El seudosindicato Manos Limpias pidió en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.

La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.

Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.

Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como acreditadaron diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

Dos años después de abrir una investigación tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado cierra la causa y propone enviar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español, ante un tribunal formado por ciudadanos. En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero. El juez Peinado ordenó el rastreo de sus cuentas y la fiscalización de sus ingresos. E incluso puso a la Guardia Civil a investigar un escrito de un abogado difusor de noticias falsas que la vinculaba sin pruebas con una fortuna oculta en cuentas y depósitos situados en bancos de República Dominicana y Turquía. 

En realidad, lo que se ha acreditado es que Begoña Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA. Y que sus retribuciones en la Complutense fueron más bien modestas. Al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Es un hecho que, según su defensa, pone en entredicho el mantra de los “negocios privados” al que aluden de forma insistente las acusaciones que han sustentado la causa. 

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como acreditaron diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

La Fiscalía, que ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que a pesar de la exhaustiva investigación patrimonial puesta en marcha por el juez no se han hallado “pagos sospechosos”. Además, tanto el Ministerio Público como la defensa han defendido que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez. 

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, el software fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El magistrado también cita como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación por apropiación indebida del citado software vinculado a la cátedra. Sin embargo, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Begoña Gómez también ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.

Además, tampoco se ha acreditado que Begoña Gómez se apropiase del programa informático. Entre finales de 2022 y principios de 2023, inició contactos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el programa informático y la plataforma, pero el procedimiento nunca se materializó. La tesis de Peinado es que la esposa de Sánchez desistió después de que la OTRI enviara un contrato que establecía que la titularidad del desarrollo debía corresponder a la Universidad. 

Las donaciones, una “fachada”

La presunta apropiación para su “patrimonio personal” no es la única inferencia que hace el magistrado en el auto en el que cierra dos años de investigación. El juez considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a esa cátedra. Ese software gratuito para los usuarios era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que las empresas financiadoras hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración en relación con estos patrocinios.

Tras lanzar esta grave acusación, el juez considera, sin embargo, que la “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad” es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet al que Peinado también propone sentar en el banquillo.

En realidad, esa carta era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”. Su tesis es que el empresario prestó a Begoña Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. Y que, a cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”. 

El juez Peinado hace alusión a estas cartas a pesar de que los hechos relativos a estas licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en su juzgado. Esas cartas firmadas en julio de 2020 por Begoña Gómez a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. 

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Europea encargó un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo. 

Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene pendiente resolver otros recursos presentados por las partes. Entre ellos, los escritos de las defensas contra la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular tras fracasar un primer intento por falta de motivación. Pero esos recursos no suspenden el procedimiento, que puede seguir adelante. Por lo pronto, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación a pesar de que ha acordado la práctica de una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, presentaron hace unas semanas una demanda por difamación en Estados Unidos contra la podcaster conservadora Candace Owens, que difundió una noticias falsa que decía que Brigitte Macron “había nacido hombre” y se llamaba Jean-Michel Trogneux. La demanda afirma que las pruebas refutan claramente esta “narrativa grotesca”, ya que en realidad Jean Michel Trogneux es el hermano mayor de la primera dama de Francia. También denuncia “un acoso sin tregua a escala mundial”.

No es un caso aislado. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue víctima de una mentira parecida. Michelle Obama también tuvo que soportar que se dijera que era un hombre. Incluso Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, fue rebautizada falsamente como “Kamal Aroush”.

María Carmen Meneses, doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada, señala que todas estas campañas comparten una premisa: atacar la legitimidad y la imagen de mujeres con poder o influencia –o vinculadas al poder– utilizando la misoginia, combinada con transfobia, racismo y una preocupante erosión del pensamiento crítico. “Son bulos que marcan modelos muy claros sobre cómo debe funcionar o ser la sociedad”, explica. “Es una forma de atacar a mujeres que sobresalen. En general se ejerce mucha violencia contra mujeres poderosas y brillantes, y la lupa con la que se las examina es muy potente”.

Meneses explica que a lo largo de la historia de la humanidad las noticias falsas y los chismes han cumplido una función social. Por un lado, tienen una función de integración y pertenencia: compartir y comentar rumores crea vínculos dentro de un grupo, refuerza la identidad colectiva y traza una frontera clara entre quienes “están dentro” y quienes quedan fuera. “Los antropólogos que hacen trabajo de campo saben que han sido aceptados por la comunidad que estudian cuando alguien comparte un chisme o bulo con ellos”, indica.

También desempeñan una función de control, ya que al circular historias acompañadas de un juicio se establece qué se considera aceptable o inaceptable, lo que actúa como mecanismo de vigilancia social. Finalmente, tienen una función coercitiva: el miedo a convertirse en objeto de un rumor o mentira puede disuadir a las personas de actuar de forma contraria a las normas del grupo o a mantener un perfil bajo para no tener problemas.

“El mensaje es claro: si como mujer te sales de nuestras pautas, te vamos a destruir”, señala Meneses. “Ahora los antropólogos asistimos a un momento único en la historia, ya que con las redes y los algoritmos el tiempo de difusión de un bulo (noticia falsa) o rumor ha desaparecido y en pocas horas se ha viralizado y ha dado la vuelta al mundo”, indica.

En Occidente se utiliza la identidad sexual o de género como arma

¿Por qué se viralizan las noticias falsas sobre la supuesta transexualidad de las mujeres de líderes mundiales? Según la antropóloga, “en Occidente se utiliza la identidad sexual o de género como arma” y se tiene una visión muy dicotómica de la realidad. En cambio, en culturas donde históricamente se ha reconocido la existencia de un tercer género o sexo —como en Samoa, entre los fa’afafine; en el pueblo cherokee, con los two-spirit; o en comunidades del sur de Asia, como las de India y Bangladés, con los hijras— “semejante bulo no se habría viralizado” porque habría provocado, simplemente, un “¿y qué?”.

Meneses también subraya que, al analizar estas mentiras sobre un político o sobre alguien de su círculo íntimo, es importante ver en qué momento surgió. “No basta con examinar el contenido del bulo; hay que preguntarse por qué surge en ese momento concreto”, señala. En muchos casos, explica, la habladuría no aparece de forma espontánea, sino como reacción a una medida, una declaración o un posicionamiento que ha generado polarización. Ese momento de tensión política o social actúa como catalizador: el rumor se convierte en un arma para reforzar el rechazo hacia esa figura y movilizar a personas que están en contra del político o la medida. En el caso de Brigitte Macron, como en el de Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, estas mentiras nacen tras las medidas impuestas durante la pandemia.

