Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área le solicitaron al Gobierno nacional saldar las deudas tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI, y que en muchos casos se sostienen desde de septiembre de 2025.

Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, expresó.

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”.

“Dicen que Economía no gira a los fondos”, dijo y añadió que una de las iniciativas que se discuten es montar un acampe “por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad”. “No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para despejar la calle Moreno, la Policía avanzó sobre los manifestantes.

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

Además, remarcaron que esta situación “impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”, sostienen desde el Foro.

La protesta se desarrolló desde las 10.30 en 9 de Julio y Belgrano, del centro porteño, mientras que en Rosario, provincia de Santa Fe, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron este jueves una movilización frente a la sede de Gobernación, en la Plaza 25 de mayo, encabezada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que alertó sobre una situación “desesperante” para las organizaciones que sostienen tratamientos, talleres y traslados.

La carta para Milei: “Esperamos de su gobierno respuestas concretas ya”

Este miércoles, Pablo Molero, coordinador del Foro, le envió una carta pública al presidente Javier Milei en la que lamentó que en el discurso con el que el mandatario inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado domingo, “no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social”, reclamó.

De acuerdo a Molero, las palabras y las acciones de Milei “han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024”.

Asimismo, reiteró el reclamo tras el veto presidencial a la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad que luego fue ratificada por el Congreso: “Como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución”, recalcó Molero. Y agregó: “Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado”.

El coordinaror del Foro también le recordó al mandatario que en noviembre de 2025 “su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI, el último mes que pagó, fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad”, detalló.

“El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”, añadió.

Y en el final de la carta, Molero fue más allá: “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo formalizó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad; de Gianfranco Scigliano como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos; y de Esteban Rafael Giler como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno tenía un caballo de Troya en el Presupuesto 2026: el capítulo 11 en el proyecto que se votó anoche en la Cámara de Diputados buscaba derogar las emergencia universitaria y en discapacidad, restringir el régimen de zona fría y eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares. Toda una declaración de principios de la gestión de Javier Milei, que rechaza el concepto de “justicia social” y avala la idea del ajuste permanente y el sálvese quien pueda.

Pero el oficialismo recibió anoche un golpazo: una mayoría circunstancial de 123 votos en contra superó a 117 votos positivos. La caída del título fue celebrada con euforia por toda la oposición, que además le asestó un golpe a las bancadas que se inclinaron por acompañar al oficialismo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires –que había negociado Jorge Macri con Diego Santilli–, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Los libertarios pagaron caro la ambiciosa jugada de incorporar todas estas medidas en un mismo capítulo y de buscar que se vote en particular por capítulo y no por artículo. Si hubiera optado la segunda estrategia –como propuso en la sesión el jefe del bloque peronista, Germán Martínez–, LLA podría haber salvado la ropa de las pretensiones de sus socios del PRO.

El capítulo 11 cayó porque se dividió el bloque de apoyos que había cerrado a fuerza de billetera en los últimos días. Esta misma semana se conoció que la Casa Rosada había girado ATN a discreción:

El teléfono de Santilli y la billetera de Luis Caputo alcanzaron para aprobar el Presupuesto en general, pero la manta fue muy corta en el momento clave del capítulo 11. Ese bloque de aliados circunstanciales se dividió: los diputados salteños rechazaron la apuesta libertaria pero los misioneros apoyaron. “Se dieron vuelta un par que eran claves para el Gobierno”, admitieron cerca de Santilli.

Una fuente parlamentaria hizo el cálculo de que los libertarios perdieron tres veces en la Cámara de Diputados y en el mismo semestre el tema Universidades y Discapacidad. 

El rechazo dejó expuesto a los que giraron de manera impresionante, porque varios de esos diputados habían votado, semanas atrás, la insistencia a la ley de emergencia en Discapacidad y rechazado el veto de Milei. 

Anoche los legisladores que cambiaron su voto fueron: 

Y en el momento de la votación se ausentaron otros que habían votado a favor de la insistencia de la emergencia:

“No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, lanzó esta mañana Bertie Benegas Lynch, que se convirtió en la espada libertaria para defender el Presupuesto 2026, tras la caída en desgracia de José Luis Espert. El legislador dejó flotando en el aire una posibilidad que ya está corriendo en los pasillos parlamentarios: que el Gobierno argumente que el proyecto, sin el capítulo 11, es inviable para el ajuste libertario.

Entonces Milei podría preferir patearlo o hasta vetarlo si lo sanciona el Senado, y volver a gobernar otro año por decreto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral, que corresponde a una administración sana”, dijo el diputado.

En la Casa Rosada entienden que ambas emergencias sociales afectan el déficit cero, pero las previsiones de impacto presupuestario no parecen dar ese escenario, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan. La emergencia universitaria significaría para este año que aún no terminó $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Y el de la emergencia en discapacidad, en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). 

MC

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

En el último intento del oficialismo para intentar garantizar más la protección del capítulo 11, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78. De esta manera, la redacción del artículo 79 quedaba así: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

También los legisladores oficialistas sumaban el artículo 80 que disponía un aumento de financiamiento para el Poder Judicial por un monto de  $21.347 millones.

Pero como estas modificaciones se incorporaron en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedaron sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, y una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación, como quería el Gobierno.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75”, reclamó.

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Con mordacidad, definió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”. “Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense, chicana mediante hacia la legisladora bullrichista.

“Hay crisis de representación porque hay diputados que votaron una cosa hace unos meses y ahora cambiaron el voto”, le enrostró Martínez a los legisladores que “borocotizaron” su voto entregando a jubilados y discapacitados a cambio de distintas concesiones menores.

Momentos después, a la hora de explicar su voto, el diputado santacruceño José Luis Garrido le daría la razón involuntariamente al jefe del bloque peronista.

Garrido aclaró que votaría a favor del capítulo con la salvedad de que no estaba a favor de los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario, ni con quitar el régimen de zona fría, pero entre la espada y la pared obraría en ese sentido.

“Las salvedades no te salvan”, se escuchó decirle Cecilia Moreau al santacruceño para que reconsiderara su postura.

Ni lento ni perezoso, Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió lo anormal de la situación. “Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”, apuntó.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, lamentó.

Hasta la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), habitual acompañante del Gobierno, se diferenció en este aspecto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, denunció.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés. Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”. “Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

Principales puntos del proyecto del Presupuesto

Con información de agencias.

IG

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo declara la “invalidez” del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la ley hasta tanto el Congreso no determinara el origen de los fondos para ponerla en práctica.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió hacer lugar a un amparo colectivo y declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025 –publicado el 22 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial – con el que el Ejecutivo había promulgado la norma pero la había dejado en suspenso.

La demanda, presentada por los padres de dos niños con discapacidad y a la que se sumaron numerosas organizaciones, señalaba que el decreto representaba una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso.

La Ley 27.793 establece beneficios económicos para el sector de las personas con discapacidad, declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y establece regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas.

De acuerdo a lo que señaló el juez en su fallo, “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables”.

Para González Charvay, la suspensión de la ley impide la aplicación de las medidas “diseñadas para garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer estándares mínimos de calidad y accesibilidad, implementar mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema y asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan”.

El fallo se conoce luego de la movilización que este miércoles realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad a Plaza de Mayo para reclamar porque en el dictamen del Presupuesto 2026 no están las partidas destinadas al sector.

El pasado 4 de octubre, Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

Despidos. Maltrato psicológico. Vaciamiento de áreas. Mudanzas intempestivas. Mientras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene su desarrollo en los tribunales de Comodoro Py, puertas adentro del organismo encargado de atender a ese sector vulnerable de la población vive momentos de extrema tensión desde que fue eyectado Diego Spagnuolo –abogado y amigo de Javier Milei–.

En los últimos días en la agencia hay movimientos particulares por un hecho muy puntual: el cambio de sede de áreas internas. En ese marco se está trasladando una oficina que a la luz de la supuesta trama de corrupción ya genera suspicacia internamente: la mudanza de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Florencia de Paoli desde el 23 de septiembre de 2024. Justamente es un área de donde salieron algunos chats filtrados sobre la suspensión de pensiones en medio del escándalo de corrupción, supo elDiarioAR de fuentes internas.

