La oposición se juega a una súper-sesión en Diputados contra el Gobierno. Confirmó este jueves un pedido para que Martín Menem abra el recinto de la Cámara baja el próximo 15 de octubre con un temario de fuerte carga hacia Javier Milei. Intentará voltear el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, entre otras medidas desreguladoras, y también apuntan a prorrogar la emergencia en Discapacidad y aprobar una ley por el endeudamiento familiar. La fecha, a su vez, coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria.

La nota formal pide la sesión especial para el jueves 15 a las 14 y el temario tiene tres puntos: el Orden del Día 433, que establece una ley de endeudamiento familiar; el Mensaje 0001/24, que es la comunicación del Poder Ejecutivo sobre el DNU 70/23 “de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”; y el Orden del Día 350, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El pedido es multipartidario y lleva 32 firmas de ocho bloques distintos. Unión por la Patria aporta 16 y por el interbloque Provincias Unidas firmaron seis. Completan la lista Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda; Natalia de la Sota, de Córdoba, la exlibertaria Marcela Pagano, y Jorge Fernández, de Primero San Luis. Junto al peronismo y la izquierda aparecen espacios dialoguistas, que hasta hace pocos días dudaban en ir contra el megadecreto completo, y diputados de provincias cuyos gobernadores negocian con la Casa Rosada.

El detonante fue el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de un tribunal inferior que había repuesto la Ley de Tierras (26.737). El máximo tribunal resolvió por una cuestión procesal: entendió que la agrupación de excombatientes de Malvinas que había ido a la Justicia no estaba legitimada para pedir la cautelar. En la práctica, el fallo volvió a habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros sin los límites que fijaba esa ley. Ante las críticas, este jueves la Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez del decreto, que la controversia “no ha sido resuelta” y que la decisión sobre el DNU sigue en manos del Congreso, puntualmente de Diputados.

Ese último punto explica la ofensiva. La Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras. El Senado ya lo hizo el 14 de marzo de 2024, en la primera derrota legislativa del gobierno de Milei. Desde entonces, el decreto quedó a la espera de Diputados, donde nunca llegó al recinto. Si la Cámara baja lo rechaza por mayoría simple de los presentes, el DNU 70 queda derogado, aunque la misma ley deja “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Primero la oposición tendrá que conseguir el quórum de 129 diputados.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Con su artículo 154, el DNU 70 eliminó el tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y las restricciones sobre inmuebles que contienen o lindan con cuerpos de agua y sobre las zonas de seguridad de frontera. Además derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el régimen de Compre Argentino y la Ley de Sociedades del Estado, y habilitó que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas. También liberó las cuotas de la medicina prepaga, permitió a los trabajadores llevar sus aportes a obras sociales ajenas a su sindicato, quitó topes en el mercado de tarjetas de crédito y abrió la puerta a las sociedades anónimas deportivas, entre más de 300 artículos.

Sin embargo, en la oposición sostienen que buena parte del decreto ya no está en juego. Algunos ítems fueron absorbidos por leyes posteriores aprobadas por el Congreso: lo referido a privatizaciones quedó en la Ley Bases y el capítulo laboral, que la Justicia había suspendido, fue reemplazado por la Ley de Modernización Laboral. Si el DNU cae, el efecto concreto se concentraría en las normas derogadas que no tuvieron reemplazo legislativo, como la Ley de Tierras, la de Alquileres, las de Góndolas y Abastecimiento y la regulación de prepagas.

Los otros dos puntos del temario funcionan, en parte, como imán para el quórum. La emergencia en discapacidad vigente vence el 31 de diciembre de este año. La prórroga la extiende un año más, hasta fines de 2027. Se trata de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó en 2025 e impuso tras insistir contra el veto de Milei, y cuya aplicación el Gobierno resistió alegando falta de financiamiento. Si no se renueva, el régimen de emergencia caduca en menos de tres meses, mientras el oficialismo aún negocia una salida intermedia con un nuevo proyecto de ley que está en discusión.

La ley de endeudamiento familiar busca dar respuesta a un fenómeno que el Gobierno minimiza como “un problema entre privados”. Según datos del Banco Central procesados por el CEPA, en junio la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% y la de las billeteras virtuales al 30,1%, por encima del pico de la pandemia.

El 15 de octubre será, así, una prueba de fuerza para el Gobierno en la Cámara baja. Si la oposición consigue sentar a 129 diputados, el oficialismo podría sufrir en un mismo día la caída de su megadecreto fundacional y dos leyes que la Casa Rosada rechaza. Si no lo consigue, el DNU 70 seguirá vigente casi tres años después de su firma.

MC

En el debate político actual suele hablarse de números, equilibrios fiscales y planillas de cálculo como si fueran frías abstracciones. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria que se recorta o se congela hay historias concretas, familias angustiadas y derechos básicos vulnerados. Nada ejemplifica con mayor crudeza esta realidad que lo que está sucediendo en el ámbito de la discapacidad en la Argentina.

Hasta hace muy poco, el gobierno nacional venía ejecutando un cumplimiento extremadamente parcial de la ley de emergencia en discapacidad. Si bien aplicaba un ajuste mensual de las prestaciones alineado con la inflación, arrastraba una deuda estructural insostenible: jamás compensó la pérdida de los dos años previos en los que los aranceles quedaron absolutamente congelados. Como resultado de ese desfasaje, los valores de referencia del nomenclador continuaron en niveles críticos. A esto se sumó el incumplimiento sistemático de otro pilar fundamental de la norma, del cual fui autor e insistí en reiteradas oportunidades: la correcta implementación de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Las cifras del deterioro hablan por sí solas. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alarmante 320,0%, los aranceles destinados a servicios esenciales como hogares, rehabilitación y transporte apenas se actualizaron en un 233,8%. La situación resulta aún más grave para los centros de día, los centros educativos terapéuticos, la escolaridad y los apoyos a la inclusión, cuyos montos sólo recibieron un ajuste del 219,8%. Esta brecha, generada y profundizada en los últimos años, la están sosteniendo a fuerza de sacrificio las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales e instituciones del sector que se encuentran al borde de la quiebra. El caso de los talleres protegidos es especialmente dramático, porque también sufren la caída del consumo y la recesión económica.

Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo decidió ir más lejos al presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La propuesta oficial pretendía romper el compromiso de mantener la actualización mensual por inflación y, lo que es peor, desarticular la universalidad del nomenclador único fijado por una ley de los años noventa.

La idea de eliminar un arancel regulado para que cada empresa de medicina prepaga u obra social negociara de forma individual las prestaciones con cada familia constituye un despropósito conceptual e institucional. Hablar de un “acuerdo entre privados” y una “negociación libre” en este contexto es desconocer la realidad más elemental: una madre o un padre que pelea por la cobertura de las terapias de su hijo frente a una corporación de salud jamás se encuentra en una posición de igualdad. No hay negociación posible cuando una de las partes depende del tratamiento para tener una vida digna y la otra solo busca optimizar un margen de ganancia.

A la par, el proyecto oficial buscaba eliminar artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad y reinstaurar el viejo y restrictivo esquema de pensiones por invalidez laboral, generando un grave retroceso en materia de derechos adquiridos.

Frente al rechazo generalizado del colectivo de la discapacidad y la resistencia de aliados políticos que se negaron a convalidar semejante avasallamiento, el gobierno debió dar marcha atrás. En los últimos días pasó de una postura intransigente –que asfixiaba al sistema de prestaciones– a lograr un dictamen de mayoría en Diputados que aceptará conservar el nomenclador único, mantener el ajuste mensual por inflación y dar curso a las pensiones por discapacidad integrando aspectos centrales de la ley de emergencia.

Cabe preguntarse a qué responde este repentino cambio de postura. ¿Estará influenciado por la cercanía de la visita del Papa o simplemente por la imposibilidad matemática de aprobar un presupuesto tan despiadado en el Congreso? Hay que tener una templanza especial para creer en la sinceridad de este giro de 180 grados, pero esa es la fotografía de la situación hoy.

Sin embargo, también el dictamen de mayoría presenta algunos huecos legales. La sociedad y las organizaciones representativas se mantienen en alerta para exigir la plena compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado, la garantía absoluta de la cobertura de salud bajo la ley 24.901, el financiamiento adecuado para los talleres protegidos y el pago integral de todas las compensaciones adeudadas.

El reclamo es urgente y no admite dilaciones. La dignidad de las personas con discapacidad y la preservación de sus derechos no pueden estar sujetas al regateo político ni a la insensibilidad de un plan de ajuste.