Estos bulos se imponen porque ya no hay pensamiento crítico

Milagros Sainz — directora del grupo de investigación de género y TIC de la UOC

Milagros Sainz, psicóloga social y directora del grupo de investigación de género y TIC de la Universitat Oberta de Catalunya, recuerda que la estrategia de atacar a las mujeres que sobresalen para destruirlas no es nueva: “En otros momentos de la historia, las mujeres empoderadas eran acusadas de brujería o superstición. En los bulos contra Brigitte Macron, Michelle Obama o Begoña Gómez se mezcla la misoginia, el racismo, el edadismo y la transfobia. Se utiliza a mujeres con un perfil alto para atacar a sus maridos y dañar su reputación”.

En relación al hecho de que hayan sido mujeres con una base de seguidores en las redes las que hayan viralizado muchos de estas mentiras, la experta señala que en estos casos “se alinean con movimientos políticos o religiosos que perciben como más fuertes y que les permiten mantener su estatus, sin tener en cuenta que algún día ellas, o sus hijas, podrían estar en esta situación. Atacan a mujeres que han optado por alzar su voz o tener un estilo de vida diferente”.

Según Sainz, “estos bulos se imponen porque la sociedad ya no tiene pensamiento crítico”. Meneses coincide con esta opinión y alerta de que desde los años ochenta se observa en la población un retroceso alarmante en la capacidad de analizar una noticia y discernir si es verdad o es mentira y si la fuente es fiable o no lo es. “Es preocupante que como sociedad hemos perdido la capacidad de distinguir una fuente de otra y ya no nos detenemos para cotejar una información o un dato”, indica Meneses.

Sainz señala que “no podemos normalizar el bullying hacia las mujeres que tienen poder o sobresalen”. Las esposas de los líderes políticos se convierten en blanco indirecto de la confrontación, utilizadas como instrumento para dañar la imagen pública de sus maridos. La fórmula es siempre similar: difundir el bulo de que Emmanuel Macron, Pedro Sánchez o Barack Obama están casados con un hombre, insertándolo en un contexto político o social en el que esa circunstancia se presenta como algo negativo.

Este bulo también manda el mensaje de que si estos líderes políticos estuvieran casados con una mujer trans sería vergonzoso

Marina Echebarría Sáenz — catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGBTI

Marina Echebarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de Valladolid y activista LGBTI. En 2020 se convirtió en la primera mujer trans catedrática de España. Señala que esta mentira también manda el mensaje de que “si estos líderes políticos estuvieran casados con una mujer trans sería vergonzoso”.

Recuerda que Lady Gaga fue víctima de una falsedad similar y optó por no negarlo, ya que consideró que ni para ella ni sus seguidores era un problema. La activista denuncia la dinámica del “yo lanzo el bulo y que sea la víctima la que se defienda”: “No es posible demostrar lo que no has hecho, es una prueba imposible”. La jurista subraya que el impacto en las mujeres señaladas y en sus familias es “un atentado a la imagen” e implica una intromisión en su vida privada, la exposición mediática forzada, y la perpetuación de prejuicios que deberían estar superados. Según Echebarría Sáenz, “la libertad de información o de opinión no es igual a tener derecho a la mentira y a atentar contra la imagen de figuras públicas”.

Según datos del Pew Research Center publicados en mayo, la forma en que los adultos de Estados Unidos se informan está cambiando, especialmente entre los más jóvenes. En 2024, el 54% de los adultos declaró obtener noticias al menos ocasionalmente a través de redes sociales, cifra que asciende al 78% entre los menores de 30 años. Además, cerca del 37% de este grupo afirma recibir información política de forma regular a través de influencers digitales, casi igualando su confianza en redes sociales (54%) con la que depositan en medios nacionales (60%). Esta tendencia crece a medida que disminuye la confianza en medios tradicionales entre los jóvenes.

Son bulos que van directamente al estómago, que conectan con los sentimientos y las emociones de las audiencias, mientras que un discurso más pensado intenta apelar a la razón y no entra con la misma facilidad

Carmen Ruiz — socióloga especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes

Carmen Ruiz es una socióloga española especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes, y profesora en la Universidad de Granada. Señala que le preocupan las mentiras que llegan a los adolescentes: “Yo lo llamo el discurso de la hamburguesa, ya que son discursos para tragar y no pensar, como de comida rápida”. “Desde las universidades respondemos con discursos más elaborados, ya que es muy difícil hacer pedagogía con una frase corta o un vídeo de 20 segundos, y no tenemos la difusión masiva que sí pueden tener los bulos”, lamenta.

“Son bulos que van directamente al estómago, que conectan con los sentimientos y las emociones de las audiencias, mientras que un discurso más pensado intenta apelar a la razón y no entra con la misma facilidad”, señala. El problema, indica la socióloga, es que cuando un bulo refuerza nuestras antipatías estamos dispuestos a comprarlo: “No sé si es verdad o es mentira, pero me conviene y me mola”. “Como sociedad tenemos derecho a la verdad y afirmar que una mujer nació hombre no es tu opinión, es simplemente mentira”, concluye.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, llamó a declarar como testigo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, el próximo 30 de julio. El magistrado se suma a la petición del partido de ultraderecha Vox y el resto de acusaciones populares anunciaron la semana pasada y explica que será él quien se desplace a la gubernamental, el Palacio de la Moncloa, para tomarle declaración a las 11 de la mañana.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el presidente del Gobierno, entre otras autoridades, declare por escrito ante un juez cuando tenga que explicar hechos que haya conocido en el ejercicio de su cargo. El juez, en este escrito redactado el pasado viernes y firmado este lunes, aplica un artículo concreto para cerrar esa puerta y obligar a que su testimonio sea presencial: entiende que no son hechos que ha conocido por su trabajo como jefe del ejecutivo.

“Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”, dice el magistrado después de explicar que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, aunque sin especificar sobre qué ramificación concreta del caso. En otro escrito conocido este lunes a primera hora de la mañana, el juez Peinado también pasa a considerar como investigado a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid.

El magistrado del juzgado 41 de Madrid investiga desde hace meses a la esposa del presidente del Gobierno y su actividad profesional después de que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentara una denuncia basada en recortes de prensa, incluyendo un rumor sobre una falsa subvención concedida a Begoña Gómez. Desde entonces el magistrado ha ido explorando distintas vías de investigación: desde el rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa a las adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés pasando, en las últimas semanas, por su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense.

