En la región de Vaca Muerta, al norte de la Patagonia argentina y con recursos estratégicos a nivel global, se observa con cautela una nueva promesa de desarrollo: la posible instalación de mega data centers para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. 

El 10 de octubre de 2025, la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI firmaron una carta de intención que contempla la posibilidad de instalar un centro de datos de próxima generación, con una capacidad estimada de hasta 500 MW. Según Sur Energy, el proyecto podría implicar una inversión de hasta US$ 25 mil millones. OpenAI confirmó el acuerdo, aunque sin precisar montos ni escala.

La ubicación no fue confirmada, pero distintas versiones señalan a la provincia de Neuquén como principal candidata por su disponibilidad energética.

Pocos días después de ese acuerdo -en noviembre de 2025-, el Gobierno neuquino presentó el proyecto de “microrregión” para atraer estas grandes inversiones. Este corredor va desde la zona de influencia de Vaca Muerta, donde se ubican Añelo y Tratayén, hasta el río Limay, en la localidad de Arroyito.

La comparación con otra promesa patagónica es inevitable, más allá de que se trata de la misma región: el auge del fracking (técnica de extracción de petróleo o gas) en Vaca Muerta llegó acompañado de anuncios millonarios y promesas de transformación económica.

Los mega data centers también son grandes demandantes de agua, como el fracking, y pueden impactar fuerte en el ambiente. Pero, por el momento, no hay una normativa que regule su instalación.

Así lo reconocieron desde la propia Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. “De momento, no hay normativas específicas. Son tecnologías de implementación muy nuevas y complementarias al desarrollo de los hidrocarburos. Se está comenzando a trabajar”, indicaron ante la consulta de Chequeado y Ruido.

“La tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, por lo que debemos generar marcos que combinen agilidad, claridad y seguridad jurídica. La ley de promoción de la Microrregión Núcleo es un paso en esa dirección”, explicó a ambos medios Rubén Etcheverry, secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo de Neuquén (Copade, que depende del gobierno provincial) y ex ministro de Planificación.

Tampoco existen normas locales ni anuncios al respecto.

A nivel nacional, la iniciativa se apoyaría en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado durante el gobierno de Javier Milei, que ofrece beneficios impositivos, regulatorios y en las importaciones para este tipo de proyectos.

En la última apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el Presidente reiteró el anuncio de un polo de desarrollo de inteligencia artificial en la Patagonia, y vinculó la instalación de esos centros de datos con el desarrollo energético, el RIGI y la inserción del país en las cadenas de valor occidentales.

Desafíos pendientes

Para algunos especialistas, el marco general del RIGI –sumado a la falta de regulaciones específicas– implica desafíos. Alan Rocha, comunicador social experto en extractivismo e investigador del Observatorio Petrolero Sur –una organización dedicada a promover la producción y consumo de energía de forma justa y sustentable–, advirtió a Chequeado y Ruido: “Esquemas legales como el RIGI ofrecen fuertes beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios. Pero esto puede ser regresivo en términos de control ambiental, uso del agua o supervisión financiera”.

El RIGI es una regulación hecha a medida de los grandes inversores. Elimina cualquier obligación de contratar trabajo local y de regulaciones ambientales

Beatriz Busaniche — Fundación Vía Libre

Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre –ONG que promueve y defiende los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación– coincidió: “El RIGI es una regulación hecha a medida de los grandes inversores. Elimina cualquier obligación de contratar trabajo local y de regulaciones ambientales. Incluso pone condiciones por las que el Estado no puede obligar a las empresas a promover el ‘compre nacional’”.

A nivel provincial, existe interés en promover la instalación de esta industria. Etcheverry aseguró ante ambos medios que la actual gestión (del gobernador Rolando Figueroa) está impulsando la “economía del conocimiento” como eje estratégico para Neuquén. “Queremos que el desarrollo tecnológico trascienda la actividad hidrocarburífera y abra nuevas oportunidades económicas para la población local”, sostuvo.

En este sentido, remarcó las ventajas que tiene Neuquén: “Es un ‘microclima’ ideal para industrias tecnológicas que requieren confiabilidad energética, baja latencia de conexión, capacidad de refrigeración natural y un contexto previsible”.

Pero hasta ahora no aparecen normas específicas para regular o impulsar la actividad, más allá de las intenciones.

Busaniche destacó que el marco normativo para acompañar a estas inversiones debe ser amplio. “Se necesitan regulaciones no sólo de protección ambiental, sino también de protección de datos personales y que se les exija darle prioridad a las comunidades locales. Además, es importante que se obligue a hacer auditorías permanentes de consumo energético e hídrico, y que los titulares de los data centers se ocupen de las tareas reparatorias del impacto ambiental”, detalló a Chequeado y Ruido.

La situación en América Latina 

Pocos países de América Latina tienen planes y normativas para regular este tipo de inversiones. En la mayoría de los casos, sólo ofrecen beneficios fiscales, como Argentina.

Brasil avanzó en una regulación específica con la medida provisoria 1318/2025 (un decreto presidencial) que crea el régimen Redata. Combina incentivos fiscales, como la suspensión de impuestos para la compra de equipamiento tecnológico. Pero también exige condiciones de sostenibilidad (usar 100% de energía sustentable, niveles de eficiencia en el consumo de agua, etc.) y compromisos en investigación y desarrollo en el país.

En Chile, existe el Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, que establece lineamientos para atraer inversiones, prioriza energías renovables y persigue la integración territorial.

Brasil y Chile son los países con más cantidad de centros de datos de América Latina, seguidos por México y Argentina, según datos del sitio Data Center Map.

Busaniche aseguró a este medio que las cifras multimillonarias del anuncio de OpenAI son exageradas, pero reconoció que Argentina está en el radar de las grandes empresas estadounidenses de este rubro. 

“En América Latina hay una subordinación a la agenda de EE.UU. que tiene una carrera contra China en materia de IA, y que ni Europa está logrando entrar a competir en esta carrera”, explicó.

Las promesas truncas del fracking

Mientras escucha con cautela estas nuevas promesas, el norte de la Patagonia sigue esperando el crecimiento regional y los puestos de trabajo que, en teoría, iba a traer el fracking en Vaca Muerta. Distintos actores locales sostienen que ese progreso aún no llegó.

En Añelo, corazón de Vaca Muerta, Liliana Romero, lonko (líder) de la comunidad mapuche Fvta Trayén, describió: “Ya no tenemos la misma tranquilidad. Acá hay mucha contaminación, hay polvo en suspensión, el campo está reseco, no hay pasturas para los animales. Ya no nos queda territorio”.

Ya no tenemos la misma tranquilidad. Acá hay mucha contaminación, hay polvo en suspensión, el campo está reseco, no hay pasturas para los animales. Ya no nos queda territorio

Liliana Romero — Lonko de la comunidad mapuche Fvta Trayén

La presión sobre el agua es uno de los puntos más sensibles. “Dependemos de pedirle agua a la industria. A veces nos dejan alguna toma o válvula para conectarnos. Llenamos charcos y transportamos agua a los puestos. Pero es agua pensada para la industria”, explicó Diego Rosales, werkén (vocero) de la comunidad.

Los centros de datos a gran escala requieren enormes cantidades de energía y agua para su funcionamiento. Según estimaciones realizadas para EE.UU., por cada MWh consumido necesitan 7,1 metros cúbicos de agua, considerando tanto el uso directo como el indirecto en la generación eléctrica. Esto es más de 2,5 millones de litros anuales por cada megavatio de potencia.

Ese volumen se sumaría a la demanda ya elevada del fracking. Cada pozo puede consumir hasta 60 mil m3 anuales, y en 2025 la actividad acumulaba 17.300 pozos en todo el país, con un consumo total estimado en más de 1.038 millones de m3.

“Estos centros requieren millones de litros de agua dulce para refrigerar equipos que trabajan a temperaturas muy altas. Y estamos en una provincia donde los ríos vienen registrando caudales históricamente bajos”, advirtió Rocha. 

Una muestra de data center a pequeña escala

La energía es otro recurso clave. En la región –al norte de Vaca Muerta– ya existen experiencias como la de Unblock, un data center a menor escala que instaló centros de cómputo modulares que utilizan gas de venteo para generar electricidad y minar Bitcoin. 

La empresa plantea este modelo como una forma de aprovechar un recurso que de otro modo sería liberado o quemado y aumentaría la huella de carbono de la industria de los hidrocarburos.

Unblock tiene una potencia instalada de 27 MW entre Rincón de los Sauces y Añelo, y proyecta duplicar su capacidad. Su CEO, Tomás Ocampo, destacó a este medio que el futuro de la IA estará condicionado por el costo de la energía y que regiones con recursos abundantes podrían tener ventajas competitivas. 

Pero el proyecto vinculado a OpenAI implicaría una escala superior, si se llegara a los 500 MW anunciados. No alcanzaría con el gas de venteo y requeriría energía proveniente tanto de los pozos de Vaca Muerta como de otras fuentes renovables, ya sea la eólica o las represas hidroeléctricas patagónicas que se alimentan de los ríos Limay y Neuquén.

“Nuestro modelo es distinto al de los mega data centers tradicionales. Nosotros trabajamos con soluciones modulares que aprovechan energía que hoy se desperdicia. Creemos que el futuro de la inteligencia artificial dependerá en gran medida del costo de la energía. Los países que logren producir energía más barata tendrán ventajas competitivas en el desarrollo tecnológico”, aseguró Ocampo a Chequeado y Ruido.

