El fotógrafo Pablo Grillo recibió este viernes el alta de internación y continuará su recuperación con un tratamiento de rehabilitación ambulatoria, según informó su entorno a través de un mensaje difundido en redes sociales.

“A Pablo le dieron el alta de internación. Continúa con su rehabilitación ambulatoria”, señala el texto publicado en sus cuentas, en el que también agradecen a los profesionales de la salud pública, a organizaciones sociales y a las personas que acompañaron el proceso desde que resultó gravemente herido. “Hoy tenemos una certeza: la solidaridad y la empatía colectiva siempre le van a ganar a la violencia disfrazada de orden. Una nueva etapa comienza”, concluye el mensaje.

Grillo resultó herido durante un operativo represivo que se encuentra bajo investigación judicial y en el que recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza. La causa tramita en el juzgado federal de María Servini, que ya procesó al gendarme Héctor Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades.

Según la investigación, Guerrero efectuó varios disparos con una pistola lanzagases de manera antirreglamentaria: en línea horizontal y no a 45 grados, como establecen los protocolos. El disparo que impactó en la cabeza de Grillo fue el cuarto de una secuencia de seis tiros realizados por el efectivo.

Las pruebas reunidas por la Justicia, entre ellas registros audiovisuales del operativo, muestran además que durante esa secuencia el gendarme recibió una palmada en la espalda de uno de sus superiores mientras continuaba disparando. También hay videos en los que se observa a jefes de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Policía Federal Argentina en la zona donde se produjeron los disparos sin que se registren intervenciones para frenar la conducta.

El procesamiento de Guerrero fue confirmado por instancias superiores y esta semana la Justicia rechazó un nuevo planteo de su defensa, lo que deja a la causa más cerca de un eventual juicio oral.

La querella que representa a Grillo, integrada por las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret, busca además que la investigación avance sobre la cadena de mando del operativo. En un escrito presentado ante la Justicia señalaron que, de haberse intervenido tras los primeros disparos prohibidos, el fotógrafo no habría resultado gravemente herido.

En ese planteo se apunta a distintos responsables operativos de las fuerzas de seguridad, entre ellos los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, así como a otros mandos de la fuerza y de la Policía Federal que participaban del dispositivo.

También se menciona como máxima responsable política del operativo a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el contexto de la aplicación del protocolo antipiquetes. La querella cuestiona además el cierre de una investigación administrativa interna contra Guerrero y reclama que se analice el rol de las autoridades que diseñaron, coordinaron y supervisaron el operativo.

En la misma línea, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires pidió profundizar la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios a cargo del operativo, más allá del autor material del disparo.

El juzgado de Servini también mantiene abierta otra causa sobre el operativo represivo en el que resultó herido Grillo, ocurrido el 12 de marzo, en el que también se investigan las lesiones sufridas por otros manifestantes.

Mientras avanza el proceso judicial, el alta médica del fotógrafo marca un nuevo paso en su recuperación tras meses de internación y tratamiento. Desde su entorno señalan que ahora comenzará una nueva etapa enfocada en la rehabilitación.

JIB/MC

A un año del disparo de una granada de gas lacrimógeno a manos del gendarme Héctor Guerrero que hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo durante una cobertura en el centro porteño, familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y colectivos culturales realizaron un festival en Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y exigir mayores garantías para el ejercicio de la labor periodística en contextos de protesta.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo de la mano de La Bersuit, Willy Bronca, Peteco Carbajal y Ariel Prat, entre otros, y la lectura de un documento consensuado entre las entidades convocantes. El lema fue “Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia” y el eje la denuncia de la violencia institucional y la demanda de políticas públicas que protejan a trabajadores y trabajadoras de prensa frente a agresiones que se volvieron más frecuentes en los últimos años según informes de diferentes organizaciones.

El mismo Pablo Grillo, en plena rehabilitación, difundió un video junto a su familia para convocar al Festival: “El jueves se cumple un año y hacemos una gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados y copemos las calles”, desafió el fotógrafo.

La causa

Pablo Grillo busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, sino también en la cadena de mando del operativo donde en el vértice superior está quien era entonces la ministra de Seguridad en pleno auge del protocolo antipiquetes, Patricia Bullrich.

De acuerdo a la información que publicaba días atrás Mauricio Caminos para elDiarioAR, la jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al cabo de la fuerza federal por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que Guerrero disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

IG/MC

“Qué decirte, Bullrich, que sos tremenda compañera”. Con esa sutileza Pablo Grillo le habló días atrás a la jefa libertaria en el Senado y quien fue ministra de Seguridad cuando el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza. El jueves próximo se cumple un año de aquella represión frente al Congreso y el fotorreportero busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del cabo de la fuerza federal, sino también en la cadena de mando del operativo. En el vértice de arriba aparece, justamente, Bullrich.

La jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al gendarme Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que el cabo disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

MC

Pablo Grillo se presentó formalmente este lunes como querellante particular en la causa que investiga las graves heridas que sufrió durante la represión del 12 de marzo, y solicitó que se profundice la investigación penal sobre la cadena de mando de la Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad que intervino en el operativo, entonces conducida por Patricia Bullrich.

“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”, sostuvo Grillo en el escrito que firmó este lunes desde el Hospital Rocca, donde continúa con su rehabilitación, y que fue presentado este martes ante el Juzgado Federal N.º 1.

En su presentación, Grillo aclaró que su incorporación a la querella no implica el desplazamiento de su madre, su padre y su hermano, quienes lo representan en la causa. “Toda vez que voy a requerir de su apoyo en prácticamente todos los órdenes de mi vida, lo que incluye este proceso penal”, explicó, y agregó que aún no se encuentra plenamente recuperado, por lo que necesita que conserven su rol como representantes legales.

La querella pidió que se profundice la investigación sobre distintos jefes de la Gendarmería Nacional, quienes —por acción u omisión— habrían contribuido al accionar de Guerrero. A partir de ese análisis, se solicitaron nuevas medidas de prueba y se insistió en la producción de otras que ya habían sido requeridas con anterioridad.

Según el procesamiento dictado por la jueza María Servini y confirmado por la Cámara, Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica expresamente prohibida por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases, poniendo en grave riesgo la vida e integridad física de quienes se encontraban en el lugar.

El disparo que impactó en la parte frontal de la cabeza de Pablo Grillo fue el cuarto de esos seis disparos. La querella sostuvo que, si los funcionarios con deber de supervisión hubieran intervenido ante el primer, segundo o tercer disparo prohibido, Grillo no habría resultado herido y ningún otro manifestante hubiera estado en riesgo de sufrir lesiones graves o mortales.

Los mandos señalados

La presentación identifica responsabilidades en distintos niveles de la estructura de mando. Entre ellos, los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes estuvieron cerca de Guerrero durante buena parte del operativo y lo vieron disparar en el ángulo prohibido sin intervenir para detenerlo. Por el contrario, según los registros fílmicos incorporados a la causa, ambos le indicaron que dispare hacia los manifestantes y, tras uno de los disparos, Kozak le dio palmadas en la espalda en señal de aprobación.

También se solicitó investigar al comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien cumplía funciones de fiscalización del operativo. De acuerdo con los videos, desde las 17.12 recorrió el área donde actuaba la Gendarmería, impartió órdenes y emitió comunicaciones por trunking, incluso después de que Grillo fuera herido y mientras era asistido por el SAME.

La querella señaló además la responsabilidad del jefe del Destacamento Móvil 6, Comandante Principal Néstor Germán López, quien tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron; del jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes directas a los efectivos; y del director nacional de la Gendarmería, Comandante General Claudio Miguel Brilloni.

Respecto de este último, se pidió analizar una secuencia de imágenes que muestra que su llegada al lugar, lejos de moderar la represión, coincidió con un recrudecimiento de la violencia. Incluso después de que Grillo fuera herido de gravedad y mientras era asistido por una ambulancia, Guerrero recargó su arma y continuó disparando, sin que ningún superior jerárquico ordenara el cese o moderación del accionar.

El rol de Patricia Bullrich

La querella también solicitó que se investigue a la exministra Bullrich y a los funcionarios que cerraron sin fundamento la investigación administrativa interna contra Guerrero: el comandante de la Región I Marcelo Porra Melconian, el comandante mayor Barresi y el asesor jurídico José Carlos Lodolo.

En el escrito se repasaron las reiteradas intervenciones públicas de Bullrich sobre el caso, en las que intentó instalar una versión de los hechos contradicha por la investigación judicial y por dos resoluciones judiciales firmes. Según la querella, esas declaraciones generaron angustia en Grillo y su entorno, al responsabilizar a la víctima y buscar confundir a la opinión pública.

Además, se advirtió que esa narrativa oficial se trasladó a la investigación sumarial, que fue cerrada rápidamente y sin consecuencias, con el objetivo de garantizar la impunidad del cabo Guerrero. La querella subrayó que Bullrich sostuvo públicamente que no iba a removerlo de su cargo porque, a su entender, “actuó bien”, pese a que fue indagado, procesado por seis hechos graves y que ese procesamiento está confirmado.

