La oposición busca sesionar hoy por el endeudamiento y la emergencia en discapacidad

Este miércoles, el Gobierno medirá los límites de la estrategia comunicacional que desplegó tras la cadena nacional por la causa Malvinas. Luego de días de hiperactividad, con un Javier Milei eufórico por las repercusiones sobre su cambio de postura respecto la soberanía de las islas, el oficialismo se enfrenta a una eventual derrota: que la oposición consiga el número para avanzar en una sesión sobre la crisis del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Hasta último momento, Diego Santilli llamó por teléfono a gobernadores e hizo promesas, pero los aliados se negaron: no bastaba con promesas, querían resultados de antemano.

“Estamos bien. Ayer no estaban seguros, hoy tengo el número”, aseguró una de las espadas peronistas encargadas de juntar el quórum para la sesión del miércoles, que comenzará al mediodía en la Cámara de Diputados. La oposición ya había conseguido 133 voluntades para avanzar con el tema hace dos semanas, pero se imponía la máxima que rige en todos los despachos opositores: no se puede confiar en los gobernadores.

Santilli estuvo llamando a todos los gobernadores del Norte, intentando seducirlos con partidas futuras a cambio de boicotear la sesión. El misionero Hugo Passalacqua, que viene de romper con el jefe Carlos Rovira, ya había definido con el diputado (y ex gobernador) Oscar Herrera Ahuad que darían quórum. Ellos ya habían presentado su propio proyecto sobre la problemática del endeudamiento y, además, Passalacqua ve negocio en diferenciarse del Gobierno (y Rovira) de cara a las elecciones del año que viene.

La incógnita era el salteño Gustavo Sáenz, que el lunes a la mañana había confirmado a todos sus diputados para el quórum y, por la tarde, había cambiado de opinión. A última hora del martes, en la previa de la sesión, los tres salteños habían prometido a sus compañeros de bloque en Argentina Federal que bajarían a dar quórum. Si los salteños cumplían con lo prometido, así como los catamarqueños de Raúl Jalil y el conjunto de Provincias Unidas, la oposición tendría más de 129 presentes para el quórum.

Es por este motivo que Santilli llamaba y prometía recursos y obras, una negociación que busca enganchar con la discusión del Presupuesto 2027 (que se presenta la semana próxima). “Basta de promesas, que la ponga por delante antes si quiere que acompañamos. Pero (Luis) Caputo no le va a dar la plata”, masculló un operador norteño.

Martín Menem juntó a los jefes de bloque aliados en su despacho del primer piso de la Cámara de Diputados por la tarde. Ni atinó a pedirles que lo ayudaran a boicotear la sesión: en el oficialismo predominaba, hace horas, la convicción de que la oposición tendría el número. Hasta los sanjuaninos de Marcelo Orrego habían prometido que darían quórum: ninguno quería quedar expuesto en un tema tan sensible como la emergencia en discapacidad.

Los aliados, incluso, le reclamaron a Menem que el Gobierno terminase de pagar una compensación adeudada a los prestadores incluida en la ley sancionada el año pasado. “Sabían que se venía el tema de discapacidad y no hicieron nada igual. Son todos errores propios”, deslizó una radical que suele jugar con el Gobierno, luego de la reunión en el despacho de Menem.

La oposición, mientras tanto, se mostraba confiada: todo marchaba acorde al plan, al menos por ahora. El verdadero desafío, en cambio, vendrá más adelante. Es decir, cuando llegue el momento de unificar un proyecto de consenso sobre la problemática del endeudamiento, ya que hay 50 proyectos presentados. El objetivo es presentar una iniciativa a prueba de impugnaciones presidenciales por representar un costo fiscal.

En el peronismo anticipan que, cualquiera sea el proyecto final, probablemente derivará en un veto presidencial. Y que, a diferencia de los números del año pasado, el oficialismo cuenta con un tercio para blindar cualquier veto. La discusión pasa por otro lado: sostener la agenda de los endeudados y forzar al Gobierno a dar una respuesta o, al menos, hacerle pagar el costo político de un veto antipático en la previa de un año electoral.

MCM/MG