Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezados por sus representaciones gremiales ADUBA, APUBA y FUBA, se encolumnaron este miércoles desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales en la denominada Marcha de las Velas.

La convocatoria se realizó para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que “el Gobierno Nacional no aplica desde hace más de un año, desconociendo todas las instancias legislativas y judiciales que la avalan”, señalaron desde esa casa de altos estudios a través de un comunicado.

Asimismo, y cuando el grupo llegó a Tribunales, se realizó una clase pública de Derecho Constitucional, a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. Al concluir el encuentro, los participantes cantaron el himno nacional y dejaron sus velas encendidas frente al Palacio de Justicia.

El conflicto 

La gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal negativo.

Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.

Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y no docentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.

A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.

Qué dicen desde los sindicatos

Ya desde los inicios mismos de la actual gestión del Gobierno Nacional las cosas estuvieron claras. Después de una ingeniosa campaña electoral en la que el entonces candidato Javier Milei esgrimía una enorme motosierra en cada aparición pública y juraba que el ajuste que él mismo prometía y deseaba recaería en la “casta política”, llegó el triunfo en el balotaje y posteriormente la asunción del gobierno libertario el 10 de diciembre de 2023. 

A las pocas semanas de haber asumido, con una inflación que cada día que pasaba se aceleraba más (llegó al 25,5% en ese primer mes y a 20,6% en enero 2024) producto de una fuerte devaluación que alcanzó el 118%, los trabajadores y trabajadoras universitarios supimos, sin lugar a dudas, que este gobierno venía a destruir el salario y el empleo público. Con especial énfasis en dos sectores: salud y educación. Si bien esto podía preverse, una vez al mando del poder ejecutivo, no hubo ya lugar para ninguna distracción posible. 

El recorte más abrupto fue llevado a cabo en esos primeros meses. La escalada inflacionaria no fue acompañada por aumentos salariales semejantes, sino por sumas infinitamente menores. La Paritaria misma, espacio de negociación y diálogo entre la representación gremial y la administración nacional, se transformó rápidamente en un trámite express en el cual el Gobierno, a través de los funcionarios del área educativa, simplemente se limitó a anunciar el aumento de cada período, como dijimos absolutamente menor. 

Fue así que al finalizar el primer semestre de 2024, trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes ya habíamos sido despojados de la mitad de nuestro poder adquisitivo. Parece increíble leerlo pero esto fue lo que pasó. No hay antecedentes desde el retorno de nuestra valiosa democracia de un deterioro salarial similar en tan poco tiempo.

Frente a ello, con una negociación paritaria que se revelaba estéril en la práctica, las organizaciones sindicales universitarias se vieron obligadas a buscar distintos métodos para reclamar y presionar por la situación salarial. Paros, jornadas de visibilización, abrazos simbólicos, clases públicas y otras medidas se fueron sucediendo con el tiempo, en un continuo que tuvo sus grandes hitos en las, hasta el momento, cuatro marchas federales universitarias que se encuentran entre las más masivas de las últimas décadas. Allí pudo observarse el lugar que la educación pública ocupa en nuestra historia y en las entrañas mismas de nuestro pueblo.

Pero no solamente estas medidas fueron las actividades generadas por la comunidad universitaria. El escenario, inédito como dijimos, comenzó pronto a abrirse en tres dimensiones. Como un juego de damas chinas, al tablero sindical tradicional, compuesto por marchas, paros, negociación paritaria, etc, se le adosaron en el camino dos nuevos tableros: el legislativo y el judicial.

En el plano legislativo, APUBA y el resto de las organizaciones mantuvieron desde comienzos de 2024 reuniones junto a legisladores de las distintas fuerzas para concientizarlos sobre la grave situación de las Universidades Nacionales y acerca de la necesidad de obtener una Ley que garantizara una base mínima de financiamiento y recuperación salarial. Así, a mediados de 2024 se aprobó la Ley que declaraba la “emergencia presupuestaria” y ordenaba la recomposición buscada. Pero a las pocas semanas el Presidente Milei vetó la norma y ese mismo veto no pudo ser frenado por no alcanzar la difícil marca exigida por la Constitución Nacional de los dos tercios de ambas Cámaras. La lucha siguió así por otras vías ya que el terreno legislativo estaba anulado en el ejercicio de ese año. Pero en 2025 llegaría la revancha: nuevamente luego de gestiones con legisladores de diferentes fuerzas políticas y por el apoyo masivo de toda la sociedad manifestado en las subsiguientes marchas, la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada y el previsible veto presidencial esta vez sí fue derrotado al alcanzarse la mayoría absoluta requerida en ambas cámaras. Digámoslo con claridad: la Ley establece, entre otras cosas, que los salarios docentes y nodocentes deben actualizarse conforme la variación acumulada de la inflación (medida por IPC) desde el 10 de diciembre de 2023. La batalla legislativa se había coronado con una enorme victoria.

Sin embargo, desde ese momento, el Gobierno Nacional se ha venido negando a cumplimentarla de manera completa, bajo argumentos presupuestarios de escasa validez. Eso determinó que la disputa se iniciara también en el terreno judicial. Este tercer tablero, con sus tiempos y artimañas conocidas, es el que viene enfrentando la comunidad universitaria en su conjunto, con diferentes victorias parciales a partir de las demandas presentadas, que incluyen hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien hasta el momento, todas las veces que la justicia argentina dictaminó sobre el tema lo hizo dando la razón a las Universidades, el gobierno nacional ha hecho uso de todas las apelaciones y demoras posibles, en un escenario realmente disparatado. 

Ni siquiera el acuerdo, temporal y paliativo, alcanzado en junio de 2026 superaba la mitad de lo que la Ley determina. Fue simplemente una escala, necesaria pero insuficiente, hacia la activación definitiva de la norma que nunca llegó. Frente a esta situación y constatando durante todo este largo camino que es intención visible de quienes conducen el país destruir por completo las Universidades Públicas, la acción gremial fue buscando diferentes alternativas de protesta y presión en busca de nuestros objetivos sin descuidar el funcionamiento de la Universidad, herramienta de movilidad social y lugar de pertenencia de quienes trabajamos en ella. Por eso, en esta última etapa, se ha procurado sostener el reclamo sin cesar por entero ni el dictado de clases, ni la salud pública de nuestros Hospitales, donde se atienden los sectores más necesitados del pueblo argentino.  

En estas semanas, se optó por establecer un extenso cronograma de paros por Facultad, de manera de visibilizar el conflicto pero al mismo tiempo no dañar severamente la función de nuestras Universidades. Se trata de una medida que abarca más de veinte días hasta culminar en la 5ta Marcha Federal Universitaria, que estimamos será masiva a lo largo y a lo ancho de nuestro país, para conseguir alcanzar la implementación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario como lo aprobó el Congreso de la Nación y lo exige la Justicia argentina. 

En esta disputa de largo aliento, ya no hay espacio para más dilaciones. En democracia la Ley se cumple. Y no vamos a parar hasta lograrlo.