La Audiencia de Madrid avaló que se investigaran los contratos públicos adjudicados a la UTE de Barrabés, asunto que asumió en mayor parte la Fiscalía Europea, pero consideró que todas las sospechas sobre un supuesto trato de favor a Air Europa se basaba en “meras conjeturas” de la denuncia de Manos Limpias. Las pesquisas sobre la Universidad Complutense han sido añadidas de forma posterior, principalmente a instancias del grupo ultracatólico HazteOir.

Hasta el momento dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han descartado cualquier irregularidad en las adjudicaciones a Barrabés. El propio empresario compareció como testigo por videoconferencia para negar también ilegalidades y recientemente el juez ha pasado a considerarle como investigado. Lo mismo que ha sucedido con Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid donde Gómez tuvo una cátedra, aunque en este caso el juez se limita a explicar que pasa a considerarle como imputado y le llama a declarar el 29 de julio a la vista de la declaración de otros testigos vinculados al centro.

Reuniones y encuentros en Moncloa

En las últimas semanas, varios testigos han explicado al juez que se reunieron con Begoña Gómez en Moncloa. Goyache, según explicó él mismo, lo hizo para tratar asuntos relacionados con la cátedra que iba a poner en marcha la esposa del presidente del Gobierno. Barrabés, por su parte, explicó al juez que se reunió varias veces con Gómez y que en otras dos ocasiones coincidió con Sánchez sin llegar a tener reuniones con él.

El auto de Peinado no explica las razones concretas por las que se desplazará a Moncloa para interrogar como testigo al presidente del Gobierno. Explica que existe una modalidad del tráfico de influencias denominada “tráfico de influencias en cadena” y que su objetivo es indagar en “la posible relación de la persona investigada con una autoridad”, aunque le niegue el derecho a declarar por escrito al entender que los hechos no tienen que ver con su cargo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal también permite a una persona no declarar “en contra” de un familiar directo aunque “puede hacer las manifestaciones que considere oportunas”. El magistrado explica en su auto cómo será la logística de la testifical del presidente del gobierno: un día antes, los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid irán a Moncloa con agentes de la Policía Judicial para instalar “los dispositivos necesarios” para grabar la comparecencia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicó una nueva carta a la ciudadanía tras la citación formal a su pareja, Begoña Gómez, para declarar el próximo 5 de julio. En su escrito, el presidente denuncia que con la investigación a su pareja “pretenden conseguir de manera espuria lo que no lograron en las urnas” y descarta cualquiera escenario de renuncia: “Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca”.

“Quisiera trasladarte que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”, expone Pedro Sánchez, que denuncia que “el objetivo” de PP y Vox “es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale”.

Sin mencionar expresamente a la actuación del juez, el presidente del Gobierno alude a “una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno” durante los días que quedan de campaña. Y califica de “extraña” la decisión de anunciar justo esta semana, y a pocos días de las elecciones, la decisión de citarla a declarar dentro de un mes.

“Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, apunta.

En su escrito, que publica poco más de un mes después de aquella otra carta en la que anunció cinco días de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierne precisamente a raíz de la investigación a su pareja, Sánchez hace hincapié en que no contempla otro escenario que no sea el de permanecer en su puesto con la idea, además, de agotar la legislatura. “Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances”, concluye.  

El juez Juan Carlos Peinado comunicó este martes que cita a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el próximo 5 de julio a las diez de la mañana. El magistrado anunció que tomará declaración a Gómez antes de haber escuchado a media docena de testigos y después de analizar el informe de la Guardia Civil que no encontró indicios de delito. El juez tomó la decisión a cinco días de las elecciones europeas del próximo domingo.

Las diligencias que instruye el juzgado número 41 de Madrid arrancaron tras una denuncia de Manos Limpias en las que el pseudo sindicato ultraderechista adjuntaba siete informaciones y una fake news que, entre otras cosas, apuntaban a que Gómez habría influido en el rescate de varios cientos de millones de euros a Air Europa. También que las cartas de recomendación que había firmado a favor de una UTE en un proceso público de adjudicación, idénticas a las presentadas por instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, fueron determinantes para que esas empresas fueran beneficiadas.

El magistrado Juan Carlos Peinado anunció desde el principio que las diligencias se dirigían contra Begoña Gómez y ahora dio el paso a citar a la esposa del presidente del Gobierno como imputada. Lo hace después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no encontró ningún indicio de delito en su actuación, después de que dos periodistas hayan explicado ante el juez que tampoco encontraron ninguna prueba de que se ejerciera ningún tipo de presión ilegal en esos procesos y, finalmente, antes de escuchar a los testigos clave en esa acusación. Por tanto, los únicos indicios que tiene el juez en su poder hasta ahora, y con los que citó a Gómez como investigada, son las siete informaciones y la fake news, cuyas conclusiones desmintió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Un llamó a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el próximo cinco de julio a las diez de la mañana. El magistrado Juan Carlos Peinado anunció que tomará declaración a Gómez antes de haber escuchado a media docena de testigos y después de analizar el informe de la Guardia Civil que no encontró indicios de delito. El juez tomó la decisión a cinco días de las elecciones europeas del próximo domingo.

Las diligencias que instruye el juzgado número 41 de Madrid arrancaron tras una denuncia de Manos Limpias en las que el pseudo sindicato ultraderechista adjuntaba siete informaciones y una fake news que, entre otras cosas, apuntaban a que Gómez habría influido en el rescate de varios cientos de millones de euros a Air Europa. También que las cartas de recomendación que había firmado a favor de una UTE (unión temporal de empresas) en un proceso público de adjudicación, idénticas a las presentadas por instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, fueron determinantes para que esas empresas fueran beneficiadas.

El magistrado anunció desde el principio que las diligencias se dirigían contra Begoña Gómez y ahora dio el paso a citar a la esposa del presidente del Gobierno como imputada. Lo hace después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no encontró ningún indicio de delito en su actuación, después de que dos periodistas hayan explicado ante el juez que tampoco encontraron ninguna prueba de que se ejerciera ningún tipo de presión ilegal en esos procesos y, finalmente, antes de escuchar a los testigos clave en esa acusación. Por tanto, los únicos indicios que tiene el juez en su poder hasta ahora, y con los que citó a Gómez como investigada, son las siete informaciones y la fake news, cuyas conclusiones desmintió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La citación llega también después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya rechazado el recurso con el que la Fiscalía pedía archivar el caso, pero matizando el alcance de la causa: la posible relación de Gómez con el rescate millonario de Air Europa se basa únicamente en “conjeturas” de la denuncia de Manos Limpias, explicó el tribunal. Sí avaló que la causa indagara en torno a esas cartas de recomendación que tanto Gómez como varias instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, presentaron a favor de la UTE del empresario Carlos Barrabés.