El argumento que se le dio a los trabajadores para el traslado de áreas es económico: se está dejando un edificio alquilado para mudarse a inmuebles propios de la agencia. La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, en la avenida Rivadavia –el único que se alquila–, la Comisión Nacional de Pensiones, en la calle Yrigoyen, y el Sistema Nacional de Rehabilitación, en la calle Ramsay. 

Así se está llevando a cabo una mudanza doble: algunas áreas desde la sede Yrigoyen se trasladan a la sede de Ramsay, y otras áreas de Rivadavia a Yrigoyen, para no pagar más alquiler en Rivadavia. La decisión la comanda el interventor tras la salida de Spagnuolo, Alejandro Alberto Vilches.

La mudanza y las denuncias públicas echaron leña al fuego al clima adverso que tienen que soportar los trabajadores desde que asumió Milei. Ya se recortó casi la mitad de la planta: comenzó con unos 1600 y se corrió a 600 personas. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se lee en un apartado sobre el personal en la web https://www.argentina.gob.ar/andis/.

Esos despidos o baja de contratos incluyeron a funcionarios con larga trayectoria. “A mí me destrozaron la vida. Yo tenía mucha demanda laboral y una antigüedad de 23 años”, denunció ante elDiarioAR Ivonne Guanuco, ex empleada de la ANDIS en Humahuaca, Jujuy, trabajadora social encargada de asistir a una importante cantidad de municipios en el NOA. Solo en su sector echaron a 14 personas y vaciaron las oficinas de profesionales, ya que solo quedaron algunos administrativos.

“Yo tenía 9 años de antigüedad cuando me rajaron, con contratos de planta transitoria, con renovación anual. Esa precariedad de contratación hizo que nos rajen y que no nos indemnicen y que no tengamos derecho a un seguro de desempleo”, se sumó al coro de quejas otra despedida, que prefirió guardar su anonimato. 

Las entrevistadas aseguraron que el caso de corrupción que encabezaron Spagnuolo y Miguel Calvete, entre otros, revela la mala gestión libertaria en la política de acompañamiento a las personas con discapacidad. En el medio el Gobierno vetó la ley de emergencia y, tras la insistencia del Congreso, tampoco la aplicó. “Acá diariamente están pasando tantas cosas a nivel laboral, derechos, etc, que nos pasan por arriba 20 veces. Estamos esperando un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló otra de las personas consultadas.

Uno de los trabajadores relató que una compañera fue maltratada al ser reincorporada. Sufrió violencia verbal por parte de la entonces Directora Nacional de Inclusión, Romina Núñez, quien después pasó a ser Subdirectora Ejecutiva y que fue destituida con la intervención tras la salida de Spagnuolo. “Se encargó de hablar delante de todo el mundo en voz alta y decirle que ahora que había vuelto a la oficina ese lugar no era un circo para andar haciendo videítos”, comentó un testigo. Según apuntó, en marzo de 2024 varios trabajadores hicieron un video contando cómo habían sido expulsados y denunciando el vaciamiento de la agencia. 

La interna sindical

A la problemática en ANDIS se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. Este miércoles voces sindicales confirmaron a elDiarioAR la salida de nuevos funcionarios y empleados de la agencia, algunos mencionados en la causa judicial de los sobornos y otros por otras cuestiones de mala gestión. 

Los casos más destacados en la reciente depuración son el de Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas y médico auditor, piezas clave en la trama Spagnuolo-Grant. Pero también aparecieron como desplazados el director de Administración, Técnica y Legal de Andis, Nahuel Andrés Tavernelli, así como uno de sus colaboradores: el coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Edmundo Gaspar Sentis. “Todos los que bajaron están más sucios que una papa”, dijo un delegado. Según apuntó, Tavernelli “robaba para UPCN”.

En octubre pasado ATE se movilizó a la sede de Yrigoyen, donde funciona la histórica oficina de Andis, y denunció que el Gobierno “busca desmantelar el espacio que actualmente brinda atención a la ciudadanía para trámites esenciales”. El Sindicato también exigió que cesen las auditorías arbitrarias y se restablezcan las pensiones suspendidas. 

Reclamo de los familiares

El desfalco que habrían ocasionado las compras con sobreprecios dirigidas supuestamente por Spagnuolo y Calvete beneficiando a un puñado de droguerías alcanzaría los $40.000 millones. Y el sector de discapacidad entiende que es un absurdo justo cuando el Gobierno rechazó la Ley de Emergencia, que implicaba aumentos en las prestaciones. “El desvío de fondos que son para los tratamientos revelan que la situación sigue muy vulnerable. La asistencia en escuelas y hogares sigue sostenida por el aporte de las familias y de los trabajadores. Los transportistas siguen sin recibir una actualización y hoy un acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos”, denunció Natt Rodríguez de la Red en Discapacidad.

Como corolario al panorama, este mismo jueves se supo que el juez de Campana Adrián González Charvay, que iba a fallar por la implementación de la ley, fue corrido de la causa, por lo que se sigue dilatando la implementación de la Ley de Emergencia. Por eso desde los trabajadores, las familias y los pacientes están organizando una movilización contra el Gobierno para el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

MC/MG

Las organizaciones que integran el Foro Permanente de Discapacidad, que realizan desde este martes un cese involuntario de actividades, se movilizan este miércoles desde las 11 horas desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud, en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), aumento inmediato de aranceles y el pago sin demoras de compensaciones atrasadas.

“Esta decisión fue adoptada tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde las personas con discapacidad, familias y prestadores del sector fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas a los reclamos”, expusieron desde el Foro.

El último viernes, un grupo de profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad entró por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano para pedir hablar con las autoridades y reclamar contra los recortes en el área. La concentración, que había comenzado en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067, escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

“La reunión era para exigirle a Alejandro Vilches (el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad) y todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, dijo a la prensa la actriz Valentina Bassi quien se movilizó junto a los familiares.

En esa línea, Bassi continuó: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Y agregó: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato; es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.

El Gobierno nacional aún no reglamentó la ley de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso con el argumento de no tener claro la fuente de financiamiento. Esta decisión abrió una moción de censura al jefe de la administración libertaria, Guillermo Francos.

De acuerdo al Foro, endurecieron las medidas y convocaron a la marcha de este miércoles, “ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, las organizaciones entendemos que ya no podemos esperar más”.

“Es necesario tomar medidas firmes para exigir que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector. Invitamos a todas las organizaciones, profesionales, trabajadores, familias y a la sociedad en general a sumarse al cese de actividades y participar de la movilización”, expresaron desde el comunicado difundido en redes sociales.

“Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos mantenemos en estado de alerta, en diálogo permanente con nuestras organizaciones miembro, para evaluar los próximos pasos y acompañar las decisiones que tomen los prestadores y trabajadores del sector, en defensa de la calidad de vida de las personas con discapacidad. A los funcionarios públicos les decimos claramente: la plata está. Hacernos esperar hasta después de las elecciones es una extorsión inaceptable, de la que no seremos parte. El colectivo de la discapacidad se mantiene firme, con convicciones, dispuesto a seguir luchando contra la corrupción, la inoperancia y el abandono”, remarcaron.

El descargo del Foro tras los incidentes del pasado viernes

“El viernes 17 de octubre, a las 10:00 hs, nos movilizamos a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Dragones 2200, CABA). Personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y prestadores en general nos concentramos para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el aumento de aranceles y el pago de las compensaciones atrasadas que la normativa establece.

Durante la jornada, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro coordinador, Pablo Molero, intentó entregar una nota dirigida al interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Alberto Vilches, en la que se detallan los reclamos del colectivo. Sin embargo, se negaron a recibirla. En ese momento Molero llamó por teléfono a Vilches, quien le dijo que no la recibía porque “no trabaja bajo presión”. 

