos (2) primeros años. Bajo ninguna circunstancia dicha reducción podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto mínimo de inversión.

Artículo 174.- A los efectos de lo previsto en los artículos 172 y 173, se considerarán inversiones en activos computables todas aquellas que se realicen a partir de la entrada en vigencia del RIGI y estén destinadas a la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos afectados a actividades incluidas en el RIGI, para el desarrollo de un proyecto de titularidad de un VPU adherido, excluidos los activos financieros y/o de portafolio y los bienes de cambio.

La adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias podrán considerarse como activos computables en tanto se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las sociedades adquiridas incluyan activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo; y

b) La sociedad adquirida se fusione con el VPU dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días corridos. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la sociedad adquirida con relación a sus activos totales.

También se considerará como inversiones en activos computables, aquellas realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del RIGI, e incluso antes de la adhesión del VPU al RIGI y que consistan en:

(i) La adquisición por parte de inversores de las cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU, siempre que dicho VPU incluya activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la VPU adquirida con relación a sus activos totales;

(ii) La asignación de activos descriptos en el presente artículo a una Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) punto (iii) del artículo 195.

A los efectos del cumplimiento del monto de inversión mínima previsto en el artículo 173, las inversiones en la adquisición o asignación de los activos que se indican a continuación sólo podrán computarse, en forma conjunta, hasta un máximo del quince por ciento (15%) de dicho monto de inversión mínima:

1. Los activos indicados en los párrafos segundo y tercero del presente artículo relativos a la adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU o los asignados a Sucursales Dedicadas.

2. Los bienes inmuebles.

3. Los derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles.

4. Las concesiones de explotación minera, de petróleo y gas.

Sin perjuicio de la posibilidad de computar como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión un porcentaje de la adquisición o asignación de los referidos activos ocurrida con anterioridad a la adhesión del VPU al RIGI, el derecho al efectivo goce del RIGI y el cómputo de parte de la referida adquisición a los efectos del cumplimiento de parte del monto mínimo de inversión estará condicionado y sujeto a la previa adhesión del VPU al RIGI.

La adquisición de un VPU con anterioridad a la adhesión del mismo al RIGI, con miras a calificar o a eventualmente computar parte de dicha adquisición como cumplimiento del monto mínimo de inversión a partir de la entrada en vigencia del RIGI, no brindará ningún derecho con anterioridad a la efectiva adhesión de dicho VPU al RIGI.

Todos los activos incorporados a la ejecución del proyecto de inversión, con independencia de que sean considerados o no como inversiones en activos computables en los términos del presente artículo, y cualquiera sea la forma de contratación en que hayan sido incorporados, incluyendo, pero sin limitarse a los contratos de locación, chárter marítimo, leasing o cualquier otra modalidad, resultan alcanzados por los incentivos, derechos y garantías previstos en el presente régimen.

De manera excepcional y a solicitud de un VPU en oportunidad de la presentación de solicitud de adhesión, la autoridad de aplicación podrá, en atención al riesgo asumido por el inversor, autorizar que los montos destinados a la cancelación de las obligaciones asumidas en contrataciones de servicios esenciales para el proyecto y sin los cuales el mismo no podría ejecutarse, puedan computarse como cumplimiento del monto mínimo de inversión por hasta un máximo que no exceda un veinte por ciento (20%) de dicho monto mínimo de inversión.

La autoridad de aplicación resolverá el otorgamiento de esta excepción en el mismo acto administrativo en el que decida sobre la solicitud de adhesión. En estos casos el solicitante deberá aclarar en la solicitud de adhesión, si la factibilidad de cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido por el RIGI necesariamente depende y se encuentra condicionado al otorgamiento de esta excepción. En ningún caso podrán computarse contrataciones o servicios que no resulten esenciales para la viabilidad y/o ejecución del proyecto.

Artículo 175.- A efectos de adherir al RIGI y adquirir los derechos y beneficios que se establecen en dicho régimen, los VPU deberán:

a) Presentar la solicitud de adhesión y un plan de inversión en los términos y condiciones previstos en el artículo 176; y

b) Obtener la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Artículo 176.- La solicitud de adhesión y el plan de inversión indicado en el artículo 175 deberán contener como mínimo lo siguiente:

a) Descripción del proyecto objeto del plan de inversión, la ubicación del proyecto y el sector al que corresponde;

b) Datos societarios del VPU;

c) Constitución de domicilio a los efectos de las notificaciones y designación de la persona o representante para tratar cuestiones del proyecto con la autoridad de aplicación, a efectos de lo cual deberán incluirse sus datos de contacto. Cualquier modificación deberá informarse y actualizarse dentro de los treinta (30) días hábiles de producida;

d) Monto de la inversión total del proyecto en activos computables, especificando los montos involucrados en el inicio, construcción, operación y cierre del proyecto, y detallando los rubros y conceptos de inversión proyectados, el que deberá ser igual o superior al monto mínimo de inversión previsto por sector incluido. Asimismo, se deberá especificar, en caso de que corresponda, el monto del quince por ciento (15%) de la adquisición o asignación de activos realizada desde la entrada en vigencia del RIGI pero con anterioridad a la adhesión por parte del VPU al RIGI, a ser computada como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión, de conformidad con lo previsto en los párrafos segundo a quinto del artículo 174;

e) Rubros principales a los que se destinaría la inversión en activos computables con los costos de capital y operación debidamente discriminados y, asimismo, discriminando las inversiones en los activos previstos en el párrafo cuarto del artículo 174;

f) Cronograma estimado de la inversión total en el proyecto (con descripción si correspondiera del plazo de obra o construcción, fecha estimada de puesta en marcha, y vida útil del proyecto);

g) Monto de la inversión en activos computables que se realizará durante el primer y segundo año contados desde la notificación del acto administrativo de aprobación de la adhesión al RIGI y del plan de inversión, que no podrá ser inferior al porcentaje del monto mínimo de inversión definido según sector que establezca el Poder Ejecutivo nacional por reglamentación;

h) Declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que se establezca que el VPU no distorsionará el mercado local;

i) Fecha límite a propuesta del VPU, antes de la cual se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto de inversión mínima en activos computables previsto en el artículo 173 y definido por sector;

j) Descripción de la fuente o modo de financiamiento del monto de la inversión. En todos los casos el financiamiento será a exclusiva cuenta y riesgo del VPU;

k) Empleo directo e indirecto, con integración local estimada;

l) Plan de desarrollo de proveedores locales: El que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.

m) Estimado de producción y, de corresponder, monto estimado de exportaciones con cronograma proyectado hasta fin de vida útil;

n) Balance comercial y de flujos de divisas del proyecto para los primeros tres (3) años desde la fecha de aprobación del plan de inversión;

o) Declaración con respecto a la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto de inversión del que surja evidencia razonable con respecto a su factibilidad, incluyendo matriz de riesgos, plan de mitigación e informe de evaluador económico-financiero independiente;

p) Descripción de los permisos y habilitaciones obtenidos por el VPU necesarios para el desarrollo del plan de inversión y aquellos pendientes de obtención, de conformidad con la ley sustantiva aplicable según el sector de actividad del VPU. Deberá indicarse, asimismo, el tipo de habilitación y/o permiso, jurisdicción y autoridad competente a su cargo y, en caso de habilitaciones y/o permisos pendientes de obtención, estado del trámite y fecha aproximada de otorgamiento; y

q) Firma de representante legal del VPU.

La información referida y presentada por el VPU en cumplimiento del presente artículo será al solo efecto de evaluar la solicitud de adhesión al RIGI. Cualquier modificación de lo informado deberá ser notificada dentro de los treinta (30) días hábiles de conocida la modificación por parte del VPU. Ello sin perjuicio de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 180 de la presente.

Artículo 177.- Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. El plazo de cuarenta y cinco (45) días antes referido es esencial. El acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su emisión.

La autoridad de aplicación podrá solicitar información complementaria o las aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto en función de sus características e incluso podrá citar a una audiencia a mantener con los representantes del VPU. El plazo previsto en el primer párrafo del presente se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas.

La decisión sobre la aprobación o el rechazo por parte de la autoridad de aplicación se basará en la información incluida en la solicitud de adhesión, en el plan de inversión y de la evaluación que la autoridad de aplicación realice en los términos previstos en la presente ley. La decisión al respecto no será discrecional y respetará la garantía de igualdad ante la ley de todos los solicitantes, respetándose uniformidad y coherencia en los criterios de otorgamiento.

En los casos en que medie rechazo, el acto administrativo deberá incluir de manera expresa y clara las razones en virtud de las cuales se funda dicho rechazo las que únicamente podrán consistir en las siguientes:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la presente ley;

b) No alcanzar el monto de inversión mínima requerido;

c) Un excesivo e injustificado plazo propuesto como fecha límite para cumplir con el monto de inversión mínima en activos computables;

d) Un monto de inversión en activos computables inferior al requerido como inversión mínima durante el primer y segundo año posteriores a la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación del plan de la adhesión al RIGI y del plan de inversión;

e) La falta de información adecuada o esencial en el plan de inversión;

f) La ausencia de permisos relevantes o esenciales para la ejecución del plan de inversión y/o la incertidumbre o largo plazo para su obtención que pudieran hacer peligrar la factibilidad del proyecto en los tiempos propuestos;

g) Una clara y evidente imposibilidad de dar cumplimiento al plan de inversión de la manera planteada por el VPU a criterio de la autoridad de aplicación, sea en términos de factibilidad técnica, económica y/o financiera; y/o

h) La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local.

El rechazo de la solicitud de adhesión al RIGI no podrá ser recurrido. Sin embargo, el VPU tendrá derecho a presentar un nuevo plan de inversión respecto del mismo proyecto y someterlo nuevamente a consideración de la autoridad de aplicación hasta dos (2) veces más dentro del mismo año calendario. El acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión indicará de manera expresa lo siguiente:

(i) La fecha de adhesión al RIGI, la que se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de adhesión o de presentación de la información complementaria que permitió la aprobación;

(ii) Los montos que deberán cumplirse en cada uno de los primeros dos (2) años contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que apruebe la adhesión al RIGI; y

(iii) La fecha límite para cumplimiento del monto de inversión mínima en activos computables según lo propuesto por el VPU en el plan de inversión aprobado.

El acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión implicará que el VPU se encuentra adherido al RIGI, que se ha aprobado el plan de inversión presentado y que el proyecto objeto de adquisición, construcción, explotación y/o desarrollo por parte del VPU es un proyecto adherido al RIGI.

Emitido el acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión, se considerará que la fecha de adhesión al RIGI, y de adquisición de los derechos, es la fecha de la presentación original de la solicitud de adhesión por parte del VPU o la fecha posterior en la que el VPU hubiese completado a satisfacción de la autoridad de aplicación su solicitud de adhesión original con la información aclaratoria y/o complementaria solicitada por la autoridad de aplicación, lo que suceda último.

La fecha de adhesión será considerada como la fecha de adquisición de los derechos bajo el RIGI tanto para el proyecto como para el VPU.

La fecha de notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la adhesión al RIGI y del plan de inversión será considerada como la fecha de asunción por parte del VPU de los compromisos y requisitos de cumplimiento esencial previstos en el RIGI para la permanencia en el régimen.

El acto administrativo aprobatorio del plan de inversión de determinado proyecto será constitutivo de los derechos que surgen del RIGI.