“Un recurso sensible son las fuentes de energía capaces de sostener el consumo de estas instalaciones. Porque si no puede ocurrir lo que ya pasa en EE.UU., donde las comunidades cercanas se están quedando sin luz o pagan una energía carísima”, recordó Busaniche.

A nivel global, el crecimiento de esta industria ya es significativo. En 2024, los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo mundial de electricidad -unos 415 TWh-, según la Agencia Internacional de la Energía. Y se proyecta que esa demanda se duplique hacia 2030. Este aumento podría traducirse en mayores emisiones de gases responsables del cambio climático, dependiendo de la matriz energética del país anfitrión.

Economías de enclave

Desde una mirada económica, también aparecen interrogantes sobre el impacto local. Rocha definió a los mega data centers como “economías de enclave”: grandes inversiones de capital con bajo nivel de empleo permanente y alta automatización. “Pueden consumir millones de litros de agua y enormes cantidades de energía, mientras emplean a 50 o 60 personas. Lo que deja en la región es mínimo”, señaló.

Al respecto, una investigación de Aos Fatos (medio de verificación de Brasil) publicada por Chequeado, demuestra que los centros de datos no crean cantidad de puestos de trabajo locales y que gran parte de las cifras prometidas en inversión se destinan a equipos tecnológicos, generalmente importados.

“Es extractivismo puro y duro, y no generan empleo local”, remarcó Busaniche. Y explicó que, para saber si conviene instalar un data center en un sitio, se debe hacer un análisis económico profundo. “Si va a traer más desarrollo a la región y al país, entonces se establece lo que se suele llamar ‘zona de sacrificio’. Pero nunca se puede hacer eso sin medir efectivamente las consecuencias”, contó.

Unblock, por ejemplo, emplea a unas 20 personas, según el CEO de la empresa. “Si capturáramos todo el gas de venteo en Vaca Muerta, podríamos generar cientos de empleos”, calculó Ocampo.

En tanto, la economía del fracking está dejando un sabor agridulce en la región. Desde el gobierno provincial, Etcheverry sostuvo que esa actividad dinamizó la economía, activó la cadena de proveedores y generó ingresos. Pero otras voces plantean una mirada más crítica.

Desde el sector empresario, Fernando Zurita, titular de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén, reconoció que no tienen detalles sobre la eventual instalación de data centers, y que todavía no hay un gran derrame económico por Vaca Muerta. “Aún no se produjo un impacto económico real y tangible en términos generales”, dijo.

Y agregó: “Nos imaginábamos un desarrollo más rápido de rutas, de ciudades, de infraestructura. Hoy faltan muchos servicios básicos: cloacas, agua potable, servicios urbanos”. 

Más allá de la promesa de crecimiento y trabajo local, a la comunidad mapuche le preocupa el impacto negativo del fracking que ya perciben en la región. Temen que la instalación de data centers amplifique los problemas.

“Con los derrames de petróleo se pierden un montón de plantas autóctonas. Cada vez hay menos pasturas para nuestros animales y hay mucha sequía por el tema de la contaminación. Así que para nosotros Vaca Muerta no ha sido bueno ni va a ser bueno”, dijo Romero, la líder de la comunidad.

El último derrame, en el lago Mari Menuco, afectó una zona de 50 mil metros cuadrados. 

Rosales, vocero de la comunidad, agregó: “No todo lo que brilla es oro. Se habla mucho del boom, se ve en la tele, pero los que estamos dentro de ese boom somos los que padecemos miles de necesidades. A empresarios y gobiernos les va bien porque se llevan la riqueza del suelo. A nosotros no nos queda ni trabajo para los chicos”.

Esta investigación forma parte de un proyecto de Chequeado que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center.

Fue realizada por Lucas Viano, con la edición de Ruido y Chequeado. El informe es de Judith Calmels y las imágenes de Santiago Amillano para Ruido.

Autor: Lucas Viano

Informe: Judith Calmels

Imágenes: Santiago Amillano

Edición 1: Edgardo Litvinoff

Edición 2: Matías Di Santi

Edición 3: Florencia Ballarino

Seis de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales, de acuerdo con una investigación realizada por Chequeado y elDiarioAR sobre el análisis de 160 normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025. 

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: cielos abiertos

El DNU 70/23 también introdujo cambios en el Código Aeronáutico, al permitir que aeronaves con tripulación extranjera operen en el país. También habilitó el ingreso de nuevos prestadores a todas las ciudades argentinas; autorizó la operación de aviones de hasta 19 plazas para el transporte de pasajeros y desreguló el acceso al servicio de rampas. 

Fernando Dozo, profesor de Política Aérea en el Instituto de Derecho Aeronáutico, indicó a Chequeado que la medida “consolida la apertura del mercado internacional, por la inversión de compañías que prestan más servicios desde y hacia la Argentina. La mayoría de las compañías aumentó frecuencias y destinos, lo que asegura una conexión internacional mucho más aceptable”. 

En cuanto al mercado de cabotaje, el especialista señaló que el impacto fue menor dado que “no se termina de definir qué va a hacer el Estado con Aerolíneas Argentinas, lo cual no les permite a los inversores proyectar su rol en el mercado”.

El número de vuelos totales creció el 9,3% en los primeros 9 meses de 2025 (5,9% en cabotaje y 15,1% en internacionales), de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y la cantidad de pasajeros transportados subió el 15% (10,7% en cabotaje y 20% en vuelos internacionales).

Impacto moderado: medicamentos de venta libre en kioscos

El Gobierno nacional autorizó a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas para que el público pueda acceder a ellos de manera directa. También habilitó a los quioscos, supermercados y otros comercios a vender antiácidos y analgésicos. 

“Esta norma otorga mayor acceso a los consumidores, pero mantiene el marco de seguridad sanitaria porque los productos ofrecidos en góndola deben venderse en una caja cerrada (es decir, no se puede fragmentar el dispendio), con su respectivo prospecto y sólo a mayores de 18 años”, destacó Agostina Ambrosi, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ante la consulta de Chequeado.

Por su parte, Graciela Lovece, codirectora de la carrera de Derecho de Salud y Responsabilidad Médica e Institucional de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la medida incentiva un proceso de “medicalización de la vida cotidiana, que se advierte en los medios de comunicación donde el 90% de las publicidades refieren a temas de salud y medicamentos”.

Por otro lado, el Gobierno estableció que las farmacias deberán contar con un código QR que dirija a la lista de precios actualizados de los medicamentos que se comercialicen bajo receta y tengan disponibles. Ante la consulta de Chequeado, fuentes de IDESA destacaron que: “En la práctica, la medida fue implementada parcialmente ya que las inspecciones recientes revelaron que el 88 % de las farmacias inspeccionadas exhibía correctamente el QR, mientras que algunas fueron multadas o intimadas a corregir sus sistemas”.

Impacto bajo: la Ley de Góndolas

El DNU 70/23 también derogó la Ley de Góndolas, que establecía regulaciones sobre la cantidad de los productos exhibidos tanto en góndolas como en locaciones virtuales de supermercados minoristas y mayoristas.

El presidente de la delegación Mar del Plata de la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa (Apyme), Gustavo Casciotti, aseguró a DiarioAR que “la derogación implicó la pérdida de una herramienta en el conjunto de una batería de medidas que apuntaban a desarmar la posición dominante; a democratizar la oferta de productos alimenticios y a tratar de disciplinar los precios de los grandes jugadores”. 

Sin embargo, reconoció que la Ley de Góndolas “tuvo un peso relativo porque se hacía complejo el control del Estado en los puntos de venta. Los supermercados supieron encontrar los mecanismos para burlar o violentar el cumplimiento de la ley”. 

Impacto nulo: sociedades anónimas en el fútbol

El Gobierno nacional habilitó a las entidades deportivas a que asuman la figura legal de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que operen con fines de lucro (a diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro). 

Las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país -como es el caso de la AFA- prohíben la afiliación y participación en los torneos de un club que sea una SAD. No obstante, el DNU obligaba a estas organizaciones a modificar sus estatutos para permitir la afiliación de sociedades anónimas. 

Sin embargo, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la AFA y suspendió los alcances del decreto para el caso del fútbol. 

Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), explicó que el DNU “se encuentra vigente en sus efectos para la comunidad deportiva a excepción del fútbol y las entidades que forman parte de la AFA, hasta tanto se resuelva el conflicto judicial”.

Por su parte, Mariano Bambaci, abogado y especialista en derecho deportivo, explicó a este medio: “el Estado antes reconocía la autonomía de cada federación en relación a si aceptaba o no a las SAD. Ese artículo fue eliminado y ahora se establece que no puede haber discriminación. Es decir, violenta la autonomía de las federaciones nacionales porque ahora hay que cumplir con eso”.

Edición Matías Di Santi y Flor Ballarino

Federico Sturzenegger es el encargado de accionar la “deep motosierra” del presidente Javier Milei. El economista lidera desde su creación en julio de 2024 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con una tarea principal: reducir el gasto público, simplificar trámites y burocracia, y aumentar la eficiencia del Estado.

En este contexto, el Gobierno nacional sancionó hasta septiembre de 2025 (último dato oficial disponible) 437 normas (considerando decretos, resoluciones y leyes) con el objetivo de modificar o eliminar más de 1.300 medidas anteriores.

De ese total, Chequeado y elDiarioAR analizaron 160 normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2025, con el objetivo de establecer el impacto que estas políticas tuvieron en el ámbito económico y comercial, y en la vida cotidiana de los argentinos. 

La conclusión: 6 de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales. El 28% de las iniciativas restantes fueron consideradas de alto impacto.