MC

“Va todo muy rápido”. Pablo Grillo viaja por primera vez en la camioneta de su padre desde que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su cabeza durante la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso. Pese a su mejoría física después de nueve operaciones, sigue conmoviéndose por lo que vive y por lo que recuerda. En el trayecto desde el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca hasta su casa en Escalada, partido de Lanús, lo que ve a través de la ventanilla pasa para él “muy rápido”: semáforos, peatones, la luz del día, el retorno a una cotidianidad que parecía muy lejos.

El sábado 31 de enero, el fotorreportero de 36 años pasó la primera noche en diez meses fuera de un hospital. Cuando llegó a su domicilio se encontró con su familia y pasó el día allí. No quiso salir a caminar por el barrio ni visitar conocidos, pero sí durmió solo, junto a su perro Tupac, en el departamento contiguo a la casa de sus padres. Fue el primer fin de semana de muchos que podrían venir.

“Pablito está mucho mejor. La curva es rápida y ascendente, los médicos están muy contentos. Las salidas son parte de la rehabilitación. Es empezar a volver a lo habitual, a la cotidianeidad. Periódicamente va a ir saliendo del Rocca y la idea es que llegue el momento de quedarse en casa y que el hospital sea solo de día”, dice su padre, Fabián Grillo.

Las salidas transitorias coinciden casi con el primer aniversario de la agresión que recibió por parte del gendarme Héctor Guerrero. Pronto podría haber más novedades: el expediente en el que está procesado el efectivo de la fuerza federal que conducía Patricia Bullrich está a punto de ser elevado a juicio oral, según supo elDiarioAR de fuentes con acceso a la causa. La investigación está a cargo de la jueza María Servini, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, junto al fiscal Eduardo Taiano. El procesamiento de Guerrero fue confirmado el 26 de diciembre de 2025 por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. En el expediente solo resta completar un requerimiento médico puntual solicitado desde el juzgado a la Corte Suprema de Justicia para avanzar hacia la elevación a juicio.

El pendiente consiste en un pedido para que el Cuerpo Médico Forense realice un nuevo informe actualizado sobre el daño neurológico y el estado de salud de Grillo. Una vez incorporada esa evaluación, en el juzgado consideran que no quedarían medidas de prueba sustanciales por hacer. Posteriormente hay un tiempo procesal donde el pedido de juicio oral es recibido por la querella y la defensa del acusado –que puede apelar– y recien entonces se definiría una fecha de juicio oral y público.

Guerrero fue procesado el 7 de octubre de 2025 por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades –incluida la que impactó en Grillo–, todo agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, aunque con un embargo de $203 millones, prohibición de salida del país y obligaciones de presentación periódica.

En su resolución, Servini dio por probado que Guerrero fue el autor del disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo, y sostuvo que actuó de manera deliberada y antirreglamentaria, a sabiendas de que podía poner en riesgo la integridad física o incluso la vida de las personas que se encontraban frente a él. La jueza descartó además el argumento defensivo de que el gendarme no tenía visibilidad sobre los manifestantes y dejó acreditado que realizó al menos seis disparos horizontales hacia la multitud durante la represión.

La decisión fue apelada por la defensa, pero el 26 de diciembre de 2025 la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, confirmó por unanimidad el procesamiento. Los camaristas ratificaron que Guerrero fue el autor del disparo que hirió de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos ilegales, y señalaron que los videos e imágenes incorporados al expediente muestran un patrón de comportamiento consistente con una conducta intencional.

Justo esta semana Bullrich respaldó públicamente el accionar del gendarme que hirió a Grillo, afirmando que “fue un tiro bien hecho” y relativizando las consecuencias del uso de la fuerza durante el operativo. La senadora y ex ministra aseguró que el Gobierno tenía información previa sobre la movilización y la calificó de “provocación”, defendió la actuación de las fuerzas y sostuvo que “las acciones correctas pueden tener consecuencias”. Para la ex ministra, el disparo fue una consecuencia del enfrentamiento y no una responsabilidad directa del efectivo, contrariamente a lo que señalan peritajes técnicos incorporados a la causa, que concluyeron que el arma no se usó conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Pero los dichos de Bullrich podrían tener consecuencia futura. En su voto, que confirmó el procesamiento de Guerrero el camarista Boico fue más allá y reclamó que se profundice la investigación sobre la cadena de mando del operativo represivo: el diseño del procedimiento, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas, entonces a cargo de Bullrich. “Los hechos que aquí se investigan exigen una profundización relativa a las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo”, sostuvo.

La Cámara también incorporó una mirada alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, al remarcar que el episodio ocurrió en el marco de una protesta social, un derecho humano central para la democracia, y que el uso de la fuerza estatal debe analizarse desde una lógica de protección de derechos y no de neutralización del conflicto social. La marcha frente al Congreso había sido convocada por jubilados, y se desarrollaba cuando las fuerzas de seguridad, entre ellas Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad, respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.

La represión dejó gravemente herido a Grillo, pero también a Jonathan Navarro, que perdió la visión de un ojo por un impacto de una bala de goma por parte de un miembro de la Prefectura, que también está procesado. En estos meses Grillo conoció de a poco lo que le sucedió: su familia le contó a demanda los hechos del 12 de marzo pasado y vio con amigos el video del Mapa de la Policía que reconstruyó el tiro que recibió. Ahora está enfocado en su recuperación médica y pendiente de cómo se resuelva finalmente el destino judicial de su agresor. A menos un año, como él le dijo a su padre, “va todo muy rápido”.

MC/MG

Después de diez meses de internación, el fotógrafo Pablo Grillo regresó de manera temporaria a su hogar para pasar algunos días junto a su familia. El reencuentro, registrado en un video que se difundió en redes sociales, marcó un hito en su recuperación tras haber sido gravemente herido durante la marcha de jubilados el 12 de marzo de 2025 y volvió a poner en el centro de la escena el reclamo de justicia y responsabilidades políticas por el ataque.

“Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, escribió su familia en una publicación de Instagram que se viralizó rápidamente. En las imágenes se lo ve llegar a su casa y ser recibido por familiares y vecinos en una escena cargada de emoción.

Grillo, de 35 años, fue impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería durante una represión frente al Congreso. El proyectil le provocó lesiones de extrema gravedad que derivaron en una internación prolongada. Según informaron sus allegados, su evolución es favorable, aunque el regreso a su hogar no implica aún el alta médica definitiva.

En paralelo a la mejora en su estado de salud, la familia volvió a cuestionar con dureza el accionar del Gobierno nacional y, en particular, de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Días atrás, su padre, Fabián Grillo, denunció que desde el primer momento existió una “construcción de mentiras” para justificar lo ocurrido. “Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado varias veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, afirmó en declaraciones públicas.

Fabián Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y sostuvo que existe un patrón de justificación de la represión. “Se magnifican supuestas amenazas para legitimar la violencia y se demoniza a una persona que estaba trabajando. Mi hijo estaba sacando fotos”, remarcó.

La causa judicial tuvo avances en las últimas semanas. La Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero, identificado como el efectivo que disparó el cartucho que impactó en Grillo. Sin embargo, la familia insiste en que la investigación debe extenderse a los mandos superiores. “Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez y no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos”, sostuvo el padre del fotógrafo.

El debate volvió a escalar luego de que Bullrich, hoy senadora, se refiriera públicamente al caso tras casi un año de silencio. “Fue un tiro bien hecho”, afirmó al defender el accionar de Gendarmería durante la represión del 12 de marzo de 2025, y sostuvo que “las acciones correctas pueden tener consecuencias”. La ex ministra volvió a presentar la herida como un efecto colateral del operativo y reiteró que el disparo habría rebotado antes de impactar en la cabeza del fotógrafo.

Sus declaraciones contrastan con un peritaje técnico incorporado a la causa judicial, realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a pedido de la jueza federal María Servini. El informe concluyó que el gendarme no respetó el protocolo en al menos seis oportunidades, que establece que los cartuchos de gas lacrimógeno deben dispararse en parábola, con un ángulo aproximado de 45 grados, y nunca de manera directa, precisamente para evitar lesiones graves.

Mientras organismos de derechos humanos y sindicatos de prensa continúan reclamando responsabilidades políticas y judiciales, el regreso temporario de Pablo Grillo a su casa fue leído por su entorno como una señal de alivio y esperanza en un proceso de recuperación que aún continúa, pero también como un nuevo impulso para sostener el pedido de verdad y justicia por lo ocurrido.

CRM

Tras casi un año de silencio público, Patricia Bullrich se refirió a la grave herida sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo pasado. La senadora y ex ministra de Seguridad avaló explícitamente el accionar de las fuerzas, incluso después de que un informe técnico incorporado a la causa judicial contradijera la versión oficial sobre cómo se produjo el disparo. Bullrich justificó el operativo y relativizó las consecuencias del uso de la fuerza estatal.