*El autor es exdiputado nacional y autor de la ley de emergencia en discapacidad.

En un giro de 180 grados, el oficialismo pasó de querer barrer con la ley de emergencia en discapacidad a dictaminar un proyecto que la ratifica. La propuesta incluye el nomenclador único de las prestaciones, la inclusión laboral de las pensiones y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como única vía de acceso a una pensión. Martín Menem, sin embargo, se guardó una carta: la de no explicitar nunca el mecanismo de actualización de las prestaciones. Los aliados cuestionaron la decisión, pero acompañaron el dictamen del oficialismo con disidencias. 

Menem consiguió lo que había ido a buscar cuando habilitó que se desautorizara a Javier Milei y se presentara una propuesta que contradecía lo que, hace una semana, el Gobierno había enviado en el Presupuesto. Es decir, hacerse con el dictamen de mayoría de un tema que la oposición había utilizado como punta de lanza contra el Gobierno durante todo el año pasado. A un mes de la llegada del Papa León XIV, que visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole cuando llegue a la Argentina, el oficialismo quería evitar un escenario de tensión con las organizaciones de las personas con discapacidad, que vienen denunciando al Gobierno por incumplir la ley de emergencia sancionada el año pasado. 

“No venimos a demonizar la emergencia, sino que nos preguntamos qué viene el día después de la emergencia. La principal preocupación es la generación de políticas estables, la tranquilidad de que las reglas de juego no se van a cambiar de manera permanente”, sostuvo Laura Rodríguez Machado, la bullrichista que se encargó de redactar la nueva propuesta del oficialismo junto al PRO y la UCR. Rodríguez Machado, que integra La Libertad Avanza, votó en contra de la emergencia tres veces el año pasado: cuando se aprobó en Diputados por primera vez, cuando se insistió tras el veto de Milei y cuando el Gobierno intentó derogarla en el Presupuesto 2026. 

El dictamen del oficialismo –que consiguió 42 firmas con ayuda de los gobernadores de San Juan, Tucumán, Salta, Misiones y Neuquén– fue consensuado para incluir gran parte de las incorporaciones de la ley de emergencia que el Gobierno había intentado vetar el año pasado. Ese fue, incluso, el argumento que utilizaron los aliados para apoyar la propuesta del oficialismo: si se aprobaba la versión del oficialismo, Milei no podría vetarla. 

El proyecto mantiene el Nomenclador Único para las prestaciones por discapacidad, que garantiza la uniformidad de los aranceles que las prepagas y obras sociales deben pagarle a los prestadores. Sostiene la inclusión laboral, que habilita a las personas a cobrar una pensión con discapacidad teniendo un trabajo formal o informal con salarios de hasta dos sueldos mínimos. Y confirma que las pensiones por discapacidad continuarán siendo garantizadas a través del Certificado Único de Discapacidad.

Las organizaciones de personas con discapacidad, sin embargo, miran la propuesta con desconfianza. También algunos diputados de los partidos provinciales, que acompañaron el dictamen pero advierten que hay ambigüedades que dejan abierta la puerta a las discrecionalidades del Ejecutivo. “Acá lo que pasa es que se perdió la confianza en el Gobierno, y este es el resultado”, explica uno de los diputados provinciales que acompañó el dictamen con disidencias. Nadie cree que el Gobierno cumplirá con su palabra, por lo que exigen un proyecto a prueba de trampas. 

El mayor punto de conflicto es el que se refiere a la actualización de las prestaciones. El principal objetivo de la ley de emergencia de discapacidad fue indexar las prestaciones para que fueran actualizadas de manera mensual según la fórmula de movilidad jubilatoria (que es el índice de inflación). El Gobierno pisó el valor de las prestaciones durante 2025, generando la crisis en el sector que derivó en las movilizaciones de las familias y personas con discapacidad frente al Congreso casi todas las semanas. Ese fue el germen de la ley de emergencia. 

La suspicacia de los aliados se debe a que el proyecto del oficialismo no expresa de manera taxativa que la actualización será automática, mensual y por IPC. Lo que hace el texto es retrotraer al articulado de la ley de emergencia que había incluido esta exigencia en la ley de discapacidad, pero no especifica el contenido. El misionero Oscar Herrera Ahuad, que fue uno de los que negoció gran parte del proyecto con el oficialismo, exige que se de mayor claridad sobre ese punto y que, a su vez, el proyecto especifique las partidas que estarán destinadas a Discapacidad. No quiere esperar a ver a que aparezcan en el Presupuesto. 

El peronismo, mientras tanto, presentó su propio dictamen junto a Provincias Unidas y la izquierda. La oposición propone prorrogar la emergencia, que es lo que vienen exigiendo las organizaciones de las personas con discapacidad. 

“Respetamos el criterio de las organizaciones de las organizaciones que dicen ‘nada sobre nosotros sin nosotros’. No se puede presentar una ley entre gallos y medianoche sin convocar a las personas con discapacidad”, cuestionó Juan Marino (UxP), que señaló que, si querían generar “confianza” en las organizaciones primero tendrían que eliminar el capítulo del Presupuesto que barre con las garantías legales de las personas con discapacidad y elegir un secretario de Discapacidad “que no venga a profundizar el ajuste”. El día anterior, el Ministerio de Salud había anunciado que el reemplazo de Alejandro Vilches al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad sería Pablo Di Liscia. 

La oposición analiza los pasos a seguir. El hecho que el oficialismo haya conseguido más firmas en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto no significa que tenga más número en el recinto, pero en el peronismo sospechan que muchos de los gobernadores que los habían respaldado hace un mes buscarán, ahora, jugar con el Gobierno. 

El oficialismo, mientras tanto, no se apura a convocar una sesión tampoco. Se acumulan los pedidos de modificaciones –como el que exige establecer un cronograma de pagos para la deuda que tiene el Gobierno con los prestadores, a quienes todavía no les pagó la compensación que establece la ley de emergencia– y, si continúa resistiéndose, varios aliados ya le advirtieron que acompañaran la prórroga. 

Quien consiga antes el número será quien convoque.

MCM/CRM

Menos de una semana después de la presentación del Presupuesto 2027, Martín Menem presentó una propuesta para reemplazar la emergencia en discapacidad que contradice el proyecto original de Javier Milei. Luego de dos semanas de negociaciones con los aliados, que pegaron el grito en el cielo cuando vieron el capítulo del Presupuesto que barría con las prestaciones de discapacidad, el bloque oficialista borró con el codo lo que Luis Caputo había escrito con la mano y acordó un dictamen que no toca el nomenclador ni las compensaciones. Un acuerdo que necesita, todavía, el visto bueno de la Casa Rosada. 

Las negociaciones se llevaron adelante en el despacho de Menem en el primer piso de la Cámara de Diputados. La bullrichista Laura Rodríguez Machado venía trabajando en el nuevo borrador desde la semana pasada, cuando el Gobierno decidió dinamitar las conversaciones presentando un Presupuesto que avanza contra todas las garantías legales de las personas con discapacidad. Rodríguez Machado se desayunó la noticia al mismo tiempo que el resto del oficialismo: cuando le empezaron a llegar las preguntas de periodistas y los insultos de los aliados. 

Horas después del cimbronazo, sin embargo, Menem reunió a las principales espadas aliadas y las tranquilizó: las negociaciones continuarían como venían. Al riojano ya lo habían amenazado con voltearle el Presupuesto si defendía el proyecto tal cual lo había mandado Milei, y quería evitar una nueva derrota. “Los tiempos del Congreso no son los mismos que los de la Rosada”, argumentaban en el bloque oficialista, que desde un principio contradijo al Presidente: el Presupuesto 2027, así como estaba, no lo iban a tratar. 

Rodríguez Machado, junto a la radical Pamela Verasay y al macrista Javier Sánchez Wrba, se dedicaron a juntar pedidos de los bloques provinciales y negociaron la propuesta con Menem. Se acordó dejar intactos casi todos los artículos de la ley de emergencia en discapacidad pero sin llamarla “emergencia”. Se definió darle el nombre grandilocuente de “Ley de Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad”. 

Según el borrador, al que accedió eldiarioAR, se mantiene el Nomenclador Único para las prestaciones por discapacidad –que garantiza la igualdad en los aranceles que cada prepaga y obra social le paga a los prestadores– y la compensación que incluyó la emergencia en Discapacidad pero el Gobierno aún no pagó. Sostiene la inclusión laboral, que habilita a las personas a cobrar una pensión con discapacidad teniendo un trabajo formal o informal con salarios de hasta dos sueldos mínimos. Y confirma que las pensiones por discapacidad continuarán siendo garantizadas a través del Certificado Único de Discapacidad.