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Una agenda desreguladora con énfasis en economía

Con base en las 160 normas analizadas se identificaron 7 grandes áreas sobre las que se operaron los cambios regulatorios. El principal rubro fue el de Economía y finanzas, que explicó el 27% del cuerpo analizado y engloba desregulaciones de comercio exterior (como la simplificación de trámites de importación) e impuestos (como la baja o eliminación de tributos).

Le siguieron Administración pública y reforma del Estado (22,5%); Transporte (18,5%); Energía y minería (8%); Salud (8%) y Trabajo y seguridad social (7%). Otros sectores (donde se incluyen normas vinculadas a ámbitos como turismo, editorial o derechos de autor), explicaron el 9% de las normas analizadas.

¿Cuál fue el impacto de las medidas?

Para medir el impacto de cada normativa, Chequeado y elDiarioAR utilizaron un criterio cualitativo con 4 niveles (alto, moderado, bajo y nulo), según el grado de alcance y la magnitud de los cambios que generó al interior de una actividad productiva o de la cotidianeidad de las personas. Para ello se basaron en el análisis de datos oficiales, de informes y de especialistas, y se tuvo en cuenta el tiempo de vigencia de cada medida.

Del total de medidas analizadas, el 38% de las normas tuvo un impacto moderado. Esto aplica a los casos en los que las reformas se implementaron de manera parcial y/o provocaron cambios acotados.

Por ejemplo, el Decreto 959/24 eliminó los cargos hereditarios en el acceso a la administración pública. A partir de esa modificación, la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan este beneficio. 

No obstante, esta práctica ocurre en un universo pequeño de organismos y empresas del Estado, como el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, la Aduana, el Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos, que en conjunto explican el 17,5% del total de empleados estatales. El Gobierno no pudo precisar -en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado- cuántos empleados de esas dependencias habían accedido al cargo por este beneficio.

Otros ejemplos de medidas de impacto moderado son: la autorización a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas y la lista de precios actualizada –que tuvo una implementación parcial–, y el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio, porque sólo YPF lo está aplicando y como prueba piloto. 

Asimismo, el 22% de las normas tuvo un bajo impacto (alcance restringido y cambios mínimos), dado que se legisló sobre una práctica o asunto que antes del cambio ya estaba en desuso en el sector involucrado, y, por ende, la reforma no se puede dimensionar porque ya existía en la práctica. En estos supuestos, la desregulación cumplió una función de limpieza y de ordenamiento. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal contenida en el DNU 70/2023. Allí se eliminó un artículo que establecía un límite máximo de $ 1.000 para las operaciones que podían realizarse en efectivo, un valor que había quedado obsoleto y en la práctica ya no se cumplía, según los expertos consultados. 

La derogación de Ley de Góndolas es otro ejemplo de desregulación de bajo impacto.

El 12% de las normas analizadas tuvo un impacto nulo, dado que sus efectos fueron neutralizados por la Justicia o por otra norma posterior. Es el caso del capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional en sede judicial. 

Finalmente, el 28% de las 160 normas analizadas fueron consideradas de alto impacto: fueron implementadas en su totalidad y provocaron cambios sustanciales que alteraron de manera fundamental la operatoria en una actividad en particular o grupo de personas.

Este es el caso del Decreto 1039/24, que anuló los préstamos a jubilados realizados por la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según datos de la Jefatura de Gabinete, en 2024 (previo a la suspensión) se realizaron préstamos por más de $ 1 billón.

La mirada de los especialistas

El economista Miguel Braun, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, destacó en X que “el Gobierno registró más de 1.300 normas ajustadas y más de 9.600 artículos modificados en menos de 2 años. Eso es un shock regulatorio inédito”. Y agregó: “Milei está reescribiendo reglas formales e informales del juego económico a la vez”. 

Por su parte, Juan Negri, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), destacó en diálogo con Chequeado: “La política de desregulación del gobierno combinó 3 pilares: la apertura de mercado, la eliminación de controles en general y la flexibilización de reglas”. 

Negri puntualizó que “las desregulaciones con mayor impacto fueron las que tocaron cuestiones más sensibles en la vida cotidiana, como la eliminación de la ley de alquileres”.

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, tras la derogación de esta norma, se produjo una caída del precio en términos reales de las locaciones inmobiliarias. En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

En tanto, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, planteó a Chequeado: “Hubo aciertos visibles, como la desregulación de los alquileres, pero también errores como el permiso de libre movimiento de carne en todo el país, incluso en la Patagonia que es una región considerada libre de aftosa, lo que provocó que el Ministerio de Agricultura de Chile resolviera suspender por completo las importaciones de animales y productos de origen animal provenientes de esa región”.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis?

Las 160 normas evaluadas en esta investigación fueron analizadas con el sustento de otros documentos públicos; bases de datos oficiales y sectoriales; y la revisión de artículos periodísticos. 

Para la definición del impacto de cada una de las medidas se consultó a unos 30 especialistas de diferentes áreas, y también se analizaron más de 20 respuestas a pedidos de acceso a la información pública o documentos oficiales para contextualizar los datos. 

Con estos datos se evaluó el impacto de las medidas. Se consideró un impacto “Alto” a aquellas normas implementadas totalmente y que generaron cambios sustanciales; “Moderado”, a aquellas cuya implementación fue parcial y los cambios acotados; “Bajo”, para las que tuvieron poca implementación y provocaron cambios mínimos; y “Nulo” para las que no fueron implementadas, ya sea porque la Justicia suspendió sus efectos, u otra norma posterior las modificó o eliminó.

Los datos e informaciones fueron sistematizados en una base de datos propia y pública, que permitió analizar el impacto de cada norma en sus respectivos sectores o en la comunidad en general. 

Edición Matías Di Santi y Florencia Ballarino

La nota completa puede leerse en https://impactosdesregularizacion.fopea.org

El 27 de noviembre se realizó un evento antivacunas llamado “¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19?” en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, organizado por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz. 

Durante la presentación, un hombre sin remera mostró -tras un par de intentos infructuosos- cómo se le pegaba un imán al pecho, culpando de ello a la vacuna de COVID-19. Sin embargo, esto es falso. La razón por la imanes en ocasiones se quedan pegados a la piel se debe a un fenómeno físico llamado “tensión superficial” y no tiene relación con las vacunas contra el coronavirus.

Esta misma desinformación circuló en distintos países durante la pandemia, y fue desmentida con anterioridad por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por Chequeado y por otros fact checkers alrededor del mundo. 

¿Por qué algunos objetos en ocasiones se pueden quedar pegados al cuerpo?

Aunque es verdad que ciertos objetos -incluso los que no están magnetizados- pueden quedar pegados momentáneamente a alguna parte de nuestro cuerpo, las vacunas no están detrás de ese efecto. En realidad, la piel contiene grasas naturales que pueden causar dicha adherencia. Basta con talco en la zona para ver cómo desaparece el presunto “magnetismo”.

“No está demostrado que las vacunas covid produzcan ese efecto. No tienen este tipo de metales ni en cantidad ni en especificidad que produzcan en el cuerpo ese efecto. 

Es un fenómeno general del cuerpo, ocurre en personas vacunadas como no vacunadas y en elementos magnéticos como no magnéticos“, explicó a Chequeado María Noelia Lardizábal, licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Rosario.

Durante la pandemia de COVID-19, Fabricio Ballarini, doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, explicó en su cuenta oficial de Instagram por qué hay materiales que se adhieren a la zona del brazo donde se colocó la inyección. Esto se debe a lo que se conoce como “tensión superficial” y, además, por la fricción entre el elemento y el brazo.

Se llama tensión superficial a “la superficie del agua que se comporta como si estuviera cubierta por una membrana muy delgada”. La tensión superficial es como la piel del agua y es tan fuerte que puede sostener objetos como un clip o una aguja.

“Los objetos -no solo los objetos imantados- pueden pegarse a nosotros porque existe una propiedad que se llama ‘tensión superficial’. El agua que hay entre los objetos y nuestro dedo genera una especie de ‘pegatina’”, señala Ballarini en el siguiente video de Instagram donde, además, muestra cómo se le pegan a la mano migas de pan y una cucharita de plástico.

Las vacunas contra la COVID-19 no contienen componentes magnéticos y son seguras

Las vacunas contra la COVID-19 no contienen “metales pesados” ni componentes “magnéticos” que puedan atraer imanes, como se puede ver en las fichas técnicas de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm y Pfizer que se aplicaron en el país.

La OMS confirmó en 2021 que “las vacunas están libres de metales que causarían una atracción magnética al cuerpo”. También los CDCs indicaron que “recibir una vacuna contra la COVID-19 no lo volverá magnético, incluso en el lugar de la vacunación, que generalmente es el brazo”.

El físico Alberto Nájera, profesor de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla-La Mancha (España), aseguró a Maldita.es que las vacunas contra la COVID-19 no contienen “ningún elemento químico o material que tenga propiedades magnéticas”.

Pero, en el hipotético caso de que así fuera, el imán no se sostendría en la piel de todos modos: la cantidad inyectada sería demasiado pequeña para tener ese efecto. Además, la vacuna no sería transparente. “No conozco ningún material magnético líquido que sea transparente. Recordemos que, además, debe ser muy fluido para poder viajar a través de la aguja de inoculación que es muy muy fina”, apuntó Alberto Nájera.

¿Qué pasó en el Congreso y quién es la diputada que impulsó la jornada antivacunas?

El 10 de noviembre la diputada Marilú Quiroz (PRO) publicó en sus redes sociales la convocatoria al evento, indicando que se trataba de un “ateneo científico para debatir sobre los efectos adversos de las vacunas”. 