Consultada sobre el caso, fue categórica: “Fue un tiro bien hecho”, afirmó. Ante la repregunta sobre si un “tiro bien hecho” podía tener consecuencias, Bullrich redobló la apuesta: “¿Un tiro bien hecho puede tener una consecuencia? ¡Sí!”, respondió sobre el accionar del gendarme Héctor Guerrero, ahora procesado por la justicia.

La senadora encuadró el episodio en un escenario de “extrema violencia” y sostuvo que el Gobierno contaba con información previa sobre la movilización. “Sabíamos que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol con armas; secuestramos un montón de armamento en las estaciones de trenes”, aseguró en una entrevista en un programa de streaming.

Bajo ese diagnóstico, defendió el despliegue de Gendarmería y sostuvo que impedir la toma del Palacio Legislativo fue una “acción correcta”. “Las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes. Si se quedan quietas, ¿quién protege a la gente?”, planteó.

Al referirse específicamente a la lesión de Grillo, Bullrich volvió a presentar el hecho como un accidente derivado de la dinámica del operativo. “Tuvo la mala suerte de rebotar en un caño que estaba para colmo todo quemado y le pegó en la cabeza”, sostuvo. Y completó su razonamiento con una definición que recorrió redes sociales: “No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta”.

El peritaje que contradice a Bullrich

La interpretación de la senadora choca con un informe técnico clave incorporado a la causa judicial. La pericia fue realizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a instancias de la investigación que conduce la jueza federal María Servini, y analizó tanto la mecánica del disparo como el cumplimiento de los protocolos vigentes.

Según ese informe, el gendarme que disparó el cartucho de gas lacrimógeno no lo habría hecho conforme al protocolo en seis oportunidades, que establece que este tipo de munición debe ser lanzada en parábola, con un ángulo aproximado de 45 grados, y nunca de manera directa, precisamente para reducir el riesgo de impactos contra personas.

El peritaje técnico puso en duda la hipótesis del rebote fortuito planteada por Bullrich y señaló que el modo de disparo incrementó de forma significativa el riesgo de causar lesiones graves, como la que sufrió el fotógrafo, que se encontraba trabajando y debidamente identificado como prensa.

El informe, además, fue solicitado en el marco de una causa judicial en trámite, lo que le otorga valor probatorio y refuerza el contraste entre la defensa política del operativo y las conclusiones técnicas incorporadas al expediente.

Pese a ello, Bullrich celebró ayer que Grillo “está mucho mejor y se mejoró”, aunque insistió en que la herida fue una consecuencia colateral del enfrentamiento. “Las acciones correctas pueden tener consecuencias”, reiteró, reafirmando su respaldo al accionar de las fuerzas.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos, sindicatos de prensa y asociaciones profesionales continúan cuestionando la proporcionalidad del uso de gases y proyectiles contra civiles y trabajadores de medios, y advierten que el aval político a estos operativos se sostiene incluso cuando la propia investigación judicial señala incumplimientos de los protocolos.

MC

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas causadas a Pablo Grillo y por el abuso de armas reiterado en cinco hechos durante la manifestación del 12 de marzo pasado. La resolución, firmada este viernes, ratificó lo dispuesto en primera instancia y sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar hacia el juicio.

En su voto, el presidente de la sala, Roberto Boico, fue más allá del caso individual y reclamó que la investigación se profundice sobre las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo, un punto que había sido señalado por los querellantes desde el inicio del expediente. La Cámara entendió que el cuadro probatorio permite no solo atribuir responsabilidad penal al agente imputado, sino también revisar la cadena de mandos y las decisiones operativas

Los camaristas confirmaron que, tal como señaló la jueza María Servini en el procesamiento del 7 de octubre, Guerrero fue el autor del disparo que dejó herido de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal hacia los manifestantes.

El fallo se conoció a días de que la madre de Pablo Grillo hiciera pública una carta dirigida a los jueces, en la que pidió que la Justicia “imparta la justicia que necesita” su hijo. En ese texto, reclamó que el proceso avance sin dilaciones y que no se limite a responsabilidades individuales, sino que alcance a quienes diseñaron y habilitaron el accionar represivo que terminó con su hijo gravemente herido.

En paralelo, la misma Cámara Federal confirmó —también por mayoría— el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función contra Jonathan Navarro, el manifesnte que el mismo 12 de marzo, en otro lado de la plaza frente al Congreso, recibió un disparo de bala de goma en un ojo y perdió casi por completo la visión.

Los jueces dieron por acreditado el nexo causal entre el daño sufrido por la víctima y un disparo de bala de goma Byrna TCR, que provocó una incapacidad visual del 42%, según el peritaje del Cuerpo Médico Forense.

En ese caso, la autoría se apoyó en filmaciones de domos y registros privados, pericias de la PSA y de la Policía de la Ciudad, y en el dato clave de que solo tres agentes portaban ese tipo de arma con munición OC, siendo Martínez el identificado. La Cámara confirmó además un embargo por 91 millones de pesos y ordenó profundizar nuevos puntos periciales —trayectorias, ángulos y posibles rebotes—, pese a la disidencia del juez Eduardo Farah, que había propuesto la falta de mérito.

MC

Ocho meses después del disparo que casi lo mata, el fotógrafo Pablo Grillo volvió a salir de terapia intensiva. Por tercera vez desde el 12 de marzo, día en que el gendarme Héctor Guerrero le disparó en la cabeza una granada de gas lacrimógeno durante una protesta de jubilados frente al Congreso, el joven fotoperiodista logró un avance en su recuperación. Ahora fue trasladado al Hospital Manuel Rocca, donde trabaja un equipo multidisciplinario que intentará sostener los progresos neurológicos y motrices que viene mostrando.

Grillo, que este domingo cumple 36 años, ya atravesó ocho cirugías. El 7 de octubre, la Justicia procesó a Guerrero y lo embargó por 203 millones de pesos, luego de que la jueza María Servini diera por probado que el cabo disparó de manera horizontal y antirreglamentaria, “a sabiendas de que podía poner en riesgo la integridad física o la vida” de los manifestantes. El fallo también desestimó la principal excusa del gendarme –que no podía ver bien– y documentó otros cinco disparos irregulares efectuados ese mismo día. Aun así, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió pocas horas después del ataque con que Guerrero había tirado “al cielo, a 45 grados”.

Para la familia de Grillo, la intervención del Estado no solo fue tardía y peligrosa, sino que además estuvo envuelta en un discurso oficial que buscó minimizar la brutalidad del operativo. Sin llamados de las autoridades, sin apoyo político y ante un escenario de impunidad que consideran estructural, el padre del fotógrafo, Fabián Grillo, se convirtió en uno de los impulsores más visibles del reclamo de justicia. Y también en una voz crítica y frontal contra Bullrich, hoy senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, a quien responsabiliza no solo por lo ocurrido con su hijo sino por “una trayectoria entera de daño”.

Este domingo, los amigos y compañeros de Pablo –en especial un grupo de hinchas de Independiente del que el fotógrafo formaba parte– habían organizado un festival solidario por su cumpleaños en la Estación Darío y Maxi, en Avellaneda, pero por la lluvia fue postergado para el 7 de diciembre. Tocarán bandas, habrá una muraleada, comidas populares y se proyectará un documental. La entrada es un alimento no perecedero que será destinado a comedores y espacios de jubilados del municipio. Para Fabián, ese encuentro es una demostración de la “lucha popular” que, según él, es la que logró que la causa avanzara en estos meses.

Fabián cuenta que Pablo recibió la noticia del traslado al Rocca “de buen ánimo”. Lo ve más conectado: reconoce, conversa, come algunas cosas y mantiene la memoria. “Ya en terapia intermedia lo hacían caminar un poco”, explica. “Lo motriz no parece ser lo más grave. Está charlando bien. Reconoce, tiene memoria, conversa. Hoy estuvo comiendo yogur”. Aun así, por indicación médica, seguirá recibiendo alimentación a través de sonda debido a la alta demanda calórica que requiere el cerebro para recuperarse. La nueva etapa de rehabilitación será intensa: kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales trabajarán a diario para afianzar cada avance. “Es un proceso día a día”, resume Fabián. “A medida que recupere habilidades, le van reforzando lo que falta”.

El festival y la fuerza de la militancia

Sobre el festival por el cumpleaños de Pablo, Fabián cuenta que lo impulsa un grupo de jóvenes de Independiente con quienes su hijo compartía espacios. Esa red, dice, fue y es clave: “Esto es un reflejo más de lo que hace la lucha popular. Mucha gente pregunta para qué sirve un paro, una movilización, un acto. Y sirven para esto: para no quedarse quietos, para luchar en todos los planos”.

Aun con la recuperación en curso, Pablo ya percibe algo de ese afecto colectivo. Se sorprende cuando recibe mensajes de referentes políticos, artistas y figuras del deporte, como la visita de Ricardo Bochini: “Para él fue asombroso. Lo emociona mucho. A veces hace caras como diciendo ‘¿qué carajo pasa?’, pero de a poco se va dando cuenta”.