“Nosotros queremos sostener las garantías de la emergencia pero con la estabilidad de una ley”, explicó una de las negociadoras cuando salió del despacho de Menem, en donde se habían reunido junto a la catamarqueña Fernanda Ávila, el misionero Oscar Herrera Ahuad, la neuquina Karina Maureira, entre otros jefes de bloque provinciales. 

La propuesta incluye, a su vez, la actualización mensual por inflación de las prestaciones: el reclamo fundacional de las organizaciones por discapacidad que llevó a que el Congreso tuviera que sancionar, el año pasado, la emergencia. El texto del borrador incorpora, expresamente, el artículo de la ley de emergencia que fija la indexación mensual y el estudio de costos de los prestadores. Pero hay una trampa: los aliados admiten que ese punto todavía se está negociando con el Gobierno. 

“Todavía no está claro si es mensual o bimestral, falta hablarlo con Casa Rosada”, admitió una de las aliadas del Gobierno. La expectativa es poder resolver este punto antes de la reunión de comisión de Discapacidad el miércoles, que es cuando se dictaminarán los proyectos y el oficialismo buscará imponer el suyo por sobre el de la oposición. Será difícil: los principales decisores, Luis Caputo y Javier Milei, están en Nueva York participando de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Menem pretende evitar, así, una nueva derrota en la Cámara de Diputados. “El escenario es otro. Hoy el Gobierno está más débil, no puede darse el lujo de acelerar en las curvas como siempre”, analiza un diputado oficialista, enfurecido por la descoordinación política interna del Gobierno de la semana pasada. 

La oposición no participó de la reunión en el despacho de Menem, pero aguarda a la presentación oficial del dictamen con desconfianza. Sin la declaración de emergencia y la obligación a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas, advierten, el Gobierno podrá volver a pisar las actualizaciones de las prestaciones como sucedió el último año. “La emergencia era una herramienta para que las familias y las organizaciones pudieran judicializar la situación. No se puede judicializar la subejecución presupuestaria”, advierte un importante dirigente del peronismo. 

Depende, en última instancia, de que el Gobierno cumpla con asignar las partidas en el Presupuesto y que luego las cumpla el año próximo. Un acto de fe.

MCM/MG

El Senado sesiona este jueves con el objetivo declarado de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, pero el temario oficial quedó relegado a un segundo plano en el inicio del debate. El oficialismo llegó al recinto con 37 legisladores propios y debió salir a buscar el respaldo de bloques provinciales y federales para garantizar el quórum, en una jornada que comenzó dominada por los reclamos de la oposición contra los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro fue el más duro. Vinculó los cambios que el Gobierno impulsa sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad con el articulado del nuevo Presupuesto y acusó al Ejecutivo de desentenderse del problema: “El Gobierno desconoce la Emergencia en Discapacidad, la veta y el Congreso vuelve a insistir. Parece que el presidente Javier Milei disfruta ver sufrir a los más vulnerables”, lanzó. También apuntó contra la lógica de ajuste familiar que, dijo, el oficialismo pretende trasladar a los hogares con una persona con discapacidad a cargo: “Los discapacitados dependen de la ayuda del resto de la sociedad. Es imposible que el pluriempleo pueda sostener a un hijo o a un miembro de la familia que necesita ayuda.”

A los cuestionamientos por discapacidad se sumaron las críticas del kirchnerismo por el endeudamiento de las familias argentinas. La senadora Alicia Kirchner advirtió sobre lo que definió como “usura social” y describió un escenario de “precariedad y abandono” que, sostuvo, alcanza a una gran mayoría de la población. La legisladora señaló que buena parte de las familias recurrió al crédito para sostener el consumo básico y que ese fenómeno quedó legitimado por la falta de respuestas del Estado.

El trasfondo de los reclamos tiene nombre y artículo: el 39 del proyecto de Presupuesto 2027, que habilitaría la eliminación del nomenclador nacional de discapacidad, el instrumento que fija valores de referencia uniformes para tratamientos, traslados y prestaciones en todo el país. Sin esa regulación unificada, los montos quedarían sujetos a negociaciones individuales con cada obra social, con el riesgo de que la diferencia termine cayendo sobre las familias.

La incomodidad no quedó circunscripta a la oposición. La propia jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que ni ella ni el resto de la Mesa Política habían sido informados de los cambios en discapacidad que terminaron incorporados al Presupuesto. “A mí me sorprendió porque, estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. No nos enteramos, es la verdad”, admitió en radio Rivadavia, y reconoció que ese tipo de desprolijidades “resiente un poco las relaciones” dentro del espacio libertario.

El episodio se inscribe en una tensión que el Gobierno viene arrastrando desde hace meses. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue vetada por Javier Milei en 2025 y el Congreso insistió con su sanción, convirtiéndola en la Ley 27.793. Desde entonces, sucesivos intentos oficiales de introducir modificaciones —incluida una propuesta del ministro de Salud, Mario Lugones, en abril— reavivaron el conflicto con los aliados legislativos y con el sector de prestadores, que denuncia pagos demorados de hasta 90 días y familias que abandonan coberturas por la crisis económica.

Más allá del ruido por discapacidad y endeudamiento, el Senado busca avanzar este jueves con el resto de un temario cargado: además de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, está en el temario el traspaso de competencias penales a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación del Parque Nacional Monte León y una serie de pliegos judiciales, entre ellos las designaciones para tribunales en materia de delitos económicos. En cambio, quedó nuevamente postergado el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el oficialismo negocia con los bloques dialoguistas y que todavía no logró destrabar.

La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. En el proyecto del Presupuesto 2027, el Gobierno no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90 y dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo. 

La jefa de senadores oficialistas, Patrici Bullrich, se quejó este jueves de la manera en que se enteró de las modificaciones al leer el texto y aseguró estar “sorprendida”. “Estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. Y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”, relató la exministra de Seguridad.

“Yo digo la verdad. No nos enteramos (de los cambios en Discapacidad). Eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera exactamente cómo van a venir las cosas, más estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, uno llega después al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’… y tenés que decir ‘yo no sabía’ y quedás como un tonto o como que los engañaste. Entonces eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, advirtió la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Veremos qué es lo que manda Diputados a Senado. Nosotros somos revisores en el caso del Presupuesto, así que esperaremos a ver qué nos llega a los senadores porque parece que está bastante peliaguda la discusión”, concluyó.

Horas antes, las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, ya habían revelado públicamente que se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición, el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos. 

En el mismo sentido, un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado, también se quejó: “Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”. La idea de libertarios y senadores cercanos al oficialismo era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad –como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión. 

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas. 

Los chispazos entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso también quedaron expuestos en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad. 

De acuerdo a la información publicada este miércoles por elDiarioAR, los aliados sospechan de una interna del Gobierno: el ministro de Salud, Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna. 

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

Más recortes en Discapacidad

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

Distintas organizaciones convocaron a una movilización este miércoles frente al Congreso, en coincidencia con la sesión especial en la Cámara de Diputados que buscará avanzar con los proyectos sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento de las familias.

El Foro Permanente por la Discapacidad, que agrupa a organizaciones como FAdeA, FETAP, APRIDIS y Fundación Orione, entre otras entidades del sector, llamó a movilizarse bajo la consigna “La emergencia no terminó”. El reclamo central es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

En paralelo, otro grupo de organizaciones convocó bajo el lema “Solución ya para las familias endeudadas - ¡Que sea ley!”. La actividad prevé asesorías, radio abierta y la presentación de un mapa de la deuda de las familias.

Ambas convocatorias se dan mientras en Diputados avanza la sesión especial que buscará emplazar a las comisiones para fijar plazos de dictamen sobre los dos proyectos, después de que La Libertad Avanza decidiera dar quórum este miércoles.

En el recinto, la oposición buscará aprobar el emplazamiento a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de firma de dictamen sobre el paquete de proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Se trata de más de cincuenta iniciativas que proponen distintos mecanismos —desde la refinanciación de deudas hasta topes a tasas y comisiones de tarjetas de crédito y préstamos personales— con el objetivo de frenar el nivel de mora que hoy afecta a millones de argentinos con créditos formales.