Cronología del destrato 

El jueves 16 de octubre, apenas un día antes de la movilización, el Dr. Vilches había convocado a una reunión del Directorio que luego suspendió invocando “fuerza mayor”.

Una muestra más de la dilación, el desinterés y el abandono hacia un sector que atraviesa una profunda crisis.

A pesar de ello, mantuvimos firme la convocatoria. Por la mañana del viernes, centenares de personas se hicieron presentes frente a la Agencia. En ese contexto, el coordinador del Foro intentó entregar el petitorio al recientemente designado interventor —quien asumió el cargo tras la destitución del Dr. Diego Spagnuolo, acusado de presunta malversación de fondos—, pero el personal de seguridad le negó el acceso, impidiendo la entrega del documento.

Esta negativa constituye una clara violación al derecho constitucional de peticionar a las autoridades, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) y los principios de transparencia y participación ciudadana que rigen el accionar de la administración pública.

Todos los organismos del Estado tienen la obligación de recibir notas, reclamos y presentaciones de la ciudadanía o de sus organizaciones representativas.

Asamblea, reclamo y respuesta insuficiente

Ante esta situación, se realizó una asamblea pública en la que distintos actores expresaron su preocupación y propusieron nuevas medidas de lucha frente al abandono total del Gobierno Nacional.

De manera pacífica, sin incidentes ni infiltrados, la gran mayoría de los presentes ingresaron al edificio de la ANDIS para hacer oír un reclamo legítimo y justo: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y trabajen para la ciudadanía.

Finalmente, Vilches —que se encontraba dentro del organismo— recibió a los representantes de los prestadores ante el Directorio, el Prof. Daniel Lipani (titular) y el Pbro. Pablo Molero (suplente)".

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Al salir, y ante la presencia de medios nacionales, Pablo Molero expresó: “No tenemos buenas noticias. Vilches nos comunicó que está pensando si habrá o no reunión de Directorio la próxima semana; dijo que trabajará para ello, pero que seguramente será después de las elecciones. No confirmó aumentos, y tampoco quiso recibir la nota, argumentando que no le parecía adecuado hacerlo en estas circunstancias. Él mismo reconoció haber levantado la reunión y rechazado el documento”.

Conflicto que escala

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

La tensión también escaló en el Congreso. La semana pasada, bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación contra Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.

En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.

La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación.

Reclamo opositor para que se cumplan leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades

El Gobierno y diputados opositores dialoguistas expusieron este lunes sus diferencias sobre el Presupuesto 2026 en una reunión celebrada en la Cámara Diputados, donde un sector de la oposición condicionó su respaldo a que se cumplan las leyes de Discapacidad, Emergencia Pediátrica y aumentos a las universidades.

El oficialismo armó una mesa de diálogo por fuera del ámbito formal de la comisión en procura de un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto bajo la nación de que la “ley de leyes” debe tener equilibrio fiscal.

La primera reunión se realizó en la presidencia de la Cámara de la Diputados, encabezada por Martín Menem; el titular de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Asistieron al encuentro Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal); Daiana Fernández Morlero y Silvana Guidici, (PRO); Eduardo Falcone (Desarrollo); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Martín Tetaz , Pamela Verasay y Karina Banfi (UCR); Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

En ese contexto, los diputados Massot, Pichetto y Juliano reclamaron que el Gobierno incluya los fondos para aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y de aumento de las universidades.

Massot señaló que “el Presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir” pero sostuvo que “lamentablemente nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros”, advirtió.

Por su parte, Juliano señaló que “hicimos un pedido expreso ya que se tiene que promulgar la ley de Emergencia Pediátrica y Universidades y pedimos una promulgación a medias con los mismos argumentos que hicieron para la Emergencia en Discapacidad”.

En cambio, desde el PRO y la UCR destacaron que hubieran comenzado las negociaciones para acordar un presupuesto “con equilibrio fiscal”, por lo que pidieron continuar las conversaciones.

Tetaz planteó que “hay coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal” sostuvo que si hubiera un excedente en la recaudación debe destinarse a las prioridades que establece el Congreso.

Uno de los puntos en los que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición responde a estirar el plazo para emitir el dictamen establecido para el 4 de noviembre, de acuerdo al emplazamiento.

Estos encuentros se realizarán en forma paralela al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que mañana continuará con la ronda de consultas con las disertaciones del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

En cambio, Unión por la Patria (UxP) rechazó la invitación para sumarse a la reunión al considerar que los debates deben hacerse en la reunión de la Comisión de Presupuesto, según señaló su presidente Germán Martínez.

Martinez señaló por la red social X que “nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela”, advirtió.

El oficialismo promovió esta mesa del diálogo para superar las diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas que son claves para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno.

Las principales diferencias están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud y las obras públicas.

Las dificultades para avanzar en un acuerdo responden a que, para el Gobierno, cualquier entendimiento debe mantener el equilibrio fiscal, y el 85 por ciento de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”.

Desde el oficialismo confiaron que podrán conseguirse mayores avances tras las elecciones del próximo domingo y esperan mantener un nuevo encuentro la próxima semana junto a la presencia de otros bloques como Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras bancadas provinciales.

Tampoco descartaron, como propuso la oposición más dialoguista, el sistema de semáforos, tal como se hizo con la ley de Bases, para ayudar en la negociación y poner en un paraguas aquellos puntos que son más controvertidos, como los fondos que reclaman las provincias y los recursos para las cajas de jubilaciones.

El proyecto para “democratizar” la ANDIS y se votará en la próxima sesión

La oposición de la Cámara de Diputados logró la semana pasada avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley encabezado por Juan Marino, de Unión por la Patria (Uxp), para “democratizar” y “depurar” la estructura orgánica de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó envuelto en sospechas desde el escándalo de presuntas coimas por la filtración de los audios del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo.

La propuesta del diputado cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supone pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza del interventor Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.

UxP logró el despacho de mayoría con 29 firmas, incluidas las del Frente de Izquierda, Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Yolanda Vega (Innovación Federal), mientras que Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y un sector de la UCR suscribieron un dictamen de minoría con ocho firmas, al igual que Juan Brügge (Encuentro Federal), que firmó un despacho alternativo en soledad.

“Voy a trabajar para lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión”, señaló Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas apenas finalizó el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la última sesión.

En su intervención, el diputado opositor planteó la importancia de reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, “se reglamente y promulgue como corresponde”.

“Hicimos un proyecto de ley para democratizar la ANDIS, para garantizar que las organizaciones representativas que cuentan con personería jurídica tengan un mecanismo de participación directa, que puedan elegir representantes para una comisión directiva que pasa a la ser la conducción de la ANDIS y que tiene a su cargo la ejecución de todos programas”, describió.

El legislador de UxP hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control especifico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.

Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar” porque “están en juego sus vidas y su salud”.

“No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.

A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría.

Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.

También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas.

“De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.

Por su parte, Christian ‘Chipi’ Castillo, del Frente de Izquierda, valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente.

El referente del PTS cargó contra el “recorte discrecional de las pensiones”, y al respecto dijo que “muestra la falta absoluta de escrúpulos del Gobierno a la hora de pasar la motosierra”.

También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de (Diego) Spagnuolo, de quien dijo que ”no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, intimo del entorno presidencial“.

Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, celebró “el avance” aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría.

“Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge.

En tanto, Natalia Sarapura, de la UCR y quien firmó el dictamen de minoría junto a Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, destacó que las propuestas para reformar y democratizar la ANDIS, más allá de los matices, “vienen a dar un mensaje claro de transparencia y control social”.

“Tener un órgano fuerte con participación y con control social es necesario. Por eso me sumo al esfuerzo que estamos haciendo legisladores de distintas bancadas de tener un dictamen que siga diciéndole a las personas de discapacidad que es desde su ejemplo de dignidad y desde su ejercicio de derechos que vamos a garantizar una transformación social y vamos a garantizar que el Estado cumpla su función de garante de derechos”, consideró.