“Fui a mirarla a los ojos”

El 26 de octubre Fabián fue a buscar a Patricia Bullrich a la puerta de la escuela donde votaba. No había recibido llamados ni explicaciones del Gobierno desde el ataque que sufrió su hijo. “La intención era que por lo menos me mirara. Pero ni eso”, dice. Aclara que no es personal, que no busca un gesto humano o un encuentro, sino algo mucho más concreto: responsabilidad política. Ahí es cuando pronuncia su frase más dura: “Toda su vida fue un daño constante a la sociedad. No hay un solo hecho positivo para la sociedad en la vida política de Bullrich. Es todo daño. Y a la corta o a la larga va a tener que pagar”.

Sobre su llegada al Senado y los fueros, sostiene que forma parte de una estrategia más amplia. “Ellos se sienten muy impunes”, analiza. “No creo que sea solamente por los fueros. Ella está desarrollando una estrategia. Me parece que tiene aspiraciones ejecutivas. Ahora, como generalmente ocurre, entra por la ventana. Pero me parece que tiene aspiraciones ejecutivas. El plan es ese. Además, ella evidentemente está respaldada. Ella tiene algo atrás, que sin dudas es una o dos embajadas ,por lo menos. Evidentemente viene por ahí la cosa. Es una herramienta de ellos. Y si hoy en Milei tenemos un virrey, ella sería una continuidad de eso”.

El avance de la causa

Mientras el expediente avanza con pruebas que comprometen de manera directa al gendarme Guerrero, Fabián no se hace ilusiones rápidas. “Lo lógico es que lo condenen a él y después vaya para arriba, a los mandos operativos y políticos. Pero todos sabemos cómo es la Justicia argentina. Hay que ser cautos. A veces sorprende para bien, pero generalmente para mal”. Lo que él prevé es un intento de dilatar la causa: “Es tan obvio todo lo que pasó que si lo apuran, pierden. Entonces la estrategia siempre es plancharlo, patearlo, dormirlo. Manejan muy bien los tiempos”.

Por eso la familia ya inició presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde participaron en una audiencia pública reciente en Miami. “Primero veremos qué pasa acá. Después veremos cómo seguir”, dice.

Fabián no duda cuando se le pregunta de dónde sacan fuerzas. “De Pablo. No hace falta nada más. Su bienestar, su recuperación, y la justicia”. Pero la búsqueda de justicia, aclara, excede a su hijo: “No es solo por él. Es por la sociedad. Porque no puede volver a ocurrir. Si hubiera habido justicia con Rafael Nahuel o con Santiago Maldonado, tal vez no hubiera pasado lo de Pablo”.

Lo que viene es una etapa larga, incierta y desgastante. Pero Fabián insiste en que la paciencia es parte del camino: “Las Madres y las Abuelas tardaron 35 años en juzgar al primer represor. A nosotros no nos queda otra: seguir, seguir, seguir”.

Mientras tanto, Pablo avanza. Camina un poco. Conversa. Se emociona. Y empieza a reconstruir, fragmento a fragmento, lo que la violencia estatal intentó romper. Y a su alrededor -en las salas del hospital, en las visitas, en los festivales, en las calles- la lucha que lo sostiene no se detiene.

CRM

El fotógrafo Pablo Grillo dejará este jueves la unidad de cuidados intensivos, ocho meses después de recibir el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por un gendarme durante una protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Grillo será trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, para continuar allí su tratamiento, después de ser sometido a su octava intervención quirúrgica el pasado 4 de noviembre, según confirmó su familia a EFE.

El fotoperiodista fue impactado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero, el 12 de marzo de 2025, apenas unos minutos después del inicio de una protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso.

A más de ocho meses del incidente, Grillo se encuentra “mucho mejor, contento”, expresó a EFE su padre, Fabián Grillo.

El pasado 7 de octubre, la Justicia argentina procesó a Guerrero y lo embargó por la suma de $203 millones.

La jueza a cargo de la causa, María Servini, dio por probado que el gendarme fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Grillo, que lo hizo de forma horizontal y antirreglamentaria, “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida”, según expresa el fallo, al que accedió EFE.

En su resolución, la magistrada descartó el argumento ofrecido por Guerrero en su declaración indagatoria sobre su dificultad para observar a los manifestantes durante el episodio.

Además, comprobó en su investigación que durante el accionar de las fuerzas de seguridad el 12 de marzo el cabo disparó contra los manifestantes otras cinco veces de forma antirreglamentaria y destacó que el cabo estaba capacitado y formado para disparar este tipo de armas.

Días después de aquella jornada, que terminó con 46 manifestantes heridos y 124 detenidos, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, defendió el accionar policial y aseguró que Guerrero había disparado en dirección al cielo, con un ángulo de 45 grados.

La carta de la familia de Grillo a CIDH

En las últimas horas, la familia del fotógrafo baleado en marzo solicitó a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), durante la audiencia pública sobre Libertad de Expresión que se realizó en la sede del organismo en Miami, que “incorpore el caso de Pablo Grillo como evidencia material de la violación a los derechos humanos y a la integridad física en Argentina”.

Qué dice la carta:

“Nos dirigimos a ustedes con el corazón en la mano, pero con la firmeza que nos otorga búsqueda de justicia, en representación del fotoperiodista Pablo Grillo, víctima de la brutalidad institucional que hoy se denuncia ante este organismo.

Mientras en esta audiencia se debaten estadísticas y protocolos, nosotros vivimos en carne propia las consecuencias devastadoras del accionar represivo del Estado argentino. Pablo no es un número ni un ‘daño colateral’; es un ser humano que fue brutalmente herido en la cabeza por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina solo por tener una cámara de fotos.

El ataque fue perpetrado con lo que las fuerzas de seguridad eufemísticamente denominan ‘armas de baja letalidad’. Sin embargo, el daño infligido a Pablo demuestra que, utilizadas de una manera prohibida e ilegal, estas armas son instrumentos de tortura y devastación física. Desde el momento del impacto, la vida de Pablo y la de toda nuestra familia se detuvo

Desde el 12 de marzo y hasta la fecha, Pablo ha tenido que someterse a ocho (8) intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para intentar reparar el daño masivo causado en su cráneo y cerebro. Cada operación ha sido una batalla por su vida, un calvario de incertidumbre y un dolor indescriptible. Las secuelas de este ataque no son solo físicas; son un mensaje disciplinador para todas y todos los/as periodistas y para toda la sociedad: el costo de estar en la calle trabajando o protestando puede ser la vida o la integridad física permanente.

Denunciamos ante esta Comisión que lo sucedido con Pablo Grillo no fue un accidente ni un exceso aislado. Fue el resultado directo de una política de seguridad del gobierno actual que criminaliza la presencia en el espacio público y habilita a las fuerzas federales a disparar a zonas vitales del cuerpo sin consecuencia alguna.

Además de los esfuerzos que hacemos desde la familia para impulsar la causa penal contra todas aquellas personas responsables, venimos a solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que:

-Incorpore el caso de Pablo Grillo como evidencia material de la violación a los derechos humanos y a la integridad física en Argentina.

-Exhorte al Estado argentino a cesar inmediatamente el uso de proyectiles cinéticos y gases disparados a la cabeza de manifestantes y ciudadanos.

-Acompañe nuestro pedido de justicia y reparación, dado que en el ámbito local enfrentamos, de parte del Poder Ejecutivo Nacional y, en particular, de la Sra. Ministra de Seguridad Nacional, un discurso oficial que valida, protege e incluso celebra este tipo de accionar represivo. Agradecemos que nuestra voz sea escuchada en este recinto internacional, ya que en nuestro propio país, las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional parecen haber decidido ignorar el sufrimiento que provocan.

Atentamente, Familia de Pablo Grillo“.

Con información de EFE y Data Judicial

La jueza federal María Servini citó a indagatoria al agente de la Policía Federal Pablo Alexis Aldama, identificado como el efectivo que el 12 de marzo pasado golpeó y derribó a la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, durante la represión frente al Congreso. La audiencia fue fijada para el 18 de noviembre, en el marco de la causa que investiga los abusos policiales cometidos aquel día, cuando el Gobierno reprimió una manifestación contra la Ley Bases. Patricia Bullrich había calificado a la mujer de “jubilada patotera”.

La investigación judicial determinó que Aldama pertenece al Batallón 2 del Cuerpo de Guardia de Infantería. Su identificación la hizo la fiscalía y fue posible gracias a una combinación de registros audiovisuales, fotografías y aportes de organismos de derechos humanos como el Mapa de la Policía, que reconstruyeron los movimientos de los agentes desplegados en la zona de Avenida Rivadavia y Callao.

El 12 de marzo, mientras intentaba protegerse de los gases lacrimógenos, Blanco fue empujada violentamente y cayó de espaldas contra la vereda. La secuencia quedó registrada en varios videos que circularon en redes sociales y medios. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una fractura de cadera, heridas en la cabeza y lesiones en un ojo.

Ese mismo día, otras dos personas fueron gravemente heridas: el fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, y Jonathan Navarro, hincha de Chacarita Juniors, que perdió la visión de un ojo tras recibir un disparo policial.