Precisamente, el juez cita el auto de la Audiencia Provincial como argumento para citar ya a Gómez y asegurando que lo hace en su beneficio, “en busca de una instrucción lo más ágil posible”. En su auto de tres páginas, Peinado viene a responsabilizar a la Fiscalía, que recurrió la existencia de la propia causa, y al abogado de la defensa de que la citación de Begoña Gómez se produzca ahora.

En su escrito, Peinado deja otra vez entrever su malestar con que la Fiscalía recurriera directamente ante la Audiencia Provincial la apertura de diligencias. Fue un recurso, afirma Peinado, “con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida”. A él no le queda más remedio, añade, que evitar una posible “estigmatización infundada” de Begoña Gómez y citarla ahora para dentro de un mes, incluso antes de que declaren los testigos, una vez que la Audiencia Provincial avaló su investigación. Si el fiscal no hubiera presentado ese recurso, la Audiencia Provincial no se hubiera pronunciado, viene a decir.

Sobre el abogado de Begoña Gómez, al juez Peinado considera que tenía que haber nombrado un sustituto para esas declaraciones en lugar de haber pedido la suspensión de las mismas. El abogado, añade el magistrado instructor, “ha considerado que no era adecuado que ningún otro Letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre Letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida”, afirma Peinado.

El juez dio a conocer la citación de Gómez poco después de que él mismo informara, a través del gabinete de prensa del TSJM, que retrasaba al 16 de junio la declaración de varios testigos relacionados con esas adjudicaciones. Los testigos son citados para declarar un domingo en el que el juzgado está de guardia porque el abogado de Gómez no podía acudir a la primera citación por estar en un juicio en la Audiencia Nacional. Peinado decidió citar a Gómez sin haber escuchado antes a los responsables de la empresa pública que adjudicó los contratos en los que ella supuestamente habría intercedido, ni tampoco al empresario que obtuvo las licitaciones.

Causa a instancias de Manos Limpias

El juzgado número 41 de Madrid decidió abrir diligencias por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado hace varias semanas tras recibir una denuncia de Manos Limpias basada en diversas noticias publicadas en medios de comunicación. El pseudo sindicato, liderado por el ultraderechista Miguel Bernad, apuntaba a que Gómez habría intervenido de manera ilegal en el rescate millonario de Air Europa durante la pandemia y también en adjudicaciones a la UTE del empresario Carlos Barrabés, colaborador de Gómez en la creación de su máster universitario.

La primera diligencia del magistrado fue pedir un informe a la unidad de élite de la Guardia Civil, que tras examinar tanto las adjudicaciones como el rescate millonario no encontró los indicios de delito que afirmaba Manos Limpias en su denuncia. La relación entre Begoña Gómez y el grupo Globalia, explicó el documento, se ceñía a haber coincidido en dos eventos. Tampoco existen, afirmaba el informe, indicios de irregularidades en las adjudicaciones a la UTE de Barrabés.

Poco antes, dos periodistas de los medios de comunicación que habían publicado las informaciones aportadas por Manos Limpias también comparecieron para defender la veracidad de su trabajo y también para reconocer que no habían encontrado ninguna prueba de presiones o irregularidades. Uno de ellos, incluso, afirmó que estas cartas de recomendación eran algo habitual en determinados procesos de contratación pública.

Posteriormente fue la Audiencia Provincial de Madrid la que avaló la apertura de las diligencias, indicando que la existencia de esas cartas de recomendación debía ser investigada, pero dejando fuera del caso la posible implicación de Gómez en el rescate de Air Europa, algo basado en “conjeturas” de Manos Limpias.

PA/AP/CRM

La retirada de la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, tras los insultos de Javier Milei al presidente Pedro Sánchez generó malestar en la comunidad española de nuestro país y dudas sobre la continuidad de los trámites habituales. Desde el Consulado General le confirmaron a elDiarioAR que los servicios continúan normalmente. Si bien el alejamiento de la diplomática no modifica las actividades que realizan los centros e instituciones españolas, hay inquietud sobre lo que pueda puede generar a futuro en materia de convenios culturales o sociales, por ejemplo.

Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del 2023, en Argentina viven 477.465 ciudadanos y ciudadanas españolas. Es el país que tiene mayor afluencia –incluso antes que Francia (297.142) y Estados Unidos (192.766)– y hay una comunidad muy nutrida que incluye organizaciones sociales, culturales, médicas y académicas, entre otras. El conflicto diplomático que generaron las declaraciones de Milei sobre Sánchez y su esposa Begoña Gómez, a la que calificó de corrupta, causó incertidumbre sobre los trámites y actividades generales que se realizaban en nuestro país. Ante esto el cónsul general, Fernando García Casas, le confirmó a elDiarioAR que se mantienen todos los servicios habituales: trámites de nacionalidad, de Registro Civil, de primera expedición y renovación de pasaportes, asuntos sociales y notaría, entre otros. Una de las principales preocupaciones giraba en torno a los trámites de ciudadanía, establecido en  Ley de Memoria Democrática de España, algo que se mantiene como hasta el momento. 

Tras la partida de Alonso Jiménez, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que la embajada estará a cargo de “una responsable o encargada de negocios”. “Lo que legalmente ya está no se pierde, lo que sí se pierde es el vínculo que ella tenía con las asociaciones intermedias, con las entidades culturales. Obviamente que afecta la no presencia de la embajadora, más una persona como ella que era muy activa, muy de territorio. A toda la actividad del Estado español en la Argentina ella lo movilizaba mucho, no solamente por la función que tiene sino por su impronta”, le dijo a este diario Diego Samiguel, integrante del Consejo de Residentes Españoles (CRE) del Consulado de Buenos Aires. 

En Argentina hay cinco consulados: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca. Cada uno tiene su CRE, que es un órgano asesor no vinculante, sino de consulta que sesiona regularmente y tienen comunicación con los cónsules. Son representantes de distintos partidos políticos que funcionan como una especie de concejo deliberante del cónsul. “Nada ha experimentado cambio alguno”, le confirmó a este diario una fuente diplomática. Los trámites se mantienen igual en todos los consulados del país en los horarios habituales de 8 a 18 horas.