El segundo eje de la sesión es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que según el reclamo de las organizaciones convocantes debería extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto busca sostener las prestaciones, aranceles y el financiamiento del sistema de salud para personas con discapacidad, en un contexto en el que las entidades del sector vienen advirtiendo por la falta de actualización de los montos y por atrasos en los pagos a prestadores.

Este miércoles, el Gobierno medirá los límites de la estrategia comunicacional que desplegó tras la cadena nacional por la causa Malvinas. Luego de días de hiperactividad, con un Javier Milei eufórico por las repercusiones sobre su cambio de postura respecto la soberanía de las islas, el oficialismo se enfrenta a una eventual derrota: que la oposición consiga el número para avanzar en una sesión sobre la crisis del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Hasta último momento, Diego Santilli llamó por teléfono a gobernadores e hizo promesas, pero los aliados se negaron: no bastaba con promesas, querían resultados de antemano.

“Estamos bien. Ayer no estaban seguros, hoy tengo el número”, aseguró una de las espadas peronistas encargadas de juntar el quórum para la sesión del miércoles, que comenzará al mediodía en la Cámara de Diputados. La oposición ya había conseguido 133 voluntades para avanzar con el tema hace dos semanas, pero se imponía la máxima que rige en todos los despachos opositores: no se puede confiar en los gobernadores.

Santilli estuvo llamando a todos los gobernadores del Norte, intentando seducirlos con partidas futuras a cambio de boicotear la sesión. El misionero Hugo Passalacqua, que viene de romper con el jefe Carlos Rovira, ya había definido con el diputado (y ex gobernador) Oscar Herrera Ahuad que darían quórum. Ellos ya habían presentado su propio proyecto sobre la problemática del endeudamiento y, además, Passalacqua ve negocio en diferenciarse del Gobierno (y Rovira) de cara a las elecciones del año que viene.

La incógnita era el salteño Gustavo Sáenz, que el lunes a la mañana había confirmado a todos sus diputados para el quórum y, por la tarde, había cambiado de opinión. A última hora del martes, en la previa de la sesión, los tres salteños habían prometido a sus compañeros de bloque en Argentina Federal que bajarían a dar quórum. Si los salteños cumplían con lo prometido, así como los catamarqueños de Raúl Jalil y el conjunto de Provincias Unidas, la oposición tendría más de 129 presentes para el quórum.

Es por este motivo que Santilli llamaba y prometía recursos y obras, una negociación que busca enganchar con la discusión del Presupuesto 2027 (que se presenta la semana próxima). “Basta de promesas, que la ponga por delante antes si quiere que acompañamos. Pero (Luis) Caputo no le va a dar la plata”, masculló un operador norteño.

Martín Menem juntó a los jefes de bloque aliados en su despacho del primer piso de la Cámara de Diputados por la tarde. Ni atinó a pedirles que lo ayudaran a boicotear la sesión: en el oficialismo predominaba, hace horas, la convicción de que la oposición tendría el número. Hasta los sanjuaninos de Marcelo Orrego habían prometido que darían quórum: ninguno quería quedar expuesto en un tema tan sensible como la emergencia en discapacidad.

Los aliados, incluso, le reclamaron a Menem que el Gobierno terminase de pagar una compensación adeudada a los prestadores incluida en la ley sancionada el año pasado. “Sabían que se venía el tema de discapacidad y no hicieron nada igual. Son todos errores propios”, deslizó una radical que suele jugar con el Gobierno, luego de la reunión en el despacho de Menem.

La oposición, mientras tanto, se mostraba confiada: todo marchaba acorde al plan, al menos por ahora. El verdadero desafío, en cambio, vendrá más adelante. Es decir, cuando llegue el momento de unificar un proyecto de consenso sobre la problemática del endeudamiento, ya que hay 50 proyectos presentados. El objetivo es presentar una iniciativa a prueba de impugnaciones presidenciales por representar un costo fiscal.

En el peronismo anticipan que, cualquiera sea el proyecto final, probablemente derivará en un veto presidencial. Y que, a diferencia de los números del año pasado, el oficialismo cuenta con un tercio para blindar cualquier veto. La discusión pasa por otro lado: sostener la agenda de los endeudados y forzar al Gobierno a dar una respuesta o, al menos, hacerle pagar el costo político de un veto antipático en la previa de un año electoral.

MCM/MG

La oposición desafía al Gobierno para intalar en la agenda la problemática de morosidad familiar y la emegencia en discapacidad. Este lunes se confirmó en la Cámara de Diputados la sesión del próximo miércoles para abrir el recinto y tratar una batería de proyectos opositores que chocan con la intención del Gobierno de encajonar esos debates en las comisiones especializadas.

La sesión quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12. El temario oficial reúne alrededor de cincuenta expedientes. En el primer lugar figura el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Y el resto de la nómina está compuesto casi en su totalidad por iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito, la inembargabilidad de la cuenta sueldo, límites a comisiones e intereses, regímenes de auxilio para deudores de créditos UVA y de servicios públicos, y al menos media docena de proyectos que declaran distintas variantes de “emergencia crediticia” o crean programas de desendeudamiento con nombres como RED, REDES o RESOP.

La convocatoria formaliza lo que la oposición había anticipado el 26 de agosto, cuando un conjunto de bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Coherencia— intentó dos mociones de apartamiento del reglamento para incorporar ambos temas al temario de esa sesión. La maniobra necesitaba los tres cuartos de los presentes, un umbral inalcanzable frente al tercio que reúne La Libertad Avanza, pero los 133 votos obtenidos superaron ampliamente el piso de 129 requerido para convocar una sesión especial por sí sola.

Ante el avance opositor, el oficialismo buscó marcar los tiempos por otra vía. La Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, convocó reuniones informativas con especialistas y funcionarios para el 8 y el 16 de septiembre, fijó el debate en comisión para el 23 y estableció el 30 como fecha límite para emitir dictamen sobre desendeudamiento familiar. La oposición rechazó ese cronograma: la diputada massista Cecilia Moreau lo calificó de “una maniobra para ganar tiempo e impedir que esta Cámara legisle” y advirtió que, hacia fin de mes, la agenda parlamentaria quedará absorbida por el debate del Presupuesto 2027. El presidente de la Cámara, Martín Menem, había justificado la resistencia oficialista con el argumento de que “cada vez que el Estado intervino en algo las cosas terminaron peor”, en línea con la posición del presidente Javier Milei, que calificó reiteradamente el sobreendeudamiento de los hogares como “un problema entre privados” y llegó a atribuir buena parte de la suba de la mora al consumo de televisores durante el Mundial.

El trasfondo de la disputa son los datos de endeudamiento que la propia oposición cita para justificar la urgencia. Alrededor de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda en el sistema financiero o en billeteras virtuales, y cerca de 6 millones están en situación de mora grave. Un informe de junio de 2026 de CEPA, elaborado con datos del BCRA y el Cendeu, había ubicado la mora bancaria familiar en 12,8% y la de billeteras virtuales en 30,1%, por encima del pico de la pandemia (27,1% en mayo de 2020), con una carga mensual de deuda equivalente al 24,1% de la masa salarial; entre los jóvenes de 18 a 25 años, la mora asociada a billeteras digitales había saltado de 24,7% a 40,8% en el último año.

Con cerca de cincuenta expedientes distribuidos entre distintas comisiones —Legislación General, Finanzas, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Discapacidad, entre otras—, el propio frente opositor reconoce que ordenar el tratamiento de todos los proyectos en una sola sesión es un desafío logístico. Aun así, la confirmación oficial de la fecha deja planteado para el 9 de septiembre un test desafiante para la oposición, en momentos en que el Gobierno insiste en que la solución al sobreendeudamiento pasa por la recuperación económica y no por una nueva ley, mientras la oposición sostiene que la emergencia ya está instalada en los hogares argentinos.

En paralelo, el Gobierno también se movió en el frente de discapacidad. La semana pasada, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches —quien había asumido como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios—, expuso ante la Comisión de Discapacidad de Diputados junto a los subsecretarios Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, en su primera exposición pública con el objetivo declarado de frenar la prórroga. La ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 con el respaldo de distintos bloques opositores, vetada por Milei con el argumento de que era fiscalmente incompatible, y finalmente convertida en norma cuando el Congreso reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras para insistir sobre el veto.

En medio de la presión opositora, la comisión de Discapacidad realizará este miércoles una reunión informativa con la presencia del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y de otros dos funcionarios del área para dar cuenta de las medidas implementadas a fin de revertir la crisis del sector.