En su momento Bullrich intentó justificar la represión al afirmar que la jubilada “había pegado diez palazos”. Blanco desmintió esa versión y ahora dijo sobre su agresor: “Lo quiero ver, le quiero hablar y decirle gracias. Gracias por pegarme, gracias por romperme la cabeza y el ojo; y gracias por romperme la cadera”.

Esta semana la ministra y flamante senadora electa justificó la represión semanal frente al Congreso y habló de “200 policías heridos” pero nunca brindó detalles. Registros obtenidos por elDiarioAR revelaron que la represión ya dejó más de 1.300 manifestantes lesionados desde diciembre de 2023.

MC

“Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. Patricia Bullrich intentó salir con los tapones de punta cuando el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo le cuestionó la violencia de los operativos represivos del Ministerio de Seguridad. La flamante senadora electa buscó justificar la gravedad del protocolo antipiquete este martes en la Cámara baja, cuando la oposición le recordó casos como el del fotógrafo Pablo Grillo, quien aún se recupera del impacto de una granada de gas lacrimógeno que disparó el gendarme Héctor Guerrero, y los repetidos incidentes por las marchas de los jubilados. La funcionaria de Javier Milei incluso dijo que los agentes “perdieron la vista”, pero omitió decir la otra cara de la realidad: que los manifestantes heridos por la represión fueron al menos 1.300 desde que comenzó la gestión libertaria.

El protocolo de Bullrich rige desde diciembre de 2023 y este año se profundizó cada miércoles contra los jubilados frente al Congreso. Hace apenas una semana quedó en evidencia la ferocidad de los agentes de seguridad cuando un policía directamente golpeó a uno de los manifestantes y quedó registrado por las cámaras del canal TN. 

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 hubo al menos 1.302 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió este martes en exclusiva al elDiarioAR. El relevamiento destaca una ferocidad preocupante por parte de las fuerzas de seguridad que comanda Bullrich: durante ese año y medio ya se reprimieron 79 manifestaciones. Es decir que en promedio hubo 16 heridos por protesta reprimida.

“La violencia la inicia el Estado, incitando a los policías a golpear y gasear a cualquiera sólo por el hecho de protestar. La represión es política de este gobierno. Cada miércoles, las fuerzas de seguridad despliegan violencia contra jubiladas y jubilados, y contra trabajadores de prensa”, consideró a este medio el director de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró.

El de hace siete días fue el último episodio de una serie que comenzó apenas asumieron Milei y Bullrich. Durante la votación de la primera versión de la ley Bases, en febrero de 2024, la represión contabilizó 280 heridos, con el caso sobresaliente del abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo. El 11 de septiembre de 2024 también ocurrió el caso del policía que gaseó a una nena de 10 años: el efectivo de la Federal Cristian Rivaldi ahora está procesado y su expediente, con pedido de elevación a juicio. Pero el hecho más grave fue el que perjudicó a Grillo el 12 de marzo de este año, cuyo atacante también está procesado. Ese mismo día, al otro lado de la plaza del Congreso, perdió la visión de un ojo el manifestante Jonathan Navarro por un disparo de bala de goma del prefecto Sebastián Emanuel Martínez –también procesado–. 

El componente represivo es propio de Bullrich. Este mismo martes el CELS pidió que la justicia procese a Héctor Cajida, actualmente en la planificación de los operativos policiales de cada miércoles, por la razzia del 8 de marzo de 2017 –durante la gestión macrista de la ministra– cuando se reprimió y detuvo arbitrariamente a 21 personas.

Dicho escenario represivo se complementa con las estadísticas que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM): durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024. En esos seis meses –destaca el informe– se reprimieron 21 movilizaciones de un total de 39. “Si se tiene en cuenta que el año pasado se reprimieron 3 de cada 10 manifestaciones, estos datos de 2025 dan cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores”, denuncia la CPM.

El informe detalla que entre las víctimas hubo 132 adultos mayores y 4 niños, niñas y adolescentes, 179 periodistas que cubrían los hechos y al menos 20 defensores de derechos humanos, entre ellos integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, que desempeñaban tareas de control del despliegue policial.

Ante ese panorama, Bullrich no hizo más que justificar su mano dura. “Hicieron bosta la plaza del Congreso. Nosotros a eso no lo permitimos”, dijo la ministra saliente este martes en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Fue entonces cuando lanzó la cifra de “200 policías heridos”. 

Pero Bullrich no brindó detalles de las circunstancias ni características de los casos. elDiarioAR consultó a la prensa del ministerio precisiones al respecto apenas terminada la exposición de la funcionaria y no hubo respuesta. Lo llamativo es que en el archivo de los comunicados enviados a los medios en el último año y medio solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos. 

El primer reporte corresponde a la represión del 12 de junio de 2024 –cuando finalmente se sancionó la Ley Bases– y registra “ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos”. El segundo reporte data del 12 de marzo de 2025, el día que se reprimió ferozmente la protesta de jubilados con hinchas de fútbol: “En el marco de la manifestación de los barras bravas (...) se reportaron seis (6) heridos por parte de las Fuerzas de Seguridad. Tres (3) de la Policía Federal, tres (3) de la Prefectura Naval”, dice el comunicado.

Es decir, en total 20 efectivos federales heridos, apenas el 10 por ciento de la cifra que lanzó Bullrich este martes en la Cámara de Diputados. Pero la senadora, igual, se mostró desafiante: “Cuando empiezan a tirar piedras vamos a actuar una y otra vez”, advirtió.

MC

Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo -gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una protesta en marzo pasado-, volvió a reclamar justicia y a responsabilizar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión en la que su hijo resultó herido.

“Pablo está mejor, evolucionando día a día. ¿Cómo ayudarlo? Manteniendo el tema en agenda, y advirtiendo que en el Senado va a estar una persona con una malicia incomparable. Lo de Patricia Bullrich es incomprensible”, expresó en diálogo con el programa Parte del Aire.

El mensaje de Grillo se produce en un contexto de fuerte polémica por el desembarco de Bullrich en el Senado representando al oficialismo en el próximo turno electoral. Para el padre del fotógrafo, ese escenario representa una nueva afrenta a las víctimas de la violencia institucional: “No se trata solo de mi hijo. Es el símbolo de una política de represión que sigue sin asumir responsabilidades”.

El episodio ocurrió el 12 de marzo pasado, durante una manifestación de jubilados frente al Congreso. Pablo Grillo, reportero gráfico de 38 años, cubría la protesta cuando fue alcanzado por un proyectil disparado por efectivos de Gendarmería Nacional. Las imágenes y peritajes posteriores confirmaron que el cartucho fue lanzado horizontalmente, a escasa distancia del público, incumpliendo los protocolos de seguridad.

La causa judicial que investiga el hecho imputó al cabo primero Héctor Guerrero por tentativa de homicidio, pero la familia insiste en que la investigación debe avanzar sobre la cadena de mando. “El actor directo fue el cabo, pero la que daba las órdenes era Bullrich. Si existe la justicia, deberían llamarla a declarar”, había dicho Grillo semanas atrás, cuando se conocieron los primeros avances de la causa.

La denuncia de Grillo se suma a una serie de cuestionamientos a la política de seguridad implementada por el Gobierno nacional, particularmente en lo referido al tratamiento de las protestas sociales y el uso de la fuerza pública. En sus declaraciones, el padre del fotógrafo también denunció “una manipulación sistemática del relato oficial” y advirtió que el Ministerio de Seguridad “mintió desde el primer momento”.

“Dijeron que el proyectil rebotó en una barricada y que Pablo era un militante kirchnerista. Mintieron como siempre. Bullrich miente constantemente. Lo hizo con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con Chocobar. La mentira es su método. Son actores de una política de terror”, sostuvo en una entrevista reciente.

Desde su entorno, la ministra no se pronunció sobre las declaraciones de Grillo ni sobre el avance de la causa. En los informes oficiales, el Ministerio de Seguridad defendió la actuación de las fuerzas, argumentando que el operativo “se ajustó a los protocolos vigentes”.

Entretanto, Pablo Grillo continúa su recuperación tras varias cirugías y un largo proceso de rehabilitación neurológica. “Está mejor, día a día, con una fuerza que nos enseña a todos”, expresó su padre. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió que el caso no pierda visibilidad. Este domingo difundieron una nueva imagen de la madre, el padre, el hermano y el fotoperiodista en el Día de la Madre.

“Lo peor que puede pasar es el olvido. A Pablo lo puede ayudar la sociedad si mantiene el tema en agenda, si no deja que se naturalicen estos hechos. Porque si lo que pasó con mi hijo queda impune, puede volver a pasar mañana con otro”, afirmó Fabián Grillo.

Con su testimonio, el padre del fotógrafo insiste en transformar el dolor en denuncia pública. Reclama que la justicia actúe y que la sociedad no mire hacia otro lado. “No queremos venganza -aclaró-, queremos verdad. Y queremos que no haya más políticas que pongan en riesgo la vida de quienes están haciendo su trabajo o ejerciendo su derecho a manifestarse”.