Sabrina Selva, de UxP, justificó “la celeridad en el tratamiento del dictamen”, algo que había sido cuestionado previamente por la radical Karina Banfi (UCR), quien pidió mayor tiempo de debate y análisis.

“La celeridad en el tratamiento de este dictamen que estamos firmando hoy tiene que ver con dar una respuesta urgente a una situación de emergencia que atraviesan la personas con discapacidad en toda la Argentina”, subrayó.

Por último, tomó la palabra Álvaro Martínez de La Libertad Avanza (LLA), que en sintonía con Banfi reclamó más tiempo para analizar las propuestas y al respecto cuestionó que se “forzaran los consensos en una sola tarde”.

“Uno siempre quiere pensar que tienen las mejores intenciones, pero entendemos que debíamos estudiar y debatir un poco más el tema, incluso coincidiendo nosotros en algunos aspectos como la transparencia, la participación y el control ciudadano”, admitió.

El mendocino libertario reconoció esos “elementos positivos del proyecto” pero resaltó otros aspectos que él consideraba negativos.

“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.

Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

La maniobra del Ejecutivo desató un repudio generalizado entre los sectores involucrados y derivó en una convocatoria a Plaza de Mayo para este martes por la tarde. Este martes por la tarde trabajadores del hospital Garrahan y docentes y no docentes universitarios se manifestaron frente a la Casa Rosada. También se sumaron agrupaciones de personas con discapacidad, ya que Milei postergó semanas atrás la aplicación de la ley de emergencia que las ampara.

El argumento oficial fue el mismo para patear las tres normas: que el Congreso no designó las partidas presupuestarias correspondientes para su aplicación por supuesta falta de financiamiento y que está en riesgo el modelo libertario de déficit cero. 

“Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”, se lee en uno de los apartados de los decretos firmados por Milei. “Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”, se agrega.

El Gobierno quedó a tiro de que el caso vaya a la Justicia. El Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Y la oposición en la Cámara de Diputados tiene a tiro la aprobación de una inminente interpelación al ministro coordinador en el recinto. “Esto genera consecuencias penales. No puede no acatar bajo ningún punto de vista”, opinó al respecto esta mañana el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El rechazo a la medida del Gobierno se vio en las calles. Hubo una reunión de coordinación entre sectores del Garrahan, las universidades y las personas con discapacidad para la marcha a Plaza de Mayo. En ese marco, trabajadores del hospital pediátrico y de la UBA declararon un cese de actividades. 

“Se confirmó lo esperado: Milei ‘suspende’ indefinidamente la aplicación de las leyes de universidad y Garrahan. Estamos de paro y a las 16 horas vamos a Plaza de Mayo a exigir la aplicación ya de las tres leyes (también discapacidad) ¡No dejemos pasar este atropello!”, anunció Alejandro Lipco, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general en la Junta Interna por ATE. “Vamos al paro y a movilizarnos porque sabemos que el Gobierno va a intentar dilatar la implementación lo máximo que sea posible. Lo hizo bajo el mismo formato que discapacidad. Esto hay que ponerle un freno. La necesidad de implementar la ley es urgente. necesitamos más para evitar las renuncias, pedidos de reducción horario para trabajar afuera”, agregó a elDiarioAR.

“Vamos a seguir peleando porque efectivamente se reconozcan los derechos. No vamos a bajar los brazos hasta que efectivamente podamos conseguir lo necesario para nuestros tratamientos y trabajos”, completó por su parte Natt Rodríguez, miembro de la Red en Discapacidad.

“La lucha continúa hasta lograr un aumento salarial que frene la sangría de docentes e investigadores que abandonan el sistema universitario nacional frente a la asfixia salarial provocada por Milei”, declaró Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA). Según estimaciones de las autoridades universitarias, más de 10.000 docentes renunciaron desde el inicio del actual gobierno.

Qué estipulan las leyes votadas por el Congreso

MC

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron hoy obtener dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no haber aplicado la ley de Emergencia en Discapacidad, después de que el Gobierno argumentara que el Congreso no dispuso el mecanismo de financiamiento de esa norma.

El despacho de mayoría fue avalado por Unión por la Patria (UxP), la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que votó dividido debido a la moción de censura.

En tanto, hubo un dictamen de minoría de rechazo a la interpelación impulsado por el oficialismo y el PRO, y otro despacho firmado por un sector de Democracia para Siempre, encabezado por su presidente Pablo Juliano, y del cordobés Juan Brugge, a favor de la interpelación pero no de la moción de censura.

De todos modos, ese despacho deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación de Francos y ahí definir la fecha en la cual el funcionario deberá concurrir a exponer ante el recinto de sesiones.

Si bien se avanzó con el doctamente de interpelación, se diluyó la posibilidad de impulsar un voto de censura, ya que muchos bloques dialoguistas se oponen a utilizar ese mecanismo constitucional.

El autor del proyecto, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, sostuvo que “no hay un tema personal con el jefe de Gabinete, es la persona que la Constitución dice que tenemos que cumplir con reasignar las partidas, además de ser quien firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con la ley”.

“El mecanismo que propuse en mi proyecto es interpelar para que explique los motivos y las circunstancias para no cumplir por escrito con una ley”, explicó.

Agregó que el Congreso no puede “no hacer nada cuando no se cumpla una ley, no admito que finjamos demencia y se avance sin hacer algo cuando el Gobierno en un decreto dice que no va a cumplir con una ley, ahí se rompe el Estado de derecho y no lo podemos permitir”, acotó.

En tanto, el diputado de UxP Daniel Arroyo consideró que “estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias”.

“Planteamos el camino de la interpelación al Jefe de Gabinete con posible moción de censura, espero que prime la racionalidad y que el gobierno haga lo que tiene que hacer ante un proceso doloroso y desesperante”, manifestó.

Por su parte, el diputado Juliano dio que “nosotros no nos queremos subir a la carroza de la censura, porque no queremos darle de comer a un gobierno tan sensible y débil”.

En tanto, la diputada del PRO Silvana Guidici señaló al rechazar la interpelación que “cuando la moción de censura se aplica para ejercer un control político lo que está generando, porque se utiliza como herramienta partidaria, es un intento de desestabilización”

En cumplimiento con el emplazamiento aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes Reglamento, que presiden el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato.

En esa reunión plenaria la oposición logró emitir dictamen de mayoría con 29 firmas.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este martes que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, a raíz de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue al mismo tiempo promulgada y suspendida por el Poder ejecutivo, pero insistió en que “falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”.

“Promulgamos la Ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó.

Francos sostuvo que si no se hubiera suspendido la aplicación de la norma aprobada por el Congreso “me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, porque no estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”.

El jefe de los ministros detalló en declaraciones a distintas emisoras de radio este martes que cuando se sanciona una ley “se deben establecer las fuentes de dónde surgen los fondos para pagarla. El Congreso dice que lo facultan al Jefe de Gabinete para reasignar partidas, pero el Jefe de Gabinete no puede generar recursos que no están en el presupuesto. No basta con que le digan al Jefe de Gabinete que reasigne partidas. Esto es una discusión de competencias. Más que un conflicto de poderes, es una cuestión de interpretación”, remarcó.

En tanto, Francos aseguró estar “dispuesto a ir al Congreso si me convocan para una interpelación”. “Todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”, sostuvo, al tiempo que consideró que no existían “antecedentes de esto”. “No sé si alguno fue censurado. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos”, desafió.

Sobre la tensión en el sistema cambiario y financiero que generaron oscilaciones en los mercados y la cotización del dólar, el funcionario dijo que el gobierno “tiene herramientas para buscar equilibrios que el sistema económico necesita en determinados momentos. La última semana hubo una serie de circunstancias que dispararon el precio del dólar y generaron cierta inestabilidad, como la ley que sancionó el Congreso. Los operadores económicos entendieron que había una inestabilidad política”, interpretó.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir acuerdos que permitan avanzar en reformas importantes para Argentina. La segunda parte del período de Milei tiene la intención de avanzar en la reforma de ley de trabajo y reformas tributarias que necesita Argentina para crecer”, concluyó Francos.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N° 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, actualiza aranceles de prestaciones básicas y prevé compensaciones económicas a prestadores.