Una de las dudas es qué pasará con las elecciones para el Parlamento Europeo que se realizan en junio. Hasta este momento, tanto las elecciones vascas como las catalanas se realizaron en la Embajada. Todo indica que el próximo mes la votación se realizará en el consulado. “En la cuestión legal es lo mismo, lo que va a pasar ahora es que los 450.000 ciudadanos que hay en Argentina quedan como huérfanos política e institucionalmente por más que el Estado siga presente. Dejan de tener su representante institucional. La embajadora hacía algo muy importante que era generar una articulación entre los consulados, articulaba las decisiones del Boletín Oficial Español para aplicarlas en el territorio argentino para que no hubiera un criterio disímil, que sea lo mismo para un ciudadano que vive en Boedo y uno que vive en Santa Cruz”, explica Samiguel.

Este diario consultó a distintas entidades e instituciones españolas para conocer cómo impacta esta decisión en la comunidad, aunque decidieron no opinar y mantenerse alejados del conflicto diplomático. “Somos entidades culturales sin fines de lucro y nuestro sentimiento por Argentina y España no varía”, indicaron desde el Centro Aragonés. Si bien el retiro de la embajadora no impacta en el funcionamiento de estos espacios, puede repercutir en futuras actividades. 

Varias de las entidades tienen financiamiento que se genera con el asesoramiento del Estado español, como los centros culturales o espacios de cooperación. 

“En los sectores más activos hay preocupación. Hay federaciones, colegios u hospitales españoles que hacen actividades, culturales o tantas otras cosas. Y obviamente que tenés más llegada desde las actividades que se hacen por los vínculos consulares, es como que necesitan más peso institucional. No es que se le va a cortar el financiamiento a cualquier entidad en el país, eso no va a ocurrir, pero a la posibilidad de mejorar o de hacer más cosas hoy se la ve con una problemática. En esta balanza diplomática o vincular estamos perdiendo espacio”, explicó Sanmiguel.

En los últimos días, los y las consejeras de residentes recibieron varias consultas relacionadas con las cuestiones administrativas. “Hay personas que sienten mucho malestar porque nos unen muchos lazos culturales e históricos. Eso es doloroso, quizás no es una cuestión que se mide tanto por los problemas que puede ocasionar a una persona española en su vida cotidiana, sino que va más allá, de perder el vínculo entre dos pueblos”, indicaron. 

Tras conocerse la noticia del retiro de la embajadora, el presidente Milei volvió a criticar a su par español, Pedro Sánchez.  “Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante”, remarcó el mandatario en una entrevista televisiva y aseguró que la Argentina no retirará a su embajador, Roberto Bosch, de España. “No voy a ser tan imbécil de repetir semejante error”, agregó Milei. 

CDB/MG

El canciller de la Unión Europea (UE), el catalán Josep Borrell –quien además tiene nacionalidad argentina–, se metió de lleno este viernes en la crisis diplomática abierta entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y Javier Milei. Y pidió al mandatario argentino “erradicar de la vida política las descalificaciones basadas en falsedades”.

Borrell señaló que no está “de acuerdo” ni le “parece adecuado” el “ataque directo que ha venido a hacer Milei contra el modelo político cuya parte fundamental es el estado de bienestar y redistribución fiscal” del gobierno español a quien el presidente argentino no se cansa de descalificar por “zurdo”.

El canciller de la UE opinó sobre el conflicto abierto luego de que el presidente Milei calificara de corrupta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en su última visita a Madrid. Gómez fue denuncia por tráfico de influencia por una agrupación de ultraderecha pero hasta ahora la causa no avanzó.

Tras la acusación del mandatario argentino, Sánchez decidió retirar a la embajadora española en Buenos Aires.

Al ser consultado en la televisión pública de España. RTVE sobre este tema, Borrell, dijo: “Hay prácticas de sentido común. La esposa de Sánchez no está imputada en ninguna causa. Que Milei diga que en España tenemos un problema gravísimo porque somos todos corruptos y, en particular, una señora que no está imputada por nada...”. 

Borrell, cuyo padre nació en Mendoza y luego regresó a sus orígenes catalanes, admitió que le “duele mucho esta confrontación” y que por esa razón hizo un llamamiento a “erradicar de la vida política las descalificaciones basadas en falsedades”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, salió a defender a su esposa, Begoña Gómez, a la que calificó como una profesional “honesta, seria y responsable” tras la denuncia que afronta por parte de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y dijo que la Justicia terminará archivando la causa porque asegura que “lo único que hay es fango”.

Así se expresó en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles brinda explicaciones sobre la situación en Oriente Medio y sobre las actividades profesionales de su esposa, quien en los últimos días fue blanco de críticas del presidente argentino Javier Milei, a quien llamó corrupta en medio de sus ataques a su par ibérico.

“Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio”, indicó Sánchez, y agregó que quienes cometen tráfico de influencias “no lo hacen mandando cartas oficiales” como hizo su esposa sino “con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro”.

“No todos somos iguales, señorías y, si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos”, continuó.

Sánchez insiste en denunciar una “máquina del fango” en su contra y la de su familia e incluso dejó en claro que su entorno fue “espiado” desde que llegó por primera vez a la secretaría general del partido hace una década.

Por último, considera que esta “máquina del fango” tiene la intención de “quebrarle”, aunque advirtió de que no lo van a conseguir. “Van listos”, lanzó hacia la bancada de la oposición, al tiempo que aclaró que recibe esos “ataques” por las medidas que ha implementado, como subir el salario mínimo o aprobar un impuesto a las grandes fortunas, medidas que a su juicio no gustan a los “poderes” representados por PP y Vox, según reiteró.

A favor de su esposa, Sánchez sostuvo que el PP ya pidió su propia inhabilitación durante diez años por este mismo caso ante la Oficina de Conflictos de Interés, pero este organismo lo ha denegado.

Con información de agencias.

IG

Cinco entrevistas en radios y televisiones en 75 minutos. Otra más unas horas más tarde. El ministro de Exteriores de España tuvo una sobredosis de apariciones públicas el lunes para responder a los ataques de Javier Milei en el mitin de Vox del domingo. Su Ministerio nunca ha sido un prodigio de transparencia, pero esta vez José Manuel Albares tenía que darlo todo. Era el momento en que había que plantar cara a un fanático que sostiene que todos los partidos de izquierda son enemigos de la libertad y propagadores de la pobreza. Y además en la semana en que comienza la campaña electoral de las elecciones para elegir eurodiputados. Milei encaja como un guante en la estrategia trazada por el partido de gobierno, el PSOE.