La defensa de la educación pública y de la soberanía nacional reunirá este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en una movilización que tendrá su epicentro frente al Congreso. La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con una jornada de protesta contra el DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó, entre otras normas, la Ley de Tierras, que establecía límites a la propiedad extranjera de territorios rurales.

La convocatoria, que se replicará en distintas ciudades del país, tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. También se exigirá la protección de los recursos naturales, la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y medidas frente al creciente endeudamiento de las familias.

En la Ciudad de Buenos Aires, las primeras actividades están previstas desde las 10.30, mientras que distintas organizaciones comenzarán a concentrarse entre las 12.30 y las 13.30 en las inmediaciones del Congreso. Las dos CTA convocaron a reunirse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, y el acto central universitario está anunciado para las 16 en la Plaza del Congreso.

La movilización contará con la participación de las centrales sindicales, gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, colectivos ambientalistas, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones políticas de la oposición.

La universidad pública vuelve a las calles

La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

La legislación establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y sostener las actividades académicas y científicas. Sin embargo, el Gobierno condicionó su puesta en marcha a la identificación de fuentes presupuestarias, una decisión que dio lugar a distintas presentaciones judiciales.

El conflicto sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba avanzar con las recomposiciones salariales y las becas.

La sanción se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional denunciara que el Ejecutivo había dejado vencer los plazos fijados por la Justicia sin concretar las actualizaciones reclamadas. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.

Además de exigir la aplicación de la ley, las universidades cuestionan las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027, que consideran insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo y científico.

En su convocatoria, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que la movilización busca defender tanto la educación superior como la investigación científica. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, convocó a sumarse a los reclamos por la soberanía, la democracia y los derechos de las personas con discapacidad.

La soberanía y la Ley de Tierras, otro eje de la protesta

La marcha también estará atravesada por el rechazo al DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones y derogaciones en numerosas leyes. Entre ellas se encuentra la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Esa legislación fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario. Su derogación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sectores políticos, movimientos sociales y agrupaciones de excombatientes de Malvinas.

La discusión volvió a ocupar el centro de la escena después de una serie de decisiones judiciales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover esa acción.

Sin embargo, el 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso restablecer provisoriamente los efectos de una medida cautelar que protege la vigencia de la Ley de Tierras, en el marco de otra presentación judicial impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación, por lo que las organizaciones convocantes mantienen el reclamo de una solución legislativa.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también anunció su participación en la jornada y vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los recursos nacionales y el derecho a una educación y una cultura propias.

Una sesión en Diputados contra el DNU de Milei

La movilización coincidirá con una sesión especial convocada por distintos bloques opositores en la Cámara de Diputados para las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa destinada a atender el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

La oposición buscará reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate. El decreto ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero todavía necesita el rechazo de la Cámara baja para quedar sin efecto.

Entre los espacios que impulsan la sesión se encuentran Unión por la Patria, sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otras bancadas opositoras. No obstante, persisten las dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el rechazo del decreto.

Las organizaciones que convocan a la protesta consideran que la presencia de manifestantes frente al Congreso puede contribuir a respaldar el tratamiento parlamentario de las iniciativas.

Paro de ATE y adhesión de las centrales sindicales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves, acompañado de movilizaciones y otras medidas de protesta. El sindicato reclama la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de la soberanía nacional frente a la extranjerización de las tierras.

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la utilización de decretos para modificar leyes y convocó a los trabajadores estatales a participar de la jornada.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma llamaron a movilizarse con cese de actividades y abandono de tareas. Ambas centrales plantearon que la protesta debe reunir los reclamos de las universidades, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

También se sumarán organizaciones vinculadas a la economía popular, agrupaciones de inquilinos y colectivos que reclaman medidas frente al endeudamiento de los hogares.

Movilizaciones en todo el país

La protesta tendrá expresiones en distintas provincias, con concentraciones organizadas por universidades, federaciones estudiantiles y sindicatos locales.

En Córdoba, la marcha comenzará a las 15.30 y recorrerá el centro de la capital provincial hasta la plaza Doctor Dalmacio Vélez Sársfield, donde está previsto un acto a las 18. La Universidad Nacional de Córdoba recomendó suspender las actividades académicas obligatorias durante parte de la tarde para facilitar la participación.

En Neuquén, las organizaciones universitarias convocaron a concentrarse a las 17 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, con una movilización prevista para las 18. En General Roca, la concentración será a las 17 en la Plaza San Martín, mientras que en Bariloche los manifestantes se reunirán a las 17.30 en Onelli y Moreno.

La Universidad Nacional del Nordeste también convocó a marchar en Corrientes y Resistencia. En ambas ciudades, las concentraciones comenzarán a las 17.30 y las columnas partirán a las 18 hacia las respectivas plazas 25 de Mayo.

Con reclamos que abarcan desde el presupuesto universitario hasta la propiedad de las tierras rurales, la jornada buscará reunir distintas expresiones de oposición a las políticas del Gobierno. El resultado de la sesión en Diputados y la respuesta del Ejecutivo a las demandas de las universidades serán dos de los puntos centrales de una protesta que volverá a poner en discusión el financiamiento de la educación pública y la soberanía nacional.

CRM

El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a cumplir con la normativa.

El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un “gravamen irreparable”.

Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” ya que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que argumentan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Sobre los recursos para su cumplimiento, remarcaron que afecta al equilibrio fiscal, y que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron. En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

Por otro lado, manifestaron que la confirmación del fallo afectaría a la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

La intimación de la Justicia

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había vuelto a intimar al Poder Ejecutivo el pasado 30 de septiembre para que cumpliera de manera íntegra con la ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al considerar que el Gobierno no acreditó la actualización salarial completa de docentes y no docentes ni la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles exigidos por la norma. La resolución, dictada en el marco de una causa colectiva iniciada por universidades nacionales, mantuvo firme la cautelar y ordenaba al Estado a cumplirla en un plazo de cinco días.

Actualización salarial: el juez detectó desvíos respecto del IPC

El primer punto analizado por el magistrado es el artículo 5° de la ley, que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada en ese período. Además, la ley exige convocatorias paritarias periódicas y la incorporación plena de sumas no remunerativas a los básicos.

Según el fallo, el Gobierno acreditó haber convocado a paritarias y haber emitido órdenes de pago, pero no demostró que los aumentos otorgados se ajusten al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como exige la ley. Cormick subrayó que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 —fecha en que la cautelar quedó firme— fue del 312,19%, y que las erogaciones informadas por el Ejecutivo “no alcanzan dicho incremento”.

El juez también recordó que los argumentos del Gobierno ya habían sido rechazados en septiembre, cuando se negó el levantamiento de la cautelar. Por eso, sostuvo que “no se ha agotado el alcance de la medida” y que la obligación de actualización salarial continúa vigente.

Becas estudiantiles: el Gobierno solo actualizó un programa

El segundo eje del fallo es el artículo 6° de la ley, que ordena la recomposición automática de todos los programas de becas —Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros— según la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además del incremento progresivo de beneficiarios.