Emitido el acto administrativo aprobatorio la autoridad de aplicación procederá a:

1. Emitir como constancia de adhesión al RIGI y a efectos meramente declarativos el “Certificado de Adhesión del Proyecto al RIGI” que acreditará el derecho a gozar de los incentivos bajo el RIGI. El acto aprobatorio de la solicitud de adhesión y dicho certificado serán notificados al VPU en el domicilio constituido en oportunidad de presentar el plan de inversión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores y siguientes al de su emisión;

2. Informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles genere una CUIT especial a los efectos del RIGI para el VPU a la que se le agregará al final del número la sigla “RIGI”; y

3. Informar a la autoridad competente en materia cambiaria (Banco Central de la República Argentina -o quien la reemplace-) a fin de que aplique al VPU los incentivos previstos en el presente en materia cambiaria.

En el caso del cuarto párrafo del artículo 169, una vez aprobada la solicitud de adhesión al RIGI por la autoridad de aplicación, se deberá llevar adelante un procedimiento de renegociación contractual a fin de lograr la adecuación del contrato de concesión a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento. El plazo del contrato deberá fijarse teniendo en consideración las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable.

Artículo 178.- La adhesión al RIGI implicará para el VPU:

a) Desde la fecha de adhesión al RIGI, la adquisición de los derechos previstos en el RIGI exclusivamente respecto del proyecto objeto del plan de inversión propuesto por el VPU y aprobado por la autoridad de aplicación;

b) Desde la notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión que incluye el plan de inversión, la asunción de obligaciones de manera irrevocable para la permanencia en el régimen.

Desde la fecha de adhesión al RIGI inclusive, el VPU gozará de un derecho adquirido asimilable a la propiedad sobre los incentivos previstos en los capítulos IV, V, VI y X del presente título, y demás derechos resultantes del RIGI, que no podrá ser violado ni afectado por norma posterior y que tendrá la estabilidad prevista en el presente RIGI.

El VPU gozará de los derechos, garantías e incentivos previstos en el RIGI, en la medida en que no se incurra en alguna de las causales de cese de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la presente ley. Adicionalmente, gozará de la garantía de estabilidad prevista en el capítulo VI del presente título por un plazo de treinta (30) años contados desde la fecha de adhesión.

La aprobación de la solicitud de adhesión, que incluye el plan de inversión genera en todos los casos para el VPU la obligación de cumplir con los compromisos previstos en los incisos a) y b) del artículo 172 como condición para la permanencia en el RIGI, quedando sujeto a las sanciones que le pudiera corresponder en caso de goce indebido del RIGI los beneficios conforme lo previsto en el capítulo VIII de este título.

Los incentivos solo podrán ser utilizados por parte del VPU exclusivamente respecto del proyecto adherido. El VPU no podrá ser titular ni desarrollar otras actividades o proyectos distintos del proyecto adherido. Sin perjuicio de ello, se podrán fusionar VPUs y/o adquirir proyectos ya adheridos a fin de conformar un único proyecto adherido.

Artículo 179.- La autoridad de aplicación deberá hacer seguimiento y controlar:

a) El cumplimiento del monto mínimo de inversión antes de la fecha límite;

b) El cumplimiento de la inversión realizada dentro de los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI;

c) El cumplimiento de las demás obligaciones que surgen del RIGI; y

d) La adecuada utilización de los incentivos por parte de los VPU respecto del proyecto adherido.

Los activos que se hayan computado a efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión deberán permanecer afectados al proyecto adherido objeto del plan de inversión aprobado por el término de su vida útil o hasta el fin del plazo de estabilidad o el fin de la vida útil del proyecto adherido, o hasta la fecha en que medie permiso de la autoridad de aplicación para desafectarlo, lo que ocurra primero.

La autoridad de aplicación podrá autorizar, a solicitud del VPU, la desafectación de activos para las operaciones de venta y reemplazo debidamente justificadas previstas en el inciso b) del artículo 183 en tanto el monto invertido en el reemplazo sea igual o mayor al obtenido por la venta.

Artículo 180.- Con las limitaciones que surgen del último párrafo del artículo 178, el plan de inversión que hubiese sido aprobado en oportunidad de la aprobación de la solicitud de adhesión, podrá ser modificado por los VPU sin necesidad de previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación, debiendo, sin embargo, notificar la modificación a la autoridad de aplicación dentro de los cinco (5) días hábiles de decidida o conocida, debiendo además proceder a la actualización de la información presentada con carácter de declaración jurada conforme al artículo 176.

Sin embargo, los siguientes aspectos del plan de inversión sólo podrán modificarse en los casos en que medie previa solicitud del VPU y autorización expresa y por escrito emitida por parte de la autoridad de aplicación:

a) Reducción del monto a invertir durante los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI y/o prórroga de dichos plazos anuales para cumplir con el monto comprometido; y

b) Extensión de la fecha límite antes de la cual debe alcanzarse el monto de inversión mínima.

El rechazo a la solicitud de modificación será irrecurrible.

La solicitud de modificación de plan de inversión en estos casos deberá ser realizada por el VPU con una antelación mínima de sesenta (60) días corridos antes de su vencimiento, y deberá acreditar razones debidamente fundadas y ajenas a la voluntad y/u obrar del VPU que, a criterio de la autoridad de aplicación, justifiquen razonablemente el otorgamiento de lo solicitado.

Las modificaciones, extensiones y/o ampliaciones de los planes de inversión informadas o aprobadas, según sea el caso, no alterarán los derechos adquiridos bajo el RIGI, salvo en aquellos supuestos en que se incurra en algunas de las causales de terminación, en los términos y condiciones previstos en el artículo 209 de esta ley.

El VPU que tenga conocimiento cierto de la imposibilidad de cumplimiento de alguna de las condiciones y/o requisitos esenciales para la permanencia en el RIGI, deberá informarlo a la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de tomado dicho conocimiento.

La autoridad de aplicación deberá analizar la presentación y resolver sobre la permanencia o terminación del VPU en el RIGI, encontrándose facultada para, eventualmente, ordenar la modificación de las condiciones de inversión a efectos de prevenir y evitar un goce indebido de los incentivos otorgados al VPU que se encuentre en las condiciones descriptas en el párrafo anterior. El incumplimiento de esta obligación será causal del agravamiento de las sanciones previstas en el presente régimen.

Artículo 181.- Como condición de la permanencia en el RIGI, el VPU asume el compromiso de cumplir con todas las condiciones y requisitos esenciales del presente régimen. Sin perjuicio de ello, se reconoce que la concreción y continuidad de dicho proyecto depende de una diversidad de factores cuyo control a veces resulta ajeno al VPU, y por ende el VPU podrá, en cualquier momento, ante la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor en los términos definidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tomar la decisión de suspenderlo, reiniciarlo y/o cerrarlo en forma provisoria o definitiva, parcial o total, sin incurrir en responsabilidad bajo el presente, debiendo justificar razonablemente su decisión mediante notificación a la autoridad de aplicación, y suspendiendo sus obligaciones por igual plazo que dure la suspensión.

Durante el plazo en que dure la suspensión, el VPU se abstendrá de hacer uso de los incentivos que surgen del RIGI, pudiendo reanudar el ejercicio de sus derechos a partir del cese de los efectos de caso fortuito o fuerza mayor.

En la medida en que se produzca un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, se suspenderá el cumplimiento de las obligaciones que no puedan ser satisfechas durante el período en que se vea impedido dicho cumplimiento. El VPU afectado por el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor deberá comunicar dicha circunstancia a la autoridad de aplicación, por escrito, dentro de los quince (15) días de tomar conocimiento de su existencia, explicando si se trata de un supuesto de suspensión (con su duración estimada) o cierre parcial o definitivo. Dicha notificación deberá indicar la naturaleza del supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor y sus causas. Desaparecido el impedimento, el VPU afectado deberá retomar inmediatamente el cumplimiento de sus obligaciones y se reanudará el uso y goce de los incentivos.

Artículo 182.- La reglamentación establecerá las clases de garantías que deberán exigirse para preservar el crédito fiscal relativo al otorgamiento de los incentivos tributarios y aduaneros a los VPU, específicamente relacionados con la utilización indebida de incentivos.

Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por la autoridad de aplicación, los VPU podrán optar por alguna de las formas siguientes:

a) Depósito de dinero en efectivo;

b) Depósito de títulos de la deuda pública, computados sus valores del modo que determinare la reglamentación;

c) Garantía bancaria;

d) Seguro de garantía;

e) Garantía real, en primer grado de privilegio, en cuyo caso el valor de los inmuebles o muebles de que se tratare se establecerá del modo que determinare la reglamentación; y

f) Las demás que autorizare la reglamentación para los supuestos y en las condiciones que allí se establecieren.

Capítulo IV

Incentivos tributarios y aduaneros

Artículo 183.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto a las Ganancias será entendida como la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto ordenado en 2019 por el decreto 824/2019 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.

Con relación al impuesto a las ganancias, los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:

a) La alícuota prevista en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias será del veinticinco por ciento (25%) no resultando de aplicación sobre dichas utilidades la escala prevista en el inciso a) del artículo 73 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

b) Los VPU podrán, para las inversiones que realicen, optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de afectación del bien, de acuerdo con las normas previstas en los artículos 78, 87 y 88, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:

(i) En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas;

(ii) En minas, canteras, bosques y bienes análogos o en obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al sesenta por ciento (60%) de la estimada.

El incentivo mencionado en el presente inciso resultará de aplicación en la medida en que el bien del cual se trate se encuentre habilitado, entendiéndose como tal cuando se encuentre apto para ser utilizado en el proyecto respectivo.

Para el caso de activos incorporados al VPU mediante los supuestos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 174, en el cual tales bienes u obras hayan sido habilitados en ejercicios fiscales anteriores a aquel en que se aprueba la solicitud de adhesión y el plan de inversión, el incentivo previsto en el primer párrafo del presente inciso podrá usufructuarse por el valor remanente no amortizado de los bienes u obras sujetos a beneficio.

Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el artículo 71 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la amortización especial prevista en el primer párrafo del presente inciso deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley del gravamen. Si la enajenación y reemplazo se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente a dicha enajenación. El tratamiento previsto en este párrafo queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos en reemplazo permanezcan afectados a la ejecución del proyecto. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuesto resultantes más los intereses resarcitorios establecidos en el artículo 37 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), salvo en el supuesto previsto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder por aplicación de las disposiciones del capítulo VIII del presente Título.

No se producirá la caducidad del tratamiento señalado precedentemente en el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el monto invertido en la reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la proporción de las amortizaciones computadas en virtud del importe reinvertido que no se encuentre alcanzada por el régimen, tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior;

c) El quebranto impositivo sufrido por los VPU en un período fiscal, que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo período, podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes, sin límite temporal. Transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán transferirse a terceros. En el caso de Sucursales Dedicadas del artículo 170, transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán utilizarse para absorber ganancias gravadas de la sociedad a la cual pertenecen o transferirse a terceros. Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

d) Las actualizaciones previstas en la Ley de Impuesto a las Ganancias se practicarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos, no resultando de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Artículo 184.- La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y las remesas de utilidades a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) del artículo 73 de dicha ley, proveniente de los VPU adheridos al RIGI, tributará a la alícuota del siete por ciento (7%).

Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el párrafo precedente se paguen a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago único y definitivo.

Artículo 185.- Una vez transcurrido un plazo de siete (7) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, los dividendos y utilidades referidos en el artículo precedente quedarán alcanzados por una alícuota del tres coma cinco por ciento (3,5%).

Los pagos que los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo efectúen a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por las locaciones o chárter marítimos, por los servicios de transporte internacional destinado a exportaciones y por los servicios incluidos en contratos de ingeniería, adquisición y gestión de construcción, se encontrarán exentos del Impuesto a las Ganancias.