Con la oposición al acecho tras el anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario, el cuerpo que preside el libertario Gerardo Huesen se reunirá este miércoles desde las 16 para escuchar a la máxima autoridad del área, al subsecretario de Política de Acceso y Poyos, Esteban Giler, y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.

Mientras una confluencia de bloques opositores presiona para llevar al recinto la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad (que el Poder Ejecutivo secresiste a aplicar en su totalidad con justificaciones fiscales), el oficialismo busca frustrar el quórum de dicha sesión y centra su estrategia en mostrarle a los “dialoguistas” la buena predisposición del Gobierno para diagnosticar en la “casa del oueblo” el cuadro de situación y las supuestas mejoras implementadas en el sistema.

La situación en el área de discapacitados está marcada por la suspension de prestaciones de obras sociales, prepagas y profesionales por la interupción en la cadena de pagos, la baja de pensiones por invalidez y la falta de actualización de los aranceles acorde al aumento del costo de vida.

Los diputados de Unión por la Patria (UxP) accedieron este mismo martes a la nómina de funcionarios invitados por el oficialismo y se pusieron rápidamente a trabajar en un cuestionario de preguntas y planteos.

“La discusión es si el Gobierno va a aceptar que los funcionarios le den la respuesta que no les dan a las organizaciones de y para personas con discapacidad”, sostuvo el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino (UxP), en diálogo con este medio.

Esta estrategia más “contemplativa” del oficialismo se contrapone con la intención resolutiva de la oposición, que busca emplazar a la comisión de Discapacidad para ponerle fecha de firma de dictamen a los distintos proyectos en la materia.

De hecho, desde la oposición denuncian una maniobra “distractiva” y “dilatoria” para frenar la sesión y no poner nunca los proyectos en la línea del dictamen.

La crisis del sector de Discapacidad

Por un lado, los valores del nomenclador para abonar terapias, transporte y centros educativos quedaron muy atrasados frente a la inflación acumulada.

El Gobierno actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas con aumentos mínimos y los valores de los aranceles quedaron completamente desactualizados respecto al costo real de vida, lo que vuelve inviables servicios críticos como el transporte adaptado o los centros de día.

Además, las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que corta la cadena de pagos a los profesionales.

Como consecuencia, los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos) sufren deudas crónicas y han llegado a suspender tratamientos de forma masiva debido a que “trabajan pero no cobran”.

Otro foco de conflictividad tiene que ver con el recorte masivo y freno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral.

Bajo la premisa de revisar el otorgamiento de beneficios, el Gobierno dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral y mantiene en un “limbo” administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas.

Además, se reestableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder o conservar la pensión.

El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo estaba plagado de irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes, justificando las auditorías estrictas y un reempadronamiento para dar de baja beneficios mal asignados.

Sostiene como argumento central que entre 2003 y 2023 el número de pensiones por invalidez creció de forma “exponencial e injustificada” (pasando de 76.000 a 1.2 millones), y considera que una gran parte de esos beneficios fueron otorgados de manera irregular o por clientelismo político.

La oposición en el Congreso impulsa proyectos para prorrogar y garantizar la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

Esta norma obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento adecuado, actualizar pensiones de forma sostenible y cancelar las deudas con los prestadores.

Actualmente, la oposición presiona en el Congreso para prorrogar esta emergencia hasta fines de 2027, mientras el oficialismo busca bloquearla e intenta debatir nuevas condiciones para limitar el gasto.

Organizaciones civiles, profesionales y familiares han impulsado denuncias penales contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios bajo la figura de “abandono de persona”, acusándolos de violar de forma deliberada el acceso a la salud y la supervivencia básica.

También acudieron a organismos internacionales como la ONU para denunciar la vulneración de tratados de Derechos Humanos.

El conflicto recrudeció tras una investigación judicial por presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que provocó el desplazamiento del anterior director, Diego Spagnuolo, y desencadenó numerosas protestas urbanas.

Los distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron en las últimas horas formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre al mediodía con decenas de proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias sobreendeudadas con bancos y billeteras virtuales, con el objetivo de forzar el tratamiento en comisión de los proyectos.

La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

También acompañan el pedido de sesión para el miércoles 9 de septiembre a las 12 hs Ernesto “Pipi” Ali (UxP), Carlos Castagneto (UxP), Cecilia Moreau (UxP), Martín Lousteau (PU), María Inés Zigarán (PU), Nicolás Massot (EF) y Fernada Ávila (EC).

El miércoles pasado, estos mismos sectores lograron juntar 133 votos en el recinto y, si bien no alcanzó para ampliar el temario de esa sesión, dejó una señal política clara de que existe un piso de voluntades suficiente para doblegar al oficialismo en torno a estos temas sociales tan acuciantes.

Después dieron otra muestra de carácter durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de Diputados con representantes de cada uno de los bloques, en una foto que dio que hablar, alimentando especulaciones sobre un “frente anti Milei” en el Congreso.

El problema que enfrenta el nuevo conglomerado de cara a la citación del 9 de septiembre es que, dentro de la batería de 50 expedientes incorporados en el pedido de sesión sobre el asunto de la morosidad, cada uno tiene giros de comisión diferentes, lo que puede complicar la logística para el pedido de emplazamientos.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora, y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

La inclusión de la totalidad de proyectos sobre el tema, sin dejar afuera a ninguno, responde a la necesidad de contener a todas las fuerzas políticas unidas en esta causa y no herir la susceptibilidad de ninguna, ya que en el recinto cada voto vale y la oposición no puede darse el lujo de sufrir ausencias.

Sin embargo, la multiplicidad de proyectos genera una dificultad técnica, ya que habrá que calibrar bien qué comisiones emplazar.

Los giros que más se repiten en los proyectos presentados sobre endeudamiento familiar son las de Finanzas y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Ésta última está presidida por el opositor Hugo Yasky (UxP) y su vicepresidenta es Mariela Coletta (Provincias Unidas), por lo que ni siquiera haría falta un emplazamiento para la convocatoria.

Distinto es el caso de la comisión de Finanzas, que es encabezada por el oficialista Santiago Pauli, y no se activará hasta tanto no esté aprobado el emplazamiento en el recinto.

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área le solicitaron al Gobierno nacional saldar las deudas tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI, y que en muchos casos se sostienen desde de septiembre de 2025.

Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, expresó.

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”.

“Dicen que Economía no gira a los fondos”, dijo y añadió que una de las iniciativas que se discuten es montar un acampe “por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad”. “No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para despejar la calle Moreno, la Policía avanzó sobre los manifestantes.

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

Además, remarcaron que esta situación “impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”, sostienen desde el Foro.

La protesta se desarrolló desde las 10.30 en 9 de Julio y Belgrano, del centro porteño, mientras que en Rosario, provincia de Santa Fe, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron este jueves una movilización frente a la sede de Gobernación, en la Plaza 25 de mayo, encabezada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que alertó sobre una situación “desesperante” para las organizaciones que sostienen tratamientos, talleres y traslados.

La carta para Milei: “Esperamos de su gobierno respuestas concretas ya”

Este miércoles, Pablo Molero, coordinador del Foro, le envió una carta pública al presidente Javier Milei en la que lamentó que en el discurso con el que el mandatario inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado domingo, “no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social”, reclamó.

De acuerdo a Molero, las palabras y las acciones de Milei “han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024”.

Asimismo, reiteró el reclamo tras el veto presidencial a la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad que luego fue ratificada por el Congreso: “Como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución”, recalcó Molero. Y agregó: “Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado”.

El coordinaror del Foro también le recordó al mandatario que en noviembre de 2025 “su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI, el último mes que pagó, fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad”, detalló.

“El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”, añadió.

Y en el final de la carta, Molero fue más allá: “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo formalizó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad; de Gianfranco Scigliano como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos; y de Esteban Rafael Giler como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno tenía un caballo de Troya en el Presupuesto 2026: el capítulo 11 en el proyecto que se votó anoche en la Cámara de Diputados buscaba derogar las emergencia universitaria y en discapacidad, restringir el régimen de zona fría y eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares. Toda una declaración de principios de la gestión de Javier Milei, que rechaza el concepto de “justicia social” y avala la idea del ajuste permanente y el sálvese quien pueda.