CRM

La Justicia Federal decidió procesar a Héctor Guerrero, el gendarme acusado de herir gravemente al fotógrafo Pablo Grillo, al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. 

El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, firmó el fallo que imputa a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad.

El expediente judicial no solo se centra en la herida a Grillo, sino que también revela un patrón de uso indebido de la fuerza. El Juzgado determinó que Guerrero efectuó el disparo que impactó en Grillo de manera prohibida y que, además, realizó otros cinco disparos con el mismo accionar irregular.

Como consecuencia del procesamiento, la jueza Servini ordenó el embargo de los bienes del gendarme.

Este caso se suma a una serie de investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante protestas públicas, reavivando el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y la protección de los periodistas y trabajadores de prensa.

En su breve declaración de pasado mes, Guerrero se declaró inocente, dijo que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes, según la exposición en el expediente que lleva adelante la jueza María Servini.

El cabo de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich –miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina– fue identificado como el agresor de Grillo gracias a un cruzamiento de imágenes y testimonios realizado por la plataforma Mapa de la Policía.

Su declaración en la que asegura que disparó a reglamento y que fue atacado por manifestantes se contradijo con hechos verificados en el expediente. Por caso, de la propia descripción que hace el Juzgado está claro que al momento de sufrir el impacto, Grillo estaba de cuclillas, tomando fotos “sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”.

También la versión de Guerrero chocó con respecto a la manera de disparar y el Juzgado le imputó haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Grillo “a sabiendas de que con su accionar, podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él”. Y quedó descartado, por peritaje de la Policía de la Ciudad, que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°, como debiera haber realizado conforme los protocolos contra disturbios vigentes.

Como tercer punto, la querella destacó que las fotos y videos tomados ese día demuestran que el cordón de gendarmes tenía visibilidad de los manifestantes que tenían enfrente, entre los cuales estaba Grillo.

Al declarar su inocencia, Guerrero agrego: “Yo presté servicios en el destacamento móvil 6 por aproximadamente 7 años. En el 2017 hice un curso de operaciones urbanas. El día 12 de marzo de 2025 nos ordenaron equiparnos y custodiar el Congreso de la Nación que estaba de espalda nuestro. Es decir ubicarnos de frente a los manifestantes. En un momento comenzaron a arrojarnos muchísimas piedras, de las cuales 5 recibí en mi torso y otros 12 compañeros quedaron heridos. Cuando los manifestantes se acercaron a nosotros, hicimos uso de la granada de mano de gas lacrimógeno. Ese día con el humo y el agua del hidrante, se complicaba la visión además que tenía puesta mi máscara anti gas. El lanza gas no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías, es un anima lisa, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular y todos los disparos que yo realicé fueron a lugares seguros. Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona, y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso de lanza gas”.

Con información de agencias.

IG

La madre de Pablo Grillo, el fotoperiodista que lucha por su vida desde el 12 de marzo, decidió dirigirse directamente a la jueza María Servini. Lo hizo a través de una carta que fue leída en un programa de radio y que en pocas líneas condensa la dimensión personal, política y judicial de un caso que conmovió al periodismo y a los organismos de derechos humanos.

“Señora jueza: usted a mí no me conoce. Soy la mamá de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue agredido por el gendarme Guerrero el 12 de marzo en Plaza Congreso. Mi hijo estaba ejerciendo el trabajo de fotógrafo al igual que el gendarme, con la diferencia de que él tenía en la mano una cámara y Guerrero un arma letal que casi lo mata”, comienza la carta, leída por Julia Mengolini en su programa de radio.

María del Carmen recuerda a su hijo como un joven solidario, estudioso, militante y soñador. “Siempre fue emprendedor, nunca se quedaba quieto, siempre con ganas de hacer y de vivir”, describe. Ese futuro quedó interrumpido el día en que una bala de gas lacrimógeno calibre 38 milímetros impactó en la cabeza de Grillo mientras cubría la represión de la Gendarmería contra una protesta de jubilados en Plaza Congreso.

La acusación contra Guerrero y Bullrich

En su texto, la madre responsabiliza directamente al gendarme Héctor Guerrero, señalado como autor del disparo, pero también a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich. Esta mujer y su banda nos cambiaron la vida como familia. Hoy, para mí, es una asesina, un personaje cruel y mentiroso al que poco le interesa la vida del otro”, sostiene con dureza.

La carta transmite el dolor de una madre que describe a su hijo como un hombre irreconocible tras la agresión: “Pablo dejó de ser Pablo. No come, se olvidó de comer y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto, que hoy tiene que estar en una cama de hospital”.

“Señora jueza -concluye María del Carmen-, sólo pedimos justicia. No busco venganza. Y sabe una cosa: él sólo tenía una cámara de fotos”.

El avance de la causa

En paralelo, la investigación judicial avanza en los tribunales de Comodoro Py. El 18 de septiembre, Guerrero declaró ante el juez Ariel Lijo, quien subroga a Servini en este expediente. Reconoció haber efectuado el disparo pero se declaró “inocente” y negó haber tenido intención de herir a nadie. Argumentó que estaba bajo una lluvia de piedras y con baja visibilidad por el humo y el agua de los camiones hidrantes.

El expediente, sin embargo, sostiene otra versión: la fiscalía y la querella remarcaron que Guerrero disparó de manera horizontal y antirreglamentaria, con conocimiento del riesgo de provocar lesiones graves. Para los abogados de Grillo, el gendarme mintió: el fotógrafo estaba agachado tomando imágenes, sin representar peligro alguno.

Por la gravedad de las heridas, la carátula pasó de “averiguación de delito” a “homicidio en grado de tentativa”. Grillo permanece internado en el Hospital de Rehabilitación Rocca, donde recibe un tratamiento interdisciplinario. Fue sometido a una craneoplastia bilateral y afronta secuelas neurológicas y motrices que condicionan su recuperación.

Una vida transformada

La carta de María del Carmen no sólo expone la situación de Pablo sino también el impacto devastador en su entorno. “Nosotros como padres no tenemos vida, sólo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades. Su hermano trata de retomar su vida con esposa e hija, pero es difícil. Los amigos, todos pendientes de él, al menos por ahora”, señala.

Ese retrato íntimo se entrelaza con un reclamo de dimensión pública: la necesidad de justicia para su hijo y para el ejercicio de la prensa en contextos de protesta social. “No se trata de venganza -escribió la madre-. Se trata de que mi hijo recupere su dignidad y que quienes dieron y ejecutaron las órdenes respondan ante la Justicia”.

El caso de Pablo Grillo se suma a una serie de denuncias sobre el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales. Para su madre, cada día sin respuesta judicial es un día más de impunidad. Su pedido es claro: que el Estado reconozca responsabilidades y que la Justicia avance con celeridad.

CRM

El gendarme Héctor Guerrero declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py en la causa que investiga el ataque a Pablo Grillo con un proyectil de gas lacrimógeno en la marcha del 12 de marzo pasado frente al Congreso. Fuera del edificio judicial su familia y compañeros realizaron una manifestación en apoyo al fotógrafo, quien aún está en rehabilitación por la grave herida en su cabeza.

En su breve declaración, el cabo dijo que es inocente, que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes, según la exposición en el expediente que lleva adelante la jueza María Servini, según supo elDiarioAR. El cabo de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich tiene prohibido salir del país, imputado por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Guerrero –miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina– fue identificado como el agresor de Grillo gracias a un cruzamiento de imágenes y testimonios realizado por la plataforma Mapa de la Policía.

Su declaración de que disparó a reglamento y que fue atacado por manifestantes se contradice con hechos verificados en el expediente. Por caso, de la propia descripción que hace el Juzgado está claro que al momento de sufrir el impacto, Grillo estaba de cuclillas, tomando fotos “sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”.

También la versión de Guerrero choca con respecto a la manera de disparar: el Juzgado le imputó hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Grillo “a sabiendas de que con su accionar, podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él”. Y que está descartado, por peritaje de la Policía de la Ciudad, que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°, como debiera haber realizado conforme los protocolos contra disturbios vigentes.

Como tercer punto, la querella destacó que las fotos y videos tomados ese día demuestran que el cordón de gendarmes tenía visibilidad de los manifestantes que tenían enfrente, entre los cuales estaba Grillo.

Al declarar su inocencia, Guerrero agrego: “Yo presté servicios en el destacamento móvil 6 por aproximadamente 7 años. En el 2017 hice un curso de operaciones urbanas. El día 12 de marzo de 2025 nos ordenaron equiparnos y custodiar el Congreso de la Nación que estaba de espalda nuestro. Es decir ubicarnos de frente a los manifestantes. En un momento comenzaron a arrojarnos muchísimas piedras, de las cuales 5 recibí en mi torso y otros 12 compañeros quedaron heridos. Cuando los manifestantes se acercaron a nosotros, hicimos uso de la granada de mano de gas lacrimógeno. Ese día con el humo y el agua del hidrante, se complicaba la visión además que tenía puesta mi máscara anti gas. El lanza gas no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías, es un anima lisa, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular y todos los disparos que yo realicé fueron a lugares seguros. Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona, y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso de lanza gas”.