Al otro lado del océano, Milei está encantado con la polémica creada por su participación en el mitin de Vox. Entiende su participación en la política como una cruzada permanente contra el mal. Lo dijo en esos términos: “El poder es un juego de suma cero. Si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros”. No hay que derrotarles en las urnas, sino destruirlos. Todos los que no piensan como él son los socialistas que traen muerte y pobreza. “La victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados –dijo con una visión de la guerra desmentida por la historia–, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. Así acabó su discurso. Es una idea antigua que se escuchó con frecuencia en la Edad Media.

Milei fue más allá para realizar un ataque personal contra Pedro Sánchez. Al referirse a “la calaña de gente atornillada al poder” creada por el socialismo, mencionó a su esposa, “aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”.

Más tarde, su vocero, Manuel Adorni, negó la frase, aunque estaba bastante clara: “El Presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué. No hizo mención a Begoña”. Para entonces, Albares ya había anunciado la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires y exigido una disculpa que no recibirá.

El ministro español afirmó que no hay precedentes de esta clase de ofensas en las relaciones con Argentina. Sí las hay con Venezuela, con los ataques de Hugo Chávez a José María Aznar, que Zapatero rechazó, y los insultos de Nicolás Maduro a Mariano Rajoy (“racista, basura corrupta y basura colonialista”) en varias ocasiones –2016, 2017 y 2018–, una de ellas por una proposición no de ley aprobada en el Congreso con los votos del PP y del PSOE.

A su vuelta a Argentina, el Presidente había comunicado a su equipo que no habrá disculpas de ningún tipo. Para confirmarlo, utilizó su cuenta de Twitter y retuiteó mensajes de apoyo a su persona, además de una imagen de un león con la bandera de su país y las palabras: “Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”. Es un provocador nato siempre dispuesto a complacer a su clac en las redes sociales.

El Partido Popular ha decidido jugar a todas las bandas al mismo tiempo a ver si alguna le funciona. Su primera reacción en la tarde del domingo fue dar en parte la razón a Milei al afirmar que “su silencio (de Sánchez sobre las acusaciones a su esposa) genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero”.

Al día siguiente, Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP, optó por criticar a Milei y calificó sus ataques de “intromisión en la política nacional”. La supuesta moderación duró poco hasta que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, salió a decir que no hay diferencias entre Milei y Sánchez: “Lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos”.

Feijóo no se atreve a criticar directamente a Milei. Sus aliados argentinos le apoyan y además ha decidido que no puede ponerse del lado del Gobierno español en ningún asunto de política nacional e internacional. No cuando aspira, de momento con poco fundamento, a recibir el apoyo de los votantes de Vox en las urnas.

Quienes se juegan el dinero cuentan con opciones más restringidas. Los empresarios españoles con negocios en Argentina lo tenían difícil para no asistir a la reunión a la que Milei les convocó en la embajada, la cita que le servía para ocultar un viaje privado pensado para presentar su libro y asistir a un mitin de Vox. Así aparentaba convertirlo en visita oficial y justificaba el uso del avión presidencial y la estancia en un hotel de lujo pagado con fondos públicos de un Estado arruinado.

La CEOE y empresarios como los responsables de Telefónica y Naturgy tampoco podían respaldar el acto de Vox y las acusaciones personales hechas por Milei. “Declaraciones fuera de tono. Las rechazamos de plano. No es el sitio ni el lugar”, dijo Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Los socialistas lo tienen más claro. En cierto modo, todo el escándalo es un regalo para la campaña que se inicia en la noche del jueves. Utiliza al líder ultra más bocazas e histérico de Latinoamérica, y no es que su número escasee, como otro argumento para defender que Sánchez es una figura internacional en la lucha contra la extrema derecha. En Sumar no tienen una respuesta efectiva contra esa idea. Ni pueden defender a Milei ni restar importancia a sus palabras. Lo que sí necesitan es encontrar dos o tres temas que los distingan de Sánchez y ser muy agresivos con ellos. Las encuestas revelan que el tiempo se les está acabando.

En la tarde del lunes, el vocero de Milei dio su rueda de prensa diaria en la que sólo le preguntaron por la crisis con España. Manuel Adorni intentó rebajar la tensión con el argumento de que no hay ningún problema diplomático con España ni temor a una reacción más fuerte del Gobierno de Sánchez: “No hay ninguna razón para que la haya”. No sólo no se van a disculpar, lo que ya se sabía, sino que exigen una disculpa por ataques anteriores de Sánchez y sus ministros a Milei. Como ejemplos, citó la frase de Óscar Puente sobre las sustancias que consume Milei y otras críticas de Morant, Díaz y el mismo Sánchez.

El presidente español insistió el lunes en que si no hay una disculpa, habrá “una respuesta acorde a la dignidad que representa la democracia española”. No se sabe cuál puede ser. Cualquiera que sea especialmente agresiva afectará a los intereses de las empresas españolas y a las relaciones entre ambos países, que ambos lados quieren proteger.

Lo que sí está garantizado es que Sánchez y los socialistas hablarán mucho de la amenaza internacional de la extrema derecha en la campaña y que Javier Milei ocupará un lugar destacado en sus discursos. El Presidente argentino se ocupará de utilizar esas críticas en su favor.

La canciller Diana Mondino mantuvo este lunes un breve contacto “en buenos términos” con la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso, después del incidente diplomático abierto por el discurso en Madrid del presidente de Argentina, Javier Milei.

En las últimas horas hubo una “breve” llamada de la ministra de Relaciones Exteriores a la diplomática española, después de que el domingo Milei calificara al jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de “calaña de gente atornillada al poder” y tildara de “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez, durante un acto organizado por el partido ultraderechista español Vox.

Después de esas declaraciones de Milei, el Ministerio español de Asuntos Exteriores anunció que ha llamado consultas sine die a su embajadora en Argentina y este lunes convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para solicitarle que Argentina pida disculpas.

Por eso la embajadora Alonso se encuentra ya en Madrid. El llamado a consultas es un paso previo al retiro de un embajador y se dispone cuando una cuestión afecta de gravedad a la relación entre países.