Cormick señaló que el propio informe del Ejecutivo reconoce haber actualizado únicamente las Becas Manuel Belgrano, bajo el argumento de que las demás no encuadran en la ley. El juez rechazó esa interpretación y afirmó que el cumplimiento informado “no cubre lo decidido cautelarmente”, ya que la norma menciona explícitamente a Progresar, Enfermería y otros programas.

Una cautelar firme y un nuevo ultimátum

Con estos elementos, el magistrado resolvió mantener el criterio fijado en su resolución del 22 de septiembre y volvió a intimar al Estado Nacional a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días. El apercibimiento de astreintes —multas económicas por incumplimiento— permanece vigente, aunque aún no se hizo efectivo.

El fallo también desestimó el recurso de apelación en subsidio presentado por el Gobierno, al considerar que no existe un “agravio concreto y actual” que justifique su concesión.

Un conflicto que escala en el sistema universitario

La resolución de Cormick se inscribe en un escenario de tensión creciente entre las universidades públicas y el Gobierno por el financiamiento del sistema, la actualización de salarios y el sostenimiento de las becas. La ley 27.795, aprobada con amplio consenso parlamentario, fue presentada como un marco de protección frente al deterioro presupuestario y la caída del poder adquisitivo en el sector.

Con este nuevo fallo, el juez reforzó la obligación del Ejecutivo de aplicar los mecanismos de actualización previstos por la ley y de garantizar la recomposición de los programas de becas, un punto clave para la permanencia estudiantil en un contexto de inflación persistente y recortes presupuestarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick volvió a intimar al Poder Ejecutivo para que cumpla de manera íntegra con la ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al considerar que el Gobierno no acreditó la actualización salarial completa de docentes y no docentes ni la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles exigidos por la norma. La resolución, dictada en el marco de una causa colectiva iniciada por universidades nacionales, mantiene firme la cautelar y ordena al Estado a cumplirla en un plazo de cinco días.

La decisión llega luego de que el gobierno libertario intentara revertir la intimación previa mediante un planteo de revocatoria. Cormick rechazó el pedido y amplió los fundamentos del incumplimiento, en los que señala que la documentación presentada por la administración Milei “solo permite verificar un cumplimiento parcial” de las obligaciones fijadas por la ley.

Actualización salarial: el juez detectó desvíos respecto del IPC

El primer punto analizado por el magistrado es el artículo 5° de la ley, que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada en ese período. Además, la ley exige convocatorias paritarias periódicas y la incorporación plena de sumas no remunerativas a los básicos.

Según el fallo, el Gobierno acreditó haber convocado a paritarias y haber emitido órdenes de pago, pero no demostró que los aumentos otorgados se ajusten al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como exige la ley. Cormick subrayó que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 —fecha en que la cautelar quedó firme— fue del 312,19%, y que las erogaciones informadas por el Ejecutivo “no alcanzan dicho incremento”.

El juez también recordó que los argumentos del Gobierno ya habían sido rechazados en septiembre, cuando se negó el levantamiento de la cautelar. Por eso, sostuvo que “no se ha agotado el alcance de la medida” y que la obligación de actualización salarial continúa vigente.

Becas estudiantiles: el Gobierno solo actualizó un programa

El segundo eje del fallo es el artículo 6° de la ley, que ordena la recomposición automática de todos los programas de becas —Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros— según la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además del incremento progresivo de beneficiarios.

Cormick señaló que el propio informe del Ejecutivo reconoce haber actualizado únicamente las Becas Manuel Belgrano, bajo el argumento de que las demás no encuadran en la ley. El juez rechazó esa interpretación y afirmó que el cumplimiento informado “no cubre lo decidido cautelarmente”, ya que la norma menciona explícitamente a Progresar, Enfermería y otros programas.

Una cautelar firme y un nuevo ultimátum

Con estos elementos, el magistrado resolvió mantener el criterio fijado en su resolución del 22 de septiembre y volvió a intimar al Estado Nacional a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días. El apercibimiento de astreintes —multas económicas por incumplimiento— permanece vigente, aunque aún no se hizo efectivo.

El fallo también desestimó el recurso de apelación en subsidio presentado por el Gobierno, al considerar que no existe un “agravio concreto y actual” que justifique su concesión.

Un conflicto que escala en el sistema universitario

La resolución de Cormick se inscribe en un escenario de tensión creciente entre las universidades públicas y el Gobierno por el financiamiento del sistema, la actualización de salarios y el sostenimiento de las becas. La ley 27.795, aprobada con amplio consenso parlamentario, fue presentada como un marco de protección frente al deterioro presupuestario y la caída del poder adquisitivo en el sector.

Con este nuevo fallo, el juez refuerza la obligación del Ejecutivo de aplicar los mecanismos de actualización previstos por la ley y de garantizar la recomposición de los programas de becas, un punto clave para la permanencia estudiantil en un contexto de inflación persistente y recortes presupuestarios.

El gobierno de Javier Milei se quedó sin mas cartas para jugar y tendrá que actualizar los salarios docentes y becas estudiantiles de las universidades públicas del país. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al desestimar el recurso extraordinario que había presentado la gestión libertaria contra la medida cautelar que ordenaba cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la decisión del máximo tribunal debería poner fin al conflicto originado luego de que el Ejecutivo vetara la ley bajo el argumento de que el Congreso no determinó las fuentes específicas para solventarla.

El fallo de la Corte obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso. La postura del Ejecutivo tuvo un fuerte impacto en el presupuesto universitario y también en la recomposición salarial ya que la norma establece una actualización y recomposición de los sueldos de docentes y no docentes de las universidades nacionales y del monto de las becas estudiantiles.

El máximo tribunal resolvió dejar en firme la decisión dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con lo establecido en la ley.

El conflicto surgio a partir del decreto 759/2025 que estableció que las actualizaciones sólo podrían concretarse si el Congreso determinaba las fuentes de financiamiento. Así, el choque institucional escaló al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

Un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes, con motivo de la cuarta marcha federal universitaria contra la gestión libertaria, describe el deterioro financiero que produjo la decisión del Ejecutivo: Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también detalla el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

Este fallo de la Corte vuelve a meter presión sobre el Gobierno que el pasado 10 de junio tuvo que acordar con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y fue respaldado por los gremios del sector, aunque no implica el cierre definitivo del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada.

CC

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini resolvieron este martes tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el impacto del ajuste sobre la educación pública.

La decisión fue adoptada en asambleas estudiantiles realizadas durante la jornada, en las que participaron decenas de alumnos de ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según resolvieron los estudiantes, la protesta comenzó este martes a la noche, una vez finalizado el turno vespertino, y se desarrolla bajo la modalidad de toma con permanencia dentro de los edificios.

Pese a la ocupación, las clases no quedarían completamente suspendidas. De acuerdo con lo acordado en las asambleas, cada estudiante podrá optar por adherirse o no a la medida y, en paralelo, se organizarán clases públicas y actividades abiertas para visibilizar el reclamo.