Pero el oficialismo recibió anoche un golpazo: una mayoría circunstancial de 123 votos en contra superó a 117 votos positivos. La caída del título fue celebrada con euforia por toda la oposición, que además le asestó un golpe a las bancadas que se inclinaron por acompañar al oficialismo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires –que había negociado Jorge Macri con Diego Santilli–, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Los libertarios pagaron caro la ambiciosa jugada de incorporar todas estas medidas en un mismo capítulo y de buscar que se vote en particular por capítulo y no por artículo. Si hubiera optado la segunda estrategia –como propuso en la sesión el jefe del bloque peronista, Germán Martínez–, LLA podría haber salvado la ropa de las pretensiones de sus socios del PRO.

El capítulo 11 cayó porque se dividió el bloque de apoyos que había cerrado a fuerza de billetera en los últimos días. Esta misma semana se conoció que la Casa Rosada había girado ATN a discreción:

El teléfono de Santilli y la billetera de Luis Caputo alcanzaron para aprobar el Presupuesto en general, pero la manta fue muy corta en el momento clave del capítulo 11. Ese bloque de aliados circunstanciales se dividió: los diputados salteños rechazaron la apuesta libertaria pero los misioneros apoyaron. “Se dieron vuelta un par que eran claves para el Gobierno”, admitieron cerca de Santilli.

Una fuente parlamentaria hizo el cálculo de que los libertarios perdieron tres veces en la Cámara de Diputados y en el mismo semestre el tema Universidades y Discapacidad. 

El rechazo dejó expuesto a los que giraron de manera impresionante, porque varios de esos diputados habían votado, semanas atrás, la insistencia a la ley de emergencia en Discapacidad y rechazado el veto de Milei. 

Anoche los legisladores que cambiaron su voto fueron: 

Y en el momento de la votación se ausentaron otros que habían votado a favor de la insistencia de la emergencia:

“No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, lanzó esta mañana Bertie Benegas Lynch, que se convirtió en la espada libertaria para defender el Presupuesto 2026, tras la caída en desgracia de José Luis Espert. El legislador dejó flotando en el aire una posibilidad que ya está corriendo en los pasillos parlamentarios: que el Gobierno argumente que el proyecto, sin el capítulo 11, es inviable para el ajuste libertario.

Entonces Milei podría preferir patearlo o hasta vetarlo si lo sanciona el Senado, y volver a gobernar otro año por decreto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral, que corresponde a una administración sana”, dijo el diputado.

En la Casa Rosada entienden que ambas emergencias sociales afectan el déficit cero, pero las previsiones de impacto presupuestario no parecen dar ese escenario, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan. La emergencia universitaria significaría para este año que aún no terminó $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Y el de la emergencia en discapacidad, en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). 

MC

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

En el último intento del oficialismo para intentar garantizar más la protección del capítulo 11, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78. De esta manera, la redacción del artículo 79 quedaba así: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

También los legisladores oficialistas sumaban el artículo 80 que disponía un aumento de financiamiento para el Poder Judicial por un monto de  $21.347 millones.

Pero como estas modificaciones se incorporaron en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedaron sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, y una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación, como quería el Gobierno.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75”, reclamó.

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Con mordacidad, definió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”. “Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense, chicana mediante hacia la legisladora bullrichista.

“Hay crisis de representación porque hay diputados que votaron una cosa hace unos meses y ahora cambiaron el voto”, le enrostró Martínez a los legisladores que “borocotizaron” su voto entregando a jubilados y discapacitados a cambio de distintas concesiones menores.

Momentos después, a la hora de explicar su voto, el diputado santacruceño José Luis Garrido le daría la razón involuntariamente al jefe del bloque peronista.

Garrido aclaró que votaría a favor del capítulo con la salvedad de que no estaba a favor de los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario, ni con quitar el régimen de zona fría, pero entre la espada y la pared obraría en ese sentido.

“Las salvedades no te salvan”, se escuchó decirle Cecilia Moreau al santacruceño para que reconsiderara su postura.

Ni lento ni perezoso, Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió lo anormal de la situación. “Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”, apuntó.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, lamentó.

Hasta la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), habitual acompañante del Gobierno, se diferenció en este aspecto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, denunció.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés. Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”. “Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

Principales puntos del proyecto del Presupuesto

Con información de agencias.

IG

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo declara la “invalidez” del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la ley hasta tanto el Congreso no determinara el origen de los fondos para ponerla en práctica.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió hacer lugar a un amparo colectivo y declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025 –publicado el 22 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial – con el que el Ejecutivo había promulgado la norma pero la había dejado en suspenso.

La demanda, presentada por los padres de dos niños con discapacidad y a la que se sumaron numerosas organizaciones, señalaba que el decreto representaba una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso.

La Ley 27.793 establece beneficios económicos para el sector de las personas con discapacidad, declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y establece regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas.

De acuerdo a lo que señaló el juez en su fallo, “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables”.

Para González Charvay, la suspensión de la ley impide la aplicación de las medidas “diseñadas para garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer estándares mínimos de calidad y accesibilidad, implementar mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema y asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan”.

El fallo se conoce luego de la movilización que este miércoles realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad a Plaza de Mayo para reclamar porque en el dictamen del Presupuesto 2026 no están las partidas destinadas al sector.

El pasado 4 de octubre, Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

Despidos. Maltrato psicológico. Vaciamiento de áreas. Mudanzas intempestivas. Mientras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene su desarrollo en los tribunales de Comodoro Py, puertas adentro del organismo encargado de atender a ese sector vulnerable de la población vive momentos de extrema tensión desde que fue eyectado Diego Spagnuolo –abogado y amigo de Javier Milei–.

En los últimos días en la agencia hay movimientos particulares por un hecho muy puntual: el cambio de sede de áreas internas. En ese marco se está trasladando una oficina que a la luz de la supuesta trama de corrupción ya genera suspicacia internamente: la mudanza de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Florencia de Paoli desde el 23 de septiembre de 2024. Justamente es un área de donde salieron algunos chats filtrados sobre la suspensión de pensiones en medio del escándalo de corrupción, supo elDiarioAR de fuentes internas.

El argumento que se le dio a los trabajadores para el traslado de áreas es económico: se está dejando un edificio alquilado para mudarse a inmuebles propios de la agencia. La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, en la avenida Rivadavia –el único que se alquila–, la Comisión Nacional de Pensiones, en la calle Yrigoyen, y el Sistema Nacional de Rehabilitación, en la calle Ramsay. 

Así se está llevando a cabo una mudanza doble: algunas áreas desde la sede Yrigoyen se trasladan a la sede de Ramsay, y otras áreas de Rivadavia a Yrigoyen, para no pagar más alquiler en Rivadavia. La decisión la comanda el interventor tras la salida de Spagnuolo, Alejandro Alberto Vilches.

La mudanza y las denuncias públicas echaron leña al fuego al clima adverso que tienen que soportar los trabajadores desde que asumió Milei. Ya se recortó casi la mitad de la planta: comenzó con unos 1600 y se corrió a 600 personas. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se lee en un apartado sobre el personal en la web https://www.argentina.gob.ar/andis/.

Esos despidos o baja de contratos incluyeron a funcionarios con larga trayectoria. “A mí me destrozaron la vida. Yo tenía mucha demanda laboral y una antigüedad de 23 años”, denunció ante elDiarioAR Ivonne Guanuco, ex empleada de la ANDIS en Humahuaca, Jujuy, trabajadora social encargada de asistir a una importante cantidad de municipios en el NOA. Solo en su sector echaron a 14 personas y vaciaron las oficinas de profesionales, ya que solo quedaron algunos administrativos.

“Yo tenía 9 años de antigüedad cuando me rajaron, con contratos de planta transitoria, con renovación anual. Esa precariedad de contratación hizo que nos rajen y que no nos indemnicen y que no tengamos derecho a un seguro de desempleo”, se sumó al coro de quejas otra despedida, que prefirió guardar su anonimato. 

Las entrevistadas aseguraron que el caso de corrupción que encabezaron Spagnuolo y Miguel Calvete, entre otros, revela la mala gestión libertaria en la política de acompañamiento a las personas con discapacidad. En el medio el Gobierno vetó la ley de emergencia y, tras la insistencia del Congreso, tampoco la aplicó. “Acá diariamente están pasando tantas cosas a nivel laboral, derechos, etc, que nos pasan por arriba 20 veces. Estamos esperando un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló otra de las personas consultadas.