Quiroz tiene 68 años y es empresaria del turismo. El 10 de diciembre de 2021 asumió como diputada de la Nación por el PRO de Chaco y finaliza su mandato en 10 días.

El 11 de noviembre presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados solicitando revisar el carácter obligatorio de la vacunación establecido por la Ley 27.491. La legisladora argumentó que esta norma, sancionada en 2018, colisiona con los principios de autonomía del paciente y consentimiento informado que introduce la reciente Ley 27.797 (Ley Nicolás) de 2024.

En el evento, realizado en el Anexo, mientras un hombre se intentaba pegar imanes al cuerpo, la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, autora de un cuestionado informe en contra de las vacunas, decía: “Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto”. Y aseguraba que se trataba de una “magnetización”, supuestamente producto de los efectos de la vacuna contra el coronavirus.

Ante la noticia de la realización de ese encuentro, diputados y diputadas convocaron para un plenario de comisiones “en defensa de la vacunación y la salud pública” en un contexto donde por el descenso de la coberturas de las vacunas, Argentina vive un rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.

El mismo día, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, publicó un X: “El Calendario Nacional de Vacunación contiene vacunas que se sostienen en evidencia científica y en décadas de uso seguro. Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia”.

Fecha de publicación original: 28/11/2025

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Durante el encuentro, Trump destacó a Milei como “un economista tremendamente talentoso”, aunque condicionó el respaldo económico de Estados Unidos a un eventual triunfo de LLA en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”. 

Sin embargo, esto es falso. La imagen –que circuló en X, Instagram y Threads– es un montaje. El cartel original de esa imagen fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”. 

El cartel no es original, es un montaje

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado –medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso– halló una nota de Contraste, un medio marplatense, que se titula: “Un cartel, varios mensajes: vecinos de Mar Chiquita cuestionan su uso”. 

Allí, aparece el cartel viral de Fuerza Patria, pero a diferencia del que circula en redes sociales, corresponde a la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y dice: “Sumar fuerzas para defender el futuro”. 

La foto original, según señala la nota de Contraste, fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses. 

Por último, a través de la búsqueda “Sumar fuerzas para defender el futuro”, Chequeado corroboró que ese slogan fue utilizado en la campaña bonaerense por el peronismo (ver acá y acá) y también se está utilizando en la campaña actual para las elecciones del 26 de octubre (ver acá y acá). 

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

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Autora: Delfina Corti 

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Miguel Bravo

Luego del rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación al veto a la ley de financiamiento universitario, circularon en X mensajes que aseguran que Javier Milei “es el presidente que más plata en términos reales le dio a las universidades públicas y Sergio Massa fue el que más plata les quitó”. El presidente de la Nación compartió esta desinformación en 2 oportunidades. 

Esto es falso. De acuerdo con los datos oficiales analizados por Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso—, en 2024 y en lo que va de 2025, durante la gestión de Javier Milei, se registró la inversión real más baja (es decir, considerando los efectos de la inflación) en educación superior desde el año 2007. 

Los años de mayor inversión en las últimas 2 décadas fueron 2015, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y 2017 y 2018, durante el mandato de Mauricio Macri (Cambiemos). 

Qué dicen los posteos desinformantes

El mensaje más antiguo hallado por Chequeado fue publicado en la cuenta de @TraductorTeama, uno de los usuarios de X que más repostea el Presidente, según un análisis hecho entre el 22 de julio y 24 de agosto de 2024. Su tuit obtuvo más de 28 mil “Me gusta” y 6 mil compartidos, y fue republicado por Javier Milei. 

El mensaje fue acompañado por un gráfico que muestra la supuesta evolución de la inversión del Gobierno nacional en educación superior y se afirma que en 2023 (durante la gestión de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía) los fondos cayeron 26%. 

En contraposición, el gráfico sostiene que en 2024 los fondos destinados a las universidades aumentaron 10%, al igual que durante los primeros 7 meses de 2025. 

Posteriormente, otros usuarios de X –entre ellos, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, Santiago Oría– republicaron la imagen, con más de 6 mil “Me gusta” y más de 3 mil republicaciones. 

La gestión de Javier Milei realizó la menor inversión en educación superior desde 2007

De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación analizados por Chequeado, la gestión de La Libertad Avanza ejecutó la menor inversión en términos reales en educación superior desde 2007. 

En 2024, las transferencias a las universidades totalizaron $ 3,3 billones, lo que significó una caída real del 24,97% con respecto a 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos) y no un 10% más, como afirman los posteos desinformantes. Este dato coincide con el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El registro de 2024 es el más bajo desde 2007, cuando se invirtió el equivalente real a $ 3,2 billones, en un contexto en el que las transferencias a las universidades se encontraban en aumento con respecto al piso registrado en 2002 ($ 1,6 billones a valores actuales). 

Un trabajo reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que “los recursos asignados en 2025 para el programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”. 

El informe de ACIJ agregó: “Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. Además, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005”.

En los primeros 8 meses de 2025, en tanto, las partidas para educación superior cayeron 5,76% real con respecto a igual período de 2024 y un 30,46% en relación a los primeros 8 meses de 2023. Es decir que tampoco aumentaron un 10% como se afirma en los posteos que compartió el presidente en X. 

Con respecto a la gestión del Frente de Todos, las transferencias a las universidades registraron aumentos interanuales en todos los años a excepción de 2020 (-2,17%), año en el que la actividad educativa se encontró parcialmente paralizada por la pandemia del coronavirus. 

Dentro del período analizado (2002-2025), los años de mayor inversión en educación superior fueron 2015, 2017 y 2018, cuando se destinó el equivalente a casi $ 5 billones actuales. 

Cómo debe analizarse la ejecución presupuestaria

Para llegar a esta conclusión se consideró el gasto anual devengado (es decir, todos los compromisos de pago realizados) en el ítem “Desarrollo de la Educación Superior” (que contiene todos los fondos destinados a las universidades nacionales) y se lo comparó con el promedio anual del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el INDEC. 

El análisis debe realizarse con el promedio anual del IPC (que contiene la media de la inflación de los 12 meses) y no “punta a punta” (es decir, el dato de diciembre de un año contra el mismo mes del año previo) porque esta medida capta mejor la ejecución del presupuesto, que se realiza mes a mes y no todo junto a finales de año. 

Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), señaló a este medio que “cuando comparamos gastos de un determinado periodo lo que estamos analizando son gastos que se realizaron en cada uno de los meses. Entonces, cuando uno quiere comparar el gasto lo que tiene que comparar es el promedio del índice de precios”.

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Autor: José Giménez

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Flor Ballarino

El presidente Javier Milei estaba encabezando el miércoles por la tarde una caravana en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert —quien liderará la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires (La Libertad Avanza) en las elecciones del 26 de octubre—, cuando militantes agredieron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad. Acto seguido, el mandatario interrumpió el acto y se marchó junto con su hermana en una camioneta, mientras que Espert lo hizo en moto.

Los sucesos dieron lugar a la viralización de videos y fotos sobre el momento de la agresión: algunos verdaderos y otros, falsos.

Circula en redes sociales que tanto Javier Milei como el vocero presidencial Manuel Adorni publicaron una foto falsa del incidente. En la imagen en cuestión se ve al mandatario junto a Espert y una piedra suspendida en el aire.

“Se descubrió que esta foto publicada por Manuel Adorni fue inventada para tapar el escándalo de las coimas de Karina Milei”, dicen algunos posteos en X.

“Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, tuiteó Adorni junto con la foto. “CIVILIZACIÓN O BARBARIE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. Fin”, dijo, por su parte, Milei.

“Manifestantes lanzan piedras contra el presidente argentino Javier Milei (centro), su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (oculta), el candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y otros funcionarios y candidatos durante una caravana en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 2025”, dice en inglés la descripción de la foto publicada en el repositorio de imágenes de la AFP.

Mabromata señaló a AFP Factual que las agresiones comenzaron cuando le arrojaron plantas del cantero a Milei. A las 15:06, volaron unos guantes sobre su cabeza, captados por él, al igual que la piedra que se desplazó en el mismo minuto. “Tengo varias fotos que muestran la piedra antes, durante y después. Trabajo hace 20 años en AFP; agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado”.

En otros videos del hecho, como en este de la AFP, se ve cómo se le arrojaron diversos elementos a la caravana oficial durante el recorrido.

Es falso que en este video le tiran una piedra a Milei: es una gorra

Circula en redes sociales un video de la caravana de Milei en Lomas de Zamora junto al texto: “Javier Milei esquivó el piedrazo que los K le tiraron: Un fragmento muestra cómo el presidente tuvo reflejos rápidos para esquivar un piedrazo”.

Sin embargo, esto es falso. Chequeado realizó una revisión del video —publicado originalmente en LN+— en cámara lenta y pudo comprobar que aquello que vuela no es una piedra, sino una gorra de sol.

Circula en redes sociales una foto donde se ve cómo supuestamente le tiran una piedra a Milei, Karina y Espert. “Mira la PIEDRA que le tiraron a Milei, lo querían ASESINAR” (sic), dice uno de los posteos virales.

Sin embargo, esto es falso. Chequeado realizó una búsqueda inversa de imágenes en Google y corroboró que la foto original fue publicada por Clarín. Allí no aparece la piedra, sino que se ve a los 3 funcionarios de La Libertad Avanza, escudados con una valija de la Policía Federal Argentina.

“Minutos después de la llegada del presidente Javier Milei al centro de Lomas de Zamora, debieron suspender la caravana por cuestiones de seguridad”, dice el epígrafe de la foto. El crédito es para el fotógrafo Juano Tesone, quién también publicó la imagen en su cuenta oficial de Instagram.