El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, explicó en declaraciones a A24 que la intención es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. Además, señaló que la continuidad de la medida será evaluada día a día en nuevas asambleas.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La principal exigencia apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales e instituciones dependientes.

Sin embargo, la norma actualmente se encuentra judicializada y su aplicación quedó suspendida mientras se define el esquema de partidas presupuestarias. El Gobierno nacional apeló fallos iniciales que ordenaban implementar los artículos vinculados a recomposición salarial y financiamiento educativo.

En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones automáticas del presupuesto a que la inflación anual supere el 14,3%.

Paro docente universitario

La toma de los colegios se produce además en medio de un conflicto más amplio dentro del sistema universitario nacional.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes en reclamo de paritarias y mejoras salariales.

“Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó el gremio en un comunicado.

La medida también cuenta con el acompañamiento de otros sindicatos del sector, como Conadu y Conadu Histórica, que vienen denunciando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y dificultades presupuestarias en las universidades nacionales.

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades estarán presentes en las clases públicas que se dictarán este martes frente al Palacio de Tribunales, para “defender” el sistema universitario nacional y “exigir” la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), ya aprobada por el Congreso.

Tras la masiva marcha de hace dos semanas y bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la nueva jornada de protesta se extenderá desde las 11 a las 17.

Profesores universitarios brindarán clases abiertas para visibilizar el “ajuste” del Gobierno Nacional “que golpea salarios, becas, investigación” y el “funcionamiento” tanto de las universidades como de toda la comunidad universitaria: “Reclamamos una respuesta urgente”, añadieron.

A partir de las 15, estarán presentes la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi.

Hasta el momento, la gestión del presidente Javier Milei insiste en no implementar la Ley para cumplir con “el equilibrio fiscal”, ya que argumentan que la normativa “no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios” destinados a las universidades públicas. 

Para eludir la aplicación de a normativa, que fue aprobada en dos oportunidades distintas (2024 y 2025), y luego de haber atravesado cuatro votaciones principales en el Congreso para su sanción, el Poder Ejecutivo optó por suspender de la norma por decreto y apeló fallos judiciales en contra.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene su reclamo a nivel legal y, después de exigirle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, decidió presentar un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de resolver un dictamen definitivo.

Con información de agencias.

En el marco de la visita del Presidente de la Nación a la Universidad de San Andrés (UdeSA), un colectivo de profesores e investigadores de dicha casa de estudios emitió un comunicado conjunto para ratificar su “compromiso con el sistema universitario argentino” y exigir el cumplimiento de las leyes de financiamiento para el sector público.

El documento, difundido este martes, pone de manifiesto la preocupación de la comunidad académica por la situación actual de las altas casas de estudio nacionales y el sistema científico-tecnológico estatal, calificando su rol como “indispensable” para el desarrollo del país.

El reclamo por la Ley de Financiamiento

En uno de los puntos más firmes de la nota, los firmantes hicieron un llamado directo a los poderes públicos: “Reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación”.

La mención a esta normativa no es menor, ya que el presupuesto y las partidas destinadas a las universidades públicas han estado en el centro del debate político y social durante los últimos meses, movilizando a estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.

Un puente entre lo público y lo privado

Lejos de plantear una división entre los modelos de gestión educativa, los académicos de la Universidad de San Andrés —una institución de gestión privada— enfatizaron que el diálogo entre ambos sectores es “parte constitutiva” de su propia tradición.

Sin embargo, advirtieron que para que este intercambio sea real y sostenible, el Estado debe asegurar el sostenimiento de la contraparte pública. “Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión”, concluye el texto.

La carta, que cierra con una extensa lista de firmas de destacados intelectuales, docentes y científicos de la institución, marca un hito en el posicionamiento de las universidades privadas locales respecto de la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema público general.

La nota completa

“Los abajo firmantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios, reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino.

Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación.

El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión“.

Con información de agencias.

“Reforma Becker”. Bajo ese título el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, presentó un programa de reforma universitaria mientras el Gobierno desfinancia a las casas de altos estudio. El funcionario escribió una columna en medio ultraoficialista La Derecha Diario en el que propone un sistema de “créditos académicos transferibles” que permita a los estudiantes moverse entre carreras y disciplinas sin perder materias, con el argumento de maximizar el retorno de la “inversión” en formación.

El problema es que ese anuncio de “modernización” coexiste con una realidad que los propios números del sistema universitario desmienten: el Gobierno lleva más de 200 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, votada dos veces por el Congreso y reclamada por una multitud la semana pasada en la cuarta marcha federal.

Álvarez hizo su columna de opinión como un “homenaje” al economista Gary Becker, cuyas ideas inspiran el nombre del propio Ministerio de Capital Humano, según decidió Javier Milei. Álvarez propone un conjunto de medidas que describe como una aplicación práctica de las ideas de Becker.

Además de los créditos transferibles, plantea incentivos a la graduación, priorización de carreras vinculadas a ciencia, tecnología e ingeniería a través de las Becas Belgrano, y exigencia de mayor regularidad académica. El subsecretario también sostiene que el presupuesto universitario creció en términos reales por encima de la inflación, una afirmación que choca frontalmente los datos del propio documento del frente universitario y las mediciones independientes del período.

Según el documento conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) en ocasión de la cuarta marcha federal, las transferencias a las universidades nacionales acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023. Traducido en tiempo, el sistema perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual.

El derrumbe salarial es aún más pronunciado. Con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a casi 11 sueldos en el período y perciben hoy, según la declaración de las organizaciones universitarias, los salarios más bajos de los últimos 23 años y de toda América Latina.

Las Becas que Álvarez menciona como herramienta central del nuevo esquema atraviesan, en paralelo, su propio proceso de desfinanciamiento. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron buena parte de su poder adquisitivo; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano que él mismo reivindica enfrentan, según la declaración universitaria, una situación de “incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas están directamente suspendidas.

El propio Álvarez admite en su texto que el costo promedio por graduado en las universidades nacionales durante 2024 fue de 52,3 millones de pesos y que el tiempo promedio para recibirse ronda los 9 o 10 años. Lo que no dice es que ambos indicadores empeoran cuando el sistema carece de financiamiento adecuado para sostener a sus docentes y a sus estudiantes.

La comunidad universitaria lleva cuatro marchas, el Congreso votó dos veces y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos y ahora mira hacia adelante con propuestas de reforma libertarias. “La reforma que proponemos no es contra nadie. Es a favor de los estudiantes, de las familias y del futuro de Argentina”, plantea Álvarez, que en cuatro puntos propone:

MC

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria promete una convocatoria masiva que alterará por completo la dinámica del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores científicos se movilizarán hacia la Casa Rosada para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generará cortes totales y parciales desde las primeras horas de la tarde.

Debido a la magnitud del despliegue, se recomienda a los conductores evitar el perímetro del microcentro entre las 13 y las 19 horas.