Cuando los VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica efectúen pagos no incluidos en el párrafo anterior a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario, el treinta por ciento (30%) de los importes pagados, excepto que exista una disposición que implique un tratamiento más favorable, en cuyo caso será de aplicación este último.

A los fines de la retención a beneficiarios del exterior a realizar por VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica, en ningún caso será de aplicación el acrecentamiento de la ganancia contemplado en el artículo 227 del decreto reglamentario de dicha Ley de Impuestos a las Ganancias.

Artículo 186.- Las transacciones u operaciones que los VPU realicen con sus titulares, miembros o con entidades locales vinculadas a ellos se encontrarán sujetas a las disposiciones del artículo 17 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con excepción de lo previsto en su octavo párrafo.

A los fines de determinar si los acuerdos de reparto o contribución de costos que celebren los VPU –incluidas las sucursales especiales– con sus titulares, miembros o con entidades locales o extranjeras vinculadas a ellos se consideran ajustados a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes, el valor de las contribuciones o aportes efectuados por cada participante debe ajustarse al que una empresa independiente aceptaría en circunstancias comparables, teniendo en cuenta la parte proporcional de los beneficios totales que razonablemente espera obtener del acuerdo.

Artículo 187.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto al Valor Agregado será entendida como la Ley de Impuesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 por el decreto 280/1997 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.

Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:

a) Cuando a los VPU se les hubiera facturado IVA (incluidas las respectivas percepciones) por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura y/o servicios necesarios para su desarrollo y construcción y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos esas compras o importaciones definitivas la alícuota a la que dichas operaciones han estado sujetas, los VPU podrán pagar el IVA (incluidas las percepciones) a sus proveedores, o a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el caso de importaciones de bienes, a través de la entrega de Certificados de Crédito Fiscal. Dichos bienes de uso u obras de infraestructura deberán cumplir con su afectación al proyecto prevista en el artículo 179 del presente;

b) Los Certificados de Crédito Fiscal tendrán para los proveedores el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En aquellos casos en los que el proveedor solicite la devolución o transferencia a terceros de saldos que tengan origen en Certificados de Crédito Fiscal, y la Administración Federal de Ingresos Públicos no proceda a la devolución en un plazo de tres (3) meses, el sujeto beneficiario podrá transferir los remanentes de dichos saldos no utilizados a terceros sin necesidad de aprobación previa por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En este último caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá verificar la procedencia, exactitud y existencia de los remanentes de dichos saldos con posterioridad a su transferencia y, en caso de que tales remanentes de saldos resulten improcedentes, inexactos o inexistentes, reclamar al VPU el ingreso de los importes transferidos por el proveedor indebidamente a terceros. La Administración Federal de Ingresos Públicos no podrá impugnar el cómputo de los remanentes de esos créditos fiscales transferidos por parte de los proveedores ni de los terceros, ni reclamar a tales proveedores o terceros el pago de los tributos cancelados con dichos remanentes de créditos fiscales;

c) En ningún caso los VPU podrán computar los créditos fiscales reales abonados con Certificados de Crédito Fiscal.

La reglamentación establecerá los requisitos, procedimientos y condiciones para la emisión y entrega de los Certificados de Crédito Fiscal y la transferencia del remanente de saldos de créditos fiscales. La autoridad de aplicación dictará las normas que estime necesarias para instrumentar el régimen, pudiendo incluso utilizar medios informáticos para implementar la emisión y entrega de los mencionados certificados, como así también de los remanentes de saldos de créditos fiscales.

Artículo 188.- Los VPU adheridos al RIGI que estén conformados por uniones transitorias u otros contratos asociativos, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del párrafo tercero del artículo 169, tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo conforme a las siguientes disposiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:

i) Serán considerados sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetos al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a sus miembros;

ii) Las distribuciones de utilidades del VPU a sus miembros tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre el VPU y sus miembros deberán ser caracterizados al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si el VPU y sus miembros hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

b) Demás tributos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 189.- Los VPU adheridos al RIGI podrán computar el cien por ciento (100%) de los importes abonados y/o percibidos en concepto del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, establecido por la ley 25.413 y su reglamentación, como crédito del impuesto a las ganancias.

Artículo 190.- Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

La propiedad, posesión, tenencia o uso de la mercadería beneficiada con el tratamiento previsto en el párrafo anterior excepto insumos utilizados para producción no puede ser objeto de transferencia, salvo que dicha transferencia se efectúe a otro VPU adherido al RIGI, lo cual deberá ser notificado a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente párrafo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este régimen.

La obligación impuesta en el párrafo precedente se extingue en los mismos supuestos que los previstos en el artículo 179.

Artículo 191.- Las exportaciones para consumo de los bienes obtenidos al amparo del proyecto promovido, realizadas por los VPU adheridos al RIGI se encontrarán exentas de derechos de exportación, luego de transcurridos tres (3) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.

Las exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior realizadas por los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo estarán exentas de derechos de exportación, a partir de los dos (2) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.

Artículo 192.- A los efectos de la aplicación del artículo 94 inciso 5) y artículo 206 de la Ley General de Sociedades -ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificatorias-, podrán deducirse de las ganancias y/o adicionarse a las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por este régimen.

Los beneficiarios del presente régimen podrán exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses y de las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto.

En lo que hace a su tratamiento impositivo, para los beneficiarios del presente régimen, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias excepto por las limitaciones establecidas en el cuarto párrafo y siguientes del inciso a) de su artículo 85, las cuales no serán aplicables durante los primeros cinco (5) años desde la fecha de adhesión al RIGI.

Artículo 193.- Los VPU adheridos al RIGI podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo de dicho Proyecto Adherido, sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones directas, restricciones cuantitativas, cupos o cuotas, de ningún tipo, ni cualitativas, de carácter económico. Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno, aun cuando las mismas estén previstas en la legislación vigente a la fecha de adhesión y excepto que las mismas se encuentren expresa y específicamente incluidas en la aprobación de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Los VPU adheridos al RIGI incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los VPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. En particular, también se garantiza a todos los VPU adheridos al RIGI, incluyendo a aquellos cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que: (i) los obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado, sin que ello impida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado; (ii) les impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido con carácter dedicado y exclusivo al respectivo proyecto y (iii) que afecten la estabilidad de las autorizaciones de exportación de largo plazo para sus productos que hayan sido otorgadas previamente. Se considerará que configuran prohibiciones o restricciones directas a las importaciones o a las exportaciones de carácter económico, en los términos del presente artículo, a las declaraciones juradas anticipadas, las licencias automáticas y no automáticas, los certificados de importación, los sistemas de monitoreo de importaciones o exportaciones y cualquier otra declaración, intervención, acto administrativo o presentación de carácter previo a la registración del despacho de importación o del permiso de embarque de exportación que requieran aprobación, autorización, validación o habilitación expresa, tácita o sistémica por parte del Estado. También se considerarán restricciones directas las medidas que exijan la presentación de certificados de origen, salvo cuando el origen de la mercadería cuya importación se solicita de derecho a la aplicación de preferencias arancelarias o tratamientos diferenciales, o cuando dicha mercadería esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o específicos, o a medidas de salvaguardia.

Cualquier restricción y/o afectación en los términos de los párrafos anteriores será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 194.- Los VPU adheridos al RIGI podrán optar por llevar sus registros contables y estados financieros preparados en dólares estadounidenses utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera.

Artículo 195.- Las Sucursales Dedicadas tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo, conforme a las siguientes disposiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:

(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del Artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;

(ii) Las distribuciones de utilidades de la Sucursal Dedicada a la sociedad a la cual pertenecen tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

(iii) La asignación de patrimonio que se efectúe de la sociedad a la Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI estará sujeta al siguiente tratamiento:

La Sucursal Dedicada gozará de los atributos impositivos que, de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y su reglamento, poseía la sociedad a la cual pertenece, en proporción al patrimonio asignado;

(iv) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial –excepto las previstas en el inciso anterior– deberán ser caracterizadas al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Especial hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

b) Impuesto al Valor Agregado:

(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;

(ii) No se considerarán ventas las asignaciones que se realicen como consecuencia del establecimiento de la Sucursal Dedicada a los efectos de su adhesión al RIGI. Los saldos de impuestos existentes en la sociedad serán atribuibles a la Sucursal Especial en la proporción de los bienes asignados;

(iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial –excepto las previstas en el inciso anterior– deberán ser caracterizadas al solo efecto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Dedicada hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

c) Demás tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial.

Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 196.- Los incentivos tributarios otorgados a través del presente régimen no producirán efectos en la medida en que pudieran resultar en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros por aplicación de un impuesto mínimo global –sea a través de una regla de inclusión de ganancias, una regla de pagos sujetos a baja tributación o cualquier otra medida análoga– que implemente o esté dirigido a implementar, total o parcialmente, el segundo pilar del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G-20 sobre erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.

Artículo 197.- Las reorganizaciones de empresas que se lleven a cabo con el objeto de establecer un VPU o realizar las inversiones en activos computables podrán efectuarse de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con las siguientes modificaciones:

a) No será requisito que la o las entidades continuadoras prosigan con la actividad de la o las empresas reestructuradas;

b) No se requerirá aprobación previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total de la o las empresas reorganizadas;

c) Los efectos impositivos previstos en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no se encuentran supeditados al cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción establecidos en la Ley General de Sociedades - ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificaciones; y

d) No resultarán aplicables los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 172 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias - decreto 862/2019, texto ordenado 2019, y sus modificaciones.

Capítulo V

Incentivos cambiarios

Artículo 198.- Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios:

a) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

b) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

c) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido cuatro (4) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad.

Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos (tales como aportes de capital, préstamos o servicios) vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos.

Las divisas exceptuadas de la obligación de ingreso y liquidación en los términos precedentes serán de libre disponibilidad para los VPU.

Cuando se trate del cobro de exportaciones a las que se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por VPU titulares de Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo, a efectos de la excepción de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

(i) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

(ii) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

(iii) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación.

Artículo 199.- Las divisas provenientes de financiamientos locales o externos tomados por los VPU adheridos al RIGI, que fueran desembolsados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, no estarán sujetas a restricciones en cuanto a su libre disponibilidad en el exterior o en el país. Dichos fondos serán de libre disponibilidad por parte del VPU y/o del Proyecto Adherido y sus montos podrán ser utilizados libremente para cualquier concepto.

No le será aplicable a los VPU adheridos al RIGI ninguna limitación a la tenencia de activos externos líquidos o no, impuesta por la normativa cambiaria.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, el monto de activos externos líquidos que los VPU mantengan en el exterior en virtud de los beneficios del RIGI podrá ser tenido en cuenta por aquellas normas que establezcan, o puedan establecer en un futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios con base en la tenencia de activos externos líquidos. Sin embargo, dichas normas sólo podrán exigir a los VPU que atiendan el pago de endeudamientos comerciales y/o financieros con el exterior, el pago de capital e intereses de préstamos, la distribución de dividendos y utilidades, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, prioritariamente con dichos activos externos líquidos o que no puedan acceder al mercado de cambios para el pago de las mismas mientras cuenten con tales activos externos líquidos.

Asimismo, no resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de capital de préstamos y otros endeudamientos financieros con el exterior, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, en la medida que el importe de divisas ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios como préstamos y otros endeudamientos con el exterior y/o aportes de capital u otras inversiones directas por parte de los VPU sea en todo momento mayor o igual a los importes en divisas que demanden tales accesos.

No resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes, en la medida que tales utilidades, dividendos o intereses hayan sido generados por aportes de capital u otras inversiones directas, o por préstamos u otros endeudamientos financieros con el exterior, ingresados y liquidados en el mercado de cambios por el VPU a partir de la fecha de adhesión al RIGI, sin que en este caso aplique el límite cuantitativo previsto en el párrafo anterior.

Los organismos públicos y los entes privados intervinientes en el procedimiento administrativo relativo al cumplimiento de los requisitos y/o condiciones formales y/o sustanciales establecidos en la normativa cambiaria a fin de que los VPU adheridos al RIGI accedan al mercado de cambios para adquirir divisas o moneda extranjera por los conceptos mencionados en los párrafos precedentes velarán porque su tramitación no afecte el normal desenvolvimiento y ejecución de dicho proyecto.

El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días corridos de publicada la presente ley, las normas necesarias a fin de implementar en la normativa del mercado de cambios los derechos reconocidos en este artículo.

Artículo 200.- El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI:

a) La plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación;

b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;

c) El derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial y el VPU tenga la oportunidad de ejercer previamente su derecho de defensa, reconociendo que la viabilidad y operación continuada del proyecto durante toda su vida útil es de carácter esencial;

d) El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad previa del Banco Central de la República Argentina en la medida que la inversión haya ingresado a través del mercado único y libre de cambios;

e) El acceso irrestricto a la justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto objeto del plan de inversión aprobado.

Capítulo VI

Estabilidad. Compatibilidad con otros regímenes. Cesiones

Artículo 201.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán en lo que respecta a sus proyectos, de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, consistente en que los incentivos otorgados en los capítulos IV y V del presente título no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que las que se encuentran contempladas en el RIGI. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista en el presente, junto con la estabilidad regulatoria prevista en el presente artículo, tendrá vigencia durante los treinta (30) años siguientes de la fecha de adhesión por parte del VPU. A partir de los ejercicios fiscales inmediatos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el RIGI no tendrá más estabilidad para el VPU adherido y podrá ser modificado por el régimen general regulatorio, tributario, aduanero y cambiario.

La autoridad de aplicación podrá disponer que la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria que gozarán los VPU adheridos al RIGI cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo y que se ejecuten en etapas sucesivas, se extienda hasta los treinta (30) años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del Proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión previstos en el inciso a) del artículo 172. Las fechas estimadas de puesta en marcha de cada etapa del proyecto y de finalización de vigencia de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de cada etapa del proyecto, deberán constar en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión, y en ningún caso la estabilidad de las etapas sucesivas se extenderá más allá de treinta (30) años contados desde cumplido el décimo año de la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto.

Artículo 202.- Los tributos a aplicarse a los VPU adheridos al RIGI serán los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen del capítulo IV del presente título. Los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, distintos de los vigentes a la fecha de adhesión o de lo previsto en el capítulo IV del presente título, no serán aplicables a tales VPU. Los incrementos de tributos existentes a la fecha de adhesión o a los previstos en el capítulo IV del presente título no serán aplicables a los VPU.

Lo previsto en el apartado anterior no inhibirá sin embargo a los VPU de beneficiarse de la eliminación de tributos o reducción de alícuotas que pudieran establecerse en un futuro en el régimen general y que resulten más favorables que los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones del capítulo IV del presente título.

El beneficio de estabilidad tributaria otorga a los VPU adheridos al RIGI el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el tributo que corresponda abonar en virtud de los párrafos precedentes. Si, no obstante ello, el VPU abonara el importe que no correspondía en virtud de los apartados precedentes, el beneficio de estabilidad tributaria habilitará al VPU a utilizarlo como crédito fiscal pudiendo aplicarlo de manera inmediata a la cancelación de cualquier otro impuesto nacional.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que existe un incremento de tributos estabilizados bajo el RIGI y no aplicables al VPU, cuando:

a) Se aumenten las alícuotas, tasas o montos;

b) Se deroguen total o parcialmente exenciones o se graven actividades o bienes no gravados a la fecha prevista en el párrafo primero del presente artículo;

c) Se modifiquen los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible de un tributo, por medio de las cuales se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban al momento en que el VPU adhirió al RIGI y que signifiquen un incremento en dicha base imponible;

d) Se incorporen al ámbito de un tributo situaciones que se encontraban exceptuadas o no alcanzadas.

En los pagos efectuados a sujetos del exterior, comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, la estabilidad fiscal también alcanza:

(i) al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes; y

(ii) a la alteración en los porcentajes y/o mecanismos de determinación de la ganancia neta presunta de fuente argentina.

No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma:

1. la prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen en vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal;

2. la caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo determinado, y que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso;

3. la incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se pretendan controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de los cuales los VPU puedan disminuir de manera indebida y/o deliberada —cualquiera sea su metodología o procedimiento— la base de imposición de un gravamen;

4. los aportes y contribuciones de la seguridad social; o

5. el incremento en las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado.

Estará a cargo de los VPU que invoquen una vulneración de la estabilidad tributaria justificar y probar dicha vulneración en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Sin embargo, cuando la vulneración sea consecuencia de la creación o incremento de un nuevo tributo o de una modificación legal o reglamentaria de cualquier aspecto relativo a los tributos vigentes a la fecha de adhesión, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos justificar y probar, en cada caso, que no se ha producido un incremento de la carga tributaria como condición previa para aplicar dicho tributo o la mayor alícuota al VPU.

Artículo 203.- A efectos de lo previsto en el artículo 19 del Régimen Penal Tributario -ley 27.430 y sus modificaciones- y siguiendo el criterio general que resulta aplicable, en los casos previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de dicho régimen, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando el VPU haya exteriorizado el criterio utilizado para determinar la obligación tributaria –incluyendo aquellos aspectos relativos a la base imponible, alícuota, exenciones, hecho imponible, alcances y/o vulneración de la estabilidad tributaria, entre otros– a través de presentación por escrito efectuada a dicha administración con anterioridad a la presentación de la respectiva declaración jurada.

Artículo 204.- En el caso de los tributos regidos por la legislación aduanera, serán de aplicación a las importaciones y a las exportaciones para consumo de los VPU adheridos al RIGI el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes al momento de la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen de los incentivos previstos en el capítulo IV del presente título.

La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá establecer un procedimiento de autoliquidación manual libre que garantice al VPU la posibilidad de presentar la liquidación de derechos y demás tributos a la importación o a la exportación que estime corresponder y de registrar la destinación de importación o exportación incorporando dicha liquidación, sin que pueda exigírsele en ningún caso el pago previo de los importes que resulten aplicables bajo la normativa vigente en cada momento. Dicho procedimiento no podrá estar sujeto a autorización previa ni a requisitos o condiciones de ninguna clase.

Artículo 205.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán de estabilidad normativa en materia cambiaria desde la fecha de adhesión al RIGI y durante el plazo mencionado en el artículo 201, la cual consiste en que el régimen cambiario vigente a la fecha de adhesión al RIGI, con las modificaciones aplicables en virtud de los incentivos cambiarios otorgados bajo la presente, no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas.

Las normas susceptibles de estabilidad cambiaria son todas las normas vinculadas a la materia cambiaria y que forman parte del régimen cambiario dispuesto en el RIGI con la única exclusión del tipo de cambio.

El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días de publicada la presente ley, las normas necesarias con el fin de garantizar los derechos otorgados en este artículo.

El VPU adherido al RIGI, se encontrará en materia cambiaria sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Estará exento de cualquier restricción cambiaria derivada del régimen general cambiario vigente que contradiga o restrinja o resulte más gravosa que los derechos que en materia cambiaria se encuentran previstos en el capítulo V del presente título, pudiendo el VPU rechazar su aplicación con la mera exhibición o presentación de la constancia de adhesión al RIGI;

b) En el supuesto de reducciones o eliminación de restricciones cambiarias que impliquen un tratamiento cambiario más beneficioso que el previsto en el capítulo V del presente título, el VPU podrá beneficiarse de las mismas aplicándolas de inmediato.

Artículo 206.- En caso de que un VPU adherido al RIGI alegue una violación a la estabilidad normativa cambiaria, dicho VPU podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones cambiarias aplicando las disposiciones normativas vigentes a la fecha de adhesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 205, notificando fehacientemente al Banco Central de la República Argentina esta circunstancia. Si el Banco Central de la República Argentina considerara que no ha existido tal violación, previo a dar inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, deberá requerir al VPU que, dentro de un plazo de quince (15) días, indique, de manera concreta, la norma, acto, conducta u omisión que considera violatoria a la estabilidad cambiaria, y que fundamente dicha posición. En ese mismo acto, el VPU deberá ofrecer o aportar las pruebas que hagan a su derecho. Evacuado el requerimiento y, en su caso, las medidas de prueba solicitadas, el Banco Central de la República Argentina deberá dictar resolución fundada aceptando o desestimando la existencia de una violación a la estabilidad normativa cambiaria dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles. Contra la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina procederá, a opción del VPU, el recurso de alzada previsto en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos –decreto 1759/72, texto ordenado 2017– o la acción judicial pertinente. El Banco Central de la República Argentina suspenderá los efectos de la resolución, en los términos del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos –ley 19.549 y sus modificatorias– hasta tanto se resuelvan, con carácter de cosa juzgada, los recursos y/o acciones judiciales antes mencionados. En consecuencia, no se dará inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8º de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, hasta tanto la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina quede firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material.

Artículo 207.- Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser transferidos, directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informar de ello a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.

Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.

Artículo 208.- Los beneficios previstos en el RIGI no podrán ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza existentes en otros regímenes promocionales preexistentes. Sin embargo, la adhesión al RIGI no implicará renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales vigentes y/o futuros con los que se podrán combinar incentivos de distinta naturaleza que no se superpongan, ni se acumulen o reiteren con los incentivos previstos en el presente.

A los efectos indicados en la última parte del párrafo anterior, no resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 32 de la ley 24.331 de Zona Franca.

Capítulo VII

Terminación de los incentivos bajo el RIGI

Artículo 209.- Los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo –dejando de revestir dicho carácter– por las siguientes causas:

a) Finalización del proyecto por fin de su vida útil;

b) Quiebra del VPU;

c) Baja voluntaria solicitada por el VPU, a partir de la fecha de su aprobación por la autoridad de aplicación; o

d) Cese como sanción por infracción al RIGI.

Artículo 210.- Los VPU podrán darse de baja voluntariamente del RIGI en los siguientes casos:

a) Una vez cumplidas las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172; o

b) Si ofrecen abonar voluntariamente el mínimo de la multa prevista en el inciso e) del artículo 213, y dicho pago se efectiviza en el plazo que establezca al efecto la reglamentación.

La solicitud de baja deberá ser presentada por el VPU en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, y deberá ser aceptada por la autoridad de aplicación mediante la emisión del correspondiente acto administrativo. Una vez aprobada, el sujeto solicitante de la baja quedará liberado de sus obligaciones bajo el RIGI desde la fecha de solicitud de la baja. Desde esa misma oportunidad en adelante, se considerará que habrá perdido todo derecho, garantía e incentivo previsto en el RIGI, sin efecto retroactivo y sin afectar los derechos utilizados con anterioridad a la baja.