El Ejecutivo argentino consideró, por medio de su portavoz, Manuel Adorni, que lo sucedido no tiene “nada que ver con las relaciones diplomáticas”; no obstante, la llamada de la canciller fue una muestra de desescalada del conflicto entre ambos países.

“El embajador argentino, luego de recordar las reiteradas acusaciones personales que buscan arrojar al presidente Milei al 'fango de la política' socialista frente a las próximas elecciones europeas, reafirmó que confiamos en que —superadas las instancias electorales que motivan estas acciones— podamos reconducir las relaciones entre nuestros Gobiernos para ponerlas en línea con las que nos reclaman nuestras sociedades”, dijo Mondino al diario Clarín.

Además de presentar la edición española de su libro 'El camino del libertario' y reunirse con empresarios con intereses en Argentina, la visita de Milei destacó por su apoyo a la formación ultraderechista española Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, es amigo personal, con vistas a las elecciones europeas previstas para el 9 de junio.

Fiel a su estilo provocativo en redes sociales, a su vuelta a Argentina tras sus polémicos dichos en Madrid, el mandatario argentino publicó un mensaje en su cuenta de X, donde anunció su llegada al territorio “surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”.

Mondino tuvo que poner 'paños fríos' en el pasado en varias situaciones de crisis diplomática con países como Colombia, Brasil o China.

JJD, con información de EFE

La política española vive inmersa en una eterna cuenta atrás de cinco días que no expiran hasta el lunes. El plazo de reflexión que anunció este miércoles el presidente del Gobierno para decidir si continúa en su cargo o finalmente dimite mantiene al Gobierno en su conjunto y al PSOE en plena parálisis. Desde los reparos por adentrarse en ámbitos considerados “de su más estricta intimidad”, y a la espera de que Pedro Sánchez se pronuncie, la consigna general en su propio partido e incluso en otras formaciones políticas o sindicales es empujar para que el Presidente resista. 

“Estamos orgullosos de él, lo necesitamos para que España siga avanzando, ánimo Presidente”, terminó su entrevista este jueves en la Cadena Ser la número dos socialista y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien aseguró que estos días de incertidumbre el equipo más cercano al líder del Ejecutivo se limita únicamente a “mandarle energías positivas”. 

En la misma línea, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a pedir una “movilización” de las bases del PSOE y de la ciudadanía progresista para mostrar su respaldo a Sánchez. “Tenemos que reaccionar democráticamente. Pido que todos los que queremos al PSOE y a la democracia hagamos algo de aquí al lunes, que se imponga la democracia al odio”, dijo también en la Ser, donde alertó del riesgo de que España afrontase circunstancias parecidas a las vividas recientemente en Portugal. “No puede pasar aquí, no nos podemos quedar quietos ni callados”, reclamó.

Por el momento, ese llamamiento de Zapatero se ha concretado en convocatorias de movilizaciones en apoyo a Pedro Sánchez difundidas por militantes, simpatizantes o incluso cargos públicos. Hay convocada una manifestación de apoyo este sábado en la sede central socialista de la calle Ferraz coincidiendo con la reunión del Comité Federal que debe aprobar las candidaturas a las elecciones europeas. Una cita marcada por la sonada ausencia del secretario general. “Para defender la democracia y nuestro país frente al odio”, reza esa convocatoria. 

También se anuncia una marcha en la capital para este próximo domingo de Atocha al Congreso de los Diputados a las siete de la tarde bajo el lema “sus chantajes, sus bulos y su mafia no pueden contra la democracia y contra el pueblo”.

Sindicatos, socios de coalición y fuerzas de izquierda

Si dependiera de la reacción de sus aliados políticos y parlamentarios, el líder del PSOE ya podría afirmar a estas alturas que cuenta con respaldo público suficiente para sacar adelante una cuestión de confianza. Sánchez ha recabado, por ejemplo, el apoyo de Comisiones Obreras y de Unión General de Trabajadores (UGT). El secretario general de CCOO, Unai Sordo, pidió al presidente que no ceda ante las pretensiones de “poderes fácticos”, que, dijo, no han asumido “la normalidad democrática”. Por su parte, Pepe Álvarez, llamó a defender “la conservación y mejora de las conquistas alcanzadas durante la gestión de Pedro Sánchez” que están en “el germen de este ataque a la arquitectura del Estado de Derecho”.

Tras superar el impacto de las primeras horas, los socios de coalición del PSOE insistieron en sus mensajes de apoyo y solidaridad hacia Pedro Sánchez y en la petición de que no abandone el cargo. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quiso mandar un “abrazo” al presidente al mismo tiempo que trasladó un mensaje de “firmeza” para que no ocurra lo mismo que con la ofensiva contra Mónica Oltra. Un caso que, dijo el ministro de Cultura, terminó tumbando el Govern del Botànic en la Comunitat Valenciana. 

Un mensaje parecido lanzó la líder de los comuns Jéssica Albiach, en pleno arranque de campaña como candidata en las elecciones catalanas. “Es importante ser resilientes y firmes y entender que no pueden ganar. No les podemos dejar esta victoria”, dijo para pedir al presidente que no dimita. 

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, fue más allá al reclamar una “movilización popular” de las gentes progresistas, lo que él y su entorno denominan “el pueblo de la coalición”, para mandar un mensaje contra las operaciones de la derecha y la extrema derecha. “A los presidentes y a los dirigentes políticos no los pueden quitar maniobras mediáticas y judiciales”, dijo Errejón en una entrevista en La Sexta.

También Enrique Santiago, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, aprovechó para presionar al PSOE con una batería de propuestas para reformar el Consejo General del Poder Judicial como forma de contrarrestar el “acoso a la democracia y a las instituciones a partir del plan de desestabilización organizado por la derecha del PP y la ultraderecha”.

Yolanda Díaz convocó este viernes a sus cinco ministros de manera extraordinaria para analizar los escenarios que se abren tras la decisión de Sánchez. En un encuentro en el que participaron también los portavoces parlamentarios de la coalición, todos los presentes coincidieron en respaldar a Sánchez y pedir la continuidad del Gobierno. “Los casos de acoso y derribo a gobiernos progresistas en todo el mundo llevan a una deriva anti-democrática que tenemos el deber entre todas de frenar. No lo podemos permitir”, sostienen fuentes de la coalición.

Los socios apuntan a una cuestión de confianza

La llamada a la resistencia del presidente ha llegado en las últimas horas incluso desde la mayor parte de fuerzas políticas aliadas en el Congreso y que ya permitieron la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23J. Todo el mundo reconoce en formaciones como EH Bildu, Junts o ERC que, si la información sobre las intenciones del presidente llega ya a cuentagotas entre su propio equipo de Moncloa, a sus propios partidos esa información es casi inexistente. 