Principales calles y zonas afectadas:

Cronograma de concentraciones y puntos de encuentro

La movilización se organizó de manera escalonada para confluir en el histórico paseo frente a la Casa de Gobierno:

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. En la zona sur del Conurbano, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para luego trasladarse al centro porteño, concentrando su segunda etapa en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. Al igual que en las tres ediciones anteriores, se espera que la movilización sea multitudinaria en todo el país.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizan este viernes, desde las 10, clases públicas frente a Casa Rosada y montan una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, señaló Carboni en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. 

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Dentro de las clases públicas que se desarrollarán este viernes, habrá una serie de charlas y una feria de ciencias que se llevará a cabo junto a ATE Conicet, en una jornada de lucha “en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad”.

Por último, confirmaron que continuarán hasta este sábado con cese de actividades en cada unidad académica, con el epicentro en el Ciclo Básico Común (CBC), que se iniciaba esta semana.

El comunicado de AGD-UBA

“Mientras transcurría la tercera semana de paro (la segunda de carácter nacional) y en medio de las clases magistrales en una de las propiedades de Adorni, salió un nuevo fallo en favor de la aplicación de la Ley de financiamiento universitario por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Un fallo que fue posible también producto de las medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley y, consecuentemente, del presupuesto universitario y aumento salarial.

Esta semana –Del 6 al 11 de abril– y con el inicio de clases del Ciclo Básico Común, continuamos con la medida de fuerza porque, aún cuando la justicia nos da la razón, el gobierno sigue sin aplicar la ley. Además, insiste con la presentación de una modificación a la ley que, como eje central, busca mantener los salarios a la baja.

El gobierno bate el parche con el equilibrio en las cuentas públicas como excusa para no aplicar una ley cuyo costo es previsible y no genera ningún desmán en materia fiscal. Recordemos que en el presupuesto 2026, el capítulo XI, dedicado a las universidades, se mantuvo. Lo hace en medio de un mar de denuncias de corrupción y posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de alto rango, de descubrimientos sobre sus conexiones con el caso Libra, de créditos del Banco Nación con condiciones preferenciales otorgados a sus funcionarios.

Las presiones contra las medidas de fuerza no son pocas. Tanto desde el gobierno nacional, como de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –los rectores de las universidades nacionales– y de la UBA, aprovechan cada oportunidad para convocar a tener las aulas abiertas, aún a costo de nuestra propia salud y economía doméstica, en suma de nuestras condiciones de vida. Todos se preocupan por el éxodo docente, pero llaman a los trabajadores a no hacer olas. En ese mismo sentido, en la misma semana que festejabamos el fallo, la UBA amenazaba con descuentos a la docencia de los preuniversitarios. Todos en el mismo tren.

Para desactivar el reclamo, el gobierno nacional acaba de otorgar de manera unilateral un aumento del 6,7% (2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo) y sus respectivos retroactivos. “Aumentos” por debajo de la inflación de esos respectivos meses –lo que acentúa la baja salarial–, y tan miserable que en el caso de quienes cobran garantía salarial, ni siquiera lo sintieron. Con ese insignificante aumento, el gobierno nacional debe al día de hoy a cada docente y no docente universitario un 48,8% , casi como si no hubiéramos cobrado 11 meses de trabajo. Por eso, la asamblea de AGD UBA resolvió continuar con las medidas de fuerza, con paros y acciones, por un paro por tiempo indeterminado.

Porque seguimos defendiendo la Universidad y exigiendo la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, coronamos la semana de lucha en la Plaza de Mayo, con clases públicas que se desarrollarán desde las 10 hs hasta las 17 hs junto a organismos de ciencia y tecnología y abiertas a toda la docencia y estudiantes que quieran participar“.

Con información de NA.

El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en un fallo que lleva las firmas de los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán.

Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

Los argumentos de la Cámara

El eje del conflicto radica en que, tras la sanción de la ley 27.795 —confirmada por el Congreso con mayoría agravada luego del veto presidencial—, el Poder Ejecutivo la promulgó pero condicionó su aplicación a la existencia de financiamiento presupuestario, con base en la ley 24.629. Frente a ello, las universidades nacionales promovieron un amparo colectivo para exigir su cumplimiento inmediato, de acuerdo al análisis del fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que hace la publicación especializada Palabras del Derecho.

En su resolución, los magistrados Fernández y Morán consideran que se encontraban configurados los requisitos para mantener la cautelar innovativa y destacan la verosimilitud del derecho, al entender que la insistencia legislativa en los términos del art. 83 de la Constitución impone al Poder Ejecutivo una obligación de ejecutar la ley, sin que pueda suspenderla apoyándose en una norma anterior de igual jerarquía.

El tribunal también sostuvo que una ley posterior del Congreso puede válidamente desplazar a una anterior, incluso en materia presupuestaria, por lo que no resultaba admisible que el Ejecutivo paralice su aplicación invocando la ley 24.629.

Asimismo, la Cámara también dio por acreditado el peligro en la demora, en función del deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes y del carácter alimentario de las becas estudiantiles, circunstancia que —según el fallo— surge tanto de la propia ley como del decreto cuestionado.

En cuanto al interés público, la Cámara sostuvo que lejos de verse afectado, se encontraba comprometido en sentido inverso, al estar en juego el derecho a enseñar y aprender, en tanto que relativizó el impacto fiscal de la medida, estimado en un 0,23% del PBI.

El tribunal también rechazó los agravios del Estado vinculados a la supuesta falta de imparcialidad de los jueces —por su condición de docentes—, a la inexistencia de peligro en la demora y a la alegada afectación del equilibrio fiscal ya que, tales planteos, no lograron desvirtuar los fundamentos de la decisión cautelar.

Finalmente, descartó que la medida implique un anticipo de sentencia definitiva, al señalar que su alcance es limitado: se circunscribe únicamente a la actualización salarial y de becas (arts. 5 y 6 de la ley 27.795), sin abarcar la totalidad del régimen de financiamiento universitario. “Resultan poco serios los agravios del Estado Nacional relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta, puesto que el objeto de la acción y lo requerido en la medida cautelar en modo alguno son coincidentes”, concluye el fallo.

Con información de agencias y Palabras del Derecho.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

En el último intento del oficialismo para intentar garantizar más la protección del capítulo 11, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78. De esta manera, la redacción del artículo 79 quedaba así: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

También los legisladores oficialistas sumaban el artículo 80 que disponía un aumento de financiamiento para el Poder Judicial por un monto de  $21.347 millones.

Pero como estas modificaciones se incorporaron en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedaron sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, y una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación, como quería el Gobierno.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75”, reclamó.

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Con mordacidad, definió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”. “Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense, chicana mediante hacia la legisladora bullrichista.

“Hay crisis de representación porque hay diputados que votaron una cosa hace unos meses y ahora cambiaron el voto”, le enrostró Martínez a los legisladores que “borocotizaron” su voto entregando a jubilados y discapacitados a cambio de distintas concesiones menores.

Momentos después, a la hora de explicar su voto, el diputado santacruceño José Luis Garrido le daría la razón involuntariamente al jefe del bloque peronista.