Sin embargo, la normativa queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, según lo establece el Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La Ley N° 27.793 declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus medidas principales se incluyen:

Según el decreto, la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35 % del Producto Bruto Interno, sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.

Por qué su aplicación está suspendida

El Decreto 681/2025 aclara que, aunque la ley fue promulgada, su ejecución está suspendida hasta que el Congreso incluya las partidas necesarias en el presupuesto nacional.

El Ejecutivo fundamenta la decisión en:

El decreto señala además que el Congreso insistió con la ley pese a la observación previa del Ejecutivo, pero su ejecución plena requiere la aprobación de recursos específicos en el presupuesto nacional.

En este marco, el Gobierno también oficializó la Decisión Administrativa 24/2025, que ajusta parcialmente el presupuesto 2025: se incrementaron los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se reasignaron partidas de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, para atender gastos urgentes de actualización de prestadores, sin habilitar la ejecución completa de la ley.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”. Con esa explicación el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el Gobierno busca demorar la reglamentación de la Emergencia en Discapacidad que sancionó el Congreso luego del veto de Javier Milei.

El ministro coordinador admitió que el Ejecutivo promulgará la norma –tiene un plazo de diez días–, pero pisó su reglamentación, que es la letra chica legal necesaria para que la ley comience a ejecutarse. Este lunes, en una entrevista con Clarín, Francos abrió el paraguas a una negociación con la oposición a partir de que no están claros –según su mirada– de dónde salen los recursos.

El pasado 4 de septiembre el Senado rechazó el veto de Milei contra la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, luego de que fuera aprobada la insistencia en la Cámara de Diputados. La norma actualiza, entre otros ítems, el nomenclador para los prestadores, así como la regularización de pagos. El argumento mileísta es que no hay recursos suficientes para dichas medidas, pero el impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso es de apenas entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

“Vamos a promulgar la ley como corresponde”, insistió Francos en otro pasaje de su entrevista, pero agregó: “También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad? Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, ”che miren, el sistema de discapacidad es este“. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, ”che, arréglensela como puedan“. Eso es un ataque al presidente Milei”.

Discusión con los gobernadores por más recursos

Francos marcó la postura del Gobierno a las puertas de la presentación del Presupuesto 2026, este lunes por la noche en cadena nacional por parte de Milei. En medio de la discusión con los gobernadores por más fondos, el jefe de Gabinete adelantó que en el proyecto de Ley de Leyes “no va a haber nada particular para las provincias”. 

El funcionario rechazó que se reactive la obra pública en los distritos –“No creemos que el Estado tenga que participar en eso”, dijo– y sostuvo la negativa de la Nación de coparticipar los ATN (Adelantos del Tesoro de la Nación), que fueron vetados el viernes pasado. 

“Nosotros lo usamos para situaciones de emergencia. Los gobernadores quieren que eso ahora que se coparticipe. Esa puede ser una visión, pero entonces van a tener que hacerse cargo de las situaciones de emergencia. Creemos que eso requiere otro tipo de acuerdo, lo discutiremos, pero no tendrá el Gobierno nacional recursos para situaciones de emergencia”, planteó Francos. 

El Gobierno transfirió justamente el pasado viernes $12.500 millones a cuatro provincias en concepto de ATN: “Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $4.000 millones; Entre Ríos por $3.000 millones; Santa Fe por $3.000 millones y Chaco por $2.500 millones”, según precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

En ese marco, este lunes Milei le toma juramento al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ascendido para abrir el diálogo con los gobernadores.

MC

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica el ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, contra el senador Luis Juez y su hija, lo calificó como una “barbaridad” y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

Parisino primero borró el posteo ofensivo pero después lo volvió a subir a su cuenta de X como captura y lo fijó al principio de su timeline, en el que además retuiteó muestras de apoyo de otros tuiteros libertarios y burlas contra Juez, quien tuve que poner candado a su perfil.

El influencer libertario publicó este jueves un posteo ofensivo en el que atacó a Juez y a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El mensaje, que fue borrado tras recibir un repudio generalizado, se produjo como reacción a la derrota que sufrió el Gobierno en el Senado con la ley de emergencia en Discapacidad. Al rato, Francos consideró que el militante borró el tuit porque “se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad” y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei “está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan”.

El ataque del tuitero oficialista fue una consecuencia directa de la sesión en la Cámara Alta, donde la oposición se unió para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley, con un resultado de 63 votos a favor de la ley y solo 7 en contra.

Tras la votación, en la que Juez se pronunció en contra del veto presidencial, Parisini lanzó su agresión en la red social X centrándose con expresiones denigrantes en su hija con parálisis cerebral.

La publicación generó una inmediata y masiva condena en las redes sociales, lo que obligó a Parisini a eliminar el tuit poco tiempo después de haberlo publicado.

El debate en el centro de la polémica fue por la ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, y que establece una actualización de las prestaciones para compensar la inflación y saldar deudas con los prestadores del sistema. La anulación del veto presidencial implica que el Poder Ejecutivo está ahora obligado a promulgarla.

El repudio de Francos: “No puede aceptarse, no forma parte del Gobierno”

Francos fue contundente en su rechazo a la publicación de Daniel Parisini. “Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, afirmó .

El funcionario reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. “Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas”, contó Francos.

El jefe de Gabinete se esforzó por marcar una clara distancia entre la administración y Parisini. “Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno”, subrayó.

Francos consideró que el militante borró el tuit porque “se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad” y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei “está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan”.

Parisini le respondió a Francos

Horas después de la respuesta de Guillermo Francos a su posteo, Daniel Parisini decidió responderle al jefe de Gabinete a través de un posteo en X.

“Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille. Venceremos”, escribió el Dordo Dan.

Además, reposteó mensajes de otros libertarios como el siguiente: “La Libertad Avanza siempre fue esto. Cagarse en la corrección política para decir las verdades mas incomodas. Llamar a las cosas por su nombre, y no moverse ni un milímetro contra la casta de zurdos de mierda. Venceremos”.

Qué dijo Luis Juez

El senador Luis Juez, destinatario del ataque de Parisini, le respondió en redes sociales al repostear un mensaje de su hijo Martín, concejal cordobés, que escribió: “Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es INCALCULABLE. EN POLÍTICA como en la VIDA NO VALE TODO. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”.

Con información de agencias.

IG/CRM

Fue una victoria anunciada, pero contundente. Devastadora. Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado le puso fin al boicot del Gobierno y convirtió finalmente en ley la iniciativa que declara la emergencia en Discapacidad hasta 2026. Después de tres meses de idas de vueltas, de sanciones y medias sanciones, de vetos e insistencias de vetos, la oposición le torció el brazo a Javier Milei y lo obligará, por primera vez, a transferir recursos hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

El presidente, que andaba de gira por Estados Unidos cuando la oposición le asestó una nueva derrota en el Senado, se quedó solo: ninguno de sus senadores de La Libertad Avanza se animaron a defender el veto en el recinto. Solo la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, y el excomulgado Francisco Paoltroni atinaron a brindar un discurso en contra de la insistencia de la ley. Fueron los únicos aliados, a su vez, que votaron en contra de la ley, junto al resto de LLA. 

El resto de los aliados en el PRO y la UCR, en cambio, le soltaron la mano. En medio del escándalo de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene a Karina Milei en el ojo de la tormenta, no había senadores que quisieran aparecer votando en contra de los discapacitados. Las familias de personas con discapacidad se habían encargado de llamar por teléfono a cada uno de los senadores y, frente a una derrota anunciada, ninguno de los aliados del oficialismo quería exponerse a un escrache público. 