Por la misma represión del 12 de marzo ayer declaró ante la justicia el prefecto Sebastián Martínez, quien atacó en un ojo al manifestante Jonathan Navarro. Se declaró “inocente” y dijo haber cumplido con su deber, como publicó elDiarioAR.

En aquella manifestación, casi en simultáneo, Grillo recibió en su cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno cuando tomaba fotos de la represión de la Gendarmería sobre la calle Yrigoyen, mientras que Navarro –hincha de Chacarita que fue a la protesta en solidaridad con su padre jubilado– recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo cuando se manifestaba en el otro lado de la plaza, sobre la avenida Rivadavia.

MC

“Cumplí con todos los reglamentos vigentes. Cumplí con mi deber en el resguardo de los objetivos federales, como así también en resguardo de los propios manifestantes y el personal a mi cargo”. Con esa fórmula el prefecto Sebastián Martínez se declaró “inocente” de haberle disparado a Jonathan Navarro en el ojo izquierdo en la represión del 12 de marzo frente al Congreso. El efectivo de la fuerza que conduce políticamente Patricia Bullrich declaró este martes en tribunales en la causa que investiga el accionar policial y que lleva adelante la juez María Servini. 

Martínez está imputado por incumplimiento de sus deberes y tiene prohibido salir del país. La clave está en que disparó una bala de goma con su rifle Byrna TCR de manera incorrecta.

En el expediente se detalla que Martínez “abusó de su cargo de Oficial Auxiliar, y de su función de custodia, integrando la dotación a bordo del móvil Sigla CTUPD-TT-885, dentro de la Agrupación Guardacostas, a cargo del PPCGGE Miguel Alberto Prado, mediante el disparo del arma ‘no letal’ Byrna, modelo TCR, efectuado desde una distancia de entre 5 a 6,5 metros, de una munición Proyectil Químico Byrna Pepper (solución de Oleorresina de Cpasicum (OC) al 5%, de manera contraria a la reglamentación prevista, injustificada y conociendo las consecuencias de ello.

El disparo de Martínez dejó ciego de un ojo a Navarro de manera definitiva. El episodio ocurrió el mismo día en que el gendarme Héctor Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. 

Guerrero está citado para declarar este miércoles, justo cuando habrá otra marcha importante en las inmediaciones del Congreso contra los vetos presidenciales a la emergencia en el hospital Garrahan y el aumento universitario. Ambos efectivos de las fuerzas federales fueron llevados a la justicia gracias a que fueron identificados por investigaciones independientes de la plataforma Mapa de la Policía.

Martínez intentó ante el juez Ariel Lijo –subrogante de Servini– humanizar su figura y hasta se permitió hablar de cuánto cobra como miembro de la fuerza de Bullrich: “Vivo con mi pareja y mi hija. Mi hija tiene 4 años. Mi pareja trabaja. Entre los dos sueldos no nos alcanza. El mío solo es un sueldo de oficial de prefectura, no pasa del millón de pesos. El de mi pareja está en las mismas condiciones. Está también en la fuerza”, expresó, según la declaración a la que accedió elDiarioAR.

El prefecto se negó a responder preguntas pero cuando se declaró “inocente” agregó: “Cumplí con todos los reglamentos vigentes. Cumplí con mi deber en el resguardo de los objetivos federales, como así también en resguardo de los propios manifestantes y el personal a mi cargo”. 

Martínez no dio más detalles al respecto pero dijo que ampliará su descargo por escrito, como lo aconsejaron sus abogado Juan Carlos Maggi y Martín Sarubbi, quien también defiende al gendarme Guerrero y es conocido por ser un abogado del “gatillo fácil” y asesor habitual del Ministerio de Seguridad.

“Lo único que pido es que esa basura pague por lo que me hizo. Yo ya no tengo la misma vida de antes: pasé momentos de mierda, ya no soy el mismo. Quiero que pague. Ese hijo de puta me disparó a la cara a esa distancia y me pudo haber matado. Igual, no me arrepiento de haber ido, porque fui a defender los sueldos de mi viejo y porque estaba cansado de ver cómo le pegaban a los jubilados”, señaló en su momento Navarro a elDiarioAR semanas atrás cuando se conoció la identidad del prefecto que le disparó. Y agregó: “Quiero que pague por lo que me hizo. Veo los videos y pienso que me pudo haber matado. ¿Por qué no me tiró al cuerpo? Tenía todo el cuerpo para dispararme y me apuntó a la cara. Yo ya no puedo hacer deporte, ya no voy a la cancha, no tengo los mismos reflejos. Tengo el apoyo de mi familia, de mis vecinos, pero es difícil, muy difícil. Que pague, lo único que pido es que pague”.

MC

El gendarme Héctor Guerrero no disparó su arma de gas lacrimógeno como indica el manual de uso de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich. A esa conclusión llegó un peritaje realizado por la Policía de la Ciudad, ordenado por la jueza María Servini, sobre el ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo en la represión de la marcha de los jubilados del 12 de marzo.

El juzgado incorporó este martes el informe de reconstrucción balística que se realizó días atrás a la causa por la represión que ordenó el Gobierno sobre aquella marcha de los jubilados con hinchas de fútbol alrededor del Congreso. El trabajo fue producido por la División Balística de la Policía de la Ciudad junto con los peritos de la querella y de la defensa, e incluyó mediciones en el lugar de los hechos y una serie de disparos de prueba en un descampado.

La conclusión central del documento es categórica: quedó descartado que el gendarme haya efectuado el disparo que impactó en el cráneo de Grillo siguiendo las instrucciones del manual de uso de las pistolas lanza gases que Gendarmería aportó a la causa.

La prueba demostró que si el gendarme hubiese disparado a 45 grados hacia arriba o entre los 30 y 45 grados hacia abajo, como obliga el manual, el cartucho de gas lacrimógeno jamás hubiera alcanzado a Grillo del modo en que lo hizo. “El disparo que hicieron en 45 grados terminó en la casa de un vecino, a más de una cuadra y media”, comentó a elDiarioAR una fuente con acceso al expediente.

En el caso de la prueba con disparo en parábola hacia arriba, el cartucho cayó a 156 metros del tirador, es decir, a más del triple de la distancia en la que se encontraba Grillo de Guerrero. La conclusión es inequívoca: para herir al fotógrafo como ocurrió, el gendarme debió haber disparado de manera horizontal y directa hacia las personas. El informe de la Policía porteña no aporta esa conclusión, pero la deja en evidencia.

Dicho punto es una de las disputas iniciales del caso. Apenas días después de la represión, Bullrich defendió públicamente a Guerrero y sostuvo que había actuado “como indican los manuales”. Sin embargo, los videos que circularon desde la primera jornada mostraban al gendarme disparar a la altura del cuerpo, una práctica expresamente prohibida por su alto grado de peligrosidad y potencial letalidad.

La reconstrucción posterior que logró el Mapa de la Policía reveló quién fue el tirador y se mostraron registros de su forma de disparar. La foto que permitió identificar a Guerrero lo muestra disparando de manera recta durante la represión.

El informe ahora incorporado a la causa pone en crisis la versión del Gobierno y robustece el planteo de la querella, que acusa a Guerrero de disparar en dirección a los manifestantes en violación de todos los protocolos. El documento será clave para las próximas decisiones judiciales en un expediente que no sólo busca determinar responsabilidades individuales, sino también evaluar la cadena de mandos y el rol de Bullrich en la represión.

La jueza Servini citó a indagatoria a Guerrero para el 17 de septiembre. Originalmente la fecha era este martes 2, pero pospuso la presentación del gendarme a la espera del informe de la Policía de la Ciudad, que finalmente llegó en las últimas horas. Para un día antes está citado Emanuel Martínez, el prefecto que le disparó a Jonathan Navarro, un manifestante que ese mismo 12 de marzo, pero del otro lado de la plaza del Congreso, recibió el disparo de una bala de goma en su ojo izquierdo, por el que perdió la visión.

MC

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el 13 de marzo último, volvió a terapia intensiva por complicaciones en su salud y su familia advirtió que “no está teniendo la evolución que se espera”.

Fabián Grillo, padre del joven que permanece internado en el hospital Ramos Mejía de esta capital, dijo este miércoles que “ayer se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y que en la jornada de hoy “seguramente le harán una tomografía y verán cómo evoluciona”.

“El estado de él ayer era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, explicó y dijo que los médicos evalúan que “o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”.

Agregó que los médicos que lo atienden “están viendo cómo evoluciona”, y hoy “le harán seguramente una tomografía para ver cómo evoluciona. Parecería que está drenando en demasía el líquido cefalorraquídeo”, subrayó.

Además, a través de la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, los familiares puntualizaron que el joven, de 35 años está “clínicamente estable en terapia intensiva”, y que “neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera”.

Puntualizaron que “el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”, y según “la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo”.