Garrido aclaró que votaría a favor del capítulo con la salvedad de que no estaba a favor de los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario, ni con quitar el régimen de zona fría, pero entre la espada y la pared obraría en ese sentido.

“Las salvedades no te salvan”, se escuchó decirle Cecilia Moreau al santacruceño para que reconsiderara su postura.

Ni lento ni perezoso, Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió lo anormal de la situación. “Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”, apuntó.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, lamentó.

Hasta la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), habitual acompañante del Gobierno, se diferenció en este aspecto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, denunció.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés. Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”. “Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

Principales puntos del proyecto del Presupuesto

Con información de agencias.

IG

Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

La maniobra del Ejecutivo desató un repudio generalizado entre los sectores involucrados y derivó en una convocatoria a Plaza de Mayo para este martes por la tarde. Este martes por la tarde trabajadores del hospital Garrahan y docentes y no docentes universitarios se manifestaron frente a la Casa Rosada. También se sumaron agrupaciones de personas con discapacidad, ya que Milei postergó semanas atrás la aplicación de la ley de emergencia que las ampara.

El argumento oficial fue el mismo para patear las tres normas: que el Congreso no designó las partidas presupuestarias correspondientes para su aplicación por supuesta falta de financiamiento y que está en riesgo el modelo libertario de déficit cero. 

“Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”, se lee en uno de los apartados de los decretos firmados por Milei. “Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”, se agrega.

El Gobierno quedó a tiro de que el caso vaya a la Justicia. El Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Y la oposición en la Cámara de Diputados tiene a tiro la aprobación de una inminente interpelación al ministro coordinador en el recinto. “Esto genera consecuencias penales. No puede no acatar bajo ningún punto de vista”, opinó al respecto esta mañana el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El rechazo a la medida del Gobierno se vio en las calles. Hubo una reunión de coordinación entre sectores del Garrahan, las universidades y las personas con discapacidad para la marcha a Plaza de Mayo. En ese marco, trabajadores del hospital pediátrico y de la UBA declararon un cese de actividades. 

“Se confirmó lo esperado: Milei ‘suspende’ indefinidamente la aplicación de las leyes de universidad y Garrahan. Estamos de paro y a las 16 horas vamos a Plaza de Mayo a exigir la aplicación ya de las tres leyes (también discapacidad) ¡No dejemos pasar este atropello!”, anunció Alejandro Lipco, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general en la Junta Interna por ATE. “Vamos al paro y a movilizarnos porque sabemos que el Gobierno va a intentar dilatar la implementación lo máximo que sea posible. Lo hizo bajo el mismo formato que discapacidad. Esto hay que ponerle un freno. La necesidad de implementar la ley es urgente. necesitamos más para evitar las renuncias, pedidos de reducción horario para trabajar afuera”, agregó a elDiarioAR.

“Vamos a seguir peleando porque efectivamente se reconozcan los derechos. No vamos a bajar los brazos hasta que efectivamente podamos conseguir lo necesario para nuestros tratamientos y trabajos”, completó por su parte Natt Rodríguez, miembro de la Red en Discapacidad.

“La lucha continúa hasta lograr un aumento salarial que frene la sangría de docentes e investigadores que abandonan el sistema universitario nacional frente a la asfixia salarial provocada por Milei”, declaró Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA). Según estimaciones de las autoridades universitarias, más de 10.000 docentes renunciaron desde el inicio del actual gobierno.

Qué estipulan las leyes votadas por el Congreso

MC

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigirle al Senado que rechace los vetos que firmó el presidente Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

En el marco de la sesión donde la Cámara alta debatirá ambos vetos, con la posibilidad de rechazarlos de forma definitiva, APyT marchó hacia el parlamento para, además, realizar un “Abrazo al Garrahan y la Universidad” junto con la comunidad universitaria.

Esta medida de fuerza abarca “a todos los sectores de este centro de salud pediátrica de alta complejidad” y tiene como objetivo exigir que, una vez rechazados los vetos, “se garantice la aplicación inmediata, efectiva y real” de ambas leyes, “sin demoras ni maniobras dilatorias”.

La secretaria general del gremio, Norma Lezana, sostuvo que esperan “una verdadera fiesta popular” junto a los universitarios, los trabajadores de la salud y los familiares de pacientes y ex pacientes del hospital.

“No vamos a aceptar maniobras dilatorias en la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que debe implementarse de forma inmediata tras la votación en el Senado”, sentenció.

En la misma línea, ratificó que, en el caso de repetirse los intentos de frenar la aplicación de estas leyes, “será necesario un paro nacional”, y se dirigió a la CGT: “Hay vetar como pueblo a este Gobierno autoritario y enemigo de los derechos que la mayoría defendemos”.

Participan, también, de esta jornada de lucha organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y culturales.

Con información de la agencia NA

Este jueves, el Senado le asestará a Javier Milei el más duro golpe legislativo de toda la campaña electoral. En el Gobierno están resignados: la oposición tiene el control de la Cámara alta, y no hay nada que puedan hacer para evitar que los senadores le volteen, definitivamente, el veto a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y el veto al financiamiento universitario. 

Será la segunda vez que el Congreso logra insistir en la sanción de una ley opositora en menos de un mes. Unas semanas después de haber logrado voltear el veto a la emergencia en discapacidad, el Senado hará lo mismo con otras dos leyes sociales: la emergencia pediátrica, que establece una recomposición salarial para los trabajadores del Garrahan y de todos los residentes, así como la obligatoriedad de garantizar los recursos presupuestarios para el hospital; y la de financiamiento universitario, que actualiza el presupuesto para las universidades nacionales y fuerza al Ejecutivo a abrir la discusión paritaria docente. 

La sesión, que comenzará a las 10 de la mañana, fue organizada por los jefes de la oposición del peronismo, el radicalismo y las fuerzas provinciales junto a Victoria Villarruel. No hubo casi debate. Desde que el Gobierno se enfrentó a los gobernadores, el peronismo, con José Mayans a la cabeza, se hizo del control de la agenda del Senado. 

Ya no son solo los radicales Martín Lousteau y la larretista Guadalupe Tagliaferri los que ayudan a construir el quórum. Ahora, en medio de la campaña electoral, con gran parte de las fuerzas provinciales enojadas con el Gobierno por haberles armado listas competitivas en sus provincias, son casi todos los bloques opositores los que se prestan a aportar el número para dar inicio a las sesiones. Desde el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, hasta el correntino “Camau” Espínola, quien supo funcionar como un importante aliado de Santiago Caputo en el Senado. 

En la oposición se muestran confiados en que tendrán los dos tercios. Ya los consiguieron cuando sancionaron las leyes en agosto. Antes del veto presidencial. La emergencia en el Garrahan, por ejemplo, tuvo 62 votos a favor y 8 en contra. Solo salieron en defensa del Gobierno los siete diputados libertarios y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. En el caso del financiamiento universitario, la ley salió con 58 votos a favor y 10 en contra.