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Autoras: Delfina Corti y Lucía Gardel

Edición 1: Flor Ballarino (Chequeado)

La filtración de audios atribuidos al exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, desató en la última semana una polémica por el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia. En ellos se menciona a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional.

En este contexto, se viralizó en redes sociales una captura de pantalla de un presunto comunicado publicado por La Libertad Avanza en X (@LLibertadAvanza), donde se informaría que “Lule” Menem ya no forma parte del partido político a nivel nacional.

En la captura de pantalla del supuesto tuit se lee: “LLA informa que el Subsecretario de Presidencia Eduardo ‘Lule’ Menem ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber cometido actos de corrupción de público conocimiento, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei” (sic).

“Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, concluye.

Pero la imagen es falsa: existen varios indicios que determinan que se trata de un montaje. Además, no existen registros de que La Libertad Avanza haya publicado ese tuit o un comunicado en los últimos días sobre “Lule” Menem o el caso de la ANDIS.

La captura de pantalla del tuit es un montaje

La imagen es falsa: se trata de un montaje realizado con base en diversas capturas de pantalla, según pudo comprobar Chequeado —medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso—.

Los indicios son diversos. En primer lugar, al comparar la captura viral con tuits verdaderos publicados en X, se puede observar que la foto de perfil y el nombre del usuario “La Libertad Avanza @LLibertadAvanza” no están correctamente alineados con el texto que aparece debajo. En la captura de un tuit verdadero, el nombre del usuario debería estar totalmente alineado con el texto de la publicación.

Además, la parte superior de la captura viral (en donde aparece el nombre del usuario) corresponde al formato que presentan los tuits desde la sección de Búsqueda de la red social o desde el feed de un usuario, porque si se tratara de la captura de un tuit en detalle, el avatar debería estar por encima del texto de la publicación.

Sin embargo, la captura omite un detalle: si fuera un tuit visto desde el motor de búsqueda o desde el feed, la fecha del supuesto tuit debería aparecer junto al nombre de usuario. En esos casos la imagen de avatar aparece sola a la izquierda, seguida del nombre, el arroba, un punto (.) y la fecha o los minutos/horas si el tuit es durante el mismo día. En esta captura no aparece la fecha.

Por último, AFP Factual analizó la imagen por la herramienta Forensic de InVID-WeVerify, con la que pudo comprobar que el contenido fue editado, ya que presenta diversas marcas que indican sospechas de manipulación.

El texto en la captura falsa es el mismo con el que La Libertad Avanza anunció la expulsión de Ramiro Marra el 29 de enero de 2025

Al realizar una búsqueda inversa con la captura viral en Google, Chequeado llegó a varios posteos en redes sociales que hablan sobre la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra de La Libertad Avanza en enero de 2025.

Estas publicaciones incluyen una captura de pantalla de un tuit de La Libertad Avanza con el anuncio de la expulsión de Marra, cuyo texto es idéntico al que aparece en la captura falsa sobre “Lule” Menem. La única diferencia que presenta es el fragmento destinado a las motivaciones de la expulsión: en el caso de Menem, los presuntos casos de corrupción; y en el de Marra, el voto a favor de la suba de impuestos en la Ciudad.

El tuit fue publicado por La Libertad Avanza el 29 de enero de este año. “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, se lee en el posteo.

No existen registros del supuesto tuit de La Libertad Avanza sobre “Lule” Menem

La captura de pantalla viral que circula a través de redes sociales es el único registro que existe del presunto comunicado de La Libertad Avanza sobre la supuesta expulsión de Eduardo “Lule” Menem.

Según revelan los detalles de la imagen, la captura habría sido hecha desde la versión de escritorio de X . Chequeado no encontró ninguna otra captura de pantalla que haya sido tomada desde otro dispositivo, en algún otro horario o desde otro formato.

El presunto comunicado tampoco se encuentra publicado en las cuentas oficiales de La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) en X, Facebook, Instagram o TikTok. Tampoco hay registros en su sitio web.

No existe, por otro lado, un listado público sobre los afiliados que tiene un partido político. Sí existe un registro público, que depende de la Justicia Nacional Electoral, que permite evaluar si una persona está afiliada a algún partido (sin indicar cuál). Según aclara el registro, la actualización se realiza a las 48 horas de la realización de cambios. Sobre “Lule” Menem, solo se indica que figura afiliado a un partido de La Rioja.

Chequeado consultó a voceros del partido pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

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Autor: Eugenia Leis y Lucía Gardel

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Manuela Silva (AFP Factual)

Circula en redes sociales un posteo que indica que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene un reloj Rolex Datejust 36, valuado en US$ 35 mil. “Rolex Datejust 36 = 35 MIL DÓLARES. Nada mal para una pastelera”, dice un posteo en X acompañado de una foto de ella con un reloj en la muñeca y, a su derecha, la captura del valor del Rolex.

Sin embargo, esto es falso: en la foto de la publicación viral y en imágenes de los últimos meses se puede ver que el reloj es de la marca Grovana. Además, hay diferencias entre ambos: el Rolex tiene incrustaciones alrededor y en los puntos que marcan las horas, y el de Karina Milei, no. Además, el valor del reloj Grovana es mucho menor que el del Rolex que se menciona en el posteo.

La publicación viral se hizo el 16 de agosto y alcanzó 270 mil visualizaciones y más de 7 mil reacciones en X.

¿Qué reloj tenía Karina Milei en la foto?

La foto viral fue tomada el último fin de semana, durante el cierre de listas para las elecciones legislativas. La publicó en su cuenta de Instagram Nicolás Pakgojz, que es presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y secretario general de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. En la foto aparecen Karina Milei, Pakgojz y Pilar Ramírez, legisladora porteña de La Libertad Avanza.

Pero el reloj que tiene la hermana del presidente en esa foto no es un Rolex, como indica el posteo viral. Es el mismo reloj con el que viste la funcionaria en diversos actos públicos de los que ha participado y la marca es Grovana.

El 17 de marzo de este año, la secretaria general de la Presidencia asistió a un acto por el 33º aniversario del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires.

En imágenes tomadas ese día por el fotoreportero Juan Mabromata, de la agencia internacional AFP (Agence France-Presse), se distingue un reloj en la muñeca de Karina Milei. Al hacer zoom a ese reloj se puede ver la marca: Grovana. Se trata del mismo reloj que aparece en el posteo viral.

El reloj que llevaba Karina Milei en el acto del 17 de marzo de 2025 por el 33.º aniversario del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires (AFP / Juan Mabromata)

Tras la viralización de los contenidos, la secretaria general de la Presidencia escribió el 18 de agosto en X: “Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”.

Y luego explicó: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”.

El mismo día, Pamela David, en Desayuno Americano, el programa que se emite por América, había dicho: “¿Nadie habla del Rolex de Karina de 35 mil dólares? Si es repostera no es Maru Botana para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla, pero anda con un Rolex de 35 mil dólares”.

Horas más tarde, la conductora señaló en su cuenta de X: “@KarinaMileiOk quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”.

Imagen comparativa entre el posteo viral y el reloj que llevaba Karina Milei el 17 de marzo último

¿Cuánto cuesta un reloj de la marca Grovana?

En la página oficial de la marca Grovana, dentro de la sección de “relojes de mujer”, aparece el modelo Kensington Royal. Aunque no es exactamente el mismo, es el más similar al que usa Karina Milei. Las únicas diferencias son el fondo dorado, y la ausencia de números romanos; en el resto de los detalles, el reloj es el mismo.

El Kensington Royal, según el sitio oficial, cuesta 269 francos suizos, lo que equivale a $ 430.677 o US$ 333.

En páginas de joyerías argentinas puede encontrarse ese reloj o similares a $ 1 millón, mientras que en plataformas como en eBay se encuentra a US$ 185 y en Etsy por 107 euros. Otros relojes similares de la misma marca tienen valores que van de los 199 a los 389 francos suizos, lo que no supera en ningún caso el $ 1 millón.

Verificación similar sobre CFK

En agosto de 2021, Chequeado realizó una verificación similar a una imagen de Cristina Fernández de Kirchner con una cartera azul bajando de un avión. Las publicaciones señalaban que tenía un valor de US$ 17 mil. Pero este medio pudo comprobar que la imagen era vieja, y que la cartera valía muchísimo menos.

La cartera no era un modelo Hermès —una marca francesa—, como señalaban los posteos, sino que era de Cardón, una tienda de indumentaria argentina. Aunque el modelo no se encontraba más disponible en la tienda online, mediante WayBack Machine —una biblioteca digital que preserva distintos archivos de Internet— Chequeado pudo comprobar que un modelo que se vendía en 2014 era similar —con la misma hebilla y tira que cuelga de la manija—, aunque en otro color al de la foto de la expresidenta, y costaba cerca de $ 3 mil de ese momento.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

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Autora: Rosario Marina

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Manuela Silva (AFP Factual)

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, mientras que el 7 de septiembre los bonaerenses elegirán legisladores provinciales y autoridades municipales, como concejales y consejeros escolares.

El fin de semana último, se viralizó un supuesto fragmento de una entrevista al gobernador bonaerense Axel Kicillof (Fuerza Patria) en la que es consultado por las propuestas del peronismo y contesta: “Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla”. Sin embargo, esto es falso: el video está editado y en la entrevista original el mandatario lista una serie de ideas.

En las horas previas a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, circularon dos videos donde supuestamente el líder del PRO, Mauricio Macri, y la candidata a legisladora por ese partido, Silvia Lospennato, anunciaban la baja de su candidatura para apoyar a Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza. Sin embargo, ambos contenidos habían sido generados con inteligencia artificial (IA).