A través de esa cuenta los familiares del fotoperiodista dijeron que “continúa luchando, está con fuerzas” y destacaron que “el cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita.

Grillo resultó herido de gravedad el 13 de marzo en la Plaza del Congreso, en el marco de una protesta de jubilados acompañados por organizaciones políticas y sociales, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que impactó directamente en su cabeza.

Por el hecho está en marcha una causa judicial en la que está acusado el cabo de Gendarmería Hector Guerrero, autor del disparo de gas lacrimogeno.

Con información de agencias.

IG

El prefecto que disparó contra Jonathan Navarro durante la represión contra la marcha de jubilado del 12 de marzo pasado es el oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la Agrupación Guardacostas (AGGU) de la Prefectura Naval Argentina, fuerza federal que conduce políticamente Patricia Bullrich, flamante candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

La identificación de Martínez la realizó el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini, en base a la reconstrucción del ataque que realizó la plataforma independiente Mapa de la Policía, según supo elDiarioAR de fuentes allegadas al expediente. La jueza llamó a indagatoria al prefecto para el 16 de septiembre próximo y le prohibió salir del país.

La revelación del nombre del prefecto se da menos de un mes después de que el Mapa de la Policía y la querella publicaran un video en el que revelan con precisión la cara del tirador. Por el impacto de la bala de goma que contenía gas pimienta, Navarro –un hincha de Chacarita de 33 años– perdió por completo la visión del ojo izquierdo. Ya fue intervenido quirúrgicamente al menos dos veces.

La reconstrucción del caso de Navarro es la segunda de este tipo, después de la pieza forense sobre el fotógrafo Pablo Grillo: a través del cruce de imágenes de testigos involuntarios y fotorreporteros, el trabajo del Mapa de la Policía permitió dar con el gendarme Héctor Guerrero, que ya fue convocado a declarar como imputado por la jueza Servini para el próximo 7 de septiembre. La magistrada investiga el rol de las fuerzas durante la represión del 12 de marzo, donde hubo una “cacería policial”: más de cien detenidos sin causa y más de 50 heridos.

Cómo se identificó al prefecto

El prefecto Martínez que atacó a Navarro fue identificado por varios elementos: el color naranja del rifle Byrna TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano. A partir de la reconstrucción del hecho, la querella presentó un oficio en el que se le solicitó a la Prefectura el legajo de todos los efectivos que portaban armas Byrna TCR –que dispara proyectiles neumáticos con gas pimienta– el día del operativo y sus imágenes. El juzgado cotejó dicha información con la reconstrucción realizada por el Mapa y reconoció que su retrato coincide con el identificado.

Este miércoles 20 de agosto los integrantes del Mapa de la Policía se presentarán ante el juzgado para explicar técnicamente cómo se elaboró el informe de reconstrucción audiovisual presentado por la querella, detallando el origen y la preservación de las imágenes, así como el método que permitió individualizar al prefecto.

En el relevamiento sobre Navarro fue clave la cámara de un domo de la policía ubicado en el Congreso a la que se accedió gracias al pedido de la Justicia como parte del expediente que investiga el ataque a Pablo Grillo. Desde esa perspectiva quedó registrado el movimiento de la línea de prefectos sobre el costado de la plaza del Congreso que da a Rivadavia. Lo que hizo el Mapa fue cruzar esa toma con imágenes capturadas desde la calle y que dieron otra perspectiva de la represión.

A pesar de que el manual de uso de este armamento prohíbe apuntar hacia partes sensibles del cuerpo, en el video de la reconstrucción se observa que el disparo de Martinez se efectuó a menos de cuatro metros de distancia y que apuntó directamente a la cara de Navarro.

La represión contra el hincha de Chacarita, que participó de la movilización por la angustia de su padre como consecuencia del alto costo de un medicamento (unos $80.000), además permite pensar en una denuncia más ambiciosa: que las fuerzas de Bullrich actuaron en coordinación para reprimir ferozmente la manifestación. Porque Navarro recibió su disparo sobre la Avenida Rivadavia casi a la altura de Rodríguez Peña apenas tres minutos después de que en el otro costado de la plaza del Congreso, sobre Yrigoyen y Solís, cayó gravemente herido Grillo.

El llamado a indagatoria del prefecto abre una puerta clave para avanzar sobre la responsabilidad material y constituye la punta del ovillo para indagar también en la cadena de mando que diseñó, coordinó y encubrió el operativo represivo

Pablo Zapulla — Estudio CKZ y abogado de Navarro

Según la querella, esa secuencia temporal constituye el elemento más contundente para establecer la responsabilidad penal de toda la cadena de mando: demuestra que dos agentes de fuerzas distintas, ubicados en lugares diferentes y actuando sin referencia visual entre sí, ejecutaron conductas idénticas y prohibidas, revelando un patrón de actuación que trasciende lo individual y compromete a las órdenes superiores.

“Este avance marca un punto de quiebre en la causa: se pasó de la identificación del rostro del agresor a la individualización de su identidad. El llamado a indagatoria del prefecto abre una puerta clave para avanzar sobre la responsabilidad material y constituye la punta del ovillo para indagar también en la cadena de mando que diseñó, coordinó y encubrió el operativo represivo. La diferencia de apenas tres minutos entre el disparo que hirió brutalmente a Pablo Grillo y el que dejó ciego de un ojo a Navarro, ejecutados por fuerzas distintas pero en el mismo operativo, evidencia que no se trató de episodios aislados sino de una acción simultánea y coordinada que respondió a una definición política”, aseguró en FM La Tribu Pablo Zapulla del Estudio CKZ y abogado de Navarro.

La investigación indicó, además, que el Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros, fue quien esa tarde del 12 de marzo estaba a cargo de la fuerza a la que pertenece el oficial Martinez. El accionar de Prefectura y de Gendarmería respondió a las órdenes del comando unificado liderado por Bullrich. Tanto en el caso de Pablo Grillo como en el Jonathan Navarro, los autores materiales son oficiales de menor rango que responden a órdenes de mandos intermedios. A su vez, estos acatan las órdenes de las autoridades políticas.

La historia de Jonathan Navarro

Jonathan Navarro tiene 33 años y el 12 de marzo fue a la marcha de los jubilados después de ver a su padre angustiado por no poder pagar un medicamento de $80.000. Junto con un amigo viajó desde San Martín —de cuyo municipio es empleado y en el pasado realizaba changas de albañilería para ayudar a su familia— al Congreso en tren y subte para protestar contra el ajuste de Milei. Fanático de Chacarita, se sumó así a los hinchas de su club y de otros equipos para acompañar a los jubilados en esa jornada. Luego del impacto de la bala de goma, fue atendido por una posta de salud ubicada en el Instituto Patria. Regresó a su casa y recién después acudió a un hospital, donde recibió la noticia de que la herida le había causado la pérdida de la visión de su ojo izquierdo.

“Lo único que pido es que esa basura pague por lo que me hizo. Yo ya no tengo la misma vida de antes: pasé momentos de mierda, ya no soy el mismo. Quiero que pague. Ese hijo de puta me disparó a la cara a esa distancia y me pudo haber matado. Igual, no me arrepiento de haber ido, porque fui a defender los sueldos de mi viejo y porque estaba cansado de ver cómo le pegaban a los jubilados”, señaló Navarro a elDiarioAR tras conocer la identidad del prefecto que le disparó. Y agregó: “Quiero que pague por lo que me hizo. Veo los videos y pienso que me pudo haber matado. ¿Por qué no me tiró al cuerpo? Tenía todo el cuerpo para dispararme y me apuntó a la cara. Yo ya no puedo hacer deporte, ya no voy a la cancha, no tengo los mismos reflejos. Tengo el apoyo de mi familia, de mis vecinos, pero es difícil, muy difícil. Que pague, lo único que pido es que pague”.

El rol de Navarro fue clave para la reconstrucción porque él pudo ubicar a los investigadores en tiempo y espacio, algo que no se pudo hacer con Pablo Grillo por su estado de salud delicado. Su testimonio reforzó el insumo principal de las imágenes que recolectó la organización civil. “Laburamos con él, con su relato, con su testimonio. Eso no fue posible con Pablo porque estaba en terapia intensiva. En este caso, además de reconstruir, pudimos construir algo junto a Jonathan, que lo saca de la figura de víctima pasiva y lo pone en un lugar más activo, pudimos generar con él un elemento que vaya en la dirección contraria: el Gobierno tira contra Jonathan y Jonathan puede organizarse en la comunidad y devolverle algo a la agresión”, apuntó a elDiarioAR Matías Castro, uno de los integrantes del Mapa.

El Mapa es un espacio de coordinación entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores. Puntualmente para Navarro se hizo un trabajo conjunto entre la revista Crisis, el CELS, Argentina Humana, la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y el Instituto En Foco. Tras el avance del caso Grillo, ahora lograron aportar información clave para identificar al atacante de Navarro. Ya hay dos efectivos de las fuerzas federales bajo la lupa por actuar bajo la orden del Gobierno de reprimir.

MC/JJD