Capítulo VIII

Régimen Infraccional y Recursivo Aplicable al VPU

Artículo 211.- Serán sancionables los siguientes incumplimientos del presente régimen y sus normas reglamentarias:

a) Omitir o demorar la presentación de la información requerida por la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;

b) Presentar información o declaraciones juradas falsas o inexactas a la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;

c) Omitir la autorización previa y expresa de la autoridad de aplicación en aquellos casos en que la misma sea necesaria de conformidad con lo previsto en el RIGI;

d) Desafectar (ya sea por venta o reexportación) bienes introducidos al amparo de franquicias establecidas por el RIGI o en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172 con anterioridad al vencimiento de los plazos previstos en el segundo párrafo del artículo 179 y en el tercer párrafo del artículo 190;

e) Desarrollar actividades que no correspondan al objeto único del VPU en violación a la obligación prevista en el párrafo segundo del artículo 169; o, en el caso de proveedores, no cumplir con los requisitos y obligaciones previstos para ellos en los párrafos quinto a octavo del artículo 169;

f) Incumplir injustificadamente las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172;

g) Goce indebido de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el presente régimen.

Artículo 212.- Verificado un supuesto de los previstos en el artículo precedente, la autoridad de aplicación deberá intimar al VPU, por medio fehaciente, a los fines de que proceda, en los casos en que ello sea materialmente factible, a la subsanación del incumplimiento dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al de la notificación de la referida intimación.

En caso de que la autoridad de aplicación detecte la ocurrencia de los supuestos previstos en el artículo 211 y no sea un supuesto susceptible de subsanación o haya vencido el plazo para subsanarlo previsto en el apartado anterior sin que el VPU lo haya subsanado, se procederá a la instrucción del sumario infraccional correspondiente y a la aplicación, en su caso, de las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

El procedimiento sumarial deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del VPU.

Dispuesta la apertura del sumario, deberá notificarse la imputación al VPU y conferírsele un plazo de quince (15) días hábiles para que presente su descargo y ofrezca la totalidad de la prueba que considere pertinente.

Presentado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la autoridad de aplicación resolverá sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas, considerando y disponiendo la producción de aquella que fuere pertinente, y rechazando únicamente y por decisión fundada aquella que resultare sobreabundante o improcedente.

Se fijará un plazo para la producción de la prueba admitida, que no podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles.

Clausurado el período probatorio, la autoridad de aplicación notificará al beneficiario para que, de estimarlo necesario, alegue sobre la prueba producida en un plazo de cinco (5) días hábiles.

Presentado el alegato o vencido el plazo para su presentación, la autoridad de aplicación deberá dictar resolución sobre el sumario dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

Artículo 213.- Cuando la autoridad de aplicación, una vez concluido el procedimiento sumarial regulado en el artículo anterior, comprobara el acaecimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 211, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación tributaria, aduanera, previsional y/o penal vigente:

a) Apercibimiento, para los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 211;

b) Multa de diez millones de pesos ($ 10.000.000) a treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para los hechos previstos en el inciso a) del artículo 211;

c) Multa de cien millones de pesos ($ 100.000.000) a cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000) para los hechos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 211;

d) Multa de uno por ciento (1%) al tres por ciento (3%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 172 para los hechos previstos en el inciso e) del artículo 211;

e) Multa de cinco por ciento (5%) al quince por ciento (15%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 172 que se encuentre pendiente de cumplimiento, para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 211;

f) Cese del RIGI para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 211, lo que implicará la caducidad total de los incentivos del RIGI desde que el incumplimiento de dichas obligaciones se hubiese resuelto de manera definitiva y firme, por el tribunal competente;

g) Inhabilitación para solicitar la adhesión de un nuevo Proyecto al RIGI como sanción eventualmente adicional y accesoria a la prevista en el inciso anterior, dependiendo la gravedad de la conducta, la que será efectiva desde que la resolución disponiendo la sanción se hubiese resuelto de manera definitiva y firme por el tribunal competente, constituyendo dicha fecha la fecha efectiva de cese; y

h) Devoluciones de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias para los hechos previstos en el inciso g) del artículo 211, con más sus intereses resarcitorios.

Ante uno de los supuestos previstos en el artículo 211, la autoridad de aplicación aplicará, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en el presente artículo.

Los montos previstos en los incisos b) y c) de este artículo se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al 31 de diciembre del año anterior al del ajuste respecto al mismo día del año anterior.

La falta de cumplimiento de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 180 será causal de agravamiento de la sanción en aquellos casos en que, ante la terminación del RIGI para un VPU como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de permanencia en el RIGI, la autoridad de aplicación determine, sin lugar a duda razonable, que el VPU conocía o debió conocer que se encontraba en imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones y compromisos para la permanencia en el régimen.

Artículo 214.- En la misma resolución en la que la autoridad de aplicación disponga la apertura del sumario infraccional podrá instruir la iniciación de las acciones pertinentes a los efectos de que el tribunal competente disponga cautelarmente, de manera preventiva y hasta que recaiga decisión definitiva y firme al respecto, la suspensión preventiva del goce de los incentivos bajo el presente RIGI. Asimismo, durante dicho plazo se considerarán suspendidas el cumplimiento de las demás obligaciones bajo el RIGI.

Artículo 215.- La acción penal en las infracciones del artículo 211 reprimidas con pena de multa se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trate.

Lo previsto en el párrafo anterior sólo surtirá efecto extintivo de la acción penal si el pago voluntario se efectuare antes de vencido el plazo previsto en el cuarto párrafo del artículo 212.

Artículo 216.- El cese será dispuesto por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo dictado al efecto en el que se especificará la causal incurrida por el VPU, la que deberá consistir en el incumplimiento acreditado de una de las obligaciones de cumplimiento esencial según lo dispuesto en el artículo 172.

El cese de los incentivos no tendrá efectos retroactivos, ni afectará a los incentivos gozados y/u obtenidos con anterioridad al cese.

La resolución firme y definitiva de cese de los incentivos implicará la pérdida automática del derecho a utilizar todos los incentivos posteriores a la fecha efectiva del cese.

Producido el cese de los incentivos, el VPU no podrá volver a ser incluido en el RIGI.

Artículo 217.- Las sanciones dispuestas por la autoridad de aplicación a los VPU en los términos del presente régimen podrán recurrirse administrativamente por las vías y según los procedimientos previstos en la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su reglamentación, sin perjuicio de la facultad del VPU de optar por someter la controversia a arbitraje en los términos previstos en el artículo 221 de la presente ley.

Los recursos y/o remedios alternativos judiciales y/o arbitrales que interpongan los VPU suspenderán la ejecución y efectos de los actos dictados por la autoridad de aplicación.

Para el caso en que la decisión definitiva y firme del tribunal competente resuelva levantar y/o revocar el cese, se reconocerán al VPU los incentivos que hubiese tenido que percibir durante el período de suspensión en el que el tribunal competente hubiere eventualmente dispuesto, conforme lo previsto en el artículo 214 de esta ley, la suspensión cautelar preventiva de los incentivos establecidos en el presente régimen, reanudándose la exigibilidad de las obligaciones que surgen del RIGI.

No será necesario que los VPU presenten en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún tipo, no siendo exigible el agotamiento de instancia administrativa alguna a los efectos de someter cualquier controversia vinculada con el presente régimen a arbitraje en los términos previstos en el artículo 221 de la presente ley. Asimismo, no será aplicable ningún plazo de caducidad para el inicio de un reclamo arbitral, aun frente a una resolución expresa de un recurso o impugnación administrativa.

La interposición de los recursos o impugnaciones administrativas no impedirá desistirlos unilateralmente en cualquier momento para promover el reclamo arbitral. El desistimiento no podrá en ningún caso interpretarse como renuncia de los derechos que le pudieren asistir al VPU, ni obstará a que se articule el reclamo arbitral una vez resueltos definitivamente aquellos sin sujeción a plazo de caducidad alguno.

La promoción del reclamo arbitral impedirá la continuación o posterior interposición de recursos administrativos contra el mismo acto.

Capítulo IX

De la autoridad de aplicación

Artículo 218.- El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación del presente título de la ley, con facultades para:

a) La evaluación y aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión y de los planes de inversión presentados por los VPU;

b) La fiscalización y control del RIGI;

c) La verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias así como de las obligaciones a cargo de los VPU que deriven del RIGI;

d) La caducidad de los incentivos contemplados en el presente; y

e) El dictado de las normas operativas, aclaratorias y complementarias requeridas que resulten necesarias a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento del RIGI el cual es considerado operativo desde su vigencia.

Artículo 219.- La autoridad de aplicación podrá delegar en las Secretarías de gobierno las facultades previstas en el artículo precedente en base al sector de actividad de que se trate.

Artículo 220.- Los sujetos beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación la información que les fuera requerida acerca del estado del proyecto y de los VPU. Instrúyese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a crear un área específica cuyas funciones serán crear las CUIT asignadas a los VPU y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras por parte de tales sujetos.

Capítulo X

Jurisdicción y arbitraje

Artículo 221.- Todas las controversias que deriven del presente régimen o guarden relación con éste, entre el Estado nacional y un VPU adherido al RIGI, incluyendo, pero no limitado a, la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del presente régimen y normas relacionadas, o con el uso, goce, cese y/o ejercicio de los derechos, beneficios e incentivos obtenidos por el VPU (incluso, sin limitación, en cuanto a su validez, aplicación y alcance) (una “Disputa”), se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas.

Si la Disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en un plazo de sesenta (60) días corridos desde que el VPU notificó al Estado nacional sobre la existencia de la Disputa, el VPU –o sus socios o accionistas extranjeros en los casos de los incisos b) y c) del presente– someterá la disputa a arbitraje, de conformidad con –a elección del VPU-:

a) El Reglamento de Arbitraje de la CPA de 2012;

b) El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (a excepción de las Reglas de Procedimiento Abreviado); o

c) El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965 o, en su caso, el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI.

Con excepción del caso en que el VPU opte por el arbitraje de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965, el tribunal arbitral o la institución administradora, según corresponda conforme a las reglas aplicables, definirá la sede del arbitraje, que deberá establecerse fuera de Argentina y en un país que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, de fecha 10 de junio de 1958.

El tribunal arbitral estará formado por tres (3) árbitros que se elegirán de acuerdo con las reglas de procedimiento aplicables. Ninguno de los árbitros podrá ser nacional de Argentina o del estado origen del accionista mayoritario del VPU.

El arbitraje será en idioma español, excepto en los casos de los incisos b) y c) del presente sometidos a arbitraje por socios o accionistas extranjeros, en los que podrá ser en idioma español o inglés.

El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para establecer mecanismos de solución de controversias con el VPU, específicos para cada proyecto, en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión.

Artículo 222.- Los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se consideran inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones, que resulten aplicables y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado nacional de conformidad con sus disposiciones, y sin perjuicio de los remedios previstos en el presente régimen.

Artículo 223.- La existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina o los derechos del VPU y su pleno uso, goce y ejercicio.

Capítulo XI

Jurisdicciones Locales. Declaración de Interés Nacional

Artículo 224.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones.

Artículo 225.- Déjase establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados.

A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal.

En el caso de tasas retributivas por servicios prestados, existentes o a crearse en el futuro, éstas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos.

Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Capítulo XII

Disposiciones transitorias del RIGI

Artículo 226.- El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el presente régimen en el término de treinta (30) días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 227.- La falta de reglamentación del presente no obstará a la plena utilización de los incentivos establecidos en el RIGI en las condiciones previstas, ya que las disposiciones del presente régimen son plenamente operativas desde su entrada en vigencia, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren corresponder a los funcionarios por la falta de cumplimiento de lo allí establecido.

Todo funcionario que incurra en el incumplimiento injustificado de los plazos o términos establecidos en el presente Título resultará pasible de ser sancionado, previo sumario administrativo.