En 2023, durante la campaña presidencial, circuló un video en el que se vio a Javier Milei cantando la marcha peronista junto a una multitud. Sin embargo, el audio de la grabación fue modificado. En el video original lo que se corea es el clásico slogan de La Libertad Avanza, “la casta tiene miedo”.

Como ocurre en la previa de cada elección, circulan en redes sociales videos manipulados o generados por IA con el propósito de generar desinformación. Por eso, en plena campaña es clave mantenerse alerta frente a posibles contenidos falsos y así evitar ser víctima de engaños.

¿Cómo identificar si un video fue generado con IA?

1. El diablo está en los detalles

Generalmente, los videos creados con IA suelen tener muy pocos detalles o los fondos aparecen difuminados. El MIT Media Lab, el laboratorio de la Escuela de Arquitectura y Planificación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, aconseja prestar atención a la cara de quien aparece en la grabación y hacerse algunas preguntas: “¿La piel se ve demasiado lisa o demasiado arrugada? ¿El envejecimiento de la piel es similar al del cabello y los ojos?”.

También es útil fijarse en los ojos y las cejas (¿aparecen sombras en lugares donde esperarías?), así como en los anteojos y la iluminación:¿hay algún deslumbramiento? ¿Son excesivos? ¿Cambia el ángulo del reflejo cuando la persona se mueve?

Otros detalles a los que prestar atención incluyen el vello facial o su ausencia, los lunares faciales (¿parecen reales?), al parpadeo (¿es suficiente o excesivo?) y a los movimientos de los labios (¿se ven naturales? ¿Están sincronizados con la voz?).

2. Volver a las fuentes

Si un video genera dudas sobre su autenticidad, un buen primer paso es buscar su fuente original. Es aconsejable hacer una búsqueda inversa del contenido para encontrar si algún sitio legítimo publicó más información que pueda ayudar a encontrar su origen.

3. Chequear las cuentas de los involucrados

En línea con el consejo anterior, otra recomendación es chequear si hay registros del contenido que circula en las cuentas o canales oficiales de las figuras involucradas.

4. Observar el ecosistema digital

Es importante identificar quiénes son las cuentas que están difundiendo en redes sociales estos videos generados con IA, con qué sentido y si repiten los mensajes en sus publicaciones.

5. La lectura crítica no pasa de moda

Cada vez existen más aplicaciones web que permiten verificar, con mayor o menor grado de precisión, si un contenido es real, ha sido manipulado o directamente es falso.

Entre las herramientas que ofrecen soluciones para detectar contenidos falsos se encuentran: Get Real, Hive Moderation, DeepFake-o-meter e InVid-WeVerify.

¿Cómo identificar si un video fue manipulado?

El primer paso hacer para verificar si un video es real o circula con el contexto adecuado es hacer una búsqueda inversa de alguno de los fotogramas para saber si ya existe un registro de ese video o si ya ha sido verificado previamente.

¿Cómo se hace la búsqueda inversa? Desde una computadora, hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es hacer clic derecho sobre un fotograma de la secuencia (que se puede obtener tomando una captura de pantalla) y seleccionar “Buscar con Google Lens”.

Otra opción es subir el fotograma descargado desde la computadora al buscador de Google. Para ello hay que entrar a Google.com y hacer clic en el ícono que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda. Ahí, se desplegará la opción de arrastrar una imagen desde el escritorio o subirla como archivo para realizar la búsqueda con Google Lens.

En pocos segundos, aparecerán decenas o cientos de resultados de sitios que han subido esa misma imagen o una similar. Google Lens también permite buscar la imagen completa o solo una parte de esta, así como copiar el texto o traducir una frase dentro de una fotografía.

Desde una computadora también se puede descargar la extensión de Chrome InVid-We Verify, una herramienta web de verificación codesarrollada por la AFP —que, junto a Chequeado, coordina la alianza Reverso—. Esta herramienta permite rastrear el origen de fotos y videos y verificar su autenticidad.

Al obtener resultados, es clave verificar la legitimidad de todos los sitios que publicaron el video: algunos contenidos pueden estar manipulados o fuera de contexto y circular desde hace años. Es preciso encontrar el contenido que se busca en sitios con buena reputación y fuentes originales.

Autora: Delfina Corti

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Manuela Silva (AFP Factual)

Esta nota es parte de Reverso , el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

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Durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el financiamiento universitario y los fondos para el Hospital Garrahan, el miércoles último se desarrolló otra jornada de protestas de jubilados, Abuelas de Plaza de Mayo y trabajadores del hospital pediátrico frente al Congreso. También se sumaron a la marcha manifestantes que cuestionan el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

A raíz de este hecho, comenzó a circular en redes sociales una imagen donde se ve a un policía golpeando a una persona discapacitada. “Mientras Diputados debatía leyes clave vetadas por Milei, la Policía avanzó contra manifestantes en el Congreso”, “El ejército pegándole a alguien en silla de ruedas debería ser un escándalo nacional”, “Esta foto resume el gobierno de Mil3i. Fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. El peor gobierno de la historia” (sic), dicen algunos de los posteos virales.

Sin embargo, la imagen no es actual ni fue tomada en la Argentina. La foto fue sacada en Bolivia, en 2016, en una protesta de personas con discapacidad que demandaban un bono mensual de 500 bolivianos.

Por qué se trata de una desinformación

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado —que coordina junto a AFP la alianza Reverso— confirmó que la imagen viral no es actual ni fue tomada en la Argentina. La pesquisa llevó a una nota publicada el 3 de mayo de 2016 por el sitio Univision Noticias y titulada: “La tortuosa protesta de los discapacitados en Bolivia”.

Entre la cobertura fotográfica que aparece en la entrada, está la imagen viral con el siguiente epígrafe: “No importó la condición de los manifestantes, la policía actuó severamente”.

El mismo rastreo condujo a un artículo de InfoDiez con la misma foto, publicado el 5 de mayo de 2017, bajo el título: “Lanzan documental sobre la lucha de los discapacitados en Bolivia”. En el cuerpo del texto, detalla: “El periódico británico, The Guardian, hizo público a nivel mundial el documental ‘The Fight’ (La lucha) sobre las protestas que protagonizaron el 2016 las personas con discapacidad de Bolivia en demanda de un bono mensual de 500 bolivianos”.

El documental, disponible en YouTube, registra algunos momentos de la lucha de las personas con discapacidad en Bolivia que recorrieron 380 kilómetros a través de Los Andes hasta La Paz como forma de protesta.

Por último, en la imagen viral se observa que el uniforme de uno de los policías lleva la bandera de Bolivia junto a la Wiphala, símbolo andino de los pueblos originarios que representa armonía, identidad y resistencia.

Qué propone la ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei

El Senado aprobó el 10 de junio la ley de emergencia en discapacidad hasta 2027, pero el presidente Javier Milei la vetó el 4 de agosto. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles, reformar pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, entre otras medidas.

El Gobierno rechazó la iniciativa llamándola “regresiva y asistencialista” y expresó preocupaciones sobre el costo fiscal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “no existen los recursos” para hacer frente a la actualización presupuestaria para el sector de la discapacidad.

En los considerando del veto, se destaca que “el equilibrio fiscal constituye una de los principales compromisos asumidos por el actual Presidente durante la campaña electoral”. Y agrega: “El proyecto no contiene disposición alguna referida a cómo se financiará el gasto que conlleva”.

Esta nota es parte de Reverso , el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a info@chequeado.com .

Autora: Delfina Corti

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2. Manuela Silva (AFP Factual)

-Circula en X una foto de un gaucho en la inauguración de la 137ª Exposición Rural portando una bandera de los Estados Unidos. “El ‘gauchaje’ ruralista de ‘Lamelas’...UNA VERGÜENZA NACIONAL…”, dicen algunos posteos, que contaron con más de 13 mil visualizaciones en X.

Esto es engañoso. Si bien es cierto que la foto fue tomada el sábado 26 de julio, durante la inauguración de La Rural, no fue la única bandera expuesta en el desfile: otros gauchos también portaron las de la Argentina, Suiza, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México.

La foto es real, pero la de Estados Unidos no fue la única bandera extranjera en el desfile

Una búsqueda inversa de la imagen llevó a la foto publicada en un carrusel de Instagram por el fotógrafo Martín Alberto Cossarini, junto a otras piezas de la cobertura del acto en La Rural.

En el posteo surgieron varias preguntas sobre la veracidad de la foto, a lo que el especialista respondió: “Sí, es real”. Sobre el contexto de la pieza, dijo que “había otros caballos con más banderas, este era el último y quedó separado del conjunto”.

Tras el discurso del presidente Javier Milei, hubo diversos desfiles en La Rural: la exhibición de “grandes campeones”, un desfile de maquinarias y un homenaje por los 100 años de la travesía de “Gato y Mancha”.

“Gato y Mancha” fueron 2 caballos argentinos que, montados por el profesor suizo del St. George’s College de Quilmes, Aimé Félix Tschiffely, partieron en 1925 desde el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en Buenos Aires, rumbo a Nueva York, en una travesía sin precedentes.

El viaje los llevó por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México. Tras 3 años y 243 días, el viaje culminó el 21 de septiembre de 1928.

En ese contexto, en la transmisión del desfile se puede ver que la bandera de los Estados Unidos no es la única que aparece: también lo hacen, sujetadas por otros gauchos en otros caballos, la de la Argentina, Suiza, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México.

Por todo esto, lo que sugieren los posteos es engañoso: la foto es real, pero la de Estados Unidos no fue la única bandera en el desfile.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

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por correo a info@chequeado.com.