El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, iba a ser el responsable de cerrar el debate. Estaba anotado en el listado de oradores, pero, cuando llegó el momento, decidió no hablar. La senadora cornejista, Mariana Juri, lo miró, inquisitiva, cuando Bartolomé Abdala, que estaba oficiando de presidente del Senado mientras Victoria Villarruel estaba al frente del Ejecutivo, decidió pasar a la votación. Atauche negó brevemente con la cabeza, dando a entender que daba la batalla por perdida.

La oposición, mientras tanto, cerró filas en torno a la defensa de la ley. Votaron a favor peronistas, radicales de todos los colores –incluso los mendocinos, que responden a Alfredo Cornejo, votaron a favor de la ley–, macristas y fuerzas provinciales. Y, en todo los casos, los senadores que tomaron la palabra elevaron la misma recriminación al Gobierno: la plata que le faltaba a los discapacitados la tenían los funcionarios que habían cobrado las coimas de la ANDIS.

“Pareciera que la motosierra no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro del Presupuesto y del equilibrio fiscal. La motosierra fue para la gente, no para la coima”, disparó la larretista Guadalupe Tagliaferri (PRO), y apuntó los cañones contra el aparato comunicacional del Gobierno: “Cuando salga a tuitear de donde va a salir la plata para financiar esta ley, es simple: la plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y la coima, así que no insistan”.

“El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública. ¿Cuál es el sentido de este ahorro que nos quiere vender el presidente? En Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, un 10% de la población. Si el Estado, para ahorrar, necesita maltratar a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sumó el peronista Daniel Bensusán, quien no perdió la oportunidad para hacer un comentario jocoso sobre el supuesto 3% que, según los audios de Spagnuolo, se habría llevado Karina Milei: un clásico de la jornada.

La única, junto a Paoltroni, que se animó a defender al Gobierno fue Álvarez Rivero, que optó por acusar al kirchnerismo de querer “desestabilizar” a Milei. “El Gobierno kirchnerista dejó un caos en la ANDIS. Y sin dudas hicieron caja”, señaló la cordobesa bullrichista, que no hizo comentario alguno sobre los audios de Spagnuolo.

“El verdadero desafío es solucionar los problemas. No es que tengamos que tomar todas las pelotas desde el Senado. Esta ley no hace falta, lo que se necesita es gestión política”, insistió la senadora del PRO, buscando un salvavidas que el Gobierno nunca concedería: la promesa de actualizar las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado y que todos los sectores políticos -incluso los oficialistas- coinciden en que tendrían que haberse actualizado. 

La ley, además de actualizar las prestaciones, fija una revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y establece la creación de otras nuevas: un mensaje a la auditoría trunca del Gobierno que dejó en stand by, desde el año pasado, un total de 500 mil pensiones. 

“Quieren establecer un estado de sospecha para todos los discapacitados. Si una es trucha, entonces todos los discapacitados y discapacitadas son truchos.Todas las pensiones son truchas. Es un plan siniestro. Hicieron que todos, no solo los discapacitados sino también sus familias, sean sospechosos”, denunció la peronista Juliana Di Tullio.

El encargado de cerrar el debate fue José Mayans, que ya desde temprano se movía con confianza en el Senado, sabedor que contaba con más de 60 votos a favor de la ley. El clima en el Palacio giraba entre la calma y el éxtasis: la derrota del Gobierno era inevitable y funcionaba como un anticipo, una premonición, de las derrotas del futuro. “El Gobierno está implosionando”, deslizó una senadora cristinista, previo a que se conociera la votación. 

Mayans optó por apuntar contra la corrupción en la gestión libertaria, citó frases de la Biblia –“No hay nada que esté oculto que no sea descubierto”– y acusó con dureza a las diputadas del PRO, como María Eugenia Vidal, que habían “hecho campaña en defensa de los discapacitados y jubilados y, después, a la hora de la votación se abstienen”. Paoltroni intentó interrumpirlo, pero Mayans lo cortó en seco: “Callese, maleducado. Hijo de Milei”. 

Cuando llegó el momento de votar, el recinto estalló en aplausos (una novedad para la Cámara alta, más comedida). Afuera, en las calles, las organizaciones que habían movilizado también celebraron. Ahora, es tiempo de esperar a que Milei ejecute la ley, aunque ya hay senadores que, como el santacurceño José Carambia, advirtieron que iniciarán un juicio político contra el presidente si no la cumple. 

En el peronismo están molestos, pero confiados. Sospechan que Milei la judicializará pero que, tarde o temprano, tendrá que ejecutarla. Y que, a cada día que pasa, el Presidente se queda más solo. “Hasta Villarruel es nuestra ahora”, ironizó, a la salida un senador peronista.

MC

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece beneficios económicos para el sector de las personas con discapacidad. Pero también significa un golpe político al Gobierno, ya que los legisladores doblegaron el veto del presidente Javier Milei y le marcan la agenda sobre un tema más que sensible para el oficialismo: Karina Milei está en el ojo de la tormenta por una supuesta trama de corrupción donde se cobrarían coimas para otorgar contratos con Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco, la norma tiene un significado mayúsculo, y sus puntos centrales son:

Un inflable gigante de una silla de ruedas de colores frente al edificio del Congreso es el símbolo de la lucha de las personas con discapacidad que este jueves cumplieron su objetivo: la sanción definitiva de la Ley de Emergencia nacional y la derrota del veto de Javier Milei. Por primera vez en 20 años el Poder Legislativo volteó un veto presidencial en el país. Afuera en las calles, las organizaciones festejaron. Y adentro, la oposición, también.

“Estamos acá con mucha expectitiva porque caiga el veto, la ley se tiene que concretar rápidamente”, dijo desde un costado de la plaza Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad, y adelantó a elDiarioAR que la sanción de la norma es un paso más en una lucha que aún parece tener mucho recorrido: “Vamos a seguir peleando”, asegura ante las sospechas de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde que salieron los audios de Diego Spagnuolo acusando de coimas a Karina Milei.

“El lunes hicimos una actividad en la ANDIS donde exigimos la reincorporación de los 600 trabajadores despedidos y la reinstalación de las persones a las que les dieron de baja su pensión. La auditoria del Gobierno fue discriminatoria y persecutoria. Esperamos que salga la ley y seguiremos peleando contra el desguace de la ANDIS y los derechos laborales y de las personas con discapacidad”, remató Rodríguez.

El Palacio

Los senadores del peronismo arribaron al Senado exultantes. José Mayans, el jefe del interbloque, anticipó una victoria contundente que dejó a todo el cosmos opositor satisfecho y aliviado. “Es un trámite”, admitían en la bancada de Unión por la Patria, que hace varias semanas logró tejer una mayoría opositora que, durante las horas previas a la votación, exudaba la cómoda confianza de quien se sabe imbatible.

El primer test vino con la habilitación para tratar el proyecto, que necesitaba dos tercios porque no tenía dictamen. Salió con 62 votos a favor, superando ampliamente la mayoría agravada necesaria. Solo ocho senadores votaron en contra: los seis diputados libertarios, el renegado Francisco Paoltroni que volvió a alinearse detrás de Milei y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Ni los radicales de Alfredo Cornejo -que votan siempre con el Gobierno- ni los macristas del PRO quisieron acompañar, esta vez, al presidente: Milei se había quedado solo defendiendo el veto.

“El Gobierno está implosionando”, deslizó una senadora cristinista, que hacía tiempo en el Salón Eva Perón mientras comenzaban a encadenarse los discursos. Se esperaba un debate extenso -nadie quería quedarse sin hablar- y una votación que llegaría poco antes de que se pusiera el sol, cerca de las 5 de la tarde. Mientras tanto, los senadores y senadoras del peronismo y el radicalismo pasaban gran parte del tiempo conversando y almorzando en el salón que se encuentra detrás del recinto, tranquilos. 

El peronismo observa que Milei perdió el control del Congreso: el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el descontrol del programa económico y la escasez de divisas se habían superpuesto al rechazo a las medidas impopulares del Gobierno, como el veto a la emergencia en discapacidad, generando un caldo de cultivo ideal para avanzar con nuevas estocadas parlamentarias.