Artículo 228.- El presente régimen entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO VIII

Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad

Capítulo I

Tabaco

Artículo 229.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 2º de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente texto:

Artículo…: Cuando el precio de venta al consumidor informado por los sujetos pasivos del gravamen, según lo establecido en el artículo anterior, no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos, que resulte inferior, como mínimo, en un veinte por ciento (20%) al precio que surja del relevamiento mencionado en el párrafo anterior. Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los casos en los que los sujetos pasivos acrediten fehacientemente, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que el precio de venta al consumidor informado es un precio de mercado.

El Poder Ejecutivo nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán lo prescrito en este artículo y dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.

Artículo 230.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo 15: Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%).

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 231.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Los importes consignados en el segundo párrafo de este artículo se actualizarán trimestralmente, por trimestre calendario, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018, inclusive. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo nacional podrá, con las condiciones indicadas en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 14, cuando las circunstancias económicas así lo requieran a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25%) o disminuir, con el objeto de estimular en virtud de las circunstancias económicas imperantes el desarrollo de determinados sectores siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal hasta en un diez por ciento (10%) transitoriamente los referidos montos mínimos.

Artículo 232.- Sustitúyese, en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, la segunda oración por el siguiente texto:

Este importe se actualizará conforme a lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 16.

Artículo 233.- Sustitúyese el primer párrafo del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo…: El transporte de tabaco despalillado, acondicionado, picado, en hebras o reconstituido o de polvo para la elaboración reconstituido, no comprendido en el artículo 18, fuera de los establecimientos y locales debidamente habilitados que se efectúe, sin importar su destino, sin el correspondiente respaldo documental de traslado o con documentación de traslado con irregularidades, será sancionado con una multa equivalente al importe que resulte de aplicar la alícuota dispuesta en el primer párrafo del artículo 15 sobre el precio que surja del relevamiento al que se refiere el artículo sin número agregado a continuación del artículo 2º, en proporción a la cantidad de cigarrillos que resulte de dividir el total de gramos de tabaco transportado por ochenta centésimos (0,80), considerando el momento de la detección.

TÍTULO IX

Disposiciones finales

Artículo 234.- Los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional.

Artículo 235.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley.

Artículo 236.- Salvo para los casos en que se establezca un plazo específico, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias, interpretativas o aclaratorias que resulten necesarias para su aplicación.

Artículo 237.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario.

Artículo 238.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

REGISTRADO BAJO EL N° 27742

VICTORIA VILLARRUEL - MARTIN ALEXIS MENEM - Agustín W. Giustinian - Tomás Ise Figueroa

ANEXO I

Privatización

Privatización / Concesión

IG

Los mercados han hecho oídos sordos a la sanción de la ley de Bases, que incluye el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y una flexibilización laboral, y del paquete fiscal, que abarca aumentos del monotributo a las categorías más bajas, reinstauración del impuesto a las Ganancias a los empleados que más ganan y un alivio a las clases medias altas y altas que pagan Bienes Personales. Los inversores financieros esperaban anuncios sobre la salida del cepo cambiario ese mismo viernes, pero no los escucharon. Mientras tantos, consultores que asesoran a empresarios advierten que la inversión real, a la que aspira Milei para recuperar una economía con salarios deprimidos, sólo llegará cuando se consolide la baja de la inflación, sin retrasar las subas del dólar oficial y de las tarifas. En un contexto de recesión, la reforma laboral puede ayudar a despedir en lugar de contratar. Mientras, el paquete fiscal, salvo por la reposición de Ganancias, contribuye a construir una sociedad más desigual.

El economista jefe de uno de los principales bancos de Wall Street para los negocios globales, uno de los varios que estuvo visitando la Argentina de Javier Milei por el entusiasmo de principios de año, ahora advierte: “La ley Bases no tendrá impacto en términos de crecimiento hasta que no se controle la inflación”.

El analista, que asesora inversores internacionales, señala que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, insisten en que el dólar oficial suba mucho menos que la inflación mensual y eso conlleva el riesgo de que tarde o temprano termine devaluándose el peso e impulsando un rebrote inflacionario. Lo mismo sucede con la postergación del alza de tarifas: suma presión a la inflación futura. De todos modos, el economista de Wall Street reconoce que el paquete fiscal torna más sustentable el déficit fiscal cero, dado que proporciona ingresos adicionales al Estado.

El ex viceministro de Economía Orlando Ferreres admite que en el corto plazo el RIGI no impactará en una recuperación económica, pero espera que en el mediano plazo dé frutos.

Por el contrario, otro consultor especializado en energía cobija menos expectativas inclusive a pesar de que que este nuevo régimen, justamente, apunta a atraer inversiones de ese sector, de la minería, de la infraestructura, de lo forestal, de la tecnología, del turismo y de la siderurgia. “Para que YPF y Petronas (la petrolera malaya) hagan su planta de GNL (gas natural licuado, el que se exporta en barco) necesitabas incentivos, pero con el proyecto de ley de GNL que había aprobado la Cámara de Diputados el año pasado bastaba”, sostuvo, refiriéndose a una iniciativa menos generosa que el RIGI para los inversores en términos tributarios, cambiarios y aduaneros.

“Hay que ver si la reglamentación incluye o no el desarrollo de áreas y pozos. Si no, no tendrá un impacto grande salvo algún proyecto de GNL y la ampliación de la producción de Profertil”, afirmó en alusión a la idea de duplicar la elaboración de fertilizantes, aunque para ello la reglamentación debería meter por la ventana a las industrias, al menos a las que procesan gas, como en este caso. “Van a salir anuncios de proyecto de inversión, como el de TGS (Transportadora Gas del Sur), pero ahí falta saber quién va a financiar el transporte de largo plazo en medio de este lio, si paga la demanda final o quién. No hay precios claros en el sector. Hay retraso en el pago de subsidios a las centrales eléctricas. Encima nadie ve que el RIGI sea muy estable en el largo plazo. En 2013, el decreto que favoreció a Chevron en Vaca Muerta decía que un 25% debía ir a la exportación, pero eso no se cumplió en los primeros ocho años”, señaló este consultor especializado en energía.

A eso se suman los desafíos de corto plazo: “Hay tanto quilombo macro... Con esta apreciación cambiaria no es sostenible”, evaluó. En la ley de Bases se incluyó la normativa de hidrocarburos, que proclama la libre exportación, pero incluye al final un artículo que permite interrumpirla por cuestiones técnicas. Ya no se habla de asegurar primero el abastecimiento interno, pero se deja la puerta abierta para que así se haga.

Tanto un diputado de la Libertad Avanza como uno de los asesores económicos de Milei admiten que si la economía creciera, la reforma laboral ayudaría a crear empleo al abaratar el despido, extender el periodo de prueba y permitir que un emprendedor pueda tener hasta tres colaboradores sin considerarlos empleados, pero advierten que en una crisis como actual puede ahondar la actual ola de despidos. “La ley de Bases incluye reformas económicas importantes, pero no van a funcionar hasta que se saque ese elefante que es el cepo”, advierte el asesor. “Si Toto (Caputo) consigue guita para salir del cepo, podés salir sin devaluar. Si no, salís del cepo pero perdés por la inflación”, reconoce.

Las iniciativas que avanzarán sin perjuicio del RIGI

Hay proyectos de energía y minería que se iban a concretar igual, con o sin RIGI. Quizás este régimen redactado por un abogado de mineras, Sergio Arbeleche, sólo vino a darles beneficios adicionales a estas empresas. De hecho, en los próximos meses se pondrán en marcha cuatro proyectos de litio que duplicarán la producción nacional sin la necesidad del RIGI. Al igual que el cobre, el oro blanco ya tenía demandada asegurada por la revolución del auto eléctrico. Tal vez sí el GNL, el hidrógeno verde o la olvidada reconversión de la industria argentina hacia la electromovilidad requerían incentivos específicos, aunque no tan generosos.

Pero Juan Miguel Massot, profesor de la Universidad del Salvador, considera que el RIGI es necesario porque “las inversiones en cobre, oro, litio e hidrocarburos son muy grandes, algunas con bastante riesgo, y hay que sacarlos ahora, no en diez años”. Sucede que en un tiempo el mundo, ante la crisis climática, dejará de demandas petróleo y gas y, a su vez, las baterías de litio se reciclarán, con lo que dejará de extraerse mineral. “Creo que el RIGI va a activar carpetas de inversión que estaban detenidas. Pero falta la industria, hay que ver si en la reglamentación se incluye en tecnología, como industria 5.0, por la robotización. Y falta el campo, donde hay muchos sectores que la están pasando mal”.

Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, también considera que la reglamentación del RIGI será clave. “La gran apuesta del Gobierno es el RIGI, para captar inversión extranjera en sectores que generen rápido divisas. Pero va a llevar tiempo. Si un día hay lluvia de inversiones porque ahora hay incentivos que ponen a la Argentina en los radares del mundo, no será este año”, pronosticó.

Pero un consultor de empresas no ve entre sus clientes “muchas esperanzas”. “Con el RIGI puede haber algo sectorizado, el Gobierno va a mostrar que moviliza, pero hay mucha incertidumbre en el corto plazo. No hay demanda y nadie prevé que la recesión se termine pronto, será más larga que la esperada. Lo que echa personal es la recesión, no la reforma laboral. Y la calidad de la gestión es patética, no se le ve a Milei uñas de guitarrero”.

Massot reconoce que la flexibilización laboral por sí sola no alcanza para crear empleo sino que se necesita crecimiento económico y que este a su vez cree puestos de trabajo, pues no cualquier expansión los fomenta. “Cierta modernización y blanqueo laborales eran necesarios, aunque los empresarios dudan mucho de estos blanqueos y por ahora no han servido. De hecho, fueron aceptados por los sindicatos porque no se fue por una cirugía mayor. Facilita más la estabilidad financiera de las empresas que lo que hace a la cantidad de empleo. La reforma en sí no crea ni destruye empleo”, evalúa Massot. En cambio, el nuevo régimen de empleo público sí pone en riesgo a aquellos que están efectivos en el Estado: “Primero se los recapacita y si no se los reubica, pueden echarlos, pero es un proceso”, observa el investigador del Salvador.

“Las empresas no están esperando esta reforma laboral para despedir”, evalúa Delgado. Tampoco para contratar. “La creación de empleo depende de condiciones actuales y futuras de la demanda interna y externa. No preveo ningún tipo de boom de creación, pero para pymes serán menos costoso en cuanto a contingencia futura”, sostuvo.

En cuanto a las privatizaciones, sólo quedaron aprobadas seis, aunque algunas de ellas son servicios básicos como el agua y el transporte público: Agua y Saneamientos (AySA), Trenes Argentinos, Corredores Viales y sus rutas con peaje, el ferrocarril Belgrano Cargas, Energía Argentina (Enarsa, la que hizo el gasoducto Néstor Kirchner) y la empresa de asistencia área en tierra Intercargo. Inversores ferroviarios advierten que tal como quiere privatizar el Gobierno, sin subsidiar a los concesionarios, ellos no estarán interesados en participar. Tanto las inversiones en trenes como en las instalaciones de agua potable y cloacas en barrios populares, ¿quién las pagará? No pareciera que vaya a alcanzar con la tarifa de los usuarios. Hasta ahora algunas líneas de trenes metropolitanos se mantienen en manos privadas, en concreto en las de Roggio y Emepa (la firma de Gabriel Romero).