Uno de los trabajadores relató que una compañera fue maltratada al ser reincorporada. Sufrió violencia verbal por parte de la entonces Directora Nacional de Inclusión, Romina Núñez, quien después pasó a ser Subdirectora Ejecutiva y que fue destituida con la intervención tras la salida de Spagnuolo. “Se encargó de hablar delante de todo el mundo en voz alta y decirle que ahora que había vuelto a la oficina ese lugar no era un circo para andar haciendo videítos”, comentó un testigo. Según apuntó, en marzo de 2024 varios trabajadores hicieron un video contando cómo habían sido expulsados y denunciando el vaciamiento de la agencia. 

La interna sindical

A la problemática en ANDIS se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. Este miércoles voces sindicales confirmaron a elDiarioAR la salida de nuevos funcionarios y empleados de la agencia, algunos mencionados en la causa judicial de los sobornos y otros por otras cuestiones de mala gestión. 

Los casos más destacados en la reciente depuración son el de Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas y médico auditor, piezas clave en la trama Spagnuolo-Grant. Pero también aparecieron como desplazados el director de Administración, Técnica y Legal de Andis, Nahuel Andrés Tavernelli, así como uno de sus colaboradores: el coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Edmundo Gaspar Sentis. “Todos los que bajaron están más sucios que una papa”, dijo un delegado. Según apuntó, Tavernelli “robaba para UPCN”.

En octubre pasado ATE se movilizó a la sede de Yrigoyen, donde funciona la histórica oficina de Andis, y denunció que el Gobierno “busca desmantelar el espacio que actualmente brinda atención a la ciudadanía para trámites esenciales”. El Sindicato también exigió que cesen las auditorías arbitrarias y se restablezcan las pensiones suspendidas. 

Reclamo de los familiares

El desfalco que habrían ocasionado las compras con sobreprecios dirigidas supuestamente por Spagnuolo y Calvete beneficiando a un puñado de droguerías alcanzaría los $40.000 millones. Y el sector de discapacidad entiende que es un absurdo justo cuando el Gobierno rechazó la Ley de Emergencia, que implicaba aumentos en las prestaciones. “El desvío de fondos que son para los tratamientos revelan que la situación sigue muy vulnerable. La asistencia en escuelas y hogares sigue sostenida por el aporte de las familias y de los trabajadores. Los transportistas siguen sin recibir una actualización y hoy un acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos”, denunció Natt Rodríguez de la Red en Discapacidad.

Como corolario al panorama, este mismo jueves se supo que el juez de Campana Adrián González Charvay, que iba a fallar por la implementación de la ley, fue corrido de la causa, por lo que se sigue dilatando la implementación de la Ley de Emergencia. Por eso desde los trabajadores, las familias y los pacientes están organizando una movilización contra el Gobierno para el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

MC/MG

Las organizaciones que integran el Foro Permanente de Discapacidad, que realizan desde este martes un cese involuntario de actividades, se movilizan este miércoles desde las 11 horas desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud, en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), aumento inmediato de aranceles y el pago sin demoras de compensaciones atrasadas.

“Esta decisión fue adoptada tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde las personas con discapacidad, familias y prestadores del sector fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas a los reclamos”, expusieron desde el Foro.

El último viernes, un grupo de profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad entró por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano para pedir hablar con las autoridades y reclamar contra los recortes en el área. La concentración, que había comenzado en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067, escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

“La reunión era para exigirle a Alejandro Vilches (el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad) y todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, dijo a la prensa la actriz Valentina Bassi quien se movilizó junto a los familiares.

En esa línea, Bassi continuó: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Y agregó: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato; es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.

El Gobierno nacional aún no reglamentó la ley de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso con el argumento de no tener claro la fuente de financiamiento. Esta decisión abrió una moción de censura al jefe de la administración libertaria, Guillermo Francos.

De acuerdo al Foro, endurecieron las medidas y convocaron a la marcha de este miércoles, “ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, las organizaciones entendemos que ya no podemos esperar más”.

“Es necesario tomar medidas firmes para exigir que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector. Invitamos a todas las organizaciones, profesionales, trabajadores, familias y a la sociedad en general a sumarse al cese de actividades y participar de la movilización”, expresaron desde el comunicado difundido en redes sociales.

“Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos mantenemos en estado de alerta, en diálogo permanente con nuestras organizaciones miembro, para evaluar los próximos pasos y acompañar las decisiones que tomen los prestadores y trabajadores del sector, en defensa de la calidad de vida de las personas con discapacidad. A los funcionarios públicos les decimos claramente: la plata está. Hacernos esperar hasta después de las elecciones es una extorsión inaceptable, de la que no seremos parte. El colectivo de la discapacidad se mantiene firme, con convicciones, dispuesto a seguir luchando contra la corrupción, la inoperancia y el abandono”, remarcaron.

El descargo del Foro tras los incidentes del pasado viernes

“El viernes 17 de octubre, a las 10:00 hs, nos movilizamos a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Dragones 2200, CABA). Personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y prestadores en general nos concentramos para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el aumento de aranceles y el pago de las compensaciones atrasadas que la normativa establece.

Durante la jornada, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro coordinador, Pablo Molero, intentó entregar una nota dirigida al interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Alberto Vilches, en la que se detallan los reclamos del colectivo. Sin embargo, se negaron a recibirla. En ese momento Molero llamó por teléfono a Vilches, quien le dijo que no la recibía porque “no trabaja bajo presión”. 

Cronología del destrato 

El jueves 16 de octubre, apenas un día antes de la movilización, el Dr. Vilches había convocado a una reunión del Directorio que luego suspendió invocando “fuerza mayor”.

Una muestra más de la dilación, el desinterés y el abandono hacia un sector que atraviesa una profunda crisis.

A pesar de ello, mantuvimos firme la convocatoria. Por la mañana del viernes, centenares de personas se hicieron presentes frente a la Agencia. En ese contexto, el coordinador del Foro intentó entregar el petitorio al recientemente designado interventor —quien asumió el cargo tras la destitución del Dr. Diego Spagnuolo, acusado de presunta malversación de fondos—, pero el personal de seguridad le negó el acceso, impidiendo la entrega del documento.

Esta negativa constituye una clara violación al derecho constitucional de peticionar a las autoridades, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) y los principios de transparencia y participación ciudadana que rigen el accionar de la administración pública.

Todos los organismos del Estado tienen la obligación de recibir notas, reclamos y presentaciones de la ciudadanía o de sus organizaciones representativas.

Asamblea, reclamo y respuesta insuficiente

Ante esta situación, se realizó una asamblea pública en la que distintos actores expresaron su preocupación y propusieron nuevas medidas de lucha frente al abandono total del Gobierno Nacional.

De manera pacífica, sin incidentes ni infiltrados, la gran mayoría de los presentes ingresaron al edificio de la ANDIS para hacer oír un reclamo legítimo y justo: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y trabajen para la ciudadanía.

Finalmente, Vilches —que se encontraba dentro del organismo— recibió a los representantes de los prestadores ante el Directorio, el Prof. Daniel Lipani (titular) y el Pbro. Pablo Molero (suplente)".

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Al salir, y ante la presencia de medios nacionales, Pablo Molero expresó: “No tenemos buenas noticias. Vilches nos comunicó que está pensando si habrá o no reunión de Directorio la próxima semana; dijo que trabajará para ello, pero que seguramente será después de las elecciones. No confirmó aumentos, y tampoco quiso recibir la nota, argumentando que no le parecía adecuado hacerlo en estas circunstancias. Él mismo reconoció haber levantado la reunión y rechazado el documento”.

Conflicto que escala

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

La tensión también escaló en el Congreso. La semana pasada, bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación contra Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.

En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.

La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación.

Reclamo opositor para que se cumplan leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades

El Gobierno y diputados opositores dialoguistas expusieron este lunes sus diferencias sobre el Presupuesto 2026 en una reunión celebrada en la Cámara Diputados, donde un sector de la oposición condicionó su respaldo a que se cumplan las leyes de Discapacidad, Emergencia Pediátrica y aumentos a las universidades.

El oficialismo armó una mesa de diálogo por fuera del ámbito formal de la comisión en procura de un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto bajo la nación de que la “ley de leyes” debe tener equilibrio fiscal.

La primera reunión se realizó en la presidencia de la Cámara de la Diputados, encabezada por Martín Menem; el titular de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Asistieron al encuentro Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal); Daiana Fernández Morlero y Silvana Guidici, (PRO); Eduardo Falcone (Desarrollo); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Martín Tetaz , Pamela Verasay y Karina Banfi (UCR); Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

En ese contexto, los diputados Massot, Pichetto y Juliano reclamaron que el Gobierno incluya los fondos para aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y de aumento de las universidades.