Autora: Lucía Gardel

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Anella Reta (AFP)

En un nuevo año electoral clave para la Argentina, Reverso vuelve a ponerse en marcha. La primera y más ambiciosa alianza federal y colaborativa contra la desinformación electoral, impulsada por Chequeado y AFP Factual, se activa otra vez al ritmo de las campañas.

Reverso 2025 reúne a medios de todo el país y a organizaciones de la sociedad civil con un objetivo común: fortalecer la democracia garantizando el acceso a información verificada que permita a la ciudadanía tomar decisiones informadas.

Desde su creación en 2019, Reverso se activa en cada elección nacional para responder de forma coordinada al avance de la desinformación. Este año, del 1 de julio al 10 de diciembre, los medios aliados publicarán de forma conjunta verificaciones de contenidos virales sospechosos, para exponer y desalentar las narrativas falsas que buscan influir en la opinión pública.

Verificación colaborativa, difusión de datos confiables y campañas de alfabetización digital son algunas de las herramientas con las que Reverso busca proteger la integridad del debate público y el derecho de los votantes a informarse sin manipulaciones.

“La lucha contra la desinformación es un esfuerzo colectivo. Por eso, Reverso articula el periodismo con el trabajo de la sociedad civil, apoyándose en la colaboración, la tecnología y la educación”, afirmó Franco Piccato, director Ejecutivo de Chequeado. Y agregó: “En un año electoral, aportar evidencia y herramientas para enfrentar la desinformación es una forma concreta de cuidar la democracia”.

“Nuevamente la AFP se une a Chequeado para brindar información verificada a la ciudadanía durante un nuevo marco electoral”, señaló María Lorente, directora regional de AFP para América Latina, al subrayar: “En el contexto actual de desinformación y polarización, continuamos comprometidos con más y mejor periodismo”.

Con el apoyo del Fondo Internacional para los Medios de Interés Público (IFPIM), TikTok y Embajada de Suiza en Argentina, esta edición son aliados estratégicos de Reverso las organizaciones de la sociedad civil Avina, Chicos Net, Círculo de Políticas Ambientales, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Faro Digital, Fundación Compromiso, Potrero Digital, Wingu y los medios de comunicación 0221, ADNSur, Aire de Santa Fe, Ámbito, Análisis Digital, Bandera fueguina, C5N, C5N.com, Cable A Tierra, Chaco Día por Día, Clarín, Corrientes al día, Cronica.com.ar, elDiarioAR, DIB, El Ancasti, El Federal Rioja, El Liberal, El Litoral, El Territorio, FiloNews, Huarpe, Infopico, La Brújula 24, La Capital de Mar del Plata, La Gaceta, La Gaceta Digital, La Mañana de Formosa, La Nación, La Voz, Los Andes, MDZ online, Minuto Neuquén, Minuto Uno, Radio 10, Rosario3, Ruido, Todo Jujuy y Winfo.

Desde su lanzamiento en 2019, más de 150 medios y organizaciones se han sumado a Reverso para frenar el impacto de la desinformación durante los períodos electorales. Esta amenaza global pone en riesgo la integridad de los contenidos que circulan y el derecho de la ciudadanía a tomar decisiones informadas. La desinformación afecta la estabilidad democrática, debilita la confianza cívica y erosiona la cohesión social, en un contexto agravado por la aceleración tecnológica.

Para conocer más sobre el proyecto: reversoar.com

En un evento que resalta la excelencia en el periodismo de las Américas, Laura Zommer, una destacada periodista argentina, ha sido honrada con una Mención Especial en los prestigiosos Premios Maria Moors Cabot 2024. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia anunció esta semana los galardones, destacando la labor de Zommer en la lucha por la transparencia y la verificación de datos en una era marcada por la desinformación.

Laura Zommer es reconocida por su liderazgo en Chequeado.com, una organización sin fines de lucro pionera en la verificación de datos en América Latina. Desde su incorporación en 2012, ha transformado el panorama del periodismo digital en la región, desarrollando un equipo de 40 profesionales dedicados a desenmascarar la desinformación y las mentiras. Su labor no se ha limitado a la Argentina, sino que ha tenido un impacto significativo en toda América Latina, inspirando a otros periodistas y promoviendo la creación de nuevos sitios de verificación de datos.

Entre sus iniciativas más notables, Zommer cofundó Factchequeado, un proyecto destinado a la comunidad hispanohablante en Estados Unidos, y LatamChequea, la primera red latinoamericana de verificación de datos que incluye organizaciones de 19 países. Durante la pandemia de COVID-19, esta red fue crucial para combatir la desinformación, subrayando la necesidad de mayores recursos y legislación para proteger la transparencia.

“El premio es un reconocimiento enorme a un montón de esfuerzo y a mi convicción de que se puede hacer periodismo serio, con impacto, transparente, comprometido con la comunidad, sin estar en un gran medio, creando algo de cero”, dijo Zommer a elDiarioAR.

Desde la sede de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés), en Los Ángeles, Estados Unidos, la ex directora general de Chequeado sostuvo que la distinción es, también, “un llamado de atención sobre qué puede pasar con la desinformación en las elecciones de Estados Unidos”, en las que se enfrentarán el actual presidente, Joe Biden (Partido Demócrata), y su antecesor, Donald Trump (Partido Republicano).

“Es un premio a mi trayectoria pero que incluye mi presente, que es mi trabajo con Factchequeado, que tiene que ver con el proyecto que lanzamos desde Chequeado y Maldita, y también con lo que hicimos en Chequeado durante muchos años. Así que creo que también es un reconocimiento a ese esfuerzo de equipos que muchos años la luchamos y la peleamos. El reconocimiento siempre es bueno”, afirmó.

El reconocimiento a Laura Zommer se enmarca dentro de una ceremonia que también celebró a otros destacados periodistas y organizaciones de noticias por su cobertura del hemisferio occidental. Los medallistas de oro del Premio Cabot 2024 son Lalo de Almeida, fotógrafo documental, Brasil; Carlos Ernesto Martínez, El Faro, El Salvador; John Otis, NPR, Comité para la Protección de los Periodistas, Estados Unidos; y Frances Robles, The New York Times, Estados Unidos.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 8 de octubre en la Biblioteca Low de la Universidad de Columbia, donde Zommer y otros galardonados serán homenajeados por su contribución al periodismo. Rosental Alves, presidente de la junta directiva de Cabot, destacó la importancia de este reconocimiento en un contexto de creciente autoritarismo y desinformación.

La distinción de Laura Zommer en los Premios Maria Moors Cabot subraya el impacto de su labor en la promoción de la verdad y la transparencia, estableciéndola como una figura clave en el periodismo moderno en las Américas.

JJD

“El sector privado formal se encuentra congelado: hace 12 años que no se produce un solo puesto de trabajo nuevo”

VERDADERO

Desde enero de 2012 hasta febrero de 2024 (último dato disponible), la cantidad de empleados con trabajo registrado en el sector privado aumentó en 243 mil. Sin embargo, si se toma como referencia el crecimiento poblacional de este período –como recomiendan los especialistas–, la cantidad de asalariados del sector privado formal cayó en un 7%.

Los datos surgen del último informe publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, “Situación y evolución del trabajo registrado”, que analiza la cantidad de puestos de trabajo registrados existentes según cada subsector laboral. 

De acuerdo a estos datos, la cantidad de trabajadores registrados privados pasó de 6,06 millones a 6,31 millones en los últimos 12 años, desde enero de 2012 (cuando inicia la serie de estadísticas del ministerio) hasta febrero de 2024.

No obstante, para medir una variable como el empleo en un lapso amplio de tiempo, es necesario tomar en cuenta el crecimiento poblacional a fin de contemplar si hubo un incremento en la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral. Así, se observa que la cantidad de empleados registrados del sector privado cada 100 habitantes se redujo en un 7% desde 2012.

“Aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos”

DISCUTIBLE

El dato coincide con un informe de la Fundación Libertad y Progreso –que dirige el economista Aldo Abram–, que indica que “el promedio de ingreso per cápita para las economías libres es 12,8 veces mayor al de economías con libertades reprimidas”.

Sin embargo, existen diferencias entre los especialistas con respecto a la correlación directa entre la libertad económica y la riqueza de los países. 

Para llegar a esta conclusión, el trabajo de Libertad y Progreso utiliza como base el Índice de Libertad Económica que elabora la Fundación Heritage de los Estados Unidos. Este índice mide el grado de libertad económica de los países a partir de 12 indicadores y otorga un puntaje entre 0 y 100, donde 0 significa “ausencia de libertad económica” y 100, “libertad económica total”. 

Partiendo de este ranking, el trabajo de Libertad y Progreso tuvo en cuenta el ingreso promedio por habitante de cada uno de los grupos de países, y concluyó que en aquellos considerados “libres” este indicador es 12,8 veces superior al de los “reprimidos”. 

No obstante, Nicolás Ajzenman, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía de la Univesidad McGill (Canadá), aseguró que “no hay nada en esa correlación que hable de la causalidad de una variable sobre la otra”. Para el especialista, no se presentan conclusiones sólidas que demuestren que el mayor ingreso promedio de los ciudadanos esté relacionado con los niveles de libertad de la economía. 

Por el contrario, un estudio realizado por los economistas José Álvarez Arce y Manuel Vega-Gordillo -publicado por el Instituto CATO de los Estados Unidos- concluye que “la libertad económica fomenta el crecimiento económico. Hasta donde sabemos, este vínculo causal aparece como una regularidad empírica en la mayor parte de la literatura que aborda el tema. La liberalización del mercado parece ser una reforma institucional apropiada para los países cuyas preocupaciones incluyen el crecimiento económico”.