En lo referido al paquete fiscal, el CEO de uno de los principales bancos de la Argentina pronostica que el blanqueo de capitales podrá captar US$20.000 millones, un sexto que el del gobierno de Mauricio Macri. Delgado define esta nueva amnistía fiscal como “muy generosa” en cuanto al perdón del pago de gravámenes, señala que su éxito “dependerá de la percepción de quienes tengan activos no declarados sobre la evolución de los próximos años”. Sobre todo porque para eximirse del pago de todo impuesto hay que depositar los dólares en el sistema por dos años.  

Además del blanqueo, que beneficia a los evasores, también se incluyeron cambios en el monotributo (se ampliaron los máximos de facturación de las categorías más altas, de modo de evitar que los contribuyentes salten al régimen de autónomos o evadan para esquivarlo), Bienes Personales y Ganancias. Massot considera que “era una necesidad ampliar el techo del monotributo y reimponer Ganancias, aunque quizás el piso sea muy bajo”, se refiere al mínimo de $1,8 millones para los solteros y $2,2 millones para los casados con dos hijos. “Bienes Personales es necesario que exista, gravar los patrimonios es lo más progresivo, pero después podemos discutir la alícuota”, opina Massot. Justamente la alícuota fue lo que se rebajó fuerte, del 2,25% actual para bienes al exterior hasta el 0,25% en 2027.

Delgado observa que el paquete fiscal, sobre todo Ganancias, le asegura a los inversores los fondos para que el Estado pague sus deudas. “Pero si después bajan el impuesto PAÍS, lo de Ganancias va a tener impacto neutro”, analiza. Descarta que sea el único factor que fomente la desigualdad, aunque reconoce que la baja de Bienes Personaes es “regresiva”.

Carolina Berardi, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sí advierte sobre lo desigual de la reforma tributaria. “En 2024, las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señalan que por Bienes Personales se pierde (de recaudación) entre 0,29 y 0,44% del PBI, mientras que por Ganancias se recaudará anualizado 0,43% más”, señaló Berardi, comparando el impacto entre los ricos y los trabajadores que más ganan, incluidos aceiteros, camioneros o petroleros. En tanto, la suba del monotributo para los que menos cobran representa entre 0,0342% y 0,0662%.del PBI, según la OPC.

La Fundación SES advirtió que “el RIGI en combinación con el paquete fiscal vuelven al sistema tributario aún mucho más regresivo de lo que ya es”. El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), que reúne diversas instituciones como CELS, ACIJ, FARN, Ecofeminita e IADE, advirtió que el blanqueo y las reformas de Bienes Personales y el monotributo “tienden a profundizar la ya preocupante inequidad del sistema impositivo argentino, y no garantizan un resultado fiscal favorable, de tal modo que agravarán un problema sin resolver el otro”.

AR/JJD

Javier Milei debió esperar un octavo de su mandato presidencial para ver sancionada su primera ley relevante.

Bien leídos, los seis meses transcurridos desde la presentación del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos hablan más de un trámite exprés que de un pantano de negociaciones. La norma camufla decenas de leyes de muy diversa índole. Tratadas como corresponde, habrían insumido un debate político y técnico de un alcance mucho mayor. El tiempo cobrará caro la celeridad del Topo. 

Aunque el texto sancionado no satisfizo al paladar negro de Rodrigo de Loredo —el jefe del bloque de la UCR pretendía insistir con la draconiana versión original de Diputados—, significa un hito insoslayable para la ultraderecha libertaria que administra el país.

Un amplio arco boga por elogiar la “capacidad política” del Presidente para avanzar con la ley desde una posición muy minoritaria en ambas cámaras. El reconocimiento requiere una dosis exacerbada de buena onda. A los bloques de La Libertad Avanza, que representan 10% de las bancas en el Senado y 15% en Diputados, se suman los del PRO, que actúan como oficialismo automático, y sobre ellos se monta el cúmulo de abnegados, confundidos y vendidos que se atribuyen el papel de “darle las herramientas” a un Presidente que los trata de “ratas” y “degenerados fiscales”. Capacidad negociadora y patética liquidez política no tienen el mismo significado. 

¿Cuál es la mano oculta que mueve los hilos del consenso en la Argentina? 

Milei cuenta con las fuerzas del cielo y las del subsuelo geológico capaces de mover montañas y hacer designar a embajadores en la UNESCO en aras de eximirse del pago de decenas o cientos de millones de dólares en impuestos, mientras son controladas por un Estado desmantelado. 

Capacidad negociadora y patética liquidez política no tienen el mismo significado

La malaya Petronas e YPF habían hecho público que encabezarían un proyecto de inversión de US$10.000 millones para la exportación de gas natural licuado (GNL), bajo condiciones mucho menos dadivosas que las consagradas en la ley Bases, negociadas durante dos años con el Gobierno de Alberto Fernández. Ahora, la industria de petróleo y gas llevará a cabo el mismo plan, y su lucro excedente a costa del Estado será solventado por el IVA en los alimentos o rebajas en las jubilaciones y los sueldos docentes. El Topo. 

Tan poderosas resultan las fuerzas del cielo y del subsuelo, que sus abogados corporativos redactan las leyes y cuentan con la prerrogativa de transitar pasillos oficiales como dueños de casa, mientras entretenedores de los medios transmiten sumisamente los informes de formato “me dicen” que les pasan vía whatsapp desde un despacho estatal. 

Cabe razonar que resulta más accesible para Milei congregar voluntades para pegar un hachazo regresivo que lo que costaría a Myriam Bregman convencer a diputados y senadores cordobesistas, misioneristas, salteñistas, rionegristas y neuquinistas sobre la necesidad de asumir la propiedad colectiva de los recursos naturales. 

Ahora, la industria de petróleo y gas llevará a cabo el mismo plan, y su lucro excedente a costa del Estado será solventado por el IVA en los alimentos o rebajas en las jubilaciones y los sueldos docentes. El Topo en acción

Cables cruzados

En el plano de los gravámenes, el Congreso aprobó la reinstauración de Ganancias (altos ingresos personales), la cuasi extinción de Bienes Personales (riqueza o patrimonio) y el citado cúmulo de beneficios extraordinarios bajo el Régimen Impositivo para las (no tan) Grandes Inversiones (RIGI). 

Un tamiz mínimamente coherente ante esos tres ejes supondría que el peronismo y la izquierda se opondrían a la reducción de Bienes Personales y denunciarían los beneficios desmesurados del RIGI. De hecho, ocurrió. 

La mátrix se torció a la hora de expedirse sobre Ganancias. Resulta que los bloques verdaderamente opositores se pusieron firmes para no privilegiar a los poseedores de riqueza que pagan Bienes Personales, pero entendieron que el gravamen que afectará a cerca del 7% de los asalariados registrados con mayores ingresos constituye “un hachazo a los laburantes”.

Las identidades del millón de empleados de altos ingresos y los pagadores del impuesto al patrimonio tienden a coincidir, además de que el impacto de Ganancias en las arcas fiscales se neutraliza en gran medida con la baja de Bienes Personales. El eslogan “el salario no es ganancia” dejó tildada la posibilidad de la coherencia.

Un Gobierno perforado por intereses oscuros y dogmático hasta la médula ultraderechista lleva adelante una reforma de Ganancias progresiva que deja a contramano a la oposición de Unión por la Patria y la izquierda

Empujado por el objetivo del equilibrio fiscal y el paradigma del FMI y la OCDE —keynesianos ante el mediopelo político argentino en este ítem—, un Gobierno perforado por intereses oscuros y dogmático hasta la médula ultraderechista lleva adelante una reforma de Ganancias progresiva que deja a contramano a la oposición de Unión por la Patria y la izquierda.

A la hora de argumentar, varios exponentes de esos bloques opositores parecen ni siquiera entender quién y cuánto se paga de Ganancias. El proyecto del efímero redistribucionista Luis Caputo, aun con la incorporación de 800.000 trabajadores en el universo de gravados bajo un esquema más escalonado que el que existía hasta la derogación en septiembre pasado, establece pisos salariales que duplican o triplican a los establecidos en países desarrollados de Europa, donde el impuesto a las Ganancias es abonado por más de la mitad de los trabajadores con tasas mucho más altas. Alberto Fernández todavía cree que la precipitada eliminación del impuesto a los altos ingresos orquestada por Massa al fragor de la campaña electoral, sin hacerse cargo siquiera de cómo se cubriría el agujero fiscal, fue una despedida virtuosa de sus cuatro años en Casa Rosada.

Hasta allí llega la “responsabilidad fiscal” de los bloques oficialistas y semioficialista. Los liberales argentinos vuelven a su cauce original, prorricos por definición, para dar explicaciones sobre la necesidad de gravar el flujo de ingresos y no el “stock” de patrimonio alcanzado: propiedades, estancias, yates, autos y depósitos. Sin noción de los límites del saber, los economistas se arrogan facultades de constitucionalistas para denunciar una doble imposición sobre los afortunados con tristeza y ansiedad evasora. 

Tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner

Desacostumbrado a hacer uso de la palabra, Máximo Kirchner intervino en el debate por la sanción de la ley ómnibus. Hizo mención a que el proyecto de GNL elaborado por el Gobierno de Alberto Fernández concedía beneficios más razonables a las grandes inversiones, que ya habían sido aceptados por las empresas interesadas. Se privó de recordar que esa norma impulsada por Sergio Massa, así como otra previa diseñada por Martín Guzmán, quedaron empantanadas en el Senado a instancias de Cristina, su madre. 

Kirchner demoró menos de un minuto en ponerse como ejemplo por lo que considera su mayor hito: haberse transformado en opositor del Gobierno cuya bancada en Diputados presidía a la hora de tratar en marzo de 2022 la renegociación del préstamo por US$44.500 millones otorgado por el FMI a Macri.

En sus nueve minutos en Diputados, Máximo Kirchner se ocupó de defender las excursiones del Presidente para recibir premios de cartón y pretendió dar una pátina de normalidad a la relación de Milei con sus perros y el espíritu de un quinto

El diputado bonaerense demostró que se guarda los estiletazos más filosos para sus rivales internos. Con los hermanos Milei, se exhibe capaz de regular el freno de mano. En los nueve minutos de discurso en Diputados, Máximo se ocupó de defender las excursiones del Presidente para recibir premios de cartón —“no soy sommelier de viajes”— y pretendió dar una pátina de normalidad a la relación de Milei con sus perros y el espíritu de un quinto —“la mayoría de los argentinos quieren a sus mascotas, lógico”—.   

Un dirigente del peronismo bonaerense describe esa actitud. “Está claro que hay un vínculo y una retribución de favores, evidentemente. No es Máximo una persona generosa con sus adversarios, todo lo contrario. Son situaciones extrañas”.

La actitud de los Kirchner tiene un correlato en el choque táctico con Axel Kicillof. El gobernador bonaerense entiende que debe erigirse como opositor en todos los planos ante un proyecto ultra al que considera peligroso. La ex vicepresidenta y La Cámpora, en coincidencia con Massa, estiman que no es tiempo de confrontar.

“El planteo es muy simple. Hay que ser oficialista y bancar a la figura de Axel en Provincia, y opositor en la Nación”, resume el peronista bonaerense. 

La disputa entre La Cámpora y el kicillofismo aumentó los decibeles en las últimas semanas. En La Plata entienden que se llegó a un punto en que la organización de Máximo Kirchner no tiene margen para apuntar abiertamente al gobernador, por el costo que depararía. “Un narcisismo sin solución los lleva a cometer muchos errores y a crear una realidad paralela. Les queda hacer quilombo, pero están obligados a no confrontar directamente con Axel”, razona el dirigente peronista. 