En el Senado descartan que se repetirá el mismo desenlace. La incógnita, en cambio, es otra: ¿ejecutará Milei las leyes o, como sucedió con la emergencia en discapacidad, las promulgará y, luego, suspenderá su aplicación? En el Gobierno advierten que el presidente replicará la estrategia y que no las aplicará automáticamente, lo que abrirá un nuevo frente judicial.

Los trabajadores del Garrahan, que realizarán una marcha al Congreso este jueves, ya advirtieron que si el Gobierno presenta “maniobras” para evitar la aplicación de la ley realizarán un paro general. Todos están a la espera de que resuelva la Justicia.

MC/CRM

El presidente Javier Milei se expidió este jueves tras la derrota legislativa luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

A través de su cuenta de X, y en la previa al tratamiento de la Cámara de Senadores, el mandatario expresó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ”antikukas“ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

En la misma línea, remató: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”. 

Caputo pidió “usar el voto” en octubre

Ante la inminencia del rechazo a un nuevo veto presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el Congreso Nacional “quiere voltear al presidente”.

“El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Caputo en X.

El ministro afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Horas antes, el ministro había usado también su cuenta de X para responderle a Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, quien había tildado a Caputo de ser “mala persona” y de no tener “empatía”.

“Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”, escribió Caputo en sus redes sociales.

Con información de agencias.

IG

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a una masiva Marcha Federal, que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante de Argentina, sostuvo que si “hay veto, hay marcha”.

“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó en X.

La Conadu Histórica, en tanto, difundió un plan de lucha que consiste en una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional Docente y no Docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”. 

Con un mensaje más conciso, la Conadu también llamó a un paro y marcha por la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.

El senador nacional de Unión por la Patria Mariano Recalde prometió que desde ese espacio político van a “impulsar el rechazo al veto como hicimos con la emergencia en discapacidad”. 

“Lo que está claro es que no escuchó el mensaje del domingo en las urnas. Habrá que repetírselo con más fuerza en octubre”, enfatizó en alusión a Milei.

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau se quejó por el veto total a la ley de financiamiento universitario y afirmó que “plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina”. 

“Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”, escribió el economista en X.

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada aseguró que desde la oposición van a insistir por la vigencia de la norma.

“Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia democrática ocurrió), también veta discrecionalmente. Prorrogó dos veces el presupuesto y vetó dos veces el financiamiento educativo. En la medida que no tenga presupuesto, Milei seguirá ajustando abusivamente sobre las áreas más sensibles, educación, salud, discapacidad y jubilaciones”, alertó. 

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que con su decisión, el presidente Javier Milei “decide darle la espalda a las universidades públicas”. 

“Con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, no sólo desconoce la voluntad popular: debilita la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de estudiantes, docentes e investigadores”, indicó. 

Para el presidente de la Coalición Cívica, “defender la universidad pública es defender el desarrollo de nuestro país”. 

“No nos van a frenar. Vamos a insistir hasta que se respete de una vez la educación de todos los argentinos”, concluyó Ferraro en la red social X.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo llamó a que hayan “cientos de miles en las calles” cuando el veto a la ley se trate en el Congreso.

“A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”, sostuvo el referente del PTS, sociólogo y profesor universitario.

En tanto, el diputado nacional de Encuentro Federal Florencio Randazzo expresó: “Bueno, que quede claro: hay veto, hay marcha, hay insistencia. Nosotros vamos a dar vuelta este veto”. 

El jefe del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, anticipó que desde ese espacio rechazarán este nuevo veto del Gobierno.

“Presidente Milei: Usted fue elegido para gobernar para todos. Sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos. Como diputados tenemos la obligación de INSISTIR en la ley de Financiamiento Universitario”, indicó el radical bonaerense. 

En una posteo en X, Juliano resaltó que “acceder a una educación de calidad es condición imprescindible para progresar como individuos y como sociedad”.

En la misma sintonía, su compañera de bancada Marcela Coli consideró que “el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario es un ataque a la educación pública y a miles de estudiantes que sueñan con un futuro mejor”. 

“Las universidades son movilidad social, conocimiento y desarrollo para la Argentina. Nos vemos en el recinto para bajar ese veto”, advirtió.

Desde Argentina Humana, el espacio que coordina Juan Grabois, señalaron que en el Gobierno “no escucharon el mensaje del domingo”. 

“Le vamos a llenar las calles, las plazas y las urnas para frenar a esta caterva de hijos de puta”, fustigaron.

La diputada nacional de la UCR Gabriela Brouwer de Koning analizó que el veto a la ley de financiamiento universitario es “otro grave error del Gobierno Nacional” y “un palo en la rueda para las oportunidades de desarrollo que el pueblo argentino necesita con urgencia”.

“Esta medida golpea especialmente a jóvenes del interior del país y de los sectores más desfavorecidos. Defenderemos la educación pública en las calles y dentro del Congreso”, expresó la radical cordobesa.

Con información de NA.

IG

Mientras el Gobierno trata de digerir el duro revés electoral en provincia de Buenos Aires y arma mesas dialoguistas por doquier, en busca de autocríticas y estrategias de cara a las legislativas de octubre, docentes, trabajadores de la salud, jubilados y distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizan este miércolesa para reclamar mejoras salariales para los magros bolsillos y el rotundo rechazo a los vetos presidenciales a los aumentos de haberes previsionales, el financiamiento educativo y la emergencia para el Garrahan.

Por un lado, docentes y estudiantes universitarios llevan adelante durante este miércoles clases públicas en la Plaza de Mayo en defensa de la Ley de Financiamiento a las universidades, ante el posible veto del Gobierno Nacional, en una jornada que incluye charlas magistrales, stands de divulgación, feria de ciencias e intervenciones artísticas.

En tanto, trabajadores de la salud y personal no médico nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan le advirtieron al presidente Javier Milei que “si se veta la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario”, responderán ambos colectivos “juntos y en la calle”.

Además, como cada miércoles, los jubilados, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras marchan desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar un aumento para el sector previsional y en rechazo a los vetos varios del Ejecutivo.

Clases abiertas en Plaza de Mayo

La actividad está convocada por los Centros de Estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales; Filosofía y Letras; Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto a gremios docentes e investigadores científicos, con el objetivo de exigirle al presidente Javier Milei “que no vete la Ley” y que “detenga su intento de desfinanciar y desmantelar el sistema científico-tecnológico nacional”.

Bajo la consigna “si hay veto, hay marcha”, toda la comunidad educativa reafirma el reclamo “por salarios dignos y presupuesto para la ciencia y la universidad pública”, y advierte que “no permanecerá pasiva” ante un eventual veto del Poder Ejecutivo.

“Los estudiantes defendemos nuestro sistema universitario y científico que es un orgullo para nuestro país y que garantiza soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina. Vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno retroceda en su intento de destruirlo”, afirmó Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

En la misma línea, Pilar López Barcala, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, expresó que las universidades fueron “fuertemente golpeadas” y hoy “están en crisis”.

“Las universidades están igual que otros sectores de nuestra sociedad, como los jubilados, las personas con discapacidad o el Hospital Garrahan. La defensa de la educación pública y la ciencia está ligada a la defensa de todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados”, concluyó.