Mayans, que apenas llegó anunció que pediría el juicio político contra Patricia Bullrich por la persecución de periodistas, ya está pensando en el día después. Viene de rechazar cinco decretos desreguladores de Federico Sturzenegger y se prepara, ahora, para citar a Karina Milei en la próxima sesión. Quiere conocer, primero, el resultado de la elección bonaerense, que funcionará como termómetro político del nivel de adhesión social del proyecto libertario. 

El peronismo huele sangre, pero avanza con cautela. Primero festejará la sanción efectiva de la emergencia en discapacidad y buscará asegurarse de que Milei la ejecute. Después irá por la reforma de la Ley de DNU. Y, cuando todo termine, empezará a diseñar un nuevo plan para defender los vetos al Financiamiento Universitario y la Emergencia en el Garrahan. Se sienten empoderados y observan que el Gobierno se está quedando, día a día, cada vez más solo.

La calle

La ley de Emergencia actualiza la pensión en discapacidad, que está congelada en $270.000. Además implica la posibilidad de que la pensión sea compatible con un trabajo. También actualiza el nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— que hoy en día está en unos 3000 pesos la hora.

Esas medidas, junto con otras, están a punto de concretarse si finalmente esta tarde de jueves los senadores aprueban por más de dos tercios de los votos la insistencia de la ley, que ya contó con el visto bueno abrumador en Diputados.

La marcha de las personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector comenzó al mediodía con la instalación de la silla de ruedas por parte del Foro Permanente, que es la agrupación de los centros para personas con discapacidad. Con certificado de discapacidad hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La lucha de las personas con discapacidad comenzó meses atrás, con movimilizaciones esporádicas al Congreso y a las inmediaciones de la Casa Rosada. La pelea del sector tuvo un impulso con los jubilados, que cada miércoles realizan una marcha frente al Palacio Legislativo. Semanas atrás compartieron una manifestación cuando la Cámara de Diputados aprobó la insistencia a la Emergencia en Discapacidad pero rechazó el aumento jubilatorio, que también fue vetado por el Gobierno.

Fue, entonces, una jornada con gusto semiamargo, que hoy fue por completo dulce al lograr voltear el veto de Milei.

MC

Con un dólar que saltó de $1.310 a $1.370 y un riesgo país (índice de desconfianza en la deuda) que trepó de 700 puntos básicos a 829 de una semana a otra por el nuevo escándalo de presunta corrupción, el Gobierno renueva este miércoles letras de corto plazo por casi $9 billones. Son títulos que están en su mayoría en manos de los bancos. Se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, logre refinanciar la mayoría de ellos por una sencilla razón: este lunes les obligó a subir otra vez los encajes bancarios del 45% al 53,5%, con lo cual las entidades financieras no tienen otra que suscribir la mayoría de los nuevos bonos, por más que estén urgidas de liquidez.

El Gobierno ofrecerá un menú de Letras de Capitalización (Lecap, que capitalizan los intereses), las Lelink (está atadas a la evolución del dólar) y las nuevas Tamar. Se prevé que sigan altas las tasas de interés que pague con tal de secar la plaza de pesos y evitar que se escurran al dólar -los bancos no pueden comprarlo, pero sus clientes, sí- y así mantener a raya la inflación, la promesa electoral del presidente Javier Milei. Las entidades, a su vez, ya pagan por el plazo fijo hasta 53% en el caso del Banco Macro, más del doble de la proyección del índice de precios al consumidor (IPC) de acá a 12 meses.

Las elevadas tasas están acumulando un problema en cuanto al futuro gasto público en intereses: para cuanto termine la volatilidad electoral, tras los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, habrán sumado el equivalente al presupuesto de la Ley de Discapacidad que aprobó el Congreso, vetó Milei y ahora se espera que ratifique el Senado. Así lo calcula la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti. Se arma una bola de Lecap.

En un informe de la semana pasada, previo a los audios de supuestas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Equilibra advitió sobre los “primeros impactos de las tasas altas”, más allá consabido enfriamiento del crédito y de la actividad económica: “La escalada cambiaria llevó rápidamente a una suba de la tasa de interés del Tesoro qué, tras la finalización de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez, en julio), terminó de convertirse en la de referencia para toda la economía. Dicho incremento impulsó las tasas activas (de préstamos) y pasivas (de plazos fijos) muy por encima de la inflación esperada, de 2,2% para agosto. Hace ya un mes que las tasas reales en pesos rondan 2% mensual, niveles de los que no se encuentran registros en los últimos años, y son sumamente nocivos incluso para agentes solventes que necesitan acceder al crédito. Y todo indica que el Gobierno mantendrá tasas de interés de punta para contener el dólar oficial y la inflación hasta las elecciones”.

“Esto significa un fuerte encarecimiento del financiamiento en pesos tanto para el sector público como para el privado”, advierte la consultora en la que también se desempeñan Lorenzo Sigaut Gravina y Lorena Giorgio. “Como consecuencia directa de la escalada de tasas, el Tesoro tuvo que ofrecer premio en sus licitaciones de deuda en pesos para poder renovar vencimientos, reabsorber los pesos de las LEFI y captar el exceso de liquidez, junto con suba de encajes, de los bancos. Así, la tasa efectiva mensual de la Lecap más corta, que promedió 2,7% en junio, subió hasta 3,3% en julio y 3,9% en lo que va de agosto. Para tomar noción de la magnitud de este mayor costo de financiamiento para el Tesoro, si sumamos los instrumentos a tasa fija adjudicados en las licitaciones primarias del 16 y 29 de julio, y del 13 de agosto, la suba de tasas implicará que se paguen $1,3 billones (0,13% del PBI) adicionales entre agosto 2025 y febrero 2026 (0,1% del PBI sólo en 2025)”, continúa el informe.

“Si bien este monto no luce demasiado abultado, en las próximas licitaciones seguramente se irá acrecentando, dado que esperamos que las tasas altas se mantengan hasta las legislativas”, advierte Equilibra. “Teniendo en cuenta que hasta fin de octubre vencen $32 billones sólo de Lecap en manos del sector privado y bancos, suponiendo un diferencial de tasas similar al promedio de la última licitación, 1,77 puntos porcentuales versus la tasa del 10 de julio, y un rollover (refinanciamiento) de 90%, el costo financiero de la suba de tasas treparía a $2,6 billones (0,27% del PBI), monto similar al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, concluye el reporte.

Es la misma ley que la Cámara de Diputados ratificó la semana pasada, al tiempo que estallaba el escándalo de supuestos sobornos en esta área tan sensible para la vida de personas vulnerables.

AR/MC

15 allanamientos a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Droguería Suizo Argentina, los domicilios de la familia Kovalivker y, como frutilla del postre, el country donde reside el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Con esta imagen, Javier Milei cerró la peor semana de su gobierno. De la emergencia en Discapacidad a las coimas en Discapacidad, el Gobierno encadenó sus fracasos legislativos con los coletazos sanguinarios de una guerra interna que aún busca un chivo expiatorio. Y los dolores de cabeza, prometen desde las filas opositoras, están recién empezando.

“Esto es un desastre, dicen que hay más audios. Tenés a 5 grupos de librepensadores que le hablan a Milei y se tiran mierda entre sí. Caputo, Karina, los Backstreet Boys de las redes, Francos. Todos se pinchan entre sí y acá tenés el resultado”, masculla, irritado, un armador del cosmos libertario. En las filas de La Libertad Avanza coquetean entre la furia y el hermetismo. Quienes no mantienen un silencio iracundo, buscan culpables. De todo: de la volteada del veto a la emergencia en Discapacidad en Diputados, del rechazo de los decretos en el Senado, de la sanción del Garrahan o de la filtración de los audios de Spagnuolo.

Las acusaciones sobrevuelan entre las terminales de la interna libertaria. La hermana presidencial, Karina Milei, quedó en el ojo de la tormenta por ser la supuesta beneficiaria del mecanismo de coimas que menciona Spagnuolo en los audios filtrados. Pero en LLA descuentan que será otro el funcionario que se lleve la marca. Y es ahí que los ojos se posicionan sobre el otro protagonista de los audios: Eduardo “Lule” Menem, la mano derecha de Karina. “Se compró todos los números”, desliza un viejo enemigo interno.