Facturas pendientes

En ese marco, ambos bandos se computan incursiones en territorio ajeno, algo al parecer prohibido en la política peronista.

Los camporistas Mayra Mendoza y Julián Álvarez, respectivos intendentes de Quilmes y Lanús, consideran inadmisible que su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, haya encabezado encuentros y disparado munición retórica gruesa en sus municipios. En el lado de Kicillof, recuerdan el desplante de Mendoza y Cristina al gobernador en el acto para la inauguración de un complejo deportivo en Quilmes, el 27 de abril pasado, y otras excursiones de Máximo Kirchner y sus allegados en Avellaneda, sin darle aviso al alcalde. 

Nada es del todo nítido en el peronismo. La postulación del juez turbio Ariel Lijo para la Corte Suprema es señalada como un síntoma del acuerdo entre los Kirchner y los Milei. Pero Ferraresi fue el impulsor del increíble honor otorgado a Lijo como “ciudadano ilustre· de Avellaneda, aprobado junto a los concejales de La Libertad Avanza. ”Axel tiene cero que ver con eso“, aclara el peronista citado. 

El Edificio Barolo se marchita

No habría motivos para que Guillermo Moreno salga de los márgenes políticos en los que lo ubicaron las urnas. Por lo visto hasta ahora, su capital electoral tiende a cero. 

Un daño mayor debería ser inhabilitante para la proyección del exsecretario de Comercio: la falsificación de la estadística de inflación durante al menos cinco años. Además de los perjuicios directos que genera una estrategia basada en la burda mentira de ubicar el alza de precios en un cuarto de su valor real, la intervención de Moreno en el Instituto Nacional de Estadística y Censos —fomentada por los Kirchner— lastró la autoridad de ese proyecto político en temas cruciales, como redistribución, pobreza e indigencia, rubros en los que los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tenían métricas reales para enarbolar.

Moreno incurre, además, en un estilo brusco por default. Quedó comprobado en la acción de patotas en las oficinas del INDEC y en numerosos actos públicos del secretario de Comercio. Su actitud pendenciera ornamentada por sedimentos nacionalistas católicos es consustancial en sus participaciones en varios streamings y en los medios del Grupo Indalo, desde donde emite cama adentro. 

La omnipresente estridencia, el indudable carisma, la violencia siempre latente y la impresión genuina de sus arrebatos dibujan un perfil que enlaza con el de Milei. 

Su actitud pendenciera ornamentada por sedimentos nacionalistas católicos es consustancial en sus participaciones en varios streamings y en los medios del Grupo Indalo, desde donde emite cama adentro

Desde ese vértice, el exsecretario de Comercio se otorga legitimidad para articular “un programa peronista”. Mucho más elocuente del estado de la política es que gran parte del “movimiento” le reconoce un rol para ese objetivo. 

Moreno convocó a economistas de referentes del peronismo a una cita en el segundo piso del Palacio Barolo, el jueves pasado. La reunión no valió tanto por el intercambio y el documento “Plan económico peronista”, sino por la foto. 

Sergio Massa, supuestamente ubicado lejos de las ideas de Moreno, envió una misión de alto rango: el exsecretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren, su par de Finanzas Eduardo Setti y el titular del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Tufaro, entre otros. Todos ellos tomaron la palabra. También dijo presente Federico Pellegrini, asesor en el Banco Provincia de Sebastián Galmarini, cuñado de Massa.   

El excandidato presidencial de Unión por la Patria parece transitar un período de indecisión. Postergó ya varias veces la presentación de su libro sobre su experiencia en Economía y la fundación que agrupa a sus técnicos tampoco termina de asomar la cabeza, mientras alterna expresiones críticas hacia Milei con silencios inexplicables y la continuidad en cargos clave de varios funcionarios que lo acompañaron en el Palacio de Hacienda. Sobre todo, la mayor duda que asoma en Massa es sobre seguir en política o dedicarse a las lucrativas finanzas internacionales.

Sin arriesgar definiciones, los hombres de Massa transmitieron su disposición a escuchar y a debatir “un proyecto de país”. Los esbozos del documento corrieron a cargo del propio Moreno y el exsecretario de Comercio y empresario Pablo Challú.

El texto, un compendio de vaguedades, algunas buenas intenciones y otras no tanto, actuó como un diagnóstico exculpatorio de todos los presentes de cualquier responsabilidad de la economía tormentosa de la última década y media. Los dardos quedaron para Martín Guzmán, excluido de la convocatoria.

Ocupado en el debate por la ley Bases, el diputado y economista Itai Hagman no pudo representar a Juan Grabois y fue reemplazado por el académico Pablo Wahren. También en Patria Grande marcan distancias del convocante, pero ficharon “porque si todos van, no tiene sentido no ir, y nos parece bien que haya un espacio de debate”.

Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri y crucial en la versión de la ley Bases que acaba de ser aprobada, delegó el espacio que le tocaba en su hijo, Juan Manuel Pichetto. Además, hubo sillas para sindicatos y otras entidades. 

Ni Julia Strada ni Hernán Letcher, los economistas de más audiencia entre los cercanos a Cristina, participaron del encuentro. Tampoco lo hicieron Nicolás Cevela, Paula Español ni Cecilia Fernández Bugna, con terminales en Máximo Kirchner o Wado de Pedro. El espacio panmaximista se vio representado por Santiago Fraschina, docente en la Universidad de Avellaneda y directivo del Banco Provincia. 

'Axel acumula en otro lado, no necesita esa foto'

Esa misión discreta del maximismo fue leída con decepción por los convocantes. En el caso de Kicillof, “más que de segunda, mandó a una cuarta línea”, evaluó uno de los participantes del encuentro. 

La referencia fue para la presencia de Roberto Feletti, no porque el economista carezca de recorrido, sino por su grado de real representatividad del gobernador bonaerense. 

Si algo le sobra a Kicillof en su entorno más próximo, denostado por Moreno como “progre” o “de matriz marxista”, son economistas (Pablo López, Augusto Costa, Agustín Alvarez, Christian Girard, Javier Rodríguez, Juan Cuattromo, todos miembros de su gabinete).

En La Plata explican que la aceptación de la convocatoria obedeció a la intención de “no dar pasto” a Moreno para que profundizara sus cuestionamientos habituales y señalara a Kicillof como esquivo a la unidad.

“Roberto (Feletti) es un jugador con peso propio. Axel acumula en otro lado, no necesita esa foto”, explican. 

El medio camino del gobernador bonaerense entre ensayar verdaderamente otras partituras y someterse a esquemas agotados, con dirigentes cuyo diálogo con la sociedad está quebrado hace tiempo, marca los límites de su proyecto. De su capacidad para superarlos depende su futuro político. 

No podía faltar Sergio Berni en la cita en el edificio sobre Avenida de Mayo. No es economista, pero fue igual. El médico-militar quiere tener a Patricia Bullrich y a Victoria Villarruel en su equipo. 

El desvarío es total.

SL/DTC

Luego de meses de un engorroso ida y vuelta con los gobernadores, finalmente Javier Milei tendrá su mentado Pacto de Mayo. Lo curioso es que no será en ese mes, sino en julio. El próximo Día de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, La Libertad Avanza hará una puesta en escena que, más allá del proclamado acuerdo bajo premisas liberales, tendrá una motivación profundamente partidaria: celebrar la votación final de la ley Bases, aprobada la semana pasada por el Congreso tras seis meses de debate. Un primer triunfo legislativo que puso al Presidente ante el desafío de afianzar los puentes tendidos con la política, tantas veces denostada por el libertario.

En un principio, el oficialismo pensó que la noche del martes 9 de julio sería una ocasión ideal para llevar adelante el evento. Sin embargo, un dato extra-político se coló en la discusión: la Copa América. Es que si la Selección Argentina llegase a la semifinal del certamen, el partido lo disputará ese mismo día, a las 21. Por ese motivo, tras algunas deliberaciones, el Gobierno llegó a una decisión: realizar una vigilia el 8 de julio para suscribir el acuerdo pasada la medianoche, respetando la locación y el horario del evento. A pesar de que las invitaciones no fueron todavía cursadas, se mantiene la idea original de hacerlas extensivas a todos los sectores, desde expresidentes hasta legisladores, pasando por sindicalistas y empresarios. 

Más allá de los constantes embates de Milei, en el oficialismo saben que si no fuera por el diálogo trazado con los mandatarios provinciales el tratamiento de su ambicioso proyecto de reformas nunca hubiese llegado a buen puerto. Un guiño en esa línea tuvo lugar el pasado 20 de junio, luego del acto por el Día de la Bandera que encabezó Milei en Rosario. Al mediodía de esa jornada, el mandatario se trasladó a la Casa Rosada para recibir, junto a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a cuatro de los gobernadores más afines a su gestión: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

El intercambio tuvo lugar exactamente una semana antes de que el recinto de la Cámara de Diputados tratara la ley Bases y el paquete fiscal, cuyo punto más polémico fue la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, una demanda de los representantes del norte que finalmente el oficialismo y los bloques dialoguistas lograron reponer junto con Bienes Personales. También se habló en la reunión de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que los dirigentes provinciales esperan que tenga impacto en la explotación del litio en sus territorios. 

Los gobernadores del NOA aprovecharon además el inédito encuentro con Milei para hacerle entrega de una copia del Pacto de Güemes, un documento en el que le reclaman al Gobierno un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Al respecto, el salteño Sáenz anticipó que el texto “no aborda cuestiones políticas, sino lineamientos que son irrenunciables e innegociables para el futuro y el progreso del Norte Grande”. Es que, luego de otorgarle gobernabilidad a un Ejecutivo que los acorraló política y fiscalmente, los mandatarios provinciales comienzan a pedir un lugar más importante en la mesa a la que fueron convocados. 

Los gobernadores están a la espera del decreto que dará origen al Consejo de Mayo, un órgano cuyo objetivo será el de trabajar en la creación de distintos proyectos de ley y que estará constituido por un representante del oficialismo, uno gremial, uno de las provincias, uno del empresariado, uno del Senado y otro de Diputados. En La Libertad Avanza coinciden en que el candidato natural para representar al Poder Ejecutivo es Guillermo Francos y aclaran que cada sector deberá definir internamente a sus representantes. El Consejo podría adoptar la dinámica de convocar de forma semanal a sus integrantes, preferentemente en Casa Rosada, y duraría “el tiempo que se necesario”, según apuntaron fuentes del Gobierno.

En la Casa Rosada ya tienen en sus manos una versión actualizada del acta de 10 puntos que Milei diera a conocer en marzo durante su discurso de apertura de sesiones en el Congreso. Según pudo saber elDiarioAR, en ese nuevo texto, que el Gobierno presenta como la base de los “acuerdos esenciales” para una Argentina liberal, se incluyó un ítem que era demandado por gran parte de las provincias: el de la educación. Otras de las modificaciones, en tanto, fueron la eliminación del noveno punto, vinculado a temas electorales, y el desplazamiento del cuarto al quinto puesto del ítem sobre la reducción del gasto público.

Tras la firma del acuerdo en la medianoche tucumana del 9 de julio, se prevé que el Presidente regrese a Buenos Aires para hacer acto de presencia en el tradicional Tedeum de la Catedral Metropolitana y, más tarde, en el desfile militar que se desarrollará sobre la Av. Libertador. Pero la agenda oficial de julio llama la atención por otro punto, que tendrá lugar pocos días antes de la celebración patria: una posible primera visita a San Juan, el próximo jueves 4, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzará un plan de alfabetización. Un gesto que, de concretarse, marcará un hito en la relación de Milei con las provincias.

PL/DTC