Massot señaló que “el Presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir” pero sostuvo que “lamentablemente nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros”, advirtió.

Por su parte, Juliano señaló que “hicimos un pedido expreso ya que se tiene que promulgar la ley de Emergencia Pediátrica y Universidades y pedimos una promulgación a medias con los mismos argumentos que hicieron para la Emergencia en Discapacidad”.

En cambio, desde el PRO y la UCR destacaron que hubieran comenzado las negociaciones para acordar un presupuesto “con equilibrio fiscal”, por lo que pidieron continuar las conversaciones.

Tetaz planteó que “hay coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal” sostuvo que si hubiera un excedente en la recaudación debe destinarse a las prioridades que establece el Congreso.

Uno de los puntos en los que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición responde a estirar el plazo para emitir el dictamen establecido para el 4 de noviembre, de acuerdo al emplazamiento.

Estos encuentros se realizarán en forma paralela al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que mañana continuará con la ronda de consultas con las disertaciones del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

En cambio, Unión por la Patria (UxP) rechazó la invitación para sumarse a la reunión al considerar que los debates deben hacerse en la reunión de la Comisión de Presupuesto, según señaló su presidente Germán Martínez.

Martinez señaló por la red social X que “nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela”, advirtió.

El oficialismo promovió esta mesa del diálogo para superar las diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas que son claves para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno.

Las principales diferencias están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud y las obras públicas.

Las dificultades para avanzar en un acuerdo responden a que, para el Gobierno, cualquier entendimiento debe mantener el equilibrio fiscal, y el 85 por ciento de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”.

Desde el oficialismo confiaron que podrán conseguirse mayores avances tras las elecciones del próximo domingo y esperan mantener un nuevo encuentro la próxima semana junto a la presencia de otros bloques como Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras bancadas provinciales.

Tampoco descartaron, como propuso la oposición más dialoguista, el sistema de semáforos, tal como se hizo con la ley de Bases, para ayudar en la negociación y poner en un paraguas aquellos puntos que son más controvertidos, como los fondos que reclaman las provincias y los recursos para las cajas de jubilaciones.

El proyecto para “democratizar” la ANDIS y se votará en la próxima sesión

La oposición de la Cámara de Diputados logró la semana pasada avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley encabezado por Juan Marino, de Unión por la Patria (Uxp), para “democratizar” y “depurar” la estructura orgánica de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó envuelto en sospechas desde el escándalo de presuntas coimas por la filtración de los audios del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo.

La propuesta del diputado cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supone pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza del interventor Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.

UxP logró el despacho de mayoría con 29 firmas, incluidas las del Frente de Izquierda, Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Yolanda Vega (Innovación Federal), mientras que Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y un sector de la UCR suscribieron un dictamen de minoría con ocho firmas, al igual que Juan Brügge (Encuentro Federal), que firmó un despacho alternativo en soledad.

“Voy a trabajar para lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión”, señaló Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas apenas finalizó el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la última sesión.

En su intervención, el diputado opositor planteó la importancia de reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, “se reglamente y promulgue como corresponde”.

“Hicimos un proyecto de ley para democratizar la ANDIS, para garantizar que las organizaciones representativas que cuentan con personería jurídica tengan un mecanismo de participación directa, que puedan elegir representantes para una comisión directiva que pasa a la ser la conducción de la ANDIS y que tiene a su cargo la ejecución de todos programas”, describió.

El legislador de UxP hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control especifico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.

Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar” porque “están en juego sus vidas y su salud”.

“No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.

A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría.

Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.

También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas.

“De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.

Por su parte, Christian ‘Chipi’ Castillo, del Frente de Izquierda, valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente.

El referente del PTS cargó contra el “recorte discrecional de las pensiones”, y al respecto dijo que “muestra la falta absoluta de escrúpulos del Gobierno a la hora de pasar la motosierra”.

También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de (Diego) Spagnuolo, de quien dijo que ”no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, intimo del entorno presidencial“.

Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, celebró “el avance” aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría.

“Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge.

En tanto, Natalia Sarapura, de la UCR y quien firmó el dictamen de minoría junto a Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, destacó que las propuestas para reformar y democratizar la ANDIS, más allá de los matices, “vienen a dar un mensaje claro de transparencia y control social”.

“Tener un órgano fuerte con participación y con control social es necesario. Por eso me sumo al esfuerzo que estamos haciendo legisladores de distintas bancadas de tener un dictamen que siga diciéndole a las personas de discapacidad que es desde su ejemplo de dignidad y desde su ejercicio de derechos que vamos a garantizar una transformación social y vamos a garantizar que el Estado cumpla su función de garante de derechos”, consideró.

Sabrina Selva, de UxP, justificó “la celeridad en el tratamiento del dictamen”, algo que había sido cuestionado previamente por la radical Karina Banfi (UCR), quien pidió mayor tiempo de debate y análisis.

“La celeridad en el tratamiento de este dictamen que estamos firmando hoy tiene que ver con dar una respuesta urgente a una situación de emergencia que atraviesan la personas con discapacidad en toda la Argentina”, subrayó.

Por último, tomó la palabra Álvaro Martínez de La Libertad Avanza (LLA), que en sintonía con Banfi reclamó más tiempo para analizar las propuestas y al respecto cuestionó que se “forzaran los consensos en una sola tarde”.

“Uno siempre quiere pensar que tienen las mejores intenciones, pero entendemos que debíamos estudiar y debatir un poco más el tema, incluso coincidiendo nosotros en algunos aspectos como la transparencia, la participación y el control ciudadano”, admitió.

El mendocino libertario reconoció esos “elementos positivos del proyecto” pero resaltó otros aspectos que él consideraba negativos.

“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.

Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

La maniobra del Ejecutivo desató un repudio generalizado entre los sectores involucrados y derivó en una convocatoria a Plaza de Mayo para este martes por la tarde. Este martes por la tarde trabajadores del hospital Garrahan y docentes y no docentes universitarios se manifestaron frente a la Casa Rosada. También se sumaron agrupaciones de personas con discapacidad, ya que Milei postergó semanas atrás la aplicación de la ley de emergencia que las ampara.

El argumento oficial fue el mismo para patear las tres normas: que el Congreso no designó las partidas presupuestarias correspondientes para su aplicación por supuesta falta de financiamiento y que está en riesgo el modelo libertario de déficit cero. 

“Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”, se lee en uno de los apartados de los decretos firmados por Milei. “Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”, se agrega.

El Gobierno quedó a tiro de que el caso vaya a la Justicia. El Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Y la oposición en la Cámara de Diputados tiene a tiro la aprobación de una inminente interpelación al ministro coordinador en el recinto. “Esto genera consecuencias penales. No puede no acatar bajo ningún punto de vista”, opinó al respecto esta mañana el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El rechazo a la medida del Gobierno se vio en las calles. Hubo una reunión de coordinación entre sectores del Garrahan, las universidades y las personas con discapacidad para la marcha a Plaza de Mayo. En ese marco, trabajadores del hospital pediátrico y de la UBA declararon un cese de actividades. 

“Se confirmó lo esperado: Milei ‘suspende’ indefinidamente la aplicación de las leyes de universidad y Garrahan. Estamos de paro y a las 16 horas vamos a Plaza de Mayo a exigir la aplicación ya de las tres leyes (también discapacidad) ¡No dejemos pasar este atropello!”, anunció Alejandro Lipco, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general en la Junta Interna por ATE. “Vamos al paro y a movilizarnos porque sabemos que el Gobierno va a intentar dilatar la implementación lo máximo que sea posible. Lo hizo bajo el mismo formato que discapacidad. Esto hay que ponerle un freno. La necesidad de implementar la ley es urgente. necesitamos más para evitar las renuncias, pedidos de reducción horario para trabajar afuera”, agregó a elDiarioAR.

“Vamos a seguir peleando porque efectivamente se reconozcan los derechos. No vamos a bajar los brazos hasta que efectivamente podamos conseguir lo necesario para nuestros tratamientos y trabajos”, completó por su parte Natt Rodríguez, miembro de la Red en Discapacidad.

“La lucha continúa hasta lograr un aumento salarial que frene la sangría de docentes e investigadores que abandonan el sistema universitario nacional frente a la asfixia salarial provocada por Milei”, declaró Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA). Según estimaciones de las autoridades universitarias, más de 10.000 docentes renunciaron desde el inicio del actual gobierno.

Qué estipulan las leyes votadas por el Congreso

MC