Los coletazos de la interna del triángulo de hierro, con Santiago Caputo de un lado y Karina y los Menem del otro, superan, sin embargo, el escándalo por el supuesto caso de corrupción. Solo esta semana, el descontrol de la cúpula libertaria se vio reflejada en otras dos ocasiones. Ambas en el Congreso.

Una fue la ruptura del bloque libertario en medio de una de las sesiones más importantes del Gobierno. Minutos después de que la oposición consiguiera los dos tercios para voltear el veto a la emergencia en Discapacidad, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro anunciaron que abandonaban LLA para crear su propio bloque, junto a la excomulgada Lourdes Arrieta, llamado “Coherencia”.

“Usted no es casta. Pero lo rodea. Y lo peor: lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta. Lo están llevando hacia el abismo, Presidente. No lo hacen enemigos, sino sus ‘amigos’”, advirtió, con dureza, Pagano en una carta abierta a Milei. Sin ahorrar en sutilezas, la ex periodista apuntó contra los Menem y la hermana presidencial, oficializando una ruptura que venía gestándose hace más de un año. Pero que se consolidaba, finalmente, el día de la sesión.

No fue solo un gesto, una puesta en escena. Fue un golpazo. Pagano y D’Alessandro, que presidirá el bloque, no solo votaron todas las iniciativas vetadas por Milei. Cometieron la traición máxima: votaron a favor de reactivar la comisión $LIBRA, el fantasma que sobrevuela hace meses a los hermanos Milei.

La segunda demostración del caos de la conducción libertaria se vio reflejada en las derrotas legislativas. En solo 48 horas, la oposición le asestó 10 profundos golpes en el Congreso: le volteó el veto a la emergencia en Discapacidad, aprobó el desempantanamiento de la comisión $LIBRA, sancionó la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de los gobernadores, le rechazó cinco decretos desreguladores, sancionó la emergencia en el Hospital Garrahan y la ley de presupuesto universitario.

Y lo hizo casi todo consiguiendo dos tercios en el Senado y Diputados. Es decir que el peronismo y el pichettismo lograron romper las alianzas estructurales del Gobierno con radicales, PRO y gobernadores. Si bien LLA pudo celebrar haber blindado el veto al aumento a los jubilados, el logro se perdió en la avalancha de tortazos legislativos que le mostraba, con fiereza, que Milei estaba más solo que nunca.

Milei había comenzado mal la semana y la terminó peor. Y promete empeorar.

La oposición huele sangre

La crisis no terminó, sino que amenaza con profundizarse. Y no solo por la interna fraticida del Gobierno, sino porque la oposición huele sangre. “Acá dejan el arco libre y nosotros le vamos a meter todos los goles juntos, sin ninguna duda”, prometió el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans, en la sesión del jueves. Horas después, el formoseño mantuvo conversaciones con Miguel Ángel Pichetto, a quien conoce hace más de 30 años, sobre la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Milei y su hermana.

La idea no cobró vuelo, sin embargo. La propia Cristina Fernández de Kirchner, que salió con dureza a cuestionar a Milei vía Twitter, lo desactivó. El pichettista Oscar Agost Carreño, mientras tanto, optó avanzar con una interpelación contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para que vayan a Diputados a brindar explicaciones. La iniciativa todavía tiene que aprobarse, aunque, curiosamente, el Gobierno mismo se anticipó: este miércoles al mediodía, Francos asistirá a la Cámara de Diputados a brindar el informe de gestión. Y en la oposición los esperarán con los tenedores afilados.

Mayans, mientras tanto, aprovechará para juntar los dos tercios para insistir en la emergencia en Discapacidad. Mientras los diputados esperan a que Milei vete formalmente el aumento al financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan, el peronismo en el Senado estará preparándose para terminar de voltear el veto de Milei. El objetivo es convocar una sesión para los primeros días de septiembre. Hace más de 20 años que el Congreso no logra voltear un veto presidencial.

El verdadero desafío para Martín Menem, sin embargo, llegará el jueves, cuando se reúna la comisión investigadora $LIBRA. La comisión está empantanada hace cuatro meses debido al empate de integrantes del oficialismo y la oposición que han impedido la designación de autoridades. Hasta ahora. La oposición aprobó el miércoles una modificación del reglamento que habilita que, en casos de empate, la presidencia caiga en manos del principal bloque opositor. Es decir, de Unión por la Patria, que viene proponiendo la candidatura de Sabrina Selva.

Esto significa que el jueves, la oposición podrá dar rienda suelta, finalmente, al trabajo de la comisión. Se podrá pedir material probatorio a la Justicia y a organismos públicos. Y lo que es más importante: la oposición tendrá la facultad de traer por la fuerza a testigos a declarar. Los nombres sobran. Desde el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, hasta el mismo ministro de Economía, Luis Caputo.

Y todo se desarrollará durante la campaña electoral, mientras el Gobierno busca aplacar otro escándalo de corrupción.

MC/MG

La marcha de jubilados y de personas con discapacidad de este miércoles buscará presionar desde la calle a los diputados que discutirán dentro del Congreso los vetos de Javier Milei al aumento de los haberes, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Pero la protesta tiene un condimento extra: será la primera que tenga que reprimir Patricia Bullrich ya como flamante candidata a senadora del Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de la ministra de Seguridad consideraron ante elDiarioAR que es “un activo” para su campaña la insistencia de la mano dura. Desde hace meses, cada miércoles las fuerzas federales saturan las inmediaciones del Palacio Legislativo para evitar que la marcha semanal de los jubilados se acerque apenas al edificio parlamentario.

Pero el protocolo antipiquete genera igualmente problemas de tránsito y ya tuvo momentos de extrema violencia contra los manifestantes. La semana pasada se detuvieron a dos trabajadoras de prensa de ATE que tuvieron que ser liberadas a las pocas horas por falta de pruebas.

En los primeros seis meses de este año, la represión de Bullrich provocó más heridos y detenidos que en todo 2024. Hasta julio se registraron 1.251 personas heridas y 130 detenciones.

En ese marco, ayer elDiarioAR reveló en exclusiva que fue identificado el prefecto que atacó a Jonathan Navarro en un ojo durante la protesta del 12 de marzo, el mismo día en que un gendarme hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo. La jueza María Servini llamó a indagatoria a ambos agentes -el prefecto Sebastián Emanuel Martínez y el gendarme Héctor Guerrero- para septiembre y les prohibió salir del país.

La protesta de este miércoles se aventura masiva, ante la convocatoria realizada tanto por las agrupaciones de jubilados como de las personas con discapacidad. La convocatoria en la plaza frente al Congreso es desde las 12 y también habrá concentraciónes en distintas plazas del país.

“La expectativa es que se logre derogar los vetos de Milei y que la leyes se hagan efectivas. Este segundo veto es un sinceramiento del Gobierno de una política muy mala para las jubilados. La vamos a pasar peor a lo mal que ya venimos. Ya esto es una reforma jubilatoria, quieren que desaparezcan las jubilaciones y que se transformen en pensiones a la vejez”, señaló a elDiarioAR Manuel Gutiérrez, secretario general de la Mesa Coordinadora de los jubilados.

La iniciativa que busca imponer la oposición implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación. La segunda iniciativa dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

Por su lado, la Ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

“La situación es muy grave en el sector discapacidad: los tratamientos interdisciplinarios están caídos, los transportistas no pueden salir y cada vez hay más recortes en las pensiones no contributivas. Por eso apuntamos a que caiga el veto, porque las votaciones para la sanción salió con más de dos tercios. Apelamos a que los diputados rechacen el veto antidemocrático y que rápidamente el Senado lo pueda votar también”, apuntó a elDiarioAR Natt Rodríguez, referente de la Red de Discapacidad.

MC