“Lo que nos llega es pesimista, pero no sabemos casi nada”, admite un diputado de uno de los partidos que forma parte de la mayoría de investidura del Gobierno de coalición y que reconoce abiertamente la preocupación que existe entre sus filas por la posibilidad de que decaiga el Ejecutivo y el proyecto político que representa.

Hay quien entre esos aliados prefiere mirar hacia la hipótesis de una cuestión de confianza como vía de escape a un callejón con pocas salidas. “Si no es un movimiento táctico y realmente la razón es la campaña de las derechas españolas en contra de su presidencia usando a su familia –sé perfectamente qué se siente en este caso–, y creo que su liderazgo se ha debilitado como consecuencia de esto, siempre puede presentar una moción de confianza y aclarar todas las dudas que ha generado este movimiento imprevisto”, dijo en redes sociales el líder de Junts, Carles Puigdemont. 

Esa posibilidad la han apuntado también otros socios parlamentarios del Gobierno. “Creo que hablar sobre esto es especular. Si al final el presidente lo hace, nosotros lo que le puedo asegurar es que no daremos alas a los inventos del fascismo. Y si se convoca una cuestión de confianza por esto, nosotros no tenemos absolutamente ningún motivo para no apoyarla”, dijo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Telecinco. Minutos después, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compañero de partido de Rufián, prefirió poner el énfasis en la necesidad de no entrar en especulaciones. 

Más claro se mostró el líder del PNV, Andoni Ortuzar, que consideró que un movimiento como la cuestión de confianza es la “opción más sencilla” para resolver esta situación. “Cuanto antes lo hagamos todo, mejor”, dijo en declaraciones a Onda Vasca. A su juicio, la opción de disolver las Cortes y convocar elecciones es más complicada porque habría que esperar al 30 de mayo, ya que la Constitución impide poner fin a la legislatura antes del primer año, y además celebrar la jornada electoral a finales de julio. “Ya vivimos hace un año las elecciones en esas condiciones y fue muy complicado para todos”, apuntó. 

Preguntado por este asunto, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dio a entender que su formación votaría a favor de la continuidad de Sánchez en una hipotética cuestión de confianza, porque “no van a abrir el paso a la derecha”. “Nosotros, no”, dijo. 

Mientras, en la Moncloa y en Ferraz afrontan la espera como una auténtica tormenta política a la que intentan buscar la mejor salida posible. Nadie, a última hora de este jueves, era capaz aún de anticipar en qué sentido se pronunciará el presidente el próximo lunes. Ni tampoco de mandar un mensaje diferente al de que la dimisión de Pedro Sánchez es un escenario más que realista. 

La Fiscalía de España presentó un recurso contra la decisión de un juzgado de Madrid de abrir una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a instancias de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en noticias de prensa. El Ministerio Público renuncia a recurrir la apertura del caso ante el propio juzgado y salta directamente al filtro de la Audiencia Provincial, solicitando la revocación del auto y el archivo del caso. La Fiscalía entiende que la denuncia de Manos Limpias no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal.

El juzgado hizo ayer pública la admisión a trámite de la denuncia del pseudosindicato de Miguel Bernad contra Begoña Gómez, abriendo unas diligencias que declaró secretas y llamando a declarar en las próximas semanas a los periodistas que firmaron las informaciones que cimentan el pleito. Informaciones sobre la actividad profesional de Gómez en el Africa Center de la International University cuya veracidad, reconoció la propia organización denunciante, no fue verificada.

La Fiscalía, después de recibir el auto de apertura de diligencias del magistrado, optó por recurrir la apertura de diligencias y, en la práctica, solicitar el archivo del caso. No optó por recurrir el auto ante el propio juzgado sino que acudió directamente al organismo superior, la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de supervisar y resolver los recursos del proceso judicial.

La existencia de este proceso judicial se trasladó al terreno político con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse un plazo de cinco días para decidir si sigue en el cargo o si renuncia tras lo que define como una “campaña de acoso” de la derecha y la ultraderecha contra él y su familia. La reacción del PP, después de meses esgrimiendo las mismas informaciones que ha denunciado Manos Limpias para cargar contra Gómez, ha sido acusar a Sánchez de victimizarse y, en palabras de su líder Alberto Núñez Feijóo, querer gobernar por “compasión”.

Las acusaciones de Manos Limpias giran en torno a las cartas que firmó Gómez, en representación de la universidad privada para la que trabaja, recomendando una UTE (unión temporal de empresas) en un proceso de adjudicación pública que finalmente consiguió. Unas misivas idénticas a las que presentó en ese mismo proceso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, que en el caso de Gómez el pseudosindicato califica de “carta mágica” en su denuncia.

La denuncia también señala, sin ningún tipo de matiz, una noticia falsa publicada hace unos días por el digital The Objective. Una noticia en la que se afirmaba en el titular que el ejecutivo ocultaba los datos de una subvención concedida a Begoña Gómez, ilustrada con una foto de la esposa del presidente del Gobierno. La subvención, en realidad, había sido concedida a una empresaria de la región de Cantabria del sector de la hotelería que se llama igual. Medios como Telemadrid recularon y reconocieron que habían difundido el rumor sin comprobar su contenido.

Son “solo” recortes de prensa

En las últimas horas, la propia organización Manos Limpias reconoció en un comunicado que su denuncia se basa exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación y que no aporta ningún tipo de prueba añadida. “Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”, dijo Miguel Bernad en un comunicado remitido esta mañana a los medios de comunicación.

Manos Limpias, autodenominado sindicato, lleva más de una década impulsando acciones penales contra líderes políticos, así como jueces y fiscales, con pocas de sus denuncias y querellas pasando el primer filtro de la admisión judicial a trámite. Fueron los artífices de la denuncia que, por ejemplo, llevó al banquillo al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, causa que terminó en absolución. También impulsaron la acusación popular contra la Infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, con los tribunales rechazando su teoría y condenando a hermana del rey como responsable a título lucrativo como pedía la Fiscalía.

En 2016, el propio Miguel Bernad pasó ocho meses en prisión provisional acusado de formar parte de un tándem extorsionador de la mano de Ausbanc, cargos de los que finalmente fue absuelto. El Tribunal Supremo determinó que no podían ser condenados por extorsión.