La advertencia de los trabajadores del Garrahan: “Responderemos en la calle”

Los trabajadores de la salud y personal no médico nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan le advirtieron al presidente Javier Milei que “si se veta la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario”, responderán ambos colectivos “juntos y en la calle”.

Esta “alerta” del APyT fue comunicada luego que trascendiera que, esta semana, el mandatario argentino anulara las dos leyes, sancionadas por el Congreso Nacional, en materia de financiamiento tanto para el área de pediatría como en las universidades.

En diálogo con Noticias Argentinas, la secretaria general de la Asociación, la licenciada en nutrición infantil Norma Lezana, expresó que “el pueblo ya votó” y le dio un mensaje“ al Gobierno Nacional en las elecciones el pasado domingo 7, entre los que ”seguramente“ está ”cuidar, abrazar y financiar“ al Hospital.

“Al Garrahan no hay que vetarlo. Pero si aún así, el Presidente decide vetar la Ley de Emergencia Pediátrica, e incluso la Ley de Financiamiento Universitario, nosotros no tenemos dudas: vamos a responder masivamente en las calle. El próximo lunes las y los trabajadores del Hospital daremos una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a la comunidad universitaria, para reclamar a diputados y senadores que traten y rechacen de forma inmediata cualquier veto presidencial”, informó Lezana.

En la misma línea y mediante un comunicado, la APyT remarcó que “junto a todos trabajadores y el equipo de salud” del hospital se encuentran “a la expectativa de la definición” que Milei debe tomar esta semana, “a más tardar este jueves 11”, y agregó que “si la Cámara de Diputados convoca a tratar ambos eventuales vetos, se impulsará una Marcha Federal en Buenos Aires y en todas las plazas del país”.

“Lo decimos claramente: si el presidente Milei veta estas leyes, lo vamos a vetar a él masivamente en las calles. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa y se defienden: no se vetan”, finalizó Lezana.

Los jubilados marchan desde el Congreso a Plaza de Mayo

Los jubilados, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras marcharán este miércoles desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar un aumento para el sector previsional y en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, entre otras demandas.

Los jubilados se darán cita, como todos los miércoles, a partir de las 16 en la Plaza Congreso, en una protesta que desde las últimas semanas viene trasladándose a Plaza de Mayo para concluir frente a la Casa Rosada.

Por su parte, sindicatos combativos y movimientos piqueteros independientes anunciarán desde las 12 en Plaza de Mayo una “jornada nacional de lucha nacional” que consistirá en una movilización desde Congreso con fecha a definir para exigir “un paro de 36 horas y plan de lucha para derrotar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI”, según indicaron en un comunicado.

En tanto, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) concretará este mismo miércoles una jornada con “clases públicas, paneles y reuniones” en Plaza de Mayo de 9.30 a 18.30 para reclamar la apertura de paritarias y por la ley de Financiamiento Universitario.

Los jubilados realizaron el miércoles de la semana pasada una movilización al Congreso en la que contaron con el acompañamiento de distintas organizaciones de derechos humanos, además de organizaciones políticas como la CTA Autónoma, UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras.

Con informción de NA.

IG

La escena puede repetirse: el Congreso avanzando en dirección contraria al Poder Ejecutivo. Y con la misma fuerza. El Senado debate desde las de este jueves un extenso temario que incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y una serie de decretos delegados con fuerte impacto institucional. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Javier Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.

La sesión fue acordada en una reunión de Labor Parlamentaria liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que sigue acumulando tensión interna con la Casa Rosada, que ayer se anotó una de cal y una de arena en Diputados: en el recinto de la Cámara baja la oposición volteó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad (que pasó al Senado) pero no consiguió los dos tercios para rechazar el veto al aumento de las jubilaciones.

La sesión de este jueves del Senado es otra batalla legislativa en plena campaña electoral para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre próximo, y con la mirada puesta ya también en los nacionales del 26 de octubre. Uno de los núcleos más conflictivos del temario de este jueves son los decretos delegados que reconfiguran profundamente áreas del Estado, y que podrían ser rechazados en el recinto por impulso de la oposición.

Entre los más importantes se encuentra el que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia. El decreto justifica la decisión en “altos costos operativos” y “desproporciones” internas, especialmente entre personal administrativo y operativo. El Ejecutivo también remarcó que los tramos concesionados a privados muestran “mayor eficiencia”.

Además de la disolución, el decreto dispone que tareas esenciales de Vialidad como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión pasen a unidades internas del Ministerio de Economía.

En la misma línea, el Ejecutivo busca eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), trasladando sus competencias a la Secretaría de Transporte, excepto el control de infracciones en rutas nacionales, que quedaría en manos exclusivas de la Gendarmería. La decisión se apoya en el argumento de “reducir el gasto público” y aprovechar la capacidad operativa existente en las fuerzas de seguridad.

Otro decreto controvertido es el que afecta al INTA y al INTI, al quitarles su carácter de entes autárquicos para convertirlos en organismos desconcentrados bajo la órbita de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente.

El Gobierno justificó los cambios en el INTA citando informes de la Sigen que señalaron un “sobredimensionamiento notorio de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, además de “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento. En el caso del INTI, se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos estuviera concentrado en el área administrativa, un nivel considerado “muy por encima de los estándares habituales”.

A esta batería de decretos se suman otros con cambios estructurales: el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de cultura como Monumentos, Conabip y el Instituto Nacional del Teatro, la Marina Mercante y diversas agencias de transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, y la Junta de Seguridad en el Transporte, que sería rebautizada como “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su ámbito de actuación solo al transporte aéreo.

Emergencias en carpeta

Entre las medias sanciones que esperan tratamiento se destaca la ley de financiamiento universitario, que busca corregir el desfase presupuestario de las casas de altos estudios en medio del ajuste impulsado por el Ejecutivo.

También figura la emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan, que arrastra serios problemas de financiamiento y cobertura. Sin embargo, la ley de emergencia en discapacidad, recientemente rechazada en Diputados al veto presidencial, no podrá tratarse todavía en el Senado porque falta la comunicación formal de la Cámara baja.

El contexto político de la sesión del miércoles estará atravesado por una nueva embestida de la oposición, que busca torcerle el brazo al oficialismo con herramientas institucionales. Ya ocurrió con el rechazo al mega-DNU 70/2023 en el Senado, que el Gobierno logró evitar que se repitiera en Diputados gracias a la división del bloque peronista.

Ahora, con un temario que toca educación, salud, infraestructura y organismos científicos, la sesión se perfila como una caja de resonancia para el descontento creciente frente al ajuste libertario, en un contexto en el que Milei mantiene su bandera del equilibrio fiscal aún a costa de profundizar el conflicto con el Congreso.

Si el Senado avanza con las leyes y rechaza los decretos, sería otro revés institucional fuerte para un gobierno que sigue sin articular consensos legislativos, incluso tras casi un año y nueve meses de gestión.

JJD, con información de NA