“Argentina entró al siglo XX siendo uno de los más ricos del mundo y, sin embargo, hoy está en el puesto 140 del ranking mundial”

FALSO

Según la base Maddison, la serie de datos históricos sobre desarrollo económico más confiable y la única con datos anteriores a 1900, la Argentina comenzó el siglo XX en el puesto 13 entre 45 países relevados (según el PBI per cápita medido en Paridad del Poder Adquisitivo -PPA-).

En tanto, en el año 2018 (último dato disponible de la serie Madison) la Argentina ocupaba el puesto número 64 (el PBI per cápita PPA del país era de US$ 18,6 mil) sobre 169 países. 

Una fuente alternativa que también mide los ingresos de los países es el Banco Mundial. Según la última estimación de la entidad, tomando el PBI per cápita medido en PPA a precios constantes de 2017, la Argentina se ubicó en 2022 en el puesto 57 entre más de 150 países. 

“De los últimos 123 años la Argentina tuvo déficit fiscal en 112”

VERDADERO

De acuerdo con una serie histórica elaborada en base a los datos de un libro del economista Orlando Ferreres y del Ministerio de Economía de la Nación, la Argentina registró déficit fiscal financiero (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos totales, incluyendo el pago de intereses de la deuda) en 112 de los últimos 123 años.

Agustina Marante, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesora especializada en Teoría Económica y Monetaria en la Universidad de Belgrano, indicó a Chequeado que el trabajo de reconstrucción de datos de Ferreres “es confiable para realizar análisis económicos históricos”. Y agregó: “Es la que habitualmente utilizamos los economistas en nuestras investigaciones porque hasta mediados del siglo XX no se publicaban muchos datos oficiales”. 

En coincidencia, Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), también consideró que la serie de Ferrares “es confiable”. 

“El salario promedio en dólares en la década de los ‘90 había llegado a los US$ 1.800, que en moneda de hoy serían US$ 3.000”

INSOSTENIBLE

La mayoría de los especialistas señalan que no es recomendable medir los salarios en dólares. Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dijo a Chequeado en esta nota que “es difícil saber si somos pobres o no en relación a lo que podemos comprar del mundo”. 

Por su parte, Joan Manuel Vezzato, politólogo, maestrando en Sociología Económica y analista en la organización Fundar, explicó a este medio: “Analizar los salarios en dólares te puede servir para analizar el costo empresario y la competitividad, pero no te dice nada del nivel de vida, ni del poder adquisitivo. Por eso, el análisis más difundido es por índice de precios”. 

Si se analiza el poder adquisitivo de los salarios según la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), en enero de 1995 el salario promedio de un trabajador registrado ($ 935) equivalía a unos $ 657 mil actuales. 

En términos reales (es decir, contemplando el efecto de la inflación), en marzo de 2024 (último dato disponible) el sueldo promedio de un trabajador registrado era de $ 705.832 ($ 465.784,4 a valores de diciembre de 2023), un 29,1% inferior al registrado en 1995. 

En tanto, si se tiene en cuenta el cálculo expresado por Milei (esto es, la evolución de los salarios medidos en dólares según la inflación de los Estados Unidos) a valores actuales un sueldo de enero de 1995 equivaldría a US$ 1.900 y no a US$ 3.000, como afirmó. 

“Si lo actualizamos al valor de hoy, el año pasado el Estado nacional gastó $ 5,4 billones en transferencias discrecionales a las provincias”

VERDADERO

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía, la Nación realizó transferencias “discrecionales” durante 2023 por un monto equivalente a $ 2.481.183 millones. Actualizado el número por inflación al valor de enero de 2024, esto es $ 5,1 billones. 

Existen 2 tipos de transferencias a las provincias por parte de la Nación: las automáticas, que se reparten por ley y de forma diaria a partir de la recaudación de impuestos; y las no automáticas o “discrecionales” (a las que se refirió el Presidente en el libro), cuyo reparto no en todos los casos está definido por leyes y depende de la Nación. 

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación, en 2023 las transferencias discrecionales de Nación a las provincias ascendieron a $ 2.481.183,1 millones.

Si se actualiza con el Índice de Precios del Consumidor para poder calcular el valor actual de esas transferencias, el resultado es $ 5.148.469,9, es decir $ 5,1 billones. Este número se acerca al mencionado por el presidente Javier Milei: $ 5,4 billones.

“Estamos en un momento de alta temperatura pero no difiere del ciclo natural”

FALSO

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que “la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes en al menos los últimos 2 mil años”.

El informe -elaborado por investigadores de todo el mundo, incluyendo a la Argentina- también asegura que “es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra” y que “cada una de las últimas 4 décadas ha sido sucesivamente más cálida que cualquier década que la precedió desde 1850”.

El estudio destaca el carácter excepcional de la situación actual. Indica que “la temperatura de la superficie global ha aumentado más rápidamente desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2 mil años”. 

Además, añade que “las temperaturas durante la última década (2011-2020) superan las del período cálido de varios siglos más reciente, hace unos 6.500 años [0,2° C a 1° C en relación con 1850-1900]”, mientras que, “antes de eso, el siguiente período cálido más reciente fue hace unos 125 mil años, cuando la temperatura de varios siglos [0,5° C a 1,5° C en relación con 1850-1900] se superpone a las observaciones de la década más reciente”.

Una de las formas más inmediatas en que el cambio climático nos afecta es a través de sus impactos en los eventos climáticos extremos. A medida que sube la temperatura, los mismos se vuelven más fuertes, frecuentes y/o intensos. Muchos de los efectos que especialistas predijeron hace décadas ya están ocurriendo, como la pérdida de hielo marino, el derretimiento de los glaciares y olas de calor más intensas.

“El 70% de los chicos de tercer grado no puede resolver un problema de matemática básica”

VERDADERO

Según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), en 2019 el 73,4% de los alumnos de tercer grado no podían resolver problemas simples de matemáticas. 

El ERCE es una evaluación estandarizada realizada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y aplicada en América Latina y el Caribe para medir el aprendizaje de los alumnos en distintas áreas. El último estudio se realizó en noviembre último, pero los datos aún no están disponibles. 

La prueba ERCE divide los conocimientos de los alumnos de tercer grado en 4 niveles. Aquellos que se encuentran en el primer nivel -que incluye el 48,9% del total- son los que están por debajo del “nivel mínimo de competencia establecido”. Aquellos que se encuentran en el segundo nivel -el 24,5%- son capaces de reconocer objetos y situaciones, pero no de resolver problemas simples. 

Por lo tanto, el 73,4% de los alumnos de tercer grado no resuelven problemas simples de matemáticas, cifra que concuerda con lo publicado por el Presidente. 

Los niveles 3 y 4 -que incluyen al 26,6% de los alumnos de tercer grado- son aquellos que demuestran que los niños son capaces de resolver problemas simples y complejos de matemáticas.

“La pobreza se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años”

INSOSTENIBLE

Diferentes especialistas coinciden en señalar que no es posible comparar los datos de pobreza actuales con los de la década del ‘70, debido a las diferencias metodológicas utilizadas y las distintas canastas de consumo que se emplearon a lo largo de los años.

Agustín Arakaki, economista del Centro de Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó en esta nota que la serie oficial del INDEC comenzó en mayo de 1988 y mostró que el 29,8% de las personas del Gran Buenos Aires (GBA) estaban en la pobreza en ese momento.

Según un estudio del CEPED, en 1974 la pobreza alcanzaba al 4,6% de hogares en el GBA. Pese a que no había mediciones de pobreza oficiales, o que no existe una serie que llegue hasta 1974, la estimación se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, sobre la que sí hay datos disponibles de ese momento.

Sin embargo, Arakaki aclaró que “estos datos no serían comparables porque fueron estimados con metodologías distintas”. Además, destacó que “el INDEC nunca publicó un empalme oficial entre las distintas metodologías de estimación de pobreza por ingresos”.

Por su parte, Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata señaló en esta nota que “es prácticamente imposible determinar el nivel de pobreza de 1974 que sería comparable con el actual”. Y agregó que “llevar hacia atrás la metodología actual (basada en los patrones de consumo actuales) pierde bastante sentido, ya que los patrones de consumo eran, como es obvio, muy diferentes en 1974”

“En los últimos 10 años (el sistema previsional) incorporó a casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias”

EXAGERADO

De acuerdo con los datos oficiales, entre 2014 y 2024 se sumaron al sistema 3 millones de beneficiarios a partir de moratorias, y no todas las personas que se incorporaron carecían de aportes: de acuerdo con datos parciales, algunas habían realizado contribuciones, pero no contaban con los 30 años exigidos por la ley. 

De acuerdo con los datos del Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social que elabora la ANSES, entre 2014 y marzo de 2024 se incorporaron al sistema 3 millones de beneficiarios a través de las moratorias. Es decir, se trata de una cifra inferior a la indicada por el Presidente. 

Con respecto a los años de aportes que habían realizado las personas que se incorporaron a la moratoria, Rafael Rofman, especialista en previsión social, indicó a Chequeado que “no es cierto que todos los que se incorporan por moratoria no tienen aportes”, como afirmó Milei. 

“Lamentablemente no están publicados los datos detallados con anterioridad a 2018, y los que están son solo para las jubilaciones por vejez. Pero, como indicador, de los 1,1 millones de altas por jubilación por vejez con moratorias otorgadas entre 2018 y 2023, sólo un 31% corresponden a personas que no tenían aportes al sistema”.